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EL COMERCIO EXTERIOR DE LAS OBRAS DE ARTE LÍMITES A LA EXPORTACIÓN DE BIENES CULTURALES EN

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Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas Trabajo de Fin de Grado (21067/22747)

Curso académico 2020-2021

E L COMERCIO EXTERIOR DE LAS OBRAS DE ARTE

L ÍMITES A LA EXPORTACIÓN DE BIENES CULTURALES EN LA LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL DE 1985

Carlota Périz Torra N.I.A.: 192817

Tutor del trabajo:

Antoni Rubí Puig

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DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD

Yo, Carlota Périz Torra, certifico que el presente trabajo no ha sido presentado para la evaluación de ninguna otra asignatura, ya sea en parte o en su totalidad. Certifico también que su contenido es original y que soy la única autora, no incluyendo ningún material anteriormente publicado o escrito por otras personas salvo aquellos casos indicados a lo largo del texto.

Como autora de la memoria original de este Trabajo de Fin de Grado autorizo a la UPF a depositarla y publicarla en el e-Repositori:

Repositorio Digital de la UPF, http://repositori.upf.edu, o en cualquier otra plataforma digital creada por o participada por la Universidad, de acceso abierto por Internet. Esta autorización tiene carácter indefinido, gratuito y no exclusivo, es decir, soy libre de publicarla en cualquier otro sitio.

Carlota Périz Torra Barcelona, 28 de mayo de 2021

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A

BSTRACT

La riqueza patrimonial y cultural de España y su pasado como víctima del expolio justifican la existencia de una normativa proteccionista que restringe notablemente la circulación exterior de las obras de arte.

El presente trabajo tiene por objeto el tema de la exportación de bienes culturales muebles según la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985. A tal efecto se ha realizado una introducción que pretende contextualizar el panorama actual del tráfico internacional de obras de arte.

Seguidamente, se define el concepto de patrimonio histórico español y se exponen los distintos niveles de protección que se prevén para cada categoría legal de bienes culturales. Una vez realizadas estas consideraciones previas, se entra de lleno en el análisis del régimen de exportación de los bienes muebles que integran el Patrimonio Histórico Español. Primeramente, se distingue entre la exportación definitiva, la temporal y la temporal con posibilidad de venta.

Luego, se procede a identificar los bienes que son inexportables definitivamente y aquellos otros cuya exportación queda sujeta a autorización.

Todo esto, seguido de las consecuencias que se derivan de la exportación ilícita de los bienes culturales, en lo que se refiere al régimen sancionador, a su restitución al país de origen y a la adquisición por parte del Estado de los bienes ilegalmente exportados.

En último lugar, se exponen las peripecias legales en las que se vio envuelta la obra “Cabeza de mujer joven” de Picasso como consecuencia de su salida ilegal de España. Con ello se pretende conferir una perspectiva más pragmática a lo explicado a lo largo de todo el trabajo.

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NDICE

1. INTRODUCCIÓN ... 3

2. MARCO JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL ... 5

2.1. Marco jurídico interno ... 5

2.2. Marco jurídico europeo ... 7

2.3. Marco jurídico internacional ... 8

3. EL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL ... 9

3.1. Concepto de Patrimonio Histórico Español... 9

3.2. Categorías legales de Patrimonio Histórico según su nivel de protección ... 10

4. LA EXPORTACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES EN LA LPHE ... 15

4.1. Régimen de exportación de los bienes integrantes en el Patrimonio Histórico Español ... 15

4.1.1. Concepto de exportación según la LPHE ... 15

4.1.2. Clases de exportación en función de su finalidad ... 16

4.1.3. Prohibición de exportación ... 17

4.1.4. Exportación sujeta a autorizacion previa ... 20

4.2. Procedimiento administrativo para la exportación de bienes culturales... 23

4.2.1. Solicitud de autorización para exportar ... 23

4.2.2. Tramitación del expediente ... 24

4.2.3. Resolución del procedimiento ... 25

a) Concesión del permiso. Tasa de exportación ... 25

b) Denegación del permiso. Oferta irrevocable de venta del Estado ... 26

5. EXPORTACIÓN ILÍCITA DE BIENES CULTURALES ... 28

5.1. Régimen sancionador ... 28

5.2. Adquisición ope legis por el Estado de los bienes culturales ilícitamente exportados. 29 5.3. Restitución de los bienes culturales ilícitamente exportados ... 31

5.3. Caso “Cabeza de mujer joven” de Picasso ... 33

6. CONCLUSIONES ... 37

BIBLIOGRAFÍA ... 39

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3 1. INTRODUCCIÓN

Las manifestaciones artísticas, culturales, materiales o inmateriales de un pueblo son el vivo reflejo de su historia y su identidad cultural, de modo que la preocupación por su preservación y protección jurídica ha constituido tradicionalmente un rasgo inherente a toda civilización. La necesidad de salvaguardar este legado histórico y defenderlo del expolio, el tráfico ilícito y los robos, se ha visto traducida en la proliferación de legislaciones nacionales protectoras de los bienes culturales1, surgidas sobre todo a partir del s. XX2.

La doctrina académica ha venido distinguiendo los distintos intereses que se contraponen en el panorama internacional del sector artístico. Por un lado, los países con un vasto patrimonio histórico a proteger, considerados típicamente “exportadores” de bienes culturales (España, Italia, Grecia…), están interesados en adoptar una postura más intervencionista y cautelosa en cuanto a su protección, inclinándose así por medidas más restrictivas del tráfico internacional.

Por otro lado, encontramos que los principales operadores en el mercado artístico junto con los Estados tradicionalmente “importadores” de bienes culturales (Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos…), defenderán la mínima intervención del Estado y la liberalización del mercado internacional de obras de arte3.

España es un país de inmensa riqueza cultural que fue víctima de considerables expoliaciones en el pasado, y por ello plantea un escenario normativo que limita el tráfico exterior de los bienes culturales a través de obstáculos y prohibiciones a la exportación. La finalidad principal es la de evitar la fuga indiscriminada y sin control de obras de arte al extranjero, por la pérdida que ello supondría para nuestro valioso patrimonio cultural.

Evidentemente, la postura proteccionista adoptada por la legislación española influye de forma inevitable en el mercado del arte, ya que las obras que quedan inmovilizadas en España se exponen a la desvalorización económica y al riesgo de que no exista ningún comprador interesado en ellas. Los operadores del sector ejercen presión para la flexibilización del mercado y del régimen de exportación previsto en la Ley del Patrimonio Histórico Español, que no ha

1 A lo largo del presente trabajo, se usarán indistintamente los términos: bien cultural, patrimonio cultural, patrimonio histórico y patrimonio histórico español

2 CALVO CARAVACA, Alfonso Luis (2004) Derecho internacional privado y convenio UNIDROIT de 24 de junio de 1995 sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente. Vniversitas, nº 108, pág 5

3 CARRILLO CARRILLO, Beatriz L. (2001) Tráfico internacional ilícito de bienes culturales y Derecho internacional privado, Anales de derecho. Universidad de Murcia nº19, pág. 649

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experimentado modificaciones destacables desde que entró en vigor, hace ya más de treinta y cinco años.

