Al filo de la frontera:
El impacto del conflicto armado colombiano en los
estados fronterizos de Venezuela
Autor:
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes - Colombia
Coautores:
Fundación Buena Nueva – Venezuela Servicio Jesuita para Refugiados SJR – Venezuela MIREDES – Colombia Asociación MINGA - Colombia
Bogotá, Julio de 2006
Tabla de contenido
I. El desarrollo del conflicto armado colombiano en departamentos
de frontera con Venezuela... 4
II. El impacto del conflicto armado colombiano en los estados
venezolanos de frontera ... 7
III. El impacto del conflicto armado colombiano en los grupos
étnicos de lado y lado de la frontera ... 15
IV. Flujos migratorios a Venezuela ... 25
V. Perfil del solicitante de refugio... 29
VI. Política migratoria ... 31
VII. Acceso a derechos... 37
I. El desarrollo del conflicto armado colombiano en
departamentos de frontera con Venezuela
Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.219 kilómetros. Los departamentos limítrofes colombianos son Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Vichada y Guainía. Ellos colindan con los estados venezolanos de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Como denominador común a muchos lugares de frontera, estos departamentos y estados mantuvieron durante varios siglos una incipiente presencia estatal en los procesos de colonización, producto del enfoque centralizador de las nacientes repúblicas. Aún hoy, los departamentos de Vichada y Guainía, así como el estado de Amazonas, mantienen un rezago y aislamiento visible.
La historia del poblamiento y de la presencia estatal en esta región binacional tiene un capítulo importante en el establecimiento de un modelo de economía de enclave que se produjo en torno a la explotación de recursos naturales1, y que determinó
categóricamente el desarrollo económico, social y político de la región.
Para el caso colombiano, este desarrollo se materializó en una presencia estatal precaria y al servicio de la protección y explotación de recursos naturales2, una
concentración de la tierra en manos de grandes compañías y latifundistas y unas condiciones de vida insuficientes dentro de la clase campesina trabajadora. Estos factores propiciaron en la década del 1970 dos procesos casi simultáneos y comunes a los departamentos limítrofes3: el fortalecimiento de la organización social de base y
la consolidación de formas de lucha armada por parte de organizaciones subversivas.
El accionar histórico de los grupos guerrilleros en los departamentos limítrofes a Venezuela devino en su progresivo control social y económico de estos territorios, ricos en recursos naturales y propicios para el establecimiento de economías ilegales asociadas a las dinámicas de frontera, como el tráfico ilegal de combustibles y la producción y comercialización de pasta básica de coca. Su influencia tuvo su más clara evidencia en la regulación social de pueblos y caseríos; la transformación en la tenencia de la tierra; el cobro de vacunas, extorsiones y secuestros alrededor de la economía extractiva, el comercio y la ganadería; los ataques a la infraestructura (especialmente al oleoducto Caño Limón – Coveñas4); la siembra y comercialización
de cultivos de uso ilícito5; el control del contrabando; y acciones perpetradas contra los
derechos humanos de la población civil como amenazas, asesinatos y desplazamientos.
Como oposición al dominio histórico de la insurgencia, y como clara enfrenta alrededor del manejo de los recursos y economías de la región, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) arriban a finales de la década de los 1980, como ejércitos privados de
1 Ejemplo de ello son: las aptas tierras para la agricultura de Táchira y Norte de Santander, que
representaron a finales del siglo XIX el inicio de su florecimiento gracias al café. Las grandes extensiones ganaderas de Arauca y Apure, los yacimientos de petróleo que florecieron en el siglo XX en Zulia, Táchira y Norte de Santander, los yacimientos de carbón de Zulia, Norte de Santander y Guajira, y otros recursos como gas, sal, etc.
2 La presencia del Estado se transcribe en la instalación de una infraestructura vial y de servicios públicos
concentrada en torno a los territorios de explotación, y en una militarización que vele por su protección.
3 De forma más visible en Arauca, Norte de Santander y Cesar.
4 El Plan Colombia tiene reservado 98 millones de dólares para ayuda militar destinada a vigilancia y
protección de este oleoducto.
5 Todos los departamentos colombianos limítrofes a Venezuela registran siembra de coca y amapola.
protección rural de grandes dimensiones. Ya para 1995 hacen presencia en todos los departamentos limítrofes a través de los Bloques Norte, Catatumbo, Mártires del Cesar, Hernán Giraldo, Tayrona, Vencedores de Arauca, Frente Vichada, y otros. De acuerdo a los datos consolidados como producto de la desmovilización, en estos departamentos el número de hombres superaba los 6.000.
A la existencia de actores armados ilegales se suma el pie de fuerza pública que desde el 2002 y como producto de la Seguridad Democrática hace parte protagónica de estos departamentos. Las operaciones “Fortaleza” y “Escudo” implementadas en Norte de Santander y Arauca respectivamente, son, como el mismo general Saavedra lo ha afirmado, un clon del Plan Colombia6 implementado en el sur del país. A este
ordenamiento militar se ha sumado la continua activación de brigadas y batallones7
que han aumentado drásticamente el número de efectivos militares en estas zonas de frontera. La militarización, como opción predilecta para hacer frente al terrorismo, se ha convertido en la única herramienta utilizada por el Estado para combatir a los guerrilleros, para salvaguardar la puesta en marcha de megaproyectos planteados para la región y para dar protección a la población civil una vez finalice la desmovilización paramilitar iniciada por el gobierno Uribe en el 2003. Esta situación ha presionado a los grupos armados para que trasladen sus formas de operación y autosostenimiento a territorio vecino, situación evidenciada en 2005 y 2006 con las constantes y frecuentes denuncias de los gobiernos ecuatorianos y venezolanos sobre el ingreso de estos grupos a sus territorios.
En el 2003 el gobierno Uribe y las autodefensas firman el acuerdo de Sante Fé de Ralito y con él los paramilitares se comprometen a desmovilizarse gradualmente hasta desaparecer como grupo armado al finalizar el 2005. También declaran cese hostilidades8, unilateral e ilimitado, y por su parte el gobierno anuncia la creación de
una Comisión Exploratoria de Paz para llegar a un acuerdo entre las partes. A pesar del apoyo que el gobierno logró gestionar para este proceso con recursos de la cooperación internacional, el proceso no ha resultado en un desmonte del paramilitarismo en Colombia, sino en su mimetización y en la filtración de estructuras del Estado y del sistema político y económico colombiano. Así lo corrobora el VI informe de la MAPP / OEA del 1 de marzo de 2006, donde reconoce la existencia de fenómenos posteriores a las desmovilizaciones y previamente advertidos por numerosas ONG de Derechos Humanoscomo:
1) El reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas; refiriéndose al relevo que realizan algunos mandos medios desmovilizados. Estos mandos acceden al control de
6 El Plan Colombia inició en 1999 como una estrategia contra-insurgente y anti-terrorista liderada por
sectores militares de Estados Unidos para el área andina y se desplegó en regiones con presencia histórica de la guerrilla de las FARC. El Plan Colombia, posteriormente conocido como Plan Patriota y actual Plan Andino, es una campaña militar plurianual aplicada por el Ejército colombiano bajo la dirección del Comando Sur de Estados Unidos, para obligarle a las FARC a salir de los territorios y forzarla a negociar en los términos del gobierno colombiano.
7 Por mencionar tan solo algunos ejemplos: En Julio de 2005 el gobierno colombiano activa dos batallones
militares compuestos por unos 1.500 hombres para custodiar los límites con Venezuela, específicamente los departamentos de guajira y Cesar. En diciembre de 2004 entro en vigencia el Batallón de Alta montaña de la Sierra Nevada de Santa Marta (Guajira) y al año siguiente (diciembre de 2005) se instauró otro del mismo carácter en la Serranía del Perijá (Cesar). Durante el 2006, el gobierno ha seguido aumentando su pie de fuerza en Norte de Santander (creación de las Brigadas No. 30 y 15).
8 Noción que hace referencia a una organización que por mandato no ataca al Estado ni sus agentes. Lo
acciones delictivas que tradicionalmente realizaba el bloque o frente allí asentado (extorsión, cobros al gramaje, limpieza social, alianzas con administraciones locales).
