PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE

Texto completo

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TOMO IV 156 Z

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Dip. Sarbelio Augusto Molina Velez, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Michoacán. Presente.

Francisco Salguero Ruiz, diputado por el Partido del Trabajo, ante la LXXII Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 1º, 8º, 9º, 11, 17, 19, 20, 27, 36, 37 y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; y los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 236 y demás relativos de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y de la Septuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, he de agradecer a usted ser el conducto formal para someter a votación del Honorable Pleno, una Propuesta de Acuerdo que contiene un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán para instaurar una política pública de mejoramiento de la justicia en el trabajo, dando cumplimiento a las reformas a la Ley Federal del Trabajo del 2012, a través de la transformación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; declarando la extinción de las Juntas Permanentes de Conciliación y la creación de las Juntas Especiales Nueve y Diez, con sede en Apatzingán y Zitácuaro, Michoacán, para tal efecto entrego la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Primero. Antecedentes Legales.

1º. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 123 apartado «A» fracción XX, que las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos y uno del gobierno.

2º. Que de los archivos documentales e históricos del Poder Ejecutivo en el Estado de Michoacán, se advierte que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, fue creada en el estado de Michoacán, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Federal del Trabajo de 1930, bajo la denominación de Junta Central de Conciliación y Arbitraje.

3º. Que el día 20 de junio de 1966, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el Reglamento de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, del que se desprende la existencia de tres grupos especiales, ahora denominados Juntas Especiales, con competencias diversas.

4º. Que el día 8 de junio de 1970, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el acuerdo administrativo del entonces titular del poder ejecutivo, mediante el cual, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo de 1970, se cambió la denominación de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje por la de Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en tanto las Juntas Municipales Permanentes de Conciliación de Apatzingán, La Piedad, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitácuaro, llevarían el nombre de Juntas Locales Permanentes de Conciliación.

5º. Que el 21 de mayo de 1992, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el acuerdo administrativo del entonces titular del poder ejecutivo, mediante el cual, se crearon las Juntas Especiales Número Seis, Siete y Ocho, con residencia en Zamora, Uruapan y Ciudad Lázaro Cárdenas, respectivamente, en tanto que en el mismo se suprimieron las Juntas Locales Permanentes de Conciliación de Zamora, Uruapan y Ciudad Lázaro Cárdenas.

6º. Que el día 1º de octubre del 2012, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la convocatoria emitida por el entonces ejecutivo estatal, mediante la cual, se convocó a la elección de representantes obreros y patronales ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de la cual se advierte que actualmente, la misma se integra por cinco juntas especiales, ubicadas en la ciudad de Morelia, tres juntas especiales, ubicadas en Zamora, Uruapan y Lázaro Cárdenas, respectivamente y cinco Juntas Permanentes de Conciliación, ubicadas en Apatzingán, La Piedad, Los Reyes, Zacapu y Zitácuaro.

7º. Que el día 30 de noviembre del 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, misma que entró en vigor el día 1º de diciembre del 2012. 8º. Que la exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo del 2012, justificó la necesidad de reformar la legislación laboral, dado que la misma había sido rebasada por las nuevas circunstancias demográficas, económicas y sociales, que el anacronismo de las disposiciones procesales constituía un factor que propiciaba rezagos e impedía la modernización de la justicia laboral.

9º. Que la Ley Federal del Trabajo del 2012, derogó los artículos 591 al 600 y del 601 al 603, los cuales daban sustento legal a las Juntas Federales y Locales de Conciliación.

10º. Que el artículo 5º transitorio de la Ley Federal del Trabajo del 2012, estableció que las entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarían con un plazo de hasta tres años para transformar las Juntas de Conciliación en Juntas de Conciliación y Arbitraje Local, a cuyo efecto deberían incluir dentro de sus presupuestos correspondientes, los recursos

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económicos suficientes para garantizar la implementación, funcionamiento y operación de estas.

11º. Que en términos de lo que dispone el artículo 622 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde al ejecutivo estatal, la facultad de establecer una o más Juntas de Conciliación y Arbitraje, fijando el lugar de su residencia y su competencia territorial.

