LA APROBACIÓN PRESIDENCIAL EN COLOMBIA (2008-2016). UN ANÁLISIS DESDE LAS CARACTERÍSTICAS, PERCEPCIONES Y ACTITUDES DE LOS
INDIVIDUOS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C. 2018
LA APROBACIÓN PRESIDENCIAL EN COLOMBIA (2008-2016). UN ANÁLISIS DESDE LAS CARACTERÍSTICAS, PERCEPCIONES Y ACTITUDES DE LOS
INDIVIDUOS
MARIANA DE JESÚS PEREA URREA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C. 2018
LA APROBACIÓN PRESIDENCIAL EN COLOMBIA (2008-2016). UN ANÁLISIS DESDE LAS CARACTERÍSTICAS, PERCEPCIONES Y ACTITUDES DE LOS
INDIVIDUOS
MARIANA DE JESÚS PEREA URREA
DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO
GABRIEL NICOLÁS CAMARGO TOLEDO
M.A. en Ciencia Política Universidad de Vanderbilt, Politólogo Universidad de los Andes.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C. 2018
Tabla de contenido
Introducción ... 1
1. Justificación ... 2
2. Consideraciones teóricas ... 5
2.1. Estudios sobre aprobación presidencial: Hipótesis a partir de la revisión de literatura ... 7
3. Hipótesis derivadas de las particularidades del contexto colombiano (2008-2016) ... .19
4. Metodología... 28
4.1. Variables independientes según la literatura tradicional sobre aprobación presidencial ... 30
4.2. Variables independientes según el contexto colombiano ... 32
4.3. Diseño metodológico para el análisis de la información ... 33
5. Análisis de resultados ... 34
5.1. Efecto de las variables tradicionales de la aprobación presidencial en Colombia ... 37
5.2. Efecto de las variables específicas del contexto colombiano ... 40
6. Conclusiones ... 44
1 Introducción
En el año 2002 Álvaro Uribe fue elegido presidente de Colombia con una votación mayoritaria que le dio la victoria en la primera vuelta electoral. A partir de ese momento contó con un gran apoyo popular y alcanzó niveles de aprobación sin precedentes para un mandatario colombiano en la historia reciente, superando en muchas ocasiones el 60% de favorabilidad (Barómetro de las Américas, 2017, pág. 242)1. Tanto así, que en las elecciones presidenciales de 2006 fue reelegido con
una votación arrolladora e incluso sostuvo su alta aprobación en su segundo mandato, sin importar los escándalos políticos destapados durante su gestión (Cruz, 2018).
En contraste Juan Manuel Santos, sucesor de Uribe Vélez en 2010, pasó de contar con una favorabilidad superior al 50% en los dos primeros años de su primer mandato (2010- 2011) a niveles de aprobación inferiores al 30% desde el 2012 (Barómetro de las Américas, 2017, pág. 242). Pese a su gran impopularidad, en el año 2014 vuelve a ganar las elecciones presidenciales; sin embargo, la aprobación de Santos sigue decayendo en su segundo período gubernamental, hasta obtener tan solo un 25% de favorabilidad en 2016 (Barómetro de las Américas, 2017, pág. 242).
Ahora bien, la popularidad de Álvaro Uribe ha sido un fenómeno de gran atractivo para los investigadores de las Ciencias Sociales, primando los estudios de análisis de discurso, estilo de gobierno y comunicación gubernamental, y siendo menos comunes las investigaciones sobre opinión ciudadana (Wills & García, 2015). En la otra orilla, en cambio, son pocos los trabajos sobre la aprobación de la administración de Juan Manuel Santos. Actualmente, han tenido protagonismo los análisis en torno al proceso de paz con las FARC (Cárdenas, 2013; Rodríguez- Raga, 2017) implementado durante el gobierno Santos y el clima de polarización
1 En este Informe del Barómetro de las Américas, en la página 242 está la gráfica donde se muestra la evolución de la aprobación presidencial en Colombia, desde el 2002 hasta el 2016.
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que se desató desde que se hicieron públicas las negociaciones en el 2012. No obstante, la caía de su favorabilidad ha sido poco estudiada.
En ese orden de ideas, el objetivo fundamental de esta investigación es realizar un análisis de los factores de la opinión ciudadana que pueden incidir en la aprobación presidencial, más allá de las características particulares de la personalidad del mandatario y su estilo de gobierno, a partir de los datos recolectados por el Barómetro de las Américas. Por consiguiente, se busca hacer un estudio de las variables que “tradicionalmente” se han relacionado con la favorabilidad hacia el mandatario, observando cómo evolucionan dichos factores en dos casos que parecen ser muy diferentes en términos de aprobación gubernamental.
Al mismo tiempo, esta investigación también pretende examinar otros elementos relacionados con el tratamiento del conflicto armado y la victimización [que en la literatura académica sobre comportamiento político y opinión pública han sido poco estudiados2 (García, 2009)], bajo la consideración de que pueden ser importantes a
la hora de entender el fenómeno de la aprobación presidencial, en contextos de alta violencia política como el colombiano.