2) Reductos que no se han desmovilizado; refiriéndose a la permanencia en las regiones, de reductos de frentes o bloques que no se desmovilizaron y que operan a favor del mantenimiento y control de la economía ilegal. Estos son grupos que hacían parte orgánica de las estructuras armadas de los bloques desmovilizados y continúan desarrollando las mismas actividades delictivas en sus zonas de influencia.
3) La aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados; refiriéndose al riesgo de cooptación de población desmovilizada así como de reclutamiento de nuevos combatientes. Este fenómeno, se ha presentado especialmente en lugares en donde existe una economía ilícita consolidada. La MAPP/OEA expresa su preocupación respecto al proceso ya que las armas entregadas por bloques de autodefensas desmovilizados no han sido destruidas y su número no corresponde con la relación armas-hombres que determinan el carácter de una organización irregular del tipo de los paramilitares. Se reportan casos en el informe que dan cuenta de “caletas” de armas que son utilizadas por otros bloques no desmovilizados.
4) Por último, las violaciones al cese de hostilidades por parte de estos grupos muestran una situación de derechos humanos en deterioro y plantean un escenario de impunidad frente a crímenes de lesa humanidad.
La permanencia de reductos paramilitares o la recomposición de los mismos en zonas de frontera se explican en gran parte por la importancia geoestratégica de estas regiones, espacios importantes en materia de recursos naturales y de tránsito de la economía ilegal por la frontera binacional. Para el caso particular de la frontera colombo – venezolana, se reconoce la acción e influencia de estos reductos en el dominio del contrabando de gasolina, armas, drogas y partes o repuestos de automóviles. También se sabe que realizan exportaciones ficticias de ganado para lograr así lavar dólares en el país vecino, y que han incursionado de manera progresiva en algunas ramas de las economías locales de ambos lados de la frontera como el transporte público (colectivos y mototaxis), vigilancia privada, arroz, construcción, juegos de azar (chance y casinos), y negocios de confecciones y textiles. Para las comunidades de Guajira, Cesar, Norte de Santander y Arauca, la desmovilización simplemente no se vio en sus departamentos. Los paramilitares continúan operando, así hallan cambiado sus nombres, sus insignias y sus formas de control.
El valor e importancia de estas regiones también explica la pugna declarada por las FARC a favor de la recuperación de su antiguo dominio dentro de estas zonas. Esta pugna se refleja en la arremetida que este grupo armado irregular ha venido operando con insistencia desde el 2005. Durante este año aumentaron en un 180% los ataques a infraestructura eléctrica y oleoductos respecto del año 2004 en el departamento de Norte de Santander y durante el segundo semestre fueron decretados 3 paros armados por las FARC (dos en Norte de Santander y uno en Arauca)9. El 2005 fue un
año de reactivación de la ofensiva militar de las FARC, quienes en diciembre del 2004 declararon públicamente el fin de su repliegue y la intención de recuperar el control de territorios donde se concentra la política de seguridad democrática. Esta decisión
9 Estos bloqueos han afectado la seguridad alimentaria y han mantenido en confinamiento total durante
sigue cobrando vida en el 2006, donde ya se registran dos paros armados en Norte de Santander y Arauca, respectivamente10.
La situación descrita anteriormente muestra que los grupos armados aún mantienen un dominio importante en la zona y que aprovechan la porosidad de las fronteras, la rápida diversificación de fuentes de financiación del crimen organizado, su expansión y las nuevas alianzas de estas estructuras con otros grupos delincuenciales.
II. El impacto del conflicto armado colombiano en los estados
venezolanos de frontera
El traslado de las formas de operación utilizadas por la guerrilla y los paramilitares hacia territorio fronterizo venezolano se evidencia en varias dinámicas generales y diferenciadas dentro de los 3 estados limítrofes, abordadas por los gobernadores venezolanos como parte de la agenda relacionada con el orden público. Dentro de ellas se destacan:
1. Presencia visible de los grupos armados colombianos: Al igual que en Colombia, la geopolítica nos permite realizar un mapa de la presencia y control de los grupos armados ilegales dentro del territorio venezolano, coincidiendo con algunas dinámicas de los departamentos colombianos fronterizos. En los estados de Zulia y Táchira, el control territorial de la zona plana y los núcleos urbanos se haya de forma predominante en manos de los paramilitares. El estado de Táchira sea tal vez el más afectado por la incidencia desmedida del paramilitarismo11. Así lo corroboran las últimas declaraciones de la diputada
tachirense de la Asamblea Nacional, Iris Varela, quien atribuye a la presencia de este actor armado el aumento sin precedentes del asesinato selectivo, el secuestro y el cobro de vacunas dentro del estado. Asimismo, aseguró tener indicios claros de que muchos paramilitares desmovilizados han recibido el documento de identidad12. Los paramilitares controlan y patrullan las ciudades
Tachirenses de San Cristóbal, San Antonio y Ureña, y las ciudades de Maracaibo, el Guayabo, Casigua El Cubo y Machiques en el estado de Zulia. No obstante, de una forma más invisible pero presente, la guerrilla de las FARC y el ELN controlan las zonas montañosas y rurales de la Sierra Andina (Táchira) y Sierra de Perijá (Zulia).En Táchira la presencia insurgente se ha concentrado en Delicias, Betania, Abejales, San Joaquín de Navay y San Vicente de la Revancha. Con el ingreso de los paramilitares a Táchira, hubo enfrentamientos entre estos dos actores armados ilegales, por lo que el gobierno venezolano respondió con la movilización de tropas13. Esto generó
resistencia de la sociedad civil porque los militares los interrogaban e intimidaban. En Zulia la guerrilla colombiana ha ocupado toda la zona montañosa del Perijá e incluso controla algunos municipios de llanura como Carrasqueño (Municipio Mara - zona norte del estado) y El Cruce (Municipio
10 El 2006 comenzó con la declaración de paro armado por parte de las Farc en el municipio de Ocaña
(Norte de Santander), situación que produjo la quema de 7 vehículos y el impedimento de la comunicación de esta región con el centro del país. El 23 de febrero se declaró un paro armado en Arauca, que mantuvo paralizado el transporte intermunicipal y servicio público urbano, y que llenó de pánico a la población por los numerosos asesinatos ocurridos.
11 Según la información recogida en campo, es después de la desmovilización del Bloque Catatumbo, que
la presencia de los paramilitares aumentó drásticamente en el estado.
12 DIARIO LA NACIÓN “Iris Varela denunció cedulación de paramilitares desmovilizados”. 21 de abril de
2006.
13 Un caso emblemático al respecto es Delicias, donde actualmente opera una base militar muy
Jesús María Semprún - zona Central del estado), donde bajan a descansar y a surtir sus ejércitos. Se percibe recientemente el ingreso paramilitar en municipios como Santa Bárbara (Zulia), donde se rumora que realizan labores de limpieza social y que se camuflan a través de cooperativas.La presencia de actores armados colombianos en el Estado de Táchira y Zulia ha representado un nuevo temor para los colombianos en condición de refugio, que en muchos casos han optado por solicitar reasentamiento o reubicación a una zona más central de Venezuela.
El caso de Apure es un poco diferente, ya que allí la presencia guerrillera ha sido históricamente más fuerte. Lo anterior, a razón de que en el Alto Apure operan las Fuerzas Bolivarianas de Liberación de Venezuela (FBL) y el ELN y las FARC de Colombia. En la década del 2000 se registra el ingreso de grupos paramilitares ubicándose igualmente en la zona del Alto Apure. Esto ha generado enfrentamientos en zonas aledañas y peticiones específicas de colaboración a la población apureña a través pagos de vacunas y decomiso de vehículos, además del incremento del reclutamiento forzado de menores y el control de la vida civil en la zona.
La situación se vuelve aún más compleja, cuando consideramos que los grupos delictivos venezolanos aprovechan esta presencia y se suman al accionar de estos actores. En este sentido, se vinculan al crimen organizado o aprovechan el incremento de la delincuencia y la criminalidad propias a la coyuntura actual.
