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DIARIO VEINTE MINUTOS
Subdelegado aclara que el canon de ocupación del dominio
público marítimo terrestre "se fija por ley"
El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ante la "sorpresa" manifestada por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda por el cobro del canon de ocupación del dominio público marítimo terrestre (DPMT), ha aclarado que desde 1990, conforme a lo establecido por el reglamento para desarrollo y ejecución de la Ley 22/88 de Costas, se comenzaron a tramitar los planes municipales para la explotación de los diversos servicios de temporada en playas.
EUROPA PRESS. 20.11.2013 El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ante la "sorpresa" manifestada por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda por el cobro del canon de ocupación del dominio público marítimo terrestre (DPMT), ha aclarado que desde 1990, conforme a lo establecido por el reglamento para desarrollo y ejecución de la Ley 22/88 de Costas, se comenzaron a tramitar los planes municipales para la explotación de los diversos servicios de temporada en playas. Según explica De Torre en un comunicado, la regulación de estos servicios se contiene en el artículo 111 del Reglamento, indicando su apartado quinto que "otorgada la autorización por el Servicio Periférico de Costas, los Ayuntamientos, previo abono del canon de ocupación correspondiente, podrán proceder a su explotación por sí o por terceros". Desde 2011, en virtud del traspaso de competencias a la Junta de Andalucía, es la comunidad autónoma la que otorga esas autorizaciones, concretamente a través de la Consejería de Medio Ambiente. El Ayuntamiento determina cuáles son las concesiones y la Junta de Andalucía comunica a la Demarcación de Costas cuáles son las autorizaciones concedidas, procediendo entonces la dependencia estatal a la solicitud del canon establecido según los criterios contenidos en su autorización. El subdelegado recuerda que "se transfirieron las competencias en materia de concesiones y autorizaciones, menos el régimen financiero y el sancionador. Por tanto, concretando en el caso de Sanlúcar, si la Junta incorpora las carreras de caballos como una ocupación del DPMT, estamos obligados a liquidar el canon correspondiente. No tenemos
margen de maniobra, la Junta autoriza y en base a ello la Demarcación de Costas solicita el canon a los ayuntamientos". A partir del año 2007 se indica en la aprobación de los planes municipales que con los datos económicos facilitados por el Ayuntamiento no es posible efectuar la emisión de la tasa por ocupación del DPMT. Por ello, los ayuntamientos debían facilitar los datos precisos sobre las instalaciones de carácter lucrativo para establecer la liquidación de la cuantía del canon total a abonar. Apunta que dicha información no fue aportada en unos casos y en otros no era suficiente para establecer el canon y, por ello, desde dicho año no han sido girados los cánones por ocupaciones de los planes municipales de playas. Por ello, De Torre señala que habría que preguntarle al actual delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Federico Fernández, entonces jefe de la Demarcación de Costas, por qué en el periodo en el que él estaba al frente de la Demarcación "dejó de pagarse este canon, como marca la Ley, cuando en el resto de las provincias de Andalucía se ha seguido abonando".
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GENTE
CANON POR LAS CARRERAS DE CABALLOS DE SANLÚCAR
Subdelegado aclara que el canon de ocupación del dominio
público marítimo terrestre "se fija por ley"
El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ante la "sorpresa" manifestada por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda por el cobro del canon de ocupación del dominio público marítimo terrestre (DPMT), ha aclarado que desde 1990, conforme a lo establecido por el reglamento para desarrollo y ejecución de la Ley 22/88 de Costas, se comenzaron a tramitar los planes municipales para la explotación de los diversos servicios de temporada en playas.
20/11/2013 - 16:28
El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ante la "sorpresa" manifestada por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda por el cobro del canon de ocupación del dominio público marítimo terrestre (DPMT), ha aclarado que desde 1990, conforme a lo establecido por el reglamento para desarrollo y ejecución de la Ley 22/88 de Costas, se comenzaron a tramitar los planes municipales para la explotación de los diversos servicios de temporada en playas.