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar un análisis descriptivo del régimen de exportación de bienes culturales previsto en la Ley del Patrimonio Histórico Español, así como de las consecuencias que puedan derivarse del incumplimiento de dicha normativa. A efectos de acotar el objeto del estudio, es preciso puntualizar que las cuestiones relativas al patrimonio inmobiliario quedarán fuera del foco de nuestro análisis, centrado fundamentalmente en los bienes muebles.

En cuanto a la metodología empleada, la exposición se inicia con un itinerario a través de las distintas normas que se ocupan de la protección del patrimonio cultural, tanto a nivel nacional como a nivel europeo e internacional. Seguidamente, se dedica el segundo capítulo a la delimitación del objeto de protección de nuestra Ley del Patrimonio Histórico, y a la descripción de los niveles de protección previstos para las distintas categorías legales de bienes culturales. Una vez hechas estas consideraciones previas, se pasa al estudio pormenorizado del régimen de exportación de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, que se basa en la distinción fundamental entre bienes inexportables y bienes exportables bajo autorización administrativa previa. A continuación, se realiza una exposición de los trámites y consecuencias que derivan del procedimiento administrativo que debe llevarse a cabo para poder exportar. En última instancia, se procederá al análisis de una de las mayores amenazas para el patrimonio histórico, la exportación ilícita.

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2. MARCO JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL

2.1. Marco jurídico interno

La Constitución Española de 1978 consagra la protección del patrimonio histórico, cultural y artístico como principio rector de la política social y económica. Concretamente, el artículo 46 de la Carta Magna proclama que “los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.

La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.” El citado precepto es una de las manifestaciones más claras de la existencia de lo que la doctrina denomina “Constitución cultural” o “Estado de cultura”4.

En tanto que se configura como un mandato que debe inspirar la actuación de todos los poderes públicos, el texto constitucional establece, en materia de patrimonio histórico español, un sistema descentralizado de distribución de competencias entre el Estado y las distintas Comunidades Autónomas. Sin ánimo de exhaustividad, interesa analizar brevemente el reparto competencial que realiza la Norma Suprema, pues en ocasiones ha generado conflictos jurídicos y tensiones entre los poderes estatal y autonómicos.

En virtud de los ordinales 15 y 16 del art. 148.1 CE, las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias sobre museos, bibliotecas, conservatorios de música y sobre el patrimonio monumental, siempre y cuando resulte de interés para las mismas.

Por otro lado, conforme al art. 149.1. 28.ª CE, se reserva exclusivamente al Estado “la defensa del patrimonio cultural , artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación;

museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas”.

En vista de los títulos competenciales atribuidos al Estado, la encomienda del artículo 46 CE halló su desarrollo legislativo en el año 1985, con la aprobación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español5 (en adelante, LPHE ), que pretendía diseñar el régimen jurídico básico de los bienes integrantes en dicho patrimonio. Entre los motivos que justificaron

4 Entre otros, PRIETO DE PEDRO, BASSOLS COMA y TORRES DEL MORAL

5 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. BOE núm. 155, de 29 de junio de 1985

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la promulgación de la LPHE, destacan la voluntad de reemplazar la dispersión normativa que existía por aquel entonces y la necesidad de adaptarse a los nuevos criterios internacionales de protección del patrimonio cultural. El articulado de la LPHE se desarrolla reglamentariamente en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/19856 (en adelante, RD 111/1986), posteriormente modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero7.

La nueva ley estatal provocó una respuesta hostil por parte de varias Comunidades Autónomas, que interpusieron recursos de inconstitucionalidad contra algunas de sus previsiones8. El Tribunal Constitucional dio respuesta a los recursos en la paradigmática Sentencia 17/1991, de 31 de enero9, declarando íntegramente constitucional la LPHE en un pronunciamiento interpretativo donde afirmó la facultad del Estado para regular la ordenación general del patrimonio histórico y a su vez, abrió el camino para que las CC.AA, dentro de su respectivo ámbito competencial, promulgaran sus propias normas autonómicas. Así pues, la normativa interna no se limita a la LPHE y al RD 16/1985, sino que además deberá tenerse en cuenta la legislación dictada por cada Comunidad Autónoma en materia de patrimonio histórico10. En último término, es preciso hacer referencia a las normas penales y administrativas sancionadoras que existen en nuestra legislación en materia de patrimonio cultural. Como cierre del sistema y con el fin de garantizar el cumplimiento del régimen jurídico establecido en la normativa, la LPHE dedica su Título IX a la tipificación de las conductas atentatorias contra el patrimonio histórico11. Recordemos que el inciso final del artículo 46 CE establece que

6 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE núm. 24, de 28 de enero de 1986)

7 Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE núm. 52, de 2 de marzo de 1994)

8 Por orden cronológico, la Generalitat de Cataluña, la Xunta de Galicia, el Gobierno Vasco y el Parlamento de Cataluña

9 Sentencia 17/1991, de 31 de enero. Recursos de inconstitucionalidad 830/1985, 847/1985, 850/1985 y 858/1985 (acumulados), promovidos, respectivamente, por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, por la Junta de Galicia, por el Gobierno Vasco y por el Parlamento de Cataluña, contra determinados preceptos de la Ley 16/1985, de 25 de junio, reguladora del Patrimonio Histórico. (BOE núm. 48, de 25 de febrero de 1991)

10 Entre otras, Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán, Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia, Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés

11 AMATE ÁVILA, María Luisa. (2012). La potestad sancionadora y sus especialidades en materia de patrimonio histórico. Revista ph n.º 82 Monográfico pág. 34-45.

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corresponde a la ley penal sancionar dichos atentados. No obstante, por el principio de intervención mínima que rige en nuestro ordenamiento jurídico, la aplicación del Derecho Penal debe reservarse a los ataques de mayor gravedad. De este modo, para la represión de los actos u omisiones dañinos para el patrimonio, debemos atender tanto al Código Penal12 como al régimen administrativo sancionador previsto en la propia LPHE. Cabe también mencionar a efectos del presente trabajo la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando13 (en adelante, LORC) , pues las infracciones penales relacionadas con la exportación ilícita se hallan reguladas en la referida ley penal especial.

