RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

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Recurso nº 1276/2020 C. Valenciana 311/2020 Resolución nº 99 /2021

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

En Madrid, a 5 de febrero de 2021.

VISTO el recurso interpuesto por D. B.G.C., en representación de CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A., contra el Acuerdo de adjudicación de 21 de octubre de 2020, decretado en la licitación convocada por l a Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana para contratar “el servicio de recogida, tratamiento y

gestión de residuos no peligrosos que se generan en las instalaciones del Hospital

Marina Baixa de Villajoyosa (Alicante)”, expediente nº 178/2020; este Tribunal, en sesión

del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El expediente de contratación nº 178/2020 cuyo objeto consiste en la contratación del “servicio de recogida, tratamiento y gestión de los residuos no peligrosos

que se generan en las instalaciones del Hospital Marina Baixa de Villajoyosa” fue iniciado

por acuerdo del Órgano de Contratación de fecha 5 de mayo de 2020. Aprobado el expediente y los pliegos por el órgano de contratación y siendo el procedimiento de adjudicación el abierto, se procedió a su anuncio y publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público el día 10 de julio de 2020. El valor estimado del contrato se determinó por 240.000 € (IVA excluido) y el plazo máximo para la presentación de ofertas quedó señalado hasta las 14:00 horas del día 12 de agosto de 2020.

Segundo. Dentro del plazo señalado, la certificación expedida por la Plataforma acredita la formalización de las siguientes ofertas hechas por las licitadoras:

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- CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A. y

- CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U.

Tercero. Tras las reuniones pertinentes de la mesa de contratación y admitidas las tres empresas concurrentes, una vez abierta la documentación administrativa, se procedió a la apertura de los archivos electrónicos con los criterios subjetivos que fueron enviados al técnico para su evaluación. Convocada la mesa para la aprobación del informe técnico y aprobado por unanimidad de sus miembros, se acordó la apertura de los archivos con los criterios objetivos, resultando así las ofertas económicas de las licitadoras:

ORDEN EMPRESA BASE IMPONIBLE IVA TOTAL

1 CESPA 160.317,36 € 16.031,74 € 176.349,10 €

2 CONTENEDORES

REUNIDOS 162.000,00 € 16.200,00 € 178.200,00 €

3 J.LERMA 147.000,99 € 14.700,00 € 161.700,00 €

Cuarto. Tras la integración de las puntuaciones obtenidas en los criterios sujetos a juicios de valor con los propios de las ofertas económicas, la mesa de contratación en la sesión

celebrada el día 9 de septiembre de 2020, acordó la siguiente clasificación de las

empresas a los efectos del artículo 150.1 de la LCSP:

EMPRESAS PUNTUACIÓN

CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A. 91,69

CONTENEDORES REUNIDOS, S.L.U. 90,74

JOAQUIN LERMA, S.A. 100

En consecuencia, la mesa declaró como mejor oferta, la presentada por JOAQUIN

LERMA, S.A. por un importe de 147.000 € (IVA excluido) y por unanimidad de sus miembros acordó elevar dicha propuesta de adjudicación al órgano de contratación.

Quinto. El Departamento de Salud de la Marina Baixa de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública adjudicó el contrato de “servicios de r ecogida, tratamiento y

gestión de residuos no peligrosos que se generan en las instalaciones del Hospital

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con fecha 20 de octubre de 2020. Procedió a la notificación a la adjudicataria y a la publicación de la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30 de octubre del presente.

Sexto. Disconforme con la adjudicación, por parte de la licitadora situada en segundo

lugar, el representante de CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A., con fecha 19 de

noviembre del presente y mediante su presentación en el registro electrónico del

Ministerio de Hacienda ha formalizado recurso especial en materia de contratación

administrativa contra el referido acuerdo de adjudicación, instando la exclusión de la adjudicataria de la licitación anunciada por carecer de la autorización administrativa precisa, para el ejercicio de la actividad. Del mismo modo, solicita que se mantenga la suspensión del procedimiento, en tanto no se resuelva esta impugnación.

