• No se han encontrado resultados

Leyes de orden público y terrorismo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "Leyes de orden público y terrorismo"

Copied!
59
0
0

Texto completo

(1)Leyes de Orden Público y Terrorismo. Monografía para optar el titulo de Politólogo. Juan Hernández Serrano. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA. 1.

(2) Para la Burra…con la ayuda hice una politóloga en usted Para Luís Fernando Paredes. 2.

(3) INDICE. 1. INTRODUCCION ...................................................................................................... 4 2. TERRORISMO .......................................................................................................... 5 2.1 Precisión de la Definición de Terrorismo ........................................................... 5 2.1.1 El Terrorismo Frente a Otros Tipos De Violencia ..................................... 8 2.1.2 Tipos de Terrorismo.................................................................................... 10 2.1.2.1 Terrorismo Internacional .................................................................... 10 2.1.2.2 El Terrorismo En Colombia; Similitudes y Diferencias Frente al Terrorismo Internacional ................................................................................ 12 2.2 El Papel del Estado Frente al Terrorista y el Terrorismo .............................. 14 2.2.1 Políticas del Estado para Tratar al Terrorismo ....................................... 16 3. LA CONYUNTURA................................................................................................. 19 3.1 Los Actores......................................................................................................... 20 3.1.1 Las Guerrillas .............................................................................................. 20 3.1.1.1 Las FARC.............................................................................................. 22 3.1.1.2 El ELN ................................................................................................... 23 3.1.2 Los Paramilitares........................................................................................ 25 3.1.3 Los Narcotraficantes ................................................................................... 27 3.2 Actualidad ..................................................................................................... 29 4. LEYES DE ORDEN PÚBLICO.............................................................................. 30 4.1 Leyes de Orden Público Colombianas.............................................................. 31 4.2. Los Estados de Excepción ................................................................................. 33 4.3 Recuentos Histórico de Leyes de Orden Publico Promulgadas a partir de 1991 ............................................................................................................................ 37 5. COMPARACIÓN DE LAS CIFRAS DE TERRORISMO CON LAS LEYES Y COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS .................................................................. 44 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 52 7. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 55. 3.

(4) 1. INTRODUCCION. Esta investigación busca comprobar la efectividad de las leyes de orden público colombianas promulgadas a partir de la Constitución de 1991 para contrarrestar el terrorismo. Debido a la gran cantidad de definiciones sobre terrorismo, se busca, en primera instancia, estructurar una definición objetiva y analítica del término terrorismo. Igualmente se busca contextualizar el concepto de terrorismo dentro del conflicto colombiano, el tipo de de relación hay entre el terrorismo y los grupos al margen de la ley en Colombia y la manera como las distintas administraciones, por medio de leyes extraordinarias, han buscando contrarrestarlo. Estas leyes han tenido como común denominador la restricción de los derechos fundamentales y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Finalmente se busca contrastar las cifras sobre atentados terroristas con estas leyes establecidas para combatirlo, para comprobar si éstas han incidido en la disminución de este fenómeno. Esta investigación busca desarrollar nuevos fundamentos bibliográficos relacionados con el fenómeno del terrorismo y analizar la forma en la que estos pueden ser aplicados para el caso colombiano. A partir de ésta monografía se busca desarrollar herramientas que permitan la implementación de políticas eficientes para combatir el fenómeno del terrorismo en Colombia.. Desde 1991 hasta la fecha, el Estado colombiano ha promulgado leyes de orden público y estados de excepción por un periodo de tiempo mayor a lo que Colombia ha estado sin ellas. Las características comunes de estas leyes de orden público son: el aumento de la capacidad del Estado para vigilar y controlar a la ciudadanía, la ampliación de facultades judiciales a instituciones que velan por la manutención del orden público de. 4.

(5) las. Fuerzas. Armadas,. dar. prioridad. a. las. iniciativas. beneficiar. a. aquellos que buscan una salida pacifica del conflicto y la reinserción de los grupos alzados en armas al margen de la Ley su reinserción a la sociedad.. 2. TERRORISMO. 2.1 Precisión de la Definición de Terrorismo. “El Terrorista de unos es el luchador de la libertad de otros”. Anónimo. Para lograr adecuar una política pública que busque combatir el fenómeno del terrorismo, es necesario buscar una uniformidad del concepto, para así tener una mayor claridad a la hora de combatirlo. Un concepto vago del terrorismo, puede derivar no solo en ineficiencia a la hora de combatirlo, sino en atropellos cometidos por parte de quienes en nombre del Estado, buscan enfrentarlo. Al precisar la definición de terrorismo, sus componentes y aquellos que se pueden denominar actores de terrorismo y/o grupos terroristas, los agentes del orden público tendrán un mejor concepto de estas instituciones, diferenciando terroristas de otros actores alzados en armas. Este modo de operación traerá mayor legitimidad por parte de la ciudadanía a estas instituciones (Sohr, 2003, pág. 60).. La definición debe partir de una base objetiva, la cual es muy difícil de lograr debido al temor asociado a los actos terroristas. Sin definición, es imposible separar terrorismo de otras formas de violencia, crear una teoría acerca de éste o formular una política adecuada para tratarlo. Existe un problema moral al definir terrorismo y al clasificar a grupos dentro del denominativo de “terroristas”, pues el observador puede tener de entrada juicios valorativos determinado de ciertos grupos que practican actos de 5.

(6) violencia. Un ejemplo de esto es la Organización para la Liberación Palestina (OLP). Para amplios sectores de la población palestina asentada en Israel la OLP es una organización que busca la liberación del pueblo palestino a manos del estado israelí, mientras que para amplios sectores de la derecha israelí, como partido Likud, la OLP es un grupo terrorista capaz de hacer actos de barbarie, como el asesinato de once atletas israelíes en las olimpiadas de Munich en 1972. “Héroes para unos, terroristas para otros”. (Wardlaw, 1982, pág. 7). Estudios académicos revelan una serie de definiciones que si bien tienen similitudes entre sí, también tienen algunas diferencias. Según José María Tortosa, Catedrático de Sociología y miembro del Grupo de Estudios de Paz y Desarrollo de la Universidad de Alicante, en un articulo publicado en el BORR, (Centro de Noticias para la Difusión de Ciencias Criminológicas), es necesario partir de la definición de terror que establece la Real Academia de la Lengua Española, según la cual terror es entendido como “Miedo, espanto, pavor de un mal que amenaza o de un peligro que se teme”. A partir de este concepto, se define al terrorismo como la “Dominación por el terror”. Una segunda definición de terrorismo lo define como una “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror” y define al terrorista como una “persona partidaria del terrorismo” o que “practica actos de terrorismo” e inclusive “del gobierno, partido, que practica el terrorismo.” Para Tortosa, el terrorismo, “puede ser un estado, una situación, una estructura en la que se practica esa dominación por el terror y puede ser un proceso, es decir, una sucesión de actos en los que se observa la intención de infundir miedo ante un mal o peligro que se teme.”(Tortosa, 2005, párr. 1). 6.

(7) Grant Wardlaw, director de la oficina de evaluaciones criminales estratégicas de la Fiscalia General de Australia, parte de una diferenciación entre terror y terrorismo. Para Wardlaw, terror es la implementación de actos para generar miedo con fines personales y/o criminales, mientras que terrorismo es el empleo de este terror como un arma psicológica para la consecución de ciertos fines. El terrorismo busca ganar futuros adeptos o simpatías a la causa de quien lo perpetra, o movilizar las fuerzas de las autoridades. Mientras que el terrorismo de Estado puede ser visto como la coacción del régimen del terror, o el terrorismo impuesto desde arriba, el terrorismo practicado por grupos diferentes al Estado puede ser entendido como actos de agitación que provienen desde abajo. Para Wardlaw, el terrorismo adquiere una característica política cuando se amenaza o se hace uso de violencia por parte de un individuo o un grupo, actuando en nombre de una autoridad o en oposición a ella, y cuando tal acción está enfocada a crear extrema ansiedad y/ o miedo no solo a las víctimas de la acción terrorista sino a un grupo mas amplio de personas, con el propósito de coaccionar a este grupo a acceder a las demandas políticas de los perpetradores. (Wardlaw, 1982, pág. 16).. Para Wardlaw los actos terroristas son perpetrados con el fin de crear pánico masivo, atraer publicidad a nivel mundial y hacer que los gobiernos nacionales concedan demandas a pequeños subgrupos. El terrorismo es la práctica de actos de terror cuyo fin primordial es infundir miedo entre un grupo de personas. Estos actos se hacen con el fin de causar desorden entre el grupo de personas y un gobierno establecido y para lograr que se cumplan cierto tipo de demandas. Un acto terrorista tiene connotaciones políticas cuando las demandas del que ejecuta la acción se hacen con el fin de modificar la toma de decisiones dentro de una sociedad.. 7.

