La inconstitucionalidad del artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo

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(1)INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. ESCUELA DE GRADUADOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA PÚBLICA, CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO. lA INCONSTITUCIONAL/DAD DEL ARTÍCULO 359 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. TECNOLÓGICO. DE MONTERREY. Biblioteca. Cempue C1udad de Mtxtoo. CARLOS FEDERICO GARCÍA ÁVILA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES. Proyecto de Investigación Aplicada Maestría en Derecho Asesor: Dr. ALFONSO HERRERA GARCÍA Mayo de 2011. 1.

(2) CONTENIDO RESUMEN. 3. MARCO TEÓRICO. 4. MARCO METODOLÓGICO. 5. INTRODUCCIÓN. 6. CAPÍTULO l. TRATADOS INTERNACIONALES FRENTE A LA CONSTITUCIÓN i.. Estudio de la Doctrina sobre la Supremacía de Leyes. 9. ii.. Ratificación de los Tratados Internacionales. 13. iii.. Jurisprudencia sobre la jerarquía de normas. 18. CAPÍTULO 11. LEY FEDERAL DEL TRABAJO. REQUISITOS PARA REGISTRAR UN SINDICATO i.. Elementos que propone la ley. 29. ii.. Procedimiento. 32. iii.. ¿Cómo apegar lo estipulado a los tratados Internacionales?. 42. CAPÍTULO 111. SINDICALISMO ESPAÑOL i.. La personalidad jurídica del Sindicato. 48. CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE CASO i.. Sindicato Mexicano de Electricistas. Un problema político que recurre a un resquicio legal para generar polémica. 53. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES. 61. BIBLIOGRAFÍA. 68. 2.

(3) RESUMEN. Este trabajo tiene por objetivo demostrar la inconstitucionalidad del artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) al contravenir de manera flagrante lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos tratados internacionales en materia laboral. La comprobación de lo anterior se hará desde dos áreas: la doctrinal y la legal. Con la primera herramienta se pretende comprobar que, tanto la Constitución como los Tratados Internacionales, son ley suprema de la nación; la primera por encima de la segunda. Y, por lo tanto, no pueden existir leyes federales o locales que contravengan los principios establecidos en éstos, ya que contravendrían el principio de unidad de las leyes, dando pie a criterios distintos sobre asuntos idénticos. Con el segundo punto se buscará comprobar que en el ámbito legal el contenido del artículo mencionado de la Ley Federal del Trabajo va en contra del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, así como de los artículos 1, 14, 16 y 123 apartado A fracción XVI, y en su aplicación va en contra el criterio de la jurisprudencia 1475/98 al interferir en la libertad sindical; todo ello mediante la cooptación de reconocimiento jurídico mediante medios evasivos de la ley. Esto es así ya que el artículo 359 de la LFT omite en su contenido el principio de libertad sindical, lo que da pie a la autoridad laboral a maniatar dicha prerrogativa a favor de sus intereses.. 3.

(4) MARCO TEÓRICO. En virtud de que el tema principal de esta tesina es el análisis de la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley Federal del Trabajo, es necesario entender primero la jerarquía de normas en nuestro sistema jurídico. En este punto se hará referencia tanto a la doctrina como a la jurisprudencia, dejando como resultado una base sólida que nos permitirá probar la hipótesis planteada. Para esto fue necesario la consulta de diversos autores especializados en materia constitucional y derecho internacional. Por otro lado, la consulta de la jurisprudencia nos dará un enfoque general sobre como los tribunales están resolviendo en torno a esta materia, de tal manera que probemos que, efectivamente, las leyes federales y locales se deben subsumir a la Constitución y los Tratados Internacionales. Posteriormente se hará un análisis de las normas federales vigentes y se demostrará como es que la omisión en una norma federal es causal de un estado de indefensión en el ciudadano. Aunado a lo anterior se hará una pequeña comparación con otros sistemas jurídicos para esclarecer la falla de la ley Mexicana. Finalmente se aportarán elemento de un par de reformas a la Constitución que nos permitirán entender, reformar y contraatacar estas fallas del sistema jurídico mexicano.. 4.

(5) MARCO METODOLÓGICO. El planteamiento del tema surge de la observación directa en torno al asunto del Sindicato Mexicano de Electricistas y la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro, desde un punto de vista jurídico y no político. El principio del tema derivo de hacer una investigación sobre cuáles eran las facultades de la autoridad laboral sobre el reconocimiento de personalidad de los sindicatos. De ahí emanó la primera cuestión crucial para el presente trabajo, que fue el hecho de ver que la Ley Federal del Trabajo no se apegaba ni a lo dispuesto por los Tratados Internacionales en materia laboral ratificados por nuestro país, ni a la Constitución Mexicana. Una vez identificado el tópico, procedimos a llevar a cabo un análisis comparativo con la doctrina y la jurisprudencia en torno al tema de jerarquía de normas, para conocer si era o no legal el contenido de la ley del trabajo. Desembocando en una comparación breve con el sistema jurídico español. Finalmente haciendo un estudio casuístico con base en un par de reformas a la Constitución, reforzaremos el criterio expuesto en la presente investigación.. 5.

(6) INTRODUCCIÓN El motivo de este trabajo es demostrar la lnconstitucionalidad del artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo por no contener los elementos completos expresados en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo(OIT), dejando en estado de indefensión a los particulares. Lo anterior lo trataremos de comprobar desde tres puntos de vista: •. Doctrinal. •. Razonamiento Jurídico. •. Derecho Comparado. Finalmente, intentaremos utilizar un planteamiento recientemente aprobado como reforma a la Constitución sobre ciertos términos que no reflejan más el actuar de la autoridad dentro de la Carta Magna, concretamente hablando de decir que "el estado otorga derechos y libertades a los ciudadanos" no es más una idea aceptable. Debemos entender que simplemente se reconocen por éste, y trataremos de demostrar porqué. Todo esto se comprobará en tres etapas de la investigación; partiendo del supuesto que dicho artículo viola la garantía de libertad contenida en el artículo 1, la seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 y la libertad de asociación sindical el artículo 123 apartado A fracción XVI todos de la Constitución, al omitir fragmentos esenciales para el entendimiento completo de la libertad de sindicación, pues al no expresar que la autoridad debe de abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal, no traza una línea que sirva como punto de partida para conformar un criterio sobre lo que esto significa. Dejando entonces al arbitrio de la autoridad el respetar dicho precepto en la medida en que convenga a sus intereses, olvidándose por completo de los ciudadanos y sobre todo de los pactos internacionales firmados con la OIT tendientes a ampliar la esfera de derechos y obligaciones de los trabajadores y sus instituciones representativas.. 6.

