0.
Justificación
1.
Marco
histórico:
Historia
de
la
Transición a la democracia
1.1
La
consolidación
de
la
democracia.
El
triunfo
electoral
del
PSOE
en
octubre
de
1982
1.2
Situación
económica
y
social
del
país
1.3
Evolución
histórica
de
las
políticas
sociales
de
los
gobiernos
de
Felipe
González
2.
La
situación
de
las
organizaciones
sindicales
2.1
Las
relaciones
laborales
2.2
La
política
económica
y
laboral
3.
La
conflictividad
laboral
durante
los
gobiernos socialistas
0.
Justificación
La conflictividad laboral se desencadena cuando se deterioran las condiciones de trabajo en el seno de las empresas, ésta se mide por el nº de huelgas y de cierres patronales experimentados por un país a lo largo del año.
Los conflictos laborales son de naturaleza distinta en función de las condiciones laborales que se hayan deteriorado. Un conflicto laboral es pues, la disputa de derecho o de interés que se suscita entre empleadores y empleados.
La solución de los conflictos laborales se lleva a cabo después de negociaciones entre los representantes sindicales de los trabajadores y los representantes de los empleadores y si no hay acuerdo intervienen los órganos de mediación adecuados. En los casos más enconados de conflictividad laboral los trabajadores pueden optar por declararse en huelga y los patronos por aplicar el llamado cierre patronal.
La temática objeto de este trabajo, es consecuencia del análisis de la conflictividad laboral en un entorno en pleno cambio como fue la transición a la democracia.
La estructura del estudio se conforma de la siguiente manera: En primer lugar, se procede a enmarcar históricamente el cambio político desencadenante.
En un segundo apartado se habla de la situación de las organizaciones sindicales, como se desarrollaban las relaciones laborales y cuál era la política económica y laboral.
En un tercer apartado se analiza la conflictividad laboral durante los gobiernos socialistas destacando situaciones tan definitorias como la reconversión industrial, los pactos laborales, y las huelgas.
Las competencias específicas establecidas en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos que están vinculadas con el proyecto fin de grado que se presenta son las siguientes:
COMPETENCIAS GENÉRICAS
INSTRUMENTALES
CG.1. Capacidad de análisis y síntesis
CG.2. Capacidad de organización y planificación
PERSONALES
CG.14. Razonamiento crítico
CG.15. Compromiso ético
SISTÉMICAS
CG.16. Aprendizaje autónomo
CG. 17. Creatividad
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE)
DISCIPLINARES (SABER)
CE. 1. Marco normativo regulador de las relaciones laborales
CE. 7. Historia de las relaciones laborales
CE. 9. Teoría y sistemas de relaciones laborales
CE. 11. Políticas sociolaborales
PROFESIONALES (SABER HACER)
CE. 13. Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas
CE. 14. Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación.
CE. 15. Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral
CE. 17. Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de métodos y estudios de tiempos de trabajo
ACADÉMICAS
CE. 32. Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales
CE. 33. Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales
CE. 34. Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional.
CE. 36. Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales
1.
Marco
histórico:
Historia
de
la
Transición
a
la
democracia
1.1
La
consolidación
de
la
democracia.
El
triunfo
electoral
del
PSOE
en
octubre
de
1982
A finales de 1982, las tareas propias de la transición a la democracia habían concluido, y se habían despejado las primeras incertidumbres sobre el régimen político. Dicha situación coincidió en el tiempo con la arrolladora victoria electoral del PSOE, que se presentaba ante la ciudadanía con un talante reformista, continuador de la labor realizada en los últimos años, y con un liderazgo indiscutible, que suscitaba apoyos muy por encima de los del propio partido.
El gobierno del PSOE representaba una nueva generación política que no había practicado la política en instituciones autoritarias, una parte de la cual había militado en la oposición democrática.
La victoria socialista abría una nueva etapa en la que los retos principales se centraban en consolidar y desarrollar la democracia, Felipe González se marcó como objetivos de su gobierno modernizar el capital físico, el capital humano, fortalecer la democracia, hacer frente a la crisis económica y llevar a cabo la definitiva desaparición de la barrera del aislamiento de la política internacional.
Vamos a analizar y a describir la actuación de los diversos gobiernos socialistas, y a comprobar cómo hubo sustanciales avances materiales en España, así como una definitiva consolidación de la democracia. En esos años se produjo en suma una intensa modernización.
Pero este cuadro no estaría completo si no incluyéramos un análisis de tipo cualitativo, que también responde al desarrollo de la propia calidad de la democracia, donde se asistió a la proliferación de abusos desde el poder, la corrupción o la guerra sucia. Todo ellos completa una realidad compleja y apasionante de aquellos años, en la que se muestran actuaciones que fueron decisivas para España y los españoles.
Mientras que para unos significaba el final del monopolio de la derecha en el poder, incapaces de analizar la inmensa labor realizada por Suárez y la UCD, para otros, el recuerdo de la república les provocaba una mezcla de mucha alegría y de mucho miedo, e incluso estaban los que pensaban que los “rojos” habían llegado de nuevo. Por ello, hubo, como recuerda Felipe González, una alegría contenida, ya que la mayoría de la población que apoyaba el cambio, o los que sin estar identificados con el mismo lo veían como un hecho normal en el sistema democrático eran conscientes de que se abría una etapa histórica.
El Gobierno contó con una amplia bolsa de confianza, lo que le permitió realizar políticas traumáticas, pero necesarias, y avanzar en los objetivos propuestos. Los ciudadanos consideraban que en sus gobernantes primaban los comportamientos éticos; y si bien es cierto que así fue en buena parte de los mismos, también es verdad que cuando tuvieron que enfrentarse a los hedores que mostraban comportamientos podridos, no reaccionaron, o se situaron a la defensiva, extendiéndose la sospecha de que todos eran iguales.
De hecho, la mayor preocupación para los socialistas no fue acabar con lo evidente, sino ver cómo se podían esfumar los éxitos logrados durante su gestión, quedando ésta marcada por la corrupción.
Lo sucedido fue demasiado grave, por lo que había motivos fundados para que dicha preocupación estuviera en la cabeza de los dirigentes socialistas, que desde comienzo de la década de 1990 se cegaron perdiendo la sensibilidad política que les había permitido unos años antes ilusionar al pueblo español.
A la hora de analizar los años del gobierno socialista, es preciso tener en cuenta la situación del PSOE y su dinámica interna. Es conocida la forma en que el tándem Felipe González y Alfonso Guerra se hizo con la dirección del Partido Socialista y cómo a lo largo de la transición, al menos hasta 1979, consiguió con un lenguaje radical y una práctica política reformista que el PSOE, se convirtiera en la fuerza hegemónica de la izquierda española y en una alternativa de gobierno creíble.