(8) 2.1.1 El Terrorismo Frente a Otros Tipos De Violencia. Para entender la definición de terrorismo, es necesario compararlo con otros tipos de violencia. Según el ejército de los Estados Unidos (Sohr, 2003, pág. 120) existen seis tipos de conflictos: los conflictos no convencionales, la guerra irregular, las guerras convencionales menores, las guerras convencionales mayores, la guerra nuclear circunscrita, y la guerra nuclear estratégica. (Sohr, 2003, pág. 120). En América Latina desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los conflictos en la región se encierran dentro de las tres primeras casillas de clasificación, los conflictos no convencionales y la guerra irregular y las guerras convencionales menores. (Sohr, 2003, pág. 120).. La Guerra del Fútbol entre El Salvador y Honduras en 1969, las Guerras de la Frontera entre Perú y Ecuador de 1981 y 1995 son ejemplos de guerras convencionales menores, pues ambos bandos operaban de una manera convencional, es decir, con ejércitos estructurados y una declaratoria de guerra. Estos son unos de los pocos ejemplos de guerras convencionales libradas. La regularidad de los conflictos irregulares en América Latina se debe a la incapacidad de los grupos al margen de la ley de librar guerras convencionales contra el poderío militar de los Estados, teniendo en el terrorismo herramientas para causar duros golpes al Estado a un costo relativamente bajo.. Un acto de guerra se caracteriza por el uso de la fuerza para imponer una actitud determinada sobre algo o alguien. Quien realiza un acto terrorista usa la violencia con el fin de enviar un mensaje a un grupo de personas mayor a las afectadas físicamente por dicha acción violenta. La gran diferenciación que podemos hacer de terrorismo frente a. 8.

(9) otras formas de violencia es que, además de un daño físico causado a una determinada población, existe otro daño sobre una población mucho mayor; un daño psicológico. (Aron y Levy 1962, en Reinares 2001, pág.15). Un acto terrorista logra atraer la atención de grandes poblaciones por medio de los medios de comunicación, generando inestabilidad emocional e inseguridad no solo en la personas, sino en distintos actores de la sociedad, alterando su percepción de seguridad. (IBID) Quien comete un acto terrorista tiene en los medios de comunicación un arma que cada vez es más efectiva para hacer llegar su mensaje a grandes cantidades de personas. Las telecomunicaciones pueden hacer llegar atentados ocurridos desde cualquier parte del mundo hacia cualquier parte del mundo, haciendo llegar el mensaje simbólico a un grupo de la sociedad bastante grande. Los terroristas necesitan de los medios de comunicación para que sus acciones sean trasmitidas al grueso de la población, mientras que los medios de comunicación deben transmitir actos terroristas, más allá del pánico que estos puedan ocasionar sobre esta población. La percepción de seguridad de una persona se ve seriamente amenazada por un acto de violencia como el terrorismo, que si bien no llega a tener consecuencias físicas en la mayoría de la población que busca afectar, logra de una forma psicológica, afectarla y desestabilizarla. (Aron y Levy 1962, en Reinares 2001, pág.14). Practicar terrorismo es practicar actos de violencia con el fin de lograr un objetivo determinado, con la adición de que el terrorismo se diferencia de otros tipos de violencia en que busca llegar a un grupo de personas más grande que las que logra agredir físicamente. Para esto se basa en los medios de comunicación, que logran transmitir hechos de terrorismo a todos los rincones del mundo.. 9.

(10) 2.1.2 Tipos de Terrorismo. El terrorismo no solo tiene diferencias con otras formas de violencia. La coyuntura de un determinado país hace que el terrorismo dentro de este país sea distinto al de otro. Los grupos terroristas pueden variar de unos pocos hombres operando en un área urbana, a varias columnas guerrilleras operando a lo largo y ancho de un país. Mientras que un país industrializado puede disponer de una pequeña fuerza elite compuesta de pocos efectivos con altos niveles de entrenamiento en operativos antiterroristas, un país con grupos al margen de la ley cometiendo actos de terrorismo por todo el territorio pueden destinar a gran parte de su ejercito a contrarrestar el terrorismo.. Otros factores a tener en cuenta son el grado de penetración de un Estado, así como la legitimidad que este tenga sobre su ciudadanía. El terrorismo de un país industrializado con un amplio nivel de reconocimiento y legitimidad por parte de sus ciudadanos no será el mismo que el de un país con pocos niveles de desarrollo y constantes atropellos a los derechos de la ciudadanía por parte de grupos armados, inclusive por parte del Estado.. 2.1.2.1 Terrorismo Internacional. Las políticas de Estados desarrollados para tratar el terrorismo se centran en: la recolección de inteligencia, (información o datos pertinentes a los grupos perpetuando actos de terrorismo) la manipulación de medios de comunicación, el uso de las fuerzas armadas, el convenio de tratados internacionales, la negociación de rehenes y. el. desarrollo de leyes para establecer el modo de operación de las fuerzas de orden público. Después de los atentados del Once de Septiembre de 2001 en los Estados. 10.

(11) Unidos, muchas de las legislaciones antiterroristas en el mundo, tanto de los países desarrollados como subdesarrollados, han sufrido grandes cambios respecto a sus políticas antiterroristas. Los Estados han abogado incrementar su vigilancia en las actividades que se llevan acabo dentro y fuera de su territorio, dando nuevas herramientas institucionales para llevar acabo estas medidas de vigilancia.. En lo que concierne leyes antiterroristas de países del industrializados como el Reino Unido y los Estados Unidos, las leyes de orden publico (el Acto de Terrorismo de 2000, la Ley Patriótica de 2001) procuran dar amplios poderes a las instituciones de cumplimento de la ley, en especifico a lo que concierne ordenes de búsqueda y captura de posibles sospechosos, además de vincular a terceros a dichos procesos. Los poderes especiales que estas leyes confieren a sus instituciones de orden público incluyen medidas preventivas, investigativas, de recolección de inteligencia y manejo de crisis. Además, las leyes buscan acabar con las restricciones de control sobre la financiación de grupos terroristas y de terceros que los apoyan. Si bien ambas leyes comparten estas características, también tienen importantes diferencias. Mientras que la Ley Patriótica de Estado Unidos es aplicada de manera sistemática para el control de migraciones de extranjeros, el Acto de Terrorismo de 2000 aplica tanto a los ciudadanos del Reino Unido, como a los inmigrantes. La justificación de Estados Unidos y el Reino Unido a la hora de promulgar estas leyes fue que la gran ventaja que los terroristas tienen es la libertad de la que gozan dentro de estos países. Las pocas restricciones en los aeropuertos y otros terminales de entrada, así como la poca capacidad del Estado de rastrear a estos terroristas una vez pasan los controles de aduana de estos puertos hace que se puedan movilizar y dirigir operaciones terroristas como los atentados del Once de Septiembre, en donde los terroristas recibieron entrenamiento de vuelo dentro de los Estados Unidos.. 11.

