Déficit de policías en México, problema de ingobernabilidad
Aguirre, Juan Pablo
Instituto Belisario Domínguez - Senado de la República, México
Artículo recibido: 01 Junio 2018
Aprobado para publicación: 15 septiembre 2018
Resumen
El déficit de policías es un problema que ha aquejado a los gobiernos federal, estatal y local en México. Si bien el trabajo de un policía tiene condiciones como un salario estable, prestaciones económicas, seguridad social, entre otros, no es atractivo para la mayoría de los jóvenes mexicanos o sus padres y tutores. Si bien los últimos deba-tes se han enfocado en cuanto a la calidad de los uniformados, existen observaciones de organismos internacionales acerca de las carencias en materia de seguridad pú-blica, además de que existen municipios mexicanos sin un solo elemento policiaco. El presente artículo analiza el entorno de la falta de policías en México, partiendo de diferentes señalamientos de organizaciones sociales, así como las repercusiones en la calidad de vida de la población.
Palabras clave
Abstract
Policeman’s deficit is a problem that has afflicted the federal, state and local gov-ernments in Mexico. Although the work of a policeman has conditions such as a sta-ble salary, economic benefits, social security, among others, it is not attractive to most young Mexicans or their parents and guardians. Although recent debates have focused on the quality of the uniformed, there are observations from international organizations about the shortcomings in matters of public safety, in addition to the existence of Mexican municipalities without a single police element. This article analyzes the environment of the lack of policeman in Mexico, based on different sig-nals from social organizations, as well as the repercussions on the quality of life of the population.
Key words
Public safety, police, certifications, Mexico.
Introducción
La poetisa y premio nobel de literatura chilena Gabriela Mistral refería en 1954 a los ele-mentos de policía una dedicatoria que señalaba: “Gracias a los que velan desvelándose, ustedes son sin saberlo los guardadores de nuestros sueños y la conciencia de la ciudad” (Carabineros, 2015). Lo que era un reconocimiento al prestigio y la labor de los trabaja-dores de la seguridad pública.
No obstante, si bien en algunos países el trabajo de un policía es reconocido y aspiracio-nal para niños y jóvenes, en México la situación es diferente, por lo que, en gran parte de los municipios, las entidades federativas y la Policía Federal diferentes estudios refieren de un déficit en el número de elementos. Parte de este rezago es que la policía es asociada como una institución con baja credibilidad en la población. De acuerdo con un estudio elaborado por Consulta Mitofsky en 2016 “las peores instituciones medidas de confianza son los “partidos políticos” (4.8), los “sindicatos” (4.9), los “diputados” (5.0) y la “policía” (5.0)”; (Mitofsky 2017) esto, en una escala de 1 a 10, por lo que recibe una calificación re-probatoria.
se-guridad de los ciudadanos y de la sociedad en general” (Haro, 2012). Por lo que recuperar la confianza de parte de la ciudadanía ha sido un reto que no se ha alcanzado en diferen-tes regiones del país, pese a los esfuerzos por lograrlos.
Además de la crisis de calidad también hay que sumar la de cantidad. La organización Causa en Común refiere que “la tasa de policías en el país, sin contar a la Ciudad de Mé-xico, es de 25.5 por cada 10 mil habitantes. Sin embargo, entre entidades existen grandes disparidades. En Tamaulipas, por ejemplo, se cuenta con solamente 1 policía por cada 10 mil habitantes, mientras que, en la Ciudad de México, hay 95 policías por cada 10 mil ha-bitantes” (Causa en Común, 2017). Sin embargo, no todos los elementos contabilizados cumplen con el deber de cuidar a la población o en labores de tránsito, ya que algunos son utilizados como escoltas particulares o de servidores públicos, así como los que están realizando funciones administrativas, por lo que esta OSC recomienda “incrementar el estado de fuerza de las corporaciones con miras a contar con el número suficiente de elementos acorde a las intervenciones que deben realizar o a las necesidades particulares de cada estado” (Causa en Común, 2017).
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refirió que, en el primer trimes-tre 2017 aproximadamente 331 mil personas trabajan como policías y agentes de tránsito en nuestro país de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) (INEGI, 2017). Sin embargo, esta labor tiene diferentes desafíos a resolver; ya que “hay 231 policías y agentes de tránsito por cada 100 mil habitantes en la República Mexicana” (INEGI, 2017), lo cual es muestra del déficit que pueden existir, en especial en algunos municipios alejados de las grandes ciudades, y aún en el ámbito metropolitano. Además, es una ocupación que envejece, ya que la institución informó que la edad promedio de estos trabajadores es de 37.7 años. Por otra parte, “es una ocupación predominantemente masculina, pues 82 de cada 100 que la ejercen son hombres” (INEGI, 2017). Por lo que existen un área de oportunidad importante para incorporar mecanismos de equidad de género en las diferentes corporaciones de los tres niveles de gobierno.