Séptimo. En la tramitación de este recurso, se han observado todos los trámites legal y reglamentariamente establecidos, esto es, lo prescrito por la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP) y por el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se prueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en adelante, RPERMC).

Octavo. La Secretaría del Tribunal en fecha 30 de noviembre dio traslado del recurso interpuesto a los restantes licitadores, otorgándoles un plazo común de cinco días hábiles para que, si lo estimaran oportuno, formulasen alegaciones. En fecha 7 de diciembre de 2020, la representación de la adjudicataria, JOAQUIN LERMA, S.A., presenta sus alegaciones instando expresamente la desestimación del recurso y aportando la documentación acreditativa de estar en posesión de las autorizaciones administrativas exigibles para el tratamiento y gestión de los residuos no sanitarios licitados.

Noveno. Interpuesto el recurso, la Secretaria del Tribunal por delegación de este, dictó resolución de 9 de diciembre de 2020 acordando mantener la suspensión del expediente

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LCSP, de forma que, según lo establecido en el artículo 57.3 del texto citado, será la resolución del recurso la que acuerde el levantamiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para conocer de este recurso corresponde a este Tribunal de

conformidad con el apartado cuarto del artículo 46 de la LCSP y en el marco del

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Valencia suscrito el 22 de marzo de 2013, que atribuye las competencias para entender de este tipo de recursos contractuales, (BOE de fecha

17/04/2013), prorrogado mediante Acuerdo de fecha 25 de febrero de 2016 (BOE de

fecha 21/03/2016) y nuevamente prorrogado mediante Acuerdo de fecha 16 de abril de 2019 (BOE de fecha 22/05/2019).

Segundo. La recurrente, CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A., concurrente al procedimiento abierto de licitación, goza de legitimación para sostener sus pretensiones de nulidad del acto de adjudicación de conformidad con el artículo 48 de la LCSP.

Tercero. La actuación impugnada se refiere a un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada que supera el umbral del valor estimado del contrato fijado en el artículo 44.1, a) de la LCSP, es decir, superior a 100.000 € y además el acto recurrido, la adjudicación del contrato, es uno de los previstos para el recurso especial en el artículo 44.2, c) del mismo cuerpo legal.

Cuarto. El recurso se ha interpuesto dentro del plazo legal concedido de quince días hábiles, cumpliendo así las prescripciones formales del artículo 50 de la LCSP, por otro lado, se han dado cumplimiento a las demás exigencias procedimentales, por lo que procede su admisión.

Quinto. Funda la empresa recurrente su impugnación y, por ende, insta la declaración de nulidad de la adjudicación en la falta de autorización del adjudicatario, - JOAQUIN LERMA, S.A. –, para llevar a cabo las prestaciones objeto del contrato y centra así sus alegaciones:

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1. En la tipología de residuos objeto del presente contrato: en esa tipología, la defensa de la recurrente centra sus alegaciones en la puesta de manifiesto de que el adjudicatario, la empresa JOAQUIN LERMA, S.A., no dispone de autorización para poder llevar a cabo las prestaciones objeto del contrato, de acuerdo con la tipología de residuos a tratar. Y así manifiesta que: “En efecto, según se desprende del Anexo 1 del PCAP, el objeto del

presente contrato es la recogida, tratamiento y gestión de residuos no peligrosos del

Grupo I y II del Hospital Marina Baixa de Villajoyosa.

En este sentido, tal como estipula la cláusula 1 del PPT, los residuos objeto de contrato son los siguientes:

- Grupo I: Residuos Sólidos Urbanos.

- Grupo II: Residuos Sanitarios no Específicos (asimilables a Urbanos).

Asimismo, a los efectos de la prestación del presente contrato, como no podía ser de otra forma, el PPT – en su cláusula 1- establecía que:

“La empresa adjudicataria deberá tener autorización como operador de los mencionados residuos para almacenar, transportar, tratar, valorizar y/o eliminar dichos residuos”.