(7) Como sabemos, la omisión en los actos del gobierno es la forma más común en la que se violan derechos fundamentales y contra la que a la fecha no existe un medio eficiente para combatirla. Sin embargo, esto está por cambiar. Recientemente fue aprobado el Dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de amparo; donde se implementó ampliar el objeto del amparo a las omisiones de la autoridad, y de la ley. Aunado a esto la propia iniciativa propone "ampliar el objeto de juicio de amparo integrando a su ámbito de protección a los derechos fundamentales contenidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado 1. mexicano". Esperemos que esta posibilidad para resolver el amparo, además de controversias suscitadas por normas generales, también se amplié a las omisiones en que incurra la autoridad, pues abriendo esta puerta para confrontar el presente criterio sobre dicho artículo, se pondrá a prueba si efectivamente la ley había o no tenido razón en omitir flagrantemente la segunda parte del artículo 3 punto 2 del Convenio 87 de la OIT. La primera etapa del presente trabajo consiste en comprobar doctrinalmente la jerarquía de normas vigente en nuestro sistema mexicano, de tal manera que, concluyendo que los Tratados Internacionales estén por encima de las leyes federales y locales, éstas se deben de apegar a los lineamientos trazados por aquellas, de tal manera que no existan contradicciones u omisiones. En el caso que nos atañe esto no se cumple, por lo tanto, se violenta la jerarquía de normas contenida en el artículo 133 Constitucional aunada con el criterio de la Jurisprudencia 1475/98. La segunda etapa corresponde a checar los requisitos que pide la Ley Federal del Trabajo, pues éstos no se apegan al convenio número 87 celebrado con la Organización Internacional del Trabajo, derivando en una incertidumbre jurídica,_lo que afecta los principios de seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 1. DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 94, 100, 103, 104 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE AMPARO, P. 3. 7.

(8) Constitucional al no contar con un respaldo de las leyes federales y locales a los pactos internacionales, dejando lagunas en la defensa de dichos derechos adquiridos, pues hasta el día de hoy resulta sumamente complicado invocar un Tratado internacional en un juicio de amparo.( Uno de los temas que esperemos cambie con la reforma arriba citada). Finalmente expondremos que la técnica española nos muestra como ejemplo la aplicación correcta de la norma internacional y deja ver que la autoridad idónea para "otorgar" el reconocimiento jurídico deberá ser una que no actúe como juez y parte en diversos procesos laborales; en este caso como autoridad y después como juez en controversias laborales. Y como último punto, basándonos en los criterios utilizados en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que modifica la denominación del capítulo I del Título primero y reforma diversos artículos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pretendemos argumentar se modifique el término "otorgar" por "reconocer" en el artículo 368 de la Ley Federal del Trabajo, al suponer que es la Secretaria del Trabajo y Previsión Social o las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje son los encargados de brindar o no el reconocimiento sindical, cuando debería de ser simplemente un cotejo de documentos y no una cacería de brujas.. 8.

(9) CAPITULO l. TRATADOS INTERNACIONALES FRENTE A LA CONSTITUCIÓN. i.. ESTUDIO DE LA DOCTRINA SOBRE LA SUPREMACÍA DE LEYES. Del libro de Mario de la Cueva "Teoría de la Constitución" podemos encontrar un planteamiento de Georges Burdeau donde se propone la naturaleza de la supremacía de la Carta Magna. Burdeau explica que la supremacía de la Constitución proviene de dos especies distintas: formal o substancial y material. La material es la piedra angular de su investidura. Es la norma de la cual se desprende todo el orden jurídico, así como todas las formas de actividad política toman de ella su legitimidad. 'la Constitución es la norma que organiza los poderes y determina las competencias, por lo que necesariamente es superior a las autoridades investidas por ella de atribuciones; de ahí que la autoridad que actúa en contra de la 2 Constitución dé un golpe de Estado y pierda su legitimidad". Burdeau llega a una conclusión muy interesante de su planteamiento: La supremacía material es un reforzamiento del principio de legalidad, pues si los actos contrarios a las leyes civiles, penales o laborales, son ilícitos, con mayor razón lo son los que contradicen a la Constitución 3 . Al igual, ella es quien impone el Orden Administrativo, delega competencias para su efectivo seguimiento y respeto. Aquellos que reciben dichas competencias no pueden más que hacerlas valer, pues no les pertenecen como para delegarlas, simplemente deben cumplirlas a cabalidad. Otro de los grandes elementos que dan la envergadura de supremo al instrumento constitucional es que emana de la soberanía del pueblo, por lo que nadie puede estar por encima de ésta. Como se aprecia de lo siguiente:. "los principios políticos y jurídicos fundamentales que rigen y-que son vividos por la comunidad ... es por su naturaleza un ordenamiento supremo, de tal manera que cualquier principio nuevo que entre en contradicción con 2. 3. De la Cueva, Mario, TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN, ED. PORRÚA, México 2008, pp. 91 IDEM PP. 96. 9.

(10) aquéllos, o contradice el estilo de vida política y jurídica de los hombres o produce su modificación, pero si esto es lo que ocurre, el nuevo principio se 4 eleva automáticamente al rango de lo fundamental". Por otro lado está la supremacía formal, que en palabras de Mario de la Cueva es el resultado de la condición escrita y de la rigidez de las constituciones, forma con la que quedan al abrigo de cualquier acto de los poderes estatales.Lo anterior es producto de la acción de la sociedad, es decir, esté así lo requiere, o mejor aún, así lo necesita para enaltecer la guía de un Estado. En un segundo aspecto, podemos ver a la supremacía formal como la que asegura la supremacía material, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 133: "La Constitución es la Ley Suprema de la Nación". De esto se desprende que no solo las ideas contenidas en dicho documento dan la supremacía, sino que además el Constituyente permanente dejo plasmado en sí mismo el mote y la facultad de norma primigenia. Así podemos verlo en distintos países, por ejemplo Estados Unidos. En sus Artículos de Confederación y Perpetua Unión del 9 de julio de 1778, leemos lo siguiente en su artículo 6, párrafo 11: Esta Constitución, las leyes de los Estados Unidos que en virtud de ella se hagan, y todos los tratados hechos o que se hicieren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del país. Los jueces de cada estado estarán sujetos a ella, aun cuando hubiere alguna disposición 5 contraria a la Constitución o en las leyes de los estados. (Aquí se muestra la supremacía Constitucional, aunque también pone en el mismo nivel a los Tratados Internacionales, por tener una familia jurídica distinta. Aunque para efectos de nuestro estudio, nos funciona ver como algunos países enaltecen también a la norma internacional y sobre todo subyugan el actuar de su sociedad a ella).. 4. 5. IDEM PP.97 http://www.lexjuris.com/lexuscon.htm. (fecha de consulta 25 de mayo de 2011).. 10.

