POR UN DERECHO CON DERECHOS:
TRABAJO SEXUAL Y EL RECLAMO POR LEGISLACIÓN PARTICIPATIVA DESDE LAS BASES.*
Marisa N. Fassi**
Resumen
Históricamente el trabajo sexual implicado desafíos jurídicos. Existen cuatro modelos tradicionales para concebir el trabajo sexual/prostitución: el prohibicionismo, el abolicionismo, el reglamentarismo y el de la legalidad laboral. Este artículo analiza críticamente estos modelos con el objetivo de enfatizar la necesidad de legislaciones participativas desde las bases, que prevengan la violencia, la vulnerabilidad y la explotación.
Por un lado, el abolicionismo y el prohibicionismo relegan la actividad a la clandestinidad y, al hacerlo, estos modelos refuerzan la vulnerabilidad de quienes ejercen el trabajo sexual. Al igual que con otras actividades laborales, la falta de regulación deriva en oportunidades para la explotación.
Por otro lado, un análisis detallado de las regulaciones del trabajo sexual en distintas partes del mundo nos permite evaluar las complejidades que confrontan estas legislaciones. La división entre reglamentarismo y legalidad laboral puede diluirse en la práctica. Estas legislaciones contemplan temas tales como: salud, registro, intimidad, publicidad, contrataciones, conducta policial, trata de personas, áreas de ofrecimiento del servicio, acceso a trabajos alternativos, entre otros. La forma en que estas normativas son construidas demuestra que la existencia de una ley no necesariamente implica mayor protección para quienes ejercen el trabajo sexual.
En este sentido, el artículo explora la experiencia de trabajadoras sexuales en Córdoba-‐ Argentina en su lucha por diseñar y promover una legislación de trabajo sexual. Desde esta perspectiva el trabajo sexual es el intercambio voluntario de servicios sexuales por dinero u otro beneficio económico, el cual debe estar protegido por el derecho estatal a partir de las necesidades contextuales del sector.
La lucha de las trabajadoras sexuales organizadas en AMMAR-‐CBA lleva más de trece años, sin embargo en los últimos años se ha visto un recrudecimiento de las políticas hacia el sector a partir de una ola abolicionista de confrontación que ha generado mayor violencia y vulnerabilidad.
De tal modo, la propuesta de una legislación participativa desde las bases es relevante para fomentar políticas contextualizadas que prevengan –y no promuevan-‐ la violencia, la
* La versión en inglés de este trabajo, titulada ‘Legal is not always right: sex work and the claim for
grassroots legislation’, ha sido presentada y premiada en la IX Conferencia Internacional IASSCS (International Association for the Study of Sexuality, Culture and Society), llevada a cabo del 28 al 31 de agosto de 2013 en Buenos Aires, Argentina. Considerar a los fines de su citación.
** Doctoranda del Programa Internacional ‘Renato Treves’ en Derecho y Sociedad, Università degli
vulnerabilidad y la explotación. Lo contrario implica reproducir esquemas jerárquicos de desigual distribución del poder de decir, de decidir, de actuar y de proponer.
Abstract
Sex work has historically set legal challenges. Those challenges have been addressed by, at least, four models: abolitionism, prohibitionism, reglamentarism and labour legality. This paper critically assesses these models in order to emphasize the need of grassroots legislations that can prevent violence, vulnerability and exploitation. In this sense, it explores the experience of sex workers in Córdoba-‐Argentina in their struggle to design and promote sex work legislation.
On the one hand, abolitionism and prohibitionism relegate the activity towards secrecy and, by doing so, these approaches re-‐enforce sex workers’ vulnerabilities. As it happens with any other income-‐generating activities, the lack of regulation derives in opportunities for exploitation.
On the other hand, a closer look to sex work regulations around the world help us evaluate the complexities sex work regulations confront. These legislations contemplate issues such as: health, registration, intimacy, publicity, contracts, police behaviour, slavery, solicitation areas and access to alternative work, among others. The way those norms are constructed show us that legality does not necessarily mean more protection for sex workers, and that the division between reglamentarism and labour legality approaches may be blurred in practice. In this sense, grassroots legislation becomes relevant to foment contextualized policies that can prevent violence, vulnerability and exploitation. The contrary means to continuously reproduce schemas of hierarchy that unequally distribute power to speak, to decide, to act and to propose.
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¿Cómo abordar las aristas en relación al intercambio de servicios sexuales por dinero? Los puntos de vista para abordarla son múltiples y variados. Diversas personas en el ámbito de la investigación, políticas públicas, activismo, legislación y docencia, la ciudadanía en general y las mismas personas trabajadoras sexuales han tomado postura en relación al a la temática. La problemática es compleja e incluye planteos sobre sexualidad, salud, trabajo, seguridad, urbanismo, criminalidad, explotación, prácticas policiales, violencia institucional, legalidad, economía, entre tantos otros.
propuesto una distinción entre: 1) feminismo radical, para quienes la sexualidad está en el centro de la desigualdad de género y la opresión de las mujeres –autoras en esta línea son MacKinnon, Pateman, Overall-‐; 2) feministas pro-‐sexo, para quienes las personas trabajadoras sexuales tienen un sentimiento de control sobre el intercambio de servicios sexuales por dinero –autoras como Chancer and McClintock pertenecen a esta tradición-‐, 3) feminismo contextual, para quienes el significado del trabajo sexual es empírico y debe ser entendido en su especificidad cultural e histórica –autores en esta línea son Shrage, Zatz, Chancer-‐. Agregaría un cuarto tipo de discurso, que es 4) feminismo poscolonial o subalterno, para quienes el conocimiento colonial y neo-‐colonial ha reproducido el supuesto que las ‘pobres’ ‘tercermundistas’ mujeres nunca consienten ni pueden consentir el intercambio de dinero por trabajo, estas representaciones denigran a las mujeres al estatus de objeto y, por lo tanto, justifica políticas intervencionismos sobre sus cuerpos y subjetividades –autoras que critican estas representaciones y sus efectos son Mohanty, Doezema, Scoular, Burton-‐ (Fassi 2012).