2.2. Marco jurídico europeo

El ordenamiento jurídico comunitario establece una protección reforzada para los bienes culturales, de modo que su conservación prevalece sobre cualquier actividad mercantil que pueda desarrollarse. En principio, cualquier restricción impuesta por parte de los Estados Miembros que pueda conculcar el principio europeo de libre circulación, queda terminantemente prohibida. No obstante, el artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé la posibilidad de que los Estados Miembros restrinjan o prohíban la importación, exportación o tránsito de bienes, cuando ello quede justificado por razones de

“orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional y protección de la propiedad industrial y comercial”. Así pues, los Estados Miembros pueden establecer restricciones al tráfico exterior de bienes con la finalidad de proteger el patrimonio artístico, histórico o arqueológico o nacional.

En el ámbito del derecho derivado, los instrumentos jurídicos más destacables son el Reglamento (CE) 116/2009, del Consejo del 18 de diciembre de 2008 relativo a la exportación de Bienes Culturales14 (en adelante, Reglamento 116/2009) y la Directiva 2014/60/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo, relativa a la restitución de bienes culturales

12 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Título XVI, Capítulo II, “De los delitos sobre el patrimonio histórico”, arts. 321 a 324

13 Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando. (BOE núm. 297, de 13 de diciembre de 1995)

14 Reglamento (CE) nº 116/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la exportación de bienes culturales (DOUE núm. 39 de 10 de febrero de 2009).

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que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro15 (En adelante, Directiva 2014/60). Estos dos textos normativos tienen por objeto el establecimiento de un sistema uniforme para controlar la exportación del patrimonio cultural y la implementación de un mecanismo para restituir aquellos bienes que hayan sido ilícitamente exportados.

La directiva 2014/60 fue integrada en nuestro ordenamiento interno a través de su transposición en la Ley 1/2017, de 18 de abril, sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea16 (en adelante, Ley 1/2017)

2.3. Marco jurídico internacional

Los acuerdos internacionales más relevantes que se han adoptado con el fin de garantizar la protección jurídica del patrimonio de la humanidad son la Convención de la UNESCO de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales17 (en adelante, Convención de la UNESCO) y el Convenio UNIDROIT de 1995, sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente18 (en adelante, Convenio de UNIDROIT).

15 Directiva 2014/60/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 1024/2012 (DOUE núm. 159, de 28 de mayo de 2014)

16 Ley 1/2017, de 18 de abril, sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea, por la que se incorpora al ordenamiento español la Directiva 2014/60/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014. (BOE núm. 93, de 19/04/17)

17 Instrumento de adhesión de España al Convenio de UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente, hecho en Roma el 24 de junio de 1995. (BOE núm. 248, de 16 de octubre de 2002)

18 Instrumento de adhesión de España al Convenio de UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente, hecho en Roma el 24 de junio de 1995.( BOE núm. 248, de 16 de octubre de 2002)

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9 3. PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL

Antes de adentrarnos en el estudio del régimen de exportaciones del patrimonio cultural, es pertinente conocer con carácter previo los bienes que lo integran y los distintos niveles de protección que la legislación les otorga en función de su clasificación.

3.1. Concepto de Patrimonio Histórico español

Tal como se expone en el Preámbulo de la Ley (párrafo IV), la LPHE consagra una nueva y más amplia concepción de patrimonio histórico19, que queda delimitada legalmente en el artículo 1.2 de la norma. Así pues, según el tenor del precepto integran el Patrimonio Histórico Español “ los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. Asimismo, forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes que integren el Patrimonio Cultural Inmaterial, de conformidad con lo que establezca su legislación especial.”

La delimitación conceptual que ofrece la parte dispositiva de la LPHE no resulta del todo satisfactoria, pues se ciñe a enumerar las distintas categorías de bienes que conforman el patrimonio histórico español, sin que medie ninguna referencia al territorio. Sin embargo, la falta de precisión del artículo 1.2 LPHE parece atenuarse cuando se lee juntamente con la parte expositiva de la Ley. El primer párrafo del Preámbulo afirma que “El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea”. En el mismo sentido, el párrafo quinto al referirse a la categoría genérica del Patrimonio Histórico Español establece que ésta queda constituida “por todos aquellos bienes de valor histórico, artístico, científico o técnico que conforman la aportación de España a la cultura universal”. De las anteriores expresiones puede inferirse que el legislador considera necesaria la existencia de algún tipo de vínculo con la españolidad para que un bien se entienda incluido en el concepto de Patrimonio histórico español 20.

19 La Ley de 1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico nacional ( precedente de la actual LPHE), utilizaba el término “patrimonio histórico-artístico”. En la actual LPHE, se prescinde del segundo adjetivo para huir de una visión esteticista del concepto, y poder extender el patrimonio potencialmente protegible.

20 JIMÉNEZ-BLANCO, Gonzalo, ALONSO, Alejandro . (2016) El concepto legal de patrimonio histórico español. Diario La Ley, Núm. 8721 , pág. 3-4 ( Recuperado de : https://laleydigital-laleynext-

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El Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid, en Sentencia núm 1/2020 de 14 de enero se pronuncia en la misma línea cuando establece que “para la aplicación de la Ley y su Real Decreto de desarrollo sí es necesario que se dé este principio de territorialidad”. Sigue diciendo que “el concepto de patrimonio histórico español está definido en la propia Ley del patrimonio histórico español, en el art. 1 aptd. 2º, (…) sin hacer referencia alguna a ningún territorio, por lo tanto, este artículo 1.2 de la Ley no tiene sentido si no se completa con la Exposición de motivos y el Preámbulo es claro, al señalar que el patrimonio histórico español es el principal testigo de la contribución de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea”21

3.2. Categorías legales del Patrimonio Histórico Español según su nivel de protección Partiendo de la premisa de que no todos los bienes integrantes del patrimonio histórico exigen el mismo nivel de protección, la LPHE se ocupa de establecer tres categorías diferenciadas que determinarán la mayor o menor intensidad de su tutela. Así, podemos distinguir entre los Bienes de Interés Cultural (en adelante, BIC) , los Bienes incluidos en el Inventario General (en adelante, BIG) y la categoría genérica de Patrimonio Histórico Español22 (en adelante, BCG).

