SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

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Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Vicepresidencia de la República

SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

En aplicación del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un Estado comunitario” y desarrollo de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, los índices de violencia registrados en el país mostraron una significativa tendencia a la disminución, comportamiento que se logró mantener a lo largo del periodo considerado. Es de resaltar en particular las reducciones que se presentaron en cuanto a violaciones contra las personas, principalmente contra el derecho a la vida de los colombianos y de los grupos más vulnerables a la acción de los grupos armados al margen de la ley y contra la libertad personal. Es así como el secuestro pasó de registrar 3.588 casos en 2002 a 800 en 2005, así como los homicidios comunes y las masacres que mostraron una disminución de 32 y 80%, respectivamente en estos dos años.

Lo anterior se puede atribuir, por un lado a la implementación por parte del Gobierno nacional de estrategias y programas orientados a la protección de la población civil y a la prevención de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. Por otra parte, a la recuperación paulatina del control territorial por parte de la Fuerza Pública, que ha permitido al Estado en su conjunto volver a hacer presencia y ejercer su autoridad democrática en muchos lugares del país que se encontraban bajo el yugo de los grupos armados irregulares, así como a la desmovilización individual y masiva de 22.157 integrantes de los mismos en los últimos tres años.

Adicionalmente, con base en su estrategia de acción integral, los esfuerzos desarrollados por el Estado en cuanto a la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, a través de su política de reactivación social y económica, se han encaminado a reducir el impacto de

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la violencia sobre la calidad de vida de los colombianos. Lo anterior ha generado que los ataques de los grupos armados irregulares durante el año 2005 se hayan orientado principalmente hacia la destrucción de la infraestructura pública, intentando deslegitimar los avances del Gobierno en este sentido.

Sin embargo, el Gobierno nacional es consciente que los niveles de violencia alcanzan todavía proporciones indebidas, razón por la cual se empeñara en consolidar las líneas de acción desarrolladas, en particular en lo relacionado con la prevención del desplazamiento forzado y del delito en general, así como en cumplir las obligaciones de un Estado Social de Derecho en materia de respeto, promoción y protección de los derechos humanos de los colombianos.

Homicidios

Antes de realizar el estudio de esta variable, es importante aclarar que el análisis del fenómeno del homicidio es fundamental a la hora de observar la situación de los derechos humanos en el país. Sin embargo, se debe tener en cuenta que su evolución está atada a diversos factores que van desde problemas de convivencia, venganzas personales, hasta aquellos relacionados con el desarrollo de la confrontación armada en el país, por lo cual es importante analizar regionalmente dicho fenómeno.

Adicionalmente, se debe considerar que la fuente utilizada para el estudio de los homicidios es el registro efectuado por el Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional, quienes entienden por homicidio “el acto irreparable de matar a otro”¹, razón por la cual dentro de los homicidios comunes –cifras utilizadas- se registran todos los casos, a excepción de los accidentes de tránsito. De acuerdo con lo anterior, la Policía Nacional clasifica el homicidio de acuerdo con los autores de la siguiente manera: Homicidio del crimen organizado, cometido por bandas, grupos y organizaciones conformadas específicamente con la misión de delinquir; Homicidios de la subversión, cometido con el propósito de perturbar el orden político, constitucional, social y económico y Homicidio de particulares, son los que ejecutan personas que no clasifican en ninguna de las categorías anteriores y los cometen a título personal”².

Hechas estas aclaraciones, para el 2005 se mantuvo la tendencia a la baja que se viene presentado desde 2002, año en el que se registraron 28.837 homicidios, la cifra más alta desde 1986. Esta tendencia ha permitido que entre 2002 y 2005 se presente una disminución de 37% en el número de homicidios, es decir 10.726 víctimas menos. En 2005, acaecieron 18.111

1 Policía Nacional. Revista de Criminalidad No. 47. Estadística delincuencial y Contravencional. 2004, página15.

2 Ibidem, página 16.

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homicidios, lo que equivale a una tasa de 39.34 homicidios por cada cien mil habitantes, la tasa más baja en los últimos 20 años, lo cual evidencia que la Política de Defensa y Seguridad Democrática no sólo ha permitido disminuir ostensiblemente el nivel de los homicidios, sino también ha permitido mantener la tendencia a la baja .

Dicha política ha implementado como estrategia directa sobre el tema, la consolidación del control estatal del territorio a través del incremento del pie de fuerza de la Fuerza Pública, la cual ha aumentado en un 16% entre 2002 y 2005, al pasar de 357.749 a 386.053 efectivos³ y la presencia permanente de la Policía Nacional en todos los municipios del país, lo que ha permitido aumentar la protección de la población.

Fuente: Policía Nacional - Centro de Investigaciones Criminológicas

Procesado: Observatorio Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH - Vicepresidencia de la República

Evolución de los homicidios 2000 - 2005

28.837

23.523 26.540

27.841

20.210

18.111

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Para 2005, ocurrieron homicidios en 867 municipios, lo que indica que en 228 (21%) de ellos no se presentaron homicidios. De estos últimos, en 108 tampoco se había registrado víctimas de homicidios durante 2004.

3 Datos del Ministerio de Defensa Nacional.

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A pesar de esta disminución, es importante recalcar que de los 867 municipios donde se registraron homicidios durante 2005, 365 (42%) presentaron tasas de homicidios superiores a la tasa nacional. Entre los anteriores, los más afectados fueron Vistahermosa (Meta) con una tasa de 464, San José del Palmar (Chocó) con 385, San Juan de Arama (Meta) con 333, Valdivia (Antioquia) con 287, Sipí (Chocó) con una tasa de 275, Bolívar (Valle) y Puerto Asís (Putumayo) con una tasa de 259 cada uno, Mutatá (Antioquia) con 251, Tame (Arauca) con 230, Dosquebradas (Risaralda) con 222 y El Dorado (Meta) con 206.

Los tres municipios del Meta incluidos en este grupo hacen parte de la región del Ariari – Guayabero, zona donde se presenta en la actualidad un enfrentamiento entre las autodefensas que quieren mantener su dominio, en particular sobre los sembrados de coca y las Farc que reaccionan frente a las actuaciones de las autodefensas ilegales. Con respecto a Valdivia, se presentó un notable aumento al pasar de 5 homicidios en 2004 a 33 en 2005, debido a una masacre perpetrada el 24 de agosto por parte del frente 36 de las Farc, cuando asesinaron a 14 personas, acusadas por las anteriores de ser raspachines al servicio de grupos de autodefensas. La alta tasa de homicidio en San José del Palmar se relaciona con los enfrentamientos registrados entre miembros de las autodefensas y las Farc, debido a la disputa territorial que mantienen estas agrupaciones por los cultivos de coca, enfrentamientos que dejaron como saldo 26 muertos entre unos y otros.

Por otra parte, en Sipí (Chocó) los homicidios registrados fueron producto del ataque de las Farc contra las instalaciones de la Policía Nacional, donde murieron 6 agentes de la Policía y 10 más resultaron heridos. En Bolívar, municipio del norte del Valle, los homicidios se relacionan con el tema del narcotráfico, en el cual confluyen varias acciones: por un lado, la ofensiva llevada a cabo por parte del Ejército, que ha permito dar de baja a varios delincuentes en operaciones antinarcóticos, la lucha entre miembros de las Farc y las autodefensas por el control del tráfico de estupefacientes y la guerra librada entre las dos facciones del cartel del norte del Valle.

