DICTAMEN Nº 123 / 2012

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DICTAMEN Nº 123 / 2012

Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la asistencia sanitaria prestada en diversos centros pertenecientes al Servicio Aragonés de Salud.

De los ANTECEDENTES resulta:

Primero.- Por escrito de fecha 9 de mayo de 2012 (con registro de entrada en el Consejo Consultivo de Aragón del día 24 de mayo de 2012), el Consejero de Sanidad, Bienestar y Social del Gobierno aragonés solicita Dictamen en relación a un procedimiento de responsabilidad patrimonial y su propuesta de Resolución de fecha 8 de mayo de 2012, formulada por el instructor del procedimiento 50/042/11, abierto a instancia de “Y” y dos más.

Segundo.- El expediente recibido está ordenado y foliado constando de 448 folios numerados correlativamente y una propuesta de resolución, según acredita por escrito de 8 de mayo de 2012 el Secretario General Técnico del Departamento referido.

Se inicia por un escrito, con registro de entrada de 25 de abril de 2011, que suscribe un abogado de Zaragoza actuando en representación de las personas mencionadas. En dicho documento se indica lo siguiente:

a) Que los reclamantes son la esposa e hijos de “X”, que fue atendido en diversos centros sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de Salud, falleciendo el día 18 de septiembre de 2010.

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dificultades para la respiración y otras dolencias secundarias, siendo tratado con diuréticos y derivado a consulta externa de Neumología y a controles de cardiología. Recibió el alta el 05-03-2010.

c) Que volvió a ingresar con fecha 30-03-2010 recibiendo el alta el 16-04-2010.

d) Que tiene lugar un nuevo ingreso con fecha 26-04-2010, aquejado de incremento de la disnea hasta llegar a ser de pequeños esfuerzos, así como dolor en base de hemitórax derecho. Se le diagnostica derrame pleural derecho e insuficiencia cardíaca congestiva leve. Se aplica semejante tratamiento que en ocasiones anteriores y se le da de alta el 26-05-2010.

e) Que con fecha 03-06-2010 ingresa en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza donde se le interviene quirúrgicamente para evacuación de 1500 cc de líquido pleural seroso, pulmón libre. El diagnóstico es derrame pleural derecho recidivante: inflamación crónica inespecífica recomendándosele tratamiento en casa y revisiones periódicas. El informe de alta es de fecha 09-06-2010.

f) Que el día 14 de julio de 2010 se recomienda por el Servicio de Técnicas Diagnóstico-Terapéuticas Respiratorias un Estudio Radiológico y o TAC Torácico debiendo pasar luego a revisión. Dice la reclamación que estas pruebas nunca se practicaron.

g) Que ingresa con fecha 19-07-2010 en el Hospital de Calatayud, por aumento de sus edemas maleolares desde hace 4 o 5 días, con leve aumento de su disnea, según el médico de urgencias.

h) Que fue citado para consulta el 1 de noviembre de 2010 pero ante las quejas de la familia la consulta fue trasladada al 1 de septiembre anterior, pudiendo constatar él y sus familiares que no se habían realizado ninguna de las pruebas diagnósticas solicitadas. Y ante esta situación “y cansados de tanta burocracia y desidia médica, el día 7 de septiembre, tras ser admitido, ingresa en la Clínica Universitaria de la Universidad de Navarra, en cuyo Departamento de Neumología se estudian los informes realizados en Zaragoza (incompletos al no haberse realizado todas las pruebas y carecer de imágenes radiológicas) y tras las pruebas complementarias detectan de inmediato un nódulo pulmonar y metástasis óseas múltiples, además de otras patologías graves. Tras un estudio más exhaustivo establecen el diagnóstico final siguiente:

-Adenocarcinoma pulmonar estadio IV con afectación metastásica ósea múltiple (escápula izquierda, cuerpos vertebrales lumbares, parrillas costales y pelvis).

-Dolor secundario de difícil control”.

i) Que en ese hospital le recomiendan un tratamiento urgente de Oncología y diversa medicación. No obstante, al ser informada la familia del carácter irreversible de la enfermedad en ese momento, deciden volver al Hospital de

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Calatayud para pasar sus últimos días. Ingresa el 10-09-2010 y fallece el 18 de septiembre siguiente.

j) Que la narración anterior supone que se dan las características de la responsabilidad administrativa –que se detallan en el escrito de reclamación que aquí solo se sintetiza- por lo que se reclama una indemnización que, con referencia al baremo de indemnizaciones actualizado para el año 2010, se cuantificaría de la siguiente forma:

-Cónyuge “Y”……….105.676, 22 euros.