El grado más elevado de protección se dispensa a los bienes catalogados como BIC, sobre los que la Ley configura un régimen severo de limitaciones a la movilidad y al dominio con el fin de garantizar su “singular protección y tutela” 23. Esta categoría es accesible tanto para bienes muebles como inmuebles, con la excepción de las obras de autores vivos, que únicamente pueden ser declaradas BIC cuando exista autorización expresa del propietario o medie su adquisición por la Administración (art. 9.4 LPHE). La declaración de interés cultural encuentra su regulación en el Título I de la LPHE (arts. 9 a 13), donde se pormenorizan cuestiones tales como el procedimiento administrativo al que se sujeta, su inscripción en un Registro General, y las obligaciones que recaen sobre los propietarios, titulares de derechos reales y poseedores

es.sare.upf.edu/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNjA1MTc7Wy1KLiz Pw827DM9NS8klQAPC8kKCAAAAA=WKE)

21 Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 27 de Madrid núm. 1/2020, de 14 de enero de 2020 (versión electrónica en base de datos Aranzadi ref. ARP 2020\195), Fundamento jurídico 2º

22 Así referida en el párrafo V del Preámbulo de la LPHE

23 Articulo 9.1 LPHE “1. Gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural por ministerio de esta Ley o mediante Real Decreto de forma individualizada”

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de dichos bienes24 (permitir o facilitar la inspección por parte de los organismos competentes, su estudio a investigadores y su visita pública). Cabe destacar que la declaración de interés cultural tiene una incidencia muy relevante sobre el régimen de exportación, pues como estudiaremos más adelante, los BIC quedan limitados por su inexportabilidad salvo en los supuestos de salida temporal o permuta con otros estados (art. 31 y 34 LPHE). En este punto, conviene tener presente que el régimen previsto para la categoría de BIC se aplica provisionalmente a aquellos bienes respecto de los cuales se haya incoado el procedimiento de declaración de interés cultural. Durante la tramitación del expediente, que deberá resolverse en un plazo máximo de veinte meses (art. 9.3 LPHE), los bienes quedan afectados por la inexportabilidad cautelar, que devendrá definitiva en caso de declararse BIC al término del procedimiento.

A continuación, interesa analizar cuál es el órgano competente para emitir la declaración de interés cultural en vista de la interpretación dada por el Tribunal Constitucional en la ya mencionada STC 17/1991. La LPHE dispone en el art. 9.1 (uno de los preceptos impugnados) que un bien puede ser declarado de interés cultural por ministerio de la ley o mediante Real Decreto de forma individualizada, atribuyendo así la competencia al Gobierno estatal y relegando a los organismos autonómicos a la mera incoación y tramitación de los expedientes25. No obstante, el TC argumentó que “la calificación formal como bienes de interés cultural (…) constituye un requisito (…) para su defensa contra la exportación y la expoliación; pero lo es asimismo para la sumisión a un régimen singular derivado de su importancia cultural y que en su propia complejidad abarca medidas de estricta protección y defensa junto a otras que no lo son y tienen naturaleza jurídica variada. Sigue razonando que “la amplitud de consecuencias de la resolución que califica y declara un bien de interés cultural tiene, por tanto, un alcance general respecto al régimen del mismo y no sólo en relación con su defensa frente a la expoliación y la exportación”. En estas líneas, el Tribunal razona que la declaración de interés cultural trasciende los títulos competenciales del Estado relativos a “la defensa del patrimonio

24 Art. 13.2 LPHE “Asimismo, los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre tales bienes, o quienes los posean por cualquier título, están obligados a permitir y facilitar su inspección por parte de los Organismos competentes, su estudio a los investigadores, previa solicitud razonada de éstos, y su visita pública, en las condiciones de gratuidad que se determinen reglamentariamente, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados. El cumplimiento de esta última obligación podrá ser dispensado total o parcialmente por la Administración competente cuando medie causa justificada. En el caso de bienes muebles se podrá igualmente acordar como obligación sustitutoria el depósito del bien en un lugar que reúna las adecuadas condiciones de seguridad y exhibición durante un período máximo de cinco meses cada dos años”

25 Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, Op.cit., Fundamento Jurídico décimo

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cultural contra la exportación y la expoliación”. Finalmente, acaba concluyendo que las Comunidades Autónomas, siempre que lo hayan asumido estatutariamente, serán competentes para emitir la declaración de interés cultural de los bienes sitos en sus respectivos territorios. El TC no declara la inconstitucionalidad del precepto, sino que ofrece una interpretación modificativa del mismo para “depurar su exceso competencial”, de modo que el inciso final del art. 9.1 LPHE debe entenderse referido a los mismos supuestos del artículo 6.b). Es decir, la Administración Estatal será competente para declarar un BIC solamente cuando se trate de bienes adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional26.

En segundo lugar, la categoría de BIG engloba solamente los bienes de naturaleza mueble que, pese a no alcanzar el valor para ser declarados de interés cultural, despunten por su “singular relevancia” y deban ser incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles27. Este nivel de protección intermedio se configura para aquellos bienes de notable valor histórico, arqueológico, artístico, científico, técnico o cultural y su regulación queda contenida en el art.

26 LPHE y el Título II del Capítulo III del RD 111/1986.

A los efectos de facilitar la confección del Inventario General, el art. 26.4 LPHE impone a los propietarios y poseedores de bienes muebles que reúnan el valor y características señalados reglamentariamente28 (art. 26 RD 111/1986) un deber de comunicar su existencia antes de proceder a su venta o transmisión. Los titulares de derechos sobre los bienes inventariados quedan sometidos a un régimen de limitaciones y obligaciones similar al previsto para los BIC ( deben permitir su estudio por investigadores, su inspección por parte de la Administración y prestarlos, con las debidas garantías, a exposiciones temporales organizadas por los organismos competentes).

26 La doctrina del TC sentada en la STC 17/1991 quedó incorporada en el Real Decreto 64/1994, mediante la modificación del artículo 11 del Real Decreto 111/1986. El artículo 11 quedó redactado como sigue: “1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 6.b) de la Ley 16/1985, corresponde al Ministerio de Cultura tramitar los expedientes para declarar de interés cultural los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración General del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional. Su tramitación por dicho Ministerio se efectuará de acuerdo con las normas establecidas en este capítulo. 2. Corresponde a las comunidades autónomas la declaración de interés cultural de los restantes bienes del Patrimonio Histórico Español, cuya tramitación se regirá por su propia normativa.”

27 A diferencia de la categoría BIC, accesible tanto para bienes muebles como inmuebles, la categoría BIG solamente se prevé para los bienes muebles.

28 Según el art.26 RD 111/1986, la obligación de comunicación existe cuando se trate de bienes que tengan incoado el expediente para ser incluidos en el inventario General, los que el Gobierno determine mediante real Decreto y los que alcancen el valor económico que fija el reglamento para cada tipo de bien (art.26.1.b)

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Los dos grupos descritos anteriormente (BIC y BIG) comprenden los bienes “más relevantes del Patrimonio Histórico Español ” 29, y uno de sus rasgos definitorios es que precisan ser individualizados mediante una declaración formal previa, que permita un control más eficaz por parte de la Administración. Respecto de la naturaleza de dicha declaración, la Sentencia del Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid de 14 de enero de 2020 (en adelante, Sentencia

“Cabeza de Mujer Joven”) 30 establece que “no tiene efecto constitutivo, sino que tiene efecto meramente declarativo. Se limita a constatar una realidad que ya existe”

Los bienes de estas dos categorías pueden transmitirse entre particulares. No obstante, conviene señalar que cuando se pretenda su enajenación a título oneroso, se deberá comunicar a la Administración competente para que pueda ejercitar los derechos de tanteo y retracto que la Ley le reconoce (art. 38 LPHE).

