SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del veintiuno de octubre de dos mil dieciseis.

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*160115600007CO*

Exp: 16-011560-0007-CO Res. Nº 2016015310

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del veintiuno de octubre de dos mil dieciseis .

Recurso de amparo promovido por LUIS MANUEL MADRIGAL MENA,

portador de la cédula de identidad número 116620841, a favor de CARLOS ALBERTO MAROTO MUÑOZ, portador de la cédula de identidad número

115180118, contra GMG COMERCIAL COSTA RICA SOCIEDAD

ANÓNIMA.

RESULTANDO:

1.- Por escrito electrónico recibido en la Secretaría de la Sala a la 1:23 horas del 28 de agosto de 2016, el recurrente interpuso recurso de amparo contra GMG Comercial Costa Rica Sociedad Anónima. Manifiesta que el 16 de agosto de 2016, el amparado recibió un mensaje de texto en su teléfono celular, en el cual se le notificó de parte de Grupo Monge la supuesta morosidad de una operación crediticia con esa empresa y se le compelió a realizar el pago respectivo, con el fin de evitar un cobro judicial. Además, se le indicó un número de teléfono y un correo electrónico para poder contactar a los encargados de la cuenta. Ante tal situación, el amparado respondió a los recurridos indicándoles que no tenía ningún tipo de operación o crédito con Grupo Monge, razón por la cual solicitó que no volvieran a

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enviarle mensajes de cobro. Señala que el 22 de agosto de 2016, recibió un nuevo mensaje de cobro dirigido a la señora Josefina Arias. En esa oportunidad, informó que no tenía ninguna relación con la señora Arias y el número de teléfono al cual se enviaban los mensajes no pertenecía a ella. Asimismo el 26 de agosto de 2016, el amparado recibió dos mensajes y tres llamadas telefónicas de empleados de Grupo Monge, para cobrarle una deuda morosa, a lo cual expresó que no es cliente de ese establecimiento ni tiene ningún tipo de relación comercial o deuda. Acota que pese a que, en forma reiterada, el amparado ha señalado a los recurridos que no es cliente de Importadora Monge ni tiene ninguna operación con ellos, persisten los mensajes de texto y llamadas telefónicas para cobrarle una deuda que pertenece a otra persona, lo cual le provoca malestar y perturba su tranquilidad. Considera que los hechos expuestos violentan los derechos fundamentales del amparado. Solicita se declare con lugar el presente recurso.

2.- Por resolución de las 13:49 horas de 29 de agosto de 2016, se solicitó al recurrente las certificaciones de personería jurídica vigentes de las empresas GMG Comercial Costa Rica Sociedad Anónima e Importadora Monge Sociedad Anónima.

3.- Por escrito electrónico recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:37 horas del 30 de agosto de 2016, el recurrente presentó la documentación requerida.

4.- Por resolución de las 10:59 hrs. de 1º de setiembre de 2016, se le dio curso al amparo y se ordenó el traslado a Gastón Monge Chévez, en su condición de Presidente con Representación Judicial y Extrajudicial de la empresa GMG Comercial Costa Rica Sociedad Anónima.

5.- Mediante constancia visible en el expediente electrónico, el Secretario de ésta Sala hizo constar que no aparece que del 1º al 21 de setiembre de 2016, el

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Presidente con Representación Judicial y Extrajudicial de la empresa GMG Comercial Costa Rica Sociedad Anónima haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que le fue solicitado.

6.- En la substanciación del proceso se observaron las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Hernandez Gutierrez; y,

CONSIDERANDO:

I.- ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Tratándose de acciones de

amparo dirigidas contra sujetos privados, como es aquí el caso, la Sala ha sido clara al decir: "Por su excepcional naturaleza, el trámite ordinario de los recursos de amparo contra sujetos de derecho privado exige comenzar por examinar si, en la especie, estamos o no ante alguno de los supuestos que lo hacen admisible, para – posteriormente y en caso afirmativo– dilucidar si es estimable o no" (ver sentencia número 151-97). Establece el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que esta clase de demandas se conceden contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. En el caso bajo examen, considera la Sala que la empresa GMG Servicios Costa Rica Sociedad Anónima podría estar actuando desde una posición de poder, de hecho o de derecho, frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resultarían claramente insuficientes, motivo por el cual se estima que el recurso que nos ocupa sí es admisible, procediendo de inmediato a resolver el fondo del asunto.