En Puerto Asís (Putumayo), estos hechos están ligados con la presencia de cultivos ilícitos en la zona, donde las Farc han ejercido una marcada influencia desde la década de los ochenta, mientras que en los últimos años las autodefensas iniciaron una incursión en este municipio, lo cual ha generado ataques por parte de ambos grupos contra la población civil.

Prueba de lo anterior, es que de los 181 homicidios registrados en 2005, 86 fueron perpetrados por las autodefensas, 49 por las Farc –incluidos los 19 soldados muertos por el ataque de las Farc en Teteyé-, 26 por la delincuencia común y sobre los 20 restantes, se incluyen aquellos miembros de las Farc y de las autodefensas que murieron en combate con la Fuerza Pública.

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Mutatá (Antioquia), otro de los municipios afectado por una alta tasa de homicidio, también fue escenario de un duro combate entre miembros de las Farc y el Ejército, donde perdieron la vida 19 soldados y 11 guerrilleros.

Tame (Arauca), también ha sido blanco de ataques perpetrados por las Farc, como el perpetrado en abril cuando murieron 17 miembros de la Fuerza Pública y un civil. Finalmente, en Dosquebradas, la tasa está también relacionado con el fenómeno del narcotráfico, que se ha ido extendiendo desde el norte del Valle hacia la zona del Eje Cafetero.

Lo anterior demuestra que las altas tasas de homicidio en algunos municipios están relacionadas con el desarrollo de la confrontación armada, en especial los ataques de las Farc y la disputa territorial que sostienen con algunos grupos de las autodefensas, más que con problemas de convivencia. Por ello, para mantener la tendencia a la disminución en cuanto al número de homicidios, es necesario mantener la estrategia de la Política de Defensa y Seguridad Democrática relacionado con el control estatal del territorio y la lucha frontal contra el narcotráfico. Sin embargo, no se deben dejar de lado las acciones encaminadas a mejorar la seguridad ciudadana, sobre todo en las capitales departamentales, donde se conjugan los dos tipos de violencia, la relacionada con la confrontación armada y la relacionada con la delincuencia común y la convivencia. Como es el caso de Programa Departamentos y Municipios Seguros, que tiene como objetivo fundamental “fortalecer el manejo institucional de la convivencia y la seguridad ciudadana”⁴.

NÚMERO DE HOMICIDIOS POR DEPARTAMENTO 2004 - 2005

DEPARTAMENTO No. Homicidios 2004

No. Homicidios

2005 Variación % DEPARTAMENTO No. Homicidios 2004

No. Homicidios

2005 Variación %

VALLE 4.233 3.533 -17% CESAR 541 374 -31%

ANTIOQUIA 2.726 2.374 -13% TOLIMA 472 373 -21%

DISTRITO CAPITAL 1.571 1.669 6% GUAJIRA 443 315 -29%

RISARALDA 885 915 3% QUINDIO 290 302 4%

NORTE DE

SANTANDER 900 786 -13% ARAUCA 395 277 -30%

NARIÑO 491 738 50% BOYACA 317 191 -40%

CALDAS 768 696 -9% CASANARE 373 190 -49%

ATLANTICO 730 637 -13% CORDOBA 230 173 -25%

META 706 535 -24% CHOCO 131 153 17%

CAUCA 436 526 21% SUCRE 230 151 -34%

SANTANDER 603 515 -15% GUAVIARE 98 129 32%

BOLIVAR 462 444 -4% VAUPES 2 18 800%

MAGDALENA 535 427 -20% AMAZONAS 8 13 63%

CUNDINAMARCA 575 424 -26% GUAINIA 2 11 450%

CAQUETA 380 405 7% SAN ANDRES 7 7 0%

HUILA 416 404 -3% VICHADA 5 2 -60%

PUTUMAYO 249 404 62%

4 Op. cit. Página 33.

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El departamento que registró el mayor número de homicidios en 2005 fue Valle del Cauca con 3.533 homicidios, superando nuevamente a Antioquia que presentó 2.374 homicidios. Sin embargo, el número de homicidios registrados en Valle en 2005 es inferior en un 17% al registrado en 2004. A Antioquia, le sigue el Distrito Capital, con 1.669 homicidios, presentándose un aumento del 6% con respecto a 2004; Risaralda, que ocupa el cuarto lugar con 915 homicidios, registró un aumento de 3%, mientras que Norte de Santander con 786 homicidios durante 2005, registró una disminución del 13% en relación con el año anterior.

Además, hay que resaltar que 45% de los homicidios ocurridos en el Valle del Cauca se produjeron en Cali, lo cual eleva la participación del departamento a nivel nacional. Este alto número de homicidios en la capital del Valle está relacionado con la división entre los carteles del norte del Valle, que han provocado enfrentamientos entre las diversas agrupaciones que lo integran. Así mismo, el dinero del narcotráfico ha permeado las organizaciones delincuenciales de la ciudad, lo que ha implicado mayores recursos disponibles para el crimen, lo que generalmente está relacionado con un aumento en el número de homicidios.

Al igual que en Valle, la mayoría de los homicidios registrados en Antioquia, Norte de Santander y Risaralda se registran en las capitales departamentales, es decir, en Medellín se concentró 32% de los homicidios del departamento, en Cúcuta un 55% y en Pereira un 52%.

Puesto que Medellín concentra el 40% de los homicidios del departamento, la evolución favorable de su dinámica ha influido en la notable reducción en el número de homicidios del departamento. Esta tendencia a la baja se viene registrando desde 2003, lo cual está relacionada por una parte con la declaración de la tregua por parte de las autodefensas en diciembre de 2002 y con la posterior desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003, lo que redujo la violencia en las comunas. Por otra parte, la operación Orión realizada por miembros de la Fuerza Pública en la comuna 13 de Medellín, reduciendo la disputa que se libraba entre los grupos de autodefensa y la guerrilla.

Mientras que la tendencia a la baja en el número de homicidios registrados en Medellín se viene consolidando desde 2003, para ese mismo año, el número de homicidios registrados en Cali por primera vez superan los presentados en Medellín, lo que demuestra que el trabajo realizado por las autoridades locales en Antioquia y en especial en Medellín se han visto reflejados en mejores niveles de seguridad y menores índices de violencia, como también ha venido sucediendo en el Distrito Capital desde 1994, a pesar del aumento en los homicidios registrado en 2005.

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De los 32 departamentos, en 20 se registraron disminuciones en el número de homicidios al comparar este año con el anterior: Vichada con 60%, Casanare 49%, Boyacá 40%, Sucre 34%, Cesar 31%, Arauca 30%, además en La Guajira, Cundinamarca, Córdoba, Meta, Tolima, Magdalena, Valle, Santander, Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Caldas, Bolívar y Huila. En San Andrés, se mantuvo el nivel de homicidios, mientras que Vaupés, Guainía, Amazonas, Putumayo, Nariño, Guaviare, Cauca, Chocó, Caquetá, Distrito Capital, Quindío y Risaralda registraron aumentos en el número de homicidios al comparar los años 2004 y 2005. Lo anterior evidencia la preocupante situación que está viviendo tanto el suroriente como el suroccidente del país, donde se han presentado ataques de gran envergadura por parte de la subversión en reacción a las acciones ofensivas desplegadas por la Fuerza Pública en desarrollo del Plan Patriota.

