La sociedad cooperativa como estructura jurídica de empresa. una reflexión a propósito del anteproyecto del Código Mercantil

La sociedad cooPeratiVa como

estructura Jurídica de emPresa.

una reFLexiÓn a ProPÓsito deL

anteProyecto deL cÓdigo mercantiL

Angélica Díaz de la Rosa

Titular de Universidad acreditada,

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de A Coruña

DOI: 10.1387/lan-harremanak.15415

abstract

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Pues bien, la sociedad cooperativa permite, tal y como aparece recogido en el art. 1 de la LC, el desarrollo de cualquier actividad empresarial; es, pues, una forma ade-cuada para el desarrollo de una actividad económica organizada en términos de em-presa. Pero no solo eso: el hecho de que la sociedad cooperativa tenga una estructu-ra compleja, dotada de órganos, que estos órganos desempeñan funciones propias, nos conduce a la idea de racionalización, de organización compleja... que evoca a la propia empresa, de igual manera que sucede en las sociedades de capitales, podemos

afirmar que nos encontramos ante una estructura que no solo es idónea para el de-sarrollo de una actividad empresarial, sino que ella misma es una auténtica estruc-tura de empresa.

Palabras clave: cooperativas, organización empresarial, naturaleza jurídica, estruc-tura societaria, mercantilidad, Anteproyecto Código Mercantil.

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So, the cooperative allows, as it appears reflected in the art. 1 LC, the development of any business; It is thus a form suitable for the development of an economic activity organized in terms of business. But not only that: the fact that the cooperative has a complex structure, with general meetings and boards that play own functions, leads to the idea of rationalization, complex organization ... reminiscent of the company, similarly to what happens in limited companies, we can say that we have a structure that is not only suitable for the development of a business, but she is a real business structure.

Key Words: cooperatives, business organization, legal status, corporate structure, commercial natural.

El ente cooperativo, que permite la asociación de personas para la promo-ción de un fin común de carácter mutualista, trata de satisfacer las necesidades y aspiraciones comunes que presentan sus socios. Esta finalidad se consigue a tra-vés de una fórmula societaria con pleno encaje en el principio constitucional de libertad de empresa, ya que la cooperativa no es más —ni menos— que una de las formas jurídicas societarias por la que pueden optar los distintos operadores económicos para realizar las actividades que les son propias, debiendo despojarla de antiguas ideologías políticas, que han lastrado a este tipo societario durante muchas décadas. Concibiendo a las sociedades cooperativas desde una perspec-tiva más aséptica y técnica permitiremos que resulten más eficientes y que ten-gan un mayor desarrollo.

Consciente de esta realidad, el legislador cooperativo se proyecta en la di-rección apuntada y, progresivamente, ha ido dotando a la sociedad cooperativa de distintos mecanismo que le han permitido crear una estructura más solida y adecuada a la dimensión de la empresa y, de este modo, concurrir al mer-cado en condiciones similares a las que lo hacen otras estructuras empresaria-les; adaptando esta fórmula organizativa a la realidad del tráfico; así, poco a poco, se ha ido aumentando el porcentaje de las operaciones con terceros no socios —que como es bien sabido, constituyen una auténtica extroversión del resultado y, por tanto, una mayor apertura al mercado—, relajando el princi-pio de autogestión, permitiendo paulatinamente mayor presencia de una admi-nistración exógena a la propia cooperativa —algo que, por otra parte, se venía reclamando desde tiempo atrás por el sector cooperativo y que resulta perfec-tamente entendible si tenemos en cuenta todas las peculiaridades que presenta este tipo societario—, contemplando legalmente la posibilidad de crear coope-rativas mixtas, etc.