La desmovilización de las AUC en Colombia ha significado un temor generalizado al afianzamiento de su presencia y poder en territorio venezolano. En Táchira, por ejemplo, vinculan todas las violaciones a los Derechos Humanos con la desmovilización de paramilitares. En este sentido, afirman que posteriormente a la desmovilización del Bloque Catatumbo, la presencia de los paramilitares aumentó drásticamente en el estado.
2. Cobro de vacunas: esta práctica es generalizada en los estados de Zulia, Táchira y Apure y se vinculan a ella tanto a paramilitares como a la guerrilla. No obstante, se observa que este fenómeno ha pasado de ser una práctica exclusiva a las zonas con presencia de ganaderos y agricultura de mediana y gran escala, a extenderse a las ciudades, siendo blanco de estas prácticas quienes poseen algún tipo de propiedad (casa, rancho, negocios, vehículos). En Zulia son muchos los sectores que desde la década del 1990 están acostumbrados a pagar vacunas. Los sectores más afectados por esta práctica han sido los ganaderos, minifundistas, taxistas, comerciantes y contrabandistas de gasolina. En Carrasquero existen tres bandas delincuenciales que se dedican entre otras actividades, al cobro de vacunas. El minifundista oriundo tiene que pagar una cuota inicial que puede llegar a los 3 millones de Bolívares (1.500 dólares). En el Barrio Santa Fe de Maracaibo, asentamiento humilde de 68.000 venezolanos y colombianos en condición de refugio, los habitantes pagan vacunas entre 10.000 y 20.000 bolívares (5 y 10 dólares) por familia a dos grupos delincuenciales. Al indagar sobre la autoría de estas vacunas hablan de redes de narcotráfico conformadas por venezolanos y colombianos. Finalizando el 2005 este barrio fue escenario de múltiples asesinatos en manos de estas bandas.
En los barrios marginales de San Antonio y Ureña las comunidades pagan una vacuna entre 1.000 y 2.000 bolívares (0.50 y 1 dólar) por familia a cambio de su seguridad.
En Apure el cobro de vacunas es principalmente a los grandes latifundistas y ganaderos. Aunque esta práctica inició en el Alto Apure, ha llegado a extenderse a todo lo largo del Estado.
3. Secuestros: los tres estados donde se ha registrado más alto número de secuestros a nivel nacional son, en orden de reporte, Zulia, Táchira y Apure, debido a su ubicación en la frontera con Colombia, informó el jefe de la División Nacional de Antiextorsión y Secuestro del Cicpc, Efrén Márquez14. Existen dos
modalidades de secuestro. El secuestro momentáneo, en el que se retiene a una persona por un largo periodo de tiempo, y el secuestro express, donde se detiene solo por unas pocas horas. Hasta el 4 de abril de 2006 permanecían secuestradas 24 personas en Táchira. En el estado de Zulia, durante el 2005 fueron secuestradas 25 personas y entre enero y mayo de 2006, la suma asciende a 18 personas. Apure fue el primer estado fronterizo en registrar secuestros15 dirigidos a grandes terratenientes y ganaderos. Durante el 2006 se
han presentado 3 secuestros públicos, aunque es claro que la cifra es superior.
4. Enfrentamientos: el estado de Apure ha sido el más afectado por los enfrentamientos ocurridos entre los grupos armados ilegales. Hace unos años se presentaron numerosos combates entre la guerrilla venezolana y colombiana. Recientemente, han existido enfrentamientos entre la guerrilla colombiana y los paramilitares. Durante enero de 2006 se presentaron 2 combates. En el año 2006 se ha tenido conocimiento de enfrentamientos y combates en el estado de Táchira16, así como del hallazgo de fosas comunes17.
La ciudad también aparece como escenario de lucha.
5. Asesinatos selectivos: el número de asesinatos en territorio venezolano ha
aumentado drásticamente desde el 2005. Desde hace algunos años los medios de comunicación social de los estados de Apure y Táchira llevan las estadísticas de los sicariatos. En el estado Zulia, las muertes eran reseñadas como ajuste de cuentas y/o asesinatos, y la palabra sicariato empezó a ser utilizada en el léxico de los medios de comunicación del Zulia a finales de 2005.
Entre enero y mayo del 2006, en el estado Zulia se han producido 393 asesinatos, de los cuales 180 tienen característica de sicariato, un 46% de las muertes violentas que se producen en la región. El fin de semana más violento fue entre 17 y 19 de marzo, donde se produjeron unas 28 muertes, de las cuales 20 fueron por sicariato18.
14 EL UNIVERSAL “Tras el rastro del delito”. 9 de julio de 2006.
15 Hasta finales de la década de los años 1970 ocurre el primer secuestro en la frontera, en la población
de La Victoria, del Distrito Alto Apure, cuya víctima fue el productor y ganadero venezolano Nemesio Escalona.
16 El pasado 28 de enero en la zona rural de Táchira (Venezuela), se presentó un enfrentamiento entre 2
patrullas de la Guardia Venezolana y un numeroso grupo de paramilitares. A su vez, el 4 de febrero se presentó otro enfrentamiento en la trocha que comunica la ciudad venezolana de Ureña con Cúcuta, cuyo saldo fue un paramilitar muerto. Al respecto véase: REVISTA SEMANA “Otra frontera caliente”. 6 de marzo de 2006, Pág. 72-73.
17 Se confirmó el hallazgo, cerca de la frontera con Colombia, de cinco cadáveres en una fosa común,
entre los que se presume que está otro jefe paramilitar de la zona. . DIARIO LA NACIÓN “Iris Varela denunció cedulación de paramilitares desmovilizados”. 21 de abril de 2006.
Táchira también ha sido seriamente afectado por este tipo de crimen. Durante el 2005 se presentaron 566 muertes violentas19 y entre enero y mayo del 2006 se
presentaron 20720. Según las autoridades del Estado, aún cuando se desconoce
la nacionalidad de los muertos, muchos de ellos fueron asesinados por ajustes de cuentas entre desmovilizados de los paramilitares y delincuentes. Las labores de “sicariato” han logrado permear a la sociedad venezolana, donde jóvenes de sectores pobres se vinculan a este tipo de actividades como una modalidad de empleo. En Táchira se habla de que existen sicarios que cobran de 50.000 a 100.000 bolívares (25 a 50 dólares) por víctima y en Apure los sicarios cobran entre 15.000 a 25.000 (7 a 12 dólares) por víctima. En el Zulia no existen reportes sobre la cantidad cobrada por las actividades de sicariato.
Por su parte, el Alcalde del Distrito Alto Apure, Jorge Rodríguez, señaló que entre enero y junio de 2006 se registran de forma oficial 60 muertos en la zona, en su mayoría, por sicariato. Igualmente denunció que la policía de Guasdualito está "infiltrada por sicarios, está contaminada y no está dando el rendimiento necesario", razón por el cual pidió al gobernador de Apure, Jesús Aguilarte, que este cuerpo policial sea reestructurado para el bien de todos los habitantes en el municipio. En el Bajo Apure, según el inspector Simón Rodríguez, jefe del área de investigación del Cicpc de San Fernando, cuya jurisdicción llega hasta Mantecal, municipio Rómulo Gallegos, desde enero hasta junio han ocurrido 33 muertes violentas, algunas de ellas con la modalidad del ajuste de cuentas. De estas informaciones se deduce que en lo que va corrido del año se han presentado 93 asesinatos en el estado de Apure21.
6. Reclutamiento forzado: este tipo de práctica realizada especialmente por las guerrillas de las FARC, ELN y FBL se ha presentado de forma dramática en el Alto Apure. Los niños, niñas y jóvenes víctimas de reclutamiento forzado son venezolanos oriundos de la región y colombianos en condición de refugio.