Masacres

A partir de 1994, tanto el número de casos de masacres, como de víctimas producto de ellas empezaron a aumentar notablemente, debido a que éstas se convirtieron en un instrumento para generar terror y ejercer dominio sobre ciertas comunidades, por parte de los grupos armados al margen de la ley. Dichos eventos alcanzaron su punto máximo en 2000, año en el que se registraron 236 casos que produjeron 1.403 víctimas, siendo éste uno de los momentos más críticos en el desarrollo de la confrontación armada en el país. Sin embargo, a partir de ese momento y en los últimos seis años se viene registrando una sostenida tendencia a la disminución en cuanto al número de víctimas de masacres, aunque se debe aclarar que la disminución en 2005 fue leve en comparación con el año anterior.

VÍCTIMAS DE MASACRES 2000 - 2006

1403

1044

680

263 252 504

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

2000 2001 2002 2003 2004 2005

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Esta disminución ha estado relacionada con una mayor efectividad en el accionar de la Fuerza Pública, por la ejecución de la Política de Defensa y Seguridad Democrática a partir de 2002 y el proceso de desmovilización de las autodefensas, a quienes se les atribuía el mayor número de masacres.

Para 2005, se han registrado homicidios múltiples en 16 de los 32 departamentos, siendo Valle del Cauca –al igual que con el número de homicidios- el más afectado con 16 casos de masacres (91 víctimas), lo que equivale a un aumento del 60% con respecto al mismo periodo del año anterior; en este sentido, se tiene que subrayar que el Valle del Cauca reúne 36% del total de víctimas de masacres registradas durante el año.

Sin embargo, la mayoría de las anteriores están más relacionadas con represalias y enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes del norte del Valle, en particular “Los Rastrojos” de Wilber Varela y “Los Machos” de Diego León Montoya, que con el desarrollo de la confrontación armada.

VÍCTIMAS DE MASACRES DISTRIBUIDAS POR DEPARTAMENTO Y VARIACIÓN PORCENTUAL DE MAYOR A MENOR CON BASE EN AS

CIFRAS DE 2005

No. Víctimas No. Casos No. Víctimas No. Casos

VALLE 50 10 91 16 60% 82%

ANTIOQUIA 46 10 30 4 -60% -35%

NARIÑO 24 5

CAUCA 13 3 15 3 0% 15%

GUAJIRA 4 1 13 2 100% 225%

HUILA 4 1 13 3 200% 225%

CAQUETA 12 2

CUNDINAMARCA 4 1 12 3 200% 200%

DISTRITO CAPITAL 9 2

NORTE DE SANTANDER 47 3 9 2 -33% -81%

CALDAS 8 1 4 1 0% -50%

CASANARE 19 4 4 1 -75% -79%

CESAR 4 1

META 24 5 4 1 -80% -83%

PUTUMAYO 4 1 4 1 0% 0%

SANTANDER 4 1

ARAUCA 16 1 -100% -100%

BOYACA 10 2 -100% -100%

CHOCO 5 1 -100% -100%

SUCRE 5 1 -100% -100%

TOLIMA 4 1 -100% -100%

Total general 263 46 252 48 4% -4%

Variación % No. Víctimas

2004 2005

DEPARTAMENTO Variación %

No. Casos

A Valle, le sigue Antioquia con 4 casos (30 víctimas), dentro de los cuales se encuentra el registrado en el municipio de Valdivia, donde guerrilleros de las Farc asesinaron a 14 personas, presuntos raspachines acusados de ser colaboradores de las autodefensas y el de Mutatá, donde subversivos atacaron a 5 personas; Nariño con 5 casos (24 víctimas), dos de ellos en Barbacoas, uno perpetrado por las Farc el 3 de febrero y otro por las autodefensas el 26 del mismo mes; Cauca con 3 casos (15 víctimas), uno de ellos perpetrado por las Farc en Bolívar, donde asesinaron a cuatro indígenas de una misma familia, entre ellos dos menores de edad y otro

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también perpetrado por las Farc en Corinto, donde asesinaron a 4 vigilantes según información de la Policía Nacional y Guajira con 2 casos (13 víctimas), aunque es necesario resaltar que uno de los dos casos registrados por la Policía Nacional es en realidad producto de un enfrentamiento entre las Farc y las autodefensas.

En Huila, se reportaron 3 casos (13 víctimas), uno de ellos ejecutado por las Farc en julio, quienes atacaron a un grupo de concejales y sus familiares que departían en un restaurante; en el hecho murió el presidente de la Junta de Acción Comunal, el secretario del Concejo del municipio y dos personas más. Así mismo, miembros de la subversión asesinaron a cuatro miembros de una misma familia en Pitalito (Huila). En Caquetá, se registraron 2 casos (12 víctimas), uno de ellos fue el ataque perpetrado por las Farc contra concejales de la localidad, donde perdieron la vida cuatro de ellos, el Secretario del Concejo y un agricultor y otro también perpetrado por las Farc en Milán.

Al comparar el número de víctimas de masacres por departamento en 2004 y 2005, se evidencian aumentos en La Guajira, Huila, Cundinamarca, Valle, Cauca, Caquetá, Nariño, Distrito Capital, Cesar y Santander; en los últimos cinco no se registraron masacres durante 2004. En Antioquia, Caldas, Casanare, Norte de Santander y Meta se presentaron disminuciones así como en Arauca, Boyacá, Chocó, Sucre y Tolima, donde no se registraron masacres en 2005. En Putumayo, se registró un caso en 2005 al igual que en 2004.

Aunque sobre un porcentaje bastante alto de los casos de masacres, no se haya podido determinar el autor, entre 2000 y 2005, se evidencia un notable descenso en el número de víctimas de masacres ejecutadas por los grupos de autodefensas ilegales, que pasaron de 701 en 2000 a 8 víctimas en 2005. Además, se debe resaltar que en 2004 y 2005, el ELN no ha cometido ninguna masacre, de acuerdo con los datos de la Policía Nacional.

Con respecto a las Farc, éstas cometieron el mayor número de masacres en 2002, cuando fueron las responsables de 259 víctimas, superando por primera vez el número de víctimas que arrojaron las masacres perpetradas por las autodefensas ilegales. A partir de ese año, el comportamiento de los homicidios múltiples perpetrados por las Farc ha sido bastante disímil, sin embargo siempre han superado las cometidas por las autodefensas.

En general, sobre 39 de los 48 casos de masacres ocurridos en 2005, no se ha podido establecer aún el autor y de los nueve restantes, 7 fueron presuntamente perpetradas por las Farc y dos por las autodefensas. Con respecto a las Farc y las autodefensas, el número de masacres cometidas disminuyó tal como el número de víctimas en relación con el año anterior.

Para 2005, el 54% de las masacres se registraron en zona urbana. Lo anterior parece ser el resultado de que varias de ellas estuvieron relacionadas con enfrentamientos entre narcotraficantes, lo que evidencia un cambio tanto en los fines como en los autores de las mismas. En otras

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palabras, al parecer los grupos armados irregulares están en la actualidad utilizando tácticas de terror diferentes a la comisión de masacres y este cambio en la tendencia es el reflejo de los enfrentamientos entre delincuentes organizados, que buscan, más que generar temor entre la población, vengarse o “ajustar cuentas”.