Hecha esta precisión, podemos afirmar que la sociedad cooperativa posee una serie de características propias que la hacen merecedora de un impulso po-lítico, en el sentido constitucionalmente previsto: «Los poderes públicos promo-verán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomenta-rán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas». Este marbete constitucional que se le coloca a la cooperativa responde al convencimiento de que este tipo societario, impregnado de valores y principios, posibilita una ticipación democrática de los cooperativistas en la empresa cooperativa. A par-tir de este punto, lo que procede es que la regulación de este tipo societario sea

tal que, sin menoscabo o perjuicio de los valores y principios mencionados, permita una óptima actuación en el mercado, en concurrencia con otras socie-dades del mismo o de diverso tipo, y —en general— con cualquier operador económico.

Como es sabido, la finalidad de la sociedad cooperativa es satisfacer necesi-dades o aspiraciones comunes de sus socios y para la consecución de dicho fin se llevan a cabo actividades de índole empresarial. No cabe duda de que la so-ciedad cooperativa permite, tal y como aparece recogido en el art. 1 de la LC, el desarrollo de cualquier actividad empresarial, por lo que se perfila como una forma adecuada para el desarrollo de una actividad económica organizada en términos de empresa. Se lleva a cabo una organización compleja de los factores de producción —capital y trabajo— que proporciona bienes y servicios para el mercado. Se podría pensar que en el caso de la cooperativa esta extroversión del resultado solo se hace efectiva cuando se realizan operaciones con terceros no so-cios pero la verdad es que nada impide considerar que cuando la actividad colec-tivizada se desarrolle en exclusiva con y para los socios, ese «mercado» —aunque no se halle abierto al público en general— no puede estar constituido por ellos mismos, toda vez que —en definitiva— existe diferencia de identidad, entre la Cooperativa —como persona jurídica, con identidad propia— y unos socios su-yos, que son sujetos de Derecho distintos de ella, y que pueden trabar con la Cooperativa relaciones jurídicas ajenas al ámbito de las relaciones estrictamente corporativas, internas o sociales.

Siendo ello así, tenemos que afirmar, apriorísticamente, que nos encontra-mos ante un tipo de sociedad que heencontra-mos de calificar como mercantil. Cuando nos enfrentamos a la tarea jurídica de determinar la naturaleza civil o mercantil de una sociedad tendremos que establecer, en primer término, cuál es el crite-rio que nos permite realizar tal distinción. Han sido múltiples los critecrite-rios em-pleados a lo largo de los tiempos para determinar la mercantilidad o civilidad de una materia, partiendo de criterios puramente subjetivos como la pertenen-cia a una clase o estatus determinado —el derecho de los mercaderes— a los criterios puramente objetivos que surgen tras la codificación, coherentes con la voluntad codificadora dirigida a superar la condición del Derecho mercan-til como un derecho de clase, abriendo el ámbito de actuación a todas aquellas personas que, teniendo capacidad para ejercer el comercio, se dediquen a él de forma habitual, aunque para realizar tal extensión se recurrió a la técnica poco afortunada, la del acto de comercio como criterio objetivo para establecer la mercantilidad de la materia. Esta situación fue la que obligó a la doctrina y a la jurisprudencia a buscar un concepto de empresa —que se configura como con-cepto subyacente o vertebrador del principal que es el empresario— sobre el que construir ese criterio objetivo que determinará la mercantilidad de la mate-ria. De este modo, la mercantilidad se hace girar sobre la titularidad de la em-presa.

La sociedad cooperativa como estructura jurídica de empresa.

