En Xalapa, Veracruz a nueve de diciembre del dos mil quince.

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Texto completo

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En Xalapa, Veracruz a nueve de diciembre del dos mil quince.

Visto el expediente IVAI-REV/1470/2015/III, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por ---, en contra de la Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, y realizadas las formalidades procedimentales que disponen los artículos 67.1 y 67.3 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 2, fracción IV, 20, 58, 60 y 69 de los Lineamientos Generales para Regular el Procedimiento de Substanciación del Recurso de Revisión, como consta en actuaciones, se emite resolución definitiva conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Solicitud de información. El veintiuno de octubre del dos mil quince, la parte ahora recurrente presentó una solicitud de información vía Sistema Infomex-Veracruz a la Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, misma que fue registrada con el folio 00572215, en la cual se requirió lo siguiente:

Solicito copias simples de todos y cada uno de los decretos de expropiación que haya expedido el Gobernador Javier Duarte de Ochoa durante lo que va de su administración Estatal;

De igual forma solicito se me den a conocer cuales [sic] fueron los decretos de expropiación que fueron emitidos por los gobernadores Fernando Gutiérrez Barrios, Dante delgado [sic] Ranauro, Patricio Chirinos y Miguel Alemán Valdez durante sus respectivas gestiones, específicamente, emitidos en relación a propiedades ubicadas en el Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz.

II. Respuesta del Sujeto Obligado. El veintidós de octubre del año en curso el sujeto obligado remitió respuesta a la solicitud de información vía Sistema Infomex- Veracruz, manifestando por medio del oficio UAIP/124/2015 manifestando lo siguiente:

Analizando el contenido íntegro del planteamiento recién transcrito, se aprecia que éste versa acerca de una acción ajena a las funciones de la Oficina del Gobernador.

Para calificar lo expuesto, a continuación se transcribe el artículo 3 del Decreto por el que se establecen las funciones de la Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 070 del 18 de febrero de 2015.

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I. Someter a consideración y acuerdo con el Gobernador del Estado, los asuntos oficiales vinculados con los tres niveles de gobierno y aquellos de carácter particular, que por su naturaleza le corresponda conocer de manera indelegable, y turnar a las diferentes instancias las indicaciones o resoluciones emitidas por el Gobernador;

II. Establecer y coordinar la agenda del Gobernador del Estado, y definir las giras que sean necesarias con motivo de su función pública;

III. Analizar y revisar las iniciativas de leyes, proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, convenios, contratos, anexos de ejecución y en general, los instrumentos jurídicos que le corresponda emitir o suscribir al Gobernador del Estado, con los gobiernos federal, estatales o municipales y con el sector privado; así como, en su caso, dar seguimiento al proceso legislativo en el H. Congreso del Estado y turnar a publicación los que se le encomienden;

IV. Coordinar y auxiliarse de las áreas jurídicas de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como ser enlace del Gobernador del Estado con el Poder Judicial Federal y Local;

V. Prestar asesoría legal y someter a consideración los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que deban firmarse por el Gobernador del Estado, así como turnarlos para ser publicados en la Gaceta Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuando así se requiera;

VI. Coordinar con los gobiernos federal, estatales, municipales, así como con el sector social y privado, la realización de actos públicos en los que participe el Gobernador del Estado;

VII. Organizar y coordinar las giras del Gobernador del Estado que sean necesarias con motivo de su función pública;

VIII. Coordinar, dirigir y supervisar la aplicación y rendimiento eficiente de los recursos financieros, materiales, humanos y documentales que le corresponda; así como controlar la gestión de éstos últimos;

IX. Elaborar el Acuerdo del Gobernador, los documentos que se deriven del mismo, así como realizar la corrección de estilo de textos y redacción de documentos de carácter oficial y personal que se presentarán a firma del Titular del Ejecutivo Estatal, llevando el control y custodia de los mismos; X. Promover una cultura de transparencia y respeto al derecho de acceso a la información pública en la Oficina del Gobernador; garantizar la protección de datos personales, así como dar respuesta a las solicitudes que se realicen al respecto, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de la materia y normatividad aplicable;