Descritos los dos grupos de residuos a tratar, la defensa de la impugnante además

advierte que: “(…) la cláusula 2 del PPT estipulaba textualmente que como medios adscritos al contrato debían figurar los siguientes:

<<Instalaciones debidamente autorizadas para la correcta gestión de los residuos no peligrosos>>

En este sentido, debemos poner de manifiesto que los residuos del Grupo I (objeto de contrato), se corresponden a los residuos con los residuos con código LER 20 03 01. En prueba de ello, véase cómo viene definido este código LER, en el Listado Europeo de Residuos (Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE nº 43 de 19 de febrero de 2002 y corrección de errores BOE nº 61 de 12 de marzo de 2002):

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<<Código LER 20 03 01: Mezclas de residuos municipales>>”.

Pues bien, en opinión de la recurrente, estima que los residuos de Grupo I (Residuos Sólidos Urbanos) – que forman parte del objeto del presente contrato – se corresponden exactamente, en su calificación, a la descripción otorgada por el Listado Europeo de Residuos al Código LER 20 03 01 (mezcla de residuos municipales).

Del mismo modo, cita la propia Ley 10/2000 de residuos de la Comunidad Valenciana, en la que se indica que se consideran:

“e) Residuos urbanos o municipales: Son residuos urbanos o municipales: 1.º Los

generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios. 2.º Todos

aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o

composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.

Tendrán esta consideración, entre otros, los siguientes residuos: Los residuos del grupo I

y II generados en las actividades sanitarias y hospitalarias, según lo regulado en el

Decreto 240/1994, de 22 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprobó el Reglamento Regulador de la Gestión de Residuos Sanitarios”.

En consideración de la impugnante, no cabe duda que los residuos del Grupo I

procedentes de los Hospitales y centros sanitarios se corresponden con los residuos con Código LER 20 03 01.

Por todo ello, a su juicio, en base al pliego, era evidente que los licitadores debían de disponer de una autorización para poder almacenar, tratar y/o gestionar residuos con Código LER 20 03 01.

2. Su segunda alegación se centra en el análisis de la propuesta de gestión de residuos realizada por JOAQUIN LERMA, S.A., el adjudicatario del contrato.

A tal efecto, esgrime que ya que ha quedado clarificado qué tipo de residuos forman parte

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momento ahora de analizar el contenido de la propuesta realizada por JOAQUIN LERMA, S.A.

Del análisis de la oferta de JOAQUIN LERMA, S.A., la recurrente subraya y pone su énfasis en la siguiente información:

“- Apartado 3 DETALLES DEL SERVICIO: En la página 23 de la oferta técnica dice en el

párrafo 5: “Para la correcta gestión, tratamiento y valorización de los residuos, se

trasladarán los compactadores y contenedor a la planta de valorización y transferencia autorizada de Joaquín Lerma. "…" El destino final, tras el proceso de gestión de RNP, descrito de forma detallada en el apartado 4.2 será el transporte a reciclador autorizado correspondiente o TMA Novelda.”

- Apartado 4.2 d) PROYECTO INNOVADOR EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

NO PELIGROSOS en el tercer párrafo: “El proceso consta de varias fases: recepción, pesaje, descarga, selección-separación-triaje, prensado- embalado, acopio de materiales, y transporte de cada fracción valorizable o vertido a su destino final vertedero TMA de Novelda.”

- Pág. 32 del documento párrafo 3: “El destino final, de los residuos retirados objeto del contrato, tras el proceso innovador de gestión de RNP, será el transporte al reciclador autorizado correspondiente de cada tipo de residuo a la planta autorizada final.”

