Sobre las consecuencias de una integración asimétrica
La ASPAN y la militarización de México
Carlos Fazio1
A comienzos del siglo XXI, la relación de los tres países que conforman la porción geográfica conocida como América del Norte: Estados Unidos, Canadá y México, ha estado signada por la seguridad. Más concretamente, a partir del 23 de marzo de 2005, por la
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), suscrita en el rancho Crawford, en Waco, Texas, por los presidentes de Estados Unidos y México, George W. Bush y Vicente Fox, y el primer ministro canadiense, Paul Martin.
En torno a la noción de seguridad, tanto en la teoría como en la práctica de las relaciones internacionales existe una gran variedad de interpretaciones. En el hemisferio occidental a menudo se habla de seguridad nacional, colectiva o hemisférica, y en su acepción más tradicional ha sido común confundir las fronteras entre seguridad y defensa. Todos esos términos guardan relación entre ellos y de una manera u otra reflejan la riqueza del debate y de las propuestas conceptuales producidas a partir del fin de la guerra fría. Durante el siglo XX, en particular en el periodo de la confrontación Este-Oeste que enfrentó a las potencias capitalistas con el campo socialista, la clase dominante de Estados Unidos logró difundir un mito para justificar su acción intervencionista en todo el mundo: presentarse como “los salvadores y defensores de la civilización occidental y cristiana”, o en su defecto, como “los agredidos por las fuerzas del mal”. En ambos casos, el agresor era identificado ideológicamente como el “enemigo comunista”, y su sede emblemática era Moscú, en la antigua Unión Soviética.
Luego de los atentados contra las torres gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington el 11 de septiembre de 2001, el concepto seguridad ha estado asociado de manera fundamental a la seguridad nacional de Estados Unidos y a otra palabra clave: terrorismo. Más precisamente, con la “guerra al terrorismo” de la administración Bush, que a su vez ha venido acompañada de la revaloración de otras viejas nociones como “guerra preventiva” y “espacio vital”, y categorías como “imperialismo”.
A partir de estas breves consideraciones, intentaremos reflejar de qué manera inciden sobre la realidad nacional de México los nuevos planes imperiales, con sus enemigos irregulares o asimétricos identificados (terrorismo, crimen organizado, narcotráfico) y aquellos de tipo convencional que desafían la hegemonía estadunidense (el eje Alemania-Francia en la Europa comunitaria, Japón, China, India, Rusia). A partir de todos esos elementos queremos recuperar una vieja afirmación de Carlos Marx en su obra La ideología alemana: “En una determinada época histórica, la ideología dominante es la de la 1Carlos Fazio, Montevideo, 1948. Periodista y escritor uruguayo naturalizado mexicano. Es profesor
investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Colaborador habitual del diario
clase dominante”. En ese contexto, pensamos que la lógica imperial de Estados Unidos asocia poder militar y liderazgo económico mundial para mantener la rentabilidad capitalista y la tasa de ganancia, y para ello debe mantener su hegemonía recreando de manera sistemática nuevos enemigos que ayuden a construir identidades capaces de sostener sus intereses geoestratégicos en el marco de la guerra sin fin iniciada por la administración Bush con las invasiones a Afganistán e Irak.
¿Adiós a Westfalia?
Desde septiembre de 2001, la soberanía absoluta de los Estados, su igualdad jurídica y la no intervención quedaron como rehenes de la nueva doctrina imperial del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, cuya administración ha sido definida en lo interno, por Noam Chomsky, como un “régimen represivo de derecha”.2 La doctrina estratégica de
seguridad nacional de Estados Unidos combina la retórica de la libertad, de las consultas y la paz y la construcción de “coaliciones rotatorias”,3 con los preparativos de guerra, la
acción bélica unilateral y la conquista.4 El aspecto más novedoso de la doctrina de guerra preventiva es la llamada “autodefensa anticipatoria”, que conlleva una modificación nodal de la anterior doctrina Truman de la contención (como estrategia para limitar la influencia soviética) e incluso de la doctrina Reagan de “dominio y marcha atrás” (revertir la influencia soviética).5
La doctrina Bush de “dispara primero, pregunta después” da prioridad al enfoque de la fuerza militar como herramienta básica de la política exterior estadunidense, y según William D. Hartung es “una guerra no declarada contra las normas internacionales y la propia Constitución de EU”.6 La doctrina de previsión sostiene que Estados Unidos se
reserva el derecho de atacar a cualquier nación −grande o pequeña− que pueda tener la intención de dañarlo. Por extensión, cualquier país que se niegue a aceptar o apoyar la doctrina Bush se vuelve enemiga de Washington. Como señaló James Petras, Estados Unidos persuadirá a los países a apoyar la construcción de su imperio “convenciendo y obligando a los Estados a aceptar sus responsabilidades soberanas”.7 Además, la nueva
doctrina imperial está basada en la existencia de conspiradores enemigos indefinidos, “redes oscuras de individuos” que se “sobreponen” a los Estados y planean un ataque “inminente”, con uso de peligrosas tecnologías.8
2 Jim Cason y David Brooks, "La guerra contra Irak responde a una coyuntura interna de EU: Chomsky". La
Jornada, 21 de octubre de 2002.
3 Según el secretario de Defensa de EU, Donald Rumsfeld, las "coaliciones rotatorias" están compuestas por
países que reciben ayuda y armas estadounidenses a cambio de dar apoyo a los objetivos militares de corto plazo de Washington. Ver William D. Hartung, "Buscando el dominio desesperadamente". Suplemento "La guerra que desató el 11-S", La Jornada, 11 de septiembre de 2002.
4 La nueva estrategia para la seguridad nacional de Estados Unidos, fue presentada ante el Congreso por el
presidente George W. Bush el 20 de septiembre de 2002. La estrategia de seguridad nacional es un documento en el que cada presidente de las últimas tres décadas ha definido su visión del planeta y del papel de la nación en la "comunidad internacional". Un avance de la "doctrina de previsión" había sido formulado por Bush, en junio de 2002, en la academia militar de West Point.
5 James Petras, "La doctrina Bush: construcción imperial irrestricta". La Jornada, 11 de octubre de 2002. 6 William D. Hartung, "Buscando el dominio desesperadamente". Suplemento "La guerra que desató el
11-S", La Jornada, 11 de septiembre de 2002.
Según Petras, el principal objetivo de la “banda imperial” que se apoderó de la Casa Blanca es la conquista mundial y el reforzamiento de la hegemonía estadunidense mediante guerras ofensivas, a partir de la lógica irracional de que “los estados débiles... pueden representar un peligro tan grande para nuestra seguridad nacional como los fuertes”.9 Se
trata, dice Petras, de una “doctrina extremista” basada en una “visión totalitaria”. A su vez, el ex asesor de William Clinton para América Latina, Arturo Valenzuela,10 la definió como
una “doctrina peligrosa”, con profundas consecuencias para las relaciones internacionales y la paz mundial.11
En rigor, la doctrina de la seguridad preventiva es una victoria de los “halcones” de Washington sobre las “palomas” internacionalistas del Departamento de Estado. Significa una claudicación del Congreso ante el Ejecutivo estadunidense. Ya no se trata sólo de defender las actuales fronteras del imperio por medio de regímenes clientes, sino de extender los límites geopolíticos, militares y políticos para conquistar y explotar nuevas “regiones estratégicas”. Como apuntó con certeza John Saxe-Fernández, la autodefensa anticipatoria es “un principio de legitimación imperial” que retrotrae la situación internacional al estado de cosas que existía antes de 1648, fecha de la Paz de Westfalia,12
considerada uno de los fundamentos del sistema internacional contemporáneo, que está basado en el principio de la soberanía absoluta de los Estados, su igualdad jurídica y la no intervención; principios jurídicos consagrados en la fracción X del artículo 89 de la Constitución mexicana, rectores de la diplomacia de Tlatelolco13 el siglo pasado.
