T.S.J.CASTILLA-LEON SALA SOCIAL 1 BURGOS SENTENCIA: 00214/2013 RECURSO DE SUPLICACIÓN

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Roj: STSJ CL 1333/2013 - ECLI:ES:TSJCL:2013:1333 Id Cendoj: 09059340012013100203

Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social Sede: Burgos

Sección: 1

Nº de Recurso: 141/2013 Nº de Resolución: 214/2013

Procedimiento: RECURSO SUPLICACION Ponente: MARIA JOSE RENEDO JUAREZ Tipo de Resolución: Sentencia

T.S.J.CASTILLA-LEON SALA SOCIAL 1 BURGOS

SENTENCIA: 00214/2013

RECURSO DE SUPLICACIÓN Num.: 141/2013 Ponente Ilma. Sra. Dª. María José Renedo Juárez Secretaría de Sala: Sra. Carrero Rodríguez SALA DE LO SOCIAL

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN.- BURGOS

SENTENCIA Nº: 214/2013 Señores:

Ilma. Sra. Dª. María José Renedo Juárez Presidenta

Ilmo. Sr. D. Carlos Martínez Toral Magistrado

Ilmo. Sr. D. Santiago Ezequiel Marqués Ferrero Magistrado

En la ciudad de Burgos, a catorce de Mayo de dos mil trece.

En el recurso de Suplicación número 141/2013 interpuesto por DOÑA Sagrario (SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE SERVICIOS PRIVADOS DE COMISIONES OBRAS DE BURGOS), frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Burgos, en autos número 1060/2012 seguidos a instancia de la recurrente, contra EULEN SEGURIDAD S.A. en reclamación sobre Conflicto Colectivo. Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. Doña María José Renedo Juárez que expresa el parecer de la Sala. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- En el Juzgado de lo Social de referencia, tuvo entrada demanda suscrita por la parte actora en la que solicita se dicte sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el oportuno juicio oral, se dictó sentencia con fecha 4 de Enero de 2013 cuya parte dispositiva dice: "FALLO.- Que rechazando las excepciones de Incompetencia de Jurisdicción y de Cosa Juzgada que han sido alegadas por la empresa demandada, y entrando a conocer sobre el fondo del asunto, desestimando la demanda presentada por Dª Sagrario Secretaría General del Sindicato de Servicios Privados de Comisiones Obreras de Burgos, contra Eulen Seguridad S.A., debo declarar y declaro no haber lugar a lo solicitado, absolviendo a la empresa Eulen Seguridad S.A., de los pedimentos contenidos en la demanda"

