SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las once horas cuarenta minutos del día veinticinco de enero de dos mil.

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SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las once horas cuarenta minutos del día veinticinco de enero de dos mil.

El presente proceso de amparo constitucional ha sido promovido por los señores Sergio Ubaldo Meza, de cincuenta y uno años de edad, profesor; José de la O Cabezas Tobar, de cuarenta y cuatro años, comerciante; y Abel Espinoza, de cincuenta y cuatro años de edad, agricultor; todos del domicilio de San Antonio Masahuat, Departamento de La Paz; contra actos del Alcalde Municipal y Concejo Municipal de San Antonio Masahuat, que estiman violatorios de los artículos 2 y 11 de la Constitución.

Integrando el texto de la demanda y el escrito de cumplimiento de prevención que se encuentran agregados a fs. 1y 6, respectivamente, aparece que el hecho o suceso de la realidad sobre el cual gira la presente controversia es: la supuesta destitución de los demandantes del presente amparo de sus cargos de Síndico Municipal, Primer Regidor y Segundo Regidor, respectivamente, a través de un acuerdo municipal y sin haberles respetado su derecho constitucional de audiencia.

Al respecto, esta Sala hace las siguientes consideraciones:

1. Para una mejor comprensión del fundamento de la presente decisión, es menester separar el análisis respecto de cada una de las autoridades. Así, en primer lugar se analizará la pretensión de los demandantes dirigida contra el Alcalde Municipal de San Antonio Masahuat y posteriormente los elementos fácticos y los fundamentos jurídicos esgrimidos contra el Concejo Municipal de la misma localidad. Ambos análisis estarán precedidos por aspectos doctrinarios que servirán de marco de referencia a la decisión a tomarse.

2. Los actores, de acuerdo a la letra "a" de su demanda agregada a fs. 1 frente, señalan como autoridad demandada al señor José Antonio Ortiz, Alcalde Municipal de San Antonio Masahuat.

Al respecto, y antes de entrar a revisar este punto de la pretensión, es pertinente traer a cuenta lo que doctrinalmente se conoce como legitimación procesal y, en específico, lo relativo a la legitimación pasiva, para luego establecer los efectos de su ausencia dentro de la declaración subjetiva de voluntad de la parte demandante de un amparo.

2.1. La legitimación procesal es la consideración que hace la ley dentro de cada proceso respecto de las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del mismo. A este nivel -legitimación-, ya no sólo nos interesa que exista la capacidad procesal, pues ésto nos resuelve el problema al referirnos en general a cualquier proceso, pero no a uno en particular. En efecto, dentro de cada proceso, deben legitimarse activa y pasivamente las personas que intervienen en la "relación", por ejemplo: el acreedor es el único legitimado activamente para reclamarle a su deudor (legitimado pasivamente); el propietario de un

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inmueble para reivindicar el mismo a través del correspondiente proceso civil y frente al poseedor actual; el que ha sufrido alguna violación a sus derechos constitucionales para pedir amparo frente a la "autoridad" que supuestamente emitió el acto violatorio. Esto es, pues, lo que conocemos como legítima contradicción la cual, en principio o in limine litis, no es necesario demostrarla sino que basta atribuírsela subjetivamente en la demanda, es decir, basta con el hecho que el demandante se autoatribuya la titularidad del derecho violado y le atribuya al sujeto pasivo vinculado a su pretensión la emisión del acto reclamado.

Mas será imprescindible, finalmente, comprobar ambas legitimaciones -la activa y la pasiva para poder obtener una sentencia definitiva. De lo contrario, el pretensor pudiese -incluso- conseguir, por economía procesal, un rechazo de su demanda en el desarrollo del proceso. En efecto, si el demandante no es titular del derecho o si el sujeto pasivo no es quien ha emitido el acto reclamado, por imperativo lógico no puede válidamente entrar a conocerse la posible violación alegad;, esto e,s si la declaración subjetiva hecha por el demandante in limine es cierta o no, en cuanto a la infracción alegada; y, por ello, este vicio de la pretensión es una causal de sobreseimiento pues impide la satisfacción jurídica de aquélla.

Por todo lo anterior, como bien ha señalado esta Sala en otras oportunidades, aunque el artículo 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales no indique textualmente dicha circunstancia como causal de sobreseimiento, el espíritu de la disposición es ilustrativo, no taxativo; lo cual implica que, atendiéndose al verdadero significado de la figura del

sobreseimiento en la ley mencionada, puede constitucionalmente interpretarse que el legislador estableció la misma como mecanismo de rechazo para todas aquellas demandas que, por uno u otro motivo, no pueden ser capaces de producir terminación normal del proceso, como por ejemplo la falta de legitimación pasiva.