(12) Por otro lado, las leyes de orden público surafricanas tienen un entorno dirigido a sus propios ciudadanos más no a una amenaza externa. Sumergido en un entorno de bombardeos a entidades estatales y asesinato de funcionarios del Estado por parte de carteles de la droga, así como grupos paramilitares, el gobierno surafricano promulgo el Acto Antiterrorista de 2002 de Sudáfrica. Dicho acto busco definir terrorismo mas ampliamente, detener sospechosos de cometer actos de terror por catorce días, limitar el derecho a fianza y otorgar a la policía amplios derechos de búsqueda y aprehensión. Una de las principales críticas en contra de dicho acto fue la amplitud sobre lo que se podía denominar como terrorismo, ya que, según éste “cualquier acción que pueda o tenga intención de causar daños a los bienes públicos, puede ser entendida como un acto terrorista” (Cacs, 2002, pág. 234) De esta manera, “un acto de vandalismo, o un bloqueo de taxistas podrían ser entendidos y castigados como terrorismo en un país con una densa historia de violación a los derechos humanos como lo es Sudáfrica”. (Cacs, 2002, pág. 235). 2.1.2.2 El Terrorismo En Colombia; Similitudes y Diferencias Frente al Terrorismo Internacional. Al existir tipos distintos de coyunturas entre Colombia y los países industrializados, existen también tipos distintos de terrorismo. Los países europeos son culturalmente abiertos, con altos grados de calidad de vida y de legitimidad de sus Estados. En contraparte, amplios sectores de los ciudadanos en Colombia viven rodeados de miseria y pobreza, violación a sus derechos fundamentales, forzados a migrar a ciudades formando grandes anillos de pobreza y pocas condiciones de supervivencia. Esto refleja no solo el atraso en materia social del país, sino la poca capacidad de acción del Estado. 12.

(13) colombiano. Este Estado no tiene la capacidad de ofrecer las mismas garantías de seguridad a sus ciudadanos que un país industrializado. Por otro lado, mientras que los países europeos muestran una gran capacidad de dominación del monopolio de las armas por parte del Estado y sus Fuerzas Armadas y la aplicación de leyes sobre el pueblo, en Colombia el Estado se ve enfrentados a grupos al margen de la ley, teniendo poco apoyo a las leyes formuladas para el castigo, la subordinación y el eventual desmantelamiento de estos grupos y la búsqueda de un orden publico. (Orozco Abad, 1992, pág. 126). El concepto de terrorismo aquí utilizado, contiene una serie de diferencias de métodos para su práctica. En este contexto, terrorismo táctico es aquel que emplea la práctica de actos de terror en un esfuerzo por la dominación de un espacio determinado. Terrorismo estratégico es aquel que busca la dominación del pensamiento de un grupo de personas. En un principio se podría denominar a las guerrillas colombianas dentro del primer tipo de terrorismo, y a los grupos terroristas europeos dentro del segundo ya que los primeros buscan un dominar un territorio con poca presencia estatal y los segundos buscan la simpatía de una población en donde existen Estados consolidados. Es importante resaltar es que no se pueden formular leyes iguales para contrarrestar los dos tipos, pues su alcance y maniobrabilidad es confusa y su eficiencia cuestionable. De igual manera que se pueden incluir a enemigos heterogéneos dentro de su campo de acción. (Orozco Abad, 1992, pág. 92). Con la migración a las ciudades de la población rural en la mitad de siglo pasado, se hace una transición entre una lucha por el dominio territorial de un espacio rural hacia una lucha de dominación de carácter psicológico o de pensamiento. (Orozco Abad, 1992, pág. 125) Con esta migración, las herramientas de búsqueda y consecución de este dominio cambian y nuevos métodos para buscar impacto sobre la población entran en juego, como lo es el terrorismo. Para. 13.

(14) buscar aplicar la noción de terrorismo en Colombia frente a las establecidas en otras partes del mundo, hay que tener en cuenta la historia y coyuntura de las migraciones y las guerrillas colombianas, además de otros actores que entraron en el entorno político colombiano, como fueron el narcotráfico y los paramilitares. Cada grupo a utilizando métodos terroristas para influir de una u otra forma en las toma de decisiones del gobierno, pero cada cual ha utilizado uno o más de un tipo de terrorismo en su historial. Este tema será ampliado en el capitulo 3.. 2.2 El Papel del Estado Frente al Terrorista y el Terrorismo. “La autoridad y no la verdad es la fuente de la ley” El Leviatán. Es importante ahora entender el papel que juega el Estado frente a los terroristas y el terrorismo. La existencia de personas o grupos armados al margen de la ley es una amenaza para un Estado, ya que representa no solo una incapacidad de generar seguridad sobre su ciudadanía, sino también incapacidad de ejercer un monopolio de las armas, un atributo exclusivo del Estado. El terrorismo, debido a su carácter especial desestabilizador, debe ser combatido bajo leyes especiales o extraordinarias e instituciones de orden publico especiales que puedan combatir este fenómeno de manera distintas a como se combate la delincuencia ordinaria. (Reinares, 2001, pág. 148) El terrorismo debe ser combatido con el cuidado de no quebrantar los fundamentos del Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene la misión de proteger los derechos que ofrece a sus ciudadanos. Según Eduardo Haro Tecglen, el Estado de Derecho se caracteriza por separar el poder en tres; ejecutivo, legislativo y judicial. Estos tres divisiones ejercer en control político sobre cada uno y garantizan el correcto cumplimiento de los deberes de las demás divisiones. Además, cada división debe 14.

(15) garantizar los “derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”. (Haro Tecglen, 1974, pág. 124) De allí la importancia que en un Estado de Derecho no se violen los derechos de un ciudadanía con el fin de acabar el terrorismo, y que el Estado garantice la seguridad de sus ciudadanos frente a actos de violencia como el terrorismo.. A la hora de desarrollar políticas y estrategias para combatir el terrorismo se debe actuar bajo los parámetros del ordenamiento jurídico vigente. La correcta justificación, implementación y desarrollo de estas leyes, así como la aprobación de la ciudadanía, se traducirá en un respaldo por parte de ésta para combatir el terrorismo. En contraparte, el uso injustificado y abusivo de este tipo de leyes por parte de quienes representan el monopolio de la fuerza, puede transformarse en la perdida de legitimidad del régimen por parte de la población, e inclusive la ganancia de simpatizantes y adeptos a la causa terrorista.. Debido al alcance del terrorismo, las políticas de Estado para combatirlo deben tener un carácter especial. Bajo un régimen democrático consolidado y con responsabilidad política sobre sus ciudadanos y sus instituciones, los Estados deben actuar bajo los parámetros del ordenamiento jurídico establecido. Estos Estados deben ejercer algún tipo de control sobre sus instituciones de orden público, con el fin de evitar abusos de violencia por parte de estas. Las leyes que combatan el terrorismo no deben restringir los derechos de la ciudadanía. Otro método para desarrollar una política antiterrorista puede incluir la activa participación y colaboración de la ciudadanía en la captura de la los terroristas, la opinión de la ciudadanía acerca del trato que se le deba dar a los terroristas o inclusive un referendo que convoque la opinión de la ciudadanía acerca del desempeño del Estado para confrontar al terrorismo.. 15.

(16) 2.2.1 Políticas del Estado para Tratar al Terrorismo. Las. estrategias. comunes. de. los. Estados. que. formulan. leyes. para. mantener el orden publico es limitar, y/o arrinconar a aquellas personas o grupos que promueven y perpetúan actividades delictivas como el terrorismo y al mismo tiempo, dar un mayor poder de búsqueda y campo de acción a aquellos que, a criterio del Estado, están en capacidad de detenerlos. A medida que el Estado ve estas acciones terroristas no solo como una estrategia de crecimiento de un grupo armado sino como una amenaza para su estabilidad, permanencia y existencia, mayor es el alcance de estas leyes. Así mismo, entre mayor sea este alcance, mayor podrá ser el peligro de un Estado de deslegitimarse ante sus ciudadanos y por ende mayor será la tarea de este por brindar seguridad a los derechos fundamentales sin el peligro de que sus funcionarios cometan atropellos. Esto deriva en una relación entre el alcance de las leyes del orden público en contra del terrorismo y el alcance del Estado de controlar a aquellos que lleven acabo los cumplimientos de estas leyes. Un Estado siempre debe tener un control sobre las acciones de aquellos que actúen en nombre de él durante la duración de leyes de orden público extraordinarias en mención. Para Alfredo Rangel, las instituciones de orden público en otros países han actuado por medio de la ley, señalando estas leyes como “instrumentos legales, penales, y judiciales supremamente rigurosos y fuertes, los cuales han dado resultados supremamente significativos”. (Rangel, 2003, pág 67). Para Paul Wilkinson, limitar los derechos de la ciudadanía puede tener un impacto tan controversial y negativo como los actos terroristas. Wilkinson sostiene que “…creer que vale la pena acabar todos los derechos individuales y sacrificar los valores liberales por. 16.