una reflexión a propósito del anteproyecto del Código Mercantil 253 El Anteproyecto del Código mercantil pretende aclarar definitivamente la cuestión y establece la mercantilidad desde una doble perspectiva: desde un punto de vista subjetivo —por razón de la persona— y, desde un punto de vista objetivo —por razón de la naturaleza de las operaciones—. Este último —el criterio objetivo— nos va a permitir la inclusión en el seno de la materia mercantil a otras personas que, no siendo empresarios desde el punto de vista económico y dada la naturaleza intelectual de los bienes que producen o de los servicios que prestan (científicos, artísticos, liberales) aparecen recogidos entre los operadores sujetos a este Código. En este sentido la Exposición de Motivos continua señalando que: «La delimitación de la materia se hace tanto del punto de vista subjetivo como objetivo. Partiendo de la doctrina del TC, de la doctrina científica moderna más autorizada, el mercado se concibe como ámbito en el que actúan los protagonistas del tráfico, cruzan ofertas y demandas de bienes y servi-cios, y entablan relaciones jurídico-privadas objeto de regulación especial. De esta manera, el Derecho mercantil vuelve a ser el Derecho de una clase de personas y de una clase de actividades, como lo fue en su origen, al que retornan las más moder-nas formulaciones positivas». Se diferencia, pues, entre el empresario y el ope-rador de mercado, señalando, incluso, un sistema de fuentes diverso para cada uno de ello, de tal modo que, al empresario le resulta aplicable plenamente el estatuto mercantil, esto es, el conjunto de normas que establecen especiales derechos y obligaciones para las personas así calificadas, en función de la ti-tularidad jurídica de una empresa y de la actividad que a través de ésta realiza para el mercado. En el estatuto se integran las normas sobre régimen jurídico-privado de la empresa, responsabilidad y representación de su titular, registro mercantil y contabilidad, así como, en su conjunto, el Derecho de sociedades mercantiles. Ahora bien, estas normas legales especiales pueden extender su aplicación a los demás operadores del mercado incluidos en el ámbito subje-tivo del Código de no existir otras que les sean específicamente aplicables por razón de la naturaleza de la persona, de la materia o de la índole de sus activi-dades.

En el ámbito societario, la mercantilidad también recorrió el mismo trayecto que el resto del cuerpo mercantil, si bien con ciertas peculiaridades propias de la materia. En un momento, previo a la codificación, se empleaba un criterio sub-jetivo basado en la condición de mercaderes de los integrantes de la sociedad para, posteriormente, pasar a emplear los criterios objetivos de la codificación.

Centrándonos ahora, de nuevo, en la regulación actual —y no en la proyec-tada—, el vigente art 116 del C. de Com. establece:

«El contrato de compañía por el cual dos o más personas se obligan a poner en fondo común bienes, industria o alguna de estas cosas, para obtener ánimo de lucro, será mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya constituido con arreglo a las disposiciones de este Código.»

Y por su parte, el art. 1665 del C. Civ. establece:

«La sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias.»

El contenido de los artículos reproducidos es prácticamente idéntico, con lo que estaríamos ante un fenómeno jurídico unitario que es objeto de regu-lación por partida doble. Así, ambos conciben la sociedad como el commiso de dos o más personas de poner en común bienes o industria para pro-mover un fin común. De los preceptos citados, parece inferirse que el criterio para distinguir las sociedades civiles de las mercantiles ha de buscarse fuera de la esencia del Contrato de Sociedad. Y este criterio diferenciador es el formal; esto es, como señala el art. 116 del C. de Com., serían mercantiles aquellas so-ciedades que se constituyan con arreglo al C. de Com. Como señalaba el Prof. Garrigues: «La doctrina española, sin darse cabal cuenta de su razón, destaca la imposibilidad de distinguir en cuanto al fondo en una sociedad civil de una mer-cantil, y olvida que esta misma imposibilidad ocurre si se intenta distinguir cual-quier contrato mercantil de su correlativo civil, atendiendo al contenido de las obligaciones. Las obligaciones contractuales son idénticas en la venta civil y en la mercantil y lo mismo pasa en el depósito y en el préstamo y en el mandato y en la sociedad. La especialidad del contrato mercantil no afecta nunca a la esencia del acto, sino a ciertos elementos adyacentes de naturaleza subjetiva, objetiva, real o formal».