(11) Por su parte la Constitución Argentina después de su reforma en el año de 1960, estableció: "Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo la provincia de Buenos Aires los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859"6 .. De todo lo anterior podemos ir armando la idea de Supremacía de la Constitución frente a las demás normas, tanto las que emanan de ella, como las que se adquieren siempre y cuando no la contravengan, hablando de los tratados internacionales. Nos podemos apoyar también en otros criterios como los del Maestro Eduardo García Máynez: "El orden jerárquico no se integra únicamente con las leyes, ya que, subordinadas a ellas, existe una gama inmensa de normas cada vez menos generales, hasta llegar a las normas especiales o individualizadas".7 Con base en lo anterior y tomando el artículo 133 como base para su estudio, el Maestro García Máynez llega a la conclusión de que "los dos grados superiores de la jerarquía normativa están integrados por: a) La constitución federal y b) las leyes federales y los tratados internacionales". 8Es importante señalar que Máynez ve a las leyes federales y a los tratados internacionales en el mismo plano. Por su parte, el profesor de Derecho Administrativo Gabino Fraga nos muestra su punto de vista mucho más sintético al basarse solo en la supremacía formal para hablar de la jerarquía de normas. Para Gabino Fraga se da por sentada la. 6. 7 8. Constitución Nacional Argentina García Máynez, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, Editorial Porrúa, México, 1968, pp. 83 IDEM. PP.87. 11.

(12) existencia y la supremacía de la Constitución como la "norma fundamental determinada de los poderes y de las funciones". 9 Otro de los autores a considerar es Felipe Tena Ramírez. El maestro fue tratadista de la Constitución Mexicana de año 1857, donde en su artículo 39 se explica que "el pueblo es el titular de la soberanía, pero la subsume en la Constitución, ley fundamental que -mientras exista, vincula jurídicamente, no sólo a los órganos, sino también al poder que los creo-, esto es, al pueblo, lo que quiere decir -que la soberanía, una vez que el pueblo la ejercitó, reside exclusivamente en la Constitución, y no en los órganos ni en los individuos que gobiernan". 10 (Una de las ideas que provienen de Hans Kelsen). Es así que la soberanía del pueblo se ve delegada al documento constitucional y es por eso que está por encima de cualquier ley federal o local. Aunque en esta parte del estudio aún no se nos aclare el punto de los Tratados Internacionales.. Finalmente atenderemos al pensamiento de Miguel Villoro Torranzo, quien expone 4 grados en casi todo el orden normativo: normas fundamentales, contenidas en la Constitución; normas secundarias, creadas mediante el proceso legislativo; normas reglamentarias, que son reglamentos, decretos, órdenes y acuerdos emitidos por el ejecutivo y; normas individualizadas contraídas en actos del individuo, poder judicial o ejecutivo. El estudio que redacta el autor lo lleva a la conclusión sobre la igualdad de leyes federales y locales, al igual que a Tena Ramírez, asunto que no atañe de lleno a este estudio, pero sin embargo se ve confrontado tanto en la parte doctrinal como en el estudio de la tesis jurisprudencia!. ( 14 75/1998). Las conclusiones que podemos ir tomando del presente capítulo que nos servirán como elementos para robustecer nuestra hipótesis son los siguientes:. 9. Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, México, 1968, PP. 43 Tena Ramírez, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, Editorial Porrúa, México, 1964, pp. 8. 10. 12.

(13) •. La Constitución alberga los principios políticos y jurídicos fundamentales que rigen y que son vividos por la comunidad. Es decir, que la Constitución contiene los principios mínimos de una sociedad, aquellos por los cuales se mantiene unida y busca siempre la protección y ampliación de su esfera de derechos fundamentales.. •. En ella misma se encuentra contenida su supremacía, es decir, se hace evidente que la Constitución es el documento fundamental de todo el Estado mexicano. Por lo tanto, a partir de ella se generan todos los demás órdenes jurídicos, tal y como éste los requiera.. Ahora proseguimos a encontrar como es que la doctrina califica a los Tratados Internacionales dentro de la jerarquía de normas.. ii.. RATIFICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Por principio de cuentas necesitaremos un sustento importante para continuar la investigación en este punto: La definición de Tratado Internacional. Por lo que es prudente dejar 3 definiciones que nos darán el sustento; para crear una compuesta de dicho término. El mexicano César Sepúlveda expone la siguiente definición: 'los tratados pueden definirse, en sentido amplio, como los acuerdos entre dos o más estados soberanos para crear, modificar o extinguir una relación jurídica entre ellos". 11 La segunda definición corresponde al Internacionalista Charles Rosseau: "El tratado es todo acuerdo concluido entre miembros de la comunidad internacional". 12. 11. Sepúlveda Cesar, Derecho Internacional Público, Ed. Porrúa, México 1960, pp. 94. Rosseau Charles, Derecho Internacional Público, traducción de Fernando Gimenez Artiques, Ediciones Ariel, Barcelona, 1966, P. 23 12. 13.

(14) Finalmente tomaremos la definición que nos proporciona la Convención de Viena: "Tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional como ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera de su denominación particular':. 13. De todo lo anterior podemos inferir que los Tratados Internacionales son entendidos como acuerdos de voluntades entre dos Estados que originan derechos y obligaciones para los contratantes y se rigen por el Derecho Internacional Público. Como hemos visto o como veremos, México tiene una particularidad para que éstos ordenamientos formen parte de la normativa jurídica nacional. La Constitución marca en sus artículos 89, fracción X, 76, fracción I y 133 los procedimientos. y. autoridades. encargadas. de. pactar. y. ratificar. tratados. internacionales, a saber: Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; Por su parte el artículo 76, fracción I establece: Artículo 76.- Son facultades exclusivas del Senado: Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiel'.lte rindan al Congreso. El artículo 133 Constitucional señala lo siguiente:. 13. http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html (revisado en 25 de mayo de 2011).. 14.

(15) Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. De concatenar las ideas de estos últimos tres artículos podemos inferir el procedimiento para que un tratado adquiera obligatoriedad. Hay que señalar que antes de esta fase constitutiva se lleve a cabo, que existe una labor por parte de los agentes diplomáticos o el Secretario de Relaciones Exteriores por medio del cual se señala un tema de interés para dos naciones y mediante múltiples negociaciones se llegan a diversos acuerdos. La primera fase es la formalización del tratado a través de la firma del Presidente de la República, la cual denota aceptación de las condiciones del pacto. La segunda y, quizás, la más importante es la aprobación del Senado, llamada RATIFICACIÓN. Depende de ésta parte del Poder Legislativo aceptar o rechazar el pacto internacional, pues para que dicho Tratado Internacional adquiera vigencia y pueda ser invocado en tribunales como derecho positivo, éste debe forzosamente ser ratificado. En este punto Mario de la Cueva hace una importante sugerencia de cómo podemos entender que un Tratado Internacional se apegue a la Constitución y así pueda ser ley vigente. La doctrina deja en claro la Supremacía de la Constitución frente a los Tratados Internacionales, por lo que si este no se apega a los preceptos de la Carta Magna, simplemente no tiene validez. Al respecto Mario de la Cueva explica: "Los tratados deben respetar todos los principios constitucionales, lo mismo de naturaleza material o substancial que los orgánicos. Por lo tanto, el tratado que. 15.