12º. Que el artículo 24 fracción XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán, confiere a la Secretaría de Finanzas y Administración, la atribución de programar, promover, organizar y coordinar el desarrollo, modernización y simplificación administrativa integral en las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

13º. Que el artículo 48 fracción XX y 51 Fracción X del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada, le confiere a la Secretaría de Finanzas y Administración, a través de la Subsecretaria de Administración e Innovación de Procesos, las atribuciones y facultades para evaluar las propuestas de estructuras orgánicas y sus modificaciones. 14º. Que en ese marco legal, resulta indispensable modificar la estructura administrativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con el objeto de adecuarla a las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en aquella parte, en donde se debe proceder a la extinción de las Juntas Permanentes de Conciliación, así como adecuar la estructura administrativa a la nueva realidad social, demográfica y económica del estado de Michoacán. Segundo. Facultades y Obligaciones de las Juntas Permanentes de Conciliación.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 593 y 603 de la Ley Federal del Trabajo, ahora derogados, las Juntas Permanentes de Conciliación, son órganos integrados tripartitamente, por un representante del gobierno, que funge como presidente, un representante de los trabajadores y uno de los patrones, así como con el personal jurídico y administrativo para llevar a cabo sus labores.

Conforme a lo que establecía el artículo 600 y 603 de la Ley Federal del Trabajo, ahora derogados, las Juntas Permanentes de Conciliación tenían las facultades y obligaciones siguientes:

I. Procurar un arreglo conciliatorio de los conflictos de trabajo;

II. Recibir las pruebas que los trabajadores o los patrones juzguen conveniente rendir ante ellas, en relación con las acciones y excepciones que pretendan deducir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El término para la recepción de las pruebas no podrá exceder de diez días. Terminada la recepción

de las pruebas o transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, la Junta remitirá el expediente a la Junta Especial de la jurisdicción territorial a que este asignada, si la hubiere y si no, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje;

III. Recibir las demandas que le sean presentadas, remitiéndolas a la Junta Especial de la jurisdicción territorial a que este asignada, si la hubiere, y si no a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje;

IV. Actuar como Juntas de Conciliación y Arbitraje para conocer y resolver los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones cuyo monto no exceda del importe de tres meses de salario;

V. Cumplimentar los exhortos y practicar las diligencias que les encomienden otras Juntas Federales o Locales de Conciliación y las Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje; VI. Denunciar ante el Ministerio Público al patrón de una negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que haya dejado de pagar el salario mínimo general a uno o varios trabajadores;

VII. De ser procedente, aprobar los convenios que le sean sometidos por las partes; y

VIII. Las demás que les confieran las Leyes.

Como se observa, las facultades y obligaciones de las Juntas Permanentes de Conciliación, quedaban reducidas a las siguientes líneas de acción:

• Actuar como instancias conciliatorias en conflictos obrero patronales, suscitados en el municipio de su ubicación.

• Recepcionar demandas laborales, agotar la instancia conciliatoria y de no existir convenio, remitirlas a la Junta Especial competente.

• Cumplimentar exhortos y practicar diligencias, encomendadas por otras Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje, particularmente del Distrito Federal, Estado de México, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y de las Juntas Especiales ubicadas en el estado de Michoacán.

• Recibir para su ratificación y aprobación los convenios individuales de trabajo celebrados entre trabajadores y patrones.

Tercero. Competencia territorial de las Juntas Permanentes de Conciliación.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 601 de la Ley Federal del Trabajo, ahora derogado y en términos de la base 12ª fracción V de la Convocatoria para la Elección de Representantes Obreros y Patronales ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 1º de octubre del 2012, a las Juntas Permanentes de Conciliación se les asignó la competencia territorial siguiente:

• Junta Permanente de Conciliación de Apatzingán, con competencia territorial en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

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• Junta Permanente de Conciliación de La Piedad, con competencia territorial en el Municipio de La Piedad, Michoacán.

• Junta Permanente de Conciliación de Los Reyes, con competencia territorial en el Municipio de Los Reyes, Michoacán.

• Junta Permanente de Conciliación de Zacapu, con competencia territorial en el Municipio de Zacapu, Michoacán.

• Junta Permanente de Conciliación de Zitácuaro, con competencia territorial en el Municipio de Zitácuaro.

Como se advierte, la competencia de las Juntas Permanentes de Conciliación, sólo estaba limitada al ejercicio de sus atribuciones y facultades, respecto de conflictos laborales suscitados en el municipio en el que se encuentran ubicadas. Cuarto. Acciones de las Juntas Permanentes de Conciliación.