El presente artículo es un análisis de la crisis de seguridad pública causada por el déficit de policías en todo el país, con mayor impacto en los municipios. Se abordan puntos de vista desde el exterior, análisis de organizaciones nacionales y el papel de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en este sentido, algunos autores afirman que “los poderes legislativos deben adoptar como práctica regular el escrutinio sistemático e in-formado sobre la educación y el entrenamiento policial” (Haro, 2011.29). Probablemente, la inseguridad pública sea el problema más importante del país, por encima de la pobreza o el desempleo, debido a la pérdida de patrimonio, así como el alto índice de homicidios en México, los cuales deben disminuir mediante políticas públicas adecuadas y la mejora en cantidad y calidad de los elementos policiacos.
Informe de la Organización de las Naciones Unidas y su impacto para México
En diferentes documentos la ONU ha recomendado un cierto número de policías por una cantidad de habitantes. Por tanto, “La Organización de las Naciones Unidas recomienda que haya un policía porcada 357 habitantes en cada país. En la práctica, la mayoría de los países tiende a presentar tasas de elementos policíacos per cápita de alrededor de200 policías por cada 100 mil habitantes” (Haro, 2011.24).Este promedio busca que exista una proporción acertada en la búsqueda de entornos seguros.
El estudio Condiciones sociolaborales de los cuerpos policiales y seguridad pública menciona que aún no se ha alcanzado características como la equidad de género en los cuerpos de policía de todo el país. Ejemplo de ello es que “se estima que 90% de los poli-cías son hombres. En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, la quinta parte del su personal son mujeres, pero debe tenerse presente que esa proporción incluye al personal administrativo” (Olivares, 2010.7).
De acuerdo con la ONU “Para combatir la delincuencia organizada transnacional desde una perspectiva de cumplimiento de la ley, es preciso recopilar información, contar con estrategias disruptivas y realizar investigaciones” (ONU. 2016.5). Por lo que además de cubrir las deficiencias de cantidad de elementos se requiere una calidad que forme espe-cialistas en diferentes ramas para combatir a los criminales. Lo cual plantea diferentes retos al estado mexicano, con su déficit en el estado de fuerza.
2017). Derivado de este margen, diferentes estudios han señalado la necesidad de que en diferentes estados y municipios de nuestro país aún no se cuenta con la mínima cantidad de servidores públicos del orden para atender las necesidades básicas de la población. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en México “al 31 de enero de 2017, las entidades federativas registraron un promedio de 0.8 policías por cada mil habitantes. El indicador construido establece como estándar mínimo el promedio entre ambos valores” (SESNSP, 2018).Por lo que es evi-dente la necesidad de invertir tiempo y recursos en la formación de policías, así como mantener el número de elementos en funcionamiento, evitando la deserción. El gráfico 1 muestra que sólo nueve de las 32 entidades federativas tienen al menos un policía por cada mil habitantes en promedio, lo que hay un incumplimiento de las recomendaciones de la ONU en materia de seguridad pública en 23 estados que conforman la República Mexicana.
Gráfico 1. Policías por cada mil habitantes.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Modelo Óptimo de la Fun-ción Policial. (Diagnóstico nacional sobre las policías preventivas de las entidades federativas. Corte al 31
de octubre de 2017). Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Diagnostico_Nacional_MOFP.pdf
0,40,30,5 1,4 1,2 0,5 4,2 0,5 1,2 0,50,4 0,90,80,7 1,2
0,70,70,8 1 0,90,6 0,4 0,8 1,1 0,50,5 1,8 1 1 0,7 1,6 0,7 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 AG S BC BC S CA M CH IS CH IH CD M X CO A CO L D U R G TO G RO | H G O JA L M EX M IC H M O R N
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Las entidades federativas que tienen mayor rezago en el número de policías en compara-ción con el total de su poblacompara-ción son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Querétaro, Sinaloa y Sonora. Las Secretarías de Seguridad Pública de dichos estados deben por lo menos duplicar el actual estado de fuerza a fin de cumplir con las recomendaciones de la ONU.