Según explica De Torre en un comunicado, la regulación de estos servicios se contiene en el artículo 111 del Reglamento, indicando su apartado quinto que "otorgada la autorización por el Servicio Periférico de Costas, los Ayuntamientos, previo abono del canon de ocupación correspondiente, podrán proceder a su explotación por sí o por terceros".
Desde 2011, en virtud del traspaso de competencias a la Junta de Andalucía, es la comunidad autónoma la que otorga esas autorizaciones, concretamente a través de la Consejería de Medio Ambiente. El Ayuntamiento determina cuáles son las concesiones y la Junta de Andalucía comunica a la Demarcación de Costas cuáles son las autorizaciones concedidas, procediendo entonces la dependencia estatal a la solicitud del canon establecido según los criterios contenidos en su autorización.
El subdelegado recuerda que "se transfirieron las competencias en materia de concesiones y autorizaciones, menos el régimen financiero y el sancionador. Por tanto, concretando en el caso de Sanlúcar, si la Junta incorpora las carreras de caballos como una ocupación del DPMT, estamos obligados a liquidar el canon correspondiente. No tenemos margen de maniobra, la Junta autoriza y en base a ello la Demarcación de Costas solicita el canon a los ayuntamientos". A partir del año 2007 se indica en la aprobación de los planes municipales que con los datos económicos facilitados por el Ayuntamiento no es posible efectuar la emisión de la tasa por ocupación del DPMT. Por ello, los ayuntamientos debían facilitar los datos precisos sobre las instalaciones de carácter lucrativo para establecer la liquidación de la cuantía del canon total a abonar. Apunta que dicha información no fue aportada en unos casos y en otros no era suficiente para establecer el canon y, por ello, desde dicho año no han sido girados los cánones por ocupaciones de los planes municipales de playas.
territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Federico Fernández, entonces jefe de la Demarcación de Costas, por qué en el periodo en el que él estaba al frente de la Demarcación "dejó de pagarse este canon, como marca la Ley, cuando en el resto de las provincias de Andalucía se ha seguido abonando".
http://www.nexotur.com/noticia/pp/defiende/constitucionalidad/ley/costas/inse guridad/generada/recurso/psoe/62860/
NEXOTUR
FUTURALIA 2013 ABORDA LA REFORMA DE LA LEY DE
COSTAS
El PP defiende la constitucionalidad de la Ley de Costas ante la
inseguridad generada por el recurso del PSOE
CEHAT reclama en Futuralia que se despolitice este asunto y aboga por un ‘uso sostenible’ del litoral español
Jueves, 21/11/2013
La revisión de la Ley de Costas ha sido uno de los ejes centrales de la sexta edición de Futuralia.
NEXOTUR.com / Los recursos contra la revisión de la Ley de Costas aprobada
en el Congreso de los Diputados, han despertado gran incertidumbre en el empresariado turístico, que teme una vuelta atrás a la normativa vigente desde 1988. Representantes de Gobierno y PSOE, así como del sector hotelero, han abordado en el marco de Futuralia 2013 todo lo que rodea a esta cuestión.
La sexta edición del Foro para la Sostenibilidad Medioambiental del Turismo en España (Futuralia), organizada por el Grupo NEXO en estrecha colaboración con la Mesa del Turismo, ha congregado en el primer panel de expertos a representantes del Gobierno, del principal partido de la oposición y del sector hotelero para abordar la inseguridad jurídica generada por los recursos presentados contra la nueva Ley de Costas. Como es bien sabido, la reforma de esta normativa, que, entre otros aspectos, permite la modernización de las
instalaciones del litoral español e indulta a los chiringuitos, ha sido recurrida por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y por varios Gobiernos autonómicos ante el Tribunal Constitucional, lo que ha provocado gran incertidumbre entre el empresariado turístico.