Atendiendo al tenor literal del art. 116 del C. Com, conforme al cual «El contrato de compañía ... ... ... será mercantil siempre que se constituya con arreglo a las disposiciones de este código», la pregunta que surge es determinar el alcance de la expresión «que se constituya con arreglo a las disposiciones de este código». Pudiera pensarse, que el carácter mercantil de las sociedades se lo confiere un criterio objetivo formal; el de adoptar alguna de las formas jurídicas previstas por el art. 122 del C. Com, esto es, alguna de las siguientes: sociedad regular colectiva, sociedad comanditaria simple o por acciones, sociedad de responsabi-lidad limitada y sociedad anónima. La utilización de este criterio de mercanti-lidad supondría afirmar la tipicidad de la sociedades, solo serían mercantiles si adoptan una de estas formas —criterio formal— pero esta posibilidad queda matizada por el propio artículo 122 cuando nos dice que pondrá adoptar «en-tre otras las siguientes formas societarias», por tanto, no se trata de una enu-meración cerrada sino que se abre la posibilidad de introducir otras fórmulas societarias; si bien éstas no podrán ser absolutamente nuevas, sino una com-binación de las características de las sociedades existentes, como señalaba el Prof. Sánchez Calero (Sánchez, 2003) esta afirmación ha de hacerse con cau-tela, ya que la creación de sociedades que no se ajusten a ninguno de los tipos legales previstos por las leyes, no puede quedar al arbitrio de la voluntad de las partes, ya que atenta contra las normas imperativas del Derecho de Sociedades

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una reflexión a propósito del anteproyecto del Código Mercantil 255 en general y contra la seguridad del tráfico y de terceros. Lo que sí sería posible es la formación de subespecies sociales mediante la combinación o deformación de los tipos sociales existentes que tratan de atender las necesidades del tráfico económico.

Pero es más, si la intención del legislador del Código de Comercio fue es-tablecer la mercantilidad sobre el criterio de la forma, hemos de decir que ha tenido muy poca virtualidad porque solo cuatro años después de la promulga-ción del C. Com, se promulga el C. Civ, y con él el art. 1670 que imposibilita la distinción entre sociedad civil y mercantil siguiendo el criterio formal al afir-mar que «las sociedades civiles por el objeto al que se consagren podrán revestir forma mercantil» (Garrigues, 1947).

Descartado el criterio formal como regla para establecer la mercantili-dad de las sociemercantili-dades, se planteó que la expresión «con arreglo a las disposi-ciones de este código» se refería en realidad a los requisitos de constitución establecidos en el art. 119 del C. Com, me refiero al requisito de forma, es-critura pública y al requisito de publicidad, inscripción en el Registro Mer-cantil. Sin embargo, una correcta interpretación de este precepto será enten-der que los requisitos que en él se exigen se establecen en orden a adquisición de la personalidad jurídica pero el contrato de sociedad, una vez cumplidos los requisitos del 1261 del C. Civ, existe y es válido, otra cosa será que, como consecuencia de la falta de personalidad jurídica, nos encontremos ante una sociedad irregular pero, en cualquier caso, la sociedad contrato es perfecta-mente válida.

Así las cosas, consideramos que el criterio más adecuado para establecer la mercantilidad de las sociedades es un criterio objetivo; es decir —al igual que se predica del empresario persona física del que afirmamos que es empresario por-que es titular de la organización empresarial— la sociedad es mercantil porpor-que la actividad constitutiva de su objeto social es mercantil. Sin embargo, esta úl-tima afirmación ha de ser matizada, ya que las actividades per se no son civiles ni mercantiles; esta condición la adquieren por la forma en que se desarrollan. Así, una actividad será mercantil —y por lo tanto, transmitirá esta mercantili-dad a la sociemercantili-dad— cuando se desarrolle en términos tales de organización, ra-cionalización, división de trabajo, etc., que sea constitutiva de empresa (García-Pita, 2000). Será, pues, el concepto «empresa» —como fue señalado por el Prof. Girón Tena— el factor determinante de la mercantilidad del objeto social (Gi-rón, 1976).