La inestabilidad laboral de los policías es una de las causas por las cuales abundan las deserciones que minan la posibilidad de mantener un número estable de elementos. El problema viene desde el diseño de las organizaciones debido a la exhaustiva cantidad de exámenes de controles de confianza, lo que de acuerdo con Mauren Meyer “durante más de dos décadas, sucesivos gobiernos mexicanos han tomado medidas para crear fuerzas policiales más profesionales, modernas y mejor equipadas. Aunque estas reformas han incluido algunos elementos positivos, no han logrado establecer sólidos controles inter-nos y exterinter-nos sobre las acciones policiales, lo que permite que continúe un patrón gene-ralizado de abuso y corrupción” (Meyer, 2014.1).
Parte del por qué no se cuenta con la suficiente cantidad de elementos policiacos, tal co-mo recomienda la ONU en sus estándares son las dificultades para que los policías sus-pendidos o que no aprobaron sus controles de confianza puedan recuperar su trabajo. En ocasiones son faltas menores las cuales hacen que se pierda un empleado de la seguridad pública, que ha tenido un entrenamiento arduo y que ya ha dado resultados positivos en la sociedad. En ese sentido, Pérez Cázares realizó un análisis del artículo 123 de la Consti-tución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que regula el derecho laboral. En ese sentido, el apartado B fracción XIII contiene “el fundamento constitucional que regula las relaciones de trabajo entre el estado y los policías, a los cuales se le otorga un trata-miento especial en cuanto a su regulación laboral, pero a los que el poder judicial de la federación en diversas jurisprudencias, les otorga una relación de carácter administrativo frente al estado y no de carácter laboral” (Pérez Cázares, 2011.125).
Por tanto, los policías, al igual que los militares y los marinos no tienen la misma seguri-dad laboral que otros trabajadores mexicanos, lo cual es una razón importante para la deserción y disminución del estado de fuerza. Es necesario que el “policía debe de gozar de todas las garantías laborales que otorga la Constitución como la Ley Federal del Tra-bajo, y ser considerados empleados públicos, con todas las prerrogativas y derechos, en-tre ellas seguridad en su empleo, derecho a la jubilación y pensión” (Pérez Cázares, 2011.147). En gran medida, esta es una imagen que el estado proyecta a la sociedad, y si no se garantiza las condiciones laborales de sus servidores públicos -que en ocasiones son los primeros contactos entre población y gobierno- se desgasta la imagen y confianza de cara a la ciudadanía, así como daños a la institución.
normas de permanencia, sino de aplicar un criterio que permita rescatar la mayor canti-dad de elementos -una segunda oportunicanti-dad-, al tiempo de continuar brindando un ser-vicio de calidad a la ciudadanía.
De acuerdo con Vargas Morgado, esta reforma constitucional data de 1960, “el cual in-trodujo ciertos avances en la relación laboral del estado con los servidores públicos de base, pero limito agrariamente lo relativo a la relación con servidores públicos de con-fianza, y simplemente excluyó a otras muchas categorías de servidores públicos” (Vargas, 2018 747-748). Después de más de medio siglo del cambio, la situación de la seguridad en México se ha transformado, y las necesidades de las corporaciones de policía han su-frido múltiples cambios para adecuarse a los retos que implican el combate contra la de-lincuencia, por lo que es necesario hacer una reflexión sobre una reforma a la Ley, a fin de rescatar los elementos que hacen falta para servir a la sociedad.
Esta preocupación de la exclusión de los policías del artículo 123 constitucional ha sido una de las principales preocupaciones de los legisladores, tal como refiere en el número de iniciativas presentadas para mejorar el estado de fuerza en la presente legislatura, tan-to en Cámara de Diputados como el Senado de la República. Pese a los avances presenta-dos en materia legislativas, la totalidad de iniciativas presentadas para aumentar el nú-mero de miembros se enfocan a la reintegración de elementos en conflicto por alguna irregularidad o proceso abierto, lo cual puede ser justo para los trabajadores del orden, además de rescatar a un elemento que ha sido entrenado y con experiencia para combatir en contra de la delincuencia organizada. Sin embargo, aún no llega al Congreso Federal el debate de aumentar el número de elementos para abatir el rezago, pese a las reflexiones realizadas por Senadores y diputados de la necesidad de fortalecer las condiciones labo-rales de este personal.