La doctrina Bush post-torres gemelas puso en entredicho el consenso internacional alcanzado a lo largo de 350 años, es decir, la centralidad de la soberanía nacional, como fundamento del derecho. Implicó, de paso, un desprecio por la Organización de las Naciones Unidas, al establecer que el país más poderoso de la tierra puede adjudicarse el derecho de actuar en forma unilateral para defender su seguridad nacional. Además de que, como mencionó William Pfaff en el diario Los Ángeles Times, todo acto de guerra de “autodefensa anticipatoria... fue tratado específicamente como un crimen de guerra en los juicios de Nüremberg”.14
El tema nos ubica en el nuevo orden imperial que ha venido configurándose desde la caída del muro de Berlín y que se aceleró a raíz de los atentados terroristas del 11/S. Un nuevo orden que Pablo González Casanova ha definido como un “neoliberalismo de guerra fundamentalista, colonialista e imperialista”.15 Como advirtió el politólogo mexicano, el
nuevo sistema de dominación en curso −mediante el cual Washington pretende consolidar su hegemonía militar y el neomercantilismo de las megaempresas con casa matriz en Estados Unidos−, podría derivar en “ideologías políticas cínicamente excluyentes y represivas, características de un nuevo tipo de colonialismo global y de fascismo neoliberal”.16
9 Ibid.
10 En 2009, Arturo Valenzuela fue designado subsecretario de Estado para América Latina de la
administración de Barack Obama.
11 Arturo Velenzuela, "Una doctrina peligrosa". El Universal, México, 17 de octubre de 2002. 12 John Saxe-Fernández, "EU: autodefensa anticipatoria". La Jornada, 17 de octubre de 2002.
13 Tlatelolco, enclavada en un populoso barrio del Distrito Federal, fue durante buena parte del siglo XX la
sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 14 Citado por Saxe-Fernández.
15 Pablo González Casanova, "Neoliberalismo de guerra y pensamiento crítico". La Jornada, 13 de septiembre de 2002.
Si bien los atentados del 11 de septiembre precipitaron el nuevo sistema de dominación en ciernes, la construcción de una ideología imperial con eje en el papel de árbitro o “gendarme mundial” de Estados Unidos, venía desarrollándose de tiempo atrás, dando paso a lo que Philip Golub calificó como una nueva “gramática imperial”, que tiene a la antigua Roma como espejo lejano de la nueva derecha y las elites actuales de Estados Unidos.17 La nueva “República imperial”, remedo de la fase expansionista del imperialismo
estadunidense de la época de Theodore Roosevelt, encontró un eco legitimador en la gran prensa y los círculos académicos de la superpotencia mundial, que dieron un tácito visto bueno para que Washington actúe de manera agresiva y unilateral, derrocando a los gobiernos de los “Estados ilegales”, y quizá poniendo bajo tutela a los “Estados quebrados” poscoloniales.18 Lo que, de consumarse, marcará el inicio de una nueva era colonial o de
semi−soberanía.
En tal perspectiva, de acuerdo con Golub, “Europa se encontrará inserta en una nueva división internacional del trabajo imperial vertical, según la cual los estadunidenses hacen la guerra, mientras los franceses, los británicos y los alemanes controlan las zonas fronterizas y los holandeses, los suizos y los escandinavos sirven de auxiliares humanitarios”.19 Dado que a excepción de los británicos Washington ya no confía en sus
aliados europeos, los excluye de cualquier actividad que no sea “el trabajo policial más subalterno”. Una idea análoga había sido concebida hace unos años por el halcón Zbigniew Brzezinski. Según él, el objetivo de Estados Unidos “debe ser mantener a nuestros vasallos
en estado de dependencia, asegurar la docilidad y la protección de nuestros contribuyentes y prevenir la unificación de los bárbaros”.20
¿Diplomacia activa o sumisión?
Si ése era el polémico papel de los países europeos en el arranque del siglo XXI, ¿cuál sería el papel de México? ¿Acaso una cesión inteligente de soberanía?21 ¿O la integración
de su soberanía con la de Estados Unidos y Canadá, según expresó el entonces presidente Vicente Fox en su Discurso sobre política exterior de México en el siglo XXI, pronunciado en Madrid, el 16 de mayo de 2002?22 Cabe consignar que un par de días antes, en Bruselas,
ante el pleno del Senado belga, Fox había señalado: “Es importante que México, Estados Unidos y Canadá avancemos hacia una comunidad económica de Norteamérica, y que con ese liderazgo ‘jalemos’ al resto de América Latina hacia una nueva mayor tasa de crecimiento en el desarrollo”.23
Al margen de que la Constitución mexicana no le permitía al ex presidente Fox promover un orden “más allá de soberanías” o para “la integración nacional de las
17 Philip S. Golub, "Construcción de una ideología imperial". Le Monde Diplomatique, edición mexicana, 21 de septiembre de 2002.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Citado por Charles William Maynes en "Two blasts against unilateralism", en Understanding
Unilateralism in US foreing Policy, RIIA, Londres, 2000.
21 El 5 de enero de 2001, durante una reunión con los embajadores y cónsules de México acreditados en el
exterior, el presidente Vicente Fox los urgió a emprender una defensa "inteligente" de la soberanía nacional. Diario Reforma, 6 de enero de 2001.
22 Citado por Manuel Camacho, "En defensa de la soberanía". El Universal, 27 de mayo de 2002.
23 Juan Manuel Venegas, "Plantea Fox que México, EU y Canadá avancen hacia una comunidad económica
soberanías de México, EU y Canadá” −ni contaba con mandato popular para ello−,24 tal
proyecto no era viable simplemente porque Estados Unidos nunca cedería un ápice de su soberanía. Menos, en el contexto de gestación de la nueva “República imperial” emergente en el marco de la invasión a Afganistán. La propuesta foxista se inscribía en los ejes de la llamada “doctrina Castañeda”, según la cual la hegemonía de Estados Unidos es “indiscutible” y a México le conviene establecer una relación estratégica con ese país y hacer de su política exterior el ancla del cambio democrático interno.25 En momentos en
que la administración Bush impulsaba una doctrina imperialista, que había sido definida como “extremista”, “fundamentalista”, “totalitaria” y “neocolonialista”, ¿qué entendería la Casa Blanca por una relación estratégica con México? En ese sentido, como demostró la realidad después, Fox y su canciller Jorge G. Castañeda Gutman proyectaban una mentalidad anexionista, entreguista.
Terrorismo útil
Después de los atentados del 11 de septiembre, el fantasma de la antigua doctrina de la Seguridad Nacional volvió a planear sobre América Latina. Pero ya antes, el uso semántico de la palabra terrorismo había venido sustituyendo a la subversión comunista −y su muletilla de recambio, la narcoguerrilla−, como la principal amenaza a la estabilidad y seguridad de Estados Unidos, con proyección en su tradicional patrio trasero, el subcontinente latinoamericano.26
Todo indicaba que en la coyuntura Washington había logrado resolver la ecuación que presentaba la formación de un ejército multinacional hemisférico y la integración económica por bloques como polos excluyentes. La superación de la guerra fría transformó la bipolaridad en una hegemonía militar de Estados Unidos. Pero el inestable equilibrio por la existencia de dos sistemas económicos antagónicos en la forma, no dio paso a una pretendida hegemonía económica de Estados Unidos; por el contrario, instaló una multipolaridad manifestada en la competencia de tres grandes bloques económicos. Es en el contexto de esa competencia interimperialista por el control de los mercados mundiales y el acceso a las materias primas, que se inscribe el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), principal proyecto económico-comercial de la Casa Blanca de comienzos del siglo XXI, cuya propuesta original, la Iniciativa para las Américas, había sido lanzada por George Bush (padre) en 1990.27
En esa lucha por el predominio económico mundial, el Mercado Común del Sur (Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), había emergido como un convidado de piedra en el banquete entre el bloque norteamericano del Tratado de Libre Comercio (EU, Canadá y México), la Comunidad Europea y el bloque asiático liderado por Japón, con China como nuevo actor sobresaliente. A nivel regional, y pese a su crisis permanente, el proceso de integración de Sudamérica fue la más grande pulseada del siglo
24 Ver Manuel Camacho, artículo citado.
25 José Luis Ruiz y Carlos Benavides, "SRE pide reconocer hegemonía de EU", El Universal, 28 de junio de 2002 y Jorge Castañeda, "El cambio democrático y la política exterior mexicana", El Universal, 29 y 30 de junio de 2002.