(17) el bien del orden es caer en el error de los mismos terroristas, la mentiras de creer que el fin justifica los medios. Es una peligrosa ilusión creer que se puede proteger la democracia liberal suspendiendo los derechos liberales y las formas de gobierno existentes. La historia contemporánea muestra ejemplos de leyes emergentes o militares que llevan a países democráticos a dictaduras irrevocables.” (Wilkinson, 1986, pág. 125-126) Limitar los derechos de la ciudadanía es dar un paso hacia restringirlos en gran medida y retroceder el proceso de consolidación de la democracia de un país. Cada paso atrás que un Estado da frente al respeto de los derechos de la ciudadanía es un paso en falso hacia la confianza que esta ciudadanía le tenga a este Estado.. En lo que como respuesta al terrorismo de un Estado legitimado concierne, las leyes que conciernen al orden publico emitidas por dicho Estado pueden llegar a traspasar la barrera legal y buscar no solo acabar con lo que estos Estados denominan como una. amenaza. terrorista,. sino. que. además. con. cualquier. oposición. que vaya contraria al Estado, de una manera legal o ilegal, atajando la creación de lo que más adelante se podría convertir en una amenaza formal contra su estructura. Entre mayor sea el poder de consolidación del Estado, mayor será el impacto que sus acciones negativas en materia de violación de derechos tengan sobre sus ciudadanía y el vinculo de legitimidad entre estos.. Una política de Estado que incluya la restricción moderada de los derechos de la ciudadanía se debe hacer con algún grado de aprobación de está sobre las decisiones. del. Estado,. buscando. evitar. así. desnivelar. las. estructuras,. instituciones y legitimidad del Estado. Como se menciono anteriormente, la ciudadanía tiene que formar parte activa en la promulgación de estas leyes y no ser la perjudica de la formulación de estas, como ocurre cuando se plantea que la solución sea la limitación. 17.

(18) de sus derechos. Una solución alterna es un referendo que defina los pasos que un Estado debe seguir para combatir el terrorismo.. Dichas leyes se deben formular y desarrollar con el cuidado de no tener efectos contraproducentes que debiliten la estabilidad democrática del régimen debido a su improvisación. La improvisación e imprecisión de estas nuevas leyes, así como la limitación o restricción de las ya vigentes puede llevar al la inestabilidad de las pilares que cimientan la democracia de estos regímenes. (Reinares, 2001, pág. 152) La capacidad de acción que las leyes de orden público entregan a las fuerzas de seguridad del Estado debe ir de la mano de la disponibilidad de la ciudadanía de entregar los derechos que hagan más eficiente la erradicación del terrorismo. Según Wardlaw, al desarrollar políticas de orden público antiterroristas se debe mantener el proceso democrático y el ordenamiento jurídico vigente. Hay tres puntos a tener en cuenta:. a) No se deben usar métodos represivos, suspender los derechos normales y modificar los métodos del gobierno para contrarrestar el terrorismo. En contraste, el gobierno no debe dejarse llevar a un extremo insensible como el de no promulgar la autoridad constitucional y orden, es decir, no tener iniciativa de acción frente al desorden ocasionado. Se debe tener efectividad, procurando a todo tiempo ser abierto acerca de las políticas que se van y/o se están llevando acabo, buscando siempre el apoyo de la ciudadanía.. b) Debe haber un total apoyo por parte del Estado a las instituciones que lleven acabo las políticas mencionadas en el primer punto. No debe haber cambios ni dualidades en las políticas (como la negociación por un lado y el ataque por el otro). Esto con el fin de evitar mostrar una imagen de debilidad o contrariedad.. 18.

(19) c) Finalmente, cualquier acción antiterrorista debe ser dirigida a terroristas únicamente. La respuesta debe ser limitada, bien definida y controlada, además de explícita a nivel general y público. Es decir, las acciones de un gobierno en contra del terrorismo no deben ser ambiguas ni generales. (Wardlaw, 1982, pág. 71).. El Estado que tiene la responsabilidad sobre los derechos de su ciudadanía tiene la responsabilidad sobre su incumplimiento o violación. Con el fin de preservar la legitimidad y popularidad que goza frente a sus ciudadanos, el Estado debe evitar que sus acciones para prevenir, disuadir o desarmar una acción que imprima el terror terminen causando terror. En segundo lugar, dicho régimen debe actuar bajo los parámetros de respeto a los derechos de los ciudadanos. Su restricción se debe hacer cuidando no solo estos parámetros sino quienes, en nombre del Estado, tengan la misión de llevar acabo las acciones para prevenir dichas acciones. Actualmente existe una relación entre como se combate el terrorismo y los derechos humanos, tal como dice Teofilo Pineda de la Fundación Konrad Adenauer, al afirmar que. La reflexión sobre las herramientas para combatir el terrorismo y el crimen en el Siglo XX, cobro una importancia creciente y se ha constituido en la base para pensar la convivencia y el respeto a las libertades y garantías individuales, sociales, civiles y políticas, por eso, los mecanismos que un Estado tiene o crea para garantizar la seguridad, no pueden contradecir los protocolos, pactos o convenios internacionales que consagren los derechos humanos. (Pineda, 2004, pág. 4). 3. LA CONYUNTURA. En este capítulo se busca entender la coyuntura del conflicto en Colombia a partir de la identificación de los actores. En Colombia existen tres grandes actores que cometen actos de terrorismo, los cuales se clasifican de acuerdo a su dimensión política, militar y. 19.

(20) económica. Estos actores se organizan en tres grandes grupos; la guerrilla, las autodefensas y los narcotraficantes. Igualmente se busca explicar el origen de cada actor, su ideología, su modo de operación y su relación con el terrorismo.. 3.1 Los Actores. 3.1.1 Las Guerrillas. Las. guerrillas. donde. ha. tienen. habido. un. paralelo. ausencia. del. con Estado.. la. colonización Estas. de. suplantaron. zonas la. en labor. de construcción de la noción de seguridad y orden (entre otras funciones correspondientes) y crearon una relación simbólica entre habitantes de la región donde se desarrollaba este padrinazgo. (Orozco Abad, 1992, pág. 92). Las zonas de influencia guerrillera son proporcionales a la falta de penetración del Estado colombiano. Esto demuestra que la consolidación del arraigo de las guerrillas fue anterior a la llegada del Estado a estas regiones, en donde es incongruente pensar en tratar a un poder establecido y reconocido por una población como un delincuente de un día para otro. (Orozco Abad, 1992, pág. 82). Por penetración se entiende. La capacidad para construir una burocracia racional para movilizar recursos fiscales y de trabajo, para controlar de manera eficaz el orden público y para coordinar tareas colectivas. El grado de cubrimiento territorial del aparato del Estado es una expresión inmediata del grado de desarrollo de esa capacidad. (Almond y Bingham.1966, en (Orozco Abad, 1992, pág. 171). La presencia masiva del Estado colombiano en las grandes ciudades ha hecho que está última combata al Estado en las ciudades por medio de actos terroristas estratégicos para disputarle la dominación del pensamiento (psicológico) sobre la población de las ciudades (Orozco Abad, 1992, pág. 80). La acciones de la guerrilla, muchas veces. 20.

(21) enmarcadas dentro de la denominación terrorista, son efectivas a la hora de debilitar la imagen de las Fuerzas Armadas del Estado más no son suficientes para una verdadera derrota militar de éste. (Sohr, 2001, pág. 123). Según Raúl Sohr, “La guerrilla es la respuesta militar del débil contra el fuerte. Aquel que no está en condiciones de dar una batalla frontal buscará combatir en las condiciones y en los tiempos que más le favorezcan. La táctica básica de la guerrilla consiste en lo que se conoce como “muerde y huye”, el arte de emplear al máximo el factor sorpresa. La inferioridad numérica y de poder de fuego se compensa mediante la concentración de fuerzas en un punto débil del adversario.” (Sohr, 2001, pág. 154).. Mediante un dominio territorial y uso de su organización militar, los grupos al margen de la ley buscarán comportarse de tal manera que su base social lo siga apoyando y esta legitimidad no se pierda. De allí se derivan dos problemas para el Estado: reconocer a este grupo bajo los criterios de actor colectivo y combatiente rebelde o acabar su base social, por medio de vías legales dentro del. ordenamiento,. (como. son. las. leyes). o. ilegales. incurriendo. en. la. degradación total de los principios de respecto de los derechos de la población. (Orozco Abad, 1992, pág. 80).. Las guerrillas colombianas están tipificadas, según Iván Orozco Abad, de acuerdo a una dimensión. militar,. partisana. y. social.. Mientras. que. el. aparato. militar. sobresale en una guerrilla militar, un partido político dirige a la partisana y una base social a la guerrilla social. Las guerrillas colombianas no se clasifican dentro de una sola clasificación sino que han divagado a través de la historia por las tres clasificaciones. (Orozco Abad, 1992, pág. 75). Según el derecho de conflictos armados, el dominio territorial, el grado de organización, la sistematicidad de las acciones y el. 21.