Sin embargo, Vargas Morgado reflexiona que “actualmente son muy escasos los derechos con que cuentan los trabajadores policíacos, pero estos derechos resultan nugatorios, pues el oficial de policía no tiene una vía procesal ni un tribunal competente para hacer-los valer y respetar por parte del Estado-patrón (Vargas, 2018, 763). Estas características dejan en grave desventaja a los policías para mantener su empleo; y a los secretarios de seguridad pública estatales para tener un estado de fuerza propio a los señalamientos de la ONU.
caso de guardias especializados en rubros como seguridad penitenciaria, vigilancia rural o especialistas en grandes urbes.
Es preocupante que quienes son responsables de cuidar a los ciudadanos en México arriesgan mucho -familia, integridad, vida- por muy poco. Los salarios son bajos para un empleo de alto riesgo, con pocas prestaciones y ante los peligros de la delincuencia orga-nizada. Por tanto, el sistema actual de seguridad pública no garantiza la permanencia de su personal en las instituciones, así como un desinterés generalizado de jóvenes que deseen trabajar en la policía, y desventajas legales en la defensa de sus empleos, por lo que es difícil mantener el número de elementos con lo propuesto por la ONU.
Situación actual de los cuerpos de seguridad pública en nuestro país
El diagnóstico Modelo Óptimo de la Función Policial realizado por el Secretariado Ejecu-tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a fines de 2017 realizó un diagnóstico acerca de cumplimiento de las secretarías de seguridad pública a fin de eva-luar el cumplimento en los acuerdos básicos de servicio a la ciudadanía (Gráfico 2).
Gráfico 2.Evaluación del cumplimento en los acuerdos básicos (por entidad federativa)
Operaciones Especiales Policía Cibernética Policía procesal
No cumple con el modelo
homologado
En proceso de validación
No cumple con el modelo homologado
En proceso de validación
En cumplimiento con el modelo
nacional
En proceso de validación
Aguascalientes ** ** **
Baja California ** ** **
Baja California Sur ** ** **
Campeche ** ** **
Chiapas ** ** **
Chihuahua ** ** **
Ciudad de México ** ** **
Coahuila ** ** **
Colima ** ** **
Durango ** ** **
Guanajuato ** ** **
Guerrero ** ** **
Hidalgo ** ** **
Jalisco ** ** **
México ** ** **
Michoacán ** ** **
Morelos ** ** **
Nayarit ** ** **
Nuevo león ** ** **
Oaxaca ** ** **
Puebla ** ** **
Querétaro ** ** **
Quintana Roo ** ** **
San Luis potosí ** ** **
Sinaloa ** ** **
Sonora ** ** **
Tabasco ** ** **
Tamaulipas ** ** **
Tlaxcala ** ** **
Veracruz ** ** **
Yucatán ** ** **
Zacatecas ** **
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Modelo Óptimo de la Fun-ción Policial. (Diagnóstico nacional sobre las policías preventivas de las entidades federativas. Corte al 31
Gráfico 3. Salarios netos promedio del policía de escala básica (por entidad federativa)
Gráfico 4. Capacidad total de pernocta en academias o institutos (por enti-dad federativa) $1 0. 81 3 $8 .0 81 $1 3. 00 0 $7 .8 01 $5 .3 91 $1 1. 47 4 $8 .6 74 $1 2. 10 0 $1 0. 92
6 $13.
01 4 $1 3. 28 9 $9 .0 74 $6 .6 17 ,0 0 $7 .7 24 $1 0. 43 2 $1 0. 45 0 $7 .0 56 $7 .6 92 $1 1. 88 4 $8 .6 30 $8 .8 37 $1 2. 95 9 $1 1. 07 4 $1 2. 77 1 $1 2. 86 3 $1 3. 68
7 $16.
17 5 $1 3. 43 6 $7 .1 87 $1 0. 82 0 $1 2. 19 0 $1 2. 84 5 $0 $2.000 $4.000 $6.000 $8.000 $10.000 $12.000 $14.000 $16.000 $18.000 AG S BC BC S CA M CH IS CH IH CD M X CO A CO L D U R G TO G RO H G O JA L M EX M IC H M O R N
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0 300
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Modelo Óptimo de la Fun-ción Policial. (Diagnóstico nacional sobre las policías preventivas de las entidades federativas. Corte al 31
de octubre de 2017). Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Diagnostico_Nacional_MOFP.pdf
Gráfico 5. Proporción de elementos aprobados en control de confianza (% aprobados).