De acuerdo a los datos obtenidos en la Delegación Administrativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán los indicadores de conflictos laborales de los últimos años, reflejan que del año 2000 al año 2014, se ha incrementado en más de un 400% el número de demandas laborales en el estado, la situación económica imperante, así como la difusión y reconocimiento de los derechos de los trabajadores y sindicatos, ha sido el factor principal que ha detonado el crecimiento de demandas ante los tribunales laborales.

Hemos advertido que la tendencia es a que cada año se incremente más el número de estos reclamos.

Durante el año 2014, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, atendió 5,822 demandas laborales, en las que el principal reclamo fue el pago de indemnizaciones por despido y pago de prestaciones laborales, de este número, 322 demandas fueron recibidas directamente por las Juntas Permanentes de Conciliación.

Destaca señalar que durante el ejercicio que corresponde al año 2014, las cinco Juntas Permanentes de Conciliación, ubicadas en Apatzingán, La Piedad, Los Reyes, Zitácuaro y Zacapu, atendieron 289 audiencias, emitieron 1,238 acuerdos y practicaron 817 notificaciones.

La vocación conciliatoria del personal adscrito a las Juntas Permanentes, facilitó ampliamente la celebración de 1,382 convenios, destacando que la Junta de Apatzingán, fue la que más convenios recibió, lo que evitó en alguna medida que tales conflictos laborales no llegaran a las Juntas Especiales ubicadas en otros puntos del estado.

Estos convenios representaron una derrama económica del orden de $28’590,064.00 pesos en favor de trabajadores de nuestro estado.

Se ha señalado reiteradamente por los actores en estos asuntos que la acción de las Juntas Permanentes de Conciliación, constituyeron a través del tiempo, un catalizador de los conflictos laborales que se suscitan en las diversas regiones del estado, pues muchos de los juicios laborales eran concluidos en esa instancia.

Igualmente debemos resaltar que el auxilio que prestan las Juntas Permanentes de Conciliación a las Juntas Locales y Federales, en el cumplimiento de exhortos y diligencias, resulta muy significativo, pues sólo en el 2014, atendieron 1,142 pedimentos, de los cuales 172, correspondió conocer a la Junta de Apatzingán y 78 a la Junta de Zitácuaro.

Esta gama de acciones es llevada a cabo por una plantilla de personal compuesta por auxiliares, secretarios de acuerdos, actuarios y mecanógrafos, esto es, por servidores públicos con nivel 03, 12, 13 y 14 del tabulador que corresponde al ejecutivo.

Quinto. Término para la extinción de las Juntas Permanentes de Conciliación.

La exposición de motivos de la nueva Ley Federal del Trabajo, justificó la necesidad de suprimir las Juntas Permanentes de Conciliación, pues el entonces ejecutivo federal, consideró que las mismas, prácticamente ya no existían, dado que en la mayoría de las entidades de la República existían Juntas de Conciliación y Arbitraje.

De modo tal que la Ley Federal del Trabajo del 2012, derogó el contenido de los artículos 591 al 600 y del 601 al 603, los cuales daban sustento legal a las Juntas Federales y Locales de Conciliación, lo que invariablemente debe llevar a su extinción.

No debe soslayarse que la supresión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, debe llevarse a cabo, dentro del término de tres años, contados a partir de la entrada en vigor de la reforma (1º de diciembre del 2012), lo que implica que el término para proceder a su extinción o en su caso transformación fenece el día 30 de noviembre del 2015, en términos del propio artículo 5º y 12º transitorio de la Ley Federal del Trabajo.

En el mismo sentido, es importante destacar que si bien el 25 de febrero del 2013, se publicó el Acuerdo de Austeridad, Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y Modernización de la Administración Pública del Estado de Michoacán, el cual establece restricciones para la reestructuración de entidades y dependencias de la administración pública estatal, sin embargo, no menos cierto es que la modificación a la estructura administrativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, tiene plena justificación y se hace necesaria, dado que la misma

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deriva de la reforma a la legislación laboral, la cual, entró en vigor antes de la emisión del citado acuerdo. Sexto. Transformación de la estructura administrativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, mediante la extinción de las Juntas Permanentes de Conciliación y la creación de la Junta Especial Número Nueve y Diez.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 622 Y 623 de la Ley Federal del Trabajo, la eventual extinción de las Juntas Permanentes de Conciliación, ubicadas en Apatzingán, La Piedad, Los Reyes, Zitácuaro y Zacapu, conllevará implícitamente la modificación de la actual estructura administrativa de la Junta Local.