Estas perspectivas han tenido variado impacto en los sistemas jurídicos alrededor del mundo. Las regulaciones estatales varían desde diseñar un régimen laboral particular hasta considerar la actividad como un delito grave. Siguiendo a Arella et al. (2006), hay cuatro modelos tradicionales que los sistemas jurídicos adoptan: 1) reglamentarista, que regula el trabajo sexual por un sistema opresivo de control de enfermedades venéreas a través de controles compulsados a las personas trabajadoras sexuales; 2) prohibicionista, que criminaliza la actividad y su oferta; 3) abolicionista, el cual sostiene que la prostitución debe ser abolida pero aquellas personas que la realizan no pueden ser criminalizadas, promueve la prohibición de actividades relacionadas a la prostitución y rechaza la posibilidad de legalizar la actividad (2006, 46–56); 3) laboral o legalización, el cual promueve una regulación laboral del trabajo sexual y ha sido impulsado ampliamente por los movimientos de personas trabajadoras sexuales (2006, 57–62).
prostitución en sí misma como una violación a los derechos humanos –de las mujeres–. Los movimientos por los derechos de las trabajadoras sexuales definen a la represión estatal de las prostitutas como una violación de los derechos humanos” (Alexander 1997, 84).
Para explorar más en profundidad este rol del derecho y su impacto en la población específica de personas trabajadoras sexuales, dividiré este texto en cinco partes. Primero, abordaré la necesidad de regulación en contraste con las perspectivas abolicionistas y prohibicionistas que condenan la actividad a la clandestinidad. Segundo, mostraré ejemplos de regulaciones en diversas partes del mundo enfatizando cómo la línea entre reglamentarismo y legalidad laboral puede desdibujarse en la práctica; para esto, detallaré las respuestas que le dan estas regulaciones a los aspectos más problemáticos y recurrentes en la temática. Tercero, enfatizaré el hecho de que puede que la regulación sea un derecho sin derechos, para esto exploraré dos regulaciones de trabajo sexual que han resultado ampliamente problemáticas desde una perspectiva socio-‐jurídica. Cuarto, me enfocaré en la experiencia de trabajadoras sexuales in Córdoba-‐ Argentina para enfatizar la relevancia de promover legislaciones participativas y de base para prevenir la violencia, la explotación y la vulnerabilidad. Finalmente, propondré una serie de reflexiones finales sobre la temática.
LA NECESIDAD DEL DERECHO
El derecho ha demostrado ser una herramienta tanto para la opresión como para la emancipación. El derecho es un producto humano; es artificial, plural, experimentado, reproducido y resistido, está moldeado por su contexto, por relaciones actuales y patrones históricos de poder. El derecho no siempre es necesario y puede ser la causa de violencias, abusos y vulnerabilidades.
falta de regulación implica ampliar los espacios para la explotación, los abusos y la violencia.
Acudir al derecho como una herramienta emancipadora ha sido históricamente importante en las luchas laborales, el derecho era así un mecanismo para equilibrar relaciones de poder desiguales. La explotación laboral tiene un terreno fértil cuando no hay regulaciones ni control alguno. Esto claramente se ha constatado en las transformaciones laborales de décadas neoliberales en diversas partes del mundo. El poder del Estado para regular relaciones laborales fue debilitado causando la erosión de derechos laborales.
No obstante, las perspectivas abolicionistas y prohibicionistas insisten en políticas cuyo resultado implica clandestinidad. Según estas perspectivas, el intercambio de dinero por servicios sexuales debe ser erradicado de la variedad de relaciones sociales. El supuesto que subyace es que quienes desarrollan la actividad tendrán su protección y liberación –salvación-‐ al prohibirse la actividad en sí o las actividades relacionadas a la misma.
Tanto las perspectivas abolicionistas como las prohibicionistas han sido ampliamente criticadas, y no consideran seriamente los efectos que la clandestinidad genera sobre las personas trabajadoras sexuales.
Relegar el trabajo sexual a la clandestinidad promueve y reproduce múltiples violencias. Primero, se ejerce violencia cuando se borra la capacidad de estas personas de decisión sobre sus propios cuerpos. Someter a las personas que ejercen el trabajo sexual a la posición de subordinadas las inscribe en una identidad que desconoce su subjetividad; las vuelve objeto sin voz –objeto de políticas, objeto de piedad, objeto de disciplinamiento-‐. Eso es violencia.
El argumento que señala a la pobreza como una forma de coerción es aún más violento, ya que no deja espacio posible para reconocer y validar las elecciones de mujeres que confrontan oportunidades económicas limitadas (Scoular 2004, 325– citando a Kapur). A la vulnerabilidad socio-‐económica se le suma, así, la vulnerabilidad en la participación democrática de sus intereses en el debate público.