Frente a estos regímenes especiales de protección, se encuentra la categoría genérica de Patrimonio Histórico Español, a la que el Preámbulo de la Ley (párrafo V) se refiere como

“todos aquellos bienes de valor histórico, artístico, científico o técnico que conforman la aportación de España a la cultura universal”. Concretamente, se trata del conjunto de bienes que sin haber sido declarados de interés cultural o incluidos en el Inventario General, se consideren ope legis como integrantes del patrimonio histórico en los términos del art.1.2 LPHE 31. Dicho de otro modo, son aquellos que no reúnen la condición de “mayor relevancia”

predicable de los BIC y los BIG. Asimismo, es preciso añadir que la pertenencia a esta categoría genérica no requiere una declaración expresa por parte de la Administración. Aunque no merezcan la protección especial que se reconoce a los bienes con calificación formal, los BCG no se encuentran en una situación de desamparo, pues en tanto que integrantes del patrimonio histórico español, quedan sujetos al régimen común de los bienes culturales.

Este régimen común, regulado en el Título IV de la LPHE, se despliega uniformemente sobre todos los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico, sea cual sea su categoría. Como medida principal de protección, se establece la obligación genérica de conservación, mantenimiento y custodia de todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español,

29 Art. 1.3 LPHE “Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley”

30 Sentencia del Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid núm. 3/2020, de 14 de enero de 2020 (versión electrónica en base de datos CENDOJ ref. 28079510272020100001)

31 ALEGRE ÁVILA, Juan Manuel (2015) El Patrimonio Histórico Español: Régimen Jurídico de la Propiedad Histórica. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (Nº 19), p. 227

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estén o no catalogados (art. 36.1 LPHE). Así pues, estos deberes existen tanto para los propietarios de un bien de interés cultural, de un bien incluido en el Inventario General, o de cualquier bien cultural que no haya sido declarado ni BIC ni BIG.

Finalmente, cabe tener presente que el legislador contempla una serie de medidas de fomento en compensación por las cargas y limitaciones que han de soportar los titulares de los bienes culturales. El Preámbulo de la Ley expone que “la defensa del Patrimonio Histórico de un pueblo no debe realizarse exclusivamente a través de normas que prohíban determinadas acciones o limiten ciertos usos, sino a partir de disposiciones que estimulen a su conservación y, en consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su acrecentamiento”. Destacamos, en particular, los beneficios fiscales en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas y en el Impuesto de Sociedades que son aplicables respecto de los BIC y los BIG.

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4. LA EXPORTACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES EN LA LPHE

4.1. Régimen de exportación de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español

Las exportaciones pueden llegar a suponer un riesgo para las naciones más ricas en patrimonio cultural en cuanto conllevan un empobrecimiento del Estado que las realiza32. El legislador español, en su afán preservador de la integridad del patrimonio histórico, ha priorizado tradicionalmente la permanencia de los bienes culturales en el territorio nacional. Ello queda reflejado en la concepción claramente proteccionista que inspira la LPHE, y que afecta, de modo particular, al tráfico exterior de los bienes integrantes del patrimonio cultural. Así pues, se configura un régimen marcado por las restricciones a la exportación que se basa principalmente en dos técnicas de intervención; la necesidad de autorización previa para determinadas exportaciones (art. 5.2 LPHE) y la prohibición de exportación ( art. 5.3 LPHE).

La normativa interna regula los aspectos de la exportación en los artículos 5 y 29 a 34 LPHE, y en los artículos 45 a 57 RD 111/1986.

4.1.1. Concepto de exportación según la LPHE.

El concepto de exportación del que se dota la LPHE viene definido legalmente en el artículo 5.1 en los siguientes términos: “ A los efectos de la presente Ley se entiende por exportación la salida del territorio español de cualquiera de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español”. A su vez, el artículo 45.1 del RD 111/1986 reproduce estas mismas palabras y añade como inciso que las salidas “que tengan por destino los países de la Unión Europea” también quedan incluidas dentro de la definición de exportación. En atención a estas previsiones, siempre que un bien del patrimonio histórico salga de territorio nacional, sea con destino a un tercer país o a otro Estado Miembro, se considerará exportación a efectos de la LPHE33. De este modo, los bienes del patrimonio histórico no podrán circular libremente por la Unión Europea.

Al contrario de lo que pueda pensarse, no cabe plantearse aquí ninguna incompatibilidad con el principio europeo de libre circulación de mercancías, pues tal como hemos mencionado supra,

32 ANGUITA VILLANUEVA, Luis Antonio (2006) El derecho de propiedad privada en los bienes de interés cultural, Madrid: Editorial Dykinson, pág. 266

33 La terminología de la LPHE no distingue entre expedición (a otro E.M) y exportación (a un tercer país) , a diferencia, por ejemplo, de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, que sí realiza la distinción.

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el artículo 36 TFUE permite a los Estados Miembros establecer restricciones en pos de la protección del patrimonio cultural.

Cabe señalar que la Ley no concibe el fenómeno de la exportación en su vertiente económica o comercial 34, sino como un “hecho puramente material consistente en la salida del territorio español de cualquiera de los bienes que integran el Patrimonio Histórico” 35 Así pues, se trata de un concepto mucho más amplio que abarca cualquier tipo de movimiento transfronterizo de bienes culturales, sin que sea relevante qué finalidad se persiga con la exportación.

Consecuentemente, quedarían sujetos al régimen de la LPHE tanto el traslado de una obra de arte a una segunda residencia ubicada en Francia como su traslado para venderse a un coleccionista en Suiza. Los propietarios deben actuar con cautela teniendo en cuenta estas consideraciones, ya que si mueven sus bienes sin atención al régimen aplicable podrían incurrir en una exportación ilícita (art. 29 LPHE).

4.1.2. Clases de exportación en función de su finalidad

En función de la finalidad que se persiga con la exportación, se distinguen las modalidades de exportación definitiva, temporal con posibilidad de venta y temporal (sin posibilidad de venta).

Interesa realizar esta primera distinción para simplificar la exposición en los siguientes sub- epígrafes, donde relacionaremos los diferentes tipos de salida con la exportabilidad o inexportabilidad de los bienes.

Las dos primeras clases de exportación, de carácter privado, son las que utilizan los particulares para el comercio de bienes culturales.

La exportación definitiva comprende lo que en términos generales entendemos por exportación.

Se trata de la salida de bienes culturales del territorio español para quedarse indefinidamente en un país extranjero. Esta modalidad es la que más temen los países históricamente

“exportadores” como España36 pues supone una pérdida cultural irreversible. En este sentido, la Ley prohíbe que determinados bienes merecedores de una protección reforzada puedan ser exportados definitivamente.

34 CARRANCHO HERRERA, María Teresa (2001) La circulación de bienes culturales muebles, Madrid, Edit Dykinson, pág. 137.

35 Sobre la interpretación del art. 5.1 LPHE, encontramos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección octava) recurso número 1090/2002, de 3 de noviembre de 2004.