A juicio de la recurrente, “(…) atendiendo al contenido de la oferta de JOAQUIN LERMA,

S.A., es evidente cuál era el proceso que proponían hacer con todos los residuos del Hospital:

1. Transporte hasta la planta de Rótova de JOAQUIN LERMA, S.A.

2. Triaje, clasificación y separación en dicha Planta.

3. Transporte de subproductos a gestor autorizado o a vertedero la fracción no

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Y concluye: “En efecto, atendiendo a lo anterior, queda patente que el destino de los residuos del Hospital era su propia planta de Rótova donde se llevaría a cabo el proceso innovador de gestión de Residuos No Peligrosos”.

3. La tercera alegación de CESPA se centra en el análisis de la autorización de la

instalación que dispone JOAQUIN LERMA, S.A., en Rótova.

A la vista que según la oferta presentada por JOAQUIN LERMA, S.A., los residuos objeto del presente contrato iban a ser enviados, en primer lugar, a su planta de Rótova, la defensa de la recurrente pasa a analizar si la citada planta dispone de autorización para poder almacenar, gestionar o tratar los residuos objeto de contrato.

A juicio de CESPA, examinada la autorización que dispone dicha instalación, considera que la misma no está autorizada para almacenar, gestionar ni tratar residuos con Código LER 20 03 01 (Grupo I), los cuales insiste que ha quedado acreditado que son parte de los residuos objeto del presente contrato.

Afirma al respecto que: “En prueba de ello, se adjunta como DOCUMENTO Nº 2 la

autorización otorgada por la Generalitat Valenciana a la instalación de Rótova de

JOAQUIN LERMA, S.A. en donde puede constatarse que en dicha instalación no se

pueden depositar ni pueden entrar residuos con Código LER 20 03 01.

Todo ello nos lleva a concluir que la adjudicataria no tiene ni la capacidad ni la

habilitación legal para poder llevar a cabo el objeto del presente contrato. Asimismo, lo anterior acredita que JOAQUIN LERMA, S.A. tampoco ha puesto a disposición los medios adscritos requeridos por el Pliego (instalaciones debidamente autorizadas para la correcta gestión de los residuos no peligrosos).

Adicionalmente, es importante manifestar que es evidente que JOAQUIN LERMA, S.A. está proponiendo una gestión de residuos que no está permitida, por cuanto en su oferta dice que dichos residuos entrarán, en primera instancia, en sus instalaciones, cuando las mismas no están autorizadas para recepcionar parte de los residuos objeto del presente contrato.

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Consecuencia de lo anterior, procede, sin ningún género de dudas, la exclusión de dicho licitador, por no dar cumplimiento a los requerimientos del Pliego”.

4. También, la recurrente analiza el proceso de triaje para los residuos del Grupo II propuesto por la adjudicataria y que, en su opinión, no está permitido por la normativa valenciana.

El representante de CESPA aclara que “Con independencia de lo anterior, que ya de por

sí, es motivo directo de exclusión, lo cierto es que, adicionalmente, se debe poner de manifiesto que en la Comunidad Valenciana no está permitido realizar la operación de triaje para los residuos del Grupo II.

Ello viene así reflejado en Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se

aprueba la revisión del Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana.

Concretamente, el artículo 32.b) del citado Decreto dispone lo siguiente:

“Se determinan las siguientes prescripciones técnicas para la mejora de la gestión de los

residuos sanitarios:

a) Se realizará una gestión separada de los residuos del grupo I y II (intracentro y

extracentro). A este respecto, por tanto, los residuos sanitarios del grupo I deberán

transportarse extracentro hasta el gestor final de forma s eparativa de los residuos

sanitarios del grupo II.

b) La gestión extracentro de los residuos del grupo II como residuos asimilables a

domésticos, no podrán ser sometidos a procesos de triaje en planta TMB, sino

únicamente destinados a valorización energética o eliminación en vertedero”.

Es momento ahora de recordar que JOAQUIN LERMA, S.A. dispuso en el Apartado 4.2

d) PROYECTO INNOVADOR EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO

PELIGROSOS en el tercer párrafo que: <<El proceso consta de varias fases: recepción, pesaje, descarga, selección-separación-triaje, prensado-embalado, acopio de materiales, y transporte de cada fracción valorizable o vertido a su destino final vertedero TMA de Novelda>>.