2.2. Concretando las anteriores consideraciones al caso sub iudice, tenemos que los

demandantes no obstante haber señalado como autoridad demandada al Alcalde Municipal de San Antonio Masahuat, en su escrito de cumplimiento de prevención agregado a fs. 6 frente, se aprecia que el acto que les causa agravio es el emitido -a dicho de los mismos demandantes- Por el Concejo Municipio de San Antonio Masahuat, del cual forma parte aquella autoridad demandada.

Por otro lado, el Alcalde Municipal de dicha localidad, en su segundo informe agregado a fs. 20-24, afirma que no ha pronunciado ningún acto que viole derechos constitucionales de los demandantes; mas, que los mismos actores mencionaron en su escrito de cumplimiento de prevención que la autoridad demandada era el Concejo Municipal de la misma localidad, pues fue aquél quien había supuestamente emitió el acuerdo de destitución.

En efecto, los demandantes del presente amparo no aportaron elementos que contradigan lo afirmado por el Alcalde Municipal, por lo que es evidente que dicho funcionario carece de legitimación pasiva en el presente amparo, puesto que él, de forma autónoma, no ha sido la autoridad emisora del supuesto acto reclamado, más bien forma parte de quien los actores - en su escrito de cumplimiento de prevención - señalaron como el sujeto pasivo de su

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pretensión: el Concejo Municipal de San Antonio Masahuat. Consecuentemente, resulta oportuno sobreseer respecto de esta autoridad por falta de legítima contradicción en base a los argumentos teóricos ya señalados y a la realidad procesal examinada por esta Sala. 3. De acuerdo con la resolución que corre agregada a fs. 5 de este expediente judicial, se le previno a la parte actora que señalara con toda claridad el acto concreto contra el cual reclamaban y las acciones u omisiones en que hacían descansar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Los demandante en su escrito de cumplimiento de prevención, en

específico en los puntos 1 y 2 de la primera hoja del mismo agregada a fs. 6, manifiestan claramente que el acto reclamado es un hecho concreto "realizado por el Concejo

Municipal", el haber emitido un acuerdo por medio del cual se les "destituye" de los cargos que ocupan.

Ahora bien, con posterioridad a la presentación del segundo informe de parte del Alcalde Municipal de San Antonio Masahuat, los demandantes cambian el sustrato fáctico de su pretensión, al manifestar a folios 32 frente, que lo que existe es una acuerdo de suspensión y, posteriormente, un acuerdo municipal de sustitución en sus cargos por sus respectivos suplentes.

3.1. Establecido lo anterior, esta Sala estima indispensable determinar con precisión lo relativo al acto que los demandantes reclaman frente al Concejo Municipal de San Antonio Masahuat, puesto que como se expuso, los elementos fácticos que señalaron en su demanda y escrito de cumplimiento de prevención son distintos a los señalados en el traslado que les fuera concedido en virtud del artículo 27 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Y es que, por congruencia procesal, es menester determinar si este Tribunal conocerá respecto de la supuesta destitución o respeto de supuestas suspensiones y sustituciones, porque los fundamentos jurídicos de ambos hechos son distintos y su decisión importa premisas muy particulares.

Al respecto, jurisprudencia reiterada de esta Sala ha sostenido que, la pretensión de amparo no es susceptible de ser alterada una vez evacuado el informe que de conformidad al artículo 26 de la Ley de Procedimientos Constitucionales se le solicita a la autoridad demandada; es decir que, al momento de pronunciarse sentencia definitiva deben desecharse todas las alteraciones efectuadas a la pretensión después de rendido dicho informe, porque las mismas podrían eventualmente generar indefensión en las autoridades demandadas o vincular derechos de terceros no oídos previamente.

En virtud de lo anterior, y advirtiendo que los demandantes del presente amparo pretenden modificar su pretensión después de que el Alcalde Municipal de San Antonio Masahuat rindiera su segundo informe, esta Sala conviene no entrar a hacer consideración alguna sobre las argumentaciones plasmadas por aquéllos en su escrito agregado a fs. 32 y 33 de este expediente judicial, pues la etapa procesal para modificar la pretensión -contenida en la demanda- ya había precluido. Consecuentemente, se entrará a conocer lo relativo a la supuesta destitución de los sujetos que conforman la parte actora, y no sobre supuestas suspensiones o sustituciones, ya que muy distinto es revisar si se ha destituido a alguien sin previo procedimiento que verificar las competencias de un Concejo Municipal para

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3.2. Los actores en su demanda y escrito de cumplimiento de prevención señalan que reclaman frente al Concejo Municipal de San Antonio Masahuat por la supuesta destitución sin previo procedimiento a que fueron objeto, violándoseles con ello los derechos

consagrados en los artículos 2 y 11 de la Constitución.