Durante los años de la transición, el PSOE, que tenía la fama internacional de hallarse en la extrema izquierda de la Internacional Socialista, pasó por un cambio dramático que lo llevó muy a la derecha de la Internacional.
En el trascurso de esos años, dos cuestiones condicionaron el futuro del partido. En primer lugar, el creciente peso del liderazgo de Felipe González, que se concretó en el Congreso Extraordinario de septiembre de 1979 y, en segundo lugar, en el debilitamiento de los tradicionales controles democráticos internos, para pasar a una férrea dirección central del mismo.
No deja de sorprender que importantes dirigentes del partido, no duden en afirmar que Guerra tenía una concepción leninista del partido, o que el propio Javier Solana reconozca que el partido abandonó a una parte importante de la sociedad.
La victoria del PSOE en las elecciones de octubre de 1982, se produjo en un ambiente de apoyo a la democracia, con ilusión, pero sin desbordamiento, que la misma no impedía que los españoles estuviesen preocupados por la crisis económica o las amenazas golpistas.
De hecho, aunque aún se sabía poco de ello, para el día antes de las elecciones se habían preparado un total de 114 comandos de obediencia ciega, compuestos por civiles y militares para llevar a cabo un golpe de Estado en el que la violencia era considerada como un factor esencial para el éxito de la operación.
El traspaso de poderes se hizo con toda normalidad, declarando Felipe González que siempre había sido moderado y un reformista, presentando el 30 de noviembre al Congreso de los Diputados su programa de gobierno, apoyado por PCE, EE, y el CDS, mientras que los nacionalistas se abstuvieron y votaron en contra AP‐PDP y UCD.
En el discurso de investidura quedaron muy claros los objetivos del presidente del Gobierno, durante los que resultaron ser algo más de trece años:
- El cambio solo se podía llevar a cabo con una mayoría fuerte, con un gobierno sólido. - Se iba a basar en tres principios básicos: la paz social, la unidad nacional y el progreso. - Su objetivo era la lucha contra la crisis económica y el paro, avanzar hacia un sociedad
más libre y más igualitaria, la reforma de la administración del Estado y proyectar hacia el exterior digna y eficazmente la realidad de España
Durante la primera legislatura hubo un serio deterioro de la seguridad ciudadana, mientras que en la segunda legislatura la conflictividad social fue elevada. Se luchó contra la crisis económica y contra el paro, se consolidó el Estado del Bienestar, mejoró la posición de España en el ámbito internacional, y desarticuló con firmeza, cualquier intento involucionista.
1.2
Situación
económica
y
social
del
país
En el caso de España, la crisis no se dejó sentir hasta 1974, representando el fin de una larga etapa de prosperidad y el comienzo de un periodo marcado por el estancamiento y la inflación.
La década de 1960 había significado para una parte de la población una legitimación de ejercicio de la dictadura, debido a la prosperidad económica y a la transformación social habida.
A los últimos gobiernos de la dictadura tener que tomar medidas de austeridad en un momento de incertidumbres políticas les suponía un elevado coste, por lo que optaron por retrasar las decisiones que podían tener un rechazo de la población. Buena parte de ello fueron las políticas compensatorias puestas en marcha a partir de 1974, que trataban de compensar el alza del precio de la energía mediante subvenciones y desgravaciones tributarias.
En una línea similar hay que citar la política permisiva o acomodante de 1976 y la primera mitad del año siguiente, por la que se negaba el carácter activo de la política monetaria y fiscal. Los efectos de esta pasividad fueron graves, ya que los desequilibrios de la economía se acentuaron peligrosamente superando con creces el límite de lo tolerable, y la acumulación de la deuda externa para financiar el desequilibrio exterior fue colocando a la economía en una posición cada vez más comprometida y difícil.
Dicha situación solo pudo ser superada por la toma de consciencia de los actores políticos y sociales de la gravedad del momento, lo que llevó a la necesidad de llegar a acuerdos como eje central de la actuación partidista. Se puede decir, por tanto, que fue la crisis económica la que puso en marcha la política de consenso (Acuerdos de la Moncloa), que se extendió, posteriormente al texto constitucional.
Entre 1974 y 1981 se produjeron una sucesión de recesiones y expansiones de duración relativamente corta (veasé cuadro adjunto).
La economía española entró en recesión en tres ocasiones durante esos siete años, y los dos periodos de expansión que tuvo fueron relativamente breves y escasamente intensos.
Los factores que ocasionaron ésta inestabilidad, y que explican la escasa capacidad de recuperación de la economía española fueron la virulencia de los shocks de oferta en una economía con significativas rigideces y la tardía e inadecuada reacción de las autoridades políticas.
Desde el último trimestre de 1981 hasta el primero de 1992, la economía creció de forma continuada. En ésta etapa, hasta finales de 1984, las tasas intertrimestrales de crecimiento registraron una media inferior al 0,4 %; en cambio, desde comienzos de 1986 hasta el primer trimestre de 1990, el crecimiento medio fue del 1,2%. Poco después entró en una corta pero aguda recesión, para comenzar de nuevo a recuperarse la economía con el último gobierno socialista.
Existen causas anteriores a dichos acontecimientos que ponen de manifiesto el final de un ciclo de prosperidad, que había tenido su punto de partida tras el fin de la segunda Guerra Mundial.
Dos de las causas más significativas serían las turbulencias monetarias y financieras derivadas de los espectaculares déficits de la balanza de pagos de los Estados Unidos, que impulsaron el incremento de la inflación a comienzos de la década de 1960, y el aumento de la demanda de materias primas que originó el alza de los precios de las mismas.
En conclusión, el desorden monetario internacional, junto al alza de las materias primas y del precio de la energía dieron lugar a una fuerte contracción del sistema industrial, a una crisis del sistema financiero, unido al colapso bancario en los países desarrollados, a una conflictiva reconversión y al endeudamiento del Tercer Mundo.
Éste era el escenario económico que iba a condicionar la puesta en marcha de los procesos de democratización iniciados en Portugal, y que en el caso español iba a tener sus propias pecualiaridades.
El fin de la prosperidad económica y el inicio de la crisis mundial pusieron de manifiesto la fuerte dependencia exterior de la economía española, y además se nos presentó con toda crudeza en un momento en el que el régimen político se encontraba en situación agónica y, por tanto, con escasa capacidad de respuesta.