XI. Institucionalizar la perspectiva de equidad de género en la Oficina del Gobernador, garantizando el respeto a los derechos humanos y ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de la materia y la normativa aplicable;

XII. Atender y canalizar de forma expedita las peticiones realizadas al Gobernador del Estado por personas físicas o morales, a las Dependencias Centralizadas o Entidades Paraestatales con las que cuenta el Titular del Poder Ejecutivo para el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad a las atribuciones que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y demás legislación y normatividad aplicable establece para cada una de ellas;

XIII. Atender las relaciones públicas del Gobernador del Estado;

XIV. Administrar el recinto denominado Casa Veracruz, así como coadyuvar en la coordinación y organización de los eventos públicos y privados que en el mismo se realicen;

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XV. Coordinar con las Dependencias Centralizadas y Entidades Paraestatales la realización de proyectos especiales que determine el Gobernador del Estado;

XVI. Dar seguimiento y vigilar que las Dependencias y Entidades competentes, den cumplimiento a los acuerdos y compromisos adquiridos directamente por el Gobernador, con los sectores público, social y privado, tanto nacionales como internacionales;

XVII. Propiciar la comunicación y coordinación oportuna, objetiva y directa entre las Dependencias del Poder Ejecutivo, para el debido cumplimiento de las acciones, compromisos y programas de Gobierno en beneficio de la sociedad;

XVIII. Proporcionar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado la información de carácter estratégico para la definición de temas prioritarios;

XIX. Coadyuvar con la Secretaría de Gobierno en la relación del Poder Ejecutivo del Estado con los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos federales y el Gobierno del Distrito Federal; así como, ser enlace con las representaciones de las entidades federativas y las instituciones privadas residentes en la capital del país;

XX. Ser el conducto institucional ante la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal y las embajadas, consulados, representaciones y legaciones de los diferentes países y organismos internacionales acreditados en México;

XXI. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales competentes, en la promoción turística del Estado en el Distrito Federal; XXII. Difundir en el Distrito Federal los eventos culturales, deportivos, artísticos, científicos y tecnológicos, entre otros, que se lleven a cabo en la Entidad;

XXIII. Promover los recintos e infraestructura con que cuenta la Entidad, para la realización de eventos, congresos, exposiciones y negocios;

XXIV. Coordinar acciones con la Dirección General de Atención a Migrantes, para mantener constante comunicación con los veracruzanos en el extranjero y brindarles atención y asistencia;

XXV. Servir de vínculo entre la comunidad veracruzana residente en el Distrito Federal y área conurbada con el objetivo de fomentar su identidad y cultura propias;

XXVI. Coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública, y a los gobiernos municipales del Estado, en términos de agenda estratégica de Gobierno, enlazando y articulando con éstas, la agenda de actividades, eventos y programas de difusión del Gobernador;

XXVII. Coadyuvar con las dependencias y entidades de la Administración Pública y los gobiernos municipales del Estado que lo soliciten, en la realización de gestiones ante instancias gubernamentales federales y otras instituciones públicas y privadas con residencia en el Distrito Federal; y XXVIII. Las demás que expresamente le encomiende el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

No obstante, se le sugiere redirigir su planteamiento a la Dirección General de Patrimonio del Estado adscrita a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sita en Avenida Ignacio de la Llave número 9, colonia Represa del Carmen, Código Postal 91050, de esta ciudad y con teléfonos 01 (228) 173-015 y 01 (228) 120-158, la cual tiene entre otras atribuciones las inherentes a la temática de su solicitud de información.