1. Justificación
En primer lugar, la relevancia de los estudios de opinión en la ciencia política radica en la pretensión de sistematizar e interpretar las creencias, ideas y predisposiciones de los ciudadanos, en búsqueda de que dicho análisis sirva para la toma de decisiones políticas o para la predicción de posibles comportamientos. Tales estudios emplean encuestas representativas para el análisis de una población
2 Según la investigación “Political Violence and Electoral Democracy in Colombia. Particiation and Voting Behavior in Violent Contexts” realizada por Miguel García (2009): “No hay muchas investigaciones que hablen de la relación entre contextos violentos y comportamiento político. No obstante, algunos estudios han demostrado que la violencia política es una herramienta efectiva para moldear el comportamiento cívico de los ciudadanos. Por ejemplo, en términos de participación electoral, en los contextos de conflicto los actores armados frenan o impiden la participación política de la población vulnerada. (Collier & Vicente, 2008; Fornos et al, 2004)”, citado por (García, 2009).
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específica, valiéndose de métodos cuantitativos para la investigación de un fenómeno social (Sánchez, 1999). Así pues, el presente trabajo pretende seguir aportando al estudio de la opinión pública colombiana, utilizando los datos del Barómetro de las Américas, los cuales, además de ser de alta calidad, permiten analizar la evolución de las diferentes variables en un amplio período de tiempo. Para la Ciencia Política anglosajona la aprobación presidencial ha sido por tradición tema de especial interés, mientras que en América Latina esta línea de investigación ha tomado fuerza apenas recientemente, sobre todo en países como Venezuela, Ecuador y Colombia (Merolla & Zechmeister, 2011; Meléndez, 2017; Wills & García, 2015). Lo que puede atribuirse, en parte, al ascenso de mandatarios personalistas3
con un notable apoyo ciudadano, como Hugo Chávez, Rafael Correa y Álvaro Uribe. Además, las crisis institucionales y de confianza democrática en Chile y Argentina (por ejemplo) han llevado a estudiar la relación entre la favorabilidad presidencial y los fenómenos de representación y legitimidad dentro del sistema político (Arana, 2017; Arriagada, Naiva, & Schuster, 2010; Lodola & Kitzberger, 2017).
Cabe agregar que la mayoría de los países en América Latina tienen regímenes presidencialistas en los que el poder del Ejecutivo predomina sobre los demás poderes del Estado, y la figura del presidente es fundamental para la estabilidad o resquebrajamiento de la democracia (Fernández, Ribeiro, & Callai, 2017). En Colombia, particularmente, el peso de los líderes políticos ha traspasado la representación misma de los partidos, donde figuras “independientes”4 han
conseguido derrotar a los partidos tradicionales en la lucha por la presidencia (Pabón & Torres, 2015); como es el caso de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos.
3 Se entiende por gobierno personalista como: “una estrategia política que busca ejercer y mantener el poder mediante una relación directa y afectiva entre el presidente y el pueblo. Este estilo de gobierno trasciende las intermediaciones partidistas y erosiona la institucionalización de las colectividades políticas.” (Ortiz & García, 2014, pág. 380).
4 La palabra “independiente” no se refiere a actores políticos que han estado por fuera del sistema (outsiders), ya que tanto Uribe como Santos son mandatarios con una larga carrera pública dentro de las estructuras tradicionales de poder. Así bien, este término se entiende en este contexto como: “Líderes que impactaron tanto que crearon sus propios movimientos políticos por fuera de los partidos y construyeron otras alternativas partidarias.” (Pabón & Torres, 2015, pág. 132).
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Lo expuesto hasta aquí permite afirmar que el estudio de la aprobación presidencial no solo resulta ser una cuestión pertinente en lo que a la opinión pública respecta, sino también en lo concerniente al funcionamiento propio de la democracia y a cómo se configura la representación popular y la cultura política de una sociedad (Picarella, 2015).
Una razón adicional para realizar este proyecto es la posibilidad de comparar dos mandatarios que lograron reelegirse para un segundo período presidencial; pero que en términos de aprobación son casos bastante diferentes. Por lo tanto, es interesante poder observar cuáles son esos factores individuales que siguen siendo relevantes para la favorabilidad presidencial en Colombia; independientemente del personaje particular que esté en el poder. De igual forma, este trabajo pretende estudiar si existen diferentes efectos sobre la aprobación presidencial, para distintas variables explicativas5.
Finalmente, se analizarán aquí otras variables que han sido poco estudiadas y que podrían explicar la favorabilidad del mandatario en un contexto particular como el colombiano, cuyo sistema político ha gozado de cierta “estabilidad”6 democrática
pese a estar atravesado por un prolongado conflicto social y armado.