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Por tanto, a la vista de ello, es evidente que la propuesta de JOAQUIN LERMA, S.A. estaría incumpliendo frontalmente una obligación legal contemplada en la normativa vigente, como es la prohibición de realizar triaje para los residuos del Grupo II. Ello, sin lugar a dudas, supone otro motivo de exclusión”.

En conclusión, la recurrente suplica la estimación del recurso con la pretensión de que se proceda a la anulación de la adjudicación y a la exclusión de la oferta presentada por la adjudicataria y, en consecuencia, se proceda a la adjudicación del presente contrato a su favor, al ser la siguiente licitadora en la clasificación de ofertas.

Subsidiariamente, pide al Tribunal, para el supuesto que no se considere acreditado que

la planta de JOAQUIN LERMA, S.A. no está autorizada para recibir los residuos del

Grupo I - objeto del presente contrato –, interesa a esta parte se acuerde, como medio de

prueba, que se libre oficio a la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunidad

Valenciana, solicitando a dicha Administración proceda a dar contestación sobre si, efectivamente, la planta de JOAQUIN LERMA, S.A., situada en Rótova, se encuentra autorizada para recibir los residuos del Grupo I que forman parte del objeto del presente contrato.

Adicionalmente, también interesa, como medio de prueba, que se libre oficio a la

Conselleria de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana a los efectos que se

pronuncie sobre si la gestión de residuos propuesta por JOAQUIN LERMA, S.A., ­ consistente en la realización de triaje de los residuos del Grupo II - cumpliría la normativa medioambiental vigente de la Comunidad Valenciana.

Sexto. Por su parte, el órgano de contratación en el informe emitido el 25 de noviembre de 2020 y suscrito por la Gerente del Departamento de Salud de la Marina Baixa viene a

oponerse a las pretensiones anulatorias de la recurrente, considerando que la

adjudicataria goza de las autorizaciones preceptivas para el tratamiento y gestión de los dos tipos de residuos, tanto del Grupo I como del Grupo II.

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De esta forma expresa literalmente que: “La empresa JOAQUÍN LERMA, S.A. presenta

en el proceso de licitación los certificados oportunos que acreditan su capacidad para la realización objeto del presente contrato.

<<Instalaciones debidamente autorizadas para la correcta gestión de los residuos no peligrosos>>.

La empresa JOAQUÍN LERMA, S.A. presenta en el proceso de licitación la autorización de sus instalaciones para poder efectuar operaciones de tratamiento de residuos no peligrosos para la realización objeto del presente contrato”.

El órgano de contratación destaca en su informe que el referido expediente se ha tramitado mediante un procedimiento abierto al que puede concurrir cualquier licitador, debidamente capacitado y acreditado para la realización del objeto del contrato, todo ello en aras de la defensa del interés público y salvaguardar la competencia que exige la ley.

Séptimo. Expuestas las posiciones de las partes que, en esencia, se centran en si la empresa adjudicataria tiene o no las autorizaciones administrativas para la prestación de las actividades objeto del contrato de servicios licitado, hemos de partir de la propia esencia de las cláusulas de los pliegos, llamadas como auténtica “lex contractus”.

Comenzaremos por el clausulado del cuadro de características, esto es, el Anexo I del PCAP, para destacar qué es lo que ha querido el órgano de contratación y qué requisitos o habilitaciones son necesarias.

- Apartado A) Necesidades a satisfacer con la celebración del contrato:

“El presente contrato de servicios tiene por objeto regular la recogida, el tratamiento y

gestión de residuos no peligrosos que se generan en las instalaciones del Hospital

Marina Baixa.