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III. Inconformidad de la Parte Recurrente. El veintinueve de octubre del dos mil quince, la parte ahora revisionista interpuso el recurso de revisión de mérito a través del Sistema Infomex-Veracruz, señalando en la exposición de agravios:

La resolución de inexistencia no se encuentra debidamente fundada ni motivada, la autoridad señala sus razones pero no respalda las mismas en fundamento legal alguno. A cargo de dicha Secretaría esta [sic] el Archivo Estatal y en el mismo existe información de la solicitada, especialmente por lo que ace [sic] a los decretos de expropiación emitidos por los gobernadores del estado, por lo que resulta ilógica su resolución de inexistencia.

Además [sic] en dicha solicitud se piden los decretos de expropiación del actual gobernador no es posible que en su oficina no tenga registro de los mismos, cuando la facultad de expropiación le es exclusiva a los poderes ejecutivos como lo es el Gobernador del Estado.

IV. Acuerdo de radicación y turno. El treinta de octubre siguiente, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión; se radicó, con la clave de identificación IVAI-REV/1470/2015/III y se turnó a la ponencia a cargo del comisionado Fernando Aguilera de Hombre, para la sustanciación y elaboración del proyecto de resolución.

V. Admisión y emplazamiento al Sujeto Obligado. Mediante proveído de cuatro de noviembre siguiente, se emplazó y corrió traslado al sujeto obligado con el recurso de revisión y sus anexos, tal como se advierte de las constancias y razón actuarial, consultables en las hojas veintiuno a veintitrés del presente expediente.

VI. Procedimiento. El once de noviembre de dos mil quince, el sujeto obligado compareció ante éste órgano garante ratificando su respuesta primigenia, e informando a través del oficio UAIP/143/2015, lo siguiente:

Sobre el particular, es importante hacerle notar al antagonista que la Oficina del Gobernador, como sujeto obligado, no está catalogada como una Secretaria (sic), entiéndase Secretaría, máxime que de la lectura integral al artículo 3 del Decreto recién transcrito se desprende inequívocamente cuáles son sus funciones y obligaciones, las cuales distan de asemejarse siquiera a las de una Secretaría, en términos de la Ley Orgánica Número 58 del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Además, a fin de ubicar con precisión la denominación de las áreas, se hace del conocimiento del presunto agraviado que tampoco existe el “Archivo Estatal”, ya que su nombre correcto es Archivo General del Estado, el cual se encuentra adscrito a la Secretaría de Gobierno y está a cargo de su Directora

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General, la Licenciada Olivia Domínguez Pérez, ubicado en la calle Venustiano Carranza esquina con H. Galeana sin número y con teléfono: 01 (228) 818-6936, con Correo electrónico: odominguez@segobver.gob.mx. Este último dato podrá consultarlo el recurrente revisionista en el link

http://transparencia.segobver.gob.mx/sispdf/directorios/Directorio_SEGOB.p

df, siendo patente en consecuencia que la respuesta dada a la solicitud

primigenia nunca fue ilógica como si lo es el recurso de revisión que se responde.

El diecisiete siguiente se acordó dicha promoción y con ella se corrió traslado al recurrente a efecto de que en un término no mayor a tres días hábiles manifestara lo que a su derecho convenía respecto de las constancias enviadas por el sujeto obligado, sin que a la fecha conste en autos que haya atendido dicho requerimiento.

VII. Circulación del proyecto de resolución. Una vez sustanciado el recurso de revisión, el uno de diciembre de dos mil quince, se circuló el proyecto de resolución a los integrantes del Pleno de este Instituto.

Con base en los elementos precisados, este Instituto emite la presente resolución, y;

CONSIDERANDO

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información es competente para conocer y resolver los recursos de revisión, que tienen por objeto salvaguardar y garantizar el derecho a la información y la protección de datos personales, y que son presentados en contra de las respuestas emitidas por el sujeto obligado, así como por las omisiones de las mismas.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 6, párrafos segundo y cuarto, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 último párrafo y 67, párrafo segundo fracción IV, último párrafo de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 34.1, fracciones XII y XIII, 42, párrafo 1, 64, párrafo 1, fracción II, 67, párrafos 1, 2, 3 y 4, 69, y 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