(22) grado de acatamiento del Derecho Internacional Humanitario definen a un actor colectivo, así como un combatiente rebelde se estructura a base de la existencia de dominio territorial, el mínimo de limpieza en sus acciones militares y la existencia de un proyecto ético político. (Orozco Abad, 1992, pág. 78). Bajo estos parámetros, las guerrilla parece cumplir los dos primeros requisitos del Derecho Internacional Humanitario, acercándose más a un actor colectivo que a un simple grupo de crimen organizado.. 3.1.1.1 Las FARC El principal grupo guerrillero en Colombia es las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) grupo político-militar con fundamentos en el MarxismoLeninismo que nace el 27 de Mayo de 1964 “como respuesta política, económica, social y armada a la agresión del régimen político oligárquico del bipartidismo liberalconservador, contra el pueblo de Marquetalia” (Resistencia Internacional, 2004, párr. 1). Con el tiempo, este grupo subversivo se ha extendido a todas las organizaciones populares buscando “la lucha política revolucionaria en la defensa de los intereses de la clase trabajadora, los desposeídos, marginados y excluidos de Colombia; por el respeto a la soberanía y hacia la segunda independencia” (Reyes, 2002, párr. 1 y 2) frente al imperialismo de los Estados Unidos y a la represión generada por los paramilitares a la población colombiana.. La estructura de la FARC-EP está dada por bloques y frentes que abarcan más de la mitad del territorio colombiano. Para finales del 2004 este grupo guerrillero contaba con 18 mil miembros, por lo general campesinos, organizados en siete Bloques y sesenta. 22.

(23) Frentes divididos en: columnas, compañías, guerrillas, escuadras y unidades tácticas de combate. (Rangel, 2001, pág. 390).. El sustento económico de este grupo subversivo se da básicamente por medio del narcotráfico, las extorsiones a personas o empresas en las zonas de control, los secuestros, el robo de ganado, el asalto a bancos, e inversiones en la economía formal a nivel nacional e internacional; alcanzando ingresos por mas de USD $360 millones (Rangel, 2001, pág. 391). De estos ingresos tan solo en 20% son usados para sus gastos, entre los cuales se destacan: “el mantenimiento y ampliación de frentes, las acciones políticas, la seguridad social de los guerrilleros y sus familias, las obras de infraestructura y el montaje de industrias militares” (Rangel, 2001, pág. 390).. La denominación de las FACR-EP como grupo terrorista internacional está dada por sus acciones militares las cuales están encaminadas a la destrucción de bases de las Fuerzas Armadas, los combates contra el ejército colombiano, la toma de poblaciones, los secuestros y las extorsiones a personas o empresas.. 3.1.1.2 El ELN El segundo actor guerrillero en Colombia es el ELN (Ejercito de Liberación Nacional) el cual es una organización insurgente de carácter político-militar, que surge el 4 de Julio de 1964 en el sur de Santander. Su ideología basada en los principios del marxismo, el cristianismo revolucionario y la revolución cubana, fue liderada en sus inicios por jóvenes universitarios los cuales buscaban remediar “las condiciones y. 23.

(24) situación de intolerancia, exclusión política, la injusta distribución del ingreso, el desamparo, marginación social del pueblo colombiano y la violenta represión a las masas” (Revista Insurrección, 2000, párr. 2). En la actualidad este grupo está conformado en su mayoría por campesinos que buscan “conformar un gobierno de carácter popular y democrático, con la participación de las diferentes organizaciones sociales y populares del país, la construcción de órganos de poder judicial que garanticen la supresión de la impunidad, promuevan la convivencia ciudadana, castiguen a los corruptos y los crímenes de lesa humanidad; discriminando la participación de los intereses imperialistas, la oligarquía y el narcotráfico y los paramilitares” (Revista Insurrección, 2000, Por qué luchamos, párr. 1), para así “lograr erradicar las causas de exclusión política y la marginación social a partir de un Estado democrático y solidario, garante de paz y de la convivencia pacifica.”(Revista Insurrección, 2000, Propuesta política, párr. 1).. El ELN a diferencia de las FARC-EP cuenta con tan solo cuatro mil hombres y no tiene una estructura organizacional establecida ya que opera por medio de militancias clandestinas localizadas principalmente en el norte, oriente y centro-occidente del territorio colombiano.. Los ingresos de este grupo armado para el 2001 eran equivalentes a USD $240 millones distribuidos en: extorsión 60%, secuestros 28%, narcotráfico 6% y robo de ganado 4% (Rangel, 2001, pág. 391). En cuanto a sus gastos son los mismos expendios en que incurren las FARC-EP mencionados anteriormente.. 24.

(25) Al igual que las FARC-EP, el ELN es denominado un grupo terrorista. Dicha denominación de la misma forma está dada por las acciones que esta organización desata contra la población civil por medio de los secuestros, las extorsiones, los ataques (bombas) y la toma de poblaciones.. 3.1.2 Los Paramilitares. Se dice que la óptica del terrorismo en Colombia, además de la disputa por el espacio territorial y psicológico, adquiere una nueva modalidad de terror con la entrada de los paramilitares, los cuales, buscan la destrucción de la base social de la guerrilla representando una seria amenaza para el Estado. (Orozco Abad, 1992, pág.237).. Las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) son un grupo que nace el 1997 logrando agrupar los grupos paramilitares colombianos a nivel local y regional. Dichos grupos paramilitares fueron en sus inicios (finales de los 70 y principios de los 80) conformados por civiles que con el apoyo militar del ejercito y el sustento económico de los ganaderos, terratenientes y narcotraficantes, buscaban la seguridad de sus tierras y sus familias por medio del combate y “la fumigación” (según el autor la fumigación consistía en perseguir, reprimir y asesinar de forma sistemática y selectiva activistas y dirigentes sindicales, cívicos y políticos, campesinos y ganaderos y a toda persona que en alguna forma tenga relación con esas organizaciones FARC y PCC o puedan servirles de apoyo) de miembros de los grupos subversivos (caso FARC y PCC) (Medina, 1990, pág. 175). En la actualidad dichos grupos siguen realizando las acciones ya mencionadas, “logrando hacerle la ofensivas a la guerrilla en la disputa del dominio. 25.

(26) de ciertos territorios, o simplemente como un pretexto para quedarse con bienes y tierras de pequeños y medianos propietarios” (Rangel, 2001, pág. 413). Del mismo modo actualmente cuentan con el apoyo de sectores importantes de los poderes político, económico y social, al igual que de los narcotraficantes, buscando ser reconocidos como una organización de carácter político y así, ejercer la inspección del eventual proceso de paz entre las guerrillas y el Estado colombiano (Rangel, 2001, pág. 412). Se dice que el éxito de las AUC nace a partir copiar el modo de operación de los antiguos guardianes guerrilleros, aprendiendo de sus errores y perfeccionando sus técnicas.. Las AUC son conformadas por los líderes de los grupos paramilitares regionales. Para finales del año 2000 contaban con ocho mil miembros organizados en ocho frentes localizados en su mayoría en la región norte y noroccidental de Colombia (Departamento de Estado EEUU, 2000, Poderío, párr. 1). Dichos frentes cuentan con sus respectivos mandos y con una fuerza combativa de dos tipos: las Juntas de Autodefensas locales y los grupos de apoyo; estos últimos con capacidad de desplazamiento a lo largo del territorio nacional (Rangel, 2001, pág. 413).. Los ingresos de los grupos paramilitares se dan por dos fuentes. Según Carlos Castaño para el 2000 el 70% de los ingresos eran procedentes del narcotráfico, y el 30% restante procedía de la extorsión a la población en las regiones donde tienen presencia este grupo (Departamento de Estado EEUU, 2000, Descripción, párr. 1). Dicha extorsión consiste “en el cobro de una cuota voluntaria de acuerdo al tamaño de la propiedad o de las rentas, la cual sí no es pagada se asume que la persona tiene nexos con la guerrilla” (Rangel, 2001, pág. 413).. 26.