Fundamento jurídico quinto

36 ANGUITA VILLANUEVA, Luis Antonio (2006) Op. cit., pág. 266

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Por otro lado, la exportación temporal implica la salida de bienes culturales durante un periodo de tiempo determinado (en algunos casos, puede llegar hasta veinte años según el art. 56.1 LPHE) . Esta modalidad puede emplearse para trasladar bienes del patrimonio cultural con diferentes fines, como por ejemplo la restauración de obras, la participación en exposiciones internacionales, etc. Su regulación viene contemplada en los artículos 31 de la LPHE y 52 a 57 del RD 111/1986. Frente a la reticencia del legislador respecto de la salida definitiva del patrimonio histórico, aquí se muestra más permisivo y admite que también puedan exportarse temporalmente aquellos bienes cuya exportación definitiva esté prohibida. La salida temporal se encuentra sujeta a autorización previa, donde deberán constar la duración, las condiciones de retorno a España y demás garantías de la exportación. Tendrá la consideración de exportación ilícita el incumplimiento de dichas condiciones ( art. 55 RD 111/1986). Finalmente, cabe señalar que los bienes exportados con carácter temporal no pueden ser objeto del ejercicio del derecho de preferente adquisición por parte de la Administración (art. 31.1 LPHE).

4.1.3. Prohibición de exportación

El artículo 5.3 LPHE establece una prohibición absoluta de salida para los bienes declarados de interés cultural y para aquellos otros integrantes del Patrimonio Histórico Español que la Administración del Estado haya declarado expresamente inexportables como medida cautelar hasta que se incoe expediente para incluir el bien en alguna de las categorías de protección especial.

En relación con este último supuesto, procede explicar brevemente el reciente caso sobre la obra “La Coronación de Espinas”, atribuida originalmente al pintor español José de Ribera y cuya subasta estaba programada para el día 8 de abril de 2021. A raíz de un informe emitido por el Museo del Prado sobre la existencia de "evidencias documentales y estilísticas suficientes" para sospechar que la autoría correspondería en verdad a Caravaggio, la obra fue retirada de la subasta y declarada expresamente inexportable, como medida cautelar, en la Orden Ministerial de 7 de abril de 2021. Conforme al artículo 51 del RD 111/1986, el Ministerio requirió a la Comunidad de Madrid para que incoara el correspondiente expediente.

Posteriormente, el 9 de abril se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la Resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural por la que se incoaba el

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procedimiento de declaración de BIC de la pintura en cuestión, que algunos expertos califican como un “Ecce Homo” perdido de Caravaggio37.

A continuación, interesa tratar la cuestión de cuándo puede producirse la declaración cautelar de inexportabilidad. La Ley no se pronuncia al respecto, pero se entiende que la declaración puede darse en el momento en que la Administración tenga noticia de la existencia del bien susceptible de ser declarado ( bien porque se detecte la intención de exportarlo, bien porque la obra salga al mercado en una subasta, etc.)38. Hay muchos bienes integrantes del Patrimonio Histórico que pueden ser desconocidos para la Administración, entre otras razones, porque no exista deber de comunicación para sus propietarios (art. 26 LPHE), o porque existiendo, este se haya incumplido. Así las cosas, la Administración no habría tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la categoría de protección especial que pueda merecer un determinado bien, y por ello se le permite declararlo inexportable cautelarmente en cualquier momento, incluso si su exportación es inminente. En este contexto, cabe traer a colación la Sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de marzo de 201239, que ratificó la declaración de inexportabilidad sobre un bien que ya tenía concedido un permiso de exportación definitiva. Los recurrentes querían exportar la obra “San Francisco” de el Greco a Francia para proceder a su venta por 6 millones de euros. A tal efecto, siguieron el procedimiento administrativo correspondiente, tras el cual obtuvieron la autorización de exportación definitiva del cuadro con vigencia de un año ( 11 de junio de 2008) . Antes de ser exportada, la obra fue depositada en un taller de restauración con el fin de someterse a trabajos de limpieza y recuperación. Durante este proceso, aparecieron

“unas características irreconocibles cuando la obra estaba sucia, desvelándose la altísima calidad de la obra y su indudable valor artístico, de ahí que surgiera la necesidad de proceder a proteger el cuadro mediante la medida cautelar de inexportabilidad” 40. El Subdirector

37 Pulido, Natividad (abril 2021) El Prado ve «fundadas razones» para atribuir a Caravaggio el cuadro que iba a salir a subasta por 1.500 euros, ABC cultura (recuperado de : https://www.abc.es/cultura/arte/abci-prado- fundadas-razones-para-atribuir-caravaggio-cuadro-salir-subasta-1500-euros-

202104141501_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F)

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, por la que se incoa el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural de la pintura correspondiente al lote 229, de la subasta 409, de la sala Ansorena, del día 8 de abril de 2021, integrado por una obra del Círculo de José de Ribera (s. XVII), “La coronación de espinas”, atribuible a Michelangelo Merisi da Caravaggio con el título

“Ecce Homo”.

38 ANGUITA VILLANUEVA, Luis Antonio (2006) Op. cit., pág. 210

39 Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencio-administrativo (sección 7ª), de 12 de marzo de 2012, núm. de recurso 667/2010 (versión electrónica en base de datos LA LEY referencia 30038/2012)

40 Ibid., Fundamento Jurídico séptimo

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General de Patrimonio Histórico hablaba de “una obra cualitativamente diferente a aquella para la que se concedió el permiso de exportación”. En vista del repentino cambio de circunstancias, el 3 de diciembre de 2008 el Ministerio de Cultura emitió una Orden declarando inexportable el lienzo de el Greco, en la que además se instaba a la Comunidad de Madrid para que procediera a su declaración como BIC o similar. Consecuentemente, la resolución favorable a la exportación que había dictado la Dirección General de Bellas Artes con fecha de 11 de junio quedó sin efecto. La Audiencia Nacional admitió la validez de la declaración de inexportabilidad y desestimó el recurso contencioso-administrativo que pretendía la reparación del perjuicio causado. Los recurrentes fundamentalmente alegaban la arbitrariedad de la Orden Ministerial del 3 de diciembre, pero el Tribunal entendió que la adopción de la medida cautelar era congruente con los datos revelados en los nuevos informes técnicos.

Después de haber ilustrado los anteriores casos, procede retomar la exposición sobre los demás bienes que la Ley considera inexportables.

A los supuestos de inexportabilidad previstos en el art. 5.3 LPHE, se añaden otros que se encuentran dispersos a lo largo del articulado. La Ley indica expresamente que los bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico que sean de titularidad pública son inexportables (art.