Una vez determinado que el criterio que resulta más adecuado para calificar a una sociedad como mercantil es el criterio objetivo de la empresa, debemos se-ñalar que en el caso de las Sociedades Cooperativas el objeto social —como ex-presamente recoge el propio artículo 1 de la Lcoop— está constituido por «ac-tividades empresariales» y, por lo tanto, esta organización empresarial de las

actividades será la que comunique a la propia sociedad cooperativa su carácter mercantil.

Por su parte, el Anteproyecto de Código Mercantil, emplea un doble crite-rio para determinar la mercantilidad de las sociedades, a saber: el objetivo y el formal, que se aplican de forma diferenciada, esto es, la sociedad puede adquirir la mercantilidad por la vía de la forma o por la vía de la organización del objeto que desarrolla. La Exposición de Motivos establece que «Mas la titularidad de la empresa, criterio unitario para la calificación del empresario persona natural, no lo es para la persona jurídica, en el que junto al criterio de la naturaleza del objeto so-cial se recoge el formal de la adopción de algún tipo de sociedad mercantil», enten-diendo por empresa «…el conjunto de elementos personales, materiales e inmate-riales organizadas por el empresario para el ejercicio de una actividad económica de producción de bienes o prestación de servicios para el mercado». De entrar en vi-gor el proyectado Código mercantil supondría el fin del criterio objetivo como único criterio para determinar la mercantilidad de las sociedades y que, por otro lado, es coherente con el establecido para determinar la mercantilidad de las per-sonas físicas.

En la Exposición de Motivos se recoge de forma expresa que «El art. 211 del Anteproyecto establece que son sociedades mercantiles las que tienen por objeto la producción de bienes o la prestación de servicios para el mercado y, además, añade que serán mercantiles las sociedades, con independencia de su objeto, las que adopten alguna de las siguientes formas:

a) La sociedad colectiva.

b) La sociedad comanditaria simple. c) La sociedad limitada.

d) La sociedad anónima.

e) La sociedad comanditaria por acciones. f) La sociedad cooperativa.

g) La sociedad mutua de seguros. h) Las sociedades de garantía recíproca.»

Como podemos observar, el Anteproyecto da un paso de gigante a la hora de determinar la naturaleza jurídica de la sociedad cooperativa, no se limita a abrir la posibilidad de que pudiésemos considerar la cooperativa como sociedad mercantil encuadrándola en el supuesto de sociedades por el objeto ,es decir, porque lleven a cabo producción o cambio de bienes o la prestación de servicios para el mercado, si no que, adopta una postura valiente y declara la mercantili-dad de la sociemercantili-dad cooperativa por la forma.

Se realiza una expresa atribución de mercantilidad a sociedades como la cooperativa, que por razones estrictas de oportunidad política se situaban

La sociedad cooperativa como estructura jurídica de empresa.

una reflexión a propósito del anteproyecto del Código Mercantil 257 extramuros de la materia mercantil, cuestión esta última que planteaba no pocos problemas a la hora de establecer su completo sistema de fuentes. En la Exposición de Motivos se justifica esta atribución de mercantilidad en el hecho de que se trata de tipos societarios que dan cobertura jurídica, con es-tructura corporativa, a actividades empresariales organizadas con base mu-tualística, con independencia de que su regulación este contenida en legisla-ción propia fuera del Código. El anteproyecto no tiene, pues, una vocalegisla-ción totalizadora de la materia mercantil, si no que, en cierta medida, está re-conociendo la posibilidad de que existan sociedades mercantiles que se en-cuentren reguladas por sus propias leyes, como es el caso de las sociedades cooperativas.