(27) Las actividades realizadas por este grupo son determinadas como actos terroristas ya que a partir de secuestros, masacres y asesinatos indiscriminados de personas con vínculos con los grupos insurgentes y de otras que no, generan terror y desplazamientos de la población (Rangel, 2001, pág. 413). Por ejemplo para el 2000 según un informe de la Policía Nacional de Colombia, las AUC cometieron 804 asesinatos, 203 secuestros y 75 masacres contra guerrilleros o simpatizantes de estos (Departamento de Estado EEUU, 2000, Actividades, párr. 1).. La consolidación de grupos paramilitares ha conllevado a alejar a las guerrillas de una dimensión social acercándolas a una dimensión militar. (Orozco Abad, 199, pág. 81). 3.1.3 Los Narcotraficantes. El narcotráfico en Colombia data desde los años 70 con la producción de marihuana, siguiendo en los 80 con la producción de cocaína y finalmente en los 90 con la producción de heroína. Dicha producción se entiende como el cultivo, procesamiento, distribución y comercialización de estos estupefacientes.. En los inicios del narcotráfico en Colombia la producción estaba organizada en grandes grupos o carteles de la droga como los mencionados Cartel de Cali y Cartel de Medellín. En la actualidad dada la vulnerabilidad de estos grupos, la producción se realiza en pequeños grupos especializados en cada uno de los eslabones de la cadena.. Se dice que el narcotráfico es la principal causa de desestabilizad social, política y económica en Colombia trayendo consigo altos índices de violencia al país (Presidencia. 27.

(28) de la República de Colombia, 1989, pág.29). En un principio se crearon alianzas con los grupos subversivos (FARC, ELN), lo cuales a cambio de permitir la producción de dichos estupefacientes, pedían dinero en forma de impuestos y armas para la guerra. La elevación de las tasas de impuestos por parte de los grupos subversivos y la negativa de los carteles al pago de estos conllevó a la creación de grupos paramilitares para la defensa de los intereses de estos últimos. Del mismo modo los narcotraficantes en miras a que prevalezcan sus intereses, han desatado por medio del apoyo a grupos de sicarios y delincuentes comunes, “la ley del silencio” a partir de sobornos y corrupción al igual que la denominada muerte sistemática, a los “defensores de la sociedad”, los cuales incluyen políticos, líderes populares y campesinos; al mismo tiempo estos grupos han desatado delitos y atentados generando miles de muertes a la demás población civil. Estos actos han conllevado a catalogar a este grupo como uno de los principales actores en el país que atentan contra los derechos humanos y la integridad de las personas (Presidencia de la República de Colombia, 1989, pág. 28).. Pero no solo la guerra de narcotráfico involucra a personas ajenas a este. En Colombia existe un alto índice de violencia y terrorismo entre los grupos narcotraficantes de diferentes regiones, los cuales a partir de la violencia y desaparición de ciertos miembros del bando que son competencia, buscan monopolizar y dominar su participación en los mercados internacionales (Presidencia de la República de Colombia, 1989, pág. 31).. La principal diferencia entre el narcotráfico y la guerrilla es que mientras el primero tiene un carácter netamente empresarial, el segundo tiene uno político. Los grupos guerrilleros buscar ganar territorio rural y últimamente de pensamiento (psicológico) por medios violentos como el terrorismo. El narcotráfico. 28.

(29) recurre a la violencia en segunda instancia, después de su medio de acción principal, la corrupción. (Orozco Abad, 1992, pág. 235).. El narcotráfico acabó, entre muchas empresas e instituciones del país, con la noción de delincuente político que alguna vez tuvieron las guerrillas. La década de los noventa y el comienzo del nuevo siglo vieron como, con la excusa de combatir el terrorismo, cualquier grupo contrario al Estado iba a ser denominado y derogado a delincuente común y simple. (Orozco Abad, 1992, pág. 198). 3.2 Actualidad. Con el terrorismo los narcotraficantes buscan perseguir un fin egoísta propio. Las guerrillas usan el terrorismo para dominar el pensamiento de la población hacia su proyecto político. Los paramilitares usan el terrorismo para acabar con el proyecto político de las guerrillas. Para contrarrestar el narcotráfico (es decir, apaciguar el terrorismo de los narcotraficantes) el Estado colombiano recurre principalmente a la fuerza que tiene dentro de sus ciudades; la policía. Para contrarrestar a las guerrillas y a los paramilitares, el Estado utiliza tanto a la policía como al ejército (teniendo el segundo un poco más de protagonismo). (Orozco Abad, 1992, pág. 238). Justificar la palabra guerra contra cualquier amenaza contra el orden público, sin. importar. cual. sea. su. fin,. es. legitimar. al. Estado. de. sitio. y. sus. restricciones contra la democracia. (Orozco Abad, 1992, pág. 240) Debido al impacto que tiene el narcotráfico, toda su legislación ha sido legislación de estado de sitio. (Orozco Abad, 1992, pág. 258) El Estado colombiano ha utilizado el Estado de sitio. 29.

(30) como herramienta de defensa en contra del narcotráfico, las guerrillas y los paramilitares (Orozco Abad, 1992, pág. 259).. El fin de los grupos al margen de la ley mencionados no es un triunfo militar sobre el Estado, sino el impacto con que con sus acciones violentas puedan incidir sobre la toma de decisiones o la capacidad de ejercicio del poder del Estado colombiano. (Rangel, 2003, pág.66). Esta diferenciación demuestra como las leyes de orden público en Colombia no han tenido claridad a la hora de definir un concepto de terrorismo aplicado a la coyuntura colombiana. Si bien el narcotráfico ha logrado un impulso económico tan fuerte que merece ser mirado mas allá de la delincuencia común, no debe ser clasificado con las guerrillas y los paramilitares, ni en tiempo de combate de estas con el Estado, ni en el tiempo de negociación con este mismo. Por estas razones urge la necesidad de una diferenciación y nueva clasificación de los actores armados distinta al de terroristas.. 4. LEYES DE ORDEN PÚBLICO. En. este. capitulo. se. busca. analizar. la. Ley. 104. de. 1993. del gobierno de Cesar Gaviria Trujillo, la ley 241 de 1995 y 418 de 1997 de gobierno de Ernesto Samper, la ley 548 de 1999 de Andrés Pastrana y la Ley 782 de 2002, de Álvaro Uribe Vélez. Igualmente se consultarán los decretos 1793 y 1811 de 1992, y 1900 de 1995, 1837 y 2002 de 2002, de Estado de Conmoción Interior. Las fuentes de los atentados terroristas son cifras del Departamento de Seguridad y Justicia. 30.

(31) de la Dirección Nacional de Planeación (DNP) y del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía de la Sijin. (Sección de Policía Judicial e Investigación). Con base en las anteriores leyes, decretos, y cifras se buscará contrastar el tiempo de duración de las medidas frente al número de atentados terroristas realizados en Colombia durante estas, comprobando así la hipótesis de esta investigación. Este contraste busca resolver el problema planteado y comprobar la hipótesis de esta investigación.. A continuación se diferenciarán los tipos de Estados de Excepción de la Constitución de 1991 y finalmente se busca hacer un recuento histórico de las leyes de Orden Público colombianas promulgadas desde 1991 hasta la fecha.. 4.1 Leyes de Orden Público Colombianas. La Constitución de Colombia de 1991 busco darle al estado de sitio un carácter excepcional, debido al frecuente uso que tuvo a lo largo de la Constitución de 1886. Las malas experiencias que dejaron los estados de sitio frecuente, como lo fueron abusos por parte de la fuerza pública, desapariciones y torturas y falta de control a estas no fueron el único motivo por el cual se busco darle un carácter excepcional estado de sitio. Dicho estado se había vuelto tan o aun mas frecuente que el Estado de Derecho. La lección parece no haber sido aprendida. El Estado Colombiano ha buscado volver los Estados de Excepción permanentes por medio de leyes de orden público. Nuevamente el Estado de Derecho ha sido reemplazado por un largo periodo de tiempo por un estado excepcional que restringe los derechos de la ciudadanía que otorga dicho estado de derecho.. 31.