Segundo, la promoción de la criminalización de los clientes como parte de la lucha por rescatar a estas “pobres mujeres perdidas” genera aún más vulnerabilidad y alimenta redes de trata. El objetivo último de esta pretendida criminalización de los clientes es la eliminación del trabajo sexual como un todo. Esta política sostiene que los sistemas legales simplemente reflejan las estructuras subyacentes de desigualdad sexual. No toma en cuenta que la criminalización del cliente es usada por la policía para perseguir a cualquier hombre o mujer que a discreción policial resulten sospechosos o sospechosas, y ésta es una práctica desproporcionada que afecta directamente a grupos que ya están de por sí marginados (Zatz 1997, 302).
Dos ejemplos son relevantes señalar los efectos nocivos de la clandestinidad. Por un lado, como veremos en detalle más adelante, en Córdoba-‐Argentina el aumento de políticas abolicionistas desde el 2012 han impulsado migraciones internas de personas que previamente desempeñaban el trabajo sexual autónomamente y que cayeron en manos de redes de trata al trasladarse a otros sitios. Por otro lado, las políticas prohibicionistas de cuatro principales ciudades de EEUU –New York, Los Ángeles, San Francisco y Washington-‐ llegaron al extremo permitir el uso de condones como evidencia para presentar cargos contra el ejercicio de la prostitución, provocando un alto riesgo de contagio de SIDA y otras infecciones de transmisión sexual ante el miedo de llevar preservativos consigo (Human Rights Watch 2012).
campaña por abolir el trabajo sexual. En 2008, el gobierno sueco solicita a las universidades investigar los efectos de esta legislación. El departamento de Sociología Jurídica de la Universidad de Lund-‐Suecia, estuvo a cargo de la investigación que el gobierno solicitó a la Universidad para conocer los efectos de la aplicación de la ley entre los años 2005 y 2010. Los resultados se volcaron en un trabajo de Bergwall y Lindqvist1 titulado “Meta-‐análisis de la legislación sueca contra la compra de servicios sexuales.” Los resultados demostraron que, desde que se criminaliza a los clientes, el número de denuncias policiales aumentó en un 81%; y si bien se registra un descenso del 30% del número de personas que realizan el trabajo sexual en las calles, el trabajo sexual se expandió en otras nuevas formas (casinos, internet, etc.). La investigación demuestra que quienes realizan el trabajo sexual en las calles han aumentado su vulnerabilidad desde la aplicación de la criminalización. En las calles quedaron trabajando las personas mayores, con menor estado físico, con mayores problemas de salud y vivienda. Son estas las personas que no han logrado adaptarse a los nuevas formas de trabajo sexual –principalmente por oferta online-‐. Asimismo demuestra que aumentó significativamente el riesgo de estas personas a ser asaltadas y violadas. La conclusión de la investigación es contundente: la criminalización de clientes implicó un descenso en la visibilidad del trabajo sexual pero no en el ejercicio de la actividad en sí misma, e implicó un ascenso en la vulnerabilidad de las personas que siguieron ejerciendo la actividad en las calles.
No considerar el trabajo sexual como una opción laboral legal y legítima elimina la posibilidad de que las personas que lo ejercen tengan mayor control y poder para trabajar en una atmósfera donde puedan definir el sentido de su trabajo y las condiciones del mismo, todo lo cual permitiría un cambio en su status actual de las percepciones, bienestar y reputación (Koureskas 1995, 107). Para
1 Esta investigación solo está disponible en sueco, la traducción del título es “Meta-‐análisis de la ley
Sueca contra la compra de servicios sexuales. ” Agradezco particularmente a uno de los co-‐autores de esta investigación, Peter Bergwall, quien tuvo la gentileza de traducir al ingles los antecedentes, objeto de estudio, pregunta de investigación, marco teórico, herramientas estadísticas y metodología de la investigación; para que estas pudieran enriquecer las discusiones en otros contextos.
Zatz, no es el trabajo sexual de por sí lo que promueve valores opresivos del patriarcado capitalista, sino más bien es la producción cultural y legal de la prostitución –marginada y degradada– lo que asegura las características opresivas (1997, 290). Es decir, no es el hecho de que una persona intercambie dinero por placer sexual lo que la oprime, sino que la oprime el hecho de que culturalmente sea marginada y degradada. El error está, según Zatz, en evaluar prácticas y significados desde los mismos sentidos dominantes del sistema opresivo que se está criticando; porque así, se pasan por alto los esfuerzos por resistir, transformar o transgredir estas normas dominantes (1997, 289).
REGULACIONES DE TRABAJO SEXUAL EN EL MUNDO
El trabajo sexual ha generado importantes desafíos jurídicos en los distintos países. Algunos sistemas relegan la actividad a la clandestinidad, mientas otros la regulan. En la práctica, los modelos analíticos de ‘reglamentarismo’ y ‘legalidad laboral’ pueden desdibujarse. Abordaré críticamente siete regulaciones de trabajo sexual diferentes en el mundo para mostrar varias formas de abordar la cuestión. Me enfocaré en los aspectos más recurrentes y problemáticos. Estas regulaciones corresponden a jurisdicciones nacionales, provinciales o municipales, de acuerdo a las competencias propias sobre estos asuntos en cada Estado. A los fines de este análisis, no resulta relevante si los marcos normativos se encuentran vigentes o tan siquiera sancionados. Estas disposiciones legales se analizan de acuerdo a su contenido sustancial más que a su validez formal.
