SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diecisiete de abril de dos mil veinte.

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EXPEDIENTE N° 200051430007CO

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Exp: 200051430007CO Res. Nº 2020007327

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diecisiete de abril de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por BRAYAN DAVID MADRIGAL

MORA, cédula de identidad 0603820341, contra LA ASOCIACIÓN

ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

SANITARIO DE ASENTAMIENTO IDA CAÑA BLANCAL, EL

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y

ALCANTARILLADOS y EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. RESULTANDO:

1.- Por escrito aportado a la Sala el 13 de marzo de 2020, el recurrente

interpone recurso de amparo y manifiesta que en 1996, el Instituto de Desarrollo Agrario (hoy INDER) adquirió una finca propiedad del señor Dennis Aguilar Mora, la cual se conoce como Asentamiento IDA-Caña Blancal. Indica que el IDA concedió a su madre Virginia Mora Lázaro una parcela. Añade que según el convenio del INDER, se debían entregar las parcelas junto con la instalación de toda la tubería y el tanque de captación para el abastecimiento de toda la comunidad. Sin embargo, esto no se hizo y la propiedad de su madre se vio afectada al no contar con la instalación del servicio de agua. Señala que la Asociación Acueducto y Alcantarillado Sanitario del Asentamiento IDA Caña Blancal tiene 18 años de funcionar y desarrollar la prestación del servicio de agua potable. Refiere que de dicha parcela su madre le donó un lote para la construcción de su vivienda, por lo cual inició los trámites correspondientes para que se le

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otorgara un bono de la vivienda y los servicios correspondientes. Agrega que el 4 de agosto de 2018 solicitó a la ASADA recurrida el servicio de agua potable para el inmueble ubicado en la provincia de Puntarenas, cantón Osa, distrito Palmar, finca No. 223796-000, plano catastrado No. P-1944242-2016. Acota que se le otorgó el bono de la vivienda según consta en anotación en su propiedad, inscrita bajo las citas 2018-198482-01-0001-001. Señala que el 17 de setiembre de 2018 la ASADA notificó al Jefe de Previsión Vial de la Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que daría inicio al proyecto para brindar el servicio de agua potable a las familias que se encuentran sin conexión de agua por falta de tubería. Añade que el 27 de enero de 2019 solicitó a la asociación recurrida realizar a la brevedad posible el proyecto para la conexión de tuberías y prestación del servicio de agua potable, debido que el acuerdo se encontraba en firme y no se había sido ejecutado. Comenta que por oficio de 31 de enero de 2019, la asociación recurrida le informó que la documentación aportada se remitió al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para la valoración y posterior otorgamiento del servicio de agua potable a su persona, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 85 del Reglamento de Prestación de Servicios. Indica que el 18 de marzo de 2019 varios vecinos de la comunidad remitieron una carta a la Jefatura Regional de Acueductos y Alcantarillados, en la cual expusieron los problemas para el otorgamiento del servicio de agua potable y se solicitó una pronta resolución de las gestiones. Sostiene que desde hace más de 1 año y 7 meses que no cuenta con el servicio de agua potable en su casa de habitación, situación que afecta a su familia, en particular a su esposa que se encuentra en estado de embarazo. Manifiesta que un vecino accedió a regalarles agua de un pozo en su propiedad para realizar la construcción de su vivienda, agua que no es para consumo humano, razón por la cual debe estar llevando botellas de agua desde la casa de su madre para

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atender sus necesidades. Acusa que a la fecha de interposición de este recurso, sus gestiones no han sido resueltas por parte de la ASADA ni del AyA. Explica que personeros del instituto recurrido (AyA) le indicaron que para otorgarle el servicio de agua tenía que cubrir los gastos necesarios y se le entregó la factura proforma No. 0002014 de fecha 7 de noviembre de 2019, la cual asciende a la suma de ¢3.424.610,72. Afirma que por su situación económica no puede hacer frente al pago de tal suma de dinero, dado que, incluso, es beneficiario de un bono de la vivienda. Añade que su familia no puede seguir sin el recurso hídrico, el cual es esencial para la vida. Acusa que las autoridades encargadas de velar por la prestación del servicio de agua no le han brindado la ayuda oportuna y adecuada. Considera que lo expuesto lesiona sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Por resolución de las 09:32 hrs. de 25 de marzo de 2020, se le da curso al

proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas.

3.- Mediante memorial aportado a la Sala el 27 de marzo de 2020, María

Angélica Chinchilla Lázaro, en su condición de representante de la Asociación

Acueducto y AlcantarilladoSanitario del Asentamiento IDA Caña Blancal, rinde

informe. Señala que pertenecen a un proyecto del INDER que inició en 1996 con la compra de la finca, la cual "pasó por procesos" y estuvo lotificada en el año 2000 sin ningún tipo de servicio público. Añade que en el 2002 se formó un comité provisional para empezar a buscar recursos para hacer llegar agua potable a los hogares. Una de las primeras obras fue la construcción del primer ramal con tubería de riego donada por la finca bananera llamada Térraba, aporte de mano de obra comunal y fondos del INDER. Menciona que tiempo después, en el 2006, se construyó el segundo ramal de las parcelas haciéndose la última toma en la parcela 3, que era la que estaba habitada para ese entonces. En todo caso, indica que hasta ese sitio alcanzó el material y el presupuesto. Refiere que el 16 de agosto de 2015