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SEGUNDO .- En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: " PRIMERO: El presente Conflicto Colectivo afecta a los trabajadores de la empresa Eulen Seguridad S.A., que prestan servicios en la provincia de Burgos, en un total de 32, contando la empresa demandada con unos 5000 trabajadores en toda España. SEGUNDO: Las relaciones laborales entre la empresa Eulen Seguridad S.A., y los trabajadores afectados por el presente Conflicto Colectivo se hallan reguladas por el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad de 28 de enero de 2011, publicado en el BOE de 16 de febrero de 2011 con vigencia desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012. El artículo 46 de dicho Convenio Colectivo , dentro del Capítulo XI, regula el régimen de las Licencias, señalando que los trabajadores regidos por ese Convenio, tendrán derecho al disfrute de licencias sin pérdida de la retribución, en los casos y con la duración que a continuación se indican, en días naturales: a) Matrimonio del trabajador, diecisiete días. El trabajador podrá disfrutar continuamente la licencia de matrimonio y la vacación anual, siempre que lo solicite a la empresa con una antelación mínima de dos meses. b) Durante dos días, que podrán ampliarse hasta cuatro máximo cuando el trabajador necesite realizar un desplazamiento al efecto, en los casos de alumbramiento de esposa o adopción, o de enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario o fallecimiento de cónyuge, hijos de ambos, uno u otro cónyuge, padre, madre, nietos, abuelos o hermanos de uno u otro cónyuge. En caso de enfermedad o intervención grave, este permiso podrá tomarse dentro de los siete días desde el hecho causante incluido. c) Durante un mínimo de dos días para traslado de su domicilio. c) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal de acuerdo con la legislación que al efecto hubiere, incluyéndose en este tiempo el que corresponda al invertido en denuncias derivadas del cumplimiento del servicio. e) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos generales y de la formación profesional en los supuestos y en la forma regulados por el Estatuto de los Trabajadores. f) Por el matrimonio de padres, hijos, hermanos y nietos de uno u otro cónyuge, y previa justificación, tendrán derecho a un día de licencias para asistir a la boda, ampliable a tres días por desplazamiento. g) Por bautizo de un hijo o nieto, un día de permiso. h) Por Primera Comunión de un hijo o nieto, un día de permiso. i) Por cita de médico especialista del INSALUD u organismo oficial de salud equivalente de las Comunidades Autónomas, tres horas de permiso como máximo. J) Permiso retribuido de un día por asuntos propios, estando sujeto a las siguientes condiciones: 1.- No podrá utilizarse durante los períodos de máxima actividad, comprendidos entre el 15 de diciembre y el 15 de enero del año siguiente, durante el período del Domingo de Ramos al Lunes de Pascua, ambos incluidos, ni durante el período vacacional de los meses de julio y agosto, salvo autorización de la empresa. 2.- No podrá ejercerse este derecho en el mismo día de manera simultánea por más del 5% de la plantilla del centro de trabajo al que pertenezca el trabajador. k) Por tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, que deben realizarse dentro de la jornada de trabajo. Los derechos que correspondan a los permisos cuyo estado civil es el matrimonio legal se extenderán a las parejas que convivan en común salvo lo previsto en el apartado a), justificando esa convivencia mediante certificado de empadronamiento u otro equivalente. El artículo 41 de dicho texto legal fija una jornada de trabajo efectivo de 1.782 horas anuales a razón de 162 horas en cómputo mensual. TERCERO: La empresa demandada computa los días de permiso y licencias retribuidas establecidos en el artículo 46 del Convenio Colectivo citado, sobre la jornada mensual de 162 horas, a razón de 5,4 horas diarias. CUARTO: La parte actora solicita se declare el derecho de los trabajadores del centro de trabajo de Burgos a que el cómputo de los días de licencia y permisos retribuidos del artículo 46 del Convenio se realice en la misma forma y número de horas que estuviera el citado día en el calendario laboral del trabajador, de igual forma que si fuera efectivamente trabajado. QUINTO: Intentado acto de conciliación, se celebro con el resultado de sin avenencia. SEXTO: En fecha 25 de mayo de 2000 se dictó sentencia por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en Procedimiento de Conflicto Colectivo que afectaba que afectaba a unos 60.000 trabajadores de la seguridad privada repartidos en todo el territorio nacional, apoyando la práctica empresarial inspirada en el Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad, con vigencia de 1997 a 2001, consistente en que en supuestos en que no se disfrutasen de vacaciones anuales de forma continuada, en los permisos retribuidos o en descansos compensatorios, la jornada mensual debía quedar cumplida durante los 31 días del mes, procediendo a cuantificar la jornada diaria en 5,30 horas equivalentes a 164 horas y 27 minutos mensuales, habiendo sido confirmada dicha sentencia por otra dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en Recurso de Casación, en fecha 30 de abril de 2001 ."

TERCERO .- Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación la parte demandante siendo impugnado por la contraria . Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las partes la designación del Ponente, le fueron, a éste, pasados los autos para su examen y resolución por la Sala.

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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Desestimada la demanda formulada en reclamación por Conflicto Colectivo interesando se tenga por formulada demanda de CONFLICTO COLECTIVO contra la empresa EULEN SEGURIDAD S.A., se sirva citar a las partes al acto de la vista oral, tras de la cual y apreciando el incumplimiento del Art. 46 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad , y declare el derecho de los trabajadores del centro de trabajo de Burgos a que el cómputo de los días de licencia y permiso retribuidos del artículo 46 del convenio se realice en la misma forma y número de horas que estuviera el citado día en el calendario laboral del trabajador, de igual forma a si fuera efectivamente trabajado, condenando a la empresa a estar y pasar por esta declaración y todo lo demás que proceda en Derecho.