Según expone el senador y portavoz de medio ambiente del grupo parlamentario popular, Vicente Aparici, la antigua Ley de Costas "tenía 25 años de antigüedad", por lo que "empezaba a tener defectos y se desconectaba de la realidad". Además, remarca que "no hacía referencia a cuestiones relacionadas con el cambio climático", lo que a su juicio demuestra "su ineficacia en la protección del litoral".
En su defensa de la nueva Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, que sustituye a la Ley de Costas, el representante del Partido Popular también recuerda que la anterior normativa tenía carencias como "la inseguridad jurídica para titulares de inmuebles o viviendas", así como el "deterioro de las instalaciones de costa" al prohibirse cualquier tipo de reforma. Por todo ello, considera que "25 años es un tiempo suficiente para haber podido ver sus defectos y, por tanto, sugerir reformarla".
El PSOE acusa al Gobierno de querer privatizar el dominio público
En contraposición, el diputado y portavoz de medio ambiente del grupo parlamentario socialista, José Luis Abalós, subraya que "si la reforma crea incertidumbre es porque hay algo que está mal". "Toda ley que no se ajuste a derecho puede ser recurrida, y ésta violenta varios artículos básicos de la Constitución, entre ellos el del concepto de dominio público terrestre, y contraviene seis directivas europeas".
En su intervención, el portavoz socialista hace especial hincapié en que el cambio legislativo aprobado en el Congreso de los Diputados "sólo recibió el apoyo de sus autores". Asimismo, asegura que "no protege para nada el litoral español, sino que lo desprotege, y todo pasa por privatizar el dominio público". Mientras tanto, en representación del empresariado turístico, el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Ramón Estalella, remarca que "es fundamental para el Sector Turístico la clarificación de la costa y del litoral español". "Necesitamos seguridad jurídica", reclama este reputado empresario, que a su vez alerta de que "no podemos estar con esta falta de certeza de lo que va suceder".
Estalella señala que la protección del litoral español debe ir ligado a un "uso sostenible" del mismo. "Playas y costas hay muchas en el mundo, pero aquí las hemos convertido en un recurso turístico, y queremos que esto siga siendo así", explica. Además, aclara que "en ningún caso queremos deteriorar las zonas donde operamos, sino que la propia actividad económica en muchos casos contribuye a la preservación". En este sentido, se muestra a favor del cambio impulsado por el Gobierno, destacando que "da mucha más agilidad" a los empresarios, permite la mejora de las instalaciones y garantiza el mantenimiento de los chiringuitos. Como punto y final, Estalella pide que "se despolitice el asunto", recordando que "da empleo a millones de personas". En respuesta a la inseguridad jurídica generada a raíz de los recursos contra la reforma legislativa, el director general de Sostenibilidad de la Costa y Mar, Pablo Saavedra, traslada "un mensaje de seguridad y confianza sobre la constitucionalidad" de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Según detalla, "la reforma se ha movido dentro de los parámetros de la sentencia que en su día se dictó sobre la constitucional de la Ley de Costas de 1988". "Sólo introduce modificaciones allí donde había problemas, por lo que es difícil que el Tribunal Constitucional cambie de criterio", añade.
Saavedra también critica los motivos aducidos por el PSOE y los Gobiernos autonómicos de Andalucía, Asturias, Canarias y Cataluña, asegurando que algunos de ellos "son contrapuestos". Además, ensalza las modificaciones introducidas, ya que, a su juicio, "mejorarán la protección del medio ambiente, dará mayor seguridad jurídica y fomentarán la actividad económica". "En definitiva, se trata de una ley que va a contribuir a la sostenibilidad del Turismo", concluye.
Finalmente, el copresidente de Futuralia y vicepresidente de la Mesa del Turismo, Eugenio de Quesada, revela que un reciente informe jurídico de CEOE constata que el citado recurso "está muy bien armado y tiene muchas posibilidades de salir adelante". A este respecto, teme que en el caso de que el PSOE "tumbe la nueva Ley de Costas", los empresarios del Sector que hayan iniciado algún tipo de obra, algo que sí permite la legislación actual, "pierdan lo invertido".