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se recibió la primera solicitud de servicio de agua de la señora Virginia Mora Lázaro. Según el acta No. 89 de 16 de agosto 2015, del año 2000 al 2015 la parcela se encontró en total abandono. A dicha gestión se le dio contestación y se dijo que se le podía instalar un medidor provisional en el lindero de la parcela 3 hasta donde diera el ramal. A lo anterior la referida señora se opuso rotundamente y eso se dejó constando. Menciona que a las reuniones acudió el recurrente, quien se dio por enterado de las decisiones y propuestas. Explica que para ese tiempo se recibieron mensajes de texto y audios exigiendo la tubería frente a su propiedad sobre calle pública (ruta 34, carretera Pacífica Fernández). Indica que en febrero de 2019 tuvieron la visita del ingeniero Allan Rojas Castro, quien realizó una valoración técnica del sistema. A esta persona se le consultó sobre el problema que sufren con el abastecimiento del recurso a las parcelas donde no llega el ramal. Explica que la última toma de la ASADA del Asentamiento IDA Caña Blanca se encuentra a 650 metros aproximadamente de donde está ubicado el lote del tutelado y este mismo tiene la última toma del acueducto del AyA a 75 metros aproximadamente. Apunta que debido a los resultados del balance hídrico del sistema, la totalidad del área de cobertura de ese acueducto se considera como zona deficitaria. Por tal motivo, de acuerdo con las definiciones del artículo 5° del Reglamento de Prestación de Servicios, la prestación de este servicio se podría dar en las condiciones definidas en el artículo 13 del mismo reglamento. Refiere que les queda claro que la valoración la realiza un ingeniero de acuerdo a un estudio técnico.

4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 31 de marzo de 2020,

Allan Avendaño Guido, en su condición de Jefe a.i. de la Oficina Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de Osa, Puntarenas, rinde informe. Refiere a las competencias que le han sido asignadas para el ejercicio de sus funciones. Indica que debe velar por la operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento públicos y redes institucionales que se encuentran bajo

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la administración directa del AyA y por lo cual se le cobra directamente a sus usuarios las tarifas de agua potable y de alcantarillado sanitario. Refiere que la comunidad a la que alude el recurrente está situada cerca del sistema de acueducto de la institución que representa y de la ASADA Caña Brancal. Señala que no puede referirse a las actuaciones realizadas por dicha asociación. Sin embargo, está sujeta al control reglamentario de la UEN de Gestión de Acueductos Rurales, cuya jefatura nacional está ubicada en el edificio de Pavas y la jefatura regional en San Isidro de El General. Asevera que no es cierto que la ASADA recurrida le remitió al AyA una documentación para su valoración y posterior otorgamiento del servicio de agua potable. Indica que dicha oficina no registra en su base de datos algún documento presentado por la asociación donde se haga referencia al caso del recurrente ni solicitud de valoración para brindarle el servicio de agua potable. Aclara que el Reglamento de Prestación de Servicios establece que se debe presentar una solicitud de la parte interesada de la disponibilidad del servicio, para instalación del hidrómetro y conexión posterior del líquido. Refiere que no le consta si se presentó una carta ante la Jefatura Regional del AyA por cuanto dicha sede se ubica en Pérez Zeledón. Agrega que la propiedad del recurrente corresponde a la matrícula folio real No. 6-223796-000, plano No. 6-1944242-2016 y se ubica en Palmar Norte. Dicha propiedad se ubica a algunos metros del sistema abastecido por la ASADA recurrida y también a metros del sistema público del AyA, es decir "(...) respecto al Instituto y la Asada, el sistema de línea

de distribución de ambas no pasa al frente de la propiedad en cuestión, requiriéndose una extensión del ramal (...)". Menciona que el 10 de septiembre de

2019, el recurrente presentó solicitud de disponibilidad de agua para una casa de habitación ubicada en ese sitio, por lo que se procedió a realizar una inspección de campo. Dicha inspección se consignó en el informe técnico No. SIGDD-2019-00010604 de 18 de septiembre de 2019. En dicho informe se indicó que se cuenta

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con capacidad hídrica pero que, para efectos de brindar la disponibilidad de los servicios de manera efectiva, se debían realizar mejoras en el sistema y que consisten en la extensión del ramal que deberá ser construida y luego trasladada al AyA para luego abastecerlo de agua. Refiere que el 4 de noviembre de 2019 se le notificó al recurrente la certificación de no disponibilidad de servicio de acueducto y alcantarillado para la propiedad, hasta que "(...) este realice las mejoras

solicitadas en el estudio técnico". Apunta que, desde entonces, el interesado no ha

vuelto a gestionar en el AyA. Manifiesta que la instalación de una extensión de ramal para dotar de agua a la propiedad no es su obligación, sino que esto le corresponde al interesado, según lo dispone el artículo 13 del Reglamento de Prestación de Servicios. Indica que lo anterior ha sido respaldado por el Tribunal Constitucional. Afirma que no se han vulnerado los derechos fundamentales del tutelado.

5.- Mediante memorial aportado a la Sala el 31 de marzo de 2020, Manuel

Antonio Salas Pereira, en su condición de Gerente General y Cecilia Martínez Artavia, en su condición de Subgerenta de Gestión de Sistemas Comunales, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, rinden informe. Señalan que no le consta lo referente a los beneficiarios del proyecto denominado Asentamiento IDA-Caña Blanca. Apuntan que el 4 de agosto de 2018 el recurrente presentó una solicitud de nuevo servicio. Sin embargo, el tutelado únicamente aportó copia de plano catastrado, no así de los demás documentos requeridos para determinar la factibilidad técnica y legal de la solicitud. Refieren que la ASADA recurrida ciertamente envió un documento al MOPT el 17 de septiembre de 2018, pero para autorizar el rompimiento de calle, según el procedimiento establecido. Apuntan que en nota de 31 de enero de 2019 se le dijo al recurrente que para que se pueda aprobar el proyecto donde se ubica el lote de solicitud de prevista a su nombre se debía contar previamente con el criterio y aval técnico del AyA.

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Señalan que consta que la ASADA recurrida recibió nota del recurrente el 27 de enero de 2019. Sin embargo, en el documento de respuesta entregado por la ASADA al tutelado el 31 de enero de 2019, se le dijo que se había remitido la información sobre el proyecto al AyA con el propósito que se realizara una visita y se emitiera un criterio técnico. En consecuencia, se le dijo que para poder realizar el proyecto de ampliar la cobertura del servicio en el sitio donde se ubica la citada propiedad, se requería la emisión de un criterio técnico por parte del AyA, particularmente por parte de Allan Andrey Rojas Castro, funcionario de la Oficina ORAC Brunca. Indican que el 14 de junio de 2019 el ingeniero Allan Andrey Rojas Castro emitió el llamado "Informe de Valoración Técnica sobre el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Acueducto Cañablancal" (informe No. UEN-GAR-2019-02256). En dicho informe se concluyó expresamente lo siguiente: "(...)