Al respecto, por su estrecha relación con la decisión a tomarse, es oportuno recordar la jurisprudencia de este Tribunal en relación con la cuarta causa de sobreseimiento establecida en el artículo 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales.

(a) En efecto, esta Sala ha sostenido anteriormente que los informes de las autoridades demandadas gozan de la presunción de veracidad, la cual, sin embargo, puede ser desvirtuada por el actor mediante la prueba pertinente.

En perspectiva con lo anterior, e interpretando el artículo 31 ordinal 4° de la Ley de

Procedimientos Constitucionales, esta Sala puede exteriorizar que la existencia de los actos reclamados, en un proceso de amparo, únicamente puede establecerse, de acuerdo a sus etapas, de dos formas: (i) cuando la autoridad demandada, en su informe inicial, reconoce los hechos controvertidos; o (ii) cuando, habiendo negado los hechos las autoridades

demandadas, la parte actora presenta prueba sobre la existencia de los mismos, en cualquier etapa del proceso, es decir, sea inicialmente -con la demanda- o en su prosecución -en el plazo probatorio o hasta antes de la sentencia de fondo si es a través de prueba documental -.

En consecuencia, esta Sala considera necesario establecer, como en otras ocasiones, que la falta de presentación de prueba sobre la existencia de los actos reclamados por la parte demandante, cuando la autoridad demandada niega el mismo en sus informes, infiere la procedencia del sobreseimiento y el consecuente rechazo de la pretensión implícita en la demanda. Por el contrario, cuando las autoridades demandadas admiten la existencia de los actos reclamados, la prueba de los mismos se vuelve innecesaria, posibilitando el

pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada en la demanda, mediante sentencia de fondo, estimativa o desestimativa.

(b) Concretando las anteriores consideraciones en el caso sub iudice tenemos, pues, que los demandantes, señores Sergio Ubaldo Meza, José de la O Cabezas Tobar y Abel Espinoza, aducen que han sido destituidos sin previo procedimiento de sus cargos que ostentaban dentro del Concejo Municipal de San Antonio Masahuat: Síndico, Primer Regidor y Segundo Regidor, respectivamente.

En virtud de la anterior afirmación es menester, para poder revisar desde la Constitución si dichas destituciones se hicieron o no con apego a lo establecido en su artículo 11, que dentro del proceso de amparo haya prueba fehaciente de las mismas, porque de lo contrario sería inútil dictar sentencia definitiva o de fondo, esto es, revisar la existencia o no de la supuesta violación originada por el acto de autoridad, precisamente por la falta de prueba sobre éste.

Revisando minuciosamente este expediente judicial, tenemos únicamente que tanto el Alcalde (a fs. 23-24) como el Concejo Municipal de San Antonio Masahuat (a fs. 70-74)

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presentaron documentos auténticos que demuestran que los demandante no fueron destituidos de sus cargos, si no suspendidos indefinidamente en un primer momento y posteriormente sustituidos hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y luego hasta el treinta de abril del años dos mil; más, los demandantes lejos de desvirtuar con cualquier medio probatorio el contenido de la prueba aportada por las autoridades demandadas, presentaron instrumentos cuyo contenido refleja lo establecido por las autoridades integrantes de la parte pasiva de su pretensión (fs. 63-66), puesto que en ellos se le toma como parte del Concejo Municipal en fechas posteriores a la presentación de la demanda de amparo.

En virtud de lo anterior, es evidente -como también ha afirmado el Fiscal de la Corte- que en el desarrollo del proceso los actores no aportaron prueba sobre la existencia de la destitución de que supuestamente fueron objeto, y siendo ésta necesaria por haber negado las autoridades demandadas la existencia de las mismas, es oportuno sobreseer también a favor del Concejo Municipal de San Antonio Masahuat no obstante estar el presente proceso constitucional en estado de dictar sentencia definitiva.

En base a todo lo expuesto en los párrafos que anteceden y a las disposiciones legales mencionadas, esta Sala RESUELVE: (a) Sobreseése en el presente proceso por falta de legitimación pasiva del Alcalde Municipal de San Antonio Masahuat y por no haberse rendido prueba sobre la existencia del acto reclamado y atribuido al Concejo Municipal de la misma localidad; (b) condénase en costas procesales a los demandantes; y (c) notifíquese a las partes y demás intervinientes.----HERNANDEZ VALIENTE---MARIO SOLANO---O. BAÑOS.---PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN.---A. CADER CAMILOT.---RUBRICADAS.

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