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Veracruz de Ignacio de la Llave, 73, 74 y 75 de los Lineamientos Generales para Regular el Procedimiento de Substanciación del Recurso de Revisión, y 9, inciso A), fracción III, del Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

SEGUNDA. Requisitos de procedibilidad. Este Cuerpo Colegiado advierte que en los presentes recursos de revisión se encuentran satisfechos los requisitos formales y substanciales previstos en el artículo 65 de la ley en cita, toda vez que en los mismos se señala: a) Nombre del recurrente, su correo electrónico para recibir notificaciones; b) la Unidad de Acceso a la Información Pública ante la cual se presentó la solicitud; c) la fecha en que se le notificó al solicitante o en la que tuvo conocimiento del acto que motiva el recurso; d) la descripción del acto que se recurre; e) la exposición de los agravios; y f) las pruebas que tienen relación directa con el acto o resolución que se recurre.

Lo anterior, conforme a lo previsto en los artículos 64, 65, 66, 70, párrafo 1 y 71, párrafo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 63 de los Lineamientos Generales para Regular el Procedimiento de Substanciación del Recurso de Revisión.

Por lo que al no advertirse la actualización de alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 70 y 71 de la multicitada ley de Transparencia, este organismo debe entrar al estudio de fondo del recurso de revisión.

TERCERA. Previo al estudio de fondo es menester señalar que:

De conformidad con el texto vigente del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de junio de dos mil once, en materia de derechos fundamentales, nuestro orden jurídico tiene dos fuentes primigenias: los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución; y todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

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Las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación.

El derecho de acceso a la información está regulado en el segundo párrafo del artículo 6° de la referida Constitución; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El artículo 6º constitucional, en su apartado A, fracción I, señala que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

Asimismo, el derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional implica la obligación de las autoridades de dictar a una petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario.

Aunado a ello, el ya referido artículo 6º de la propia Constitución federal, establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Ambos derechos, reconocidos además en tratados internacionales y leyes reglamentarias, se encuentran vinculados y relacionados en la medida que garantizan a los gobernados el derecho, no sólo a que se les dé respuesta a sus peticiones por escrito y en breve término, sino que se haga con la información completa, veraz y oportuna de que disponga o

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razonablemente deba disponer la autoridad, lo que constituye un derecho fundamental tanto de los individuos como de la sociedad.

Se ha establecido por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos.

En efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de Derecho.

Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración.

Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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Lo anterior se estableció en la jurisprudencia de rubro: ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, Pleno, tesis P./J. 54/2008; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 1563.

Para la efectiva tutela del derecho a acceder a la información pública, la fracción IV del artículo 6º constitucional, apartado A, precisa que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece la propia Constitución.

A nivel local, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave establece en su artículo 6º que los habitantes del Estado gozarán del derecho a la información. La ley establecerá los requisitos que determinarán la publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados y el procedimiento para obtenerla, así como la acción para corregir o proteger la información confidencial.

Por su parte, el artículo 7º señala que toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles. La ley regulará los casos en los que, ante el silencio de la autoridad administrativa, la respuesta a la petición se considere en sentido afirmativo.

Asimismo, la Constitución Local en su artículo 6 señala que los habitantes del Estado gozarán del derecho a la información, derecho que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 fracción IV, del ordenamiento legal en cita, se garantiza por este Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

Por su parte la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dispone en sus artículos 4 párrafo 1, 11, 56, 57 párrafo 1, y 59 párrafos 1 y 2, que toda la información que los sujetos obligados generen, administren o posean es

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pública, salvo los casos de excepción previstos en la propia Ley, y por ende, toda persona directamente o a través de su representante legal, puede ejercer su derecho de acceso a la información ante el sujeto obligado que corresponda; con la obligación para éste, de dar respuesta a la solicitud de información en un plazo de diez días hábiles siguientes al que se haya recibido dicha solicitud.