Por otro lado, es necesario resaltar que la supresión de las Juntas Permanentes de Conciliación, implícitamente provocará que todos aquellos municipios en donde se encontraban ubicadas, se queden sin una instancia administrativa que pueda dirimir conciliatoriamente los conflictos obrero-patronales, lo que llevará a que todas aquellas demandas laborales que eran contenidas, ahora, tengan que ser transferidas a las ocho Juntas Especiales, ubicadas en el Estado.

Esta transferencia natural de demandas a las Juntas Especiales, ubicadas en la ciudad de Morelia, Zamora, Uruapan y Lázaro Cárdenas, llevará implícitamente una sobrecarga del número de juicios que estas atienden, con el consecuente riesgo de provocar responsabilidades administrativas y de carácter penal para los servidores públicos que ahí laboran, lo que agudiza la necesidad de crear las juntas especiales en Apatzingán y Zitácuaro.

Al respecto, es conveniente precisar que la reforma laboral pretendió fortalecer la impartición de justicia, mediante normas y procedimientos en los que incluso se establecen sanciones severas para el personal jurídico de las Juntas que no ajusten sus actos a los plazos y términos para la tramitación de una contienda, esas sanciones van desde la suspensión sin goce de sueldo hasta la destitución y vista al Ministerio Público, por la comisión de un delito en contra de la administración de justicia, de ahí que en ese aspecto también se justifique la modificación a su estructura.

SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS Y PLAZOS PREVISTOS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO • Suspensión sin goce de sueldo hasta por noventa días.

• Destitución del servidor público.

• Vista al Ministerio Público por la posible comisión de un delito contra la administración de justicia. • Responsabilidad administrativa en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Fuente: Artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo.

Tampoco debe ignorarse que la supresión de las Juntas Permanentes de Apatzingán, La Piedad, Los Reyes, Zitácuaro y Zacapu, traerá como consecuencia que trabajadores y patrones de las diversas regiones del estado, tengan que acudir a resolver sus diferencias laborales a las Juntas Especiales, ubicadas en otros puntos del estado, con el consecuente deterioro económico que ello implica.

Extinción de las Juntas

Permanentes de Apatzingán, La

Piedad, Los Reyes, Zitácuaro y

Zacapu.

Falta de instancias que

faciliten la solución de

conflictos laborales en

esos municipios

Sobrecarga de juicios

laborales tramitados

ante las Juntas

Especiales

Deterioro económico de trabajadores y patrones al tener que trasladarse a la capital

Deficiencia en la

impartición de justicia

laboral del fuero local

CAUSA-EFECTO DE LA EXTINCIÓN DE JUNTAS PERMANENTES DE CONCILIACIÓN

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En ese contexto, si bien el ejecutivo guarda la obligación de proceder a la extinción de las Juntas Permanentes de Conciliación, será necesario modificar la estructura actual de la Junta Local, con el propósito de adecuarla a dicha circunstancia. Séptimo. Facultades y Obligaciones de las Juntas Especiales

Ahora bien, dadas las implicaciones que tiene la extinción de las Juntas Permanentes y las cuales ya han quedado precisadas, se exhorta al ejecutivo estatal, la creación de la Junta Especial Número Nueve y Diez, adicionales a las ocho ya existentes, a fin de estar en condiciones de acercar los órganos de impartición de justicia laboral, a la región de la tierra caliente (Apatzingán) y a la región oriente del estado (Zitácuaro) y buscar amortiguar la carga de trabajo que generará la transferencia de asuntos laborales a las Juntas Especiales.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 609 y 623 de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje, se integran por el Presidente de la Junta, cuando se trata de conflictos colectivos de trabajo o con los Presidentes de las Juntas Especiales, en los demás casos, asimismo se integran con los representantes de los trabajadores y de los patrones.

Cada Junta Especial, cuenta con el personal jurídico y administrativo que se requiera.

Por otro lado, conforme a lo que dispone el artículo 616 de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas Especiales tienen las facultades y obligaciones siguientes:

I. Conocer y resolver los conflictos de trabajo que se susciten en las ramas de la industria o de las actividades representadas en ellas;

II. (Se deroga).

III. Practicar la investigación y dictar las resoluciones a que se refiere el artículo 503;

IV. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones del Presidente en ejecución de los laudos;

V. Recibir en depósito los contratos colectivos y los reglamentos interiores de trabajo, decretado el depósito se remitirá el expediente al archivo de la Junta; y

VI. Las demás que le confieran las leyes.

Octavo. Competencia Territorial de las Juntas Especiales.