Los mayores desajustes de la economía española se dieron en los años 1977, 1980, 1981 y 1982; en cambio, los mayores ajustes se producen en 1975, y en menor medida, en 1976 y 1979. Entre 1975 y 1982 el índice de ajuste aumentó en España 14,9 puntos, mientras que en la OCDE lo hizo 0,4 puntos. Lo momentos peores corresponden a 1977 y a 1981‐1982, por lo que se pone de manifiesto la tardía reacción de España ante la crisis.
Entre 1975‐1982, el crecimiento del PIB en España fue menos que en el conjunto de la OCDE. Mientras que para esta última la media anual en el periodo fue de un 2,7%, en España supuso el 2,5%.
La inflación de España fue reduciendo a partir de 1978 hasta 1982, no alcanzando el nivel de competitividad relativa que tenía en 1973.
Entre 1973 y 1984, la tasa de paro de la OCDE aumentó en 5,1 puntos y sus salarios reales en 14,1 puntos, mientras que en España el crecimiento de la tasa de paro fue de 16,8 puntos, y el de los salarios reales de 32,5 puntos.
No hay duda que ésta situación tiene una explicación política que tuvo unos efectos nocivos en el conjunto de la economía y en el empleo.
Cuando se inició la gestión socialista, la inflación se encontraba en los 14,4 puntos (1982); cuando Boyer dimitió era del 8.8. La reducción de la inflación dependía en buena medida del desarrollo de las negociaciones salariales. En 1983 se firmó un acuerdo salarial entre empresarios y sindicatos (Acuerdo Interconfederal – AI), sin la participación del Gobierno, en el que se acordó aumentar los salarios nominales al compás de la inflación prevista.
Sus gobiernos llevaron a cabo una conflictiva reconversión industrial, y la modernización y universalización tanto del sistema educativo español, como del sistema sanitario y de seguridad social, así como una ampliación y modernización de las infraestructuras, financiada mediante un controvertido aumento de la deuda públicay los Fondos de Desarrollo de la
Unión Europea para el período de 1994‐1999 con los que la Unión Europea pretende fortalecer la economía de los países más pobres (España, Irlanda, Grecia y Portugal).
España percibió mediante este hecho más de la mitad de estos fondos, además será el país de la UE que más dinero reciba del Fondo de Cohesióny, tras Francia, de la PAC.
Para 1985, la patronal, UGT y el Gobierno firmaron un nuevo acuerdo social (Acuerdo Económico y Social – AES‐), que contribuyó a incrementar el descenso de la inflación. A ello hay que sumar que en el verano de ese año España entró en un ciclo económico expansivo que, tras alcanzar un techo a finales de 1988 con un crecimiento anual del PIB DEL 5,5% en términos reales, duraría hasta principios de 1992.
Ésta tendencia al descenso de la inflación continuó durante los dos primeros años del ministerio de Carlos Solchaga de forma muy clara. La integración europea reforzó una política económica orientada a mejorar la competitividad mediante el logro de una baja tasa de inflación.
Para continuar esta estrategia, el Gobierno decidió solicitar la incorporación al Sistema Monetario Internacional (SME), en junio de 1989, y con ello reforzar su objetivo de conseguir la estabilidad de precios.
Con la aprobación de los 17 estatutos de autonomía se cerraba el mapa autonómico y se extendía a todo el territorio español dicha forma de organización.
El ingreso de España en las Comunidades Europeas a partir del 1 de enero de 1986 tuvo una importante repercusión en las CCAA ya que, por una parte, se asistía a una pérdida importante de competencias que se transferían a Europa, pero también, por otra parte, la aplicación de políticas comunitarias a ámbitos transferidos a las CCAA iban a originar conflictos, al ser el único interlocutor válido en Bruselas el Estado español.
En el momento en el que llegaron los socialistas al gobierno, la situación exterior de España era complicada, debido al frenazo de las negociaciones de adhesión a las Comunidades Europeas y al conflicto político originado por la entrada de España en la OTAN, con la oposición del PSOE, lo que implicaba dudas sobre el modelo de participación en el sistema defensivo y de seguridad occidental.
A ello habría que añadir las tensas relaciones con Francia, las complicadas relaciones con los Estados Unidos y la falta de definición de nuestra política exterior hacia Iberoamérica.
Los estudiosos de la realidad económica de España coinciden en la renovación e impulso de nuestra economía y en los beneficios obtenidos por la adhesión a las Comunidades Europeas. España pasó a tener un mayor peso internacional, desechando experiencias e innovaciones condenadas al fracaso. Hubo muchas dosis de ortodoxia y de abandono de planteamientos partidistas, muy útiles para conseguir una economía saneada y potente.
La democracia recién conquistada debía basarse en una economía competitiva y abierta, para asegurar que el cambio político fuese perdurable y no un paréntesis en nuestra historia.
Inflación y desempleo fueron los mayores enemigos de la transición económica. Con el tiempo su sumó el déficit público. Cada uno de dichos problemas tuvo su tratamiento, aunque con resultados desiguales.
El déficit público se elevó por dos situaciones contradictorias. Por un lado, la necesidad de dotar de legitimidad social al proceso político emprendido: por otro, la loca carrera de la descentralización y de la ausencia de solidaridad planteada por algunas comunidades autónomas.
A esto último se le puso freno con los acuerdos políticos entre los grandes partidos (UCD‐ PSOE‐PP).
A lo primero se le fue dotando de racionalidad y permanencia, obteniendo unos resultados finales que dieron como resultado el mayor nivel de bienestar social conocido en nuestra historia.
La sociedad fue una protagonista activa del proceso de transición y cambio político. Se supo movilizar cuando fue necesario, favoreciendo la democratización y haciendo frente a los enemigos de la misma.
Como en escasos momentos de nuestra historia contemporánea, la sociedad fue un cuerpo vivo y activo.
Los cambios en la estructura social fueron limitados, pero en lo que respecta a los actores sociales, los cambios fueron radicales y beneficiosos. Empresarios y sindicatos supieron reorganizarse y contribuir a la democratización, mientras las mujeres salían de su marginalidad impuesta adquiriendo un mayor protagonismo social y colaborando activamente en la realización de una sociedad más justa e igualitaria.
Se construyó el Estado del bienestar y con ello fuimos capaces, en una sociedad presidida por los principios de integración y no de conflicto, de dotarnos de los servicios necesarios para hacer frente a nuestra educación y la de nuestros hijos, a nuestra salud y a nuestro futuro tras abandonar la vida activa.
Pero la ruptura del sistema de concertación social, que había sido una pieza fundamental en la política inflacionista, dio lugar a un nuevo escenario, que puso en peligro lo hasta entonces conseguido.