Se solicita el servicio de retirada de residuos por medio de compactadores, ya que se generan gran cantidad y hay que segregarlos en el grupo I (urbanos) y grupo II (sanitarios

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procedimientos de contratación centralizada acordados por la Comisión de Compras a

tenor de lo establecido en el artículo 12 del Decreto 11/2020, de 24 de marzo, del

Consell, que regula la organización y funciones de la central de compras del ámbito de la sanidad pública valenciana”.

En este mismo apartado A) en lo referente a la definición concreta del objeto del contrato de servicios, literalmente concreta cuanto sigue: “Servicio de recogida, tratamiento y gestión de los residuos no peligrosos que se generan en las instalaciones del Hospital Marina Baixa de Villajoyosa”.

CÓDIGO C.P.V.: 90524400-0 Recogida, transporte y eliminación de desechos

hospitalarios.

- Apartado L, referido a los requisitos de capacidad y de solvencias de las empresas, contiene las siguientes prescripciones:

“HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

O PRESTACIÓN QUE CONSTITUYA EL OBJETO DEL CONTRATO EN CASO DE QUE PROCEDA: No procede”.

“COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS: No”.

Por su parte, en el pliego de prescripciones técnicas (PPT) rector de este contrato, hemos de destacar las siguientes cláusulas:

“- Cláusula 1ª del PPT. Objeto:

“El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es definir y regular las

prescripciones técnicas del Servicio de recogida, transporte, tratamiento y gestión de los residuos no peligrosos que se generan en las instalaciones del Hospital Marina Baixa y que se relacionan a continuación:

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La empresa adjudicataria deberá tener autorización como operador de los mencionados residuos para almacenar, transportar, tratar, valorizar y/o eliminar dichos residuos.

Deberá garantizar la gestión a través de un vertedero autorizado (indicando el nombre y número de autorización del vertedero al que lleva cada uno de los residuos)”.

- Cláusula 2ª del PPT. Medios adscritos al servicio:

- “Personal técnico debidamente cualificado, que disponga de la formación necesaria para la prestación del servicio.

- Instalaciones debidamente autorizadas para la correcta gestión de los residuos no

peligrosos.

- Vehículos compactadores dispuestos de sensor volumétrico de llenado.

(…)”.

- Cláusula 4ª. Obligaciones del adjudicatario.

En lo referente al cumplimiento de normativa, esta cláusula exige que: “La empresa

adjudicataria estará en todo momento en posesión de los permisos y autorizaciones necesarios para prestar el servicio. y cumplir con la normativa en vigor que atañe a la manipulación, transporte, almacenamiento y tratamiento de los residuos sanitarios”.

Pese a la generalidad de las cláusulas expuestas, pues no describen con exactitud qué autorización es la necesaria para la manipulación, transporte, almacenamiento y tratamiento de residuos sanitarios que son objeto de las prestaciones del contrato, hemos de analizar si las autorizaciones ofrecidas por la adjudicataria son o no suficientes para dar garantía en el tratamiento de dichos residuos, máxime cuando los pliegos gozan del carácter de firmes y consentidos por no haber sido recurridos por las empresas del sector, en tiempo y en forma.

Octavo. La cuestión objeto de la controversia se centra en un requisito esencial en materia de contratación del sector público, pues la falta de una autorización o habilitación

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es una condición de aptitud para la validez del contrato, ya que, en su caso, la ausencia de autorización conlleva la falta de capacidad para contratar en ese sector específico. Basta con recordar lo dispuesto en el artículo 65 de la LCSP que establece que:

“1. Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas,

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, estos deberán ser acreditados por el licitador al concurrir en el mismo.

2. Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato”.

Para centrar la cuestión, es preciso referirnos a qué tipo de residuos sanitarios se están refiriendo los pliegos rectores de esta contratación de acuerdo con la normativa europea, nacional y autonómica en vigor para la gestión y el tratamiento de este tipo de residuos.