La obligación de acceso a la información se cumple cuando se ponen a disposición del solicitante los documentos o registros o en su caso se expidan copias simples o certificadas de la información requerida, y en caso de que la información se encuentre publicada, se hará saber por escrito al interesado la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir u obtener la información.

El solicitante a su vez puede impugnar la determinación del sujeto obligado de proporcionar o no la información solicitada, cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en el numeral 64, párrafo 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave.

Del análisis de las constancias que obran en autos se observa que el agravio manifestado por el recurrente deviene infundado, como se explica en el siguiente razonamiento:

Es verdad que lo peticionado por el hoy recurrente tiene el carácter de información pública atendiendo a lo dispuesto en los artículos 3.1 fracciones V, IX, 4.1 y 6.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. No obstante lo anterior, si bien la información requerida por el solicitante es pública, también lo es que le asiste la razón al Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave al afirmar que la documentación peticionada no es generada ni resguardada por ese sujeto obligado.

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Es necesario establecer que la figura jurídica de la expropiación se encuentra contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, mismo que en la parte que interesa afirma:

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

Por su parte la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio de Bienes de Propiedad Privada para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave define la expropiación como un acto administrativo resultante del procedimiento de derecho público por el cual el Estado adquiere bienes de los particulares para satisfacer una necesidad de utilidad pública, mediante el pago de una indemnización.

Así, el solicitante requirió información relativa a los Decretos de expropiación expedidos tanto por el actual Gobernador del Estado de Veracruz así como por diversos mandatarios anteriores, al respecto, la última Ley en cita es clara en el sentido de establecer el procedimiento a seguir en caso de una posible expropiación, de inicio, el artículo 5 establece que el procedimiento inicia con una solicitud, misma que puede ser presentada por la Secretaría de Finanzas y Planeación, de oficio y a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, los titulares o sus equivalentes de las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal o Federal, o de los Presidentes Municipales de los ayuntamientos del Estado, posteriormente se procede a realizar un análisis de los requisitos de procedibilidad, con la finalidad de establecer si existe una posible causa de utilidad pública, para que, de acuerdo al artículo sexto, la Secretaría por conducto de la Dirección General de Patrimonio del Estado inicie los actos preparatorios del procedimiento. Por su parte el artículo diez indica que concluidos los actos preparatorios y una vez determinado que existe una causa de utilidad pública, la Secretaría debe emitir un acuerdo. El artículo once sintetiza el procedimiento a seguir, por lo que resulta de suma importancia transcribir su contenido:

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Artículo 11. El Procedimiento inicia con la notificación, al afectado, de un acuerdo que contendrá:

I. La declaratoria de utilidad pública justificativa del acto de expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio, según corresponda;

II. La incoación del procedimiento respectivo;

III. El derecho del interesado para ofrecer pruebas y expresar alegatos; IV. La citación a la celebración de una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, con el apercibimiento que de no asistir a la misma se tendrá por precluido su derecho y se resolverá con los elementos que obren en el expediente; y

V. La instrucción de desahogar el Procedimiento hasta la emisión de la resolución definitiva.

El Procedimiento concluirá con la emisión del Decreto correspondiente.

Así, se observa que el procedimiento finaliza con un Decreto, mismo que es ordenado por el Titular del Poder Ejecutivo y que tendrá el carácter de resolución definitiva, dicho decreto deberá ser publicado en la Gaceta Oficial del Estado y sus efectos serán los siguientes:

Artículo 21. Los efectos del Decreto serán:

I. La autoridad federal, estatal o municipal, según corresponda, podrá iniciar en forma inmediata las obras o actos relativos a la posesión, ocupación temporal o limitación de dominio de que se trate, tendientes a satisfacer la causa de utilidad pública que la motivó; y