El creciente distanciamiento de la UGT de la política del gobierno, manifestado públicamente en su rechazo a la modificación del sistema de pensiones de 1985, supuso que la central sindical socialista diese por finalizada la política de concertación, y junto a CCOO, que había realizado un análisis negativo de la concertación para los trabajadores, iniciasen una alianza que supondría el fin de la concertación salarial, poniendo en peligro la estrategia antinflacionista del Gobierno.
Mientras que los sindicatos iniciaban una etapa de presión, el Gobierno, convencido de su política, entendió que era el momento oportuno de distanciarse de UGT. Con ello se rompía el modelo de colaboración que había dado tan buenos resultados durante la transición y en los primeros años de gobierno socialista. Mientras UGT se reafirmaba en su autonomía, el Gobierno lo hacía en su independencia, no siendo conscientes ambos de que los éxitos anteriores habían sido fruto de la colaboración, y que la ruptura del modelo iba a tener no sólo un coste salarial, sino también político.
iniciado con los Acuerdos de la Moncloa, sino también el descontento de los propios electores socialistas con la política de su gobierno.
El nuevo ejecutivo salido de las urnas de 1989 se prestó a negociar con unos sindicatos reforzados, realizando importantes concesiones en materia social (incremento de pensiones mínimas y de pensiones de viudedad, establecimiento del sistema de pensiones no contributivas, cobertura por desempleo a los trabajadores temporales del campo). Todo ello en un marco donde la moderación salarial se había roto.
El resultado de dicho conflicto fue que el Gobierno, al no poder controlar la política de rentas, perdió el instrumento que le había posibilitado la reducción de la inflación, que comenzó de nuevo a subir. A ello hay que añadir el incremento de los desequilibrios presupuestarios para poder hacer frente a los gastos sociales. En suma, el Gobierno, presionado, cedió a lo que habían sido sus convicciones, por lo que la crisis estaba servida.
En segundo lugar, la tasa de paro se mantuvo al alza hasta 1983, año que comenzó a descender. El elevado número de parados estuvo relacionado con el proceso de reconversión industrial; pero también por el impulso habido en la oferta de trabajo y los cambios de los mercados laborales. A partir de 1986, el descenso fue continuado hasta 1992, debido a la gran cantidad de mano de obra que, en vista de las buenas perspectivas que ofrecía el mercado, decidió entrar en el mismo. Durante dichos años el crecimiento del empleo fue espectacular; cerca de cuatrocientos mil nuevos empleos al año, como media.
Los resultados se vieron acompañados de políticas activas en el mercado de trabajo, que favorecieron los contratos de formación y aprendizaje, llegando a suponer hasta un 20% de todas las contrataciones realizadas. También se procedió a mejorar las políticas activas dirigidas a la formación laboral.
1992 es el año de España, es el año de las grandes celebraciones: los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla.
Es el caso, por ejemplo, del tren de Alta Velocidad (AVE), que revolucionó el transporte ferroviario al unir a Madrid y Sevilla. En esta obra se invirtieron más de 400.000 millones de Pesetas.
A la cual se suma a las obras de mejora de las comunicaciones por carretera, que dan un vuelco espectacular en esos años con la construcción de autovías que en número creciente atraviesan buena parte de España.
En tercer lugar, se trató de contener el gasto público, logrando controlarlo y reducirlo en 1990, año en que de nuevo comienza a ascender de forma un tanto descontrolada, hasta el 7,5% del PIB en 1993. La causa hay que buscarla en el pago de la presión sindical y en las alegrías de 1992. A partir de ese momento se introdujo un mayor rigor presupuestario logrando un descenso, comenzando una recesión que afectó al especialmente al empleo, disparándose la tasa de desempleo hasta el 24,2% en 1994.
Se siguió una política económica liberal, combinada con numerosas reformas sociales. Entre sus decisiones más criticadas estuvo la expropiación de Rumasa, un inmenso holding industrial con el argumento de su posible implicación en acciones fraudulentas, de las que se consideran finalmente probadas diversas falsedades e impagos a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, fue uno de los hechos más polémicos habidos durante los primeros momentos del gobierno socialista siendo nacionalizado en febrero de 1983.
También fue muy contestado el "plan de empleo juvenil" ideado con el objetivo de que los jóvenes tuvieran un primer empleo y adquirieran experiencia y que originó los contratos "basura", llamados así por su baja remuneración y porque su extinción no daba derecho a prestaciones sociales.
Otras medidas muy controvertidas fueron la legalización de las empresas de trabajo temporal con el objetivo de crear empleo aunque este fuera precario y en peores condiciones; el recorte de las prestaciones por desempleo; y el primer "medicamentazo" cuyo objetivo fue ahorrar fondos públicos eliminando la subvención que recibe la prescripción de ciertos medicamentos por parte de la seguridad social.
Ocurrió asimismo un proceso de liberalización en la moral y las costumbres, en claro contraste con la dura represión de la dictadura franquista. Llevó a cabo una importante tarea de modernización y acercamiento del ejército a la sociedad, acabando con el fantasma permanente de un nuevo golpe de Estado.
Cabe destacar en lo relativo a la Política Exterior que se defendió la apertura del país al exterior y las relaciones con Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Apoyándose la permanencia de España en la OTAN convocando un referéndum en 1985, a pesar de haberse opuesto a su entrada durante el gobierno de su antecesor Leopoldo Calvo Sotelo, también se apoyó, con el envío de tropas (incluyendo a marineros de reemplazo), a las Fuerzas Aliadas en la primera Guerra del Golfo de 1991 y a través de los puertos y aeropuertos españoles participaron plenamente en la cadena logística de la preparación de la Guerra del Golfo de 1991, y parte de los B52que bombardearon Irakdespegaron a sus misiones desde España.
No abolió el servicio militar obligatorio, con el argumento de que un hipotético ejército profesional sería, en su opinión, un ejército de "mercenarios", una "guardia pretoriana" y que estaría compuesto mayoritariamente por personas procedentes de estratos sociales humildes.
Esta última afirmación se ha visto, en parte, confirmada posteriormente al haber sido necesaria la apertura del voluntariado a los emigrantes, económicamente necesitados, ante la falta de candidatos españoles.
No podemos dejar de un lado la influencia que tuvieron los casos de corrupción, tales como:
Terrorismo de Estado: GAL, agrupaciones armadas parapoliciales practicaron lo que se denominó terrorismo de Estado o "guerra sucia" contra el grupo terrorista ETA y su entorno, creados y dirigidos por altos funcionarios del Ministerio del Interior de España, estuvieron activos de 1983 a 1987 siendo responsables de 23 asesinatos, incluyendo a víctimas sin relación con el terrorismo.