Pero no solo eso, sino que, la sociedad cooperativa en la medida en que se aleja de las sociedades con estructuras primarias, esto es, de aquellas socieda-des que están pensadas para asociar a un número reducido de miembros (KRU-BLER, 2001), vocacionalmente estable —en el sentido de que se da poca va-riación en la posición de socio— y que son esencialmente asociativas, en las que existe una organización sencilla muy próxima al esquema contractual; y se acerca, o es semejante, a aquellas otras sociedades que poseen una estructura compleja —en el sentido de que estamos ante sociedades dotadas de órganos y que estos órganos desempeñan funciones propias— nos conduce a la idea de ra-cionalización, de organización compleja….. que, finalmente, evoca o sugiere la presencia de la propia empresa. De igual manera que sucede en las sociedades de capitales tradicionales, podemos afirmar que nos encontramos ante una estruc-tura que, no solo es idónea para el desarrollo de una actividad empresarial, sino que, ella misma es una auténtica estructura de empresa. Así las cosas, podríamos afirmar que la cooperativa es, al igual que la anónima o la limitada, una socie-dad mercantil por la forma, en el sentido de que su propia forma de organiza-ción definitoria de este tipo societario la convierte en una auténtica estructura de empresa.

Por otra parte, los propios riesgos generados por estas sociedades coopera-tivas, en cuanto que operadores económicos que llevan a cabo su actividad ex-terna en el mercado en concurrencia con otras empresas, hacen que el Derecho Civil devenga insuficiente para ofrecer una protección adecuada a las terceras personas que estén relacionadas con las mismas. Surge así la necesidad material de una regulación mercantil, ya que el rigor mercantil está pensado para prote-ger los intereses de terceros que pueden verse defraudados, si el riesgo que com-porta toda actividad mercantil no fuera contrapesado por especiales normas en materia de representación, responsabilidad, publicidad y protección del crédito. Es por ello, que estas sociedades están sometidas a la exigencia de los mismos re-quisitos que cualquier otro tipo de sociedad mercantil, esto es, están sometidas al estatus del empresario.

La mercantilidad de las sociedades por la forma, tal y como se recoge en el artículo 211 del Anteproyecto del Código Mercantil implica dos cuestiones fun-damentales:

— En primer lugar, el número de formas de personificación o de tipología de organización societaria y,

— En segundo lugar, el tema de lo que podríamos denominar «perímetro» de las sociedades y su extensión.

Sabemos que hay sociedades civiles y mercantiles, lo que quiere decir el art. 211 probablemente sea que las sociedades absolutamente inespecíficas, que podrían caber dentro de la sociedad civil —piénsese en la sociedad de ganan-cias o sociedad de goce…— si tienen un objeto mercantil, podrán considerarse incluidas dentro del perímetro de las sociedades mercantiles, pero no porque creen figuras atípicas, sino porque figuras típicas contempladas en el derecho co-mún, pueden obtener la calificación de mercantiles por razón de su objeto. En el mejor de los casos, tal vez lo que haya sucedido es que, se haya venido a reco-nocer que puede existir una sociedad mercantil absolutamente genérica, que ni si quiera adopte la forma de sociedad colectiva y que quede sometida a un con-junto de normas comunes que constituyen la parte general del Derecho Mer-cantil de sociedades.

La entrada en vigor del Anteproyecto de Código Mercantil y con él la mer-cantilidad de las sociedades cooperativas, hará que resurjan antiguas disputas doctrinales acerca de la constitucionalidad de la regulación cooperativa por parte de las Comunidades Autónomas, ya que si estamos ante una materia mercantil indubitada y atendemos a lo establecido en el art. 149.1.6 de la Constitución, la competencia exclusiva para regular esta materia del corresponde al Estado. Hu-biera sido deseable, como ya manifesté en otras ocasiones (Díaz, 2010), que el estado se hubiese reservado competencia para establecer las bases y principios de esta materia, permitiendo a las Comunidades Autónomas que la desarrollasen dando entrada a la idiosincrasia propia de cada Comunidad autónoma, de este modo, se establecería un marco común respetuoso con el principio de unidad de mercado y, al mismo tiempo, se daría la respuestas a las cuestiones específicas que se pueden plantear en cada territorio.