VÍCTIMAS DE MASACRES SEGÚN PRESUNTO AUTOR Y AÑOS 2000 - 2005

PRESUNTO RESPONSABLE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total general

SIN ESTABLECER 500 609 309 367 118 201 2104

AUTODEFENSAS 701 281 59 18 13 8 1080

FARC 161 120 295 79 119 43 817

ELN 41 22 17 36 116

DELINCUENCIA COMUN 4 13 17

ERG 7 7

ERP 5 5

Total general 1403 1044 680 504 263 252 4146

Situación de los derechos humanos de los indígenas

El Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH ha construido una base de datos que facilita la aproximación y análisis de algunas violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, tales como el homicidio, a través de la contrastación y verificación de la información proveniente de distintas instituciones, tanto de orden gubernamental como de carácter privado⁵.

De acuerdo con los datos arrojados por la base de datos mencionada, en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2005, se evidencia una significativa disminución en las cifras de indígenas víctimas de homicidio en el país. No obstante, durante el período analizado es posible diferenciar dos momentos importantes en el comportamiento de la curva. En una primera etapa, comprendida entre los años 2000 y 2002, se evidencia un crecimiento constante del homicidio de indígenas, que llega a su punto más alto en 2002, al registrarse 196 indígenas asesinados. A partir del año 2003 y hasta el 2005, se inicia un segundo período, que se destaca por una tendencia decreciente, pasando de 163 víctimas de homicidio en 2003, a 85 en 2004 y finalizando con 49 en 2005.

5 Dentro de las instituciones de orden gubernamental se encuentran la Defensoría del Pueblo, el Programa Presidencial de DDHH y DIH, el Ministerio de Interior y el DAS. Así mismo, el Observatorio se apoya de la información registrada por organizaciones indígenas no gubernamentales tales como la ONIC, Fundación Hemera, la ACIN, OIA, entre otras.

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Homicidio de Indígenas 2000- 2005

142

181 196

163

85

49

0 50 100 150 200 250

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

Vicepresidencia de la República.

De esta manera, al realizar una comparación entre las cifras al comienzo (año 2000) y al final (año 2005) del periodo analizado, se encuentra una significativa disminución del 65% en el número de indígenas asesinados en el país.

El crecimiento sostenido de los homicidios de indígenas durante la primera fase analizada responde al último período de consolidación de las autodefensas en departamentos como Cesar, Cauca, Valle del Cauca y Córdoba, donde fueron asesinados indígenas y líderes de las etnia Nasa o Paéz, Kankuamo y Embera Katío, debido a la constante estigmatización de la que han sido víctimas estos pueblos, pues su discurso de neutralidad y marginalidad frente a la confrontación, fue leída equivocamente por los grupos armados irregulares que asimilan la resistencia pacífica de las comunidades aborígenes con la vinculación con el contrincante que hace presencia en las zonas que intentan controlar.

Por otra parte, durante el año 2003, la cifra de 163 víctimas se explica por la serie de homicidios de los cuales fueron víctimas los indígenas Kankuamo. Esta etnia tiene resguardos en las partes baja, media y alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que produjo que se constituyeran en blanco de recurrentes violaciones por parte las autodefensas y las Farc, quienes están ubicados en la zona baja y alta de la Sierra, respectivamente.

A partir de 2003, –año en el que la cifra de indígenas asesinados continuaba siendo elevada-, el homicidio inicia una tendencia a la baja, debido a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para proteger el derecho a la vida de estos pueblos, a su compromiso en la aplicación de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana dictó en favor de algunos

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indígenas y comunidades aborígenes, así como a los proyectos que buscan proteger a las poblaciones indígenas más vulnerables a posibles violaciones tales como el Proyecto de Atención a Comunidades en Riesgo, adelantado por el Programa Presidencial de DH y DIH de la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Interior y de Justicia.

Al comparar el año 2005 con el año inmediatamente anterior, las cifras arrojadas por la base de datos de indígenas construida por el Observatorio, demuestra una disminución importante en el número de víctimas por homicidio en 2005, de 42% respecto de las registradas en 2004, al pasar de 85 indígenas asesinados en el primer año a 49 en el segundo. Esta disminución responde a una reducción de 80% en los homicidios cometidos por los grupos de autodefensa y de 42% en los perpetrados por los desconocidos.

De otro lado, con el propósito de analizar geográficamente la dinámica del homicidio de indígenas y realizar una comparación de su comportamiento en los dos últimos años, es necesario tener en cuenta cuáles fueron los departamentos con mayor número de víctimas, las etnias más afectadas y los principales responsables. En 2005, se registraron homicidios de indígenas en 16 de los 32 departamentos del país, de los cuales 8 registraron una disminución en este fenómeno, mientras que en 7 se presentó un aumento. Sólo en un departamento el número de homicidios de indígenas se mantuvo estable.

En este sentido, los departamentos que mostraron las mayores reducciones fueron Magdalena, con una disminución del 100%, al pasar de 6 indígenas asesinados en 2004 a ninguno en 2005; Vichada (100%), al registrar 4 víctimas en 2004 y no presentar ninguna en 2005; Cesar, (85%) al pasar de 13 víctimas en 2004 a 2 en 2005; Valle del Cauca (83%), pasando de 6 víctimas en 2004 a 1 en el siguiente año; Putumayo (80%), al disminuirse el número de víctimas de 5 a 1 entre un año y otro; y por último, Risaralda (75%), al pasar de 4 indígenas asesinados en 2004 a 1 en 2005. Otros departamentos que presentaron disminuciones fueron Antioquia (67%), Caldas (56%), Guajira (30%) y Cauca (20%).

Sin embargo, algunos departamentos que no habían registrado homicidios en 2004, presentaron al menos una víctima en 2005, tales como Amazonas, Bolívar, Quindío y Sucre. Por el contrario, departamentos como Vichada, Tolima, Norte de Santander, Guainía, Caquetá y Boyacá que habían presenciado homicidios de indígenas en 2004, el año siguiente no registraron ninguno.

En cuanto a los departamentos que presentaron los mayores aumentos en el número de indígenas asesinados, se encuentran Chocó, Nariño y Arauca, que registran un incremento de 100%, puesto que en 2004 no habían registrado ningún homicidio, mientras que en 2005 se reportaron 6, 5 y 4 respectivamente. En el caso de Chocó, el alto número de homicidios atiende a la masacre de 5 de los 12 indígenas de la comunidad de Pava,

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secuestrados en el mes de julio en Riosucio por miembros de las Farc, después de los enfrentamientos sostenidos entre el frente 57 de las Farc e integrantes de las autodefensas del Bloque Elmer Cárdenas. Estos grupos armados al margen de la ley se disputan el dominio de esta zona, así como del río Atrato y sus afluentes, los cuales son de vital importancia, no sólo para el comercio de bienes y servicios entre el norte y sur del país, sino también para el avituallamiento de estos grupos y el transporte de armamento y droga que nutren sus finanzas.

Con relación a Nariño, este departamento fue el segundo más afectado por las acciones de los grupos armados al margen de la ley en 2005, principalmente por los hostigamientos que han afectado a los civiles, en especial a los indígenas. Así mismo, los homicidios en Nariño en 2005 han buscado golpear la identidad indígena y su proyecto cultural, puesto que dos de los indígenas asesinados eran reconocidos líderes como fue el caso de Efrén Pascal Nastacuas, secuestrado por las Farc en 2004.