7. Penetración de las instituciones estatales: la corrupción del ejército y la Guardia Nacional Venezolana en esta región fronteriza ha sido un polémico tema alrededor del cual se han concentrado varios debates públicos. Los medios de comunicación colombianos y venezolanos han denunciado de forma recurrente estas irregularidades, afirmando que miembros de la fuerza militar venezolana se prestan a sobornos, tanto de guerrilleros colombianos como de paramilitares, para ingresar al país vecino, mantener sus redes de crimen organizado y permanecer en el territorio para surtirse o descansar. También se rumora que en Zulia, estado gobernado por la oposición, la clase política tiene estrechos nexos con los paramilitares colombianos. Una situación similar se reveló en las cumbres parlamentarias del estado de Táchira celebradas en enero y febrero de 2006, donde se denunció una presunta relación entre cuerpos policiales y paramilitares colombianos, así como alcaldes y concejales pagando vacuna22.
Este tipo de anomalías también han afectado gravemente a los colombianos en condición de refugio. Son constantes las denuncias presentadas alrededor de los maltratos que reciben por parte del Ejército y la Guardia Nacional Venezolana, quienes rompen sus documentos provisionales, desconocen sus
19 DIARIO LA NACIÓN “Cumbre parlamentaria contra sicariato dará inicio hoy a su jornada de trabajo”. 14
de febrero de 2006.
20 Monitoreo mensual realizado por DIARIO LA NACIÓN. Las cifras de asesinatos discriminadas por mes
son: enero 60, febrero 40, marzo 32, abril 45, mayo 30.
derechos, los detienen arbitrariamente, o los extorsionan a cambio de dinero23,
mano de obra o favores sexuales en el caso de las mujeres. También se está originando un mercado de tráfico de personas. Como producto de toda esta situación, en Machiques (Zulia) se han presentado 3 casos de colombianos en condición de refugio que afirman que los desmovilizados entregaron al ejército venezolano listas de solicitantes tildados como guerrilleros, por lo cual el ejército ha emprendido persecuciones en contra de los solicitantes. En marzo de 2006, en Bachichida (Zulia), un grupo de colombianos que cruzaron la frontera por la Sierra del Perijá fueron objeto de disparos por parte del a Guardia Nacional Venezolana, y nunca se supo qué pasó con ellos. De acuerdo a Prensa de Frente, los campesinos han venido realizando una serie de denuncias en torno a “los más de 160 actos de sicariato y desapariciones cometidos con la complicidad del Ejército y la Guardia Nacional en la zona fronteriza con Colombia”24. Como producto de todo esto, el Ministro de Interior
y Justicia, Jesse Chacón se pronunció anunciando que de forma inmediata se efectuará una nueva regulación a las alcabalas para impedir que sigan generando mayor inseguridad a la ciudadanía25.
8. Racionamiento y contrabando de gasolina: el contrabando de combustible es uno de los comercios ilegales más lucrativos en la frontera colombo-venezolana. La Asociación Colombiana de Petróleo de Colombia estimó que en el 2004, el contrabando, del que viven unos 5.000 pimpineros26 en la región,
dejó pérdidas a la nación por 235.000 millones de pesos27. La Fundación
Progresar también reveló que durante el 2004 y 2005 los paramilitares compraron carros para ingresar combustible por la frontera de Norte de Santander – Táchira. En esta zona, son ellos quienes hace más de tres años controlan este negocio, cobrando a más de 1.500 hombres una vacuna superior a los 30.000 pesos. De acuerdo a los datos consolidados por el Instituto Nacional para la Defensa y la Educación del Consumidor y el Usuario de Venezuela INDECU, se estima que son 90 millones de litros los que salen del estado de Táchira por contrabando.
Esto ha motivado al gobierno venezolano a ordenar importantes y prolongados racionamientos de gasolina en territorios de frontera y en operaciones militares que buscan desmantelar fábricas y redes clandestinas dedicadas a este tipo de actividad. Táchira sea tal vez el estado más afectado con dichos racionamientos, permaneciendo sin combustible por largos periodos de tiempo28. Ciudades como San Cristóbal, Rubio, Colón y Táriba han sido las
principales poblaciones afectadas29.
El municipio zuliano que cuenta con mayor información respecto al contrabando de gasolina es Páez. Allí el gobierno local propuso la creación de cooperativas que ejerzan un mayor control y regulación en el paso ilegal de gasolina hacia Colombia. Hasta la fecha, se desconoce la real operatividad y funcionamiento de estas cooperativas. Sin embargo, en las estaciones de servicio de Guana y Guarrero se puede observar camiones (estacionados) que pertenecen a estas cooperativas.
23 De acuerdo a los datos recogidos, funcionarios de la Guardia Nacional cobran entre 60.000 y 90.000
bolívares por dejar ingresar a un colombiano indocumentado.
24 PRENSA DE FRENTE. “Venezuela: denuncian detención de militante después de permanecer
desaparecido”. 20 de abril de 2006.
25 PROVEA. Boletín Electrónico No. 168. 1 de marzo a 6 de abril de 2006.
26 Nombre que designa a las personas que se dedican al contrabando de gasolina.
27 EL UNIVERSAL “Paramilitares controlan el contrabando de gasolina” Julio 2 de 2005. www.eud.com.co 28 Incluso se conoce de 3 estaciones de gasolina que estuvieron cerradas durante todo el 2005.
El contrabando de gasolina también se presenta en la frontera Arauca – Apure. Allí los asentamientos de El Nula, El Amparo y La Victoria, han sido objeto de prolongados racionamientos a favor del desestímulo del contrabando. No obstante, estas medidas de regulación no han logrado su objetivo primordial y sí han afectado negativamente la movilidad de las comunidades y los precios de la canasta básica familiar.
9. Problemas de seguridad para los defensores de derechos humanos: funcionarios de organizaciones internacionales y del Estado venezolano con competencia en la defensa y promoción de los derechos humanos de los colombianos en condición de refugio, están operando sin unas garantías efectivas y reales en cuanto a su seguridad. Esta situación se ha recrudecido de forma dramática durante el 2006, año en el han sido objeto de amenazas, extorsiones y secuestros por parte de los grupos armados ilegales de ambas nacionalidades. El caso más crítico al respecto, es la denuncia realizada por Iris Varela, de una supuesta complicidad de Cáritas de Venezuela con los grupos paramilitares colombianos, a quienes les estarían suministrando información sobre el paradero de los refugiados, quienes son localizados y perseguidos posteriormente30.
Actualmente todas las personas vinculadas a este tipo de trabajo están siendo investigadas por la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención DISIP. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH también ha expresado su preocupación por la iniciación de acciones penales a miembros de organizaciones de derechos humanos bajo cargos de conspiración contra la forma republicana de gobierno por haber recibido fondos de cooperación internacional para desarrollar sus labores. Por otra parte, y atendiendo a la preocupación manifestada en las audiencias ante la Comisión por las expresiones descalificatorias por parte de funcionarios del Estado en cuanto al desarrollo de estas actividades, la CIDH a realizado un llamado a las autoridades del Estado venezolano para que aseguren que ninguna defensora o defensor sea víctima de hostigamiento e intimidación por sus labores.
10. Vulnerabilidad, rechazo y estigmatización de los colombianos en condición de refugio: resulta claro que en toda esta dinámica la utilización de diferentes mecanismos que los grupos armados utilizan para regularizar su permanencia en Venezuela, incluye la utilización del status de refugiado. Iris Varela advirtió a través de los medios de comunicación que en el estado Táchira operan los grupos paramilitares colombianos disfrazados de refugiados. «Tengo suficientes pruebas en la mano para delatar que en Táchira existen paramilitares sujetos a la normativa legal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur)». Explicó que grupos infiltrados paramilitares han obligado y amenazado a los refugiados legales a actuar como organizaciones armadas para lograr la desestabilización del país. Afirmó que el Gobierno Nacional investiga los hechos de instigación de refugiados por parte de paramilitares y coordinará con las autoridades colombianas para determinar lo antes posible la situación de estos ciudadanos31. Esto figura un
mapa de extrema vulnerabilidad, susceptible a la estigmatización y a la desconfianza.
30 DIARIO LA NACIÓN “Cáritas suministra informes a grupos de paramilitares”. 7 de mayo de 2006.
DIARIO LA NACIÓN “Solicita la conferencia Episcopal pruebas contra fundación Cáritas”. 10 de mayo de 2006.