Situados ya, dentro de las sociedades mercantiles, la siguiente cuestión será establecer ante que tipo de sociedad mercantil nos encontramos, ¿se trata de una sociedad de personas o más bien, estaremos ante una sociedad de capitales?. Pues, bien, yo diría que nos encontramos con un tipo societario a medio camino entre las sociedades de personas y las sociedades de capitales, ya que podríamos afirmar que posee notas características de ambos tipos de sociedades (Tampoco podemos olvidar que históricamente la cooperativa pasó de ser una sociedad con posibilidad de establecer una responsabilidad ilimitada —lo que para

algu-La sociedad cooperativa como estructura jurídica de empresa.

una reflexión a propósito del anteproyecto del Código Mercantil 259 nos autores justifica la existencia, todavía hoy, de algún mecanismo cooperativo como por ejemplo la posible imputación de pérdidas a los socios cooperativos— a una sociedad de responsabilidad limitada y que tras ese tránsito, todavía hay leyes autonómicas, como la de la Comunidad de Madrid, que confieren a los socios la libertad para optar entre estos dos sistemas de responsabilidad). En la cooperativa hay una estrecha relación entre la condición de socio y la aportación a capital, no olvidemos que es requisito necesario para adquirir la condición de socio realizar aportación a capital, esta circunstancia las aproxima a las socieda-des de capital que se caracterizan por la existencia de una masa patrimonial que queda afecta a la sociedad como consecuencia de la técnica jurídica del capital social, frente a las sociedades de personas en las que lo que resulta relevante es el grupo de persona que la integran y en las que se centra tanto la garantía pa-trimonial —no hay incomunicación papa-trimonial entre el socio y la sociedad— como la realidad de la personalidad jurídica.

En las sociedades cooperativas los socios no solo tienen el derecho si no, también, tienen la obligación de participar en la actividad económico-empre-sarial que lleva a cabo la cooperativa tendente a satisfacer las necesidades y aspi-raciones sociales o económicas que presentan en común todos sus socios y que justifican el nacimiento de esta tipo societario. De tal modo que, las actividades económicas que constituyen el objeto social son desarrolladas por los propios so-cios cooperativos provocando así la mutualización del objeto social y que pasa a denominarse «actividad cooperativizada».

Ahora bien, para llegar a ser socio requiere —además de poseer las necesida-des y aspiraciones comunes— un cierto procedimiento autorizatorio más pro-pio de las sociedades de personas; aunque, a decir verdad, creo que no son ni lo uno ni lo otro, sino que se trata de sociedades que podemos denominar «generi-cistas» ya que lo realmente esencial para las cooperativas es el hecho de que nos encontramos ante un grupo, o de una asociación de personas, caracterizada o es-pecificada por poseer unas necesidades o aspiraciones económicas o sociales co-munes a todos ellos. Utilizando las palabras de Ortega y Gasset «Yo soy yo y mis circunstancias», lo que hemos de tomar en consideración en la cooperativa no es el «Yo» —entendido como referido a la condiciones personales/patrimoniales individuales y particulares del socio— sino «mis circunstancias» que se refieren a esas aspiraciones o necesidades que poseo en común con el resto de los miem-bros de la cooperativa.

El «Yo», de alguna manera queda cubierto con la técnica jurídica del capi-tal social que adscribe el patrimonio a la sociedad, por lo que acaba perdiendo importancia para la sociedad cooperativa el patrimonio personal de cada socio —que resulta tan relevante en las sociedades de personas, ya que en última ins-tancia constituyen la gantía de la propia sociedad— y deja paso a «mis circuns-tancias», como elemento constitutivo y diferenciador de este esquema societario,

lo que realmente nos une son nuestras comunes necesidades o aspiraciones y la voluntad de satisfacerlas de forma colectiva desarrollando en común las activida-des económicas que resulten precisas para tal fin.

bibiografía

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Krubler, F., 2001, Derecho de sociedades, ed. 5.ª, Madrid, Edit, Fundación Cultural del Notariado.