Democracia y violencia política en Colombia son dos procesos que se han influido y causado transformaciones formales e informales en las instituciones democráticas y en el comportamiento estratégico de guerrillas y paramilitares, lo cual hace patente que el análisis de la democracia debe
5 Por ejemplo, la investigación realizada por Miguel García y Alejandra Ortiz (2014), evidenció que los mandatarios personalistas (como Álvaro Uribe), eran más “inmunes” a que las evaluaciones sobre el desempeño económico condicionaran de manera negativa su aprobación presidencial.
6 Con estabilidad se hace referencia a una democracia electoral, en la cual se han dado elecciones “libres” y regulares en las últimas décadas (Botero, 2010). Así bien, aunque el conflicto armado no ha logrado poner en “jaque” el funcionamiento del sistema democrático, no hay que desconocer que: “aunque existen instituciones que generan la apariencia de una democracia consolidada, éstas conviven en un entorno que socava su legitimidad. Sostenemos que las principales amenazas para la democracia en Colombia provienen de dos fuentes. Hay amenazas provenientes de factores “externos” relacionados al accionar de actores armados ilegales tales como paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes. Igualmente, hay amenazas provenientes de factores “internos”, en particular por los desbalances entre las ramas del poder” (Botero, 2010, pág. 41).
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trascender una lectura dicotómica entre la justificación o la criminalización de la violencia política y centrarse más bien en su comprensión según las formas en que esta se ha desarrollado y relacionado con las instituciones democráticas. (Pino, 2017, pág. 372).
En ese sentido, se espera determinar si factores relacionados con la victimización a causa del conflicto, así como el tratamiento que le han dado a la lucha guerrillera los gobiernos de Uribe y Santos, ejercen alguna influencia en la forma en la que los colombianos establecen sus preferencias políticas. Entendiendo que el conflicto armado condiciona directamente tanto la vida en sociedad como el comportamiento político de la población.
2. Consideraciones teóricas
Este trabajo se encuentra inscrito bajo la línea de investigación sobre el comportamiento político, lo que se refiere a cómo se forman y qué determina las creencias, actitudes y acciones políticas de los ciudadanos. Así pues, este campo de estudio se centra en el individuo como unidad de análisis para la interpretación de los fenómenos sociopolíticos (Bedoya, 2015); donde han primado las investigaciones sobre los factores que influyen en la decisión de voto (Dalton & Klingemann, 2007).
Uno de los estudios pioneros sobre el comportamiento político es “The Civic Culture” de Almond y Verba (1963), el cual buscaba analizar la cultura política y las actitudes frente a la democracia, bajo un estudio comparado en cinco países. Entendida la cultura política como “orientación psicológica hacia los objetos sociales”; más específicamente como “el sistema político que informa los conocimientos, sentimientos y valoraciones de su población” (Almond & Verba, 1963, pág. 180). En ese sentido, los autores plantean que la cultura política se compone de las “orientaciones” o apreciaciones de los individuos en tres niveles: afectivo
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(sentimientos), evaluativo (opiniones) y cognitivo (conocimientos), sobre los diferentes aspectos que componen la estructura política:
Cuadro 1: “Dimensiones de la orientación política”: Fuente (Almond & Verba, 1963, pág. 181).
En síntesis, “The Civic Culture” (Almond & Verba, 1963) brinda una manera de comprender la manera en que las personas asimilan y juzgan el sistema político, como interactúan en y con él, y cómo estas actitudes moldean la cultura cívica de un país. El trabajo de Gabriel Almond y Sidney Verba fue uno de los precursores en realizar estudios de opinión ciudadana, como un subgrupo dentro del campo de investigaciones del comportamiento político, los cuales han cobrado bastante preponderancia en la ciencia política actual.
Como se afirmó líneas atrás, en el campo de estudio del comportamiento político han prevalecido las investigaciones sobre decisión electoral, en donde el trabajo clásico de la literatura académica es The American Voter (1965), de Angus Campbell, Philip Converse, Donald Stokes y Warren Miller. Allí, Campbell y sus colegas se propusieron describir cómo se comportaban los ciudadanos estadounidenses al momento de votar, y descubrir cuáles eran los factores que influían en sus preferencias políticas. Para esto analizaron el período comprendido entre 1948 y 1956, partiendo de un estudio de datos basados en encuestas que pretendía evidenciar cómo cambiaba el electorado estadounidense.
Según The American Voter, las decisiones políticas (como la elección del mandatario) están condicionadas por la opinión pública, definida esta como el
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conjunto de los procesos que los individuos realizan para entender y juzgar los asuntos públicos (Cambell, et al.,1965). Así bien, a la hora de elegir presidente, los autores de este libro concluyen que, en realidad, los ciudadanos estadounidenses estaban poco informados sobre los temas gubernamentales y eran menos racionales y sofisticados de los esperado. Además, descubren que la afiliación partidista era el factor fundamental para explicar el apoyo electoral (Cambell, et al.,1965).