95,2 95 69,4
99,5 82,3
97,8 97,2 94,5 91,4 90,6
98,2 79,7
80,9 81,3
98,8 65,2
82,1 69,7
93 82,8
96,6 97,4 76,7
87,9 57
88,4 85,6
93 84,4 72,1
70,4 67,7
0 20 40 60 80 100 120
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Modelo Óptimo de la Fun-ción Policial. (Diagnóstico nacional sobre las policías preventivas de las entidades federativas. Corte al 31
de octubre de 2017). Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Diagnostico_Nacional_MOFP.pdf
Una deficiencia más es la capacidad instalada de las en academias o institutos de forma-ción policial, lo cual incide directamente en la formaforma-ción y calidad de servicio de los nue-vos elementos. En la gráfica 4 se puede observar que entidades como Colima, Nayarit, Tamaulipas o Zacatecas no cuentan con dormitorios para cadetes, entre otras limitacio-nes.
Una gran limitante para mantener el número de elementos en el estado de fuerza es el control de confianza. Si bien es un mecanismo necesario para atacar la corrupción en las corporaciones también afecta la variación de elementos en servicios. De acuerdo al Mo-delo Óptimo de la Función Policial, entidades como Sinaloa (57%), M9ichoacán (65.2%), Zacatecas (67.7%), Baja California Sur (69.4%) o Nayarit (69.7%) tienen los indicadores más bajos de aprobación (Gráfico 5).
Gráfico 6. Personal que ha tenido actualización en sistema de justicia penal
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Modelo Óptimo de la Fun-ción Policial. (Diagnóstico nacional sobre las policías preventivas de las entidades federativas. Corte al 31
de octubre de 2017). Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Diagnostico_Nacional_MOFP.pdf
En síntesis, las corporaciones de policía muestran deficiencias que deben ser cubiertas a fin de prestar un servicio oportuno y de calidad a la población. Asimismo, mejorar las condiciones laborales de los uniformados ayudará a que más jóvenes tengan la vocación de servir en las corporaciones federales, estatales y municipales, lo que reducirá el déficit de elementos que actualmente existen y se dará cumplimiento con lo señalado por la ONU.
Trabajos legislativos en el tema
pendientes en Comisión (es) de Cámara de origen, una retirada y una desechada (Cuadro 1)
Cuadro 1. Situación de las iniciativas presentadas en la LXIII Legislaturas de la Cámara de Diputados y el Senado de la República acerca del déficit de
po-licías.
Denominación del asunto y fecha de presentación
Presentada por
Objetivo Estatus
Que modifica y adiciona la fracción XXIII del artículo 73 y se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4 de febrero de 2016
Sen. Manuel Bartlett Díaz
Fortalecer los cuerpos policiacos locales y fomentar su profesionalización. Para ello propone: 1) determinar que el Sistema Nacional de Seguridad Pública establecerá, con orientación munici-palista, las reglas y procedimientos para constituir un sistema de profesionalización policial que atienda los tres órdenes de gobierno y se encargue de los cuerpos locales; 2) precisar los elementos que deberán obtener las policías de los diferentes niveles de gobierno, principal-mente los municipales; 3) identificar los municipios con alto índice de criminalidad para brin-darles atención financiera y de capacitación; 4) puntualizar que los gobernadores de los esta-dos podrán tomar el control de la policía preventiva municipal por causas de fuerza mayor o alteración grave del orden público; y, 5) permitir que los municipios puedan promover contro-versias constitucionales cuando a su juicio se invadan sus competencias en la materia.
Pendiente en comisión(es) de Cámara revisora 23-jun-2016
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 17 de octubre de 2017
Dip. Víctor Manuel Sánchez Orozco
Establecer que el Estado deberá reincorporar al servicio a agentes del MP, peritos y miembros de instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno que hayan sido despedidos injustifi-cadamente.
Pendiente en Comisión(es) de Cámara de origen 31-oct-2017 Que reforma el artículo 123 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 12 de septiembre de 2017
Dip. Liliana Ivette Madrigal Méndez
La iniciativa tiene por objeto proteger y garantizar los derechos laborales del personal de seguridad pública y nacional. Para ello propone; 1) puntualizar que militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del MP, peritos y miembros de las instituciones policiales, se rijan por sus propias leyes laborales, mediante la creación e instalación de Tribunales Laborales especializados en la materia; y, 2) determinar que el Estado estará obligado a pagar la indem-nización y demás prestaciones, así como la reincorporación al servicio, en caso de que la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fuera injustificada.