11. Propagación del narcotráfico y quiebres en la aplicación de una intervención económica trasnacional:hoy por hoy la frontera colombo – venezolana se ha convertido en un corredor estratégico para diversos intereses económicos, políticos y militares, tanto de orden legal como ilegal. Precisamente las posibilidades que ofrece la frontera, ha potenciado el conflicto armado en estas regiones, en la medida que los distintos intereses se disputan el control de las economías ilegales y semi-ilegales, como el tráfico de drogas, los insumos para su procesamiento, los negocios de ventas de gasolina y los del cambio de la moneda, el contrabando de comercio público, etc.
El contexto global y regional, le está planteando a este corredor fronterizo dos tendencias determinadas igualmente por dos factores centrales: la inversión económica nacional y transnacional y las políticas de seguridad de esa intervención, que empiezan a reorientar la dinámica del conflicto armado en esta frontera. Todo ello en un territorio en donde confluye una fuerte consolidación de la economía ilegal y dos modelos socioeconómicos y políticos contradictorios, encabezados por los presidentes Uribe Vélez y Chávez Frías, y que le apuestan a distintos procesos de integración continental.
La intervención económica transnacional en la frontera, se da dentro de la lógica de la globalización del capital y el libre comercio, dadas las grandes ventajas que oferta la región en esa dinámica: los recursos naturales, la ubicación geográfica y la mano de obra. Es así como se están implementando proyectos económicos alrededor de la explotación de los recursos energéticos (petróleo, gas, carbón, electricidad, agua), la agroindustria (palma africana, cacao, frutales, madera, caña), la biotecnología, el ecoturismo, la ampliación e interconexión de la infraestructura (vial, energética, agua, telecomunicaciones, ambiental y social) y la creación de zonas económicas especiales, aplicando el modelo de las “maquilas”32. Todos estos proyectos están pensados desde una
perspectiva binacional, por cuanto son recursos transfronterizos, especialmente en lo que respecta a hidrocarburos y carbón33.
Las Zonas Económicas Especiales de Exportación, ZEEE, fueron establecidas por el Ministerio de Desarrollo durante la administración de Andrés Pastrana (1998-2002), cuyo perfil es el de las conocidas “maquilas mexicanas”. Estas deberían instalarse en las ciudades de Cúcuta, Valledupar, Ipiales y Buenaventura. Sin embargo, las probabilidades de una aplicación pronta de las reglas comerciales y de inversión propuestas en el ALCA y, en el caso de Cúcuta, la debilidad en la infraestructura de servicios, han aplazado dicha iniciativa. Pero esta perspectiva ha sido retomada ahora con el desarrollo de las Zonas de Integración Fronteriza34, alrededor de la cual se involucrarán 22
municipios de Norte de Santander y Táchira, en el eje Cúcuta-San Cristóbal.
32 Las empresas maquiladoras inician, terminan o contribuyen de alguna forma en la elaboración de un
producto destinado a la exportación, ubicándose en las "zonas francas" creadas por los países del sur donde ofrecen numerosas ventajas – costos laborales, de servicios e impuestos - en aras de “atraer la inversión extranjera”. Las empresas transnacionales buscan rebajar al máximo los costos de producción por la vía de trasladar las actividades productivas de los países industrializados a los países periféricos con bajos salarios. Las maquilas aprovechan la enorme diferencia salarial que existe entre el Norte y el Sur. En 1998, un obrero de Estados Unidos ganaba 11 veces más que uno mexicano por trabajos idénticos.
33 Los proyectos binacionales más próximos a ser implementados en esta frontera están referidos al
gasoducto Ballenas (Guajira) – Maracaibo (Zulia) y el poliducto Cabrutas (Apure) – Tumaco (Nariño).
34 Algunos de los objetivos de las ZIF son: “...Flexibilizar y dinamizar el intercambio económico y
El proceso de integración de Suramérica alrededor del ALCA35, está planteado
en torno a los denominados Ejes de Desarrollo, propuestos por el BID36. De los
doce ejes, hay tres que están determinando la dinámica económica de la frontera colombo-venezolana: el eje meridional Caracas-Bogotá-Quito, y su continuidad hacia el sur; el eje interoceánico Orinoco-Meta-Buenaventura (Pacífico colombiano); y el también interoceánico Amazonas-Putumayo-Tumaco (Pacífico colombiano). Cada país se encuentra disponiendo sus procesos internos, económicos y de infraestructura, en función de esos ejes, y los convenios bilaterales tienen igual sentido.
Estos ejes de integración se empatan con similares proyectos que se impulsan en Centroamérica en el llamado Plan Puebla Panamá y luego con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, impuesto desde 1994.
El proceso de integración alrededor del ALCA subsume otros acuerdos comerciales que han atravesado la frontera colombo-venezolana: la Comunidad Andina de Naciones, CAN37, y el Grupo de los Tres, G-338.
La puesta en marcha de los grandes proyectos de inversión económica para la explotación de recursos energéticos planteados desde la década del 1990 para la región, ha sido sistemáticamente aplazada por la intensificación del conflicto social y armado en estas zonas de frontera, históricamente estratégicas para el narcotráfico, la siembra de cultivos de uso ilícito y el contrabando de precursores químicos y armas.
El Sr. Humberto Chirinos, Experto de las Naciones Unidas del departamento de Drogas y Crimen para el programa de Monitoreo Satelital en Perú, señala que según las imágenes satelitales, la zona de la frontera colombo venezolana es una de las que tiene mayores áreas de cultivos de uso ilícito. Al hacer precisiones al respecto, observamos que en territorio colombiano estos cultivos se concentran en Norte de Santander39, Arauca, Vichada, Guainía, y en menor
medida Guajira40. Este último, junto con Cesar, más que productores, son
estratégicos como zonas de procesamiento y empaque. El traslado de cultivos de uso ilícito ha territorio venezolano se ha venido dando de manera progresiva. En el marco de la XVII Operación Sierra, realizada en noviembre de 2005 por los Teatros de Operaciones No. 2 y 4 de Venezuela se detectaron 110 hectáreas de amapola, 15 de marihuana y 80 de coca en la Serranía del
sosteniblemente los recursos naturales renovables contiguos;...”. Artículo 5 de la Decisión 501 de 2001 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la CAN.
35 Cumbre de Presidentes Suramericanos. Brasilia, 2000.
36 “Un nuevo impulso a la integración de la infraestructura de Sudamérica”. BID, 2000.
37 La CAN fue constituida en 1997 como desarrollo del proceso iniciado en 1969alrededor del Pacto
Andino, con la participación de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Este último país se retira en 1976 y Venezuela lo hace en el 2006, al oponerse al Tratado de Libre Comercio que Colombia, Ecuador y Perú empezaron a negociar con Estados Unidos, priorizando su vinculación al MERCOSUR:
38 Las negociaciones sobre un acuerdo del Grupo de los Tres o G-3, fueron establecidas por los gobiernos
de México, Colombia y Venezuela en 1989 en Honduras. Se formaliza el 13 de junio de 1994 en Cartagena y entró en vigor el 1 de enero de 1995.
39 De acuerdo al informe 2004 de Naciones Unidas, al finalizar la década de 1990 Norte de Santander fue
uno de los centros más importantes de coca en el país. En 1999 representaba el 10% del total de la producción nacional.
40 Según las estadísticas consolidadas a diciembre de 2004 por la Oficina de las Naciones Unidas Contra
Perijá. Igualmente, localizaron más de diez laboratorios clandestinos para el procesamiento de droga.
La propagación del narcotráfico y de los cultivos de uso ilícito en territorio venezolano se ha convertido en un tema altamente sensible dentro de las relaciones de Venezuela con Estados Unidos. Luego de que en agosto de 2005, Chávez anunciara la suspensión de los convenios con la Agencia Antidroga Estadounidense (DEA) porque se dedicaba al espionaje, han sido numerosos los pronunciamientos de funcionarios del gobierno estadounidense con relación a la poca cooperación de Venezuela con Estados Unidos en materia de lucha antidrogas41. A inicios de 2006, el Comité de Relaciones
Exteriores de la Cámara Alta de Estados Unidos señaló que existe un incremento de la actividad aérea en Venezuela que, proveniente de Colombia, transporta droga hacia Estados Unidos, transitando por otros países latinoamericanos42.