De acuerdo con la Convocatoria para la Elección de Representantes Obreros y Patronales ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, publicada el 1º de octubre del 2012, el entonces ejecutivo estatal, asignó a las Juntas Especiales, la siguiente competencia territorial:

• Juntas Especiales Número Uno, Dos, Tres, Cuatro y Cinco, ubicadas en la ciudad de Morelia, con competencia territorial en los municipios siguientes: Morelia, Acuitzio, Álvaro Obregón, Angangueo, Áporo, Ario, Carácuaro, Coeneo, Contepec, Copandaro, Cuitzeo, Charo, Chucandiro, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, Madero, Maravatío, Morelos, Nocupétaro, Ocampo, Pátzcuaro, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, Tarímbaro, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tlalpujahua, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio y Zinapécuaro.

• Junta Especial Número Seis, ubicada en la ciudad de Zamora, con competencia territorial en los municipios siguientes:

Zamora, Angamacutiro, Briseñas, Cojumatlán de Regules, Cotija, Chavinda, Chilchota, Churintzio, Ecuandureo, Ixtlán, Jacona, Jiménez, Jiquilpan, José Sixto Verduzco, La Piedad, Marcos Castellanos, Numarán, Pajacuarán, Panindícuaro, Penjamillo, Purépero, Sahuayo, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Tingüindín, Tlazazalca, Tocumbo, Venustiano Carranza, Villa Mar, Vista Hermosa, Yurécuaro, Zacapu y Zináparo.

• Junta Especial Número Siete, ubicada en la ciudad de Uruapan, con competencia territorial en los municipios siguientes:

Uruapan, Apatzingán, Buena Vista, Charapan, Cherán, Gabriel Zamora, La Huacana, Los Reyes, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Parácuaro, Paracho, Peribán, Tancítaro. Taretan, Tepalcatepec, Tingambato y Ziracuaretiro. • Junta Especial Número Ocho, ubicada en Lázaro Cárdenas Michoacán, con competencia territorial en los municipios siguientes:

Lázaro Cárdenas, Aguililla, Aquila, Arteaga, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Chinicuila, Churumuco y Tumbiscatío.

Noveno. Acciones de las Juntas Especiales. Durante el ejercicio de gobierno que corresponde al año 2014, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a través de sus ocho Juntas Especiales, ubicadas en Morelia, Zamora, Uruapan y Lázaro Cárdenas, atendió más de 5,500 demandas laborales.

Dentro de los juicios recibidos, fueron celebradas 18,610 audiencias, se dictaron 39,573 acuerdos, se efectuaron 64,107 notificaciones y en auxilio a otros tribunales laborales, la Junta diligenció 3,046 exhortos.

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En este año, se pronunciaron 1,098 laudos, los que generaron 690 amparos directos y 450 indirectos. NÚMERO DE DEMANDAS RECIBIDAS POR SECTOR (2000-2014)

Fuente: Oficialía de Partes de la JLCA

De igual forma, se atendieron 233 emplazamientos a huelga, en los que se demandó la celebración y firma de contrato colectivo de trabajo, su cumplimiento y la revisión de sus tabuladores salariales.

CRECIMIENTO DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGA 2008-2014

Fuente: Oficialía de Partes de la JLCA

Décimo. Beneficios que atraerán la creación de las Juntas Especiales Número 9 y 10, con residencia en Apatzingán y Zitácuaro.

Los beneficios que atraerá la apertura de las Juntas Especiales Número Nueve y Diez, con residencia en Apatzingán y Zitácuaro, serán las siguientes:

• Acercar la impartición de justicia laboral a la zona de la tierra caliente y oriente del estado de Michoacán. • Generar condiciones de estabilidad social, a través de tribunales laborales legalmente constituidos. • Aprovechar la infraestructura, los recursos humanos y la experiencia de los Juntas Permanentes de Apatzingán y Zitácuaro en las Juntas Especiales Número Nueve y Diez.

• Propiciar condiciones que eviten una exagerada saturación de demandas laborales en las ocho Juntas Especiales, ya existentes.