56.2 LPHE). De hecho, la inexportabilidad se halla implícita en todos los bienes culturales que pertenezcan a las Administraciones Públicas (art. 28.2 LPHE). Asimismo, se consideran inexportables los BIG que pertenezcan a las instituciones eclesiásticas, en cuanto sólo pueden ser enajenados o cedidos a entidades de Derecho Público (art. 28.1 LPHE).

No debe pasarse por alto que aquellos bienes que tengan incoado un expediente para su declaración de interés cultural también devienen inexportables por motivo de la aplicación provisional del régimen previsto para los BIC (art.11.1 LPHE).

Es preciso tener en cuenta que la prohibición de exportación que pesa sobre las anteriores categorías de bienes afecta únicamente a su salida definitiva o temporal con posibilidad de venta del territorio español. Ahora bien, la Ley admite la posibilidad de que los bienes inexportables puedan salir temporalmente de España previa solicitud de autorización al Ministerio (art. 31 LPHE). Por otro lado, se contempla el supuesto específico de salida por permuta de los bienes muebles de titularidad estatal, que requiere la emisión de un informe favorable de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando y de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico España (art. 34 LPHE).

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4.1.4. Exportación sujeta a autorización previa

La autorización administrativa es el instrumento que emplea el Ministerio de Cultura para controlar el tráfico jurídico de los bienes cuya exportación definitiva sea factible41. En este apartado estudiaremos qué bienes del Patrimonio Histórico Español son exportables y cuáles son los condicionamientos que establece la legislación para ello.

Cabe distinguir dos escenarios en función del destino europeo o internacional de la exportación, pues existen algunas diferencias en cuanto a los regímenes de autorización.

En lo que se refiere a las exportaciones de bienes culturales dentro de la Unión Europea, resulta de aplicación la normativa estatal y concretamente los artículos 5.2 de la LPHE y 45 del RD 111/1986. En virtud de lo dispuesto en los citados preceptos, pueden exportarse 42, previa autorización expresa de la Administración del Estado, los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español con más de cien años de antigüedad, y en todo caso, aquellos que estén incluidos en el Inventario General o tengan incoado expediente para su inclusión en el mismo.

Consecuentemente, no se necesitará permiso de exportación para los bienes que tengan menos de cien años, pero el solicitante deberá presentar en la aduana una declaración jurada o cualquier otro documento que acredite su antigüedad 43.

Nótese que, en materia de exportación, la Ley utiliza el parámetro de la antigüedad como requisito fundamental para sujetar a autorización a los bienes de la categoría genérica. A continuación, veremos que el legislador europeo no solamente utiliza este criterio, sino que además añade el del valor económico.

En relación con la exportación de bienes culturales fuera del territorio aduanero de la UE, regirá el Reglamento (CE) nº 116/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008. La normativa europea utiliza un sistema de lista para delimitar el ámbito objetivo material de los bienes culturales sujetos a la autorización. Según este catálogo previsto en el Anexo 1, necesitarán permiso de exportación, además de los supuestos del artículo 5.2 de la LPHE, los bienes que

41 Bienes del Patrimonio Histórico Español que no sean inexportables en los términos del art. 5.3 LPHE y 56.2 LPHE

42 El permiso de exportación es preciso tanto para la exportación definitiva, la temporal, y la temporal con posibilidad de venta

43 Página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Exportación de bienes culturales dentro de la Unión Europea. Recuperado de:

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/patrimonio/exportacionimportacion/exportacion/exportacion-en-la- union-europea.html

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tengan entre cincuenta y cien años de antigüedad cuando su valor supere un determinado umbral económico (por ejemplo, quince mil euros para los dibujos, grabados y fotografías; treinta mil euros para las acuarelas, aguadas y pasteles; cincuenta mil euros para las esculturas y ciento cincuenta mil euros para las obras pictóricas). Aquellos bienes que cumplan el criterio de la antigüedad, pero no alcancen la cifra prevista en el Reglamento, deberán igualmente solicitar el permiso de exportación, pero a los simples efectos de que se les entregue un certificado del Ministerio que acredite ante las autoridades aduaneras que la obra en cuestión no necesita autorización para ser exportada. No requerirán permiso de exportación los bienes de menos de cincuenta años de antigüedad, que simplemente deberán presentar una declaración jurada en aduanas 44.

En definitiva, vemos que hay determinadas categorías de bienes que no precisarán autorización para exportarse a otros Estados Miembros, pero sí la necesitarán en cambio cuando el destino de la exportación sea un país extracomunitario. Dicho de otro modo, el número de supuestos que quedan sujetos a autorización es mayor cuando resulte de aplicación el Reglamento.

Como ya anticipábamos supra, el sistema establecido por la UE articula la protección en función de dos criterios : la antigüedad y el valor económico. La utilización de este segundo factor ha sido objeto de varias críticas, pues se ha considerado que desconoce el valor intrínseco de los bienes y que su carácter restrictivo impide la protección de determinados elementos del patrimonio cultural 45.

Sin ánimo de exhaustividad, trataremos el régimen especial de la exportación de bienes importados previsto en el artículo 32 de la LPHE, cuya teleología reside en incentivar la entrada de bienes culturales a España. El citado precepto indica que los bienes cuya importación se haya realizado legalmente y esté debidamente documentada no pueden ser declarados BIC durante el plazo de diez años, a no ser que el propietario lo solicite. Durante este periodo de tiempo, los bienes importados pueden ser exportados libremente previa solicitud de autorización, que será concedida en todo caso. Una vez transcurrido el plazo de diez años, los bienes en cuestión se someterán al régimen general de exportación.

44 Página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Exportación de bienes culturales a otros países.

Recuperado de:

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/patrimonio/exportacionimportacion/exportacion/exportacion-a-otros- paises.html

45 ALVAREZ JIMENEZ, José Ignacio (2010). La protección del patrimonio cultural europeo frente a la exportación ilegal, Revista de Derecho UNED, núm. 6, pág. 36

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En el ámbito del art. 32 LPHE, autores como Alejandro Alonso y Gonzalo Jiménez-Blanco46 han constatado que últimamente la Administración del Estado ha acuñado “un concepto de patrimonio histórico español contraconceptual y arbitrario”, que pone en riesgo la seguridad jurídica de los operadores del mundo del arte. Si bien recordamos, al definir el concepto de patrimonio histórico español, hablamos de la necesaria vinculación con la españolidad que debían presentar los bienes para entenderse incluidos en la definición propuesta por la Ley.