Callao-‐Perú, donde fue regulado por un decreto municipal nº 000008 en Mayo de 2001; g) Colombia, donde el parlamento discutió el proyecto de ley nº 69/12 en Agosto de 2012.
Cada legislación puede ser analizada en sí misma y podrán incluso emerger inconsistencias internas. En lugar de analizar cada una de ellas, propongo hacer un análisis transversal de las cuestiones a las que estas regulaciones dan respuesta. Considero que estas cuestiones pueden servir para guiar debates participativos entre las propias personas trabajadoras sexuales sobre cómo regular la actividad en los diversos contextos, usando el método comparativo del derecho como un punto de partida para la reflexión. Las preguntas a las que dan respuesta estas legislaciones son:
¿Qué es el trabajo sexual? En Uruguay y el Callao la ley define que la persona trabajadora sexual es aquella mayor de edad -‐18 años-‐ que regularmente ejerce la prostitución recibiendo una compensación monetaria o similar. En Callao, trabajo sexual sólo se considera como cual cuando la persona cumple con los requisitos impuestos por la legislación. Los elementos que definen el trabajo sexual son relevantes porque pueden ser tan restrictivos que se vuelva imposible acceder a la protección jurídica. En Holanda, las personas trabajadoras sexuales deben ser nacionales de la Unión Europea, lo cual excluye migrantes legales e ilegales de fuera de la UE del acceso a la protección legal.
deben agregar una foto en su ficha y hacer una declaración sobre si tienen hijos o hijas y si están alfabetizados. En Callao, los registros son confidenciales.
¿Cómo se regulan los controles de salud? Las regulaciones bajo análisis tienen diversas disposiciones al respecto que varían desde el control médico compulsivo al acceso garantizado a la información y tratamiento médico. Aquellas que obligan al tratamiento médico compulsivo, exigen que el control de enfermedades de transmisión sexual sea cada seis meses (proyecto colombiano) o el test del HIV compulsivo mensual (Nevada). Luego del examen médico, Veracruz exige la transcripción del resultado en la credencial de la persona trabajadora sexual, debe registrarse la categoría de ‘enferma’ o ‘aparentemente sana.’ Desde una perspectiva cuestionable, Veracruz también determina que las personas que trabajen en oficinas públicas o empleadas que ayuden o sugieran a las trabajadoras sexuales de abortar perderán su empleo. Contrario al examen médico compulsivo, Nueva Zelanda promueve el acceso a la información sobre sexo seguro y el acceso a atención médica. Tomando en consideración prejuicios generalizados, Callao promueve prácticas antidiscriminatorias en los servicios de salud. En algunos contextos ciertas exigencias pueden tornarse extremadamente difíciles de cumplir; por ejemplo, Holanda exige medidas de salubridad tales como lavar las sábanas a 90 grados. Un aspecto importante es qué organismo se hará cargo de controlar estas disposiciones sanitarias; por ejemplo, Uruguay pone el control bajo la esfera del Ministerio de Salud Pública. Contrariamente, Bolivia –como veremos más adelante-‐ mantiene el control en manos de oficiales de policía, lo cual ha generado situaciones de violencia.
ejerce el trabajo sexual tiene un botón de seguridad directamente conectado a la policía en caso de clientes abusivos.
¿Tiene disposiciones sobre la trata de personas con fines de explotación sexual? Uruguay incluye disposiciones que promueven la prevención de la trata personas, el Ministerio del Interior está a cargo de la prevención del tráfico y la trata de personas, mientras que el Ministerio de Salud está a cargo de lo relacionado a la salud de las personas trabajadoras sexuales. Ambos ministerios pueden entrar a burdeles y deben registrar en acta los detalles del procedimiento.
¿Qué derechos reconoce la ley a quienes ejercen el trabajo sexual? En Nueva Zelanda, el trabajo sexual acarrea –entre otros-‐ el derecho a rechazar clientes incluso cuando trabajan en burdeles. En Veracruz, tienen el derecho a renunciar cuando lo deseen temporal o definitivamente. No obstante, el caso de Veracruz resulta problemático. Establece que el Estado tendrá una base de datos sobre bolsas de trabajo para promover que adquieran nuevos trabajos para ‘alejarlas del género de vida al que han caído y reintegrarlas al seno de la sociedad por medio del trabajo honesto;’ esta regulación supone que la actividad en sí es deshonesta y quienes la ejercen son marginales sociales. Desde una perspectiva muy diferente, Callao ofrece medios para facilitar el acceso a otros trabajos en caso de enfermedad o decisión voluntaria.
¿Se garantiza el acceso a la seguridad social? El proyecto colombiano y Callao promueven el acceso al sistema de la seguridad social. En Callao, el sistema de seguridad se extiende a los hijos e hijas menores de edad. Esta disposición puede evitar conflictos litigiosos al garantizar la aceptación automática a los sistemas de seguridad social. Más aún, como muestra el proyecto de la ciudad de Córdoba-‐ Argentina, el acceso se podría estipular para todos los miembros familiares a su cargo.
actividad salvo que cuente con una autorización expresa de la persona. Nueva Zelanda prohíbe el registro de policial de las personas trabajadoras sexuales. En Callao el registro es confidencial.
¿Hay deberes y prohibiciones en relación a la actividad? En Veracruz, quienes ejercen el trabajo sexual no pueden estar embarazadas o tener enfermedades venéreas o dermatológicas contagiosas, ni tuberculosis, ni enfermedad mental, ni cáncer; deben asistir a cursos sobre higiene sexual y observar medidas profilácticas.