El sistema de abastecimiento de agua potable del IDA Cañablanca presenta en el año 2019 un déficit de caudal de 0,01 l/s y un déficit proyectado de 0,36 l/s en el año 2044. En la actualidad, este déficit se manifiesta en escasez y necesidad de racionamiento durante la estación seca. Por esta razón, es fundamental la búsqueda e incorporación de nuevas fuentes como parte de un proyecto integral de mejoras del acueducto. • Debido a los resultados del balance hídrico del sistema, la totalidad del área de cobertura del acueducto del IDA Cañablanca debe considerarse como una zona deficitaria de acuerdo con las definiciones del artículo 5 del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA. Por esta razón, la prestación de los servicios se podrá dar en las condiciones definidas en el artículo 13º del mismo reglamento, únicamente en donde exista infraestructura de distribución. Debido al déficit hídrico del sistema, no se debe dar su expansión mediante extensiones de ramal hasta tanto se realice un proyecto de mejoras integrales que contemple el aumento del caudal aprovechado y la mejora en la capacidad hidráulica de las redes de tuberías. • Con respecto al volumen de

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almacenamiento, el sistema de abastecimiento de IDA Cañablancal presenta un superávit de 14,0 m3 en el año 2019 y un superávit proyectado de 4,1 m3 al año 2044.• Con respecto a las redes de tuberías, es necesario aumentar su capacidad hidráulica, ya que el sistema carece de los diámetros requeridos para la instalación de hidrantes. Las mejoras en los diámetros de tubería se deben respaldar con la realización de una modelación hidráulica del sistema en condición actual y con las mejoras propuestas de forma que se pueda demostrar el cumplimiento de todos los parámetros hidráulicos indicados en la norma de diseño de AyA 2017-281. (...)". Agregan que el referido informe se recomendó siguiente: "(...) • Se recomienda a la ASADA la búsqueda de fuentes adicionales a las que ya se han identificado, con el fin de cubrir el déficit de caudal actual y proyectado en el sistema de abastecimiento de agua potable. • Se recomienda la reparación del repello interno del tanque de almacenamiento en paredes y piso, con el fin de evitar las filtraciones y devolverle su condición de estanqueidad. Para esta reparación se recomienda la aplicación de un mortero impermeabilizante, especialmente diseñado para detener filtraciones y aplicar sobre este repello una pintura o recubrimiento epóxico para proteger superficies de concreto. Se debe recordar que para la aplicación de estos productos se deben seguir con atención los procedimientos de aplicación, así como guardar los tiempos de secado de cada producto, según recomendación del fabricante. En las paredes externas y la losa superior del tanque, se recomienda la colocación de una pintura antihongos una vez que se hayan reparado las filtraciones. • Para la reparación del tanque, es necesario que este salga de operación, por lo que se deberá colocar un tanque provisional de polietileno a la misma elevación que el tanque de 50 m3, que cumpla la función de un tanque quiebragradiente, con el fin de regular las presiones en el sistema. • Se recomienda reubicar el macromedidor en la tubería de salida del tanque de almacenamiento, y que se implemente un registro mensual

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de las lecturas del macromedidor, las cuales a su vez deben ser comparadas con los registros del consumo de los usuarios para la determinación del agua no contabilizada del sistema. • Se recomienda a la ASADA solicitar al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica una inspección de campo para determinar los lugares donde se requiere la instalación de hidrantes. La ASADA deberá solicitar al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica un documento escrito donde se detalle la ubicación y cantidad de hidrantes requeridos. • Se recomienda la realización de un análisis integral del acueducto que incluya una modelación hidráulica del sistema completo, con el objetivo de determinar las mejoras requeridas, así como demostrar la idoneidad de las soluciones que se planteen. • Se recomienda a la ASADA la realización de análisis de calidad agua en un laboratorio que cuente con certificación para todos los ensayos requeridos. Se recomienda la realización de ensayos para los parámetros de los niveles CO, N1, N2 y N3 establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable del Ministerio de Salud (...)". Mencionan que es cierto que el recurrente realizó

solicitud a la oficina ORAC Bruna del AyA mediante nota de 18 de marzo de 2019 junto con otros interesados. El citado ingeniero atendió y resolvió dicha solicitud mediante el referido informe técnico. Reiteran lo informado por el Jefe Cantonal de Osa. Indican que en cuanto a las actuaciones realizadas por la oficina ORAC Brunca, no es cierto que se le solicitara al recurrente una inversión o se le emitiera una factura proforma. Al respecto, señalan expresamente lo siguiente: "(...) NO ES

CIERTO. Por lo contrario el AyA oficina ORAC Brunca, mediante documentos e Informe y Criterio

Técnico del Ing. Allan Andrey Rojas Castro : UEN-GAR-2019-02256 del 14 de junio del 2019 y se vuelve hacer referencia sobre dicho Informe y Criterio Técnico anteriormente emitido y con el documento: GSD-UEN-GAR-2020-01273 del 30 de marzo del 2020, señala lo siguiente: Con respecto a la solicitud de Criterio Técnico sobre el Acueducto IDA Cañablancal, se debe indicar que se emitió el

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Informe técnico del día 14 de junio de 2019 con el consecutivo UEN-GAR-2019-02256, donde en el apartado de conclusiones se indica que según el balance hídrico realizado, la totalidad del área de cobertura del acueducto debe considerarse como una zona deficitaria y que debe evitarse su expansión mediante la construcción de extensiones de ramal, hasta tanto se realice un proyecto de mejoras para aumentar la capacidad hídrica e hidráulica. La medida mencionada es necesaria para evitar la reducción en la calidad del servicio que se brinda a los usuarios actuales, los cuales, dicho sea de paso, a la fecha de realización del informe ya sufrían de escasez de agua durante la estación seca. Se adjunta informes UEN-GAR-2019-02256 y GSD-UEN-GAR-2020-01273 del 30 de marzo del 2020. (...)". Indican que el recurrente lo que pretende es que de una segregación de una finca se le brinde un servicio. Señalan que lo que se requiere para brindar dicho servicio es la inversión por parte del interesado, según lo dispuesto en los artículos 5 y 21, inciso 15), del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de los Sistemas y Alcantarillados Comunales. Agregan que "(...)