26 Una primera versión del presente apartado fue publicado por el autor bajo el título "Terrorismo útil", en el
diario La Jornada, México, el 31 de diciembre de 2001.
XX a la potencia imperial. Por primera vez Estados Unidos había perdido la facultad de imponer su poderío mediante negociaciones bilaterales. Una nueva conciencia de que era posible negociar de “igual a igual” y elegir los interlocutores, había venido desplegando una autonomía de nuevo cuño, que en parte restituyó su valor al concepto de soberanía, como se evidenció en el proceso de discusión inicial del ALCA.
La agresiva estrategia del ALCA, dirigida a imponer un monopolio mercantilista centrado en el imperio −que en rigor implica la anexión y recolonización de los países latinoamericanos−, había encontrado inesperados obstáculos en el Cono Sur, tanto en el plano económico como en el militar. Visualizada como la otra cara de una estrategia general, la nueva doctrina de la seguridad continental impulsada por la Casa Blanca había quedado enfrentada a un proyecto de seguridad regional (el de los ejércitos del Cono Sur), que cobraba fuerza a medida que progresaba la integración en el ámbito del Mercosur. Hasta los sucesos del 11 de septiembre, la concepción militar estadunidense para América Latina se sustentaba en la definición del narcotráfico como la principal amenaza para la democratización y la seguridad continental. La “guerra a las drogas” −que focaliza el problema en las zonas de producción y en la oferta, pero no en el consumo, que tiene su mayor mercado en Estados Unidos− debía desembocar en la formación de un ejército transnacional por su composición y supranacional por su mando. Es decir, con el Pentágono en el papel de estado mayor y mando unificado, y las fuerzas armadas del área en funciones de policía interna, concentradas en “tareas de apoyo” con eje en la inteligencia y el procesamiento de información, y en el control (o interdicción) de movimientos aéreos, marítimos y terrestres.
Centrado en un doble discurso construido con conceptos tales como “transnacionalización del narcotráfico”, “seguridad hemisférica” y “cooperación operativa”, el juego de presiones había dado buenos dividendos para Washington en los países andinos, México y el Caribe. Pero la militarización y transnacionalización de la “guerra a las drogas” era fuertemente resistida en el Cono Sur. Aunque la tendencia hacia una cierta “autonomía militar” no suponía, en el plano doméstico, eliminar la amenaza de que las fuerzas armadas retomaran el papel de “ejércitos de ocupación” ante las convulsiones sociales en aumento, era evidente que los países de la América austral se negaban a secundar una estrategia que pretendía fabricar un nuevo “enemigo interno”, como en la época de la Doctrina de Seguridad Nacional que desembocó en el terrorismo de Estado y la Operación Cóndor. Después del 11 de septiembre, tras la nueva guerra de conquista del imperio en Afganistán y la que se proyectaba contra Irak, y con la ayuda de la propaganda bélica y el disciplinamiento de los Estados clientes del área, ese enemigo tenía de nuevo un rostro homogéneo y aceptable: el terrorismo; elusivo pero funcional.
Colombia-Iniciativa Andina y el Plan Puebla-Panamá, lo que fue reforzado con la Carta Democrática de la OEA y la “guerra al terrorismo”, como parte de su andamiaje ideológico propagandístico.
Durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), México se fue convirtiendo paulatinamente en un Estado cliente de Washington con proyección continental. Si con el Plan Puebla-Panamá (PPP) se pretendía extender el sistema de fábricas maquiladoras “de Puebla hasta Panamá”, con el llamado “perímetro defensivo” −adscrito al nuevo concepto “seguridad de la patria” (homeland security) impulsado por la Casa Blanca− y el anunciado ingreso de México a la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), se cerraba la pinza. Las dos patas a la que aludía Perry: bienestar y seguridad. Al asumir como propias las categorías “bienestar”, “seguridad” y “terrorismo” impulsadas por Washington, el régimen foxista se fue transformado en una pieza incondicional, dócil y útil del imperio. El famoso “tercer vínculo” (el militar, Perry dixit) entre Estados Unidos y México, estaba en vías de consolidación. Y cuando el ejército de un país abdica de su función como defensor de la seguridad y soberanía nacionales, queda allanado el camino a la anexión.
Satélite mayor
Las tendencias “integradoras” de la expansión estadunidense en su tradicional patio trasero, corporizadas en el ALCA, nueva pieza angular del panamericanismo prevista inicialmente para el 2005, exigían un proceso de satelización como cuestión insoslayable. Al tener que restringir los proyectos de ayuda financiera y las inversiones en el exterior, Washington debía proceder de manera selectiva y concentrar sus proyectos e inversiones en aquellos lugares donde se ofrecieran mejores resultados. Eso indica la necesidad de socios privilegiados; países donde las inversiones tengan claras perspectivas de desarrollo y buenos dividendos, y donde la asistencia financiera (condicionada) consolide regímenes que no sólo afiancen el dominio imperialista, sino que contribuyan de manera eficaz a reforzar el estatuto colonial en el resto del área. Un orden “más allá de soberanías” (Fox
dixit).
En los años sesenta del siglo pasado, el papel de “satélite mayor” o “privilegiado” fue desempeñado por Brasil. “Adónde va Brasil irá América Latina”, auguró Henry Kissinger. Se llegó a hablar de un “subimperialismo” brasileño. El tránsito de la política balcanizadora de la Casa Blanca −el clásico “dividir para reinar”− al integracionismo impulsado por los monopolios de Wall Street, requirió del satelismo, mecanismo que después de la Segunda Guerra Mundial había sido aplicado a potencias industrializadas clave: Alemania Occidental, Gran Bretaña y Japón. Con variables previsibles, el mismo esquema podía funcionar respecto a países subdesarrollados y dependientes. Brasil ayer, México hoy.
desalentaron, se opusieron a ellas. Dentro de la arquitectura imperial, el “sol” dominante estimuló las rivalidades entre las clases adictas de las colonias; el parcelamiento económico siempre ha sido el sustento material de la balcanización política y del equilibrio de poderes. Los monopolios se infiltraron en el crecimiento industrial de las semicolonias y lo aprisionaron, para deformarlo y aprovecharlo. De ellos extrajeron múltiples ventajas. Usufructuaron la mano de obra barata para arrancar más plusvalía que en la metrópoli. Colocaron en sus subsidiarias de las áreas subdesarrolladas sus equipos obsoletos, solucionando las exigencias que les planteaba un ciclo acelerado de renovación técnica incesante. Escaparon a los sistemas impositivos de Estados Unidos, cada vez más gravosos, a medida que se ampliaba el aparato militar capaz de asegurar un espacio económico creciente. Saquearon los recursos naturales donde operaban sus filiales. Gozaron del proteccionismo (arancelario, cambiario) logrado por las burguesías nativas en las primeras fases de la industrialización, y mediatizaron a las clases dominantes autóctonas, que fueron asimiladas y se convirtieron en un eslabón más de la constelación del subdesarrollo.
En 1942, el experto geopolítico estadounidense Nicholas J. Spykman ubicó a México dentro del “Mediterráneo Americano”, junto con Centroamérica, Colombia, Venezuela y el cinturón de islas del Caribe (el linde entre Norte y Sudamérica no estaba en Panamá, sino en el sur de Colombia y Venezuela). Para su antecesor, Alfred Mahan, renovador de la visión expansionista del destino manifiesto, esa región era “vital” para Washington y debía permanecer bajo su exclusiva e indisputada tutoría. “Esto implica para México, Colombia y Venezuela una situación de absoluta dependencia con respecto a Estados Unidos, de libertad meramente nominal...”, dijo crudamente Spykman. Hoy, nuevamente, el capital estadunidense −en competencia interimperialista con Europa y Asia−, está “vitalmente” interesado en ampliar los mercados y extender los circuitos financieros y mercantiles dentro del subcontinente latinoamericano.