Como un acto de represalia a lo que los Estados unidos denomina “poca cooperación contra la lucha antidrogas”, el 15 de mayo de 2006, el gobierno norteamericano buscó prohibir a cualquier país del mundo la venta de armas y material militar a Venezuela, tras considerar que ese país no coopera suficientemente en la lucha contra el terrorismo. Esta situación se agrava con la aparente estampida de narcotraficantes colombianos que desde hace 8 meses vienen ingresando a Venezuela. El periódico El Tiempo43 afirma que en la
actualidad se encuentran 10 reconocidos personajes de este negocio, miembros del cártel del Norte del Valle de Colombia y por quienes Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares. El informe periodístico recoge el informe de la prestigiosa revista militar internacional Jane's Intelligence Review, según la cual esto se explica en " la rampante corrupción en altos niveles de la justicia venezolana y a un sistema judicial muy débil" que le permite a los narcotraficantes operar sin grandes dificultades. Lo anterior demuestra que las dinámicas transnacionales de las economías ilegales y el desbordamiento del conflicto armado colombiano ocurren en un escenario internacional en el que la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo justifica la presencia militar de Estados Unidos en la región.
III. El impacto del conflicto armado colombiano en los grupos
étnicos de lado y lado de la frontera
A lo largo de la frontera colombo-venezolana, en el área comprendida entre las ciudades de Cúcuta (Norte de Santander) y Maicao (La Guajira), en relación con los grupos étnicos se observan, a lado y lado de la frontera internacional, asentamientos, comunidades o núcleos poblacionales pertenecientes a los pueblos Barí, Yukpa, Wayúu, Rom (Gitano), árabe y afrodescendiente.
En esta área de frontera se encuentran localizados los territorios indígenas, que trascienden los límites internacionales, de los pueblos Barí a lo largo de la Serranía de los Motilones; Yukpa a todo lo largo de la Serranía del Perijá; y Wayúu, en el extremo
41 Las principales declaraciones al respecto se presentaron el 31 de agosto de 2005 en palabras del zar
antidrogas estadounidense John Walters y el 15 de septiembre desde el Ejecutivo estadounidense.
42 EL UNIVERSAL “Actividad sospechosa desde Venezuela” Enero 16 de 2006. www.eud.com
43 EL TIEMPO “Al menos 10 capos del narcotráfico en Venezuela”. 2 de mayo de 2006.
nororiental de La Guajira colombo-venezolana. Igualmente se encuentra en Cúcuta una de las kumpania Rom numéricamente más importantes de Colombia, que en su itinerancia tradicional incursiona de manera permanente a Venezuela. De otro lado, se precisa mencionar también a los árabes, con una larga presencia y trayectoria en Colombia, que tomando como eje a Maicao, atraviesan periódicamente la frontera internacional para desarrollar sus actividades comerciales y llegar hasta los países del Caribe. Mención aparte merece el caso de hombres afrodescendientes, algunos con sus familias, la mayoría provenientes del pacífico colombiano que se han establecido en poblaciones venezolanas, aunque sin configurar todavía verdaderas comunidades.
Lo anterior pone de presente tres cuestiones que merecen destacarse. La primera, es la enorme riqueza étnica y cultural que posee esta frontera internacional, que va más allá de la simplista división entre colombianos y venezolanos que usualmente se hace. La segunda es que la línea limítrofe internacional es una verdadera frontera fluida que de manera sostenida es atravesada, en las dos direcciones, por los grupos étnicos. La tercera es que para los pueblos Barí, Yukpa, Wayúu y Rom las fronteras internacionales son sencillamente límites artificiales que dividen arbitrariamente sus territorios tradicionales o sus áreas históricas de itinerancia.
La presencia de estos grupos étnicos a lo largo de la frontera colombo-venezolana es bastante disímil. De un lado están los pueblos Barí, Yukpa y Wayúu que se encuentran localizados allí desde antes que se establecieran las repúblicas y se demarcaran los actuales límites de la frontera internacional, por lo que sus territorios, al comprender áreas de los dos países, son transfronterizos. Comunidades enteras de estos pueblos se hallan a lado y lado de la frontera, sin que a simple vista se observen diferencias sustanciales entre estas.
De otro lado está el pueblo Rom, pueblo nómada por excelencia, que despliega, principalmente desde la kumpania de Cúcuta, una amplia movilidad por todo el territorio venezolano. Estos patrigrupos familiares de la kumpania de Cúcuta se encuentran emparentados con distintas kumpeniyi de Venezuela. El Rom, un pueblo también preexistente a la conformación de las repúblicas, ha venido fluyendo a través de esta frontera internacional, desde mediados del siglo XIX.
El árabe es otro de los pueblos que permea frecuentemente la frontera internacional. Desde Maicao, como una suerte de centro de dispersión, han venido construyendo redes familiares que los conectan fácilmente con parientes en Venezuela y en los países del Caribe. Los árabes han venido cruzando esta frontera internacional desde hace aproximadamente ochenta años.
Los Barí, Yukpa y Wayúu a través de sus territorios, lo mismo que los Rom por medio de sus grupos familiares y sus redes de familias extensas, hacen una presencia en la frontera internacional como sujetos colectivos, es decir, como pueblos. Esto es sumamente importante destacarlo para entender porqué razón los pueblos indígenas de frontera han venido reclamando la materialización del mandato constitucional de la doble nacionalidad y los Rom han venido hablando de una ciudadanía universal. Por su parte los árabes se han establecido en la región fronteriza, manteniendo sus señas identitarias y nacionalitarias que los distinguen de las sociedades mayoritarias de lado y lado de la frontera. En ese sentido su presencia en la frontera es también colectiva, conformando una comunidad ampliada.
caso sin constituir comunidades. En ese sentido el paso de la frontera es, ante todo, una aventura individual.
En virtud de la gran riqueza étnica y cultural de la frontera colombo-venezolana y considerando la importancia de construir enfoques diferenciales en el tratamiento de las diferentes problemáticas sociales y sus efectos sobre determinadas comunidades que se a continuación se realiza una caracterización diferenciada de cada uno de los grupos étnicos que se han mencionado anteriormente y del impacto diferenciado en cada uno de sus pueblos.
Pueblo Rom
El pueblo Rom, originario del norte de la India, que comenzó, hacia el año mil de nuestra era una diáspora en continuo movimiento por todo el mundo, desde 1998 ha sido reconocido por el Estado como un grupo étnico también colombiano, al que se le deben hacer extensivos de manera simétrica todos los derechos que constitucional y legalmente tienen pueblos indígenas y afrodescendientes.
Los Rom viven en kumpeniyi (singular, kumpania) que no son otra cosa que la asociación de patrigrupos familiares que ya sea por parentesco o alianzas matrimoniales optan por residir o itinerar conjuntamente. De una población estimada para todo el país en 3.000 Rom44, la kumpania de Cúcuta estaba compuesta en el
2005 por 648 personas de este pueblo, lo que de hecho la hace la más grande no sólo del país sino también de Venezuela.
La presencia del pueblo Rom en el país se remonta a la época colonial y, por lo tanto, es un pueblo preexistente a la conformación de las repúblicas, tal y como ya se ha mencionado. Esto permite deducir que la presencia y trayectoria de este pueblo en la frontera colombo-venezolana es más antigua de lo que se supone.
La inmensa mayoría de los Rom de la kumpania de Cúcuta, y de su contraparte más cercana al otro lado de la frontera, la kumpania de Rubio, han nacido en Colombia o, por lo menos, tienen la nacionalidad colombiana. En este sentido, vale la pena anotar que los Rom de la kumpania de Cúcuta son reiterativos en expresar que la mayoría de los que viven o itineran por Venezuela son nacidos en Colombia, dato que en todo caso hay que verificar. En estas dos kumpeniyi de frontera se pueden encontrar grupos familiares originarios de Perú, Ecuador y en menor medida de otros países de Sudamérica.