Fondos Reservados, fue un escándalo político importante, pues se juzgó a siete ex altos cargos del Ministerio del Interior en la época del gobierno socialista de Felipe González por el uso irregular de los fondos reservados que entre los años 1987 y 1993, el Gobierno destinaba a la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico. Durante el juicio quedó probado que el dinero sustraído, unos 5 millones de euros, fue utilizado para uso privado, pago de sobresueldos y gratificaciones a funcionarios y altos cargos de Interior y, en algunos casos, en enriquecimiento personal.
Caso Roldán desvelado en noviembre de 1993, provocando la destitución de Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, y que estuvo al frente de la Benemérita durante el gobierno de Felipe González entre octubre de 1986 y diciembre de 1993. Luis Roldán aprovechó su cargo para enriquecerse ilícita y delictivamente mediante el cobro de comisiones de obras, de estafas a los constructores y mediante la malversación de los fondos reservados del Ministerio del Interior.
Francisco Paesa ex agente del Ministerio del Interior en la etapa del gobierno socialista de Felipe González, investigado por orden del tribunal por un presunto delito de encubrimiento al haberse acreditado que ayudó a Roldán a ocultar 10.818.218 euros en Suiza.
Caso Juan Guerra partir de ser nombrado Alfonso Guerra vicepresidente del Gobierno por Felipe González se le acusó de beneficiar a su familia directamente. Era un desempleado y fue contratado a finales de 1989 por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano. Sin embargo, el despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas.
Por ello Juan Guerra fue acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones. Fue absuelto por el Tribunal Supremo respecto del uso del despacho de la Delegación del Gobierno en Andalucía. El escándalo Juan Guerra provocó la dimisión del vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra.
El 1 de diciembre de 2000 el Gobierno de José María Aznar les concedió el indulto parcial, de tal forma que se redujeron a la mitad sus condenas. Este indulto se extendía a un total de 1.443 condenados y era el de mayor peso político concedido por un Gobierno desde la Transición.
Durante su última etapa de gobierno se sucedieron los escándalos de corrupción (casos de Mario Condeen Banesto, Flick, SEAT, Intelhorceentre otros). Además, salió a la luz pública el terrorismo de estado(GAL), en que se vieron involucrados miembros de su gobierno.
La crisis económica y el hartazgo de la población con estos casos de corrupción llevaron a la derrota electoral del PSOE de Felipe González en 1996.
Al final de su mandato las condiciones de la economía española eran objetivamente malas: 3,5 millones de parados, 5,5% de déficit público y una deuda de 60 billones de pesetas (360.000 millones de euros).A partir de1994el país ya iniciaba una recuperación económica, pasándose de una recesión del 1,1% del PIB en1993a un crecimiento económico del 2%. Del mismo modo, el nivel de inflación, que cerró1993en el 4,9%, pasó entre1994y1996al 3,5%.
Por su parte, el paro, que en el primer trimestre de1994alcanzaba la tasa del 21,92%, pasó a situarse, en el último trimestre completo de la presidencia de González, el primero de1996, en el 20,04%.
1.3
Evolución
histórica
de
las
políticas
sociales
de
los
gobiernos
de
Felipe
González
Si durante el gobierno de la UCD se creó el Estado del Bienestar en España, gracias al consenso obtenido en los Acuerdos de la Moncloa, va a ser durante la época socialista cuando se consolide.
Como veremos más adelante, durante los años de la transición se hizo un importante esfuerzo en el incremento del gasto social. En los años de 1980 y el primer lustro de 1990, aunque se desaceleró su ritmo de crecimiento, dicho gasto se consolidó; así, si en 1980 el 21,8% del gasto público, se dedicaba a gasto social, en 1995 había subido seis puntos (27,8%). Esta importante partida económica sirvió para mejorar el bienestar de los ciudadanos.
En el campo de la salud se llegó a un modelo universalista de sanidad pública como mandaba la Constitución. En 1984, se estableció la obligatoriedad de incluir a ciertos regímenes especiales que hasta entonces gozaban de la posibilidad discrecional de hacerlo, entre los cuales el más importante era el de autónomos.
Y en los años sucesivos se asiste a un goteo de resoluciones que extienden la protección sanitaria de la Seguridad Social a los mutilados y ex combatientes de la zona republicana (1982), al cónyuge y descendientes en las uniones de hecho (1984), a los minusválidos sin derecho a pensión (1987), a los descendientes y los hermanos del titular con más de 26 años (1987), a las personas sin recursos económicos (1989) y a los beneficiarios de pensiones no contributivas (1991). La tasa de cobertura pasó así al 84% de 1981, al 99,7% en 1991.
Se configuró un nuevo modelo de atención primaria y hospitalaria más eficaz y próximo a los ciudadanos. En 1986, se aprobó la Ley General de Sanidad, que constituye la piedra angular de la reforma y el paso de un sistema sanitario de tipo profesional a un sistema de carácter universal. No obstante, el desarrollo normativo de la universalización tuvo que esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales de 1989, que establecían en ese año el plazo máximo para la extensión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las personas sin recursos económicos suficientes. La reforma acentuaba así su carácter asistencial, anteriormente cubierto, en su mayor parte por los servicios de beneficencia de las diversas administraciones.
Por otro lado, hubo un claro enfrentamiento con los sindicatos médicos de carácter corporativo, y en especial con la poderosa Organización Médica Colegial.
Pero no sólo los enfrentamientos afectaron a las organizaciones corporativas, sino que también CCOO y UGT, junto con la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, se enfrentaron al Ministerio por la ley de incompatibilidades y la reforma hospitalaria. A ello hay que añadir el inicio de las huelgas de médicos desde marzo de 1987, que continuaron en los meses siguientes.
El factor demográfico fue el que tuvo un mayor peso, pues la proporción de población mayor de setenta y cinco años aumentó. Además, el número de personas que cumplían los requisitos para acceder a una pensión contributiva también se incrementó, y la reforma de la Seguridad Social en 1985 supuso la integración de numerosas entidades de previsión que antes se encontraban al margen de la misma.
La Ley de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la Acción Protectora de la Seguridad Social de 1985 elevó de diez a quince años el tiempo mínimo de cotización exigido para acceder a una pensión de jubilación. Los efectos de dicha ley, fueron, sobre todo, una reducción del importe de las pensiones, pues se amplió de dos a ocho años la base de cálculo de la cuantía inicial de la pensión.
El sistema de revalorización de las pensiones y la política de mínimos aplicada a lo largo de la década de 1980 siguieron con la tónica redistributiva de los años anteriores, favoreciendo las pensiones más bajas.