The American Voter fue uno de los puntos de partida para la investigación sobre
comportamiento político y opinión pública en el mundo; no solo para el análisis de la intención de voto, sino también para la discusión en torno al apoyo gubernamental. De ahí que, la línea de investigación sobre aprobación presidencial se deriva de la literatura sobre decisión electoral, de donde se toman como referencia los estudios empíricos que se han realizado en esta área.
Por consiguiente, se debe aclarar que no existe una teoría particular que explique cómo se configura o qué determina la favorabilidad hacia la gestión del presidente. No obstante, algunos trabajos empíricos han examinado la influencia de varios factores explicativos que parecen incidir en la aprobación presidencial, los cuales sirven de base analítica para la presente investigación.
2.1 . Estudios sobre aprobación presidencial: Hipótesis a partir de la revisión de la literatura
Los estudios que se han dedicado a examinar los factores que inciden en la aprobación presidencial se pueden dividir en seis grandes temáticas: a) Características sociodemográficas; b) Predisposiciones políticas; c) Apreciaciones sobre el desempeño; d) Personalidad del mandatario; e) Consumo de medios de comunicación y f) Confianza institucional. No obstante, las investigaciones más recientes sobre la aprobación hacia la gestión del presidente no se concentran únicamente en una de estas categorías específicas, sino que llevan a cabo análisis más integrales, combinando diferentes tipos de variables explicativas. Anotado lo
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anterior, a continuación se explican los diferentes grupos de trabajos ya mencionados.
a) Características Sociodemográficas
En primera instancia, están los trabajos que se centran en las características de los individuos: estos tienen como premisa que los atributos que definen la identidad de las personas juegan un papel fundamental a la hora de formar sus actitudes políticas. Por ende, variables como el género, la identidad étnica, el estatus socioeconómico y la educación son algunos de los elementos que condicionan la valoración que los ciudadanos hacen de la gestión del mandatario:
Las encuestas sobre decisión electoral dan cuenta de la existencia de diferencias importantes entre las inclinaciones políticas de diferentes grupos de edades, dentro de estratos específicos, grupos educativos, religiosos o étnicos. Esto implica variaciones en las experiencias vitales, y afectan el comportamiento político de los individuos. (Lipset, 1988, pág. 230).
Por ejemplo, en relación con el género, un estudio realizado en Latinoamérica, sobre las diferencias entre los votantes hombres y mujeres, mostró que las candidatas presidenciales eran más proclives a recibir mayor apoyo por parte de las mujeres que de los hombres (Morgan, 2015). En tanto que en Estados Unidos, otro trabajo que analizó la aprobación presidencial entre 1978 y 1997 (Clarke, Stewart, & Elliot, 2005) no halló diferencias significativas en las evaluaciones que hacían hombres y mujeres sobre la gestión del presidente, pero sí evidenció contrastes en la forma en que se realizaban dichas valoraciones. Así pues, en las evaluaciones sobre el desempeño económico (que estaban altamente relacionadas con la favorabilidad del mandatario), las estimaciones resultaron ser distintas entre los dos géneros:
En resumen, los análisis prospectivos de la economía están relacionados con la aprobación presidencial; no obstante, estos juicios son diferentes en los dos grupos: para las mujeres, son expectativas sobre la economía nacional;
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para los hombres: son perspectivas sobre su situación financiera personal. (Clarke, Stewart, & Elliot, 2005, pág. 45)
De igual forma, otro exponente de este tipo de investigaciones, son los que están basados en la identidad étnica o la raza como una característica fundamental cuando de entender los apoyos políticos se trata. Estos trabajos han sido preponderantes en Estados Unidos dada la importancia que tiene allí el tema de la representación política para las minorías étnicas (Howell & McLean, 2001; Kam & Ramos, 2008; Lewis-Beck & Stegmaier, 2016).
En América Latina, aunque estos estudios no han sido tan comunes, se han realizado algunos trabajos en Perú (Madrid, 2011) y Bolivia (Guzmán & Rodríguez, 2018). En Bolivia, por ejemplo, uno de ellos explora cómo fueron posibles la consolidación del partido político Movimiento al Socialismo (MAS) como una fuerza política mayoritaria, y el fortalecimiento de la figura de Evo Morales como presidente. En este documento los autores concluyen que la instrumentalización de la identidad y afinidad étnica como una herramienta electoral, sumada a un discurso de unidad de los sectores más vulnerables, permitió la aparición de este singular escenario político (Guzmán & Rodríguez, 2018). De ahí que, una reciente investigación, en la que se analizaron dieciocho países latinoamericanos, concluyó que la “etnicidad” solo jugaba un papel preponderante en la toma de decisiones políticas en los países donde este tipo de identidad estaba fuertemente politizada y los grupos étnicos se transformaban en actores determinantes dentro del sistema político (Moreno, 2015).