Arauca, por su parte, es otro ejemplo del asedio que los grupos armados al margen de la ley han ejercido sobre las comunidades indígenas, puesto que en este departamento, la confrontación armada entre la guerrilla y las autodefensas ha llevado a estigmatizar a este grupo poblacional como colaborador de una u otra agrupación. Otro de los aspectos que preocupa a las autoridades en este departamento es el creciente número de indígenas víctimas de minas antipersonal en 2005, después de que miembros del frente 10 de las Farc minaron los territorios donde residen las comunidades indígenas Guahíbo de Tame.

Como se puede deducir del diagnóstico presentado, en 2005 se registraron importantes disminuciones en materia de homicidio de indígenas en el país, que obedecen en buena medida a los esfuerzos del Gobierno nacional por reducir el impacto del asedio y de las acciones armadas de los grupos al margen de la ley sobre la población civil y las repercusiones de su estigmatización. Sin embargo, se deben aunar esfuerzos para aumentar el nivel de protección de las comunidades indígenas ubicadas en los departamentos anteriormente mencionados y aquellas que residen en Cauca.

El caso del Cauca es preocupante, puesto que aunque este departamento registró un descenso en la cifra de indígenas asesinados (20%), al pasar de 15 en 2004 a 12 en 2005, la guerrilla ha emprendido una campaña para hostigar a las comunidades Nasa o Páez que durante el año anterior continuaron reivindicando su proyecto de resistencia civil y su derecho a la tierra y la autonomía, reclamando los compromisos que el Gobierno nacional había adoptado con relación a este tema. Este derecho a la autonomía es rechazada por los grupos armados irregulares, en especial, por las Farc que lo perciben como un desafío a su dominio territorial.

Con relación a lo anterior, durante 2005 las poblaciones de Caldono, Jambaló y Toribío fueron atacadas por las Farc, como parte de la estrategia

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emprendida por este grupo armado ilegal, que busca consolidar su presencia en el Macizo colombiano, considerado como un punto neurálgico para las acciones de respuesta al desarrollo del Plan Patriota, golpear al Ejército en zonas con menos apoyo logístico y desprestigiar la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

Por otra parte, al hacer un análisis por etnia, se observa que la mayoría vieron disminuir el número de sus integrantes asesinados, entre las que mayores reducciones presentaron, se encuentran la Arhuaco, con una disminución de 100%, al pasar de 5 víctimas en 2004 a ninguna en 2005; la Siona y Kogui (100%), al pasar de 3 indígenas asesinados en 2004 a ninguno en 2005 respectivamente; la Kankuamo (92%), al pasar de 13 a 1 de un año a otro; Embera Katío (75%), que mientras en 2004 registró 4 víctimas, en 2005 registró una víctima y por último, la Embera Chamí (62%) al pasar de 13 a 2 de un año a otro.

Sin embargo, durante 2005 algunas etnias vieron su situación deteriorarse, por presentar un aumento en el número de sus integrantes asesinados -tal fue el caso de los Embera, con un incremento de 167%, al registrar 8 indígenas asesinados en 2005, mientras que en 2004 se reportaron 3- o porque se observaron homicidios, después de que en 2004 no se había presentado ninguno, como sucedió con los Awa, que registraron 4 y los Guahíbo, que durante 2005 registraron 3 víctimas.

En cuanto a los responsables, todos los autores registraron una disminución en el número de homicidios perpetrados. El ELN presentó una reducción de 100%, al pasar de 2 víctimas en 2004 a ninguna en 2005; las autodefensas de 80%, al disminuir las víctimas por homicidio de 15 a 2 entre un año y otro; los desconocidos presentaron una disminución de 42%, al pasar de 43 en 2004 a 25 en 2005 y otros autores redujeron el número de indígenas asesinados en 22%, al pasar de 9 a 7 de un año a otro.

En lo atinente a secuestros, en 2005 fueron plagiados 23 indígenas, lo que representa una disminución del 26% con respecto a 2004 cuando se registraron 31. El departamento más afectado fue Chocó con 12, seguido por Guajira y Cauca con 4 respectivamente. Cabe resaltar, que 9 de los indígenas secuestrados fueron asesinados por sus captores, tal como sucedió en Chocó, como se mencionó anteriormente, y en Cauca donde los 4 indígenas secuestrados fueron asesinados.

En términos de desplazamiento forzado, de acuerdo con datos proporcionados por el Sur de la Red de Solidaridad Social, los indígenas representaron el 5% del total de los desplazados en el país. Los departamentos con mayor participación dentro del total de población indígena desplazada fueron Guainía con 67.9%, seguido por Vaupés con 60.2%, Amazonas con 52.6%, Putumayo con 15.7%, Guajira con 15.2%, Risaralda con 13.4%, Chocó con 12.2%, Vichada con 11.8% y Nariño con 11.2%.

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En la mayoría de estos departamentos, se incrementaron las acciones armadas de los grupos armados al margen de la ley, así como los enfrentamientos entre éstos como es el caso de la Orinoquía, la Amazonía y Nariño. En departamentos como Putumayo, las acciones de las Farc llevaron al éxodo a varias comunidades indígenas después de los constantes bloqueos realizados por este grupo en 2005, lo que impidió el transporte y acceso a bienes indispensables para la supervivencia, así como de víveres y otros elementos.

Por último, el caso del Chocó es ilustrador del desplazamiento indígena como consecuencia de las acciones armadas de los grupos armados irregulares. En el mes de diciembre de 2005, la Defensoría del Pueblo denunció el ingreso de unos dos mil hombres del bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas al resguardo indígena de Emberá Dobidá de Mamey Dipurdú, donde “ocuparon espacios de uso comunitario, sustrajeron animales y productos agrícolas para el consumo humano y se apropiaron, además, de los medios de movilización y transporte de los residentes”⁶. Estas acciones provocaron restricciones al derecho de locomoción e impedimentos para desarrollar las actividades de pesca, caza y recolección, fundamentales para la supervivencia de las comunidades indígenas de esta zona.

Situación de los derechos humanos de los sindicalistas

86

123

99

47 42

14 0

20 40 60 80 100 120 140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Homicidio de Sindicalistas 2000 - 2005

Fuente: Ministerio de la Protección Social, CIC Policía Nacional, ENS, CUT Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

6 El Tiempo, Defensoría del Pueblo pidió protección para resguardo indígena en Carmen del Darién (Chocó). Diciembre 1 de 2005.

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De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de la Protección Social, el CIC de la Policía Nacional, la Central Unitaria de Trabajadores (Cut) y la Escuela Nacional Sindical (ENS)⁷, entre los años 2000 y 2005 han sido victimas de homicidio 413 sindicalistas⁸. El año más crítico para este grupo vulnerable fue 2001, cuando se registraron 123 homicidios, sin embargo, cabe destacar que en los años siguientes el homicidio de sindicalistas ha venido descendiendo paulatinamente hasta registrar en 2005 una disminución de 89% con respecto a los homicidios presentados en 2001.

Entre 2000 y 2005, los departamentos en los cuales resultaron más afectados los sindicalistas fueron Antioquia con el homicidio de 78 sindicalistas, Valle con 56, Atlántico con 27, Norte de Santander con 20, Arauca con 19, Cesar con 15, Cauca con 14 y Bolívar, Meta, Magdalena y Tolima con 13 cada uno. Cabe destacar que las ciudades más afectadas fueron Apartadó, Medellín y Turbo, al concentrar el 44% de los homicidios de sindicalistas que se presentaron en Antioquia; Barrancabermeja, que concentró el 47% de los ocurridos en Santander; Cali, el 41% de los homicidios de sindicalistas acaecidos en Valle del Cauca; Barranquilla, el 70% y Cúcuta el 60% de los departamentos de Atlántico y Norte de Santander.