Pendiente en Comisión(es) de Cámara de origen 14-sept-2017
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3 de octubre de 2017
Dip. Waldo Fernández González
La iniciativa tiene por objeto establecer que los agentes del MP, los peritos y los miembros de las instituciones policiales podrán reincorporarse al servicio público si la terminación de éste fue injustificada. Para ello propone resaltar que ésta no procederá cuando el servidor público haya sido sentenciado por delito que amerite prisión preventiva oficiosa en términos de la normativa aplicable.
Pendiente en Comisión(es) de Cámara de origen 10-oct-2017
Cuadro 1 (continuación). Situación de las iniciativas presentadas en la LXIII Legislaturas de la Cámara de Diputados y el Senado de la República acerca
del déficit de policías.
Denominación del asunto y fecha de presentación
Presentada por
Objetivo Estatus
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
27 de septiembre de 2016
Dip. Víctor Manuel Sánchez Orozco
Establecer que el Estado estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el trabajador del MP o instituciones policiales, así como a la reincorporación al servicio, cuando la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada.
Retirada 17-julio-2017
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5 de abril de 2016
Dip. María Gloria Hernández Madrid
Reincorporar al servicio a los agentes del MP, los peritos y los miembros de las instituciones policiales que no se les compruebe responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Para ello propone: 1) precisar que la remoción subsistirá hasta en tanto la autoridad jurisdiccional resuelva el juicio o medio de defensa que se hubiere promovido; 2) resaltar que si ésta resultare injustificada el Estado deberá proceder a la reincorporación al servicio, a pagar la
ción y demás prestaciones; y, 3) determinar que en el caso contrario la remoción será perma-nente y surtirá sus efectos en los tres niveles de gobierno con independencia de aquel en que se haya determinado.
Que reforma el segundo párrafo de la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 9 de noviembre de 2017
Sen. Layda Elena Sanso-res San Román
Determinar que los agentes del MP, los peritos y los miembros de las instituciones policiales podrán reincorporarse al servicio público si la terminación de éste fue injustificada. Para ello propone: 1) establecer que en caso de remoción los efectos subsistirán hasta en tanto la autoridad jurisdiccional resuelva el juicio o medio de defensa que se hubiere promovido; y, 2) señalar que si la remoción resultaré justificada, ésta será permanente y surtirá sus efectos en los tres niveles de gobierno con independencia de aquel en que se haya determinado.
Pendiente en Comisión(es) de Cámara de origen 9-nov-2017
Que reforma la fracción XIII del artículo 123, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5 de julio de 2017
Congreso de Jalisco
Establecer que cuando la terminación del servicio de agentes de ministerio público, peritos, miembro de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, fuese injustificada, dichos elementos tendrán derecho a optar por la reinstalación en su cargo o por la indemniza-ción correspondiente.
Pendiente en Comisión(es) de Cámara de origen 5 de julio de 2017
Que reforma los artículos 21, 73, 76, 104, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2 de febrero de 2016
PRD Senado La iniciativa tiene por objeto precisar diversos mecanismos en materia policial y de seguridad pública. Entre lo propuesto destaca: 1) establecer en los municipios un umbral poblacional y de estado de fuerza para el mantenimiento de una institución de seguridad pública; 2) determinar la existencia de un marco regulatorio para el ejercicio de las funciones de seguridad pública para el caso de los pueblos y comunidades indígenas que se organicen bajo un régimen de libre determinación y autonomía;…
Pendiente en comisión(es) de Cámara revisora 23-jun-2016
Fuente: Secretaría de Gobernación. Sistema de Información Legislativa (SIL). Disponible en: www.sil.gobernación.gob.mx (fecha de consulta: 2 de enero de 2018).
La participación de legisladores en el tema de aumentar el número de policías a escala municipal, estatal y federal es prioritaria por dos vertientes. Por una parte es el Congreso de la Unión -en especial la Cámara de Diputados- que analiza y puede hacer mejoras en el presupuesto de egresos de la federación; facultad que en las entidades federativas ejercen sus poderes legislativos. Asimismo, mediante iniciativas de Ley, propuestas y puntos de acuerdo los diputados y senadores pueden incidir en llevar el tema a la agenda política. Cabe señalar que tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República exis-ten comisiones que abordan el tema de seguridad pública. Un paso importante es la con-formación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, la cual está integrada por tres senadores (uno como presidente, otro como secretario y el último integrante), ade-más de tres diputados (uno secretario y dos integrantes). No obstante, al 14 de diciembre de 2017 no presentaban asuntos turnados de ninguna índole, con nulo avance en propo-siciones, puntos de acuerdo o minutas (Comisión Bicameral, 2018).