(16) contrarié el principio de la soberanía del pueblo o la idea de los derechos del hombre, no podrá aplicarse".. 14. Tanto los tratados que contraríen normas constitucionales que otorguen derechos y libertades a los ciudadanos, así como las que intenten modificar la estructura política-democrática serán consideradas como inválidos. Finalmente comenta el autor "... sin duda, los tratados, al igual que las leyes que emanan de la Constitución, prevalecen sobre la legislación federal ordinaria y sobre las constituciones y leyes de los estados, pero a condición de que estén de acuerdo con los textos constitucionales, el tratado que no satisfaga ese requisito será inconstitucional, y por ser un acto de autoridad, podrá recurrirse en la vía de amparo".. 15. Para cerrar este punto sobre la supremacía de la Constitución frente a los Tratados Internacionales y direccionando el estudio hacia la resolución de la Corte frente a este tema, exponemos lo siguiente: El autor Mario de la Cueva hace un estudio respecto de la supremacía constitucional frente a los tratados, comparándola con el Derecho Norteamericano, en el cual tanto la jurisprudencia como la doctrina admiten "que los tratados legalmente celebrados y ratificados se conviertan en derecho nacional",. 16. por lo. que bien se pueden invocar en un juicio. El mismo autor gira el estudio hacia nuestra línea de investigación al poner como ejemplos los convenios de la OIT, por medio de los cuales se han conseguido más beneficios que los consignados en la propia ley (laboral). Aunque veremos que algunos no han sido bien adoptados, lo que ocasiona inoperancia e imposición, (Como lo relativo a nuestro tema). El autor señala de manera importante que no se puede"admitir que una ley del Congreso (entiéndase federal o local) derogue las normas contenidas en un. 14. 15 16. De la Cueva, Mario, TEORIA DE LA CONSTITUCIÓN, Editorial Porrúa, México, 2008, pp. 122 IDEM PP. 123 IDEM PP.125. 16.

(17) tratado", pues no existe artículo alguno en la que "autorice al Congreso para desconocer las obligaciones legítimamente contraídas, por lo tanto, puesto que el Estado mexicano solo puede actuar por procedimientos jurídicos y en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución, concluimos en la imposibilidad jurídica de romper las obligaciones".. 17. Por lo tanto, se tiene por satisfecho, doctrinalmente hablando, la jerarquía superior que tienen los Tratados lnternacionalesfrente a las leyes Federales y locales. Esto es así ya que son más importantes los compromisos internacionales que se generan, apegados obviamente a la Constitución, que las creaciones internas de ley. Las cuales deberán basar su actuar en los convenios internacionales, lo que se traduce en vanguardia jurídica, pues con un punto de vista distinto de la sociedad y de ellos (los TI) se puede obtener elementos compatibles con el propio ordenamiento normativo. Al igual que en el capítulo anterior iremos recopilando las conclusiones para robustecer nuestro dicho. •. En efecto; los Tratados Internacionales son acuerdos entre dos o más Estados o Instituciones Internacionales tendientes a cumplir con acciones determinadas. O bien, buscan ampliar o modificar derechos y obligaciones entre los contratantes. Así lo reconoce tanto la Convención de Viena, como nuestra Constitución, al contemplar su regulación en sí misma por ser un tema trascendental para nuestro país.. •. Es del Derecho Internacional de donde más podemos obtener en lo que respecta a vanguardia jurídica.. •. Cabe señalar que el procedimiento de reconocimiento de los Tratados Internacionales implica su obligatoriedad en nuestro territorio nacional, por lo que el Estado Mexicano al ratificar un tratado se obliga a hacer las modificaciones,. 17. adecuaciones. o. IDEM PP.125. 17. creaciones. suficientes. para. poder.

(18) mantener este pacto funcionando; en pie. La única condición es que no contravenga los principios constitucionales. •. Mario de la Cueva, a nivel Doctrinal deja en claro que los Tratados Internacionales se encuentran por encima de las leyes federales. Por lo tanto, deben apegarse las segundas a los primeros en orden de obedecer a la Constitución. Debe ser un apego completo.(resaltado propio}.. iii.. JURISPRUDENCIA SOBRE JERARQUIA DE LEVES (ESTUDIO V RESULTADOS}. TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y aunque en principio la expresión " ... serán Ley Suprema de toda la Unión ... " parece indicar que no solo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de normas de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 Constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado Mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al Presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de Jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar la jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencia! entre Federación y las entidades 18.

(19) federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado Mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados". No se pierde de vista que en su anterior conformación, éste Tribunal había adoptado una disposición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, del rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía 18 superior de los tratados incluso frente al derecho federal . La resolución del amparo en Revisión 1475/98 promovido por el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo dio origen a un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de vital importancia para nuestro estudio: la jerarquía superior de los Tratados Internacionales sobre el derecho federal y el local, salvo que la Constitución General de la República señale la excepción. La. organización. sindical. en. comento. promovió. el. recurso. contra. la. lnconstitucionalidad del Artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la cual estipulaba lo siguiente: Artículo 68.- En cada dependencia solo habrá un sindicato. En caso de que concurran varios grupos de trabajadores que pretenden ese derecho, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje otorgará el reconocimiento al mayoritario. El precepto anterior, como podemos observar del estudio hecho por la Corte, contraviene varios derechos y libertades consagradas tanto en la propia Constitución como en diversos Tratados Internacionales, entre ellos: la libertad de 18. Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Anguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rancel. Tesis aislada nº LXXVll/1999 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: X, noviembre de 1999, p.46. 19.

(20) asociación sindical, consagrada en el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Carta Magna, así como el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus artículos 2, 4, 7, 8 y 11; de los que se desprende el derecho de sindicación. Sidicho convenio, ha sido ratificado por los Estados miembros de la OIT, están obligados a respetarlo y no limitarlo en ninguna medida. Lo anterior fue fundamental para que la Corte tomara la decisión de elevar los Tratados Internacionales a un rango jerárquico superior que las leyes federales y locales, solamente subsumiéndose a la Carta Magna, fundamentándose en los artículos 70 a 76 y 133 Constitucionales, y los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados de 1969. El artículo 133 Constitucional establece: "Ésta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que están de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados." Por su parte la Convención de Viena que fue ratificada por México el 25 de septiembre de 1974 declama: Artículo 26.- "Pacta Sunt Servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe. (Esta es la observancia e interpretación de los Tratados Internacionales). Artículo 27.- El derecho interno de los Estados, las reglas de las organizaciones internacionales y la observancia de los tratados ... -Un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento del tratado ... (Argumento fundamental para nuestra tesis). Por lo que la jerarquía normativa se modificó, poniendo a las Tratados Internacionales en segundo plano frente a las Leyes Federales y Locales. 20.