(32) Las leyes de orden publico en Colombia han sido promulgadas en respuesta a acciones relacionadas con la delicada situación de orden publico que se ha manifestado en el país por la violencia, el incremento de la actividad de las guerrillas, el secuestro o magnicidio de funcionarios y personalidades y la propagación de actos terroristas contra la población civil.. Los antecedentes históricos previos muestran un extenso historial de “Estados de Conmoción Interior” temporales y leyes para el incremento de los poderes de la fuerza pública en lo que concierne a la preservación del orden público, la promoción y desarrollo de cuerpos especiales de búsqueda de grupos al margen de la Ley, el registro domiciliario y la aprehensión de sospechosos sin previa notificación del crimen, el fortalecimiento de mecanismos para combatir la violencia y la impunidad y contrarrestar acciones terroristas, la interceptación de comunicaciones, la reserva de identidades a quienes colaboren con la justicia, las reformas al sistema carcelario y penitenciario, entre otras. El registro domiciliario, la suspensión del habeas corpus, la interceptación de comunicaciones, forman parte de la restricción de derechos a la ciudadanía por parte del Estado, un común denominador en las políticas de orden publico del Estado Colombiano. De acuerdo a la Constitución de 1991, “el Estado dispone de los “Estados de Excepción” para contrarrestar cualquier amenaza al orden público que se presente”. Tres artículos dictaminan cuales son las disposiciones a tener en cuenta a la hora promulgar estos “Estados de Excepción”.. 32.

(33) Las leyes de orden público promulgadas desde la Constitución de 1991 han buscado hacer de carácter permanente muchas de las disposiciones de los Estados de Excepción. De esta manera, el Estado no tiene un límite de tiempo para las medidas que busca implementar para contrarrestar el terrorismo. Esto hace que el Estado de Derecho se va perjudicado, ya que cuando estas medidas “excepcionales” adquieren un carácter permanente el Estado de Derecho se ve suplantado por un Estado restringido, en donde aunque se garantiza la división del poder y el control político que cada rama del poder ejerce sobre las otras, no se garantiza la total libertad de la ciudadanía. De esta manera, los fundamentos de la Constitución de 1991 pierden su validez, pues Colombia no se encuentra en un Estado de Derecho que otorga libertades a sus ciudadanos sino frente a un Estado que los restringe.. 4.2. Los Estados de Excepción. Según el artículo primero de la Constitución Política de 1991, Colombia es un Estado de Derecho. Dicho estado se funda en “el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencía del interés general.” (Constitución Política de Colombia; 1991, art 1). Los antiguos fundamentos hacen parte de los derechos fundamentales que el Estado de Derecho ofrece a la ciudadanía.. Los Estados de Excepción son según la Constitución de 1991, estados distintos al Estado de Derecho, que sirven como reemplazo según la situación de desorden que se presente. Dentro de las disposiciones promulgadas dentro de estos Estados de Excepción, se puede observar el control político por parte del poder legislativo y el judicial que la Constitución de 1991 buscó darle a cualquier tipo de cambio al estado de derecho que el ejecutivo decidiera establecer. 33.

(34) Uno de los puntos más controversiales de la Constitución de 1991 fue el nuevo trato que se le debía a dar a los “Estados de Sitio” que reemplazaban el “Estado de Derecho” en situaciones de graves disturbios al orden público. Una de los temas que más de buscaba cambiar era el del Estado de Sitio. El argumento planteado por diversos grupos políticos es que el Estado de Sitio había estado en vigencia mas tiempo que el Estado de Derecho. Diversas corrientes como el ADM-19, antiguo grupo guerrillero que había entrego las armas un año antes y se había convertido en el tercer partido político con mas caudal político después de los partidos Liberal y Conservador, era que “dicho Estado era un arma de represión los gobiernos en contra no solo de los alzados en armas, sino de cualquier tipo de oposición” (Orozco Abad, 1992, pág 300) Como su nombre lo indicaba, “el “Estado de Excepción” debía tener un carácter excepcional, distinto al carácter recurrente que se venia manifestando anterior a la constitución”. (Orozco Abad, 1992, pág 300). El capítulo séptimo de la Constitución de 1991 esta dedicado a los “Estados de Excepción”. Dicho capítulo contiene cuatro artículos que regulan en uso de los “Estados de Excepción” por parte del Presidente de la República y todos los funcionarios públicos que éste delegue para el mantenimiento del orden con las herramientas que otorga el “Estado de Excepción”. El artículo 212 otorga facultades al Presidente de la Republica, por medio de un “Estado de Guerra” para disuadir una posible agresión de un país extranjero y proteger la soberanía de Colombia. Dicha declaratoría solo podría ser llevada a cabo con el consentimiento del Senado, a no ser que la situación implique una reacción rápida para disuadir la acción. Cabe resaltar que el Senado tendría un control político sobre las acciones del ejecutivo en dicho estado, pues sería informado periódicamente y podría legislar modificaciones o derogaciones.. 34.

(35) Igualmente el artículo 213 hace referencia a las acciones que causen caos en el orden público. Cuando dichas acciones no puedan ser controladas bajo los parámetros ordinarios del “Estado de Derecho”, el Presidente de la República podrá decretar la figura del Estado de Conmoción Interior, (el cual es distinto al estado de guerra del artículo anterior). Dicho estado excepcional, según Iván Orozco Abad. … no debe tener una duración mayor, entre su promulgación y su cese, de noventa días, en caso de estado de conmoción interior, con la oportunidad de prorrogarlos dos veces, es decir, que en total pueden llegar a extenderse doscientos setenta días. Si a esto se suman los decretos legislativos expedidos dentro del momento que se declaro dicho estado, se pueden agregar otros noventa días mas allá del levantamiento del estado de excepción. Esto hace en total trescientos sesenta días, es decir, un año máximo entre la declaratoria y el fin de un estado de excepción. (Orozco Abad, 1992, pág 298). Dicha prorroga debe hacerse bajo el consentimiento y la aprobación del Senado de la Republica.. Dicho estado solo tendrá facultades extraordinarias “estrictamente necesarias” para contrarrestar el caos de orden público que se halla presentado. Tal inciso recalca la necesidad de establecer una restricción a las facultades otorgadas al ejecutivo con el fin de no permitir abusos a los derechos de la ciudadanía por parte de quienes dicho Estado otorga facultades. Cabe resaltar una vez más el control político que el Senado tendrá sobre las acciones del ejecutivo en un estado que reemplace al estado de derecho ordinario, pues nuevamente será informado periódicamente y podrán legislar modificaciones o derogaciones a estas leyes. El último párrafo de dicho artículo establece que de ninguna manera los militares podrán juzgar a civiles. De esta manera queda claro que inclusive bajo un Estado de Excepción es indispensable el papel de la rama judicial y sus órganos competentes como vigilantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como la protección del debido proceso.. 35.

(36) El artículo 214 establece las disposiciones a las cuales los dos últimos artículos deberán someterse. Debe haber una justificación de parte del Presidente de la Republica y sus ministros por la cual se declare el Estado de Excepción. Así mismo se establece claramente el respeto a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las libertades fundamentales, así como el libre funcionamiento de las ramas del poder. De esta manera se asegura que no se justifique el cierre temporal de alguna rama del Estado, como el Congreso. Por medio de una ley estatutaria, se regularán las facultades que el Estado de Excepción le entregue al gobierno. El artículo 152 de la Constitución de 1991 establece que el Congreso de la República regulará los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección así como regulara los Estados de Excepción. (Constitución Política de Colombia; 1991, Art152). Es misión del Gobierno informar sobre el cese del Estado de Excepción y el restablecimiento de la normalidad. Por ultimo, se establece un nivel mayor de control político ya que quedará en manos de la Corte Constitucional establecer la constitucionalidad y viabilidad del Estado de Excepción.. Finalmente, el artículo 215 regula el “Estado de Emergencia”, el cual se puede promulgar en casos de graves disturbios económicos, sociales o ecológicos distintos a los artículos referentes a Estados de Guerra y Estado de Excepción. (213 y 214). Los Estados de Emergencia tendrán una duración de treinta días prorrogables a un término máximo de noventa días. Las disposiciones del Estado de Emergencia son iguales a las descritas en los dos artículos anteriores.. Para Iván Orozco Abad “con el cambio de Estado de Sitio por Estado de Excepción, la nueva constituyente cambia el nombre más no la herramienta. Incorpora estas. 36.