Por residuos sanitarios se entiende “aquellos residuos generados en las actividades

sanitarias de titularidad pública o privada, ya sean asistenciales, preventivas, de

investigación, docencia o laboratorio, que hayan entrado en contacto directo o indirecto con pacientes” (Ley 10/2000, de 12 de diciembre y artículo 3.1 del Decreto 240/1994, de

22 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento

Regulador de la Gestión de los Residuos Sanitarios (DOGV 2.401, de 5 de diciembre de 1994).

La gestión de estos residuos está regulada, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, por el mencionado Decreto 240/1994, de 22 de noviembre (desarrollado por la Orden 14

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cuatro grupos, según su naturaleza, de los distintos tipos de residuos generados en los establecimientos, centros y servicios sanitarios y veterinarios de la Comunitat Valenciana: − Grupo I: Residuos asimilables a los urbanos: son aquellos que no plantean especiales exigencias de gestión (cartón, papel, material de oficinas, cocinas, cafeterías, etc.). − Grupo II: Residuos sanitarios no específicos: son aquellos residuos que, procedentes de pacientes no infecciosos y no incluidos en el grupo III, están sujetos a requerimientos adicionales de gestión intracentro, siendo en su gestión externa asimilables a los del grupo I (material de curas, yesos, textil fungible, ropas, etc.).

- Grupo III: Residuos sanitarios específicos o de riesgo: son aquellos que requieren medidas especiales de gestión tanto intracentro como en el exterior de los centros sanitarios por representar un riesgo para la salud laboral y pública debido a su capacidad de infectar, herir, etc. A su vez los residuos sanitarios del grupo III se subclasifican en: − Residuos sanitarios infecciosos: son los procedentes de pacientes con enfermedades infecciosas transmisibles por agentes patógenos.

− Residuos anatómicos.

- Sangre y hemoderivados en forma líquida, incluyendo los recipientes que los contengan. − Agujas y material punzante y cortante.

− Vacunas vivas y atenuadas.

− Material contaminado procedente de hemodiálisis de portadores crónicos. − Cultivos y material contaminado de laboratorios de microbiología e inmunología. − Restos de animales en centros experimentales y de investigación.

A su vez, y a los efectos de facilitar su gestión, los residuos sanitarios del grupo III se subclasifican en residuos secos y húmedos.

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− Grupo IV: Residuos tipificados en el ámbito de normativas singulares: son aquellos que en su gestión, tanto intracentro como extracentro, están sujetos a requerimientos especiales desde el punto de vista higiénico y medioambiental.

En este grupo se incluyen restos de sustancias químicas, residuos de laboratorios radiológicos, residuos citostáticos, medicamentos caducados, etc.

Así pues, los residuos sanitarios pueden ser clasificados en dos grandes grupos según el riesgo asociado:

− Residuos no de riesgo o inespecíficos. Estos residuos no presentan características especiales de gestión extracentro, por lo que pueden ser tratados como residuos municipales. Incluye a los grupos I y II.

− Residuos de riesgo o específicos. Estos residuos presentan características de peligrosidad que requieren de medidas especiales de gestión extracentro. Comprende a los grupos III y IV.

Por ende, a tenor de esta clasificación de los residuos que constituyen las prestaciones objeto del contrato y de acuerdo con la normativa autonómica vigente nos hallamos ante “residuos no de riesgo o inespecíficos”, asimilables a los residuos urbanos.

Advertidas dichas clasificaciones, hemos de partir de que nos hallamos ante la gestión de residuos sanitarios de los Grupos I y II y, por ende, asimilables a urbanos por lo que de acuerdo con el Decreto 240/1994 de la Generalitat Valenciana se ha de requerir la autorización de gestores de residuos sólidos no peligrosos, mientras que l a calificación y el código LER invocado por la recurrente se trata de gestores autorizados para residuos peligrosos.

La Lista Europea de Residuos (Códigos LER) es una relación de residuos armonizada a nivel europeo. Estos se clasifican mediante códigos de seis cifras para los residuos, y de cuatro y dos cifras para los subcapítulos y capítulos respectivamente. Los capítulos y subcapítulos definen los tipos de actividades que generan los residuos.