parte de la negativa del servicio es por la situación actual del sistema, el cual requiere de inversión para mejorar la prestación del servicio, en este sentido, tanto por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como operador y como ente rector, se le han emitido recomendaciones a la ASADA y se le han detallado al recurrente las mejoras necesarias para brindarle el servicio que solicita (...) Que le corresponda al AyA la construcción de los sistemas de acueducto en estos casos particulares, debemos recordar según se ha indicado, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ya realizó inversión en la zona, y que para satisfacer la solicitud del recurrente, se le han emitido los lineamientos necesarios y detallado las obras requeridas en el sistema y que deben ser asumidas sus costos por el interesado, según se desprende de la constancia de disponibilidad negativa de fecha 18 de octubre del 2019, recibida por el solicitante en

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fecha 21 del mismo mes (...)". Refieren a lo dispuesto en el artículo 5° del

Reglamento de ASADAS. Afirman que mientras los solicitantes no cumplan con las recomendaciones emitidas por el AyA y la ASADA recurrida, es materialmente imposible abastecerles de agua potable. Solicitan que se desestime el recurso planteado.

6.- Mediante memorial aportado a la Sala el 2 de abril de 2020, Guillermo

Goyenaga Calvo, en su condición de Director de Asuntos Jurídicos del INDER, rinde informe. Señala que "(...) Si bien la Institución, mediante los acuerdos de

Junta Directiva correspondientes, declaró beneficiarios, aprobó segregación y otorgó título a favor de los señores David Madrigal Delgado y Virginia Mora Lázaro (padres del señor recurrente BRYAN DAVID MADRIGAL MORA) en el asentamiento Cañablancal, lo cierto es que en dichos acuerdos de Junta Directiva NO SE INDICA pues NUNCA esta Institución así lo ha hecho, la obligación instalar la tubería de agua a los predios otorgados (...)". Explica que

los padres del recurrente fueron beneficiarios de dos predios (lote 2-1, plano catastro No. P-615097-2000 otorgado por acuerdo de 2001 y parcela 2, plano catastrado No. P-615039-2000, otorgado por acuerdo de 2000). Afirma que la fiscalización y obligaciones del instituto en ambos predios cumplió el plazo de ley (limitaciones) desde los años 2015 y 2016. Menciona que el recurrente, luego del vencimiento de tales limitaciones, recibió la segregación del lote No. 2.1, en el año 2018. Indica que "(...) de los estudios registrales se denota que el señor recurrente

BRAYAN, cedula identidad 6-0382-0341, es propietario registral de un lote, plano catastro P-1944242-2016, con folio real 127413-000, inscrito en el Registro Público, con fecha 16 de enero del 2018. Dicha propiedad proviene de la segregación de la finca 127413-000, actualmente propiedad de la señora YESENIA MADRIGAL MORA cedula identidad 6-0310-0415 (...)". Apunta que el

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última realice una supuesta actuación no contemplada en el marco jurídico por el cual se rige, sino que, además, pretende que se involucre en una tramitología y logística fuera del plazo de las limitaciones, que son propias y de naturaleza privada. Añade que los que sí fueron beneficiarios (los padres del amparado), nunca habitaron el predio. Además, la ASADA en su momento no llegó a dicho sitio porque se presentaron dos problemas: una distancia superior a la capacidad de la ASADA y una limitación en la capacidad hídrica para suplir el servicio. Agregan que "(...) No obstante, se estableció la posibilidad de otorgar un acceso

al servicio por la parcela 3, siendo requeridos por los propietarios la inversión hasta la parcela 2 y lote 2-1, opción que no fue realizada. La parcela 2 y el anterior lote 2-1, se ubican frente a la carretera interamericana, el predio dispone de 75 metros de acceso al servicio del AyA, no obstante, presenta un costo de inversión, el cual el señor BRAYAN DAVID MADRIGAL MORA, no quiere asumir. Siendo este Recurso de Amparo un abuso de derecho de parte del Recurrente (...)". Destaca que en varias ocasiones la Oficina de Río Claro del

INDER le ha manifestado al recurrente que no es posible, por parte de dicho instituto, solucionar el servicio de agua potable. También se le ha comentado, en coordinación con la ASADA, que no es posible extender el ramal del servicio de agua potable de la ASADA, debido a que el estudio elaborado por el AyA indica que la fuente de agua no presenta el potencial hídrico requerido para incrementar el servicio. Indica expresamente que "(...) En otras series de acciones el Instituto se

encuentra realizado los traslados del Patrimonio Natural del Estado al Sistema de Áreas de Conservación, donde se encuentra las captaciones de fuentes de agua, así mismo se tiene en construcción mejoras de infraestructura de la Asada, para mejorar su la (sic) administración del acueducto. Se debe señalar de que no existe por parte del Instituto de Desarrollo Rural ningún acuerdo o convenio donde se obligase a otorgar la suplencia del servicio de agua potable, siendo aspectos de

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coordinación y apoyo la creación del acueducto para la satisfacción de las necesidades de los pobladores en el asentamiento IDA Cañablancal. Para finalizar, cabe señalar que esta Institución ha recibido la solicitud presentada por Asociación Administradora de Acueducto y Alcantarillado Sanitario del asentamiento IDA – Caña Blancal, cedula jurídica 3-002- 346318, para la realización de un proyecto denominado “Solicitud de terreno para oficina, bodega de materiales y sala de sesiones para el Acueducto”, pues necesitan cumplir con su objetivo de abastecimiento de agua a la comunidad, en donde solicitan el predio “Lote #46 Acueducto”, registrado en el Plano P-996402-2005, con un área de 910.36 m², ubicado en el asentamiento Caña Blancal, Palmar Norte de Osa, y actualmente propiedad del INDER. Sin embargo, ni siquiera ese proyecto (que aún se encuentra en estudio al respecto el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTRC-0826-2019 del 20-11-2019) le da una obligación legal al INDER de abastecer de agua a la comunidad, pues estaría otorgando el terreno (...)". Solicita que se desestime el recurso planteado.