-Hija … ………8.806,35 euros.

-Hijo … ………8.806,35 euros.

Se solicita la práctica de prueba documental y se acompaña el escrito con documentación.

Tercero.- A este escrito de reclamación responde la Secretaria General Técnica del entonces denominado Departamento de Salud y Consumo, por oficio de 9 de mayo de 2011, informándole de la admisión a trámite de su reclamación y comunicándole también distintas cuestiones sobre la tramitación del procedimiento iniciado. Consta en el expediente que por escritos de 3 de mayo y 25 de abril de 2011 se da traslado de la reclamación a la compañía Zurich España S.A. y a la correduría de seguros AON GIL Y CARVAJAL, respectivamente.

Cuarto.- Consta en el expediente remitido la historia clínica relativa a la enfermedad del paciente y fallecido así como documentación propia del procedimiento de responsabilidad administrativa que se ha practicado.

Singular importancia tiene en la práctica del procedimiento el informe del médico inspector, en este caso suscrito por …, que se emite con fecha 7 de septiembre de 2011. En el mismo, que es muy escueto (folios 407-412 del expediente), lo que contrasta claramente con el largo y pormenorizado informe de la asesoría médica de la aseguradora de la Administración, y atendiendo a la historia clínica y a distintos informes presentes en el expediente administrativo se contienen informaciones sobre el tratamiento como las que se reproducen a continuación:

“Estamos ante un paciente que en el curso de una enfermedad pulmonar antigua con derrame pleural y paquipleuritis residual crónica precisó de la asistencia en los hospitales “Ernest Lluch” de Calatayud (Urgencias, Medicina Interna…), HCE de Zaragoza (Neumología, Cirugía Torácica) completando su estudio en Clínica Universitaria de Navarra, donde es diagnosticado de adenocarcinoma de pulmón con lesiones destructiva ósea, compatible con metástasis, con resultado final de exitus en el Hospital de Calatayud.

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específicos, con reagudizaciones y complicaciones pulmonares (entre las que podemos encontrar el derrame pleural…). Ante esta posible eventualidad, al paciente se le hizo un seguimiento y tratamiento exhaustivo en el Servicio Público de Salud, tanto a nivel de urgencias, de forma ambulatoria y de hospitalización (Medicina Interna, C. Torácica, Neumología…). Fue tratado con antibióticos, antiinflamatorios, esteroides, oxigenoterapia, según los datos que se iban obteniendo de las exploraciones complementarias.

En las pruebas radiológicas: Radiografía de tórax, tomografía computarizada (TC) realizadas en el Servicio Público de Salud se observa “Paquipleuritis izquierda residual” y “derrame pleural derecho”. Aunque la radiografía de tórax puede suministrar datos pronósticos útiles como signos de derrame pleural o de invasión de la pared costal, un porcentaje importante de las lesiones pulmonares encontradas en las placas de tórax entran dentro de la categoría de indeterminadas y obligan a proseguir el estudio por medio de tomografía computarizada (TC) para valorar la extensión intratorácica.

Se solicita angio TAC y toracocentesis Dx:; informando “inflamación crónica inespecífica”. Se prosigue el estudio intentando descartar neoplasia subyacente realizando TAC abdomino-pélvico (17.5.2010) que resulta negativo para dicha posibilidad. Se efectúa asimismo broncoscopia con toma de muestras para descartar infiltración neoplásica y marcadores tumorales resultando ambas pruebas negativas;

acordando con el paciente la valoración por la consulta de Cirugía Torácica (Cta.

31.5.2010).

Aunque la TC es muy útil para diagnosticar derrame pleural, para confirmar histológicamente la afectación ganglionar del mediastino, conocer la verdadera naturaleza del derrame pleural o la posibilidad de un tratamiento quirúrgico es preciso la realización de toracocentesis, o toracoscopia videoasistida, que permite la toma de biopsias de las lesiones visibles.

Todas las pruebas efectuadas resultaron inespecíficas o negativas no mostrando datos de enfermedad neoplásica; en todo momento hubo una “continuidad asistencial”

sin llegar a finalizar el proceso diagnóstico y/o descartar patología oncológica”.

Y se concluye lo siguiente:

“Por otra parte, el recurso a la medicina privada (Clínica Universitaria de Navarra) no se ha producido como supuesto de urgencia vital ni encuentra justificación en términos de inevitabilidad al tratarse de una decisión voluntaria y unilateralmente por el reclamante, además abandona la asistencia sanitaria que le presta el servicio público de salud (el paciente rechaza ingreso para estudio general ofertado por Servicio de Medicina Interna del Hospital de Calatayud).