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• Generar una redistribución de competencias territoriales de las Juntas Especiales.

• Buscar que el conocimiento, trámite y resolución de los juicios laborales se lleve a cabo en los términos que establece la reforma laboral.

Décimo Primero. Transformación de la estructura orgánica administrativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para incluir la Unidad de Asesores de la Presidencia, así como el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales dependientes de la Delegación Administrativa.

Es importante señalar que conforme a los últimos datos del Censo de Población llevado a cabo por el INEGI, durante el año 2010, se determinó que Michoacán tenía una población de 4’351,037 habitantes, de los cuales, 1’835,678 componían la población económicamente activa (PEA), por lo menos hasta el tercer trimestre del 2014, respecto de los cuales, sólo 354,237 se encuentran asegurados ante el IMSS, lo que revela los altos índices de informalidad laboral que existen en el estado.

Este dato es importante señalarlo porque los altos índices de informalidad laboral, son los que propician en alguna medida un incremento significativo de reclamos laborales, pues aquellos trabajadores que laboran en esa condición son los que generalmente prestan un servicio personal subordinado, mediante el pago de un salario, pero sin recibir las prestaciones establecidas en la legislación laboral y las leyes de seguridad social.

Por otro lado, ya ha sido señalado que del año 2000 al año 2014, se ha incrementado en más de un 400% el número de demandas laborales, sin embargo, no obstante el crecimiento poblacional del estado de Michoacán, así como el incremento en el número de personas que componen su población económicamente activa y los altos índices de informalidad, la estructura administrativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado se ha mantenido estática desde 1992, año en el que se crearon las Juntas Especiales Número Seis, Siete y Ocho, con residencia en Zamora, Uruapan y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Fuente: Unidad de Oficialía de Partes.

Este crecimiento demográfico, ha propiciado que muchas de las actividades del tribunal se hayan diversificado, sin que existan áreas o departamentos administrativos encargados de apoyar a la Presidencia de la Junta y a su Delegación Administrativa en la atención de los múltiples asuntos de orden jurídico y administrativo que atiende el tribunal, en ese contexto, hay un desfase significativo entre los asuntos que tienen que atender y la estructura administrativa que existe para su atención.

Esta desproporción administrativa, en la mayoría de los casos, provoca una deficiente prestación del servicio público, pues las instituciones, dependencias o tribunales se ven impedidos para proporcionar un servicio óptimo si no existen las áreas adecuadas para su atención.

En ese contexto, es necesario transformar la estructura administrativa de la Junta, para que además de crear dos Juntas Especiales más (Junta Especial Número Nueve y Diez), también se incluya la Unidad de Asesores del Presidente de la Junta, como un órgano que auxilie y asista al Presidente en la multiplicidad de acciones que le competen.

Como ya ha quedado señalado, las Juntas Especiales, se integran con el Presidente de la Junta, en tratándose del conocimiento, trámite y resolución de los conflictos colectivos de trabajo, en ese contexto, al Presidente de la Junta, le corresponde intervenir directamente en el trámite y resolución de emplazamientos a huelga, juicios ordinarios y especiales de orden colectivo, procedimientos para-procesales, así como en el trámite y resolución de

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registros sindicales, depósito de contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y actualizaciones sindicales.

Al respecto, es importante destacar que sólo en el año 2014, la Presidencia de la Junta intervino en el trámite y resolución de 233 emplazamientos a huelga, 770 depósitos de contratos colectivos de trabajo, 288 reglamentos interiores de trabajo, 3, 573 movimientos de directivas sindicales y 109 solicitudes de registros de sindicato.

ACCIONES EN LAS QUE INTERVINO DIRECTAMENTE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (2014)

Fuente: Oficialía de Partes.

Adicionalmente, corresponde a la Presidencia de la Junta conocer y resolver, lo atinente a procedimientos administrativos de responsabilidad, así como todo aquello relacionado con amparos directos e indirectos en donde tenga el carácter de autoridad responsable, quejas promovidas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y juicios laborales promovidos ante el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.

En el ámbito administrativo, el Presidente de la Junta, es el representante legal del tribunal, por lo que en coordinación con la Delegación Administrativa, al mismo le atañe el manejo administrativo y financiero que permita una óptima operación.