(21) En síntesis, el razonamiento jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del tema en cuestión (Supremacía Normativa) se sintetiza de la siguiente manera: "Cuando la SCJ abandona la interpretación meramente gramatical de la Constitución y considera como constitucionales a los tratados que obligan a ampliar la esfera de libertades de los gobernados o comprometer al Estado a realizar determinadas acciones en beneficio de grupos humanos tradicionalmente débiles, la inserción en el sistema jurídico interno del derecho internacional de los tratados en materia de derechos humanos es directa y contundente. Y más cuando este criterio se complementa con el sistema de recepción de las sentencias internacionales a que se refiere el 19 artículo 11 de la Ley de Tratados" . Esto es a grandes rasgos lo que podemos plantear acerca del pilar de nuestra investigación. Al respecto hacemos las siguientes anotaciones y comentarios que emanan del estudio del razonamiento jurídico que realizó la Suprema Corte respecto al caso en concreto, y de la cual se desprenden otras conclusiones que no observa de primera instancia la Autoridad en comento, que nos servirán en el estudio del tema. Con respecto al derecho de sindicación, el cual es controvertido por el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 20. ,. la Suprema Corte. con su resolución a favor de la supremacía de los Tratados Internacionales frente a las leyes federales y locales, inconscientemente rompió con el corporativismo sindical, que es aquel que se caracteriza por la rígida intervención del Estado conformado por los representantes de los gremios en las relaciones productivas. Los representantes de los gremios, son quienes asumen la actividad política en la sociedad y dictan las leyes específicas que atañen a cada sector.. 21. Por su parte, de la sentencia en el amparo 14 75/98 se pueden obtener distintos resultados del estudio de la supremacía de leyes. El primero de ellos sería la 19. http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/3/cj/cj7.htm (revisado 25 de mayo de 2011). ºhttp://www.oei.es/docentes/info pais/le federal trabajadores servicio estado mexico.pdf (revisado 25 de mayo de 2011). 21 Buñuelos Cárdenas, Martha E., El corporativismo sindical ante las políticas de cambio,www.juridicas.unam.mx (revisado 25 de mayo de 2011). 2. 21.

(22) inobjetabilidad de que la ley suprema en nuestro país es la Constitución. De aquí parte la siguiente idea, sobre la jerarquía de las demás normas que se encuentran por debajo de la Carta Magna; lo cual se puede explicar más claramente mediante la doctrina europea sobre el derecho comunitario, donde no existe conflicto entre normas internas e internacionales. El derecho comunitario en Europa consiste en regular temas o situaciones que competen a la Unión Europea (UE), dejando la soberanía para regular internamente sobre cualquier Estado. Éstos al añadirse a la UE deben someterse a tal esquema normativo y no podrán invocar sus propias normas internas para desobedecer el pacto comunitario.Aunado a esto, el Estado miembro debe adecuar su Constitución antes de su ingreso a la UE a fin de que los efectos del derecho comunitario actúen a plenitud. Es así, que los Estados al firmar un pacto internacional se autolimitan, y una vez pactado cierto convenio o en general cualquier acuerdo de voluntades, ya no es posible desatender las obligaciones y cargas, así como las libertades y derechos contraídos. (El estado le toca legislarse internamente para cumplir con sus obligaciones, pero cuando se conviene un Tratado Internacional, entonces debe someterse a lo pactado). Esto último lo podemos conjugar con lo razonado por la SC con respecto al famoso Pacta Sunt Servanda, contenido en la Convención de Viena de 1969, en su artículo 67. Otro punto relevante a examinar es el razonamiento el artículo 133 Constitucional, que deriva en lo siguiente: Los Tratados Internacionales son compromisos aceptados por el Estado Mexicano mediante su presidente, el cual ha sido facultado por el Constituyente Permanente para celebrar pactos internacionales. Por lo que el procedimiento provisto por la propia Constitución ocasiona que se transforme en ley vigente en nuestro país, la cual obliga a nuestras autoridades frente a la comunidad internacional. Nuestra forma de actuar frente a estos pactos internacionales obedece a una de las formas de recepción del Derecho Internacional: la transformación, la cual expresa que. 22.

(23) para que surta efectos un pacto internacional firmado por el gobierno debe mediar un acto legislativo para que se "active", lo que antes se entendería por una ley. Ahora ya la doctrina reconoce el acto de la ratificación como uno del cual emana dicha soberanía estatal. Por su parte, la llamada incorporación para el derecho internacional no implica la necesidad de algún procedimiento, simplemente se entiende que a partir de su pacto ya forma parte del derecho interno. Otro punto importante a considerar es que los tratados no toman en cuenta competencias federales o locales. Con esto se hace referencia a que de la interpretación del artículo 133 Constitucional se entiende que el presidente y el senado al firmar y ratificar respectivamente un Tratado Internacional, no toman en cuenta si la aplicación será federal o local, sino que los encargados de los pactos internacionales tienen la facultad de obligar a toda la federación a ajustarse al. mismo, independientemente que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas, lo que ayuda a respetar el artículo 124 Constitucional que establece: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados". Finalmente y, sin duda, una de las conclusiones más importantes del estudio de la tesis en comento, es que los tratados amplían garantías en la Constitución. La propia Corte tuvo que darle un sentido amplio al artículo en cuestión (133 constitucional) en el siguiente punto: "estén de acuerdo con la misma': pues en un sentido estricto se podría entender que solo se podrían firmar Tratados Internacionales sobre cuestiones expresamente inscritas en nuestra Constitución, cosa que contraría el crecimiento jurídico de México, en tanto que gran parte de conocimiento normativo de nuestro país casi siempre proviene de otros países. Es por ello que no se toma en sentido literal, sino así: Que no contravenga a la. Constitución. 23.

(24) Éste será el punto de análisis que se tomará en cuenta a la hora de firmar un Tratado Internacional por parte de los sujetos autorizados por la Ley Suprema. Un claro ejemplo sería que un TI ampliará la esfera de derechos humanos de los ciudadanos mexicanos. Ahí no existe una contravención ante el fondo de la Constitución, por lo tanto debería ser aceptado automáticamente. Y para finalizar el tema, con ayuda del Doctor Jorge Carpizo, hacemos las siguientes conclusiones: Que a pesar de que los Tratados Internacionales se celebren para obligar a toda la federación,. sería bueno incluir la "Cláusula Federal" para eximir de. responsabilidad al Estado, que por su régimen interno, no esté en condiciones de asegurar su cumplimiento. Citando al Doctor Jorge Carpizo: Considero que esta tesis jurisprudencia! es correcta y muy importante por las siguientes razones: a) menciona a las leyes constitucionales y aunque expresamente no admite su existencia, realmente sí la acepta porque si no fuera así, no podría llegar a la conclusión de que en México no existe jerarquía entre la ley federal y la ley local; b) al realizar la mencionada interpretación respeta el recto sentido de varios y muy importantes artículos de nuestra Constitución, que ya he enunciado, aunque la nueva tesis sólo pone énfasis en el artículo 124 que establece la regla general de la división de competencias entre la federación y las entidades federativas; c) los argumentos que sostienen esta tesis al final de cuentas se podrían resumir en una sola idea: tanto el tratado internacional como la ley constitucional son normas de la unidad del Estado federal y no de alguno de los dos órdenes que integran a ese Estado federal: la Federación y las entidades federativas; d) después de tantos tropiezos que la Suprema Corte de Justicia ha tenido en la interpretación del artículo 133 constitucional, ahora presenta una tesis que es armónica con diversos preceptos constitucionales y con la naturaleza que la 22 propia ley fundamental señala a nuestro Estado federal. Con respecto a la opinión del Gran Jurista citado, podemos decir que el hecho de que la Corte considere a los Tratados Internacionales jerárquicamente superiores 22. Jorge Carpizo, Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Cuestiones Constitucionales, Número 3, 1999.. 24.