¿Se puede publicitar los servicios en cualquier espacio? En este sentido, el proyecto colombiano prohíbe todo tipo de publicidad en medios masivos de comunicación. En Nueva Zelanda, sólo se limita a anuncios clasificados.
¿Existen zonas restrictivas de la ciudad para el ejercicio de la actividad? La zonificación ha sido una política histórica aplicada tanto de facto como jurídicamente en diversos sitios. En Veracruz, el trabajo sexual sólo se permite en áreas restrictivas, el interior del edificio no puede ser visto desde el exterior, tiene que tener una habitación por persona dotada de elementos de higiene, un cartel perfectamente visible el cual determina las reglas generales para prevenir enfermedades venéreas y por lo menos un baño cada cuatro personas; está prohibido vender alcohol, pasar música o la presencia de proxenetas.2
Vale la pena mencionar algunas regulaciones muy particulares entre las disposiciones analizadas. Primero, el sistema de Veracruz propone un interesante régimen de propiedad; el mismo establece que la propiedad de los objetos de uso personal, de la cama y otros objetos dentro de una habitación pertenecen a la persona que hace uso regular de los mismos, el resto de los muebles y objetos de uso común pertenecen, en propiedad común, a todas las personas que usan el local para ofrecer servicios sexuales.
Segundo, el proyecto colombiano establece que los burdeles sólo pueden tener una tarifa máxima del 30% en compensación por los servicios. Una política que
2 En Australia y New South Wales han dictado una normativa por la cual todo burdel debe estar
registrado, y prohíbe la oferta de servicios sexuales cerca de áreas residenciales, iglesias, hospitales y escuelas.
determine un límite en este sentido es crucial para establecer las fronteras entre explotación y trabajo sexual. El monto –que puede ser incluso mucho menor al 30%-‐ estaría incluyendo las expensas básicas para mantener el local e incluso un máximo de plusvalía sobre las ganancias de las personas trabajadoras sexuales. Este límite garantizaría que las ganancias de las personas trabajadoras sexuales prevalezcan por sobre la ganancia de los burdeles; más aún, siendo que el máximo de tarifa incluye tanto las expensas básicas como el máximo de plusvalía, ésta última se convierte en el mecanismo resorte para pérdidas económicas. Asimismo, este límite tiende a revertir la lógica por la cual cada persona trabajadora sexual está trabajando para el burdel y propone un sistema más cercano al cooperativismo, que por otro lado es el sistema que los movimientos de personas trabajadoras sexuales promueven.
Tercero, en caso de no cumplimiento de las obligaciones la culpa tiende a caer sobre las mismas personas trabajadoras sexuales. Contrariamente, Veracruz establece que las sanciones en caso de incumplimiento son para oficiales públicos y en relación de dependencia que no cumplan con la aplicación de estas normas, y no para quienes ejercen el trabajo sexual.
En Nueva Zelanda se demostró que el número de personas dedicadas al rubro no aumentó luego de que se sancionaran las reglamentaciones; más aún, el hecho que la actividad dejara de ser ilícita en el país funcionó como mecanismo disuasorio para quienes solicitaban el servicio porque les atraía su ilegalidad, estas personas solían ser más propensas a los abusos (Lopes 2006).
UN DERECHO SIN DERECHOS
Cómo se enfatizó previamente, el derecho tiene un potencial tanto opresivo como emancipador. Las perspectivas reglamentaristas y de legislación laboral apelan a la regulación del trabajo sexual. Sin embargo, la existencia del derecho no implica necesariamente su potencial emancipador de relaciones de opresión.
puramente en la perspectiva y apuntar al trabajo sexual como foco de potenciales epidemias. El derecho puede ser un derecho sin derechos.
Los casos de ciertas regulaciones y prácticas en Ecuador y Bolivia son relevantes en este sentido. El decreto de Ecuador no prohíbe la explotación del proxenetismo ni a los clientes, no es abolicionista ni prohibicionista. El 6 de mayo de 1982 se sancionó el decreto ejecutivo nº815 (R.O. No. 237). El mismo declara que las personas trabajadoras sexuales deben pagar un canon por controles sanitarios y otro canon deben pagar los burdeles. Los burdeles se clasifican en: lujosos, de primera categoría, de segunda categoría, y de tercera categoría. El canon aumenta de acuerdo al nivel del burdel. En este caso, el trabajo sexual es considerado una fuente de ingresos para el Estado, sin concebir los derechos de las personas que ejercen la actividad ni tampoco tiene un claro énfasis sanitarista. Funciona como una política para recaudar fondos. No corresponde puramente ni a una perspectiva reglamentarista ni al abolicionismo.
En Bolivia, la implementación abusiva de la regulación sobre trabajo sexual generó la intervención de la Defensoría del Pueblo en resolución nº RD/LPZ/00059/2000/DH del 3 de octubre del año 2000. La resolución se dictó en virtud de numerosos reclamos en relación a la implementación de la regulación sobre trabajo sexual.
La regulación en cuestión determinaba que las personas trabajadoras sexuales debían registrarse y les daban una credencia. Para mantener esta credencial debían pagar un canon mensual (si eran de un país extranjero debían pagar doble), debían mostrar semanalmente su tarjeta de salud y firmar personalmente en la División Matrículas de la Policía Nacional para obtener un sello oficial. El control de credenciales era semanal y lo llevaba adelante la División Matrículas de la Policía. La sanción en caso de incumplimiento era el arresto o la multa. Asimismo, se suspendía la credencial si tomaban parte en peleas callejeras o si se enfermaban.
trabajo social, psicología y educación estaba disponible para darles apoyo en el centro de salud, como así también recorrían los burdeles para corroborar si las credenciales estaban actualizadas.