Formula recurso de Suplicación el Sindicato de Servicios Privados de CCOO de Burgos.

En primer lugar, se planteó por al demandada y en la impugnación al escrito del Recurso, de nuevo, la excepción de incompetencia de Jurisdicción objetiva a favor de la A. Nacional, siendo desestimada por la Juez de instancia.

Y en segundo lugar se plantea la infracción del art 46 del C. Estatal de Empresas de Seguridad 28/01/2011 y 37 del ET .

Procede declarar con carácter previo que, por lo que respecta a las normas citadas por la recurrente en su recurso como infringidas , que el recurso de suplicación no es una apelación o segunda instancia, sino un recurso extraordinario sujeto a motivos tasados en cuya formulación se han de respetar los requisitos legales. Los motivos basados en el apartado c) del art. 191 de la LRJS se destinan a la impugnación del fallo por error in iudicando, y el recurrente tiene la carga de:

a) citar debidamente el precepto o preceptos sustantivos y en su caso la jurisprudencia que, a su juicio, han sido vulnerados por el fallo de la sentencia, articulando motivos separados para cada precepto o grupo de preceptos que guarden unidad temática;

b) razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos ( artículo 194.2 de la LRJS lo cual exige argumentar la conexión entre el contenido normativo de las normas o jurisprudencia citadas y el litigio, mostrando cómo su correcta aplicación debería haber llevado a dar distinta solución al debate.

Incluso declara esa doctrina jurisprudencial que no basta que el recurso cite la disposición legal conculcada si contiene diversos artículos, sino que es preciso que se señale el específico precepto que se entiende vulnerado, y si el precepto contiene varios apartados resulta igualmente indispensable señalar expresamente cuál de ellos se reputa infringido. Señalamos lo anterior porque la parte recurrente se ha limitado a citar los preceptos que entiende infringidos por el Magistrado de instancia en la sentencia recurrida pero sin llegar a argumentar y razonar porque los entiende indebidamente aplicados , máxime cuando son los mismos preceptos en los que aquel se basa para desestimar la demanda.

El Tribunal Constitucional ha venido entendiendo que los requisitos y presupuestos establecidos por las leyes para recurrir han de ser interpretados y aplicados teniendo en cuenta la efectividad del derecho constitucional en el que tienen su razón de ser, y por ello, atendiendo a su finalidad.

De modo que la mayor o menor severidad en la exigencia de los mismos guarde proporción de medio a fin, evitándose interpretaciones rigoristas que no se correspondan con la finalidad de la exigencia legal, y, dentro de esta doctrina, se ha enmarcado el control sobre las decisiones judiciales de inadmisión del recurso de suplicación fundadas en un incumplimiento de los requisitos formales legalmente establecidos ( STC 18/93 , 294/93 , 256/94 ).

El artículo 194 de la LRJS exige, ciertamente, que en el escrito de interposición del recurso se expresen, con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, debiendo en el caso de impugnación fáctica, señalar los medios de prueba, que pongan en evidencia el error del Juzgador, ya que la valoración de la prueba corresponde al Juzgador, citándose, asimismo, las normas del ordenamiento jurídico (derecho positivo o sustantivo) o la jurisprudencia que se consideren infringidas. Precepto que, como se dijo es acorde con el artículo 24.1 de la Constitución en cuanto persigue que el contenido del recurso -la pretensión o pretensiones formuladas en éste y su fundamentación- sea conocido por la otra parte, que pueda así debidamente defenderse, y por el órgano judicial, que ha de tener pleno conocimiento del "thema decidendi", para resolver congruentemente.

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De acuerdo con estas premisas, el Tribunal Constitucional también tiene establecido que al enjuiciar el cumplimiento de los requisitos de admisión del recurso de suplicación, debe tenerse presente que éste no es un recurso de apelación ni una segunda instancia sino un recurso de naturaleza extraordinaria, de objeto limitado, en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes. El carácter extraordinario del recurso de suplicación justifica la exigencia de estos requisitos procesales aunque lo relevante "no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido" y que "desde esta perspectiva, resulta obligado concluir que el órgano judicial, según una interpretación flexibilizadora y finalista de las normas disciplinadoras del recurso, no debe rechazar ab límine el examen de su pretensión por defectos formales o deficiencias técnicas, cuando el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer, precisa y realmente, la argumentación de la parte" ( TC 18/93 ).