Pues bien, parece ser que la Administración viene excluyendo del concepto este carácter español de los bienes, al menos por lo que respecta a la exportación en los términos del art. 32 LPHE. Es decir, se ha llegado a entender que el arte procedente de Estados ajenos a España, a saber, arte chino o budista, quedaría dentro del concepto de patrimonio histórico español. Así pues, se evidencia la intención de la Administración Pública de“ abrogarse poderes sobre otros bienes culturales sin la cobertura legal necesaria, ya que no es voluntad del legislador de la Ley 16/1985 otorgar poderes sobre bienes distintos del propio patrimonio histórico español”

Esta vis expansiva de la Administración se pone de relieve en la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña núm. 102/2015 de 23 marzo 47, en la cual sorprende que el Tribunal admita la interpretación contraconceptual que realiza el Estado sobre el patrimonio histórico español. El caso de autos versa sobre una colección de obras de arte precolombinas que habían sido importadas a España, y transcurridos 10 años desde entonces, se exportan sin autorización a Alemania. El Tribunal asume erróneamente ( según los autores citados) que los bienes importados, tengan o no vinculación con la españolidad, pasan a convertirse en patrimonio histórico español. Así lo establece en los siguientes términos “ El art. 32 reconoce en favor de quien hubiera importado legalmente bienes muebles (…) determinadas facultades o situaciones privilegiadas (…), pero transcurridos -salvo concesión de prórroga- diez años quedan sometidos al régimen general de la ley y, por tanto, a la imprescindible autorización para su exportación cuando su edad exceda de 100 años (art. 5.2). El sometimiento a tal régimen general implica su sometimiento a las normas de exportación establecidas respecto de los bienes integrantes del patrimonio histórico español, (…) y por ello pierde toda trascendencia que las piezas tuvieran su origen en otras culturas distintas de la española”

46 JIMÉNEZ-BLANCO, Gonzalo, ALONSO, Alejandro (2016) Op. cit.

47 Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 6ª) núm. 102/2015 de 23 marzo. ( versión electrónica en base de datos Aranzadi ref. ARP 2015\740)

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23 4.2. Procedimiento administrativo.

Para exportar un bien del Patrimonio histórico español es necesaria la incoación del procedimiento administrativo tendente a la obtención del permiso, que puede ser temporal o definitivo. Cabe tener en cuenta que las reglas generales del procedimiento se refieren a la exportación definitiva, sin perjuicio de las especialidades que la Ley establezca para el caso de exportación temporal.

La regulación del procedimiento se desarrolla reglamentariamente en los artículos 46 y siguientes del RD 111/1986.

4.2.1. Solicitud de autorización para exportar

El expediente de exportación puede incoarse a solicitud del propietario del bien o de cualquier persona con capacidad de disposición sobre el mismo. Esto es esencial porque uno de los efectos anudados a la presentación de la solicitud es la oferta de venta irrevocable a favor de la Administración del Estado (equiparable a una enajenación48). Así, en la hipótesis de que la solicitud de exportación fuera presentada por un mero poseedor del objeto (que parece tener legitimación conforme al art. 5.2 LPHE), se activaría el derecho de adquisición preferente de la Administración, de modo que el propietario podría verse desposeído del bien. Estaríamos ante un supuesto de venta nula o anulable, no consentida por el titular del bien49. Para evitar esta situación, se exige que el solicitante tenga plena facultad para disponer del bien que pretende exportar. En este sentido, el artículo 47.3 in fine RD 111/1986 contempla la facultad de la Junta de Calificación, Valoración y exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español para exigir al solicitante “que acredite documentalmente su propiedad sobre el objeto o que está autorizado por su propietario para la venta o exportación del mismo”.

En relación con el contenido de la solicitud, el artículo 46.1 RD 111/1986 indica que deberán consignarse, como mínimo, los datos del solicitante relativos al título jurídico acreditativo de la propiedad o capacidad de disposición sobre el bien, así como su compromiso de permitir el examen o depósito del bien. En segundo lugar, se deberá incluir en la solicitud el código de identificación del bien ( en caso de BIG) y si no lo tuviera, la declaración sobre si existe

48 ANGUITA VILLANUEVA, Luis Antonio (2006) Op. cit., pág. 270

49 CARRANCHO HERRERA, María Teresa (2001) Op. cit., Capítulo: La oferta de venta irrevocable en favor de la Administración, pág. 3

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expediente incoado para su inclusión en el Inventario General (asimilado a BIG) , además del lugar donde el bien se encuentre. Cuando el bien que se pretenda exportar no esté incluido en el Inventario General, el contenido de la solicitud se amplía, y deberán aportarse fotografías o reproducciones en otro soporte más adecuado, asi como la descripción técnica y bibliográfica del objeto. Por último, deberá indicarse la declaración del valor del bien realizada por el solicitante (salvo se trate de bienes previamente importados en los diez años anteriores). Dicha declaración producirá dos efectos: constituirá oferta de venta irrevocable en favor de la Administración y será la base imponible de la tasa de exportación.

4.2.2. Tramitación del expediente

La competencia para la tramitación de la solicitud se disocia entre las Comunidades Autónomas y el Estado50. Cuando las Comunidades Autónomas hayan asumido competencias en materia de exportación sobre ciertos tipos de bienes51, los órganos competentes de las mismas conocerán de las solicitudes referidas a los bienes ubicados en su territorio (art. 47.2 RD 111/1986). En caso contrario, se presentarán directamente ante la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura52.

Si nos encontramos ante el primer supuesto y el órgano autonómico no deniega el permiso de exportación, se da traslado del expediente al Ministerio de Cultura para su resolución definitiva, que podrá ser denegatoria53. No obstante, si la Administración de la Comunidad Autónoma deniega la autorización, el Estado no está facultado para concederla54, ya que el artículo 47.2

50 El Estado otorgó competencias a las Comunidades Autónomas sobre la tramitación de las solicitudes de exportación de determinados tipos de bienes en los Reales Decretos de “transferencia de competencias” y de

“traspaso de funciones y servicios” en materia de cultura.

51 Cataluña (Real Decreto 1010/1981, de 27 de febrero) , el País Vasco (Real Decreto 3069/1980, de 26 de septiembre) y Navarra (Real Decreto 335/1986, de 24 de enero) tienen competencia para tramitar el procedimiento de autorización respecto de todos los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español.

Véase el Anexo, apartado B) 4. del Real Decreto 1010/1981, de 27 de febrero: “B) Servicios e instituciones que se traspasan: 4.Las exportaciones de bienes muebles de valor histórico, artístico, arqueológico, etnológico y paleontológico habrán de tramitarse por los Órganos competentes de la Generalidad. La denegación de la solicitud pondrá fin al expediente. En caso contrario se dará traslado de la misma al Ministerio de Cultura y al de Economía y Comercio para su resolución definitiva”

52 Organismo consultivo colegiado adscrito a la Dirección General de Bellas Artes, de carácter interministerial y naturaleza colegiada

53 Según Luis ANGUITA VILLANUEVA, el hecho de que los residentes de las CCAA reciban contestación tanto por su Comunidad como por el Estado, supone un agravio comparativo, temporal y económico respecto a los demás propietarios del resto de España que no se someten al doble control.

54 MARTÍN REBOLLO, Luis (1994) El comercio del arte y la Unión Europea, Madrid: Civitas,pág. 44

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