7.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I.- DE PREVIO. Por su excepcional naturaleza, el trámite ordinario de los

recursos de amparo contra sujetos de derecho privado exige comenzar por examinar si, en la especie, se está ante alguno de los supuestos que lo hacen admisible para, posteriormente, dilucidar si es estimable o no. El artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que procede el recurso de amparo contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar

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los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a), de la misma ley. En el caso concreto, se cumple uno de estos presupuestos, ya que se trata de un sujeto de derecho privado (ASADA) que está actuando en ejercicio de funciones o potestades públicas al brindar, junto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el servicio público de agua potable.

II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente aduce que pese a las gestiones

realizadas ante las autoridades recurridas, a la fecha no se le ha provisto del servicio de agua potable en su casa de habitación.

III.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso

de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

1) En el año 1996, el Instituto de Desarrollo Agrario (hoy INDER), adquirió

una finca que se conoce actualmente como Asentamiento IDA-Caña Blancal. Dicho inmueble se pudo lotificar hasta el año 2000 sin ningún tipo de servicio público (ver informe).

2) Durante los años 2000 y 2001, el IDA le donó dos predios de dicho

asentamiento a la señora Virginia Mora Lázaro y al señor David Madrigal Delgado, padres del recurrente. Dichos acuerdos no estipularon la obligación del IDA de instalar a los beneficiarios una tubería de agua (ver informe).

3) En el año 2002 se formó un comité provisional para buscar recursos y proveer

de agua potable a las personas ubicadas en dicho asentamiento. Un primer ramal se pudo construir con tubería de riego donada por la finca bananera llamada Térraba, aporte de mano de obra comunal y fondos del IDA. En el año 2006 se construyó el segundo ramal de las parcelas y se instaló la última toma en la parcela 3, que era la que estaba habitada para ese entonces (ver informe).

4) En los años 2015 y 2016 se levantaron las restricciones y limitaciones que

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EXPEDIENTE N° 200051430007CO 5) El 16 de agosto de 2015, la señora Virginia Mora Lázaro formuló ante la

Asociación Acueducto y Alcantarillado Sanitario del Asentamiento IDA Caña Blancal una solicitud para la instalación del servicio de agua potable en su parcela. La asociación le contestó e indicó a la gestionante que se le podía instalar un medidor provisional en el lindero de la parcela 3 hasta donde diera el ramal, pero esto no fue aceptado por la segunda (ver informe).

6) En el año 2018, la madre del recurrente le donó a este último uno de tales lotes

(ubicado en la provincia de Puntarenas, cantón Osa, distrito Palmar, plano catastrado No. P-1944242-2016). (ver informe).

7) El 4 de agosto de 2018, el recurrente solicitó a la Asociación Acueducto

y Alcantarillado Sanitario del Asentamiento IDA Caña Blancal el servicio de agua potable para el inmueble de su propiedad (ver informe y prueba).

8) Por oficio de 17 de setiembre de 2018, la ASADA recurrida notificó al Jefe de

Previsión Vial de la Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que se daría inicio al proyecto para brindar el servicio de agua potable a las familias que no tiene acceso a este en el citado asentamiento, por lo que se procedería a romper un sector de la carretera (ver prueba).

9) El 27 de enero de 2019, el tutelado le solicitó a la asociación recurrida realizar

a la brevedad posible el proyecto para la conexión de tuberías y prestación del servicio de agua potable. En tal ocasión, el recurrente aportó documentación referente a la “alineación de propiedad” emitida por el MOPT (ver prueba).

10) Por oficio de 31 de enero de 2019, la asociación recurrida le informó al

amparado que la documentación aportada se había remitido al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para su valoración. Asimismo, de modo expreso, le indicó lo siguiente. “(…) El día 7 de febrero de 2019 nos

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visitó al acueducto el señor Allan Rojas del AyA, el cual se le hizo la consulta sobre documentos enviados, a lo cual él nos informa que aún no le asignan nada con respecto a ese tema ahora bien, en respuesta a su solicitud nos apegamos al artículo 24 de reglamento de prestación de servicios y a (sic) artículo 85 del mismo (…)”. El citado oficio le fue notificado al tutelado de

previo a la formulación del amparo (ver escrito de interposición y prueba).

11) EL 7 de febrero de 2019, el ingeniero Allan Rojas Castro del AyA realizó una

inspección en el referido asentamiento (ver prueba).

12) El 18 de marzo de 2019, varios vecinos de la comunidad remitieron una

carta a la Jefatura Regional de Acueductos y Alcantarillados, en la cual expusieron los problemas para el otorgamiento del servicio de agua potable y solicitaron una pronta resolución de las gestiones. En tal ocasión, los interesados, incluido el recurrente, señalaron expresamente lo siguiente: “(…)

los lotes 1 y 2 faltaron para la instalación de la tubería, por la cual y a esto al día de hoy, no se le ha tenido ninguna solución. A esto los afectados tenemos 3 años de estar luchando para que la ASADA de la comunidad nos haga esta instalación y ellos nos dicen que no pueden hasta que un ingeniero del AyA haga una inspección y de visto bueno de aprobación para que se pueda hacer la instalación de la tubería a nuestras parcelas (…)” (ver prueba).

13) El inmueble del recurrente se ubica a algunos metros del sistema abastecido

por la ASADA recurrida y también a metros del sistema público del AyA, es decir "(...) respecto al Instituto y la Asada, el sistema de línea de distribución

de ambas no pasa al frente de la propiedad en cuestión, requiriéndose una extensión del ramal (...)". (ver informe).