En el pronóstico del cáncer de pulmón, existen múltiples factores implicados y dentro de los más importantes son el estadio de la enfermedad (extensión del pulmón) y el estado general del paciente.

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No hay duda de que cuanto más precozmente se descubra un cáncer de pulmón, mayor será la posibilidad de supervivencia del paciente. El paciente inicia con sintomatologías inespecíficas en febrero de 2010 y a pesar de los estudios realizados no es diagnosticado hasta septiembre de 2010 de una enfermedad extremadamente agresiva e incurable: Ca de pulmón en estadio IV de la que fallece a los pocos días de dicho diagnóstico.

La conclusión es que si se hubiera sabido antes el diagnóstico de cáncer de pulmón, la evolución y resultado final exitus, habría sido similar, pues nos encontramos ante un tipo de tumor (estadio IV o enfermedad metastásica) sin posibilidad curación en el momento del diagnóstico real por lo que no se evidencia relación causal eficiente entre el daño alegado y la actuación del servicio público.

La atención dispensada en los Hospitales de Salud se encuentra dentro de la lex artis, al haber recibido una asistencia normal y dentro de los parámetros de adecuación de medios de que disponía en cada momento”.

Quinto.- Consta también en el expediente remitido el dictamen de la asesoría médica de la aseguradora de la Administración (folios 414-434 del expediente, aunque no todos los folios se numeran dado que el informe consta en realidad de 42 folios), que se emite con fecha 27 de noviembre de 2011. Entre los hechos a destacar en este momento y en relación al decisivo momento de la consulta del 1 de septiembre de 2010 en la que el paciente y su familia manifiestan la voluntad de acudir a la Clínica Universitaria de Navarra, transcribimos lo siguiente:

“Fue valorado en la consulta de Medicina interna el 1/9/10, habiéndose constatado un cambio marcado en la sintomatología referida en las últimas semanas (según la reclamación en los últimos 3-4 meses), refiriendo en este momento dolor constante y de intensidad fuerte a nivel de todo el raquis (región cervical, dorsal y lumbar) así como pérdida de peso significativa y de apetito que previamente no refería, antes de junio de 2010. Al referir dicho cambio significativo se instó al paciente para ingreso inmediato para nuevo estudio, que rechaza. El paciente se hallaba pendiente de realización de una RMN solicitada con anterioridad. No obstante, se le da volante para ingreso y/o consulta. La familia y el paciente, tras ser informados y habiendo propuesto el ingreso inmediato en el hospital, decidieron que el paciente se hospitalizase para dicho estudio en la Clínica Universitaria de Navarra, al parecer ya tenía cita”.

Las conclusiones de este informe, emitidas después de un exhaustivo examen del tratamiento recibido y, sobre todo, de consideraciones médicas sobre el cáncer de pulmón y, en particular, sobre su mejor forma de diagnóstico todo ello adecuado al supuesto concreto que se examina, son las siguientes:

“1. El paciente recibió un adecuado seguimiento por todos los facultativos que le atendieron mostrando siempre una continuidad asistencial.

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adecuadas al proceso clínico que presentaba la paciente (sic), realizando todas las pruebas diagnósticas acorde a la sintomatología que en cada momento refería, para permitir una aproximación diagnóstica rápida y fiable.

3. No puede establecerse la existencia de una relación de causalidad entre las asistencias sanitarias cuestionadas y el resultado final que se reclama”.

Sexto.- Se ofrece a los reclamantes el trámite de audiencia a los interesados por escrito de 20 de diciembre de 2011. El representante de los reclamantes comparece en dicho trámite presentando alegaciones con fecha 16 de enero de 2012 insistiendo en sus argumentos de negligencia por mal diagnóstico y retraso en la aplicación de tratamientos.

Por otra parte el escrito manifiesta que se ha solicitado un informe a un experto en valoración del daño corporal, pero ese informe no aparece en el expediente remitido a este Consejo.

Séptimo.- La propuesta de resolución que acompaña al expediente remitido por el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, está suscrita por el Secretario General Técnico del Departamento y lleva fecha de 8 de mayo de 2012. En la misma se rechaza la reclamación presentada por falta de causalidad entre la actuación de la Administración y el resultado dañoso.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

I

El dictamen solicitado entra dentro de las competencias del Consejo Consultivo de Aragón tal y como se regula en el art. 15.10 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón, que dispone la necesidad de consulta preceptiva al Consejo en el supuesto de “reclamaciones administrativas de indemnización de daños y perjuicios de cuantía superior a 6.000 euros”. Dado que la cantidad reclamada es de 180.000 euros el Dictamen debe considerarse como preceptivo

En función de lo preceptuado en los arts. 19 y 20 de la misma Ley 1/2009, resulta competente la Comisión para la emisión del dictamen.