Las palabras de Spykman cobran de nuevo valor; la dependencia de nuestros países es la apuesta del ALCA. Toda ampliación de mercado, toda facilidad de tránsito y movilidad de materias primas y capital −pero no de personas−, combinadas con garantías y seguridades para la explotación de mano de obra barata, afianzadas hoy con barreras migratorias militarizadas en Estados Unidos y México, vigorizan las estructuras vigentes. En ese esquema, el satelismo es una consecuencia insoslayable de la integración neoligárquica impulsada por el imperio. Vía el Plan Puebla-Panamá, México ha sido elegido como “satélite mayor”, y como tal explotará zonas nativas y a los países centroamericanos por cuenta de sus mandantes en Washington y Wall Street, limitándose su presidente de turno (Fox ayer, Felipe Calderón hoy) a acumular capital político por su tarea de “capataz”, beneficiando de paso a un pequeño grupo de empresas multinacionales con casa matriz en México.
Anexión o liberación
capital. Otra vez afloraron allí la manipulación ideológica y los discursos vacuos sobre una “globalización con rostro humano”. La política populista de todo para el pueblo, pero sin depositar en el pueblo el protagonismo. La trampa semántica acerca del imperio de los derechos humanos en países donde, como el caso de México, rige un estado de contrainsurgencia permanente, apoyado por grupos paramilitares (como en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua).
También había reaparecido en Lima la vieja retórica sobre la “integración”, vía el ALCA, como proyecto de las multinacionales estadounidenses. Se trata de un viejo anhelo imperialista, plasmado en la Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América (1890), en los días del naciente expansionismo norteamericano. Sobre esa Conferencia dijo Martí a finales del siglo XIX: “A todo convite entre pueblos hay que buscarle las razones ocultas”. Ahora, al arrancar el siglo XXI, no había posibilidad de engaño. El imperio estaba maduro y las razones del ALCA a la vista: era un proyecto asimétrico que pretendía “integrar” a la nación más poderosa del orbe con las economías de países subdesarrollados, endeudados, débiles. La integración entre el tiburón y las sardinas.
En Perú, Vicente Fox habló sobre la mitología de la globalización y abogó por las ventajas del “comercio libre”, ese concepto tramposo que es tan libre que es negociado en secreto por una tecnoburocracia latinoamericana controlada por el Tesoro estadunidense. Abogó por el ALCA como la panacea. De nuevo la trampa semántica neopopulista. ¿Por qué? Porque los países de América Latina llegaron a la negociación en condiciones muy especiales de debilidad. Una debilidad que obedecía fundamentalmente a dos razones. Una era la práctica casi generalizada y dogmática en la región de las políticas neoliberales. La otra emanaba de la propia crisis económica y social generada por dos décadas de políticas de ajuste estructural monetaristas y sus condicionalidades.
Si las experiencias integradoras del último medio siglo latinoamericano estuvieron basadas en proyectos de defensa de los mercados internos, sobre todo del capital estadounidense −era una integración con sentido proteccionista− ahora, con la adopción dogmática del fundamentalismo neoliberal, el gran objetivo era insertarse en las corrientes de comercio y flujos de capitales del mundo, abandonando la protección del mercado interno. El ALCA era una estrategia económica de integración neo-colonial al servicio de las elites estadounidenses y sus corporaciones, que de consumarse resultaría funcional a las fracciones hegemónicas de las burguesías locales transnacionalizadas.
A lo largo de la historia, tres fueron las políticas que se nos ofrecieron en América: el panamericanismo, el latinoamericanismo y los acuerdos regionales. Monroe, Bolívar y Artigas. De esas tres políticas, el panamericanismo significa, quiérase o no, vasallaje. El panamericanismo es la dirección hegemónica de todo el continente en manos de Estados Unidos, con su “doctrina”, la de Monroe. El panamericanismo es una farsa, pero su eventual proyección, hoy, vía el ALCA, lo hacen una farsa peligrosa. Encubre una política de absorción o un protectorado peligrosamente real.
se conceda a terceros países. Una integración regida por principios de concertación, coordinación, complementación, reparto equitativo de los beneficios, reconociendo la debilidad de los países de menor desarrollo, apoyo mutuo y solidaridad.
La coincidencia neoliberal entre la administración Bush y una mayoría de regímenes clientelares en América Latina −correlación que comenzaría a variar tras la consolidación del presidente Hugo Chávez en Venezuela y la irrupción de una serie de gobiernos de signo progresista: Luiz Inacio Lula Da Silva, en Brasil, seguida de la de Tabaré Vázquez en Uruguay, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador− hacía posible el proyecto del ALCA, que de entrar en vigor significaría una profundización de la dependencia y la subordinación de los países del área. Sería la salida panamericanista, neomonroísta. Lo opuesto de una integración liberadora. Un objetivo del ALCA era minar y paralizar la integración económica latinoamericana. En particular, Washington quería liquidar el Mercosur y todo intento de integración regional propia, autónoma, latinoamericana. Para eso necesitaba poner a Brasil contra las cuerdas, porque la burguesía y las elites dirigentes brasileñas eran las únicas que habían comprendido que el futuro del país dependía de negociar con Estados Unidos en condiciones de soberanía, preservando la poderosa industria nacional. Por eso −para usar un eufemismo caro a los comentaristas económicos de la gran prensa libre−, los mercados “se pusieron nerviosos” ante la posibilidad de un triunfo electoral de Lula, y ya frente a su casi inevitable victoria, comenzaron a recetarle la integración de un eje Brasil-Chile-México (el eje bueno) versus una eventual alianza integradora Brasil-Venezuela-Cuba (el eje del mal).28
Para los países de América Latina, de consumarse, el postergado ALCA derivaría en una integración periférica, subordinada e integrada a los circuitos transnacionales como productores de materias primas y bienes intermedios. Pero no es concebible la integración en la dependencia. La integración es un acto político, de países soberanos. No habrá desarrollo sin integración, ni integración sin desarrollo, lo que significa que la integración es una medida entre otras. Si el objetivo es la integración, el enemigo es el imperio estadunidense y las compañías multinacionales con casa matriz en su territorio. Esa ha de ser la estrategia para construir una nación de repúblicas, como quería Bolívar. Es decir, la otra integración posible, que habrá que ir construyéndola con la acción informada y consciente de las fuerzas populares, de la sociedad civil, de nuestros parlamentos.
El Comando Norte y el PPP como espacio vital
A comienzos de los años 90, la jerga diplomática interamericana incorporó la noción de las “relaciones carnales”, cuya autoría intelectual pertenece al ex canciller argentino Guido Di Tella. El término fue acuñado para describir el vínculo entre la administración Bush (padre) y el gobierno de Carlos Menem, y parte de la premisa de que Estados Unidos, como gran potencia, tiene una agenda constante de exigencias respecto de los países subordinados. El eufemismo se inscribe dentro del concepto de “la Gran Área” (símil del
espacio vital nazi), línea maestra del proyecto imperial rediseñado en 1941 por el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York (CFR por su sigla en inglés).
El más influyente “tanque pensante” de la elite estadounidense, visualizó entonces dos maneras de integración económica. El modelo horizontal, de unión aduanera y tarifas
preferenciales entre países de economías similares. Y el modelo vertical, de corte imperial (según el modelo del Imperio Británico), donde la integración se lograría mediante tarifas preferenciales, pero incluyendo inversiones, colonización y control político franco. Además, en los Estudios de Guerra y de Paz, el CFR puntualizaba que se tendría que generar una “mayor dependencia”, mediante mercados seguros proveedores de materias primas y, en caso de que eso fracasase, a través del control de territorios mediante “la inversión y la dominación político militar”.