Los Rom de la kumpania de Cúcuta se dedican, principalmente, a actividades comerciales, con las que buscan sacarle provecho al cambio de divisas entre los países y a las diferencias en los precios de algunos artículos. De esta manera, para citar el ejemplo más frecuente, compran al por mayor y directamente en algunas fábricas de Bucaramanga (Santander), zapatos, botas y otros artículos en cuero, que venden en Venezuela al menudeo, en pueblos y ciudades pequeñas. Si bien es probable que en algunas ocasiones traigan artículos de Venezuela para vender en Colombia, la dirección del comercio es casi siempre de Colombia hacia Venezuela.
La inmensa mayoría de los Rom de la kumpania de Cúcuta tienen la doble nacionalidad colombiana y venezolana, lo que sin duda alguna les facilita el tránsito a través de la frontera internacional. Una minoría de Rom, los provenientes de otras kumpeniyi del país, entran de manera irregular a Venezuela y así permanecen
mientras duran los recorridos por los pueblos y pequeñas ciudades de ese país en sus incursiones comerciales.
Si bien en sus kumpeniyi los Rom abiertamente recrean sus tradiciones, usos y costumbres, cuando se dedican a sus actividades comerciales los hombres no hacen lo mismo y más bien realizan esfuerzos por pasar desapercibidos, mimetizándose entre la gente de los entornos por los que itineran. Esta práctica es una estrategia para evitar las históricas estigmatizaciones racistas, discriminatorias y xenófobas que se dan contra los miembros del pueblo Rom. Solo las mujeres, dedicadas a las prácticas adivinatorias, no sólo no ocultan su identidad sino que contrariamente la afirman, con el propósito de beneficiarse de la fama que las acompaña en las artes de adivinar el futuro.
Los Rom no han sido ajenos al conflicto armado que se escenifica en Colombia. De la kumpania de Cúcuta, hacia 2002, se tuvo noticias de que a varias de sus autoridades más reputadas, los paramilitares les venían cobrando extorsiones y “vacunas”, prometiéndoles a cambio seguridad y no intervención en sus asuntos. Esto ocasionó que algunos patrigrupos familiares optaran por abandonar la ciudad y el país. Dado el nomadismo arraigado de los Rom, este tipo de desplazamientos terminó invisibilizado totalmente.
El problema mayor que enfrentan los Rom con el conflicto armado es que no han podido volver a recorrer con la amplitud y frecuencia de otros años, aquellos territorios en los que ejercían sus actividades económicas tradicionales. Esta situación ha sido asumida por algunos patrigrupos familiares como una especie de confinamiento, que al impedirles la movilidad, ha redundado negativamente en sus prácticas económicas tradicionales y, por consiguiente, en su integridad étnica y cultural.
Pueblo Árabe
Si bien mucho antes de 1880 ya había referencias que daban cuenta de la presencia de árabes en Colombia y en Venezuela, este año se ha tomado como un hito que marca sustantivamente el incremento de las oleadas de contingentes árabes, especialmente cristianos maronitas, algunos cristianos ortodoxos y unos pocos musulmanes, que provenientes del Líbano, Siria y en menor grado de Palestina, llegaron hasta estos dos países buscando mejores horizontes y fortuna.
Estas oleadas migratorias de árabes que ocurrieron entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX ha sido cuantitativamente hablando la más significativa que se ha presentado hasta hoy en el país. Si bien estas oleadas contaron con familias que profesaban el Islam, la inmensa mayoría de las que llegaron eran cristianas.
Desde las dos primeras décadas del siglo XX, durante las cuales los árabes se consolidaron como el grupo de comerciantes más dinámico de todo el Caribe colombiano, hasta el término de la segunda guerra mundial, tuvieron lugar varias oleadas migratorias, que a pesar de contar con familias musulmanas, siguió siendo mayoritariamente cristiana. Desde principios de la década de los 1970, la proporción entre cristianos y musulmanes cambió ostensiblemente, ya que los árabes que llegaron a partir de entonces fueron mayoritariamente musulmanes, sobre todo sunitas.
musulmana más reconocida del país y, en general, de toda la frontera colombo-venezolana. Un importante porcentaje de los árabes musulmanes que a partir de la década de los años setenta del siglo pasado ingresaron a Colombia, tuvieron como destino Maicao y, en menor medida, San Andrés Isla. Según estimativos de la Asociación Benéfica Islámica (ABI) la población árabe de Maicao puede perfectamente llegar a las cuatro mil personas.
Los árabes han sido comerciantes y esa actividad económica es la que preponderantemente han ejercido históricamente en Maicao y toda la región fronteriza. Aprovechando las ventajas geográficas y aduaneras que existían, los árabes propiciaron e impulsaron un vasto e intenso comercio de una gran diversidad de productos traídos de varias partes del mundo que ingresaban a Colombia provenientes de Venezuela y de los países del Caribe.
Se ha argumentado que la crisis por la que atraviesan actualmente los árabes de Maicao, que se tradujo en la drástica reducción de su población y en el sistemático cierre de varios de sus más importantes almacenes, se origina en las disposiciones legales y normativas que desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se empezaron a aplicar en la región y que terminaron por afectar negativamente el libre comercio que allí tenía lugar.
Si bien lo anterior pudo haber incidido de alguna manera, la causa estructural y subyacente de la crisis por la que atraviesan los árabes se explica, más bien, por la expansión y profundización del conflicto armado y la violencia política que, dada su habilidad para los negocios y su notorio éxito económico, los convirtió en víctimas privilegiadas de los actores armados ilegales. En ese contexto, tanto los grupos paramilitares como la guerrilla han secuestrado con fines económicos a varios de sus miembros. Las extorsiones y el cobro de las llamadas “vacunas” se volvieron algo cotidiano para los comerciantes árabes. En Maicao se menciona que se han presentado casos en que los secuestrados han sido muertos por sus captores y se refieren algunos casos de desaparecidos.
De esta manera muchas familias árabes, cansadas de los hostigamientos y amenazas de los actores armados, decidieron dejar atrás a Maicao y a La Guajira para probar suerte en otras ciudades del país y del exterior. Estos desplazamientos a causa de la violencia política no aparecen en las estadísticas oficiales sobre población desplazada.
De lo anterior puede concluirse que la crisis económica de los árabes, que llevó a la quiebra y a la ruina a no pocas familias, se debe a los efectos colaterales y directos del conflicto armado y no a las medidas aduaneras y arancelarias que se impusieron para frenar el contrabando y acabar con un área donde de hecho funcionaba el libre comercio.
Sobre el particular llaman la atención las diversas versiones periodísticas, derivadas de informes de inteligencia, que refieren que entre los árabes de Maicao se encuentran varios relacionados con el fundamentalismo islámico, sugiriendo que en la región se encuentran “células dormidas”, se registra la legalización de activos provenientes de actividades ilícitas que son empleados para financiar grupos que operan en Oriente Medio, que varios árabes “lavan dinero” para la organización Hezbollah, o que se han capturado en Maicao miembros de alto rango de organizaciones fundamentalistas.
A partir del 11 de septiembre de 2001 la islamofobia creció vertiginosamente, lo que se tradujo en una grave estigmatización de los árabes de la frontera colombo-venezolana como fundamentalistas y terroristas. Esta situación llevó a la Asociación Benéfica Islámica (ABI) de Maicao a trascender su trabajo de social de beneficencia para desplegar acciones políticas reivindicatorias de la cultura e historia del Islam.
Pueblos Barí y Yukpa
Los Barí viven sobre la Serranía de los Motilones en la frontera con Venezuela. Los datos oficiales para Colombia calculan su población en 3.612 personas, aunque su población debe ser mucho mayor.