II. En el caso de expropiación:

a) Los bienes expropiados pasarán a formar parte del patrimonio de la autoridad federal, estatal o municipal, según corresponda, libres de todo gravamen, y se tendrá como título de propiedad el Decreto. Tratándose de bienes expropiados a favor del Estado, éste podrá transmitirlos siempre y cuando se destinen a la satisfacción de la causa de utilidad pública que motivó el Procedimiento. Los bienes inmuebles expropiados tendrán la naturaleza que establezcan las leyes federales o estatales en materia hacendaria o de bienes, según corresponda; y

b) Los contratos de arrendamiento o de cualquier otra clase, por los que se haya transmitido a terceros la posesión derivada, el uso, usufructo o cualquier tipo de aprovechamiento de inmuebles que sean objeto de expropiación, quedarán extinguidos de pleno derecho. En el caso de contratos de arrendamiento para casa habitación, los arrendatarios deberán desocupar el bien expropiado en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, y de veinte días hábiles en los demás casos.

Por lo anterior, se deduce que en efecto, la dependencia con atribuciones de iniciar y vigilar el trámite de los procedimientos de expropiación es la Secretaría de Finanzas y Planeación, misma que tiene la calidad de sujeto obligado conforme al artículo 5.1, fracción I, de la Ley de Transparencia del Estado, por lo que la respuesta primigenia emitida por la Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a la solicitud de información se encuentra debidamente apegada a derecho, al cumplir con lo establecido en el artículo 59.1, fracción III del mismo ordenamiento ya que orientó al solicitante a efecto de que dirigiera su solicitud a la entidad que genera y resguarda la información peticionada.

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Lo anterior se robustece con lo establecido en los Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, ya que el mismo define como documentos histórica aquella que contiene evidencia y testimonios de las acciones de los sujetos obligados, por lo que debe conservarse permanentemente, además, el lineamiento 5.5.1 especifica que la información que se catalogue con ese carácter debe ser resguardada y organizada debido a su importancia en cuanto a la memoria de la administración pública estatal, dicho resguardo y custodia será realizado por la oficina de recursos materiales del ente público correspondiente. Por su parte y de forma más específica, el diverso 5.5.1. indica que los decretos tienen esa calidad de manera obligatoria, a saber:

5.5.1. Tópicos relacionados con documentos de valor histórico …

II. Documento con información sobre los antecedentes de la dependencia y/o Unidad Administrativa.

III. Legislación y Asuntos Jurídicos. · Leyes, Reglamento, Decretos. …

Del texto supracitado se colige la obligación del sujeto obligado – Secretaría de Finanzas y Planeación-, de clasificar y conservar los decretos solicitados, otorgándoles el estado de archivos históricos.

En adición a lo anterior y como lo expuso el sujeto obligado desde el inicio, no se encuentra dentro de sus atribuciones el generar o resguardar lo requerido por el hoy recurrente, situación que se observa del Decreto por el que se establecen las funciones de la Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz, mismas que fueron puestas a disposición del solicitante desde la contestación a la solicitud de información.

Por otra parte, el recurrente manifiesta en sus agravios que la información peticionada se encuentra en el archivo estatal, mismo que estima se encuentra incorporado al sujeto obligado, por lo que durante su comparecencia al presente recurso, el ente público tuvo a bien aclarar

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al solicitante que la dependencia a la que pretende referirse en sus agravios es el Archivo General del Estado y el mismo no pertenece a la Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sino a la Secretaría de Gobernación, en lo tocante a esta parte del agravio, la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, explica en su artículo veintiuno los objetivos del mencionado Archivo General, a saber:

Artículo 21.-El Archivo General del Estado tendrá los objetivos siguientes: I.-Ordenar y planificar el funcionamiento de los archivos de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo del Estado, en su etapa de concentración.

II.-Emitir las normas, políticas y lineamientos generales para asegurar la preservación, conservación y clasificación de los documentos que constituyen el Patrimonio Histórico del Estado.