El resultado contemporáneo más acabado del proyecto imperial fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés). Los pasos de la llamada “complementariedad” están frescos. De la integración silenciosa (Clark Reynolds) se pasó a “la compraventa de México”29 y hoy, como parte del desmantelamiento del
Estado nación mexicano, se pone a disposición de las capacidades fagocíticas del interés corporativo transnacional y de sus socios subalternos nativos (la plutocracia local), las últimas “presas codiciadas” (Jefferson dixit): Petróleos Mexicanos (Pemex), la petroquímica, el gas natural, la Comisión Federal de Electricidad y toda la infraestructura espacial (ferrocarriles, puertos, aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones). Las “gangas” que les faltan comprar para convertir a México en un país maquilador,30 tipo república bananera.
Ese es el objetivo primordial del Plan Puebla-Panamá en la porción mexicana, como parte de un programa integral que combina intervencionismo político, económico y policíaco-militar subordinado a la “seguridad nacional” de Estados Unidos. Conviene detenerse un poco en algunos de los principales componentes implícitos del PPP, como por ejemplo la biotecnología, entendida como la aplicación comercial de técnicas de ingeniería genética, con sus aplicaciones en los campos civil y militar, en el actual contexto capitalista mundial. Es decir, en el interés de las multinacionales del ramo, con sus trapacerías y sus estragos económicos, sociales y culturales. Lo que nos lleva a visualizar el papel de los Estados capitalistas centrales, donde esas grandes corporaciones privadas tienen su sede. Todo eso a partir de un enfoque que debe romper el tabú impuesto hace más de una década por la dictadura del pensamiento único neoliberal, y que recupera el análisis geopolítico y geoeconómico, develando la forma cómo el capitalismo está pensando el espacio para que sea funcional a sus intereses corporativos. Lo que lleva evidentemente a otro componente esencial: la expansión del imperialismo, hoy bajo su refinada forma de globalización. Desde la perspectiva de lo geoeconómico y lo geopolítico, se puede evaluar cómo el contenido actual de las fuerzas productivas, sintetizado en las biotecnologías, redefine los propios espacios naturales y sociales del planeta como reales fuerzas productivas estratégicas (capitalistas), y evidencia la interconexión del desarrollo tecnológico y el espacio físico mundial y del complejo espacio social (valoración, explotación, reproducción, lucha de clases).
El tema nos remite, también, a la creación de una nueva estructura militar que, a partir de una decisión unilateral del secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, entró en operaciones el primero de octubre de 2002, y que sin duda tendrá graves consecuencias geopolíticas para México. Se trata de una nueva estructura del Pentágono para “la seguridad y defensa patria”: el llamado Comando Norte (NorthCom),31
29 John Saxe-Fernández , La compra-venta de México. Editorial Plaza & Janés, México, 2002. 30 Utilizado como sinónimo de ensamblador.
31 EU ha dividido unilateralmente al mundo en cinco regiones militares, que corresponden a comandos
responsable de la defensa interior de Estados Unidos ante las “nuevas amenazas” surgidas de enemigos no convencionales, el bioterrorismo y las armas biológicas. El NorthCom es un instrumento de la doctrina de guerra preventiva basada en el predominio de la fuerza unilateral del imperio.32 ¿Por qué? Porque además del territorio continental de Estados
Unidos y Alaska, su proyección abarca a Canadá, México, porciones del Caribe (Cuba incluida) y las aguas contiguas en los océanos Pacífico y Atlántico (abarcando al golfo de México y los estrechos de Florida), hasta un mínimo de 500 millas náuticas de distancia de las costas de EU. Es decir, México fue incluido como zona geográfica dentro de las estructuras del nuevo comando regional de las fuerzas armadas estadounidenses.
De acuerdo con quienes entonces se desempeñaban, respectivamente, como embajador de EU en México y en la jefatura del Estado Mayor del Ejército estadunidense, Jeffrey Davidow y general Richard B. Myers, las Fuerzas Armadas mexicanas no quedarían subordinadas al mando del Pentágono. Según ellos, el Northcom facilitaría los nexos “militar a militar”, sin que ello implicara ningún tipo de sometimiento de la parte mexicana. Simplemente, dijeron, servirá para hacer más eficiente la “cooperación para la seguridad” (venta de equipo, asesorías y entrenamiento castrense) y la “coordinación militar”.
Sin embargo, según el ex jefe del Comando Sur, general Barry McCaffrey, el lanzamiento del Comando Norte había sido postergado varias veces antes de los sucesos del 11 de septiembre debido a la “sensibilidad nacionalista” de las autoridades mexicanas. Tal información fue ratificada por una fuente inobjetable: el subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores, Enrique Berruga, quien reconoció: “Pedimos (al gobierno de Bush) que lo manejara con cuidado”. A su vez, cuando el general Myers definía en Washington los alcances “administrativos” del Northcom, la Secretaría de la Defensa Nacional afirmaba en México que el plan no implicaba “ningún compromiso operativo o doctrinario, ni la integración de fuerzas combinadas o realizar operaciones militares en otros territorios”. En relación con ese tema, cabe recordar que la dependencia militar de los ejércitos del área hacia el Pentágono se ha dado históricamente de tres maneras: por las reuniones de jefes militares; por los programas de ayuda militar o venta de armas, y por el entrenamiento de oficiales en las escuelas militares de Estados Unidos. Eso incluye, por supuesto, ideología y doctrina. A juzgar por los antecedentes, se podía conjeturar que el Comando Norte sería la plataforma privilegiada para penetrar y alinear a las Fuerzas Armadas mexicanas.
Pero ubiquemos el problema en su contexto. La creación del Comando Norte respondía a un relanzamiento de la visión más militarista de la Doctrina Monroe (“América para los americanos”), que intenta mantener a toda costa la hegemonía de Estados Unidos en el mundo ante la irrupción de Estados retadores. Como tal, y junto con los restantes comandos del Pentágono, el Northcom forma parte de la política expansionista, imperial, de
secretario de Defensa, quien a su vez depende del Comandante en Jefe que es el Presidente (G. W. Bush). La llamada área ‘central’ del planeta, una de las regiones de mayor interés geoestratégico para EU, está
‘atendida’ por el Comando Central (USCENTCOM)), situado directamente en el punto medio del área conflictiva. Los otros 4 puestos de comando de combate unificado son el Comando Europeo (USEUCOM), con puesto central en Alemania, que vigila mar, tierra y aire de 91 países de Europa, la mayor parte de África y centro-norte de Asia; el Comando del Pacífico (USPACOM), situado en Hawai (Honolulú), que vigila 43 países del sur de Asia, Australia y la antártica; el Comando Sur (USSOUTHCOM) con centro en Miami (Florida, EU), que vigila 31 países de parte de América Central y toda América del Sur, y el Comando Norte, que entró en funciones en la base aérea Peterson, y es el de más reciente creación.
un Estado nación determinado, en beneficio de las cúpulas de las corporaciones multinacionales con casa matriz en Estados Unidos. Lo cual remite al concepto geopolítico de nación: la nación es una sola voluntad, un solo proyecto; es voluntad de ocupación y de dominación del espacio. Ese proyecto supone poder. La nación como un poder que impone su proyecto a los otros, los Estados más débiles, que ofrecen menos resistencia. Supone, pues, la conquista del espacio, con sus recursos naturales, fuentes de materias primas, población con determinado poder adquisitivo (el espacio como mercado), situación con respecto a las grandes rutas marítimas y terrestres. A partir de ese punto, todos los conflictos sociales y los problemas de política interna desaparecen. Todo se hace extremadamente simple, la política exterior lo absorbe todo.