La Comisión de seguridad pública del Senado de la República está compuesta por 15 se-nadores, doce de los cuales son integrantes de la misma, dos tienen el cargo de secreta-rios y un presidente. En el Informe de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura septiembre 2016- agosto 2017de este organismo resalta el siguiente avance (cuadro 2):
Cuadro 2. Total de asuntos turnados en la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República en la LXIII Legislatura (septiembre 2015-agosto
2017).
ASUNTO 2º Periodo Ordinario Primer año de
ejercicio (Febrero – abril
2016)
Periodo de Receso Primer año de
ejercicio (mayo –
agos-to 2016)
1º Periodo Ordinario Segundo año
de ejercicio (Septiembre –
diciembre 2016)
Periodo de Receso (Enero 2017)
2º Periodo Ordinario Segundo año de ejercicio (febrero – abril 2017)
Periodo de Receso Segundo
año de ejercicio (mayo - agosto
2017)
Iniciativas 11 2 8 1 3 4
Minutas 0 0 2 0 0 0
Puntos De Acuerdo
22 5 49 0 50 0
Total Por Periodo
33 7 59 1 53 4
Total Por Año
40 asuntos turnados durante la segunda mitad del primer año de ejercicio
117 asuntos turnados durante el segundo año de ejercicio
Sumatoria Total
157 asuntos Turnados A La Comisión De Seguridad Pública
Fuente: Comisión de seguridad pública del Senado de la República. Informe de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura septiembre 2016- agosto 2017. Disponible en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/seguridad_publica/docs/Informe2_LXIII.pdf(fecha de consulta: 3 de enero de 2018).
Hacia propuestas en calidad y cantidad de elementos policiacos
Por su parte, el colectivo # propuestas mx publicó el texto diez propuestas de política pública para mejorar las instituciones de seguridad en México. En ese sentido, destacan propuestas como: “Implementar un Observatorio Ciudadano para el monitoreo de un Se-gundo Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad; Generar incentivos para garantizar la implementación de la Reforma de Justicia Penal; Generar mecanismos de evaluación sistemática del desempeño e impacto del gasto público de los fondos dedi-cados a la seguridad” entre otros (Nexos, 2014). No obstante, no hay alguna concreta pa-ra aumentar la captación de aspipa-rantes a policías.
El periodista Alejandro Hope tiene una visión más cercana de la importancia de fortale-cer el estado de fuerza en las distintas instituciones de policía, al sugerir que se debe “In-crementar el tamaño de las corporaciones, pero primero transparentar su estado de fuer-za (es decir, saber cuántos policías hay)” (Hope, 2017). Este análisis destaca las deficien-cias y desconocimiento de las estadísticas en la materia.
En algunos municipios y entidades federativas se ha llevado a cabo mejoras en los sala-rios y prestaciones a fin de evitar la deserción del número de policías. Otras corporacio-nes han llevado a cabo reclutamientos fuera de sus jurisdicciocorporacio-nes a fin de atraer jóvecorporacio-nes que suplan a quienes no tienen interés de servir en materia de seguridad pública en su localidad.
Propuestas como el Mando Único o el Mando Mixto han buscado brindar mejores servi-cios a la población, aunque con diferentes opiniones de la ciudadanía. Una encuesta ela-borada por Parametría sugiere que 29% de los encuestados está de acuerdo en que se uni-fiquen los diferentes sistemas de seguridad pública y de justicia del país en un solo man-do. Mientras que 26% estaba en desacuerdo (Parametría, 2004).
En el Senado de la República el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propu-so “aumentar la capacidad de investigación de las policías y dar autonomía al ministerio público” (GPPAN, 2017). En ese contexto, el Senador Gil Zuarth refirió que “No vamos a garantizar las condiciones de eficacia del Sistema Penal Acusatorio mientras exista la fa-lla humana, y la fafa-lla humana tiene que ver con un déficit de capacidades institucionales, fundamentalmente en el tema de la investigación” (GPPAN, 2017).
que se encuentren en riesgo frente a amenazas de la delincuencia organizada” (Gendar-mería, 2018).
Sin embargo, como proyecto sexenal y debido a limitaciones presupuestales es incierto el futuro de la Gendarmería tal y como la conocemos actualmente, por lo que en un futuro pueden existir diferentes reformas, a fin de fortalecer su participación en materia de se-guridad pública en nuestro país.