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En opinión de la recurrente, se trata de obtener las autorizaciones administrativas para el código LER 20 03 01, esto es, (2003) otros residuos municipales y el (200301) mezclas de residuos municipales.

Pues bien, pese a que los pliegos no han singularizado qué tipo de autorización administrativa es la precisa y teniendo en cuenta que nos hallamos ante la gestión y tratamiento de residuos sanitarios no peligrosos, del Grupo I y II, hemos de analizar si la documentación presentada por la adjudicataria, la empresa JOAQUIN LERMA, S.A., goza de las autorizaciones necesarias. Y así, entre la documentación técnica aportada por la referida empresa y analizada por los técnicos de la unidad responsable del contrato, encontramos:

1. Autorización de transporte de residuos no peligrosos con carácter profesional. Registro: 2536/T02/CV. Esta autorización fue concedida por la Dirección General de Calidad Ambiental con fecha 26 de septiembre de 2012.

2. Autorización de transporte de residuos peligrosos con carácter profesional. Registro: 890/T01/CV, concedida por la Dirección General de Calidad Ambiental, el 12 de mayo de 2014.

3. Autorización de planta de valorización y tratamiento de residuos no peligrosos en Rótova y así hallamos la Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de 28 de mayo de 2014 que literalmente expresa: “Estimar la solicitud presentada y en consecuencia otorgar autorización administrativa a la instalación Ubicada en Polígono Industrial Les Mases, manzana 11, 46725 Rótova, Valencia, UTM (ETRS89, Huso 30): 738354m., 4313278 m., para desarrollar en ella las operaciones de tratamiento de residuos no peligrosos que se indican a continuación, de la cual es titular y explotador la

empresa JOAQUIN LERMA, S.A., provista de N.l.F. A46284436, procediéndose a su

inscripción en el Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de la Comunitat Valenciana con el nº 544N/RNP/CV”:

En este sentido, recordemos que, en el PPT para la adjudicación del servicio de gestión de los residuos no peligrosos en el Hospital Marina Baixa, no se indican ni se especifican

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que Códigos LER corresponden a los residuos del Grupo I y Grupo II, solo se indican que el Grupo I, son Residuos Sólidos Urbanos y Grupo II: Residuos Sanitarios no Específicos (asimilables a los urbanos), por lo que perfectamente y entra dentro de la legalidad que a los residuos del Grupo I, se les pueda aplicar los Códigos LER 200301, 200108, 200201 y 200302, y al Grupo II, el Código LER 180104, y para los cuales está autorizada la empresa JOAQUIN LERMA, S.A con el código LER 200201 y 180104 y, por tanto para la ejecución del presente contrato.

En conclusión, precisada que nos hallamos ante la gestión de residuos sanitarios de los grupos I y II del Decreto autonómico 240/1994 y por ende, no peligrosos y dado que la empresa adjudicataria, JOAQUIN LERMA, S.A., ostenta las autorizaciones preceptivas para el transporte de dichos residuos desde el lugar de su generación hasta la planta de tratamiento en Rótova y además, está inscrita en el registro general de gestores autorizados de residuos de la Comunidad Valenciana, el recurso carece de viabilidad jurídica pues la empresa adjudicataria goza con todas las autorizaciones exigidas en los pliegos. En la referida autorización, entre el listado de códigos CER para la gestión de residuos, la empresa adjudicataria también ostenta el Código 20 03 para otros residuos municipales.

Por consiguiente, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la legalidad de la adjudicación impugnada.

Por todo lo anterior,

VISTOS los preceptos legales de aplicación,

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA:

Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D B.G.C., en representación de CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A., contra el Acuerdo de adjudicación de 21 de octubre de 2020, decretado en la licitación convocada por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana para contratar “el servicio de recogida,

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legalidad de la adjudicación.

Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.3 de la LCSP.

Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 58 de la LCSP.

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1, letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

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