Por cuanto ahora interesa, la sentencia del indicado Tribunal Constitucional nº 71/2002, de 8 de abril , vuelve a insistir en la necesidad de la observancia de los presupuestos procesales para cumplir los requisitos de acceso al recurso, cuando se trata de recursos de cognición limitada que comúnmente se denominan extraordinarios ( STC 230/2001, de 26 de noviembre ), correspondiendo a las partes cumplir las exigencias del recurso que interponen ( STC 16/92 y 40/02 ), llegando a rechazar el amparo motivado por la falta de pronunciamiento de fondo en un recurso de suplicación por la ausencia de indicación en el escrito de formalización del mismo del concreto apartado del art. 191 de la Ley de procedimiento laboral en el que se incardinaba el motivo de recurso, al igual que por la falta de concreción, con absoluta precisión y claridad, de la norma o normas jurídicas que consideraba infringidas por la sentencia de instancia, así como del modo en que se produjo la infracción.

Asimismo, el artículo 97.2 de la LRJS , al disponer que el Magistrado apreciando los elementos de convicción, concepto más amplio que el de prueba, declarará expresamente en la sentencia, los hechos que estime probados, viene a establecer un elemento esencial de la resolución, con la ineludible consecuencia de que su ausencia o defectuosa consignación determinará la nulidad de la misma. Y esa exigencia legal ha sido subrayada reiteradamente por la doctrina del Tribunal Supremo en el sentido de que en los hechos probados ha de constar no sólo cuanto acreditado sirva al Magistrado para dictar su sentencia, sino también todo aquello que sea necesario para que el Tribunal Superior en el supuesto de recurso pueda dictar la suya, concordante o no con la impugnada. El Juzgador ostenta una amplia facultad para valorar todo el material probatorio practicado en la instancia, de modo que puede obtener y deducir una interpretación distinta a aquella que obtiene la parte, ya que, ante posibles contradicciones, debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional que actúa de manera imparcial y objetiva frente al interés de una parte, correspondiendo al Juzgador la facultad privativa sobre la valoración de todas las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo con el artículo 97.2 de la Ley de procedimiento laboral ( S.T.S. 18/11/1999 ).

En sentencia, de fecha 24/5/2000, el Tribunal Supremo vuelve a señalar que la valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador de instancia, cuyas conclusiones reflejadas en los hechos probados deben prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en dicho artículo, ya que lo contrario sería tanto como subrogarse la parte en lo que constituye labor jurisdiccional, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva, confundiendo este recurso excepcional y con motivos tasados en una nueva instancia.

De Oficio y previo traslado al M. Fiscal procede confirmar la competencia de los J. Sociales y Sala del TSJ de los Social, para conocer en la 1ª y 2ª instancia del presente C. Colectivo.

El TS ya se ha pronunciado en sentencia Social sección 1 del 12 de Junio del 2012 ( ROJ: STS 4884/2012 ) Recurso: 188/2011 , y la STS de 21 de junio de 2010 (rec. 55/2009 ), en relación a la competencia objetiva, que es imperativa y apreciable de oficio incluso en vía de recurso extraordinario ( arts. 54 y 227 LEC ): "El artículo 8 de la Ley de Procedimiento Laboral establece que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia, entre otros procesos, de los que menciona el apartado l) del artículo 2 de la misma ley , es decir, de los procesos de conflictoscolectivos cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.

La competencia de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia para los mismos procesos se define en el artículo 7 en relación con un ámbito no superior al de una Comunidad Autónoma y el mismo criterio rige por remisión para los Juzgados de lo Social, conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

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Se trata de reglas de competencia objetiva, porque lo que delimitan no es el fuero territorial de tribunales de la misma clase, como ocurre con las reglas de los artículos 10 y 11 de la Ley de Procedimiento Laboral , sino el ámbito competencial de los distintos tribunales que tienen competencia en la instancia, lo que sucede en la planta social con los Juzgados de lo Social, las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Los criterios que la Ley de Procedimiento Laboral establece en orden a la delimitación de la competencia objetiva son los que atienden, por una parte, a la naturaleza de las pretensiones ejercitadas y, por otra parte, al ámbito territorial de afectación de las controversias, de forma que las controversias de orden colectivo, como la presente, se atribuyen al Juzgado de Social correspondiente, si su afectación no supera el ámbito de su circunscripción; a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, si supera el ámbito de Juzgado de lo Social, sin exceder del de la Comunidad Autónoma, y a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, si la afectación del conflictocolectivo supera el ámbito de una Comunidad Autónoma".