Así, la propaganda maniquea que invadió la nueva retórica de la Casa Blanca, sustentada en el discurso sobre la “seguridad de la patria” (homeland security) −con base en las dicotomías “amigo-enemigo”, “mundo libre-terrorismo”−, parecía marcar un retorno a las expresiones más duras de la Doctrina de Seguridad Nacional, parte esencial de una cultura imperial que borra la frontera entre la guerra y la diplomacia. Hoy, al interior de Estados Unidos, la llamada Ley Patriótica supone una militarización de la sociedad. En el plano externo, su proyección espacial entraña graves riesgos para la soberanía de los países que caen bajo el área geográfica del Northcom; México en particular.
El Comando Norte tiene alcance geopolítico. Su proyección espacial tiene que ver con la geografía, la política, la economía capitalista (en cuanto a su funcionalidad para la extracción de plusvalía) y lo militar. Forma parte de una estrategia que remite a la idea de “espacio vital” (Lebensraum), con sus reminiscencias pangermanistas (el Estado como organismo en crecimiento) y hitlerianas. Tiene que ver con “perímetros de seguridad” y “fronteras inteligentes”, presiones raciales, económicas y poblacionales, objetivos de las potencias imperialistas que han cobrado nuevo auge en nuestros días.
Como definió el sueco Rudolf Kjellen en 1916, “los Estados están sujetos a la ley del crecimiento”. Los Estados vigorosos que cuentan con un espacio limitado obedecen a un “imperativo categórico” de extender su espacio, ya sea por la colonización, la anexión o la conquista. A ellos, la geopolítica les reserva un destino manifiesto. Es en ese mismo sentido que Lacoste nos remite a “la geografía de los militares y las empresas multinacionales”. Ante una eventual pérdida de hegemonía estadunidense, la administración Bush recrudeció la diplomacia de guerra, sus programas de inteligencia y la contrainsurgencia, camuflajeados bajo la “guerra al terrorismo”. Una vez más, como en otras crisis anteriores profundas, la Casa Blanca impulsa una economía permanente de guerra. Visto así, el Northcom es el componente militar de un proyecto global que incluye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al Plan Puebla-Panamá, al Plan Colombia/Iniciativa Andina y al ALCA, y cuyo significado estratégico es la posesión y control del espacio geográfico como fuerza productiva, en el marco de la lucha interimperialista de Estados Unidos por retener la hegemonía mundial ante el embate de nuevos Estados retadores.
O como indica Gian Carlo Delgado, autor de La amenaza biológica,33 el Comando
Norte y el PPPhan sido diseñadoscomo parte de “un proyecto destinado a lograr el control sobre las zonas biológicamente megadiversas” en su traspatio subordinado y otras regiones del mundo. Conviene detenerse un poco en esto. El general Myers ha clasificado a América Latina como el epicentro de la biodiversidad mundial, porque conjuga riquezas terrestres y
marinas que la ubican como la principal reserva de bosques tropicales (más de 60% de los que aún existen en el mundo) y la segunda reserva marina después de la región de Indonesia. Como apunta Delgado, la cuenca amazónica, las Guyanas, parte de Brasil, Surinam y Venezuela concentran la selva tropical más extensa del planeta. Centroamérica, con sólo 0.4% del territorio mundial, concentra 7% de la biodiversidad biológica del orbe y a su vez, México, con 1.5% del territorio planetario alberga entre 10 y 12% de la biodiversidad del globo.
Se trata de zonas donde se encuentran corredores biológicos y áreas naturales protegidas que, como en el caso de los Montes Azules, en Chiapas (zona de influencia de la insurgencia zapatista), están habitadas por comunidades indígenas que han conservado y desarrollado culturas precapitalistas, y que cuentan con un conocimiento milenario que hoy intenta ser privatizado y patentadopor compañías transnacionales, con la excusa pueril del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las fundaciones privadas auspiciadas por el gran capital, de “conservarlo”. Con el agregado de que cada corredor
implica una homogeneización de las políticas, licencias y demás mecanismos para acceder a la biodiversidad, así como “enganchar” los asentamientos indígenas y campesinos para vincularlos al proyecto como mano de obra barata, casi esclava; la famosa ventaja comparativa del Plan Puebla-Panamá. Lo que hemos venido definiendo como una
maquilización del sur-sureste mexicano, que conducirá inexorablemente, si no se le frena, a hacer de México una república bananera.
Hay que desmitificar la idea sobre la repentina preocupación per se de los capitales internacionales y las empresas transnacionales de capital mexicano −como Pulsar, de Arturo Romo y Cemex de Lorenzo Zambrano−, por defender el medio ambiente. Se trata, más bien, de una pantalla del proceso de saqueo, biopiratería y explotación depredadora de los recursos del orbe por el gran capital. Como recuerda Delgado, en el marco de Bretton Woods, al final de la Segunda Guerra Mundial, el entonces secretario del Tesoro estadunidense, Henry Morgenthau, señalaba que el Banco Mundial se concibió como parte de un mundo “en el cual el comercio y la inversión puedan ser realizados por empresarios operando bajo principios empresariales”. No parece casual, que medio siglo después, y bajo la hegemonía estadounidense, el Banco Mundial estuviera metido hasta las orejas en los planes privatizadores del sur-sureste de México, en momentos en que el país era administrado por “un gobierno de empresarios para los empresarios” (Fox dixit).
Esto es, en parte, lo que explica la vasta proyección de fuerza militar estadunidense sobre áreas ecológicas relevantes del subcontinente, como el sur-sureste de México y Centroamérica (lo que alude al Corredor Mesoamericano, donde se está implementando el Plan Puebla-Panamá, como proyecto subordinado a los intereses corporativos empresariales de Estados Unidos) y la región amazónica colombiana, peruana y brasileña (para la que ha sido echado a andar el Plan Colombia/Iniciativa Andina), como las dos patas principales de un proyecto hegemónico imperial continental que buscaría ser abarcado por el ALCA.
El Istmo de Tehuantepec
son a su vez los dos polos del Istmo de Tehuantepec, cuya importancia geopolítica, derivada de su excepcionalidad como potencial puente comercial interoceánico, fue tempranamente destacada por Hernán Cortés en sus cartas al emperador Carlos V.
En torno de ese corredor transístmico, considerado por el Congreso mexicano como una zona estratégica clave para la salvaguarda de la soberanía y seguridad nacionales, los dos últimos gobiernos mexicanos y sus patrocinadores foráneos pretenden erigir una zona económica exclusiva al servicio de las corporaciones transnacionales. Con lo cual, esa área geopolítica −que servirá para comunicar los tres megamercados del mundo industrializado: Asia, Europa y Norteamérica−, quedará bajo control de intereses supranacionales. Lo que agudizará la “inserción de corte colonial” de México, su economía, su mercado y sus recursos naturales en la gran estrategia estadunidense por lograr un posicionamiento global ventajoso en la competencia interimperialista con las naciones de Europa Comunitaria y Asia (Japón), y frente a las nuevas potencias emergentes: Rusia, China, India.
La importancia del Istmo de Tehuantepec como canal de comunicación interoceánica fue destacada por Hernán Cortés y el barón Von Humboldt. En 1824, recién constituida la nueva República Mexicana, un decreto instruyó la realización de una vía que enlazara los océanos Atlántico y Pacífico. Junto con Panamá y Nicaragua −las otras dos “cinturas” de las Américas−, el Istmo de Tehuantepec se constituyó en una región estratégica por razones militares y comerciales, anhelada por las potencias de la época, Inglaterra, Francia y Estados Unidos.
Los apetitos de Estados Unidos por el Istmo se manifestaron de manera pública a mediados del siglo XIX. Luego de varios intentos fallidos para construir una vía interoceánica, en 1842 el presidente de México, Antonio López de Santa Anna otorgó la concesión a un particular, José de Garay. En 1946, el presidente estadounidense Polk declaró la guerra a México. Su ejército invadió el territorio mexicano y un año después, tras firmarse un armisticio, el secretario de Estado Buchanan, con criterio de vencedor, demandó el derecho de libre tránsito de los ciudadanos, tropas y mercancías estadounidenses a través del Istmo de Tehuantepec. Para entonces, José de Garay había vendido sus derechos a la compañía inglesa Manning, Mackindtoch & Schneider, que poco después los transfería al banquero neoyorquino Hargous. Un grupo de ingenieros estadunidenses llegó a Veracruz para supervisar los trabajos practicados, mientras en Nueva Orleans se realizaban reuniones donde se discutía sobre el “negocio” de Tehuantepec y la construcción de una línea férrea en el Istmo.