Para el caso particular colombiano, las características sociodemográficas como educación, género, ingreso, edad e identidad étnica, se incluirán como variables de control en el presente trabajo, ya que no se tienen expectativas teóricas sobre estas variables. No obstante, es importante tener en cuenta estos factores, con la finalidad de evitar sesgos en el análisis.
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b) Predisposiciones Políticas
En este subgrupo de trabajos encontramos los análisis sobre ideología política e identidad partidista, y su efecto en la aprobación hacia el mandatario. Estas investigaciones presuponen que las actitudes políticas se ven condicionadas por las posiciones y creencias que asumen los ciudadanos. Según Anthony Downs (1973), las ideologías sirven para simplificar la información a la que están expuestos los individuos y facilitan sus acciones políticas: “La incertidumbre restringe la capacidad de los votantes para relacionar cada acto del gobierno con la propia opinión sobre la sociedad ideal, es decir, su ideología, le ayuda a tomar su decisión sobre cómo votar.” (Ojesto & Barajas, 2013, pág. 535).
Lo mismo sucede en términos de aprobación presidencial: así bien, la evaluación sobre el desempeño del presidente se ve influenciada por la cercanía del mandatario con la afinidad ideológica de determinado individuo (Bartels, 2000). La posición ideológica en América Latina, sin embargo, es una variable difícil de interpretar, ya que muchos de los ciudadanos o no se identifican o no saben posicionarse en una escala entre “izquierda” y “derecha” (Zechmeister, 2015). Retomando a Downs (1973) los partidos políticos también hacen uso de la ideología para captar el apoyo de los votantes. Como resultado, los ciudadanos favorecen electoralmente a aquellos partidos que más se ajusten a sus creencias. Esto se traduce en la favorabilidad presidencial, de modo que los ciudadanos aprobarán en mayor medida al mandatario si este comparte su misma afiliación partidista. Los trabajos sobre afinidad partidista y aprobación presidencial han encontrado grandes aportes en la ciencia política anglosajona, donde se ha concluido que los individuos que son afines al partido de gobierno tienden a presentar mayores niveles de favorabilidad hacia la gestión del mandatario. (Gronke, Koch, & Wilson, 2003; Kernell, 1977; Cambell, et al.,1965).
En Latinoamérica, un estudio sobre partidismo en diecisiete países de la región evidenció que los ciudadanos que tenían una afiliación partidista definida tendían a
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estar más informados, participaban en mayor medida en la política, y se sentían más comprometidos. Dicho “compromiso” también jugaba un papel importante a la hora de tomar decisiones políticas (Lupu, 2015).
Con respecto a la identidad partidista, en el presente trabajo se infiere como hipótesis de investigación que los ciudadanos afines al partido de gobierno (Partido de la U)7 tenderían a calificar mejor el desempeño del presidente. Por otro lado, en
lo referente a la posición ideológica, esta se incluirá como una variable importante dentro del modelo tradicional sobre aprobación presidencial, a pesar de las dificultades que señalan algunos autores en cuanto a cómo se entiende la ideología en los países latinoamericanos (Plata, 2016; Zechmeister, 2015).
c) Apreciaciones sobre el desempeño
Las investigaciones que privilegian las apreciaciones sobre el desempeño y su relación con la aprobación del mandatario nacen de las teorías de la elección racional, por ende, se asume que los sujetos construyen sus preferencias a través de procesos de análisis costo-beneficio. En consecuencia, la aprobación presidencial está condicionada por exámenes individuales sobre la gestión del gobierno y cómo ésta ha influido en su bienestar personal, por ejemplo: la percepción de seguridad, la percepción de la corrupción o la situación económica. En estos trabajos han predominado los análisis sobre la estimación del desempeño de la economía, que se sustentan en la teoría del voto económico.
La teoría del voto económico parte de la premisa de que las decisiones electorales dependen de las fluctuaciones de la economía. En ese sentido los electores aplican la lógica de premio-castigo, apoyando al candidato o
7 Álvaro Uribe se lanza a la presidencia en el 2002 como candidato independiente, después de abandonar el Partido Liberal. En 2005 Juan Manuel Santos funda el Partido de la Unidad Nacional (Partido de la U), conformado básicamente por líderes regionales que pertenecían al Partido Liberal y se adhirieron al Partido de la U, para apoyar la reelección de Álvaro Uribe (Daza, 2010). En las elecciones del 2010 y en las del 2014, Juan Manuel Santos gana la presidencia como candidato de ese mismo partido. Sin embrago, en el 2015 Álvaro Uribe funda su propio partido político (El Centro Democrático), para hacerle oposición al gobierno Santos.
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partido en el gobierno en contextos de prosperidad económica y negando el apoyo electoral a este en situaciones de crisis. La misma lógica se aplica
en términos de aprobación presidencial8. (Ortiz & García, 2014, pág. 377).