II

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El Consejo Consultivo de Aragón ha de pronunciarse acerca de si, a la vista del procedimiento tramitado por el órgano competente de la Administración Autonómica, procede o no estimar la reclamación de indemnización económica presentada en relación con los daños sufridos por una persona atendida en centros sanitarios dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Sabemos, en general, que los requisitos para que sea declarada la responsabilidad patrimonial de la Administración, según reiterada y pacífica formulación doctrinal y jurisprudencial, pueden resumirse del siguiente modo: 1º) la efectiva realización del daño o perjuicio evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas; 2º) que el daño o lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa de causa a efecto sin intervención extraña que pueda influir en el nexo causal; 3º) que el daño o perjuicio no se hubiera producido por fuerza mayor; y 4º) que no haya prescrito el derecho a reclamar (cuyo plazo se fija legalmente en un año, computado desde la producción del hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación de su efecto lesivo).

III

Lo que se ha hecho en el final de la anterior consideración jurídica es un recuerdo a los principios de la responsabilidad administrativa que, con origen en el art. 106 de la Constitución y desarrollo posterior en los arts. 139 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, serían los que, en su caso, deberíamos apreciar aquí a los efectos de concluir en la existencia, o no, de responsabilidad de la Administración.

En torno a ello debemos indicar que la reclamación fue realizada en plazo, pues se presentó el 25 de abril de 2011 y el fallecimiento se produjo el 18 de septiembre de 2010.

Además, el procedimiento se ha tramitado de forma correcta, llevándose a cabo las actuaciones ordenadas por la normativa aplicable y ofreciéndose el trámite de audiencia a los interesados que los reclamantes han utilizado por medio de su representante legal.

IV

En cuanto al fondo del asunto y siguiendo nuestra doctrina consolidada y la jurisprudencia sobre la materia a la que también nos hemos referido repetidamente, no cabe duda de que en el ámbito de la sanidad la producción de responsabilidad administrativa no siempre está ligada a un fracaso en la actuación de los medios personales y materiales de la Administración, dado que en la sanidad asistencial el éxito no puede garantizarse nunca, sino que la responsabilidad se vincula a una utilización conforme a los principios de la buena práctica médica (lex artis ad hoc) de dichos medios personales y materiales.

A esos efectos conviene recordar, en primer lugar, que el Consejo de Estado (Dictámenes 166 y 692/1999, de 11 y 25 de marzo, entre otros) y la Comisión Jurídica

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Consultivo a través de múltiples dictámenes, vienen sustentando de forma reiterada y con palabras semejantes a las que reproducimos a continuación que: “para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial es preciso acudir a parámetros como la “lex artis”, de modo que tan sólo en caso de una infracción de esta ley cabrá imputar a la Administración de la cual dependen los servicios sanitarios la responsabilidad por los perjuicios causados. En el caso de que no se infrinja la “lex artis”, ha de concluirse que tales perjuicios no son imputables a la Administración y han de ser soportados por el particular sin que generen, en modo alguno, el derecho a percibir una indemnización”. Al mismo tiempo el Tribunal Supremo tiene declarado que según el artículo 141.1 de la LPAC sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, pues lo contrario convertiría a las Administraciones Públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos sociales, lo que no resulta acorde con el significado de la responsabilidad extracontractual aunque sea objetiva o por el resultado (Vid. Sentencia del T.S. de 10 de febrero de 2001 y otras muchas con posterioridad en el mismo sentido).

En el caso concreto que ha sucedido y sobre el que se dictamina, está perfectamente acreditado en distintos documentos presentes el expediente remitido y frente a las razones esgrimidas por los reclamantes, que hubo un tratamiento correcto por parte de los distintos centros dependientes de la Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma en relación a las vicisitudes por las que fue pasando el paciente.