En 1858 se creó la Louissiana−Tehuantepec Railroad Company, cuyo presidente, LaSere, era íntimo amigo del “negociador” Robert M. McLane, representante plenipotenciario de Estados Unidos en México, quien junto con Melchor Ocampo, canciller de Benito Juárez, suscribiera en diciembre de 1859 el Tratado de Tránsito y Comercio entre México y Estados Unidos, que comprendía la zona del Istmo. Juárez rechazó la presencia de tropas estadunidenses, pero el tratado, aunque firmado y protocolizado, nunca logró pasar la aduana del Congreso en Estados Unidos. La compañía empezó a hacer viajes de Nueva Orleans a San Francisco. Los vapores salían de Nueva Orleans a Minatitlán y de ahí se internaban por el río Coatzacoalcos hasta Xuchi. Después seguían por tierra hasta La Ventosa, cerca de Salina Cruz, donde embarcaban rumbo a San Francisco.
Mundial, de Corthell y Matías Romero (1875-1888), recuperó los argumentos de Shufeld y ponderó el carácter geopolítico del Istmo como la ruta más directa para el comercio entre Europa y Oriente. Ambos informes, con una proyección que recupera hoy el Plan Puebla-Panamá, argumentaban que la construcción de una vía en el Istmo de Tehuantepec significaba hacer una extensión del río Mississippi en el Océano Pacífico. Lo cual, en caso de guerra, convertiría al Golfo de México en un “lago estadounidense” que impediría el paso a los enemigos.
En 1879, con aprobación de congresistas en Washington, el ingeniero civil James Eads presentó ante la Cámara de Comercio de California un proyecto sobre la construcción de un ferrocarril de 12 vías para transportar buques a través del Istmo de Tehuantepec. Frente a todos esos proyectos de corte imperial, basados en consideraciones militares y necesidades de exportación−importación estadounidenses, el Congreso de México antepuso siempre la conservación de la neutralidad del paso interoceánico y la soberanía sobre el territorio.
Durante el porfiriato,34 cuando se abrieron las puertas al capital extranjero, el Istmo
no fue la excepción. En 1907, con la sangre aún fresca de los indígenas de Acayucan, Veracruz −que al verse despojados de sus tierras se alzaron en armas contra el supremo gobierno−, el general Porfirio Díaz inauguró el Ferrocarril de Tehuantepec, con una longitud de 310 kilómetros. La ruta fue construida con capitales de la empresa inglesa Pearson and Son Ltd. Se concluyeron también los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, y la primera refinería del país en Minatitlán, Veracruz. No obstante, debido a la Revolución Mexicana y a la inauguración del Canal de Panamá en 1914, el sueño del emporio istmeño se desplomó. Tehuantepec dejó de ser un “negocio”.
En pleno “periodo industrializador”, el asunto del Istmo de Tehuantepec comenzó a sonar de nuevo en México. En 1954, Eduardo Harfuch Keruz participó en la formulación del proyecto Corredor Ferroviario del Istmo de Tehuantepec, que proponía la construcción de una doble vía férrea electrificada de 275 kilómetros, por la cual corrieran tres locomotoras en serie a una velocidad récord de 120 kilómetros por hora, con capacidad para transportar 5 mil toneladas diarias de carga. El proyecto nunca se hizo realidad.
A finales de los años setenta, Ray S. Cline, uno de los think tanks más duros del entorno neoconservador de Ronald Reagan, concibió a Estados Unidos como el centro de una extensa y decisiva zona geoestratégica que empezaba en Alaska, incluía a Canadá y México y a los países del istmo centroamericano, y tenía como lindero sur el Canal de Panamá. De esa época datan las presiones estadunidenses para que México forme parte de un Mercado Común Energético de Norteamérica (fue una de las propuestas de campaña de Ronald Reagan en 1979), con la función de suministrar petróleo, gas natural y electricidad para alimentar la economía de la superpotencia. En 1980, el Documento de Santa Fe I
propuso a Reagan sostener pláticas interrelacionadas sobre energía, inmigración y comercio con México, y en particular “establecer acuerdos de largo plazo para el abastecimiento de gas y petróleo (mexicano)”, con el fin de “aliviar la dependencia” estadunidense del petróleo del Golfo Pérsico.
Ya entrados los años ochenta, cuando el eje del comercio mundial comenzó a girar en torno del Océano Pacífico, cobró fuerza el proyecto logístico “Gato”, con miras a establecer en el Istmo un puente para la transportación de contenedores con destino a Asia.
Con tal fin, la firma CSX Corporation y sus filiales Sea Land y CSX Transportación realizaron algunas pruebas logísticas. En 1988, el Documento de Santa Fe II consideró que las industrias de Estados Unidos “deberían considerar el traslado de sus maquilas mucho más al interior de México”.
En 1995, ya vigente el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, el Colegio de Ingenieros Civiles de México elaboró un megaproyecto para el Istmo de Tehuantepec. La consultora Ochoa & Asociados bautizó la obra como Centro de Manufactura y Distribución Global de Productos. Era la fase siguiente del TLC, al influjo de la privatización de las vías de comunicaciones. Es decir, la instalación de una zona con vocación de paraíso fiscal para maquiladoras dedicadas a ensamblar productos; la construcción de grandes almacenes y centros de distribución, y una red de corredores multinodales (carreteros, ferroviarios y portuarios), como ruta de carga para mover grandes volúmenes de mercancías y contenedores. La idea de un país subordinado con una economía de servicios en función de los intereses de Estados Unidos. El viejo sueño geopolítico de Corthell y del capitán Shufeld, de hacer un mare nostrum estadunidense en el Golfo de México.
El proyecto para la conformación de un corredor de transporte multinodal, contemplaba una inversión de 220 millones de dólares para la operación y modernización del tren transístmico y las terminales marítimas de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como para la ampliación de la autopista que uniría ambos puertos. Se argumentó entonces que por esa vía se podrían transportar hasta 200 mil contenedores al año. Se definían incluso las posibles inversoras: para administrar la ruta férrea, estaban “anotadas” Wisconsing Central Railroad, Ancostia & Pacific Railroad, Railroad Development Corporation, Omnitrack Railroad y Canac International de Canadá. Para transporte multinodal figuraban Danzas Corp., Kulme & Nagel, Alliance y Pinalpina Internacional. Para terminales de contenedores, P&O, Stevedoring Services of America, Eagle Marine e International Container Terminal Services. Entre las empresas de construcción e ingeniería especializada se mencionaban a ICA, GMD, Tribasa, Bechtel Corporation y Brown & Roo.
En los proyectos gubernamentales pocas veces se recuerda que por su posición geopolítica, el Istmo de Tehuantepec es considerado una zona de seguridad nacional. Allí se refina la tercera parte del crudo mexicano y se elabora el 88 por ciento de los productos petroquímicos. La región es rica en agua y encierra un enorme potencial hidroeléctrico, además de poseer uranio y otros minerales estratégicos así como una gran variedad de biodiversidad. Ahora, toda esa región y sus riquezas se pretenden abrir al capital extranjero, proyecto que incluye, también, una eventual privatización disfrazada de la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
En 1996, cuando el gobierno de Zedillo inició la privatización del sistema ferroviario, distintas voces se alzaron para impedir que el entonces llamado Ferrocarril del Sureste quedara en manos del capital foráneo. El ex dirigente empresarial y ex funcionario público Francisco Cano Escalante, argumentó que dejar en manos privadas el tramo ferroviario en ese corredor geopolítico vulneraba la soberanía nacional. Debido a su carácter “estratégico”, en septiembre de 1997 el gobierno federal decidió que la ruta del Sureste se dividiría en tres segmentos, y que el tramo Coatzacoalcos-Salina Cruz sería operado por una paraestatal.