Asimismo, la doctrina de la Sala ha precisado que si bien en principio la afectación del conflicto colectivo está en función del objeto procesal de éste, que "queda determinado por la pretensión inicial en aplicación del principio dispositivo", "ello no significa que la delimitación del ámbito de afectación se deje a la libre determinación de las partes ( sentencias de 18 de marzo de 1997 y 13 de marzo de 2002 ), pues el conflicto tiene por su alcance una proyección necesaria que no puede ser desconocida ni puede quedar al arbitrio de la parte demandante para que ésta configure el objeto del proceso a medida de su legitimación.

Es cierto que la Sala ha señalado también que el ámbito de afectación del conflicto no coincide necesariamente con el de la norma aplicada o interpretada y en este sentido la sentencia de STS 21 de julio de 2009 realiza una síntesis de la doctrina, precisando que:

1º) La competencia se determina por los límites reales e inherentes a la cuestión debatida ( sentencia de 20 de diciembre de 2004 ), por lo que no cabe extender un litigio colectivo basándose en una potencial afectación distinta de la señalada en la demanda, o en puras conjeturas o hipótesis de futuro ( sentencias de 4 de abril de 2002 y 25 de octubre de 2004 ), aunque "tampoco cabe ceñirse a los límites artificialmente diseñados por las partes";

2º) La afectación del conflicto no es necesariamente coincidente con el área de la norma aplicable, pues "el conflicto puede tener un área de afectación coextensa con la de la norma o producirse en una más reducida" ( sentencias de 6 de julio de 1994 , 20 de junio de 2001 y 20 de junio de 2008 )".

En el presente caso, ha de llegarse a la conclusión de que el objeto procesal queda limitado al ámbito de aplicación del Convenio para la provincia de Burgos, y se refiere exclusivamente a reivindicar el derecho de los trabajadores de Burgos, ámbito funcional y territorial del Convenio .

Por todo lo que al amparo de los art 2 , 6 , 8 y 10 de la LRJS el competente para conocer es el Juzgado de lo Social y procede confirmar la desestimación de la excepción de incompetencia de jurisdicción.

SEGUNDO .- se formula el recurso por entender la infracción del art 46 del C. Estatal de Empresas de Seguridad 28/01/2011 y 37 del ET .

Se invoca en la sentencia de instancia una sentencia recaída en el TS en 30.4.2001 en recurso de una sentencia de la AN de 25-5-2000 . Sentencias recaídas estando en vigor el anterior Convenio Colectivo , en todo caso.

La pretensión de la demanda es que interesando se tenga por formulada demanda de CONFLICTO COLECTIVO contra la empresa EULEN SEGURIDAD S.A., se sirva citar a las partes al acto de la vista oral, tras de la cual y apreciando el incumplimiento del Art. 46 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad , y declare el derecho de los trabajadores del centro de trabajo de Burgos a que el cómputo de los días de licencia y permiso retribuidos del artículo 46 del convenio se realice en la misma forma y número de horas que estuviera el citado día en el calendario laboral del trabajador, de igual forma a si fuera efectivamente trabajado, condenando a la empresa a estar y pasar por esta declaración y todo lo demás que proceda en Derecho.