En el período anteriormente analizado, los sindicatos más afectados fueron Anthoc, con el homicidio de 48 de sus miembros, cometidos principalmente entre los años 2001 y 2003; seguido de Sintraelecol, que registró el homicidio de 30 de sus miembros, situación que resultó especialmente preocupante entre 2000 y 2002; Asonal Judicial, con 28 homicidios cometidos, principalmente en 2001; Sintrainagro, con 26 homicidios, en su mayoría ejecutados en 2000 y 2002 y la Uso, con 18 homicidios, cometidos especialmente en 2001. De otra parte, cabe destacar que en los últimos seis años, en el 11% de los casos de homicidio de sindicalistas, las víctimas fueron mujeres y en el 89% fueron hombres.

Con respecto a la situación de derechos humanos de los sindicalistas, en el año 2005 se registraron 14 asesinatos de trabajadores sindicalizados pertenecientes a los sectores público, agrícola, industrial, comercial, de defensa, transporte y salud. En los meses de enero, febrero, marzo y abril, se presentó el homicidio de un sindicalista en cada mes, en mayo se

7 Cabe aclarar que la información sobre homicidio de sindicalistas que se presenta en este informe es producto de la fusión y contraste de los datos proporcionados por las fuentes mencionadas, los cuales son validados por el Ministerio de la Protección Social al recibir certificaciones de los sindicatos que confirman la afiliación sindical de las víctimas.

8 En los datos que se presentan sobre sindicalistas, no están incluidos los docentes sindicalizados, puesto que los estudios sobre el tema han determinado que las causas del homicidio de uno y otro sector difieren en el sentido de que uno es más relacionado con la actividad sindical, mientras el otro con la labor que desarrollan los docentes. Por otro lado, los sindicalistas concentran su acción en los centros urbanos, mientras los maestros ejercen tanto en lo urbano como en lo rural. Por tal razón, este grupo se analiza en el apartado de docentes.

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registraron cuatro homicidios, occurió un homicidio en junio y julio repectivamente, en agosto tres y en diciembre uno.

Entre los años 2004 y 2005, se registró una disminución de 67% en los índices de homicidio de sindicalistas. De los 14 sindicalistas asesinados en el 2004, 13 eran hombres y 1 mujer. Ocho departamentos se vieron afectados por la violencia contra sindicalistas, dos de ellos, Atlántico y Santander, concentraron 58% de los homicidios, con 4 homicidios cada uno.

Como se observa en las estadísticas, se evidencia una disminución sustancial del homicidio de sindicalistas en el país, lo cual responde principalmente a dos factores. El primero, relacionado con las medidas de protección y seguridad adoptadas por el Gobierno nacioanl a favor de este grupo vulnerable y el segundo, relacionado con los cambios en la estructura laboral, los cuales se expresan, entre otras cosas, en una disminución de la tasa de sindicalización.

Situación de los derechos humanos de los docentes

69 82

97

54 47

20 27 16 0

20 40 60 80 100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Homicidio de docentes sindicalizados y

no sindicalizados 2000-2005

Docentes sindicalizados Docentes no sindicalizados

Fuente: Ministerio de la Protección Social, CIC Policía Nacional, FECODE, ENS, CUT Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Según los datos del Ministerio de la Protección Social, el CIC de la Policía Nacional, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la Central Unitaria de Trabajadores (Cut) y la Escuela Nacional Sindical (ENS)⁹, entre los años 2000 y 2005, han sido víctimas de homicidio 412 docentes, de los cuales 36 (9%) no eran sindicalizados y 376 (91%) estaban vinculados con

9 Cabe aclarar que la información sobre homicidio de docentes que se presenta en este informe es producto de la fusión y contraste de los datos proporcionados por las fuentes mencionadas, los cuales son validados por el Ministerio de la Protección Social y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

(18)

algún sindicato de educadores¹⁰. A partir del 2000 y hasta el 2002, el homicidio de docentes tuvo un incremento constante, así, en 2001 se registró un incremento de 19% con respecto al año anterior y en 2002 el aumento fue de 18% con respecto al 2001. En 2003, se registra una importante reducción de 44% en los homicidios de docentes y aunque en 2004 se registra un aumento de 24%, en el año 2005 se vuelve a registrar una disminución de 36% con respecto al año anterior.

Entre los años 2000 y 2005, el sindicato de docentes más afectado fue la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), puesto que se presentaron el homicidio de 94 sus afiliados. Es importante señalar que los años críticos para este sindicato fueron 2000, 2001 y 2002, años en los cuales se concentró el 79% de los homicidios de docentes afiliados a Adida. En 2003, se registraron disminuciones de 59% con respecto al 2002 y aunque en 2004 se registró el mismo número de homicidios que en 2003, en 2005 se presentó una disminución de 78%, al pasar de 9 homicidios ocurridos en 2004 a 2 en el 2005.

Otros sindicatos de docentes que también fueron afectados durante el período comprendido entre 2000 y 2005 por el homicidio de sus miembros son la Asociación de Institutores de Caquetá (AICA) con 23 homicidios, el Sindicato de Maestros de Nariño (Simana) con 21, la Asociación de Institutores de Norte de Santander (Asinort) con 19 y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev) con 17. Cabe resaltar que en el 22% de los casos, las mujeres fueron las víctimas y en el 78% fueron hombres.

Con respecto al año 2004, se observa una disminución de los homicidios de docentes sindicalizados y no sindicalizados. Con respecto a los primeros, la disminución fue de 43%, mientras que en el caso de los docentes no sindicalizados, la disminución fue de 20%. Durante 2005, el departamento de Valle registra el mayor número de víctimas, al concentrar el 16% del total de las mismas. Antioquia y Córdoba concentraron el 24% de los homicidios (12% cada uno) y Caldas y Nariño el 14%. Siguiendo esta tendencia, el sindicato más afectado fue el Sindicato Único de Trabajadores del Valle (Sutev) con 5 víctimas, seguido de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor) con 6 victimas y el sindicato de Educadores de Caldas (Educal) con 3.

10 Entre el año 2000 y 2003, no se tienen registros de homicidios de docentes no sindicalizados, es sólo a partir del 2004 que se empieza a hacer un registro de los homicidios de docentes que no están afiliados a ningún sindicato.

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Situación de los derechos humanos de las autoridades locales

19

7

12 9

15

7

0 5 10 15 20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Homicidios de alcaldes y ex alcaldes

2000-2005

Homicidios

Fuente: Federación Colombiana de Municipios

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República

De acuerdo con las cifras brindadas por la Federación Colombiana de Municipios durante el año 2000 fueron asesinados 19 alcaldes y ex-alcaldes, para el año 2001 se registraron 7 homicidios, 12 en el 2002, 9 en el 2003, 15 para el año 2004 y se redujo la cifra a 7 durante el año 2005.