La aplicación de estas disposiciones se volvió altamente problemática. Un grupo de personas trabajadoras sexuales y también miembros de la Universidad hicieron un seguimiento las practicas de aplicación de esta reglamentación. A partir de los resultados, se presentó formalmente la denuncia frente a la Defensoría del Pueblo. En la misma, se denunciaba tanto a la policía nacional como al servicio de salud.
La Policía Nacional fue denunciada por malos tratos, corrupción y abuso. Sostuvieron que personal de la Policía, al realizar los recorridos semanales, trataban de manera despectiva, represiva y discriminatoria a las personas trabajadoras sexuales; les pedían sumas de dinero sin entregar recibo a quienes no tienen matrícula o tarjeta de sanidad, o simplemente a cambio de no pronturariarlas. La denuncia incluyó el manejo indebido de la información personal; los libros de registro con los datos personales de las personas trabajadoras sexuales eran utilizados por funcionarios policiales como medio de extorsión, amedrentamiento e intimidación.
El Servicio de Salud fue denunciado por corrupción, abuso, discriminación e incumplimiento adecuado de tareas. Afirman que a) en las consultas médicas semanales les dispensaban un trato inadecuado y discriminatorio, en especial tres mujeres profesionales del Centro de Epidemiología; b) durante el examen ginecológico recibían un trato degradante, mayor cuanto más vulnerable es su condición social, no se les proveía de bata, ni se le realizaban pruebas, sino que se limitaba a un exámen superficial en base a preguntas; c) quienes se desempeñan en los servicios de salud les cobraban multas y pedían servicios personales gratuitos.
el ejercicio de la actividad de la prostitución; y por último, resolvió que se instruya al personal de salud y de la policía a que otorguen un trato digno y humanitario a las trabajadoras sexuales que soliciten el servicio.
No obstante esta resolución de la Defensoría del Pueblo, el día 10 de octubre de 2000 se dictó la resolución ministerial No. 3357. Esta resolución explícitamente declara que eliminar el control y el cobro de la Divisón Matrícula afectaría los ingresos de la policía y, por tanto, resuelven mantenerlo.
El caso en Bolivia es paradigmático en varios sentidos. Por un lado, demuestra las potencialidades institucionales de articular el trabajo de seguimiento desde las mismas personas trabajadoras sexuales y aquellas pertenecientes a la Universidad. Por otro lado, deja al descubierto las redes de intereses económicos y de poder que tiene la fuerza policial en el mercado del comercio sexual. De aquí la importancia de limitar los poderes de la policía y enfocar el control en el área del Ministerio de Trabajo. Asimismo, revela la manera en que los prejuicios contra el trabajo sexual penetran en el entramado social generando múltiples violencias desde diversos sectores, como lo puede ser también en el personal de la salud (o del ministerio del trabajo). De allí la necesidad de una política integral que concientice en el trato digno; como así también, la importancia de articular mecanismos de transparencia que incluyan la participación de la personas trabajadoras sexuales en el diseño y articulación de los controles y de las políticas del sector.
La ley, como producto artificial y humano, con sus potencialidad para oprimir o emancipar, puede tomar mútliples formas. Por esto es preciso ir más allá del reglamentarismo, analizar íntegramente la política, y evaluar los múltiples sitios de violencia que conlleva el día a día de quién ejerce el trabajo sexual.
LEGISLACIÓN PARTICIPATIVA Y DE BASE
En diversas partes del mundo quienes ejercen el trabajo sexual se han organizado y movilizado para resistir situaciones de opresión, para discutir políticamente, para alzar sus voces.3 Se han posicionado y han discutido discursos
3 Ejemplos de estas organizaciones son: COYOTE en EEUU, AMMAR en Argentina, Davida en Brasil,
jurídicos mostrando sus propias perspectivas en cada uno de los aspectos que envuelven al trabajo sexual. Han promovido objetivos políticos proactivamente y han presentado propuestas de políticas públicas para el sector.
Un modelo protector –capaz de captar las necesidades contextuales para prevenir la violencia, explotación y vulnerabilidad-‐ debería dar cuenta del conocimiento y reclamos de quienes viven y sufrirán las consecuencias de regulaciones abusivas: las mismas personas trabajadoras sexuales.
En lo que sigue, exploraré la experiencia de la organización de mujeres trabajadoras sexuales en Córdoba-‐Argentina. Para comprender sus reclamos es relevante analizar previamente el sistema jurídico y el contexto donde se inserta su reclamo por una legislación participativa y de base.
El diseño jurídico en contexto
En Argentina el intercambio voluntario de servicios sexuales por dinero no es delito.4 La legislación se ha pronunciado respecto a la actividad a nivel nacional y en las provincias, de acuerdo a su competencia. A nivel nacional, se pueden señalar dos hitos jurídicos en relación al trabajo sexual.