14) El 14 de junio de 2019 el ingeniero Allan Andrey Rojas Castro del AyA

emitió el llamado "Informe de Valoración Técnica sobre el Sistema de

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GAR-2019-02256). En dicho informe se concluyó expresamente lo siguiente:

"(...) El sistema de abastecimiento de agua potable del IDA Cañablanca presenta en el año 2019 un déficit de caudal de 0,01 l/s y un déficit proyectado de 0,36 l/s en el año 2044. En la actualidad, este déficit se manifiesta en escasez y necesidad de racionamiento durante la estación seca. Por esta razón, es fundamental la búsqueda e incorporación de nuevas fuentes como parte de un proyecto integral de mejoras del acueducto. • Debido a los resultados del balance hídrico del sistema, la totalidad del área de cobertura del acueducto del IDA Cañablanca debe considerarse como una zona deficitaria de acuerdo con las definiciones del artículo 5 del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA. Por esta razón, la prestación de los servicios se podrá dar en las condiciones definidas en el artículo 13º del mismo reglamento, únicamente en donde exista infraestructura de distribución. Debido al déficit hídrico del sistema, no se debe dar su expansión mediante extensiones de ramal hasta tanto se realice un proyecto de mejoras integrales que contemple el aumento del caudal aprovechado y la mejora en la capacidad hidráulica de las redes de tuberías. • Con respecto al volumen de almacenamiento, el sistema de abastecimiento de IDA Cañablancal presenta un superávit de 14,0 m3 en el año 2019 y un superávit proyectado de 4,1 m3 al año 2044.• Con respecto a las redes de tuberías, es necesario aumentar su capacidad hidráulica, ya que el sistema carece de los diámetros requeridos para la instalación de hidrantes. Las mejoras en los diámetros de tubería se deben respaldar con la realización de una modelación hidráulica del sistema en condición actual y con las mejoras propuestas de forma que se pueda demostrar el cumplimiento de todos los parámetros hidráulicos indicados en la norma de diseño de AyA 2017-281. (...)". Asimismo, el citado informe recomendó siguiente: "(...) • Se recomienda a la ASADA la búsqueda de fuentes adicionales a las que ya se han

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identificado, con el fin de cubrir el déficit de caudal actual y proyectado en el sistema de abastecimiento de agua potable. • Se recomienda la reparación del repello interno del tanque de almacenamiento en paredes y piso, con el fin de evitar las filtraciones y devolverle su condición de estanqueidad. Para esta reparación se recomienda la aplicación de un mortero impermeabilizante, especialmente diseñado para detener filtraciones y aplicar sobre este repello una pintura o recubrimiento epóxico para proteger superficies de concreto. Se debe recordar que para la aplicación de estos productos se deben seguir con atención los procedimientos de aplicación, así como guardar los tiempos de secado de cada producto, según recomendación del fabricante. En las paredes externas y la losa superior del tanque, se recomienda la colocación de una pintura antihongos una vez que se hayan reparado las filtraciones. • Para la reparación del tanque, es necesario que este salga de operación, por lo que se deberá colocar un tanque provisional de polietileno a la misma elevación que el tanque de 50 m3, que cumpla la función de un tanque quiebragradiente, con el fin de regular las presiones en el sistema. • Se recomienda reubicar el macromedidor en la tubería de salida del tanque de almacenamiento, y que se implemente un registro mensual de las lecturas del macromedidor, las cuales a su vez deben ser comparadas con los registros del consumo de los usuarios para la determinación del agua no contabilizada del sistema. • Se recomienda a la ASADA solicitar al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica una inspección de campo para determinar los lugares donde se requiere la instalación de hidrantes. La ASADA deberá solicitar al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica un documento escrito donde se detalle la ubicación y cantidad de hidrantes requeridos. • Se recomienda la realización de un análisis integral del acueducto que incluya una modelación hidráulica del sistema completo, con el objetivo de determinar las mejoras requeridas, así como

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demostrar la idoneidad de las soluciones que se planteen. • Se recomienda a la ASADA la realización de análisis de calidad agua en un laboratorio que cuente con certificación para todos los ensayos requeridos. Se recomienda la realización de ensayos para los parámetros de los niveles CO, N1, N2 y N3 establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable del Ministerio de Salud (...)". (ver informe y prueba).

15) El 10 de septiembre de 2019, el tutelado presentó ante el AyA una solicitud de

disponibilidad de agua potable para proveer de dicho servicio una casa que construyó en el lote donado por su madre (ver informe).

16) En virtud de la gestión formulada por el recurrente el 10 de septiembre de

2019, las autoridades del AyA procedieron a realizar una nueva inspección que dio como resultado la confección del informe técnico No. SIGDD-2019-00010604 de 18 de septiembre de 2019 (ver informe).

17) El 18 de octubre de 2019, el Director Regional Brunca del Instituto

Costarriense de Acueductos y Alcantarillados se pronunció sobre la gestión planteada por el recurrente el 10 de septiembre de ese mismo año conforme los siguientes términos "(...) le comunico que como resultado de los estudios

básicos e informe técnico que consta en oficio: 2019-00010604-1-AP se determinó lo siguiente: Es necesario que el interesado realice mejoras al sistema que consiste en construir una extensión del ramal de aproximadamente 210 metros en tubería de diámetro 100 mm PVC SDR26 campana especial desde la línea existente de 100 mm de diámetro existente, deberá contar además con una válvula compuerta de hierro dúctil al inicio de la extensión. NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA

PROPIEDAD. NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE

ALCANTARILLADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD (…)”. Este documento

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EXPEDIENTE N° 200051430007CO 18) El 18 de octubre de 2019, el Director Regional Brunca del Instituto