A pesar de las variaciones registradas en el periodo analizado, se observa una tendencia a la baja, en especial entre el año 2004 y 2005 donde la disminución registrada corresponde a un 53%. Con respecto a la variación del número de homicidios de alcaldes y ex-alcaldes en los últimos dos años, para 2004 acaecieron 4 asesinatos de alcaldes y 11 de ex-alcaldes, ambos registros disminuyeron en 2005, al pasar a 1 homicidio de alcalde y 6 de ex-alcaldes. Ante lo anterior, llama la atención el número significativo de ex-alcaldes asesinados. Ello se explica por el hecho de que una vez que éstos terminan su periodo, se vuelven más vulnerable a las acciones de los grupos armados irregulares, en la medida en que muy a menudo éstos les tienen reclamos sobre su gestión, en su afán por intentar influir en la gobernabilidad local. Además, la mayoría de ellos, mientras en el cargo, son beneficiarios del Programa de Protección adelantado por el Ministerio del Interior y Justicia, a través del otorgamiento de diversos esquemas de protección.

Para los años 2004 y 2005, los departamentos más afectados fueron Valle y Norte de Santander, con 3 asesinatos cada uno. En Norte de Santander, se presentaron los crímenes de dos ex-alcaldes de Abrego, Luis Eduardo Casadiego Vergel y Silvio Vergel Arévalo y del ex-alcalde de Tibú, David

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Jaimes, todos ellos acaecidos durante el año 2004. Con respecto al departamento del Valle, se registró en el 2004 el homicidio de Ovidio Arturo Marín Cuevas, ex-alcalde de Restrepo y en el año 2005 los homicidios de Abraham Betancur Mejia y Hernán Duque Henao, el primero, ex-alcalde de Riofrio y el segundo, ex-alcalde de Caicedonia. Los demás homicidios de ex- alcaldes durante el año 2005 ocurrieron en María La Baja (Bolívar), Sitio Nuevo (Magdalena), Hobo (Huila) y San Luis (Tolima). El alcalde asesinado corresponde a Jaime Heriberto Castro Toro, de Génova (Quindío).

Por otra parte, de acuerdo con cifras entregadas por Fondelibertad en materia de secuestro, en el año 2004 se presentaron 4 plagios de alcaldes y 3 de ex-alcaldes, en contraste con el año 2005, año en el que se registró 1 secuestro correspondiente al alcalde encargado de Alto Baudó en Chocó, Eligio Caisamo Isarama, por presuntos miembros del ELN, ocurrido el 26 de enero, quien posteriormente fue liberado.

En materia de amenazas a mandatarios locales, la Federación Colombiana de Municipios registró para el año 2005, 21 alcaldes amenazados, de los cuáles 4 se presentaron en el departamento de Bolívar, siendo este departamento el más afectado, seguido de Nariño y Meta, con 3 casos cada uno y el departamento del Atlántico con 2, que corresponden a amenazas realizadas en dos ocasiones contra el alcalde de Baranoa, Carlos Zambrano, quien en la segunda ocasión fue amenazado presuntamente por las AUC.

Entre los presuntos autores de las amenazas, se encuentran 8 casos que ubican a las Farc como presunto responsable, 1 se imputa a las AUC y 12 no tiene un autor identificado.

Respecto de la situación de los concejales, de acuerdo con información de la Federación Nacional de Concejos (Fenacon) y la Policía Nacional, en los últimos seis años han sido asesinados 226 concejales, siendo los años más críticos 2002 con 80 homicidios y 2003 con 75, y que están relacionados con periodos electorales. En 2004, se registra un notable descenso (76%) en el número de homicidios con respecto al 2003, al ser asesinados 18 concejales. A pesar de esta disminución, en 2005 nuevamente se presenta un incremento de 44% en el número de homicidios con respecto a 2004, con el asesinato de 26 concejales.

Sin lugar a dudas, Caquetá fue el departamento más afectado durante 2005, al registrarse 10 homicidios, es decir, el 38% del total de homicidios de concejales registrados en el país. Le sigue Valle, donde fueron asesinados 4 concejales, La Guajira, donde fueron perpetrados 3 homicidios, en Cauca 2, Sucre, Antioquia, Caldas, Huila, Tolima, Atlántico y Santander, departamentos donde ocurrió el homicidio de un concejal, respectivamente.

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17 10

80 75

18

26

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Homicidio de Concejales 2000 - 2005

Fuente: Policía Nacional - Centro de Investigaciones Criminológicas y FENACON

El municipio de Puerto Rico, Caquetá, fue el más afectado del país por el homicidio de concejales puesto que fueron asesinados 6 concejales de este municipio, durante 2005. En el mes de febrero, desconocidos asesinaron a un concejal y en abril, las Farc dieron muerte a otro. Adicionalmente, durante el mes de mayo, en un atentado a la sede del concejo perpetrado por este grupo armado ilegal, murieron 4 concejales y también resultaron muertos el secretario del concejo y un Policía, así como otros concejales heridos. Así mismo, en San Vicente del Caguán, las Farc asesinaron dos concejales, uno en el mes de marzo y otro en abril y El Paujil, integrantes de esa agrupación perpetraron el homicidio de un concejal en agosto y otro en diciembre.

Además, se debe destacar que los concejales del departamento del Caquetá no sólo han sido afectados por los homicidios, sino también por las amenazas proferidas por la Columna Teófilo Forero de las Farc, en especial contra los concejales de El Doncello, quienes se vieron obligados a salir del municipio.

En Valle, desconocidos perpetraron el homicidio de un concejal de Buga en el mes de febrero, en el mes de mayo las Farc asesinaron a un concejal de Trujillo y en el mismo mes, la delincuencia común fue responsable de la muerte de un concejal del municipio de El Dovio. Por último, en el mes de diciembre, desconocidos asesinaron a otro concejal de Trujillo. En La Guajira, desconocidos cometieron el homicidio de un concejal de Fonseca en enero, en marzo las autodefensas fueron responsables del asesinato de un concejal en Riohacha y en octubre desconocidos asesinaron a un concejal en la misma ciudad; esto sólo para relatar algunos de los hechos perpetrados contra concejales.

(22)

Adicionalmente, fueron asesinados cinco ex-concejales en Cajibío (Cauca), uno en Guamal (Magdalena), otro en Campoalegre (Huila) a manos de las Farc, uno en Villavicencio (Meta) y finalmente, uno en Salamina (Magdalena) por parte de las autodefensas.

En cuanto a secuestros, según datos suministrados por Fondelibertad, en 2005 fueron secuestrados tres concejales, uno el 6 de junio en Lebrija (Santander) por parte de las autodefensas ilegales, liberado al día siguiente, otro el 28 de agosto en San Juan Nepomuceno (Bolívar) por parte de las Farc, quienes lo liberaron 3 meses después y el último, el 1 de septiembre en Mesetas (Meta), por parte de las Farc, quienes lo liberaron horas después.

Con respecto a desplazamiento forzado, de acuerdo con Fenacon, en el 2005 se registró el desplazamiento de 107 concejales debido a las constantes amenazas por parte de los grupos armados ilegales. El departamento más afectado por este fenómeno fue Caquetá, que registró 44 casos, seguido por Huila con 31 y Arauca con 13.

Por último, el Programa Presidencial de DH y DIH ha recibido denuncias sobre casos de amenazas, las cuales han sido remitidas al Ministerio del Interior con el fin de estudiar los casos en el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (Crer) a Alcaldes, Concejales, Personeros y Diputados para brindarles las medidas de seguridad respectivas. Las denuncias reportadas han sido de un concejal en Barbosa (Antioquia), dos de Yopal (Casanare), uno de Villanueva (Huila), otro del Tarra (Norte de Santander), uno de La Guajira, de Quipile (Cundinamarca) y de La Cumbre (Valle).