Por un lado, la ley de profilaxis venerea (nº 12.331) del año 1937. Como veremos en detalle más adelante, los discursos abolicionistas se intensificaron desde fines del 2010 en el país, y han usado esta ley para argüir una supuesta postura abolicionista en el régimen jurídico argentino. Este argumento ha sido retóricamente efectivo pero es histórica y jurídicamente falso. La ley de profilaxis venerea fue sancionada en la llamada ‘década infame’ (1930-‐1943) en Argentina,
Dominicana, AMEPU en Uruguay, ONAEM en Bolivia, Sindicato Ángela Lina en Chile, REDTRABSEX en Ecuador, Orquídeas del Mar en El Salvador, Mujeres Unidas en Honduras, Asociación Miluska Vida y Dignidad en Perú, Hetaira en Madrid, entre otras.
4 Lo que se penaliza, en cambio, es: 1) la acción de promover la corrupción de menores, o de
durante la cual el país fue ‘de facto’ una colonia inglesa.5 El diseño normativo sigue la lógica de la ley inglesa llamada ‘Contagious Desease Act,’ ambas normas obligan al tratamiento y hasta a la hospitalización forzada de personas contagiosas, velan particularmente por la salud de personal de los ministerios de Guerra o la Marina. La ley inglesa fue derogada en el año 1886, luego de una fuerte resistencia por parte de mujeres victorianas -‐lideradas por Butler-‐ que darían impulso a las primeras reivindicaciones feministas; de todas formas la norma continuó siendo aplicada bajo un nombre diferente (Doezema 1998, 35). Fue éste grupo de mujeres victorianas las que acuñarían la tradición abolicionista, ellas sostuvieron la construcción de ‘la prostituta como pobre víctima,’ y fueron estas mujeres victorianas las que no se contentaron con realizar sus deseos intervencionistas para ‘salvar’ a sus compatriotas, sino que extendieron su compaña contra el Contagious Desease Act también a la colonia en India (Scoular 2004, 350).
Es decir, resulta un contrasentido histórico sostener que la intención de la ley de profilaxis venerea en Argentina de 1937 era adoptar el abolicionismo. Fuera de esta contextualización histórica, es jurídicamente inconsistente sostener que esta misma ley busca otra cosa que evitar epidemias; la ley de profilaxis venerea tiene un fin sanitarista, encuentra en la actividad un riesgo social de epidemia sanitaria y la clausura de locales se entiende en el mismo texto jurídico como la erradicación de focos de infección.6
El segundo hito jurídico a nivel nacional, es la ley de prevención, sanción y asistencia a las víctimas de trata de personas (nº 26.364 y modificatorias). La ley originaria, del año 2008, sancionaba la captación, transporte o traslado de una
5 El término ‘década infame’ lo acuña J.L Torres (1945) en su libro homónimo donde relata la
sucesión de infamias, corrupciones y pactos deleznables que realizan los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña en la época. Luego de la crisis de 1929, Gran Bretaña decide privilegiar a sus colonias en desmedro del comercio argentino. Para revertir esta decisión se firma el Pacto Roca-‐Runciman, mediante el cual los frigoríficos ánglicos controlarían el 85% del comercio de Argentina, se asegura un trato preferencial a las inversiones británicas en el país y se crea un Banco Central Mixto (de capitales públicos argentinos, y privados ánglicos). Esta época significó para el país pobreza y una alta tasa de suicidios. Enrique Santos Discépolo inmortaliza esta época en su famoso tango ‘Yira…yira’ que lamenta ‘la indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo.’
6 Como veremos más abajo, el Código de Faltas de la Provincia de Córdoba suma a la lógica
persona con fines de explotación, es decir para reducirla a la servidumbre, para extraer sus tejidos humanos u órganos, para obligarla a serivicios forzados, para obtener provecho del comercio sexual de personas menores de edad o bien mayores de edad coaccionadas.
Esta ley posiciona en la agenda pública a la redefinición y persecución del tráfico de contemporáneo de personas.7 Aún siendo los datos empíricos sobre esclavitud moderna muy elevados8, las estadísticas no estaban alarmando a la comunidad previo al año 2008 en Argentina. No fue sino hasta ese año que se sancionó la llamada Ley Anti-‐trata y empezó a haber una clara voluntad política de perseguir y prevenir esos casos.9
En 2012 la ley fue modificada endureciendo el abordaje a lo relacionado a la explotación para el comercio sexual. La ola abolicionista que comenzó a fines de 2010 y la resonancia del caso ‘Marita Verón’10 implicaron a) la inclusión en la ley de la pornografía infantil y el casamiento involuntario como formas de explotación;
7 Siguiendo a Bales (2003) la diferencia principal entre formas tradicionales y contemporáneas de
esclavitud es que: hoy la industria es más lucrativa, no se distingue por origen étnico, las personas tienen un rol más active en caer en la esclavitud desde que suelen ser atrapadas mediante engaño; por otra parte la globalización ha generado un rápido crecimiento de la industria de la esclavitud por la erosión del control por parte de los Estados Nación y la integración funcional de la actividad económica.
8 Bravo señala que existen 27 millones de personas bajo condición de esclavitud en el mundo, entre
4 millones a 800 mil son víctimas de tráfico de personas entre países; más aún, esta es una industria de entre 5 y 7 billones de dólares al año (2007, 209). Se estima que hay por lo menos 17.4 millones de niños y niñas trabajando en Latinoamérica y el Caribe, 50% de los cuales están en áreas rurales; en particular en Argentina, se estima que hay 252 mil niños y niñas trabajando entre las edades de 10 y 14 años (ILO-‐International Labour Organization 2002).
