Apuntes para el debate Julio 2002 Acuerdo Nuclear Argentina-Australia. Qué opina la gente?

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Apuntes para el debate

Julio 2002

Acuerdo Nuclear Argentina-Australia

¿Qué opina

la gente?

Al unánime rechazo expresado por el movimiento ambientalista y la

creciente oposición existente entre los Diputados Nacionales, se

suman ahora los datos de una encuesta de opinión pública acerca

del polémico tema de la importación de basura nuclear.

Una reciente encuesta de opinión realizada en diferentes ciudades

de la Argentina muestra un fuerte rechazo a la posibilidad de que

Argentina reciba residuos nucleares de Australia: casi 9 de cada 10

entrevistados está en desacuerdo con que Argentina importe

residuos radiactivos de Australia.

La encuesta fue realizada por Mori Argentina, reconocida empresa

internacional de estudios de mercados e investigaciones d e opinión

pública que trabaja desde 1996 en Argentina. Para mayor

información:

www.mori.com.ar

Greenpeace Argentina

Mansilla 3046, 1425 Buenos Aires, Argentina Tel: 54 11 49620404, Fax: 54 11 49637164 Email: energia@ar.greenpeace.org

www.greenpeace.org.ar

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¿Qué opina la gente? Greenpeace - Julio2002

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¿Qué opina la gente? Greenpeace - Julio2002

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Evitemos un precedente peligroso

La Cámara de Diputados de la Nación se apresta a aprobar un polémico e inusual acuerdo de cooperación nuclear con Australia. Este acuerdo, que ha generado la oposición de organizaciones ambientalistas, médicas y sociales en todo el país, así como la del Consejo Federal de Medio Ambiente y la de varias legislaturas provinciales, permite el ingreso a la Argentina de residuos altamente radiactivos desde Australia. Si el Acuerdo es ratificado, el Estado Nacional estará avalando una flagrante violación de la Constitución Nacional, la que de manera clara prohíbe tal tipo de operación.

En efecto, según el artículo 41 de la Constitución Nacional -reformada en 1994- está prohibido el ingreso de residuos peligrosos y radiactivos al territorio nacional. Esta prohibición alcanzó rango constitucional como resultado de la firme oposición pública a los intentos de realizar operaciones de esa índole durante los '80. Esa cláusula constitucional cerró la posibilidad de que la Argentina fuese ubicada en el mapa internacional como país receptor de residuos. También fortaleció el principio de que cada país debe ser absoluto responsable de los residuos y productos que genera su actividad industrial. A través de este principio, es posible alcanzar un desarrollo responsable en materia de generación de residuos peligrosos y radiactivos.

Sin embargo, esta amenaza, que parecía superada para los argentinos, se ha visto nuevamente reavivada a partir de un contrato comercial que la empresa INVAP firmó en el año 2000 en Australia. Por medio del mismo, esta empresa acordó la construcción de un reactor nuclear de investigación en ese país, con el agregado de abrir la posibilidad de dar tratamiento en la Argentina a los combustibles gastados -el principal residuo producido por un reactor atómico- que se generen allá.

En circunstancias normales, esta operación sencillamente no hubiera sido imaginable, ya que la Constitución la impide. Pero en la actual situación política argentina todo es posible.

Así, para otorgarle "legalidad" a la operación de INVAP, la Argentina y Australia firmaron el año pasado un acuerdo cuyo objetivo central es respaldar esa operación. De este modo, Australia tendrá el respaldo del Estado Argentino para enviar, si así lo desea, los residuos a la Argentina.

De ser finalmente aprobado, el Acuerdo obviamente debilita la prohibición constitucional. De aquí en más, no habrá impedimento legal para la importación de residuos nucleares. La trampa contra la Constitución se realiza a través de tres argumentos falaces: (1) que el ingreso transitorio no violaría la prohibición constitucional, (2) que lo que se traería no es residuo radiactivo y (3) que la violación constitucional no se produciría cuando se apruebe el Acuerdo, sino “a futuro”, cuando se intente traer ese material. Tres explicaciones mentirosas y a todas luces malintencionadas.

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Contrariamente a lo que algunos diputados creen, con este Acuerdo la Argentina no consolida su posición internacional para la venta de reactores. En primer lugar, están pensando en un mercado que tiene mucho más de ficción que de realidad. La tendencia mundial es que cada país trate sus residuos dentro de su propio territorio.

También se ha planteado que se trata de un negocio “enorme”, a cambio de un pequeño volumen de residuos radiactivos. El Acuerdo en cuestión dejará aproximadamente 90 millones de dólares al país. Ante estas opiniones, nos vemos obligados a preguntar a la ciudadanía: ¿Cuál es el precio de traer residuos que pueden llegar a emitir radiaciones peligrosas durante miles o decenas de miles de años? ¿Quién nos asegura que ese transporte no estará sujeto a la probabilidad de un accidente, o a la de un acto terrorista? ¿Cómo serán gestionados los residuos que se importen, si ni siquiera hay un plan de gestión confirmado para los que producimos en nuestras propias centrales nucleares? Este acuerdo no representa un buen negocio para la Argentina. Pero entonces, ¿por qué es impulsado?

Detrás de este Acuerdo está el interés de algunos sectores de la actividad nuclear local, que procuran su supervivencia por esta vía. Creemos que éste no es el camino. Cuando la Argentina exportó tecnología nuclear al Perú o a Argelia, la sociedad no se opuso. Lo hace ahora, porque en este caso, a cambio de exportar tecnología, recibiremos radiactividad. El Acuerdo no impulsa la ciencia ni la tecnología argentinas. No las honra. Si la ciencia nuclear nacional quiere mostrar su capacidad de exportación, debe hacerlo sin aceptar la condición de recibir residuos radiactivos.

El Acuerdo representa un golpe de timón en la política nuclear argentina, dirigiéndola, de manera inexorable, al procesamiento de basura nuclear internacional. Este Acuerdo es el primer y fundamental paso en esa dirección. Equivale a decirle al mundo que los argentinos queremos hacerlo, y que la prohibición de nuestra propia constitución no es un impedimento para lograrlo. La Cámara de Diputados tiene ahora la responsabilidad de decidir sobre la firma de un contrato tan peligroso como ilegal. El Senado ya lo aprobó. Si ellos no quieren cumplir con la Constitución Nacional, la ciudadanía se encargará de hacerlo. Podemos asegurarlo: esos residuos no pasarán. Sepan los señores diputados que, en éste -como en otros tantos temas- la ciudadanía argentina está bien dispuesta a resistir aquellas decisiones de su clase dirigente que, a cambio de un negocio, pongan en peligro la seguridad y la salud del país.

(publicado en La Nación el 7/7/02)

Dr. Daniel Sabsay, Director Ejecutivo, Fundación Ambiente y Recursos Naturales

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