Esta reforma del sistema de pensiones, que tenía por objeto sanear un sistema ruinoso por medio de recortes en la cuantía inicial de las pensiones que percibirán los futuros pensionistas, y aumentar la recaudación, exigiendo un periodo más largo de cotización, fue rechazada por los sindicatos que realizaron movilizaciones contra la misma y convocaron una huelga general, excepto UGT, para tratar de paralizarla.
Pese a ello, el Gobierno la impulsó, contra la voluntad de los agentes sociales, lo que constituyó un claro incumplimiento de lo firmado por el propio Gobierno en el Acuerdo Económico y Social
finales de la década de 1970, el gasto dedicado al desempleo se desbordó, por lo que el Gobierno tuvo que modificar su política, haciéndola más restrictiva.
Ésta fue la misión de la Ley Básica de Empleo de 1980, que reforzó la proporción entre el tiempo de percepción de las prestaciones y el de cotización, con un mínimo de seis meses de ocupación cotizada y un máximo de duración de dieciocho meses para treinta y seis cotizados, estableciendo, así mismo, porcentajes decrecientes de protección conforme aumentase el tiempo de disfrute.
En 1984, la Ley de Protección por Desempleo estableció con claridad la distinción entre dos niveles de protección, contributivo y asistencial. En el nivel contributivo, se redujo el tope máximo de las prestaciones desde el 220% del salario mínimo interprofesional (SMI) al 70%, se fijó una cuantía mínima equivalente al SMI para toda clase de preceptores, se amplió el periodo máximo de prestación hasta veinticuatro meses, y se reguló la cuantía de las prestaciones por desempleo parcial en proporción a la reducción de la jornada correspondiente.
En el nivel asistencial, se mantuvo el subsidio de desempleo en el 75% de SMI, pero se amplió el periodo de percepción que, como regla general, se fijó en un tope de dieciocho meses, prorrogable para los trabajadores mayores de 55 años hasta su jubilación; y, por último, se extendió la asistencia sanitaria con carácter indefinido, aun cuando se hubiesen agotado todos los plazos que daban derecho a las prestaciones económicas.
El resultado de la nueva ley fue la elevación de la tasa de cobertura y un incremento del número de beneficiarios de carácter asistencial. En 1982, la tasa de cobertura era del 31,7%, y en 1990 alcanzó al 53,5%. Ello implicó un importante aumento del gasto.
También en 1984, se puso en marcha un plan de protección del desempleo para los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura.
En estas comunidades, el antiguo sistema de Empleo Comunitario fue sustituido por un sistema mixto contributivo‐asistencial de protección, un Plan de Empleo Rural (PER) y un Plan de Formación Ocupacional Rural. El subsidio agrario se aplicaba en aquellos lugares donde el paro estacional de los trabajadores eventuales era superior a la media nacional y donde el número de estos trabajadores fuese proporcionalmente superior al de otras zonas agrarias.
El número de jornaleros que recibían el subsidio agrario en Andalucía se situaba en torno a 150.000 desde su implantación, y a unos 40.000 en Extremadura. Llama la atención el creciente peso de la mujer entre los beneficiarios, que en el caso de Andalucía llegó a constituir la mayoría. Ello fue debido a que así, al incorporarse la mujer a la actividad, las familias recibían dos pensiones, la del marido y la mujer, a la hora de la jubilación.
La aparición del PER fue consecuencia del fracaso de la Ley de Reforma Agraria, que puso en marcha la Junta de Andalucía en 1983. Dicha ley apenas tuvo incidencia real y como puso de manifiesto en 1992 el consejero de Agricultura de la Junta, Leocadio Marín, había que abandonar cualquier intento de reforma agraria, bastando con algunas intervenciones puntuales, con base en la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables de la UCD.
El PER vino a sustituir la reforma prometida y no cumplida; según varios autores, funcionaba como un sistema de pura compra de votos en las zonas rurales.
Desde 1987, los trabajadores de las denominadas Zonas Rurales Deprimidas (Castilla y León, Castilla‐La Mancha, Comunidad Valenciana, y Murcia) vinieron disfrutando de unos Convenios INEM‐Corporaciones Locales que generaban trabajo para unos 6.500 jornaleros durante tres meses al año.
Esta medida trataba de compensar el presunto agravio que sufrían los jornaleros de estas comunidades frente a Andalucía y a Extremadura.
Desde 1982, el incremento del gasto público en educación fue superior al de cualquier otro gasto social. Pese a que la población escolar se redujo, el mayor gasto se debió al aumento de las prestaciones reales medias. La presencia del Estado (enseñanza pública) se hizo mayoritaria en todos los niveles, siendo especialmente importante el cambio producido en las enseñanzas medias, pues a comienzos de la transición la mayor parte de los alumnos matriculados estaban en centros privados.
En el curso 1989‐1990, los alumnos matriculados en centros públicos eran mayoritarios en todos los niveles; preescolar (61,7%), EGB (65,2%), enseñanzas medias (70,1%) y universitarios (97,3%).
Pero pese al aumento del gasto, la caída de la población escolar no fue igual en todos los niveles de la enseñanza.
Así, mientras el descenso fue muy acusado en la enseñanza básica y media, mejorando notablemente la ratio profesor/alumno, en el nivel superior el empeoramiento fue continuo. La tasa de escolaridad creció en todos los tramos de edad, manteniéndose en el cien por cien entre los 6 y los 13 años y aumentando sustancialmente entre los 14 y los 16 años.
El desarrollo legislativo en el campo de la educación fue importante, sobre todo, por la inmensa actividad desplegada por José Mª Maravall y, luego, continuada por Javier Solana. En siete años (1983‐1990) se publicaron tres leyes básicas: la Ley de Reforma Universitaria (LRU), la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) y la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).
A ello se debe añadir el decreto de becas que las multiplicaban por siete, o el Decreto de Educación Compensatoria para entregar más recursos a las zonas más desfavorecidas. El esfuerzo realizado fue importante, aunque también es cierto que el Gobierno no obtuvo el consenso en un tema tan sensible, lo que perjudicó el desarrollo de lo legislado.
Las reformas encontraron la oposición de sectores afines a la Iglesia y de la propia Iglesia, pero había surgido la necesidad de desarrollar el artículo 27 de la Constitución, por lo que se puso en marcha la elaboración de la LODE. Las negociaciones fueron muy duras, las diferencias con las organizaciones católicas no se referían sólo a temas económicos, sino también a la selección de estudiantes; tras recurrir al Tribunal Constitucional, el cual falló a favor del Gobierno, entrando la ley en vigor el 3 de julio de 1985.