Las investigaciones basadas en el voto económico han llegado a la conclusión de que entre mejor sea la percepción sobre la situación económica [bien sea un análisis a nivel social (sociotrópico) o de carácter individual (egotrópico)], mayor será el nivel de satisfacción con el gobierno y de aceptación del presidente (Kinder & Kiewiet, 1981). De ahí que factores como el crecimiento de la economía, la inflación y el desempleo son determinantes en la evaluación ciudadana de la actuación gubernamental.
Bajo esta misma línea, otros autores se han preguntado si esta relación entre la valoración sobre el desempeño de la economía y la aprobación presidencial difiere entre los países industrializados y los países en vía de desarrollo (Duch, 2001; Cohen, 2004). Como resultado, estos trabajos han evidenciado que en los países con economías y democracias incipientes, la relación entre rendimiento económico y evaluación de la gestión del presidente es más débil, comparado con las sociedades más desarrolladas: “En el período inicial de democratización las condiciones necesarias para una relación efectiva entre votante y responsables no están completamente desarrolladas. El voto económico se vuelve relevante cuando los niveles de información económica y la confianza en el gobierno aumentan.” (Duch, 2001, pág. 395).
Así mismo, en democracias con instituciones y economías estables, los exámenes sobre el rendimiento de la economía y la acción gubernamental suelen ser de tipo prospectivo, es decir, apreciaciones a futuro sobre el porvenir de las condiciones político-económicas. Por el contrario, en los países donde las fluctuaciones económicas son muy abruptas, que además tienden a tener instituciones democráticas muy débiles, la valoración sobre el desempeño de la economía y la
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gestión gubernamental son de carácter retrospectivo, lo que significa que son comparaciones con base a gobiernos y situaciones pasadas (Cohen, 2004).
En América Latina también se han encontrado resultados relevantes en cuanto el voto económico. En casos como el de Chile (Ramírez & Vargas, 2013) y Perú (Arce & Carrión, 2010) se ha evidenciado cómo en análisis temporales más largos, que estudian más de un período gubernamental, la variable explicativa que resulta más significativa para interpretar la aprobación presidencial es la percepción sobre la situación económica.
De otro modo, estudios menos comunes sobre apreciaciones de desempeño han encontrado información relevante en otras variables (diferentes a la economía) que influyen en la aceptación del mandatario y la evaluación de su gobierno. Por ejemplo, un trabajo realizado en México arrojó como resultado que la percepción de seguridad, concretamente la valoración sobre la efectividad de lucha conta el crimen, fue un factor muy influyente en la aprobación presidencial después de la transición democrática del 2000 (Gómez, 2012).
En ese mismo sentido, otra investigación mexicana evidenció que cuando el desempeño de los gobiernos locales fue óptimo, este hecho correspondió con altos niveles de favorabilidad hacia el presidente. Esto porque, en sistemas “multinivel” los ciudadanos tienen poca claridad de quién hace qué, por lo que terminan relacionando la actuación de las autoridades territoriales con el gobierno nacional (Armesto, 2017).
Con base en la literatura anteriormente descrita, para el análisis de la aprobación presidencial en Colombia, en este estudio se utilizará la variable de percepción de la economía como factor explicativo de la favorabilidad del mandatario. Por ende, en la segunda hipótesis de investigación se esperaría que los ciudadanos que califican positivamente el desempeño económico (a nivel sociotrópico o egotrópico) sean más proclives a tener una mayor aprobación hacia el presidente.
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d) Personalidad del mandatario
En esta cuarta categoría se encuentran los trabajos que se preocupan por analizar la personalidad del mandatario, su estilo de liderazgo y la forma como se relaciona con la ciudadanía, como variables explicativas del apoyo a la gestión gubernamental. Actualmente, estas investigaciones han cobrado gran protagonismo en América Latina, gracias al surgimiento de lo que algunos autores han denominado como el “Neopopulismo”.
El neopopulismo es un fenómeno de primer orden en el escenario político de América Latina. Se instaura como una “nueva” forma de representación e identificación política a causa de la paulatina deslegitimación de las instituciones políticas tradicionales. La crisis de representación posibilitó el “resurgimiento” de líderes personalistas que, apoyados en su carisma personal, se mostraron como salvadores de la nación y hombres providenciales restituidores del orden perdido.” (Patiño & Cardona, 2009, pág. 165).
De ahí que, una investigación en Latinoamérica, realizada por Alejandra Ortiz y Miguel García (2014), buscaba analizar si el “estilo de gobierno personalista” influía en las percepciones políticas de los ciudadanos, y, por ende, en la favorabilidad del presidente. En el trabajo se evidenció que efectivamente existía una relación muy fuerte entre los gobiernos personalistas y la aprobación presidencial: “Los promedios de aprobación presidencial en países con presidentes personalistas son más altos que los de países gobernados por mandatarios con otro estilo de gobierno.” (Ortiz & García, 2014, pág. 391). Al mismo tiempo, los autores llegaron a la conclusión que, en América Latina, las evaluaciones sobre el desempeño de la economía también se veían condicionadas por el estilo de gobierno del mandatario: El personalismo opera como un mediador en la relación entre evaluaciones de la economía y aprobación presidencial. Así, en contextos personalistas, los ciudadanos cuyas evaluaciones de la economía nacional son positivas
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aprueban más generosamente la labor del presidente, que en países donde un buen manejo de la economía no se acompaña de un estilo de gobierno personalista. (Ortiz & García, 2014, pág. 391).