(25) a las demás normas federales y locales aumenta su importancia como elementos jurídicos internos. El último punto se refuerza al revisar el estudio que había hecho la Corte con la tesis C/92, resuelta en Junio de 1992, donde se exponía que los Tratados Internacionales y las leyes federales se encontraban al mismo nivel. Aquí fue claro que se desconocía o no se tomó en cuenta los principios básicos de la interpretación constitucional. Lo anterior también se robustece con la siguiente cita: "La jerarquía de normas en un orden jurídico es una cuestión esencial y nuestro máximo tribunal no realizaba al respecto una interpretación hermenéutica de la Constitución, sino que se limitaba a expresar lo que parece que gramaticalmente dice el artículo 133 de la Ley Fundamental, descuidando otros aspectos constitucionales que es necesario armonizar con aquel para llegar a conclusiones certeras". 23 Respecto de la cuestión de las leyes que emanan de la Constitución, federales y locales, el estudio publicado por el Doctor Jorge Carpizo nos ilustra sobre el "como" debe ser interpretado el artículo 133 Constitucional, junto con otros artículos del mismo compilado, como son: 16, 40, 41, 103 Y 105. A continuación los citamos: Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento. Éste artículo nos da la certeza jurídica sobre la autoridad competente para actuar a nuestro favor. Artículo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero. 23. IDEM. 25.

(26) unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. El sometimiento de las entidades federativas a su régimen interior. Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. El presente artículo establece los poderes federales y locales y cada uno debe ajustarse a su competencia. Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:. 11. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, ... Sobre competencia de juicio de amparo. Artículo 105.- (Carece de sentido transcribirlo todo, por lo que simplemente diremos. que. establece. la. controversia. constitucional. y. la. acción. de. inconstitucionalidad y una de las causas de procedencia es precisamente la violación de la división de competencias en el Estado federal mexicano que establece la Constitución). Carpizo explica que una vez concatenados todos los preceptos con el 133 Constitucional llegamos a dos conclusiones importantes: 1.-. Los. Tratados. Internacionales,. como. ya. lo. mencionamos,. están. jerárquicamente por encima de las leyes federales y locales por el compromiso que adquiere la federación en el ámbito internacional. 26.

(27) 2.- Que las leyes federales y locales se encuentran en el mismo nivel jerárquico, ni una por encima de la otra. Por lo tanto, si las leyes que emanan de la Constitución solo fueran federales esto las colocaría como superiores a las locales, dando paso a que diversos preceptos de la Constitución se contradijeran con el artículo 133C. Aquí a las leyes que se refiere son las Leyes Constitucionales, ni las locales ni las federales. Lo que inmediatamente saca de la interpretación a las dos anteriores. Entonces queda la Constitución hasta la punta de la jerarquía normativa, seguida por los Tratados Internacionales, dejando al fondo a las leyes Federales y locales sin que éstas tengan alguna diferencia entre una y la otra. Dando como resultado que cuando se de una contradicción entre una ley federal y una local, el problema no será de jerarquía, sino de competencia. Esta es una gran conclusión por parte del Dr. Carpizo, pues él advierte del argumento de la Suprema Corte la existencia de las leyes Constitucionales, a las cuales todas las demás normas están supeditadas. Finalmente cerramos este capítulo con una cita: " ... Ciertamente la tesis 192,867 no es un dechado de técnica jurídica, pero es mejor que sus antecesoras; hay un esfuerzo por realizar una interpretación hermenéutica de nuestra Constitución, de respetar el Estado federal y de otorgar argumentos, pero especialmente llega a conclusiones que, en mi opinión, son certeras. En una palabra: sus virtudes son mayores, y en mucho, que sus defectos. Considero que ésta es una de las tesis más importantes que 24 ha aprobado la Suprema Corte de Justicia a partir de 1995". En este capítulo es muy claro el desglose del tema, al dejar en claro la jerarquía de normas, poniendo a los Tratados Internacionales por encima de las leyes federales y locales. No es necesario transcribir las conclusiones a los que se llegan, éstas hablan por si solas.. 24. IDEM. 27.

(28) En síntesis, los Tratados Internacionales son ley superior, debajo de la Constitución. Por lo tanto las leyes federales y locales deben ajustarse a éstas para segur la unificación normativa mexicana. Una vez que hemos dejado en claro la jerarquía de las normas, partiremos de un tratado internacional para demostrar que el criterio que debe tomar el Estado Mexicano con respecto al reconocimiento de los sindicatos está fundamentado, precisamente, en un convenio internacional, el cual no puede violentar por ser ley positiva en nuestro país.. 28.

(29) CAPÍTULO. 11.. LEY. FEDERAL. DEL. TRABAJO:. REQUISITOS. PARA. REGISTRAR UN SINDICATO i.. ELEMENTOS QUE PROPONE LA LEY. Debemos saber que uno de los temas fundamentales de nuestro estudio es la libertad sindical, la cual se encuentra consagrada en el Convenio Nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1948, ratificado por nuestro país en 1950. De dicho convenio podemos tomar básicamente 4 artículos que funcionan para fundamentar nuestra idea, a saber: Artículo 2.- Los trabajadores y empleadores, sin distinción y sin autorización previa, tienen el derecho a constituir las organizaciones que. estimen. convenientes,. así. como. el. de. afiliarse. a éstas. organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de la misma. (subrayado del autor). De la transcripción anterior podemos tomar el primer párrafo, donde se encuentra consagrada la asociación sindical y la cual está también establecida en el artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo. 25. ,. donde se reafirma la obligación de la. autoridad a no intervenir: Artículo 357.- Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa. Aquí sería importante considerar que a pesar que, tanto los Tratados Internacionales como la ley federal, establecen que no mediará autorización previa, la realidad es que una coalición es válida pero carece de personalidad jurídica para operar, lo que trunca este derecho de asociación. A pesar que la propia ley la reconoce en su artículo 355 (Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus. intereses comunes),. no le permite. realizar ningún acto que tenga. repercusiones jurídicas, por lo que prácticamente se le tiene por aceptada pero no 25. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 1970.. 29.