Desde finales de 1986, la política educativa del Gobierno va a sufrir una nueva fuente de oposición: los estudiantes. El 17 de diciembre de 1986, la mayor parte de los institutos de Bachillerato y algunos centros universitarios secundaron una huelga general contra la selectividad, por la reducción de las tasas y por el aumento de los presupuestos para la enseñanza pública. A partir de dicho momento las movilizaciones se sucedieron y vinieron acompañadas de actos violentos.
marzo de 1987 y continuaron durante el curso escolar. El Ministerio de Educación no fue capaz de paralizar las movilizaciones. A comienzos del mes de mayo, se llegó a un preacuerdo con el Ministerio, rechazado por el 77,3% del profesorado, asistiéndose a un desbordamiento sindical.
2.
La
situación
de
las
organizaciones
sindicales
2.1
Las
relaciones
laborales
La transición política tuvo repercusiones en materia jurídico‐laboral. Las medidas tomadas en tal sentido se caracterizaron por la provisionalidad y la inestabilidad, producto de una ausencia de coordinación normativa, que conllevó disfunciones en algunos temas clave como la negociación colectiva, la regulación del conflicto o los sindicatos.
A ello hay que sumar la ambigüedad, consecuencia de la incertidumbre política, que produjo inseguridad jurídica y la desconexión de la norma con la realidad social. Esta situación, propia de todo proceso de transición, se afrontó desde los diferentes gobiernos de manera contradictoria, produciendo resultados a medio plazo:
- la reducción de la protección del trabajador y la extensión de la flexibilización: implicó el debilitamiento del principio de estabilidad en el empleo, la limitación del crecimiento salarial y el fortalecimiento del poder empresarial. Supuso también la extensión del fenómeno de flexibilización y la reducción de la presencia estatal en el sistema de relaciones laborales, así como una merma en los derechos de los trabajadores. La concesión de una mayor autonomía tanto a los representantes de los trabajadores como de los empresarios implicó un creciente informalismo, aumentando el peso de los aspectos no regulados por la ley.
- Respecto a los agentes sociales se emprendió un camino que favoreció el poder de las organizaciones sindicales y empresariales, procediéndose a la autolimitación del poder del Estado. Los sindicatos fueron potenciados (apoyo institucional, ayudas económicas ….) con el objeto de ampliar su influencia en la sociedad, dada su baja afiliación, a cambio de que aceptasen un debilitamiento de la posición del trabajador en el mercado laboral.
Esta primera etapa se extendería hasta los años 1992‐1993, en donde ante la gravedad de la crisis económica y las altas tasas de desempleo, se introducen nuevas reformas laborales, que profundizarán aún más en estas políticas flexibilizadoras del mercado de trabajo.
Además esta nueva reforma contaba con dos antecedentes, que ya habían abierto el camino a la flexibilización y liberalización del mercado de trabajo:
a) La primera iría desde 1978 a 1981, tras la firma de los Pactos de la Moncloa, y se centra en una serie de propuestas limitadas. Para el caso de estudio analizado, hay que mencionar un
"Programa experimental de empleo juvenil". En esta primera etapa se produce la aprobación del Estatuto de los Trabajadores de 1980.
b) La segunda etapa se produce tras la firma de 1981 del Acuerdo Nacional de Empleo (ANE), en el que se plantea la creación de un conjunto de programas de fomento del empleo y reparto en prácticas, donde se introducían diferentes modalidades de contratación, como temporales a tiempo parcial o jubilación anticipada a los 64 años.
c) La tercera fase, se produce con la modificación del Estatuto de los Trabajadores con la Ley
32/1984 de 2 de agosto, donde se diversifican diferentes formas de contratación.
Los acuerdos principales de la reforma
La reforma del Estatuto de los Trabajadores es una cuestión que se extiende en el tiempo, y en cuyo seno se van a ir aprobando una serie de medidas, muchas de ellas encaminadas a la cuestión del empleo juvenil. A continuación se presentan las principales medidas:
o 1. Contratos de duración determinados de carácter estructural: tras la modificación del Estatuto de los Trabajadores, se introduce "como excepciones al principio general de la contratación indefinida", varias modalidades de contratación: contrato de fin de obra, contrato por circunstancias de producción, contrato de interinidad, contrato por lanzamiento de una nueva actividad (Real Decreto 2104/1984).
o 2. Contratos de inserción. Dirigidas especialmente a los jóvenes, y con la idea de combinar de alguna forma formación y trabajo, plantea dos modalidades de contratación: la primera mediante los contratos en prácticas, y la segunda a través del contrato para la formación (Real Decreto 1992/1984).
o 3. Contratos temporales para el fomento del empleo. Dirigidos a los trabajadores desempleados. Se establece un contrato cuya duración máxima sea 3 años y un mínimo de 6 meses, y donde se establecen una serie de limitaciones para evitar un encadenamiento de estos tipos de contratos (Real Decreto 1989/1984).
o 4. Por último se establecen otras modalidades de contratación. Se establecen seis tipos de contratos de fomento del empleo, aunque cuatro son los que nos interesan aquí:
a. Contrato a tiempo parcial (Ley 32/1984 de agosto y Real Decreto 1991/1984). b. Contrato de relevo (Ley 32/1984 de 2 de agosto y Real Decreto 1991/1984). c. Contrato de trabajadores mayores de 45 años (artículo 17.3 del Estatuto de
los Trabajadores y Real Decreto 799/1985).
d. Contrato por tiempo indefinido de trabajadores jóvenes desempleados menores de 26 años y otros colectivos (artículo 17.3. del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 799/1985).
La reforma del Estatuto de los Trabajadores perseguía tres objetivos principales:
1. Reducir incertidumbres empresariales y obstáculos a la contratación; 2. Crear un cuadro de figuras claras, estables y flexibles;
3. Favorecer el necesario ajuste de las fórmulas contractuales diseñadas a las características de los requerimientos del sistema productivo, es decir, de las empresas.
Además para esas fechas se era consciente que la promesa electoral de crear 800. 000
puestos de trabajo en la primera legislatura no se iba a cumplir. La solución fue tomar medidas
drásticas, que ponían en crisis manifiesta todo el modelo.
En segundo término, suponía dejar fuera de juego a los sindicatos, ya que la aprobación
de esta serie de medidas suponía fragmentar el mercado laboral, entre dos tipos de contratos
de trabajo, y de este modo elementos de presión y lucha, como la huelga general, quedaban
debilitados.
De hecho, a pesar de las reticencias de los sindicatos, especialmente con la oposición
de CC.OO. la reforma se llevó adelante, en un momento en el que como anteriormente se ha
señalado, el objetivo de la modernización económica se anteponía a cualquier otra prioridad de
mejora o de cualquier tipo.