La empresa quedó inscrita en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2000, bajo la denominación Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S. A. de C. V. Sin embargo, en diciembre siguiente, a nombre del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el senador José Moisés Castro elevó un punto de acuerdo a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LVII Legislatura, en relación con la salvaguarda de la soberanía nacional a propósito de la asignación otorgada a Ferrocarril del Istmo, que a través de 300.40 kilómetros une Coatzacoalcos con Salina Cruz. Según el legislador, el tramo de 203 kilómetros que enlaza Salina Cruz (Oaxaca) con Medias Aguas (Veracruz), para seguir a Coatzacoalcos (97 kilómetros), se une allí con la vía que explota Ferrocarril del Sureste (Ferrosur), cuyo propietario es el megamillonario mexicano Carlos Slim. Adicionalmente, en Ixtepec (Oaxaca), el Ferrocarril del Istmo entronca con otra vía que llega hasta Tapachula y Ciudad Hidalgo (Chiapas), propiedad de Genesse & Wyoming Inc., de capital estadounidense, también propietaria de la línea férrea que parte de Coatzacoalcos hasta Mérida, Yucatán.
Debido a que dos empresas privadas, una de ellas totalmente extranjera, impactan de manera directa con la línea del Istmo, en una zona de interés geopolítico que toca áreas de las selvas de Los Chimalapas, Uxpanapa y Lacandona, zonas petroleras y petroquímicas (Cotzoloacaque), plantas hidroeléctricas e infraestructura hidráulica (sistemas Malpaso y Chicoasen), a lo que se suma la conflictividad armada y aspiraciones “separatistas” en Tapachula y Yucatán, el senador Castro pidió al cuerpo legislativo que por razones “de soberanía y seguridad nacional”, esa zona estratégica quedara bajo control exclusivo de la Nación y se revocaran las concesiones donde existiera capital extranjero. El dictamen de la comisión quedó pendiente.
Unidos y México en materia de comunicación, navegación, vigilancia y gestión de tránsito aéreo.
Colonialismo interno
En torno al Istmo de Tehuantepec se articulan varias nociones que tienen que ver con el concepto de región como espacio de arraigo de los pueblos. Lo que remite a comunidad, identidad cultural, formas de tenencia de la tierra, territorios, recursos naturales. Sin embargo, los economistas neoliberales consideran región como sinónimo de espacio productivo, destinado a la generación y consumo de bienes. Lo que se combina, por supuesto, con rentabilidad y acumulación de capital.
El carácter geoestratégico de un istmo deviene de su capacidad de comunicar y/o articular dos espacios o masas de agua. Para entender el tipo de “desarrollo” que pretende impulsar el Plan Puebla-Panamá en la zona del Istmo de Tehuantepec, hay que tomar en cuenta tres nociones básicas: los “puntos” (nodos), la “línea” (frontera) y el “polígono” (espacio físico interno). En el caso referido, los nodos que enlazan las dos masas de agua (océanos Atlántico y Pacífico) son los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. La línea o vínculo de comunicación interoceánica, que tendrá la función de “imán”, puede ser un canal seco o de agua (como en Panamá) o una vía férrea, complementada con una supercarretera.
El espacio interno, ocupado en buena parte del sur-sureste por comunidades indígenas, es a la vez asiento de grandes recursos naturales (minerales, petróleo, gas natural, biodiversidad, pesquerías y una gran potencialidad de recursos hídricos), algunos de ellos de carácter geoestratégico dada su importancia como materia prima para industrias de punta como la aeroespacial y la ingeniería genética. Un dato clave, es que en el “polígono” (espacio físico) que comprende la parte mexicana del PPP, actúan al menos cuatro grupos armados (EZLN, EPR, ERPI y FRAP). Por lo que el megaproyecto tiene implicaciones contrainsurgentes; forma parte de una pinza para liquidar la rebeldía antineoliberal que explotó en 1994 en Chiapas, y que se extendió luego a Guerrero, Oaxaca y otras regiones de México.
El proceso de “desruralización”en curso previsto en el PPP −que supone la integración de las poblaciones expulsadas al mercado de trabajo−, encierra además una nueva contrarreforma agraria, ya que busca redefinir los sistemas de propiedad de la tierra, entendido esto como la remoción de los obstáculos para su privatización, en beneficio de nuevos terratenientes y las agroindustrias; lo que a su vez supone, como paso previo, el desmantelamiento y la ruptura de la estructura comunitaria y los derechos de propiedad ejidal y comunal. En forma paralela, los empresarios y el gobierno −bajo presión del presidente George W. Bush−, impulsaron modificaciones sobre la gestión de los recursos bajo control estatal (petróleo, petroquímica, gas natural, agua, minerales, la biodiversidad agrícola y silvestre en áreas protegidas), lo que explica el renovado énfasis privatizador de Fox y Calderón.
Una vez más, esta forma añeja de dominación para la explotación y la acumulación de capital necesita conectar (comunicar) esa zona de importancia geopolítica a través de “corredores multinodales” (redes articuladas de carreteras, ferrocarriles y puertos bajo control privado), para desplazar y enviar a los centros del comercio mundial los contenedores con mercancías (materias primas, cultivos de plantación e invernadero para la exportación, productos ensamblados de las maquiladoras). Lo que conlleva otra variable del círculo vicioso de la deuda externa: el país contraerá más deuda condicionada con el BID, el FMI y el BM, a fin de financiar las obras de infraestructura necesarias para facilitar la extracción intensiva de bienes naturales, lo que a su vez producirá impactos sociales y ambientales irreversibles.
Como en todo proceso de ese tipo, que podríamos definir como un proceso de “colonialismo interno”, la idea de explotar “la línea” del Istmo de Tehuantepec −el viejo proyecto Alfa-Omega de José López Portillo, retomado por Ernesto Zedillo como Megaproyecto Transístmico y reformulado por Fox como Plan Puebla-Panamá−, desata grandes intereses especulativos en torno a la renta y posesión del suelo, y ejerce presión sobre los habitantes del lugar para que vendan y/o cedan sus tierras, garantizando a la vez el acceso y la explotación de los recursos que hay en ellas.
En la era del desplazamiento de la realidad en nombre de la mercancía, el asunto es de comprensión sencilla. Las grandes obras de infraestructura carretera, represas hidroeléctricas, instalación de gasoductos, construcción de parques industriales y conglomerados petroquímicos y agroindustriales anunciados por Fox , revitalizados luego por Calderón, elevan la renta del suelo dentro del polígono (espacio físico donde está la gente y los recursos), que tendrá como eje “la línea” o frontera que hará las veces de imán, el corredor transístmico de Tehuantepec (con su vía, el ferrocarril o un canal seco) y sus nodos (los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz). La presión de los agentes privados para que la tierra entre al mercado, despierta el interés de los especuladores inmobiliarios, fraccionadores y constructores, e incita a expropiaciones y/o despojos, encubiertos bajo razones de “seguridad nacional” y supuestos planes de “desarrollo” y “combate a la pobreza”.
Seguridad y militarización
En octubre de 2003 se realizó en México una Conferencia Especial de Seguridad Hemisférica de la Organización de Estados Americanos (OEA). El borrador para la reunión (guía CP/CSH558/03 rev. 5) exhibía una agenda impuesta por la diplomacia de guerra de Estados Unidos. El concepto de seguridad hemisférica impulsado por Washington desde comienzos de los años 90 con el señuelo propagandístico de la “guerra a las drogas”, fue sustituido entonces por el nuevo comodín que emergió tras los atentados contra las torres gemelas y el Pentágono en 2001: la “guerra al terrorismo”, una formulación que busca garantizar la hegemonía regional del imperio estadunidense.