Costarriense de Acueductos y Alcantarillados le indicó al recurrente lo siguiente: “(…) La Región Brunca del Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados a solicitud del Sr. BRAYAN DAVID MADRIGAL MORA (…) hace constar que cuenta con Capacidad Hídrica para el proyecto TRAMITES PARA UN NUEVO SERVICIO (…) que corresponde a un servicio de agua potable. A efectos de brindar la disponibilidad de los servicios de manera efectiva, se deberán realizar las siguientes mejoras en el Acueducto: Es necesario que el interesado realice mejoras al sistema que consiste en construir una extensión del ramal de aproximadamente 210 metros en tubería de diámetro 100 mm PVC SDR26 campana especiel desde la línea existente de 100 mm de diámetro existente, deberá contar además con una válvula compuerta de hierro dúctil al inicio de la extensión. Antes de iniciar estos trabajos el interesado debe aportar los planos constructivos aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y por el Departamento de Urbanizaciones del AyA, obtener los permisos ante la Municipalidad y/o MOPT, según sea requerido para intervenir la vía pública y luego debe coordinar con los funcionarios del AyA para la fiscalización de los trabajos a realizar. Este documento no es una autorización a nivel constructivo, de segregación sin haberse aprobado los planos por AyA, tampoco significa una autorización de interconexión ni de aprobación de nuevos servicios, para que ello proceda deberá cumplirse con todos los requisitos y procedimientos respectivos ante las instancias competentes. Para tales efectos se le concede al interesado un plazo de 90 días hàbiles para que formalmente se apersone al AyA y por escrito manifieste su deseo de costear y ejecutar esta mejora en el plazo de vigencia de esta constancia. En caso de no apersonarse, el documento queda sin efecto y se procederá con el archivo de la gestión (…)” (ver prueba).

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EXPEDIENTE N° 200051430007CO 19) El recurrente no ha cumplido con los requisitos exigidos por el AyA para la

provisión del servicio de agua potable (ver informe).

20) En distintas ocasiones y en fechas no precisas, las autoridades del INDER le

han manifestado al recurrente que no es posible, por parte de dicho instituto, solucionarle el problema del acceso al agua potable (ver informe).

21) El 13 de marzo de 2020, el recurrente formuló el presente amparo (ver escrito

de interposición).

IV.- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIBLES PARA ACCEDER AL SERVICIO DE AGUA POTABLE. La

jurisprudencia de la Sala ha reconocido el denominado derecho fundamental al agua, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder, en condiciones de igualdad, a los servicios de agua potable, toda vez que esta resulta esencial para la vida y la salud humanas. No obstante, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento. Así, en la Sentencia No 2006-1898 de las 09:53 hrs. de 17 de febrero de 2006, este Tribunal dispuso lo siguiente:

“(…) El recurrente alega (…) que pese a las solicitudes y esfuerzos hechos, el Instituto recurrido se ha negado a brindarles el servicio de agua potable aduciendo que se trata de un precario y que sus habitantes no cuentan con un plano de segregación que establezca que son propietarios de los inmuebles. Al respecto, se encuentra acreditado en autos, con base en el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, que existe una imposibilidad para instalar servicios de agua potable domiciliaria en la comunidad que habita el recurrente por dos motivos específicos: la falta de una infraestructura adecuada y de presentación de solicitudes con cumplimiento de requisitos legales por parte de los interesados (...). Esta Sala, en la sentencia No. 2004-12185 de las 13:31 horas del 29 de octubre del 2004, en un caso similar al presente, señaló que no era posible obligar

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EXPEDIENTE N° 200051430007CO

al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir lo dispuesto en su Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes ni en la Ley General de Agua Potable. De ahí que, en el tanto el amparado, no reúna las condiciones y requisitos ahí exigidos, aunque el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona por tratarse de un servicio esencial, no se le puede proveer de manera regular. Dada la existencia de esos dos motivos objetivos por los cuales no es posible suministrar un servicio de agua potable regular al accionante: su falta de cumplimiento de requerimientos para la conexión de un servicio nuevo, empezando, por la presentación de la solicitud y la existencia de una infraestructura adecuada en la zona, no existe motivo alguno para entender que la denegatoria de la prestación del servicio regular por parte del Instituto recurrido se deba al hecho que el amparado y sus vecinos no cuentan con títulos de propiedad sobre los inmuebles que poseen. (…)”.

Más recientemente, en el Voto No. 2018-3907 de las 09:30 hrs. de 9 de marzo de 2018, la Sala señaló:

“(…) IV.- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA APROBAR UNA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE. Al respecto, este Tribunal ha reconocido reiteradamente que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados y las municipalidades que prestan el servicio de suministro de agua potable, de previo a aprobar o rechazar las solicitudes de disponibilidad de agua potable que les sean formuladas, están en plena capacidad de exigir el cumplimiento de requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, y ponderar razones de orden legal y técnico.

V.- Sobre el caso concreto. De los informes rendidos bajo fe de juramento por las autoridades recurridas, y la documentación aportada al expediente, se desprende que el 14 de enero de 2013, la amparada presentó una solicitud de trámite de disponibilidad de agua ante la Oficina Cantonal de Guácimo Región Huetar, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en un inmueble de su propiedad, ubicado en África de Guácimo. El 13 de mayo de 2013, el Departamento de Ingeniería, mediante oficio N° RHAOM-2013-0886, retirado por la amparada el 6 de junio de 2013 indicó, respecto a la solicitud de disponibilidad de servicios y extensión de tubería en terrenos con servidumbre de paso, los requisitos para dicho trámite.

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Posteriormente, la amparada, el 19 de mayo de 2015 envió al Departamento de Ingeniería del AyA una nota solicitando una carta de Capacidad Hídrica. Por Oficio N° SB-GSP-RHAOMSAP-2015-1492, de 10 de julio de 2015 el Departamento de Ingeniería del AyA indicó a la amparada nuevamente los requisitos para otorgarle la carta de capacidad hídrica, relacionados con la extensión de ramal en servidumbre de paso, sin embargo a la fecha que se rinde el informe la amparada no ha cumplido con lo indicado. De lo anterior se concluye que en el presente caso no existe lesión a los derechos fundamentales de la amparada, pues de la inspección de campo realizada por el ICAA se acreditó la ausencia de infraestructura de agua potable frente a la propiedad de la amparada, y la necesidad de efectuar una extensión de ramal en servidumbre de paso. Es evidente entonces que el ICAA no puede brindar el servicio solicitado por el recurrente porque técnicamente no le es factible y, por ende, no es posible acoger su solicitud en los términos en que lo pretende. Así las cosas, considera la Sala que no se ha dado una negativa arbitraria del ICAA para brindarle disponibilidad del servicio de agua potable a la gestionante como lo solicita, sino que, lo que en realidad ha ocurrido, es que existe una imposibilidad técnica y material debido a la inexistencia en el sitio de la infraestructura necesaria para acceder a lo peticionado por la recurrente, lo cual ya es de su conocimiento. Recuérdese que, sobre el particular, esta Sala ha reconocido en múltiples sentencias lo que ha llamado la imposibilidad técnica o material, que es la falta de infraestructura, y se ha manifestado en el sentido de que cuando existe imposibilidad técnica para conectar el servicio solicitado, no se vulnera derecho fundamental alguno de los administrados porque la omisión en la prestación del servicio obedece a la falta de elementos técnicos necesarios para la instalación del servicio y no a una actuación arbitraria de la Administración (ver en ese sentido, entre otras, sentencias 2007-03355, 2007-010341, y 2017-011477). En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se ordena (…)”.