Es ese tenor, resulta indudable que el Presidente de la Junta, requiere que la Unidad de Asesores del Presidente, le asista y le auxilie en la atención y despacho de los asuntos legales, técnicos y administrativos que le competen, a fin de que el mismo pueda cumplir cabalmente con la responsabilidad legal que tiene, es importante destacar que desde el año 2014, el Presidente de la

Junta cuenta con el auxilio de un Asesor contratado como personal eventual, sin embargo, es indispensable que en la estructura administrativa se cuente con ese departamento.

Así mismo, es importante mencionar que desde ejercicios anteriores, la estructura orgánica autorizada solamente contempla a la Delegación Administrativa como única área administrativa para conocer y tramitar todos los asuntos derivados de la gestión de recursos humanos, materiales y financieros. Es decir, no existen departamentos que dependen de ésta para un mejor funcionamiento. Por lo anterior, se propone la creación del Departamento de Recursos Humanos y del Departamento de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales.

Departamento de Recursos Humanos.

Actualmente, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje cuenta con 108 empleados de base y 72 trabajadores eventuales, que se encuentran adscritos en Ocho Juntas Especiales y Cinco Permanentes en el interior del Estado. Las funciones de este departamento serán: ejecutar las actividades que le

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instruya el Delegado Administrativo, para cumplir la normativa, que emitan autoridades competentes en materia de administración de personal; diseñar, controlar y actualizar el sistema de registro y control de personal adscrito a la Junta, así como la integración y custodia de expedientes del personal, vigilar y controlar la asistencia del personal y tramitar los descuentos o incentivos a que se haga merecedor el personal de acuerdo a la ley de la materia, previa autorización del Delegado Administrativo, entre otras actividades.

Departamento de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales.

Implementar, y operar de acuerdo a la normativa de la materia, el sistema para el manejo y registro de los recursos financieros asignados a la Junta; elaborar y tramitar los documentos de ejecución presupuestaria para la ministración del recurso de gasto corriente; supervisar y controlar la elaboración, registro y actualización de las operaciones financieras de la junta y presentar los informes para su autorización, registrar las operaciones del gasto en términos de lo establecido en la normatividad aplicable, ejecutar y cumplir las normas y procedimientos que sobre adquisiciones y servicios generales dicte la autoridad de la materia. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 27,36 y 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, artículo 236 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso y artículos 5º y 12 transitorios de la Ley Federal del Trabajo y

CONSIDERANDO:

Primero. Que la reforma a la Constitución Federal de junio del 2011, estableció que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que el estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, entre otros, el acceso efectivo a la justicia.

Segundo. Que el 1º de diciembre del año 2012, entro en vigor el decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Tercero. Que al aprobarse la nueva Ley Federal del Trabajo, fueron derogados los artículos 591 al 600 y

del 601 al 603, los cuales regulaban el funcionamiento de las Juntas Federales y Locales de Conciliación. Cuarto. Que la exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo vigente, estableció la necesidad de eliminar las Juntas Federales y Locales de Conciliación, ya que en la actualidad prácticamente no existen, toda vez que en casi todas las localidades funcionan Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Quinto. Que el artículo 5º transitorio de la Ley Federal del Trabajo, estableció que las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con un plazo de hasta tres años para transformar las Juntas de Conciliación en Juntas de Conciliación y Arbitraje Local, a cuyo efecto deberán incluir dentro de sus presupuestos correspondientes, los recursos económicos suficientes para garantizar la implementación, funcionamiento y operación. Estos presupuestos deberán ser analizados y aprobados, en su caso, por el Poder Legislativo correspondiente. Sexto. Que el artículo 12º transitorio de la Ley Federal del Trabajo, estableció que las autoridades competentes deberán realizar las acciones conducentes para que los asuntos que estuvieren en trámite, se atiendan por las Juntas de Conciliación y Arbitraje que corresponda, así como para adoptar las medidas administrativas correspondientes respecto al personal de las Juntas Permanentes de Conciliación que se extinguen.

Séptimo. Que el artículo 622 de la Ley Federal del Trabajo, faculta al ejecutivo estatal para que cuando lo requieran las necesidades del trabajo y capital, pueda establecer una o más Juntas de Conciliación y Arbitraje, fijando el lugar de residencia y su competencia territorial.

Octavo. Que el crecimiento poblacional del estado de Michoacán, la diversificación de las actividades laborales en la pequeña y mediana empresa y la situación económica imperante en los últimos años, ha generado un incremento considerable en el número de juicios que anualmente se tramitan y resuelven ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.