Como ya se indicó, esta clase de trabajos ha despertado gran interés por parte de los académicos, sobre todo en países como Ecuador (Freidenberg, 2011; Meléndez, 2017), Colombia (López, 2015; Kajsiu, 2017) y Venezuela (García F. , 2013; Merolla & Zechmeister, 2011), debido a que personajes como Rafael Correa, Álvaro Uribe y Hugo Chávez obtuvieron niveles de apoyo ciudadano sin precedentes en sus respectivos países. Sin embargo, aunque se reconoce la importancia de este tipo de investigaciones, para efectos de este análisis no se tomarán en cuenta las características particulares de la personalidad de los dos mandatarios Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, puesto que el objetivo principal de este estudio son los factores individuales de los colombianos, que podrían incidir en las evaluaciones hacia la gestión gubernamental.
e) Consumo de medios de comunicación
En quinto lugar, los trabajos que se enfocan en los medios de comunicación estudian en qué forma su consumo configura o refuerza los conceptos y predisposiciones políticas de los ciudadanos. Por tanto, se entiende que los medios de comunicación no son únicamente emisores de un mensaje, sino que, a su vez, brindan una interpretación de la información, y una manera de representar la realidad (Masterman, 1993). En ese orden de ideas, este tipo de investigaciones supone que la aprobación presidencial está determinada, también, por la información a la que los individuos están expuestos para generar sus propias evaluaciones sobre el gobierno. En general, este tipo de estudios ha encontrado un efecto indirecto de los medios de comunicación sobre la aprobación presidencial, puesto que éstos funcionan como mecanismos que reafirman las percepciones iniciales de los individuos.
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Entre los trabajos que podemos encontrar en esta categoría está un estudio realizado en Chile, el cual partía de la hipótesis de que las características identitarias de los individuos, así como las evaluaciones sobre el desempeño económico condicionaban el consumo de medios de los ciudadanos, lo que a su vez incidía en la aprobación del mandatario (Arriagada, Naiva, & Schuster, 2010). Como se observa en el modelo analítico que proponen en su trabajo:
Cuadro 2. “Relaciones de causalidad entre predisponían política, percepción económica y consumo de medios sobre aprobación presidencial.” Fuente: (Arriagada, et al., 2009, Pág. 677)
Según los autores, el consumo mediático estaba condicionado por otras características de los individuos, donde dicho consumo servía para reforzar las actitudes y percepciones políticas de los ciudadanos, en este caso, la favorabilidad hacia el mandatario. De esta manera, el consumo por sí solo no explica la aprobación presidencial, sino que depende del tipo de fuentes y mensajes que las personas escogen para informarse, así como los criterios para la selección de dicha información.
“Los individuos tienden a utilizar criterios de selección tanto para escoger
medios como para seleccionar contenidos. Las personas segmentan la
oferta informativa de acuerdo con sus intereses y necesidades… al elegir la información la gente refuerza sus preferencias políticas9 y evita aquella
información que les generan inconsistencias.” (Arriagada, et al., 2010, pág. 675).
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Así pues, los investigadores concluyeron que el consumo de medios, particularmente el de prensa escrita, tenía efectos indirectos en las evaluaciones que los individuos hacían sobre el desempeño presidencial: “Hay evidencia de que un mayor consumo de medios está positivamente relacionado con posturas más marcadas, tanto optimistas como pesimistas, de la población. Más que ser determinante en definir percepciones, el consumo de medios parece profundizar las percepciones ya existentes” (Arriagada, et al., 2010, pág. 669).
Bajo esta misma línea temática, otro trabajo realizado en Colombia encontró que el consumo de televisión reforzaba la imagen favorable del presidente Álvaro Uribe (Wills & García, 2015). Por su parte, un estudio sobre el kirchnerismo demostró que en la medida en que los individuos eran más radicales en su filiación política hacia Kirchner, tendían a desconfiar más de la información presentada en los medios de comunicación argentinos (Lodola & Kitzberger, 2017).
En la presente investigación no se usarán variables sobre consumo de medios por la poca disponibilidad de los datos en las encuestas del Barómetro de las Américas, pues no incluyen la medición diferenciada del consumo de los distintos medios de comunicación (es decir, no preguntan específicamente sobre el consumo de televisión, radio, prensa e internet) para todos los años que se tuvieron en cuenta. Como el propósito es hacer un análisis comparado de la aprobación presidencial de los dos mandatarios (Uribe y Santos) a lo largo del tiempo, es necesario que se midan los mismos factores en cada período.
f) Confianza institucional
Por último, se encuentran las investigaciones que se han dedicado a analizar cómo la pérdida de confianza en las instituciones políticas puede generar una crisis de representación y poca legitimidad de la democracia. Esto va acompañado de la baja aprobación al gobierno y de poca favorabilidad hacia el mandatario (Arana, 2017; Cantillana, Contreras, & Morales, 2017).