(37) herramientas a las leyes comunes en lugar de tenerlas como leyes excepcionales” (Orozco Abad, 1992, pág. 171). Con la capacidad de prorroga de los Estados de Excepción y la cantidad de leyes de orden publico promulgadas por los cuatro gobiernos electos desde la Constitución de 1991, vale la pena preguntarse cual es el Estado que ha imperado por mas tiempo desde la promulgación de la nueva constitución. La idea de un Estado que eliminara de una vez cualquier noción de restricción y otorgara la totalidad de los derechos a los ciudadanos, fue el pilar fundamental para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente cuyo propósito era adecuar la Constitución Política a las necesidades del país.. Dichos Estados de Excepción se promulgaron para combatir crímenes como el terrorismo. Estos estados y leyes promulgadas desde la nueva constitución no solo han hecho de un Estado que pretendía ser excepcional permanente sino que han sido ineficientes al la hora de contrarrestar el terrorismo.. 4.3 Recuentos Histórico de Leyes de Orden Publico Promulgadas a partir de 1991. La dualidad del Estado mostrada en su doble faceta de negociación versus guerra muestra que en el historial político reciente de Colombia se ha vivido más en la excepcionalidad que en el llamado Estado de Derecho que promulga la Constitución de 1991.. Poco tiempo después de sancionada la nueva constitución, y con el argumento de combatir la subversión y el narcotráfico, el presidente Cesar Gaviria Trujillo decretó un Estado de Conmoción Interior con el Decreto 1793 de 1992, según el cual se otorgaban medidas para combatir actos criminales perpetuados por grupos al margen de la ley. Así mismo, se dio la posibilidad de restringir el uso de sistemas de radiocomunicaciones,. 37.

(38) que hasta entonces, eran de uso público. Posteriormente, el decreto 1811 de 1992 prorrogó el Estado de Conmoción Interior, atribuyendo nuevas acciones delictivas y terroristas a los alzados en armas como intimidaciones a funcionarios del Estados, ataques a la infraestructura del Estado (en partícula al sistema carcelario) y diversos atentados terroristas a lo largo del territorio nacional.. Por medio de la creación de unidades de policía judicial, protección de testigos y un control sobre la financiación de grupos al margen de la ley, y con el fin de incrementar la capacidad de acción del justicia, el gobierno creo la ley 104 de 1993. De esta manera, muchas de las medidas transitorias de los Estados de Excepción anteriores fueron establecidas a un carácter permanente. De esta manera, el Estado Colombiano tuvo libertad de reemplazar el Estado de Derecho por un Estado permanente de restricción de derechos como el derecho a la privacidad en las comunicaciones y estamentos bancarios. Así mismo, el gobierno de Gaviria estableció un control más amplio sobre los medios de comunicación y la divulgación de actos delictivos y terroristas, además un mayor control sobre la comunicación por radio expresado en el decreto 1793 de 1992, como la prohibición de difundir comunicados de los grupos alzados en armas y actos terroristas.. El gobierno de Ernesto Samper Pizano intentó fijar el decreto de Conmoción Interior 1370 de 1995, pero la Corte Constitucional lo declaró inexequible pues las regulaciones estipuladas podrían ser enfrentadas en situaciones normales de acuerdo a lo estipulado por la ley. Vale la pena aclarar que la Corte Constitucional revisa los motivos del Ejecutivo ante la declaratoria del Estado de Excepción y decide acerca de la validez de estos. Este control político sirve como herramienta para garantizar que tanto la. 38.

(39) declaración tenga validez, así como para garantizar que los derechos fundamentales de la ciudadanía se mantenga durante el Estado de Excepción. Sin embargo, tras el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado el 2 de Noviembre de 1995, fue expedido el decreto 1900 de 1995, el cual en esta ocasión fue respaldado por la Corte. Dicho estado promulgó la restricción mesurada de los medios de comunicación, normas de protección de la población civil y reformas al sistema carcelario y penitenciario. Se promovieron además nuevas normas para la protección de los que denunciaran hechos relevantes para ayudar a la detención de personas con indicios de participación en el asesinato de Gómez Hurtado, además de permitir el registro e inspección de domicilios sin previa orden. Así mismo, en ciertas zonas de graves disturbios al orden público, se establecieron límites al derecho a la circulación y la residencia, además de la suspensión del permiso de porte de armas y el padrinazgo de la población en las zonas en cuestión.. Con la Ley 241 de 1995 del gobierno Samper prorrogó la ley 104 de 1993 de su antecesor, argumentando la necesidad de mantener una herramienta necesaria para la manutención del orden público, como está ley lo estipulaba. Además, el gobierno Samper también impulso la ley 418 de 1997, la cual propuso mecanismos excepcionales para entablar diálogos con las autodefensas, así como beneficios en la reducción de penas en caso de sometimiento a la justicia por parte de miembros de este grupo al margen de la ley, con la condición de que dichos integrantes no estuvieran sindicados a crímenes de lesa humanidad.. Con la ley 548 de 1999, el gobierno de Andrés Pastrana Arango prorrogó, la ley 418 de 1997 por un termino de tres años, con menores modificaciones, como el aumento de edad del servicio militar obligatorio a dieciocho años.. 39.

(40) Finalmente, la promulgación de la ley 782 de 2002 por parte del actual gobierno de Álvaro Uribe Vélez, algunos artículos de la ley 418 de 1997 fueron promulgados por un termino de cuatro años.. Bajo el propósito de combatir el terrorismo, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez presentó un proyecto de ley, el Estatuto Antiterrorista el cual buscaba cambiar las leyes concernientes, en su mayoría, a la preservación del orden público. El proyecto, que paso los ochos debates del Congreso correspondientes, además de su proceso de reglamentación, fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional por presentar vicios de procedimiento. El Estatuto Antiterrorista fue un reflejo de la política de Uribe para enfrentar a los alzados en armas, tratándolos de terroristas y olvidando la existencia de un conflicto armado en Colombia de más de cincuenta años.. Entre las reformas constitucionales planteadas en el Estatuto por el gobierno de Uribe, se encontraba la autorización a la fuerza pública de realizar detenciones, allanamientos, interceptaciones de las comunicaciones de manera anticipada y sin orden judicial previa. El Estatuto también buscaba un mayor control sobre la circulación de individuos sobre el territorio nacional. Finalmente el estatuto contemplaba la creación de unidades especiales de Policía Judicial, que serían conformadas por miembros de la Policía, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía, las cuales serian vigiladas y administradas por funcionarios de estas últimas. En este aspecto la Constitución Colombiana establece que medidas de este tipo deben realizarse por medio de un aviso de un juez independiente de las distintas instituciones de la fuerza pública (Policía y Fuerzas Militares). Con la. 40.

Referencias

Documento similar

Dado que el régimen de los poderes de emergencia afecta a la democracia, a los derechos fundamentales y humanos, así como al Estado de derecho, el control de

En su Identidad y Terrorismo en Estados Unidos: un recorrido sobre la interrelación entre las representaciones religiosas subyacentes a la identidad norteamericana y la

Pero antes hay que responder a una encuesta (puedes intentar saltarte este paso, a veces funciona). ¡Haz clic aquí!.. En el segundo punto, hay que seleccionar “Sección de titulaciones

Volviendo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, conviene recor- dar que, con el tiempo, este órgano se vio en la necesidad de determinar si los actos de los Estados

Tras establecer un programa de trabajo (en el que se fijaban pre- visiones para las reuniones que se pretendían celebrar los posteriores 10 de julio —actual papel de los

En cuarto lugar, se establecen unos medios para la actuación de re- fuerzo de la Cohesión (conducción y coordinación de las políticas eco- nómicas nacionales, políticas y acciones

D) El equipamiento constitucional para la recepción de las Comisiones Reguladoras: a) La estructura de la administración nacional, b) La su- prema autoridad administrativa

b) El Tribunal Constitucional se encuadra dentro de una organiza- ción jurídico constitucional que asume la supremacía de los dere- chos fundamentales y que reconoce la separación