Algunas voces refieren lo costoso y difícil de reformar las instituciones policiacas, sin em-bargo, son cambios necesarios para atacar la inseguridad y brindar resultados óptimos a la sociedad. Grandes transformaciones de este tipo se dieron en la década de los cincuen-tas en Hong Kong o a fines del siglo XX en la administración de Rudolph Giuliani en Nueva York; ambos esfuerzos permitieron disminuir tanto la percepción delictiva como los índices de seguridad, con depuración y aumento en el número del estado de fuerza, dignificando sus funciones y trabajo.
Otro problema que afrontan las corporaciones de seguridad pública para mantener su estado de fuerza son las bajas por defunciones de los elementos en cumplimiento de su deber. Una investigación realizada por el rotativo El Universal mencionó que de 2012 a 2016 fallecieron 57 policías, de los cuales 29 portaban el uniforme en el momento del ataque, y una cifra casi similar (28) se dirigía a laborar o estaba fuera del horario de ser-vicio. Entre otros detalles el estudio afirma que “otras causas por las que fallecieron poli-cías fuera de servicios en los períodos mencionados son: 14 por accidente; nueve por coli-sión; siete por percance vehicular y tres por atropellamiento” (El Universal, 2018). Por tanto, el elemento de seguridad es vulnerable cuando esta fuera del horario de servicio y puede ser objeto de maltratos, golpes, accidentes o venganzas. En ese sentido, el investi-gador Guillermo Zepeda (El Colegio de Jalisco) afirma “cuando se les ve vulnerables, desarmados o como ciudadanos de a pie, los policías también son objeto de un trato ale-voso, violento y de saña adicional, pues el infractor sabe que puede quedar impune” (El Universal, 2018).
En comparación, las causas de fallecimientos de policías en la Ciudad de México cuando portan el uniforme son: “16 por colisión; cinco por atropellamiento; tres por caídas; tres por accidentes; tres por enfermedad y uno por derrape” (El Universal, 2018). Por tanto, este es un trabajo de riesgo no sólo por el ataque frontal contra los delincuentes, sino por los peligros viales que afrontan estos trabajadores.
Otro reto será terminar con el rezago en los cuerpos de seguridad pública a escala muni-cipal, lo cual ahonda más el problema, ya que actualmente existen ayuntamientos en di-ferentes entidades federativas que no tienen ni un solo elemento, lo que afecta el desarro-llo social además de mostrar la ingobernabilidad en estas demarcaciones.
Por último, los controles de confianza causan alrededor de 7% de bajas debido a los em-pleados que no cumplen con los requisitos para acreditar los exámenes (SESNSP, 2017). Por lo que una posible solución es captar a un mayor número de aspirantes de lo planea-do (10% más de la cifra necesaria para cubrir el déficit).
Comentarios finales
La disminución del número de efectivos policiales o el deficiente estado de fuerza es un problema de política pública en materia de seguridad, lo que abona las condiciones para que la delincuencia organizada pueda ocupar espacios para realizar sus actividades y desplazar los entornos para el desarrollo humano.
Si bien la ONU sugiere que por cada mil habitantes existan 2.8 policías en 31 estados de la federación no se cuenta con esta capacidad, lo que únicamente ha logrado la Ciudad de México. Factores como problemas de disciplina, despidos, desinterés de los jóvenes para enrolarse, fama de corrupción en las corporaciones o el riesgo laboral han perjudicado esta profesión a fin de mantener un número que le permita atender eficientemente a la ciudadanía.
En México ha suscitado interés particular el número de iniciativas de reformas al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción B inciso XIII, la cual no permite el reingreso de policías, marinos, ejército o Ministerios Públicos en caso de que sean despedidos. Si bien es una medida para tratar de mantener el estado de fuerza también puede generar problemas de disciplina o paros.
Referencias/References
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Sobre el autor/About the author
Juan Pablo Aguirre es posdoctorado en Control Parlamentario por la Universidad de Al-calá de Henares y la Academia Internacional de Ciencias Político Administrativas y Estu-dios de Futuro (lAPAS). Doctorado en Humanidades y Maestría en Historia de México por la Universidad Latinoamericana, estudios de Maestría en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, cuenta con 20 diplomados en instituciones como la UNAM, Wage-ningen University, Tec. de Monterrey (ITESM), Academia Mexicana de la Historia, Co-femer, Condusef y Universidad Virtual del Estado de Guanajuato
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