Noveno. Que los indicadores de demandas laborales, reflejan un número importante de esos conflictos en la región de la tierra caliente y en el oriente de Michoacán.

Décimo. Que con ese motivo, los sindicatos organizados en centrales obreras, las organizaciones patronales, cámaras de comercio y los abogados organizados, han solicitado a los Poderes, Ejecutivo y Legislativo, la creación de Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, en los municipios de Apatzingán y Zitácuaro, con el objeto de que aprovechando la infraestructura y

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los recursos humanos y materiales ya existentes, trabajadores y patrones ubicados en esa región puedan tener un verdadero acceso a la justicia.

Se somete a votación del Honorable Pleno de la LXXII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO:

Artículo Primero. SE exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán a emitir los instrumentos administrativos conducentes para que se extingan las Juntas Permanentes de Conciliación, ubicadas en las ciudades de Apatzingán, La Piedad, Los Reyes, Zacapu y Zitácuaro, Michoacán.

Artículo Segundo. SE exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán a emitir los instrumentos jurídicos y administrativos conducentes para crear las Juntas Especiales números 9 y 10 con residencia en Apatzingán y Zitácuaro, Michoacán, estableciendo con precisión las bases para su funcionamiento, integración, competencia, tramite de expedientes y cuidando en todo la elección de los representantes de los trabajadores y de los patrones ante tales juntas y el correspondiente Jurado de Responsabilidades.

TRANSITORIOS: Único. Cúmplase.

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO, en Morelia, Michoacán, el día 15 de mayo de dos mil quince.

Dip. Francisco Salguero Ruiz Por el Partido del Trabajo

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JEFEDE DEPARTAMENTO

LIC. FELIPE MORALES CORREA

FORMACIÓNY DISEÑO

GABRIELA CORTÉS RAMÍREZ

CORRECTORDE ESTILO

JUAN MANUEL FERREYRA CERRITEÑO

JUNTADE COORDINACIÓN POLÍTICA

Dip. Salvador Galván Infante

PRESIDENTE

Dip. Laura González Martínez

INTEGRANTE

Dip. Armando Hurtado Arévalo

INTEGRANTE

Dip. César Morales Gaytán

INTEGRANTE

Dip. Sarbelio Augusto Molina Vélez

INTEGRANTE

MESA DIRECTIVA

Dip. Sarbelio Augusto Molina Vélez

PRESIDENCIA

Dip. Antonio Sosa López

VICEPRESIDENCIA

Dip. Adriana Gabriela Ceballos Hernández

PRIMERA SECRETARÍA

Dip. Leonardo Guzmán Mares

SEGUNDA SECRETARÍA

Dip. Víctor Manuel Barragán Garibay

TERCERA SECRETARÍA

SECRETARÍADE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

Lic. J. Reyes Galindo Pedraza

DIRECCIÓN GENERALDE SERVICIOSDE

APOYO PARLAMENTARIO

Lic. Adriana Martínez Cansino

DIRECCIÓN GENERALDE SERVICIOSDE

ASISTENCIA TÉCNICAY JURÍDICA

Lic. Aram Eliud Díaz Delgado

DIRECCIÓNDE ASISTENCIA TÉCNICA

Lic. Aram Eliud Díaz Delgado

[ENCARGADO] DIRECCIÓNDE ASISTENCIAA

COMISIONESY ASUNTOS CONTENCIOSOS

Lic. Eli Tello Esquivel

DIRECCIÓNDE BIBLIOTECA, ARCHIVOY

ASUNTOS EDITORIALES

Lic. Sindy Orozco Orozco

DEPARTAMENTODE BIBLIOTECA

Lic. Rafael Estrada Nieto

P

UBLICACIÓNELABORADAPOREL

D

EPARTAMENTODE

A

SUNTOS

E

DITORIALES REPORTEY CAPTURADE SESIONES

Bárbara Merlo Mendoza, María Guadalupe Arévalo Valdés, Dalila Zavala López, María del Socorro Barrera Franco, Juan Arturo Martínez Ávila, Nadia Montero García Rojas, Mónica Ivonne Sánchez Domínguez, Sonia Anaya Corona, Martha Morelia Domínguez Arteaga, José Aurelio Ignacio Chora Sonato, María Elva Castillo Reynoso, Juan Carlos Muratalla Rodríguez,Gerardo García López.

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