En sentencias recaídas en el TS de fecha 20 de Septiembre del 2011 ( ROJ: STS 7254/2011 ) Recurso: 165/2010 | Ponente: AURELIO DESDENTADO BONETE 26 de Septiembre del 2011 ( ROJ: STS 6630/2011 ) Recurso: 744/2011 | Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ se declara :

"La sentencia analizada aplica la doctrina contenida en la TS 14-3-2011, RC 125/10 , a propósito de la interpretación del Convenio Colectivo de Estatal de Empresas de SeguridadPrivada, art 46 , regulador de

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los permisos por asuntos propios. En la demanda de conflictocolectivo, se interesaba se declare que el permiso de un día por asuntos propios previsto en dicho precepto sea remunerado, no siendo recuperable el tiempo de su disfrute a efectos de jornada de trabajo fijada en Convenio. El problema se plantea por la contradicción existente entre la jornada del art. 41 del Convenio y el efecto sobre esta jornada de los permisos por asuntos propios del art. 46.1º.j), pues, si el permiso se disfruta sin recuperación, la jornada no será con carácter general la fijada en la norma convencional sino la que resulte de restar a esa cifra las horas de permiso. La Sala IV considera que si el permisoretribuido se disfrutase sin recuperación la jornada resultaría ser inferior a la jornada pactada y no se cumpliría ese número de horas pactado, por lo que debe prevalecer la norma sobre la jornada. Ahora bien, partiendo del principio general de la condición de recuperable del día por asuntos propios, tal recuperación no resultará exigible en aquellos casos en los que la recuperación de ese día no sea necesaria para completar la jornada anual pactada en el Convenio."

En el presente supuesto estamos ante permisos retribuidos no recuperables.

Por todo ello se entiende que el cómputo de los días de licencia y permisos retribuidos del artículo 46 colectivo estatal de empresas de seguridad debe de realizarse en la misma forma y número de horas que si se hubiere entendido efectivamente trabajado, por cuanto la concesión de los permisos y licencias no se realiza por jornadas, sino por días; con lo que la garantía de mantenimiento de la retribución que contempla el artículo 46 se aplica a todo el día de disfrute del permiso en que el actor tiene en principio fijado de trabajo ordinario, por cuanto se haría de peor condición si estuviese disfrutando del permiso o trabajando de forma efectiva, contraviniendo así pues, lo dispuesto en el convenio colectivo en el que precisamente se establece el disfrute del día sin pérdida de retribución.

Por todo ello procede la estimación recurso interpuesto que estimando la demanda. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, F A L L A M O S

Que estimando el recurso de Suplicación DOÑA Sagrario (SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE SERVICIOS PRIVADOS DE COMISIONES OBRAS DE BURGOS), frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Burgos, en autos número 1060/2012 seguidos a instancia de la recurrente, contra EULEN SEGURIDAD S.A. en reclamación sobre Conflicto Colectivo, debemos revocar y revocamos la sentencia recaída en fecha de 4 enero 2013 estimando la demanda, declarando el derecho de los trabajadores del centro de trabajo de Burgos de Eulen Seguridad SA a que el cómputo de los días de licencia y permisos retribuidos del artículo 46 del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad se realicen de la misma forma y número de horas que estuviera el citado día en el calendario laboral del trabajador de igual forma a si hubiere sido activamente trabajado, condenando a las partes a estar y pasar por esta declaración. Sin costas. Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la forma prevenida en el artículo 97 de la L.R.J.S . y 248.4 de la L.O.P.J . y sus concordantes, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina para ante el Tribunal Supremo, significándoles que dicho recurso habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación, mediante escrito ajustado a los requisitos legales contenidos en los artículos 220 y 221 de la L.R.J.S ., con firma de Abogado o de Graduado Social Colegiado designado en legal forma conforme al art. 231 de la citada Ley .

Se deberá ingresar como depósito la cantidad de 600 € conforme a lo establecido en el artículo 229.1.b de la L.R.J.S ., asimismo será necesaria la consignación por el importe de la condena conforme a los supuestos previstos en el art. 230 de la mencionada Ley , salvo que el recurrente estuviera exento por Ley o gozare del beneficio de justicia gratuita.

Dichas consignación y depósito deberán efectuarse en la cuenta corriente de esta Sala, bajo la designación de Depósitos y Consignaciones, abierta en la entidad Banesto, sita en la c/ Almirante Bonifaz nº 15 de Burgos, -en cualquiera de sus sucursales, con el nº 1062/0000/65/000141/2013.

Se encuentran exceptuados de hacer los anteriormente mencionados ingresos, los Organismos y Entidades enumerados en el punto 4 del artículo 229 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

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