Se entiende, entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o ante las respectivas ASADAS, la prestación del servicio también puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista

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posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen brindarlo.

V.- CASO CONCRETO. El recurrente acude en amparo y señala que las

autoridades del INDER (antiguo IDA), le concedieron a su madre una parcela ubicada en el Asentamiento IDA-Caña Blancal y que, esta última, a su vez, le donó el inmueble para construir su casa de habitación. Acusa que pese a que ha gestionado ante las autoridades del INDER, de la Asociación Acueducto y Alcantarillado Sanitario del Asentamiento IDA Caña Blancal y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la instalación del servicio de agua potable en su vivienda, no ha obtenido una respuesta favorable y, a la fecha, continúa sin tener acceso a dicho líquido vital.

Revisados los informes rendidos bajo juramento, así como las pruebas aportadas a los autos, esta Sala no estima que lleve razón el tutelado en su alegato. Esto, por las razones que se dirán a continuación.

En primer término, por cuanto consta en autos que las tres autoridades recurridas han atendido las gestiones planteadas por el recurrente y le han indicado (según el ámbito de sus funciones y competencias), los motivos por los cuales no es posible brindarle el servicio de agua potable, al menos, en este momento. En ese particular, se tiene por demostrado (pese a que el recurrente no señaló una solicitud formulada en concreto), que las autoridades del INDER, en distintas ocasiones, le han explicado al interesado que dicho instituto no resulta competente para solucionarle el problema en cuestión, ya que, según se informó bajo juramento, los acuerdos de traspaso de los inmuebles ubicados en el referido asentamiento no estipularon la obligación de instalar concomitantemente una tubería para la provisión de agua potable.

Igualmente, se tiene por acreditado que en virtud de las solicitudes formuladas por el recurrente ante la ASADA recurrida en agosto de 2018 y enero de 2019, esta

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última, por oficio de 31 de enero de 2019 (notificado de previo a la interposición de este amparo), le brindó respuesta, explicando que se había gestionado lo pertinente ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al que le correspondía finalmente llevar a cabo una valoración y determinar lo correspondiente.

Asimismo, consta en autos que ante las gestiones planteadas por el recurrente ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en marzo y septiembre de 2019, se efectuaron inspecciones de campo en el mencionado asentamiento, se emitieron informes técnicos y, finalmente, mediante documento de 18 de octubre de 2019 (notificado desde el 4 de noviembre de ese mismo año), se determinó que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA, no se le puede brindar el servicio de agua potable en este momento ya que no existe factibilidad técnica, en concreto, se dijo que "NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA

PROPIEDAD. NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE

ALCANTARILLADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD". En dicha ocasión, se le

indicó al recurrente que era necesario realizar mejoras al sistema las cuales consisten en "(...) construir una extensión del ramal de aproximadamente 210

metros en tubería de diámetro 100 mm PVC SDR26 campana especial desde la línea existente de 100 mm de diámetro existente, deberá contar además con una válvula compuerta de hierro dúctil al inicio de la extensión (...)". Igualmente

consta que el AyA le aclaró al amparado que antes de iniciar dichos trabajos debía

"(...) aportar los planos constructivos aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y por el Departamento de Urbanizaciones del AyA, obtener los permisos ante la Municipalidad y/o MOPT, según sea requerido para intervenir la vía pública y luego debe coordinar con los funcionarios del AyA para la fiscalización de los trabajos a realizar (...)". Asimismo, es importante acotar

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que, según se desprende de los autos, el tutelado, para la fecha de interpuesto el presente amparo, no había ejecutado las referidas obras, por lo que el servicio público en cuestión no le había sido proveído.

Así las cosas, este Tribunal Constitucional observa que, contrario a lo alegado, las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado no denegaron el servicio en cuestión de forma arbitraria o infundada. Según se puede apreciar con meridiana claridad, la parte recurrida rechazó la solicitud bajo estudio ante la imposibilidad técnica de brindarlo en este momento y, consecuentemente, ante el incumplimiento de los requerimientos establecidos principalmente en el denominado Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA. Actuación anterior que, como bien se explicó en el considerando anterior, ha sido respaldada por esta Sala.

En ese mismo orden de consideraciones, resulta menester aclararle al interesado que esta Sala resulta incompetente, por tratarse de un tema de mera legalidad, para analizar por el fondo su caso y determinar si el sitio donde se ubica el inmueble de su propiedad cumple o no con los requisitos que le han sido exigidos por el instituto recurrido para dotarlo de agua potable. La discusión referente a tal aspecto se deberá plantear, si a bien lo tiene el tutelado, ante el propio Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o bien, ante la vía jurisdiccional ordinaria que resulte competente.

En mérito de lo expuesto, este órgano constitucional no observa que, en la especie, se hayan quebrantado los derechos fundamentales del recurrente, por lo que se estima pertinente desestimar el presente proceso de amparo.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene

a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías,

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EXPEDIENTE N° 200051430007CO

estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el

Fernando Castillo V. Presidente

Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G. Anamari Garro V.

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-- NYFU26XBR5O61

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