Situación de los derechos humanos de los periodistas

9

11

7

3 2

0 2 4 6 8 10 12

2001 2002 2003 2004 2005

Homicidios de periodistas 2001-2005

Homicidios

Fuente: Fundación para la Libertad de Prensa (Flip)

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República

(23)

De acuerdo con datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), durante el año 2001 fueron asesinados 9 periodistas, 11 en el 2002, en 2003 se registraron 7 homicidios, en 2004 la cifra se redujo a 3 y durante el año 2005 la tendencia a la baja se mantuvo al registrarse 2 homicidios de periodistas a razón de su oficio. A partir del año 2002, se ha venido registrando un comportamiento descendente y comparativamente entre los años 2004 y 2005, los homicidios se redujeron en un 33%.

Durante 2005 se registraron los homicidios de Julio Hernando Palacio Sánchez, periodista de Radio Lemas, en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) y de Rafael Enrique Prins, Presidente del periódico Apocalipsis, en el municipio de Magangue (Bolívar).

Si bien, durante 2005 disminuyeron los homicidios contra periodistas, se registró un incremento en otros tipos de vulneraciones a los derechos humanos, específicamente en materia de amenazas. Es así como mientras en 2004 se registraron 39 casos, durante el año pasado se presentaron 64¹¹, la mayor parte de ellas relacionadas con temas de corrupción y de autodefensas, según indicó la Flip¹².

En cuanto a periodistas amenazados durante el año 2005, se registraron 17 casos de periodistas amenazados, de las cuales los de mayor trascendencia fueron las proferidas el 16 de mayo contra tres directores de medios, Carlos Lozano, Daniel Coronell y Hollman Morris. Ante estos hechos, el Gobierno se comprometió a brindarles protección para que pudieran seguir ejerciendo su labor. Por otra parte, la Fiscalía se comprometió a asumir la investigación dentro de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH. Por último, la Policía organizó un grupo especial de investigación para que apoye la investigación.¹³ Actualmente, Daniel Coronell se encuentra exiliado.

El segundo hecho que generó un fuerte impacto en la opinión pública y en el medio periodístico, fueron las amenazas emitidas contre el periodista y director de noticias de RCN Radio Juan Gossaín el pasado 20 de septiembre.

En la llamada telefónica anónima, las amenazas se hicieron extensivas a los también periodistas Mauricio Vargas, director de la revista “Cambio”, Julio Sánchez Cristo, director de la emisora La W de Caracol Radio, Pedro Luis Mogollón director del diario El Universal en Cartagena y a Jacqueline Rhenals, cronista política del mismo diario.

11 De acuerdo con la FLIP se entiende por amenaza: la intimidación directa con el anuncio o insinuación de la provocación de un mal grave para el periodista o su familia. Las amenazas no coinciden necesariamente con el número de periodistas amenazados. Se contabilizan como amenazas separadas contra un periodista las que provienen de autores diferentes, se originan por temas diferentes o que se hacen en lapsos prolongados. Si se trata de amenazas reiteradas por una misma razón, se toma como una sola violación.

12 Informe mensual de la Flip, diciembre de 2006.

13 Ibidem.

(24)

Esta situación de temor frente a las amenazas y crímenes cometidos contra otros comunicadores sociales, ha llevado a la autocensura de muchos periodistas y medios de comunicación, e inclusive al cierre de medios o al abandono de la profesión¹⁴. En este sentido, si bien son alentadoras las cifras en cuanto a la disminución de los homicidios perpetrados contra periodistas, los registros en materia de amenazas se han venido incrementando en los últimos dos años.

Adicionalmente, en 2005 se presentaron seis hechos relacionados a ataques contra medios de comunicación, los cuales atentan contra la libertad de prensa y la integridad de los periodistas. Es así como el 13 de febrero fue derribada la antena de la emisora de Puerto Asís "Latina Estéreo", el 25 de mayo, esta misma emisora fue víctima de un segundo atentado, al ser incendiadas sus antenas de transmisión, situación que redujo a un 30% su cobertura.

El 20 de febrero, la sede de RCN radio y televisión en Cali, sufrió un atentado con carro bomba frente a las instalaciones de este medio. Días después, mediante un comunicado de prensa el frente Urbano Manuel Cepeda Vargas de Farc, aceptó ser el responsable del ataque, supuestamente porque “RCN había tomado parte en el conflicto a favor del Gobierno y del Ejército”¹⁵.

El miércoles 2 de marzo de 2005 una de las estaciones de transmisión de los canales privados de televisión, RCN y Caracol, fue destruida. El hecho ocurrió en el kilómetro 14 de la carretera que va de Mocoa a Pasto, en el departamento de Putumayo. El atentado dejó sin señal de televisión a estas cadenas en gran parte del departamento de Putumayo. Las autoridades locales atribuyen el hecho a las Farc.¹⁶

El 13 de marzo, fueron derribadas por parte de integrantes del frente 49 de las Farc, las torres de transmisión de la emisora Espléndida Estéreo, quien tiene su sede en la ciudad de Florencia (Caquetá). Ante este evento, de acuerdo con el alcalde del municipio, se decidió implementar un esquema de protección para todos los medios de comunicación en la ciudad¹⁷.

Finalmente, el 15 de agosto desconocidos lanzaron una granada de fragmentación contra la sede del diario "El Informador" de la ciudad de Santa Marta (Magdalena).

14 Ibidem

15 Ibidem.

16 http://www.flip.org.co/Alertas/Ataques_a_medios/2005/ale04_03_05.htm

17 http://www.flip.org.co/Alertas/Ataques_a_medios/2005/ale14_03_05.htm

(25)

Secuestros

De acuerdo con los datos reportados por Fondelibertad, durante el período que se extiende entre 2000 y 2005, los secuestros han presentado una tendencia decreciente, alcanzando en este último año la cifra más baja desde 1996 con 800 plagios. De manera que, al realizar una comparación entre las cifras al comienzo (año 2000) y al final del periodo considerado (año 2005), se encuentra una significativa disminución de 78% en el número de personas secuestradas en el país.

Secuestros 2000- 2005

3582

2921 2885

2122

1440

800 0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: FONDELIBERTAD

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República

Esta reducción se deriva de los esfuerzos realizados por el Gobierno nacional, que a través de distintos programas ha buscado reducir y neutralizar la comisión de este flagelo a nivel nacional. Entre las principales medidas que se han desarrollado, se encuentran la coordinación interinstitucional en campañas de prevención tales como “Vive Colombia, Viaja por ella”, que además de disminuir los secuestros en carreteras, incentivó el turismo; otra de las medidas que se adoptaron fue la implementación del SIIES -Sistema Integrado de Información contra la Extorsión y el Secuestro-, cuyo objetivo consiste en facilitar la sinergia y el trabajo mancomunado entre las instituciones responsables en el tema; así mismo, se observa una mayor concientización de la ciudadanía para reportar el secuestro 24 horas después de ocurridos los hechos.

Sin embargo, no se puede desconocer que los grupos armados al margen de la ley han sustituido gran parte de los recursos que adquirían a través de la comisión de secuestros, con los ingresos provenientes del narcotráfico y