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II.- OBJETO DEL RECURSO. Aduce el recurrente que el 16, 22 y 26 todas de agosto de 2016, el amparado recibió mensajes de texto, por parte del Grupo Monge, advirtiéndole de la morosidad de una operación crediticia y compeliéndole a realizar el pago respectivo, con el fin de evitar un cobro judicial. Ante tal situación, en todas las fechas indicadas, el amparado ha respondido a los recurridos que no tiene ningún tipo de operación o crédito con Grupo Monge, ni relación con la persona morosa, por lo que solicita que no le vuelvan a enviar mensajes de cobro, no obstante, los mensajes de texto y llamadas telefónicas han persistido, lo que violenta su derecho a la intimidad.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) El amparado es abonado del servicio de telefonía celular de Kolbi, donde tiene asignado el número 8864-3120 (los autos). 2) El 16 de agosto de 2016, la sociedad recurrida remitió un mensaje de texto al amparado apercibiéndole que “(…) abone una cuota hoy, evitese tramites (sic) judiciales (…)” (los autos). 3) El 16 de agosto de 2016, el amparado respondió ese mensaje indicando “(…) este número no pertenece a ningún cliente de Grupo Monge. Agradecería dejar de recibir (sic) estos mensajes (…)” (los autos). 4) El 22 de agosto de 2016, el amparado recibió un nuevo mensaje de la recurrida que indicaba “(…) Josefina Arias Grupo Monge le solicita abone una cuota el día de hoy. Evite problemas judiciales, llame 4031-4400 (...)" (los autos). 5) El 22 de agosto de 2016, el amparado contestó ese mensaje indicando “(…) Este número NO pertenece a Ninguna Josefina Arias (…)” (los autos). 6) El 25 de agosto de 2016, el amparado recibió dos nuevos mensajes del número 4031-4400, que indicaban “(…) GMG Cobro// Cliente de Grupo Monge, necesitamos que abone una cuota hoy, evitese (sic) tramites judiciales (…)” (los autos). 7) El 25 de agosto de 2016, el amparado respondió ese

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mensaje manifestando, lo siguiente: “(…) este número no pertenece a ningún cliente de Grupo Monge. Agradecería dejar de recibir estos mensajes (...)” (los autos). 8) El 13 de septiembre de 2016, se notificó el curso al recurrido (los autos).

IV.- HECHOS NO PROBADOS. Se estima no demostrado, el siguiente de relevancia: Único.- Que el amparado tenga relación comercial alguna con Grupo Monge o que se encuentre moroso en sus obligaciones con ese grupo (los autos).

V.- SOBRE LAS LLAMADAS ACOSADORAS. En lo que atañe a las llamadas efectuadas para realizar el cobro del adeudo generado, esta Sala dictó la resolución N° 2012-008480 de las 11:42 horas del 22 de junio de 2012, y precisó que, únicamente, serán admisibles los recursos de amparo en los que se reclame el acoso por el cobro de deudas, cuando la parte amparada no sea la deudora directa de la obligación: " (...) III.- Sobre el fondo. En los votos números 2012-006051 de las nueve horas cinco minutos del once de mayo de dos mil doce y 2012-000199 de las catorce horas cincuenta minutos del once de enero de dos mil doce, esta sala estableció que la tutela al derecho de intimidad de una persona a la que se le realizaban llamadas para cobrar una deuda de la que no era codeudora ni fiadora, era amparable desde el punto de vista constitucional; empero, cuando se trataba de llamadas al propio deudor, establecer si las llamadas y correos de una institución accionada para el cobro de una deuda, constituyen o no acoso, excedía la naturaleza sumaria del amparo. Asimismo, indicó que el artículo 35 del Decreto Ejecutivo número 35867-MEIC Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito preveía el procedimiento para la atención de denuncias contra el denominado acoso telefónico. Por el contrario, en las sentencias números 2012-002000 de las diez horas cinco minutos del diecisiete de febrero de dos mil doce y 2011-010348de las once horas y cuarenta y uno minutos del cinco de agosto del dos mil once, este Tribunal señaló que también en los casos en que el objeto del acoso era el deudor