9 Más aún, ese mismo año un juez federal argentino desestimó una acusación contra tres directores
de compañías por tener a trabajadores de origen boliviano en condiciones de esclavitud en sus fábricas textiles. El argumento fue que no había explotación porque esas condiciones de trabajo eran parte del patrón cultural de la comunidad boliviana heredados de las poblaciones indígenas, por lo tanto no se podía culpar a las compañías. El caso atrajo la atención política y el tema del trabajo esclavo comenzó a escalar posiciones en la agenda pública. El debate comenzó a ser más frecuente desde luego de la persecución de casos sospechados de esclavitud, tales como: Frutihortícola S.A en Buenos Aires, Nidera S.A en Buenos Aires, Citrusvil en Tucumán, Vitnik en Córdoba.
10 María de los Ángeles Verón, conocida como ‘Marita,’ desapareció el 3 de Abril de 2002. La
b) el diseño de un andamiaje institucional para el tratamiento de las víctimas de trata; c) la especificación que el consentimiento expreso de la víctima no elude la responsabilidad criminal. Estas reformas no consideraron la situación de las personas trabajadoras sexuales autónomas, que no están incluidas en el definición de explotación pero se las relega a la clandestinidad.
Tanto este marco jurídico nacional y el marco provincial en Córdoba, generaron un impulso en la lucha por el reconocimiento del trabajo sexual y sus derechos laborales desde un proyecto participativo y de base. Repasemos entonces el diseño jurídico en de la Provincia de Córdoba.
El sistema federal de gobierno en el país habilita a las provincias a tener sus propios Códigos de Faltas.11 En relación al trabajo sexual, el Código de Faltas de la Provincia de Córdoba sigue una lógica santiarista enlazada con políticas de seguridad urbana desde los noventa. La falta se llama ‘prostitución molesta o escandalosa,’ (art 45, ley nº 9.444), implica un tratamiento médico compulsivo y el encierro de personas trabajadoras sexuales por hasta veinte días. En 2012, Córdoba incluyó una lógica abolicionista en su política prohibiendo wiskerías y burdeles (art. 46 bis, incorporado por ley nº 10.060).
La organización de trabajadoras sexuales AMMAR-‐Cba ha denunciado los efectos negativos que esta lógica abolicionista ha generado en la cotidianeidad de las personas que autónomamente ejercen el trabajo sexual. Denuncian públicamente que la represión ha aumentado, que la policía eleva sus números de ‘víctimas rescatadas’ con quienes ejercen la actividad de manera autónoma, que el aumento de la clandestinidad a implicado un aumento en la explotación, la corrupción y los abusos policiales sobre personas trabajadoras sexuales más vulnerables, mientras que quienes se encuentran a cargo de las principales redes criminales de explotación se mantienen impunes.
La organización de trabajadoras sexuales y su lucha en contexto
11 Estos ámbitos jurídicos se conforman, siguiendo a Zaffaroni, como sistemas penales paralelos.
Ammar-‐ Córdoba es una organización de mujeres trabajadoras sexuales que nace en el año 2000.12 El proceso de construcción de la organización estuvo sembrado de obstáculos.13 A través de los años, han llevado una lucha persistente por redefinir su posición en la sociedad a través de dos áreas principales: educación (llevan adelante cursos de alfabetización, una escuela primaria reconocida oficialmente, un jardín de infantes, guardería, cursos de teatro, biblioteca, talleres de capacitación en computación, peluquería, corte y confección, todos los cuales están abiertos a la comunidad); y prevención en salud (que incluye campañas de prevención del VIH, un acuerdo con hospitales públicos para garantizar atención médica a quienes ejercen el trabajo sexual, análisis de ETS a través de una organización voluntaria de profesionales de la salud, y entregan más de 10.000 condones por mes a las personas trabajadoras sexuales).
Con el objetivo de redefinir su posición en el derecho, la organización de trabajadoras sexuales ha tenido numerosas reuniones con áreas gubernamentales y con el jefe de la policía, han organizado marchas, han obtenido el apoyo del Sindicato CTA, han acudido a los medios y otras estrategias para visibilizar su situación; han usado estrategias jurídicas como pedidos de habeas data, han instando la modificación del Código de Faltas en la legislatura provincial. Han reclamado por legalidad frente a los abusos que acarrea la clandestinidad.
12 Ammar-‐ Córdoba comenzó en el año 2000. La policía juvenil había contactado a una tradicional
congregación de monjas, llamadas ‘Adoratrices’, para pedirles que les ayudaran a reunir un grupo significativo de trabajadoras sexuales a quienes querían preguntarles por la situación de la prostitución juvenil en la ciudad.
En aquel momento las monjas estaban en contacto con trabajadoras sexuales porque les ofrecían talleres de corte y confección y de peluquería y las visitaban cuando eran detenidas. Cerca de cuarenta trabajadoras sexuales fueron a esa reunión. La policía juvenil comenzó a preguntarles por la prostitución juvenil pero las trabajadoras sexuales usaron la oportunidad para protestar contra las detenciones constantes, la violencia, la humillación y los abusos por parte de la policía. Los reclamos fueron tan persistentes que la reunión no pudo cumplir su objetivo original. En aquel momento, dos trabajadoras sexuales representantes de AMMAR Buenos Aires concurrieron a la reunión y les comentaron de su proceso de organización y de los acuerdos que habían logrado; se convirtieron en ‘facilitadoras de conocimiento’ (knowledge brokers) y promovieron los primeros contactos para construir la organización en Córdoba.