(30) reconocida en nuestro sistema mexicano. Es decir, es reconocida como legítima pero no podría operar en términos de la ley, pues ésta exige unos estatutos y sobre todo, el otorgamiento del registro por parte de la autoridad.. Otro de los artículos a considerar del Convenio 87 es el siguiente:. Artículo 3.- (1) Las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. (2) Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Lo anterior se encuentra establecido en el artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo, solo que omite la segunda parte, donde se manifiesta la exigencia para la autoridad de abstenerse de entorpecer el actuar sindical.. Artículo 359.- Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción.. Al buscar sustento a la omisión de la segunda parte del texto, encontramos una explicación del autor a Juan B. Climent Beltrán, que expone:. "Estimamos que no es necesario incluir esa segunda parte, porque la autonomía sindical que establece el propio artículo 359 descarta la injerencia de las autoridades en la vida interna de los sindicatos. Estas disposiciones también tienen proyecciones prácticas en relación con las autoridades jurisdiccionales del trabajo, pues si se pretende impugnar ante ellas la validez de la elección de un comité ejecutivo sindical, carecen de competencia para ellq_, con fundamento en el 26 artículo 3 del Convenio 87 y en el 359 de la LFT".. 26. CLIMENT BELTRÁN, Juan B., Derecho Sindical, Editorial Esfinge, Primera Edición 1994, PP. 59. 30.

(31) Esto es parcialmente cierto, pero son ellas, las autoridades jurisdiccionales del trabajo, quienes otorgan el registro sindical. Por lo que terminan interfiriendo al OTORGARLO, no reconocer a la propia asociación sindical.. Si bien lo anterior podría tener sentido al creer que la primera parte del texto interno contiene a la segunda parte del mismo, es necesario conocer si ésta se entiende así por los gobernados. Aunado a esta idea, el propio Estado a través de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social o de las Juntas de Conciliación pide requisitos para otorgar el reconocimiento al sindicato.. Por lo tanto, si no "intervienen", son éstas quienes otorgan el registro, por lo que terminan injiriendo, ya que de no otorgarlo, la coalición o prospecto de sindicato no tiene personalidad jurídica y no puede actuar legalmente, pues como explicamos antes, la coalición no tiene reconocimiento jurídico.. Otro de los artículos del Convenio 87 es el siguiente:. Artículo 7.- La adquisición de personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y de empleadores, sus federaciones y confederaciones no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este convenio.. Esto se entiende en conjunto con el artículo 8, punto 2:. Artículo 8.- (2) La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente convenio.. Entendemos lo anterior como estipulaciones que guiarán el actuar de los Estados que hagan suyo dicho convenio, por lo que deberían modificar su legislación interna. 31.

(32) de tal manera que no violase los conceptos internacionales. (Como ya lo explicamos antes con el Derecho Comunitario).. En nuestro país existe una particularidad sobre el sindicalismo. El autor Mario de la Cueva señala que el sistema mexicano en su ley de 1970 pensó en imponer una "libertad ilimitada de formas de sindicación, teniendo en cuenta el Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo que así lo indica; pero si no tuvieron interés en que hubiere esa libertad irrestricta de formas de sindicación, más bien consideraron que eso podía dar margen a que hubiera sindicatos de paja". 27. De aquí proviene la primera limitación al derecho sindical, pues el legislador al "pensar" sobre las situaciones negativas de una libertad ilimitada, no contó con la cooptación de la libertad de los trabajadores de formar sindicatos, lo que se une con la forma de otorgar el reconocimiento jurídico, contraviniendo el artículo 7 y 8 del Convenio citado, por ser la autoridad juez y parte a la hora de entregar el registro sindical.. ii.. PROCEDIMIENTO. Requisitos para su Constitución y registro. Los requisitos los podemos extraer del artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo. 28. ,. pero para entenderlos mejor deberíamos coincidir en su definición. Para Mario de la Cueva son "los elementos humanos, sociales y jurídicos que le dan existencia como personas jurídicas29 ", y los divide en dos: fondo y forma.. 27. De la Cueva, Mario, El nuevo derecho mexicano del trabajo. Tomo 11. Editorial Porrúa, México 1979, pp.. 331 y siguientes. 28. 29. Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 1970. IDEM. 32.

(33) Los primeros van encaminados a conocer a los integrantes, sus intereses y sus fines, mientras que los segundos son las formalidades que les impone la ley para el reconocimiento de la personalidad jurídica.. En este punto el Autor Juan Clement Beltrán hace una pequeña reflexión sobre lo que es el sindicato y su finalidad. La primera la podemos leer del artículo 356 que dispone:. Artículo 356.-Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses.. Por su parte, la finalidad la describe como "servir de instrumento para la defensa de los intereses de los trabajadores, en las relaciones de trabajo obrero-patronales, lo que. significa. una. actuación. de. carácter. económico. social. para. obtener. reivindicaciones obreras y elevar la condición de vida de los trabajadores en un sentido amplio, que abarque las mejoras salariales, capacitación técnica, formación cultural, etcétera". 30. .. Podemos entender que el trasfondo histórico es un peso importantísimo en nuestra cultura sindical, y el de verlo relegado por capricho de la autoridad no es idóneo para su correcto funcionamiento.. Ahora pasamos a los requisitos de forma, los cuales se establecen en los artículos 364 y 365 de la Ley Federal del Trabajo.. Artículo 364.- Los sindicatos deberán constituirse con veinte trabajadores en servicio activo o con tres patrones, por lo menos. Para la determinación del número mínimo de trabajadores, se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro del período comprendido entre los treinta días. 3. °CLIMENT BELTRÁN, Juan B., Derecho Sindical, Editorial Esfinge, Primera Edición 1994, PP. 71 33.

(34) anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro del sindicato y en la que se otorgue éste. Por su parte el artículo 365 dispone:. Artículo 365.- Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los de competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado: l. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva; 11. Una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios; 111. Copia autorizada de los estatutos; y IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva. Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados por el Secretario General, el de Organización y el de Actas, salvo lo dispuesto en los estatutos. Juan Clement plantea la posibilidad de un conflicto entre los artículos de la LFT (entre el 365 y el 359), pero el argumento no se fortalece ya que la transcripción a dicha ley fue incompleta (refiriéndonos a lo planteado en el Convenio 87 de la OIT}, por lo que no contiene partes de la abstención de la autoridad. Y la situación radica en que la decisión de dicho órgano es extrema: otorga o niega. En tanto le convenga negar el registro, como en ejemplos que veremos más adelante, tendrá el poder basándose en una laguna legal.. Lo correcto sería aceptar el registro para fines de la personalidad jurídica y requerirlo conforme a los elementos que a juicio de la autoridad hagan falta. De lo contrario deja en estado de indefensión a los trabajadores al no permitirles actuar conforme a su derecho de coalición, el cual es restringido por la concesión de personalidad por parte del Estado.. 34.