Para expertos como Palacio Morena el caso español dentro del conjunto de la OCDE, fue un caso excepcional, debido a que al final para comprender la política de empleo, se había primado los abaratamientos directos de los costes laborales, reforzando la política de reducción de costes laborales instrumentada a través de la política de rentas y de
«flexibilización de la contratación».
La clave teórica del proceso era eliminar la "hipotética" rigidez en la regulación de la contratación para facilitar que la importante masa de población sin empleo tuviera la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, en un período en el que se esperaba aprovechar el tirón de la reactivación económica.
Veremos ahora como el proceso, además de no evitar un aumento del paro a niveles históricos nunca alcanzados, produjo una fracturación y precarización en el mercado laboral.
Durante la segunda mitad de los años 80 se registra un notable incremento de la contratación temporal en España, en paralelo a una progresiva segmentación del mercado de trabajo caracterizado por “la contratación temporal no causal que se ha intensificado en las décadas siguientes”.
En el periodo 1991‐1994, se produce la reforma de 1992, en un escenario de crisis económica, destrucción de ocupación y persistencia de elevada temporalidad del empleo. Esta reforma,
no evita la destrucción de empleo, pero si impulsa en la práctica contractos temporales estructurales. En 1994 se produce una nueva reforma laboral que fracasa en la negociación colectiva y se sigue constatando que la elevada temporalidad del empleo es funcional al modelo de crecimiento español
Además con la:
Reforma de 1988, se pretendía imponer un Plan de Empleo Juvenil que generalizaba los llamados “contratos basura”.
Real Decreto del 92: se rebajaba la duración y la cuantía del seguro de desempleo. Reforma laboral del 94: se legalizaron las ETT’s (Empresas de Trabajo Temporal), el
despido objetivo y los nuevos contratos basura.
Este período está presidido por una prolongada etapa de expansión económica, fuerte creación de empleo y consolidación de desequilibrios estructurales del patrón de crecimiento, non un notable protagonismo de la construcción. El empleo alcanza 20 millones de personas, produciéndose un aumento sustancial de la población activa, debido a la incorporación de mujeres e inmigrantes. La reforma de 1997, acordada con los agentes sociales, fomenta la estabilidad del empleo, con los límites propios del modelo productivo instalado en nuestro país.
Es en este contexto en el que se intensifican las reformas laborales, a la vez que viran hacia un mayor protagonismo de la temporalidad en la contratación y de la contratación a tiempo parcial, sin incidir en elementos clave de la economía española, muy lastrada por su históricamente escasa industrialización y su fuerte dependencia de las actividades en servicios derivadas del turismo.
Así, tras una primera reforma del Estatuto de los Trabajadores llevada a cabo con la Ley 4/1983, de 29 de junio, sobre jornada legal y vacaciones, por la que se reduce la jornada máxima legal de 43 horas semanales en jornadas partidas, o 42 horas semanales en jornadas continuadas a 40 horas semanales y se incrementa el período mínimo de vacaciones anuales de 23 días naturales a 30 días naturales, se aprueba la Ley 32/1984, de 2 de agosto.
Una modificación que sería profundizada en octubre de ese mismo año con la firma del Acuerdo Económico y Social (no suscrito por CCOO) con el objetivo formal de servir de incentivo para la creación de empleo.
La necesidad de la reforma se justifica en la propia Ley para favorecer el necesario ajuste de la demanda a las características de la oferta de trabajo, al tiempo que se persigue facilitar la inserción laboral de la población joven y la reinserción laboral de quienes hubieran perdido su empleo a puestos de trabajo que debían ser generados por el proceso productivo.
Un proceso productivo que comenzaba a verificarse en una economía progresivamente abierta e internacionalizada y que buscaba, por otro lado, una aproximación al contexto europeo
Se trata del punto de inflexión más profundo en nuestro sistema de relaciones laborales, por cuanto se abre la puerta a la contratación temporal descausalizada, al arbitrio del empleador, y se inicia así la senda hacia la dualización del mercado de trabajo en España, y a una intensa rotación en la contratación, a la vez que se obvian medidas de flexibilidad interna en las empresas que habrían mantenido el vínculo contractual, y que, sobre todo, podían ser gobernadas desde la Negociación Colectiva, haciendo de la extinción del contrato de trabajo la última y no la primera medida a adoptar.
Se incorpora, asimismo, el fomento de la contratación a tiempo parcial, estableciendo la compatibilidad con la prestación por desempleo y habilitando a la negociación colectiva para el establecimiento de mecanismos de conversión y se establece asimismo su compatibilidad con la pensión de jubilación y se crea el contrato de relevo.
Las medidas favorecedoras de la “flexibilidad externa”, son una constante en las reformas que se siguen promoviendo.
En años posteriores tendrían lugar distintas reformas del Estatuto de los Trabajadores, cuya vinculación con la creación de empleo debe ser considerada únicamente como tangencial, si bien es cierto que la reducción de horas extraordinarias es un potencial creador de empleo y que con la reforma del permiso de maternidad se favorece la permanencia en el empleo de las mujeres.
Cuando el paro comienza a repuntar, en 1992, situándose nuevamente en cifras en torno a los 3 millones de personas, lo que en ese momento representaba una tasa de paro del 17.7 por ciento (que alcanzaría su cenit en 1994‐95, con casi 4 millones de personas desempleadas, superando el 23 por ciento), el Gobierno legisla, fundamentalmente, para hacer frente al incremento del gasto público derivado de las prestaciones por desempleo.
La Ley 22/1992, de 30 de julio, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo no modifica el Estatuto de los Trabajadores, pero incorpora, junto a medidas para combatir el fraude en el uso de incentivos para la creación de empleo, así como a las “distorsiones” en el uso de contratos formativos, una rebaja en las prestaciones por desempleo y se modifica la duración mínima del contrato temporal de fomento del empleo que pasa a ser de doce meses.
Reformas que proclaman una mayor estabilidad en el empleo y el descenso de la rotación en la contratación.
El texto legislativo afirma que “Esta modificación supondrá una mayor permanencia en el empleo de los trabajadores y el correlativo descenso del índice de rotación en la contratación temporal; sin que ello implique introducir rigideces en el mercado de trabajo”
El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (actualmente vigente con algunas modificaciones).
El Pacto de Toledo del 96 que garantizaba la revalorización de las pensiones y establecía la división de fuentes en la financiación de la seguridad social, documento previamente aprobado por la Comisión de Presupuestos el día 30 de marzo de 1995, referente al"análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse".
Las recomendaciones del Banco Mundial constituyen un antecedente, en el sentido de que estas apuestan por un sistema mixto y resultaron muy influyentes en las reformas de 1987.
Otro antecedente es el llamado "libro blanco de Delors", publicado en 1993.