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directo, se podía proceder a valorar si el exceso de llamadas cobratorias perturbaba de manera irrazonable a una persona por lo que se debía declarar un amparo con lugar. A fin de unificar criterios y brindar certeza jurídica sobre esta situación, este Tribunal resuelve que cuando la persona requerida para cancelar una deuda sea el deudor directo, no le corresponde a la jurisdicción constitucional determinar si las llamadas llevadas a cabo por la institución accionada para el cobro de la deuda en cuestión constituyen o no acoso, pues ello implica un análisis que excede la naturaleza sumaria del amparo. Adviértase que el Decreto Ejecutivo número 35867-MEIC Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito prevé el procedimiento para la atención de denuncias contra prácticas como la cuestionada por el recurrente, de ahí que este deba plantear su disconformidad ante las instancias correspondientes o, eventualmente, en la jurisdicción ordinaria (...)".

VI.- CONSECUENCIAS DE OMITIR RENDIR EL INFORME

SOLICITADO POR LA SALA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo

45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional si la contestación requeridos a la sociedad recurrida, no es presentada dentro del plazo conferido a tal efecto, se tendrán por ciertos los hechos, y se entrará a resolver el amparo sin más trámite. Si bien esta norma está prevista para los casos de amparos contra sujetos de derecho público, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 de la misma ley, dicha disposición resulta aplicable al presente caso. En el caso bajo estudio se encuentra plena e idóneamente acreditado que el 16 de agosto de 2016, la sociedad recurrida remitió mensajes de texto al amparado requiriéndole que “(…) abone una cuota hoy, (…)”. También, se constató que pese a que ese mismo día, el amparado respondió ese mensaje de texto indicando “(…) este número no pertenece a ningún cliente de Grupo Monge. Agradecería dejar de recibir (sic) estos mensajes (…)”, el 25 de agosto de 2016, nuevamente, recibió dos nuevos mensajes del número

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4031-4400, en el mismo sentido (los autos). Lo anterior, pese a que no consta idónea y plenamente demostrado que el amparado tenga relación comercial alguna con Grupo Monge o que se encuentre moroso en el pago de esas obligaciones con ese grupo (los autos). Aunado a lo anterior, se demostró que el 22 de agosto de 2016, el amparado recibió un nuevo mensaje de la recurrida reclamando el pago de una deuda ajena (los autos). Igualmente, se verificó que ese mismo día, y con ocasión de ese mensaje expresó que “(…) Este número NO pertenece a Ninguna Josefina Arias (…)” (los autos). En consecuencia, de conformidad con las razones expuestas, se impone estimar el recurso.

VII.- CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone acoger el recurso conforme se detalla en la parte dispositiva de esta sentencia.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se

previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

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Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Gastón Monge Chévez, en su condición de Presidente y Representante Legal de GMG Servicios Costa Rica Sociedad Anónima, adoptar las medidas necesarias para que su representada se abstenga de incurrir en las conductas que ocasionaron la declaratoria con lugar de este recurso. Se le advierte a Gastón Monge Chévez, o a quien ocupe el cargo, que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta Jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la empresa GMG Servicios Costa Rica Sociedad Anónima al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en la vía civil. Notifíquese esta resolución a Gastón Monge Chévez, en su condición de Presidente y Representante Legal de GMG Servicios Costa Rica Sociedad Anónima, en forma personal.

Fernando Cruz C. Presidente a.i

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Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.

Jose Paulino Hernández G. Alicia Salas T.

Documento Firmado Digitalmente Código verificador

--*1G730RRKJVS61* 1G730RRKJVS61

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