(35) Así lo expone el autor:. "... ha sido motivo de controversia el requisito del registro del sindicato, por considerar que contraviene por los artículos (antes citados) ... sin embargo, el requisito del registro es inherente a su carácter de persona moral para acreditar su personalidad jurídica ante terceros, del mismo modo que una sociedad civil o mercantil se inscribe en el Registro Público del Comercio, sin que el Estado intervenga en la organización interna de esa sociedad".31. Finalmente hace una reflexión sobre si el registro otorgado por la autoridad tiene efectos declarativos o constitutivos, y concluye que es meramente declarativo, en los términos de la contradicción de tesis número 18/90, sustentada ante el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, de 9 de septiembre de 1991, estableciendo que la autoridad correspondiente da fe de que el acto constitutivo reúne los requisitos de fondo que exige la Ley, pero no otorga al sindicato existencia ni personalidad jurídica nueva". (Lo cual es falso, por las razones antes comentadas). SINDICATOS. LOS LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE SU REGISTRO SON SUS REPRESENTANTES, NO SUS INTEGRANTES EN LO PARTICULAR. El artículo 374, fracción 111, de la Ley Federal del Trabajo, al señalar que los sindicatos legalmente constituidos son personas morales que tienen capacidad para defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes, atribuye personalidad jurídica a los que cumplan con los requisitos de constitución que establece el artículo 364 de la Ley Laboral. A través del registro a que se refiere el artículo 364 del mismo ordenamiento, la autoridad correspondiente da fe de que el acto constitutivo reúne los requisitos de fondo que exige la Ley, pero no otorga al sindicato existencia ni personalidad jurídica nueva; de aquí que los propios sindicatos, por conducto de sus representantes legales, están legitimados para promover el amparo en contra de la negativa del registro sindical, y no sus integrantes en particular, pues los afectados en forma directa por esa determinación no son ellos en lo individual sino la persona moral que constituyeron, misma que goza de personalidad jurídica propia e 32 independiente de la de sus agremiados. 31. IDEM. 32. Varios 18/90. Contradicción de tesis sustentada entre el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito. 9 de septiembre de 1991. Tesis de. 35.

(36) En este punto consideramos que la decisión no versa enteramente sobre la cuestión de esta tesis, al no ser el centro de atención si el otorgamiento del registro es un reconocimiento o simplemente una aceptación de validez, aunque se mencione. Y en todo caso, aceptando sin conceder, que así fuera, no se entiende completamente la decisión si quien otorga el registro lo puede negar lisa y llanamente, sin explicación de por medio. Por ejemplo, la línea que sigue la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en estos tiempos es negar cualquier solicitud de registro ante el "exceso de sindicatos paja". Tiene una finalidad buena, pero la forma limita tajantemente el derecho de asociación sindical. Más aún que con el criterio antes descrito por vía de amparo se vuelve a negar dicho reconocimiento. Lo que origina la cuestión a estudiar, pues si la autoridad que otorga los registros es la misma que juzga y conoce a los sujetos en cuestiones de pretensiones, está jugando un doble papel ante el mismo sujeto, lo que trae como consecuencia que puede hacer un mal uso de sus facultades y negar o retardar ciertos tramites sindicales como forma de presión. La idea básica es que el registro deba hacerse como una sociedad civil, ante un organismo neutral que no tenga la capacidad de juez y parte en el acto jurídico y frente a la asociación de trabajadores, que en última instancia, nada ganan con crear nuevas organizaciones sindicales sino defender sus derechos frente al patrón.. •. Es aquí donde llegamos a probar la omisión flagrante del legislador en el artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo al no contemplar el segundo párrafo del artículo 3(2) del Convenio 87 de la OIT, dejando, como ya lo comentamos, en estado de indefensión al ciudadano al no tener en claro la abstención total de la autoridad en cuestiones sindicales, dejando al arbitrio de la autoridad su ajuste en la realidad.. Jurisprudencia 15/91 de la Cuarta Sala. Gaceta N° 46 del Semanario Judicial de la Federación. Octubre de 1991. Pág. 19. 36.

(37) •. La omisión de este artículo ocasiona inseguridad jurídica, violentando los artículos 14 y 16 constitucionales, al no existir un medio idóneo en la ley que sostenga el criterio internacional sobre este tema.. •. Violenta también los pactos internacionales con la OIT, al no adecuar de manera óptima las leyes federales para que dichos acuerdos surtan efectos.. •. El único problema de lo anterior es que las omisiones aún no son contempladas por el amparo. Además que invocar un Tratado Internacional en el mismo es muy complicado. Aunque ya existe una propuesta que a continuación comentaremos y desglosaremos que servirá para nuestro estudio.. Una de las reformas más importantes a la Constitución desde 1999 robustecerá el criterio planteado en esta tesina. Lo anterior lo podemos cotejar del Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de amparo.Dicho proyecto de acuerdo de Reforma fue presentado por las bancadas Priista y Perredista de la LX Legislatura ante el Senado en fecha 19 de marzo de 2009, el cual fue turnado por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativo para su estudio, análisis y elaboración correspondiente. Fue hasta el 8 de diciembre de 201 O que se emitió un dictamen, el cual fue aprobado dos días después por parte del Senado y turnado a la Cámara de Diputados para los efectos de Ley. Fue recibido por ésta y el 15 de diciembre de 201 O fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales para emitir el dictamen correspondiente, el cual fue aprobado el 9 de febrero del año en curso y se espera que sea ratificado en el pleno de la LIX Legislatura al instalarse como Constituyente Permanente en una sesión próxima. De dicho proyecto se pueden rescatar cuatro puntos importantes que servirían para nuestra argumentación y que, una vez que se aprueban, harán el 37. •.

(38) procedimiento de cambio en materia sindical más fácil. Los puntos son los siguientes: •. Consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un Tribunal Constitucional, dejando que solo conozca de asuntos de mayor importancia y trascendencia.. •. Ajustar la relatividad de las sentencias de amparo, es decir, que no solo se ocupe de individuos particulares, sino también de personas morales privadas y sociales que lo hubieren solicitado. (Como podría serlo un Sindicato).. •. Introducir la figura de interés legítimo.. •. Incorporar los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos como parámetro directo de protección al individuo.. Trataremos de explicarlos de manera breve y concisa. Respecto al primer punto, la especialización de la Suprema Corte (SC) como tribunal constitucional, no es sólo una nueva meta de la presente reforma, sino que ha sido todo un proceso histórico de hace casi 20 años. Desde la reforma de 1994 donde se creó el Consejo de la Judicatura para encargarse de las cuestiones administrativas del Poder Judicial, así como vincular los procesos Constitucionales a la SC, para hacerla más de élite. Posteriormente en 1996 la procedencia de los Amparos Indirectos en cuestión legal; 1999 con el mayor poder otorgado a la SC sobre el Consejo de la Judicatura, sobre todo para designar a sus consejeros; 2005 con la procedencia de las Controversias Constitucionales; 2006 con la legitimación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus comisiones Estatales para solicitar el Control Abstracto de las Leyes y finalmente la reforma electoral de 2007, donde se le concede al TRIFE el control concreto para inaplicar normas que conoce, garantizando que cuando esto suceda lo informará a la Suprema Corte. Como vemos la tendencia de la reforma es colocar a la Suprema Corte de Justicia en un plano superior al de cualquier otro tribunal en nuestro país. No solo 38.

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