A partir de la primera década del siglo pasado, se realizaron concesiones para la explotación de hidrocarburos en territorio Barí, incentivando la apertura de carreteras y la colonización masiva de la cuenca del río Catatumbo. Ante la presencia de las empresas petroleras, los Barí reaccionaron de manera violenta, iniciando un proceso bélico que se extendería hasta bien entrados los años sesenta del siglo XX. La acción misionera, en sus dos vertientes católica pero sobre todo protestante, se intensificó a partir de la consolidación de las explotaciones de los yacimientos hidrocarburíferos, desplegando una intensa política de integración y desarrollo entre las comunidades del pueblo Barí.
El hecho de que el patrón tradicional de residencia de los Barí se caracterice por la posesión de tres bohíos localizados en forma cíclica, los cuales son habitados periódicamente de acuerdo al ciclo estacional, les ha servido para hacerle frente a los actores armados que han llegado hasta su territorio. En ese contexto ha sido bastante recurrente que las comunidades del pueblo Barí ubicadas en Colombia se trasladen masivamente a asentamientos situados en Venezuela, ante el riesgo de arremetidas de los actores armados. Esta amplia movilidad en toda la extensión de su territorio tradicional, sin reparar en que lado del límite internacional se encuentra, muchas veces ha permitido a los Barí ponerse a salvo de las incursiones tanto de los grupos paramilitares como de la guerrilla. Estos cruces en doble vía de la frontera internacional y en razón a la condición binacional que ostenta el pueblo Barí, nunca aparecen reportados en las estadísticas sobre desplazamientos transfronterizos.
A los problemas generados por la presencia y el accionar de diversos actores armados en territorio Barí hay que añadirle los ocasionados por la ejecución de proyectos hidrocarburíferos que han ocasionado desterritorialización y transformaciones culturales no deseadas entre las comunidades del pueblo Barí.
Al igual que los Barí, la resistencia de los Yukpa contra los colonizadores se mantuvo vigente hasta mediados del siglo XX. Para aplacar la resistencia, con mayor fuerza desde los años 1930, se instalaron misiones en territorio Yukpa que terminaron consolidando el frente de colonización y “pacificando” la región. La llegada de hacendados, ganaderos y campesinos a las tierras bajas de la Serranía del Perijá, redundó en la disminución considerable de su territorio, de ahí que uno de los problemas más sentidos actualmente por los Yukpa, sobre todo del lado colombiano, es que su espacio vital cada vez se constriñe más.
El territorio tradicional del pueblo Yukpa comprende áreas tanto de Colombia como de Venezuela. Ello hace que se presente un flujo permanente de grupos familiares Yukpa que van y vienen de acuerdo a las posibilidades que se presenten para desarrollar sus actividades productivas. Sin embargo, hay que recalcarlo, el conflicto armado ha ido abriendo una brecha entre los asentamientos de lado y lado de la frontera colombo-venezolana, que hacen cada vez más complejo y dificultoso el intercambio y el contacto entre ellos.
En estos momentos a la Serranía del Perijá se han trasladado varios de los teatros de guerra que antes tenían lugar en la Sierra Nevada de Santa Marta y el pueblo Yukpa está siendo afectado de manera profunda por el conflicto armado interno. Desafortunadamente sin una organización etnopolítica fuerte, el pueblo Yukpa no ha podido quebrar el manto de silencio que se cierne sobre su tragedia.
Pueblo Wayúu
El pueblo Wayúu habita, principalmente, la parte media y alta de La Guajira, en tierras semidesérticas. De acuerdo al censo binacional realizado hacia 1992, en Venezuela viven 168.727 Wayúu, en tanto que en Colombia su población está estimada en 149.827 personas, constituyéndose en el pueblo indígena de mayor población en el país, con cerca del 19%.
La afluencia migratoria del pueblo Wayúu ha sido histórica entre las fronteras de Colombia (departamento de La Guajira) y Venezuela (Estado Zulia). Esto obedece a situaciones: por un lado, el entorno ambiental escaso de agua, los obliga a desplazarse por las temporadas extremadamente áridas, pero por otro lado, este grupo étnico presenta un componente cultural que hace de los conflictos intraétnicos entre los clanes del mismo pueblo indígena algo inherente a su modo de vida, conduciendo a la migración o al desplazamiento dentro del mismo territorio ubicado tanto en Colombia como Venezuela.
La poliresindencialidad es entonces para el pueblo wayúu una opción de supervivencia en medio de las condiciones territoriales y culturales. Sin embargo en los últimos ocho años las circunstancias que han contribuido a la acentuación del flujo migratorio hacia Venezuela de éste pueblo indígena, se han mostrado cada vez más axiomáticas por el aumento del conflicto armado en el territorio colombiano. Muchos de los Wayúu que cruzan la frontera aluden que han venido huyendo del conflicto, sin embargo no lo manifiestan ya que creen que no es necesario porque se sienten seguros en Venezuela.
status como refugiado, si bien permite visibilizar el impacto de la violencia en estos grupos étnicos, obstruye lo que cabalmente debería reconocerse como su derecho a la propiedad de su territorio. El trabajo en terreno permitió conocer el caso de varios Wayúu que han solicitado refugio en Venezuela, especialmente en el Estado de Zulia45.
Los Wayúu han podido transitar libremente sin papeles en su territorio, sin embargo, ahora no pueden hacerlo porque muchos de ellos son retenidos por no portar los documentos y en algunos casos han sido amenazados con ser deportados a Colombia por la Guardia Nacional Venezolana.
En razón a las creencias culturales wayúu alrededor del territorio y de la guerra, muchos han sido reclutados sutilmente por los actores armados debido a su habilidad y fascinación con las armas, lo que manifiesta que los Wayúu están siendo involucrados en el conflicto. Hoy en día se reconoce su participación en la causa paramilitar con el Frente de Contrainsurgencia Wayuú. Por otro lado, en abril de 2005 se conformó un contingente de 120 hombres wayuú que incursionaron a las filas del ejército para defender sus territorios desde la fuerza legal. Las comunidades atestiguan que es muy grande la presión ejercida por el ejército, quienes les ofrecen comida y ganado a cambio de sus servicios como informantes.
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En Machiques se encuentran asentados aproximadamente 25.000 Wayúu46 que se
dedican principalmente a trabajar en fincas ganaderas, en condiciones de trabajo tan precarias que recuerdan la esclavitud. Para garantizar una mano de obra barata, como en tiempos que se creían ya superados los patrones de las haciendas, les retienen sus documentos de identidad y bajo la amenaza de la deportación los someten a largas y extenuantes jornadas de trabajo. Esta situación de explotación laboral es muy parecida a la que se vive en las maquilas y en las zonas de extracción minera.
Los casos de deportación de Wayúu hacia Colombia son cada vez más frecuentes, como estrategia para evadir las responsabilidades contractuales de los patronos y empleadores. En terreno se tuvo conocimiento de al menos 15 casos.
Es preocupante la situación de los pueblos indígenas en cuanto a migración se refiere ya que debido a la constante lucha que el Gobierno ejerce en contra de los grupos armados ilegales, los pueblos transfronterizos se vuelven mucho más vulnerables. Es el caso de los Wayúu, que poseen territorio en los estados de Colombia y Venezuela, quienes han sufrido durante los últimos cinco años un indiscriminado exterminio por parte no sólo de los grupos ilegales sino también de la fuerza pública. Esto ha conllevado a que un número indeterminado de Wayúu haya abandonado su territorio.
En la actualidad los que han migrado forzosamente hacia Venezuela, no han recibido todavía el estatus de refugiados y son considerados extranjeros en su propia tierra, y los que se encuentran dentro de Colombia, no reciben las atenciones oportunas, mientras son perseguidos, hostigados y amenazados por defender sus derechos sobre el territorio ancestral.
En razón a la polirresidencialidad y a la amplia movilidad geográfica tradicional del pueblo Wayúu, el desplazamiento de comunidades y grupos familiares a causa del conflicto armado y la violencia sociopolítica, pasa desapercibido y es muy complejo de identificar. En ese sentido las diferencias entre el desplazamiento tradicional del
45 Se pudo constatar en el momento del trabajo de campo que Maracaibo tres familias Wayúu,
aproximadamente quince personas provenientes de Barrancas (Guajira), estaban solicitado refugio.