III.-Asesorar y apoyar a los archivos del Sistema en el diseño de sus procedimientos internos para el manejo y administración de documentos. IV.-Vigilar y evaluar el cumplimiento de las normas expedidas para regular el manejo, transferencia, conservación o eliminación de los documentos de interés histórico que integren los archivos.

V.-Apoyar la formación y desarrollo de los archivos de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los Municipios.

VI.-Ordenar, conservar, concentrar y, en su caso, liberar la documentación que le transfieran las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

VII.-Procurar la adquisición de originales o reproducciones de documentos que sean de interés para la historia de la Entidad.

VIII.-Reproducir los documentos de su acervo en microfilmes, fotostáticas u otros procedimientos similares.

IX.-Proporcionar servicios de consulta y certificación.

X.-Dictar normas sobre identificación, clasificación y catalogación de los documentos contenidos en los archivos de las dependencias y organismos del Ejecutivo.

(Énfasis agregado)

Por lo anterior, si bien existe la posibilidad de que los documentos solicitados se encuentren en el Archivo General del Estado para su

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custodia, ello implicaría que fueron remitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación al mencionado archivo con motivo de asegurar su resguardo, lo cual tendría que ser especificado por la misma Secretaría al momento de responder una posible solicitud de información que le formule el aquí recurrente atendiendo a la orientación proporcionada por la Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Además de la orientación proporcionada por el sujeto obligado, este Instituto observa que de acuerdo al artículo 22 de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio de Bienes de la Propiedad Privada para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la difusión del decreto de expropiación se hace a través de la Gaceta Oficial del Estado, de cuyas publicaciones se encuentra a cargo la Editora de Gobierno, misma que tiene la calidad de órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno del Estado, lo anterior se muestra en el organigrama publicado en el portal de transparencia de esa Secretaría y que puede consultarse

en el enlace directo

http://transparencia.segobver.gob.mx/sispdf/organigramas/201310010000

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Contenido al cual conforme a los artículos 33 y 35 de los Lineamientos Generales para Regular el Procedimiento de Substanciación del Recurso de Revisión, se le da valor probatorio pleno, pues los datos publicados en dicha página constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tal medio. Sirve de criterio orientador la tesis del rubro “PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL”.

Por lo que el solicitante además puede dirigir su petición a esa Secretaría de Gobierno por ostentar la calidad de sujeto obligado de la ley 848. Por último se debe señalar que en fecha diecinueve de noviembre del presente año, se le dio vista a la parte recurrente con la comparecencia que hizo el sujeto obligado al presente recurso, solicitándole al incoante a que en un término de tres días hábiles manifestara lo que a su derecho convenía sin que exista constancia de que haya atendido dicho requerimiento.

Por lo anteriormente expuesto, el agravio manifestado resulta infundado y lo procedente es confirmar la respuesta del sujeto obligado emitida durante la substanciación del recurso, ello con apoyo en el artículo 69, párrafo primero, fracción II, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado.

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se confirma la respuesta emitida por la Unidad de Acceso del sujeto obligado durante el procedimiento de acceso a la información. SEGUNDO. Se informa a la parte recurrente que:

a) Cuenta con ocho días hábiles a partir del día siguiente en que se notifique la presente resolución, para manifestar si autoriza la publicación de sus datos personales, en el entendido que de no hacerlo así, se tendrá por no autorizada su publicación;

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b) La resolución pronunciada puede ser combatida a través del Juicio de Protección de Derechos Humanos ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Lo anterior, con apoyo en lo ordenado en el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 10 de la Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos del Estado de Veracruz; y 74 fracciones V, VIII y IX de los Lineamientos Generales para Regular el Procedimiento de Substanciación del Recurso de Revisión.

Notifíquese la presente resolución en términos de ley y, en su oportunidad archívese como asunto definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, ante la secretaria de acuerdos con quien actúan y da fe.

Yolli García Alvarez Comisionada presidenta

José Rubén Mendoza Hernández Fernando Aguilera de Hombre Comisionado Comisionado

María Yanet Paredes Cabrera Secretaria de acuerdos

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