Así está acreditado:

a) Que existió un tratamiento continuado por parte de diversos centros sanitarios dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma.

b) Que se le realizaron al paciente las distintas pruebas que en cada momento eran consideradas necesarias según las observaciones que manifestaba el mismo o lo que se desprendía de otras pruebas practicadas.

c) Que en concreto y en distintos momentos se practicaron pruebas que tenían como objetivo la detección de un posible proceso tumoral, siendo en todos los casos el resultado de tales pruebas indagatorias, negativo.

d) Que se trataba de un paciente que en el pasado había tenido problemas de derrame pleural, por lo que no es descartable que tales problemas y sus manifestaciones permanentes, pudieran hacer difícilmente detectable la observación del proceso tumoral.

e) Que sin embargo y en la consulta realizada el 1 de septiembre de 2010, el paciente manifiesta unos síntomas (dolores raquídeos generalizados) y se observa una pérdida significativa de peso que llevan a los servicios médicos que le atienden a sospechar del problema tumoral y, por tanto, a recomendar un ingreso inmediato en un centro sanitario público para la práctica de las correspondientes pruebas específicas. No obstante la familia tenía ya decidido su ingreso en la Clínica Universitaria de Navarra, por lo que rechazan tal ingreso lo que, no obstante, no es óbice para que no se les entreguen los volantes correspondientes para su tratamiento en la sanidad pública.

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Por otra parte, los únicos informes médicos presentes en el expediente recibido por este Consejo Consultivo, son coincidentes desde distintas perspectivas y con un tratamiento exhaustivo y convincente sobre todo en el informe de la consultora de la aseguradora de la Administración, en:

a) Que se realizaron todas las pruebas pertinentes según el estado del paciente y los signos manifestados y

b) Que, en todo caso, no hubiera variado la situación vital del paciente de haber tenido lugar el diagnóstico con anterioridad dado el estado del tumor.

Frente a esta unanimidad en los informes existentes, no ha existido una prueba específica por parte de los reclamantes que solamente anuncian en su comparecencia en el trámite de audiencia al interesado, que se ha encargado un informe a un especialista en daño corporal pero informe que –al margen de su idoneidad que ahora no vamos a discutir- no se encuentra en el expediente remitido a este Consejo.

Por otro lado es claro que en el campo de la institución de la responsabilidad administrativa que se desarrolla en el ámbito sanitario y aun configurándose ésta como objetiva y no culposa, no basta para que surja la obligación de indemnizar con que se produzca un daño al paciente o usuario de los distintos centros sanitarios dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón sino que, además, es exigible una conducta de los profesionales o de los servicios que atiendan al paciente que pueda configurarse como una infracción de las reglas que presiden la prestación del servicio sanitario. Es lo que se considera como infracción de la “lex artis ad hoc” que en este caso, tal y como se acredita, se ha respetado escrupulosamente.

Por todo lo cual este órgano consultivo en función de la documentación presente en el expediente, no puede, aun constatando el resultado dañoso, concluir otra cosa en que ese daño no se ha producido como consecuencia de una actividad de la Administración Pública.

En modo alguno se han producido, por tanto, los requisitos a que se refiere el art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No se han producido porque el tratamiento en todo momento en los servicios sanitarios dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma ha respondido a los parámetros de la “lex artis ad hoc”.

Por eso mismo tampoco debemos entrar en valorar la cuantía y los conceptos de la indemnización solicitada (conceptos que, por otra parte, tampoco aparecen en la reclamación) dado que ello sería necesario si se hubiera apreciado la existencia de responsabilidad administrativa, supuesto en el que el ordenamiento jurídico obligaría al Consejo Consultivo de Aragón a emitir un juicio sobre la cuantía de lo solicitado desde la perspectiva indicada.

V

En resumen, a la vista de los hechos que constan en los documentos presentes en el expediente remitido a este Consejo Consultivo de Aragón y de las consideraciones jurídicas

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que se han cumplido las exigencias del procedimiento administrativo aplicable, en el que tiene especial relevancia la audiencia al interesado que ha tenido lugar; 3) que la asistencia sanitaria prestada por los distintos Centros y Servicios dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón ha sido la correcta respetándose la lex artis ad hoc; 4) que por ello no puede hablarse de la existencia de una lesión en sentido de daño antijurídico ni, consiguientemente, de una relación de causalidad entre esa actuación y el resultado dañoso.

Estos extremos motivan, por las consideraciones jurídicas anteriormente vertidas que los justifican, la procedencia de desestimar la reclamación de indemnización formulada.

En mérito a lo expuesto, la Comisión del Consejo Consultivo de Aragón emite el siguiente DICTAMEN:

Que de conformidad con la propuesta del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, procede desestimar la solicitud de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada por “Y” y dos más.

En Zaragoza, a diecisiete de julio del año dos mil doce.

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