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El concepto de confianza institucional puede entenderse como una construcción entre las expectativas que los ciudadanos tienen sobre “el deber ser” de las instituciones políticas, y un juicio evaluativo sobre su accionar “real” dentro de la sociedad (Morales, 2008). Así pues, la confianza en las instituciones se expresa en dos sentidos: en el apoyo al sistema político y en la participación por medio de los mecanismos democráticos. Por consiguiente, se deduce que la valoración sobre el desempeño institucional puede producir efectos en el comportamiento político de los ciudadanos:
Es esperable que niveles altos de confianza política se asocien al activismo electoral y a actitudes de apoyo al gobierno10 (Grossi & Ovejero, 1994). En
cambio, niveles bajos o insatisfacción con políticas gubernamentales se asociaría con participantes que recurren a acciones contestatarias o de protesta (Van der Meer & Van Ingen, 2009; Van der Meer et al., 2009). Citado por (Sorribas & Bressino, 2017, pág. 320).
En lo que tiene que ver con la aprobación presidencial, se han encontrado evidencias en algunos trabajos realizados en Chile, sobre la asociación entre la baja participación electoral (a nivel nacional) y calificaciones negativas a la gestión del presidente (Arana, 2017; Morales, 2008). De igual modo, otros estudios han mostrado cómo la aprobación del mandatario está correlacionada con el apoyo de los ciudadanos al sistema democrático: “El apego de los ciudadanos a la democracia no solo va ligado a las variaciones en la participación electoral, sino también a las percepciones en torno a las instituciones y las autoridades de gobierno”. (Cantillana, et al., 2017, pág. 258).
Es importante aclarar en este punto que la aprobación presidencial en este tipo de trabajos se entiende más como un factor explicativo de la cultura democrática, y los bajos niveles de aceptación al gobierno y al mandatario se asocian con la poca credibilidad hacia las instituciones políticas. En otras palabras, la causalidad entre
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las variables es inversa. Por esta razón, no se incluyen variables de confianza institucional al modelo propuesto en este trabajo, por posibles problemas de endogeneidad.
En síntesis, después de realizar la revisión de la literatura sobre aprobación presidencial, y teniendo en cuenta los datos recogidos por las encuestas del Barómetro de las Américas, en este estudio se incluyeron cuatro factores que tradicionalmente se han asociado al análisis de la favorabilidad hacia la gestión del mandatario: desempeño económico, afinidad partidista, ideología política y características sociodemográficas. No obstante, se considera importante incluir otras variables complementarias, apoyadas en la información sobre la coyuntura y el contexto particular de la política colombiana. Considerando que, las percepciones y actitudes políticas de los individuos no se forman en un ambiente vacío, sino que responden a las condiciones y experiencias del entorno social en el que se desenvuelven y se relacionan.
3. Hipótesis derivadas de las particularidades del contexto colombiano (2002-2017).
El contexto político contemporáneo en Colombia ha estado determinado por el conflicto armado interno del país, no solo por sus implicaciones en materia social y económica, sino también por las diferentes estrategias y políticas que los distintos gobiernos han tratado de implementar para darle solución. Así bien, la búsqueda de la “paz” y los medios para alcanzarla, ha sido un asunto transversal en las elecciones nacionales desde 1980, que en muchas ocasiones definió quién sería el próximo mandatario (Chernick, 2008). Además, ha sido un factor fundamental en la evaluación que ha hecho la ciudadanía sobre el desempeño gubernamental11.
11 Por ejemplo, una encuesta realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica reveló que: “La población en general dice percibir que el gobierno tiene una importante responsabilidad en la situación violenta derivada del conflicto armado inclusive por encima de los paramilitares,
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Para los comicios presidenciales del año 2002, el fracaso del proceso de paz del Caguán entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC había dejado un alto costo político y social: el fortalecimiento armado de la guerrilla, sumado al incremento del narcotráfico y al aumento significativo de los atentados, agudizado con los secuestros de la candidata presidencial Ingrid Betancourt (en febrero del 2002) y de doce diputados del Valle del Cauca (en abril de ese mismo año), deslegitimaron todos los intentos de diálogo y la posibilidad de una solución negociada a las disputas armadas con las FARC (Villarraga, 2015). Al mismo tiempo, a la expansión guerrillera se le añadió el recrudecimiento y el crecimiento de la violencia paramilitar, lo que produjo un grave escalamiento del conflicto colombiano:
Se dio una tendencia explosiva entre 1996 y 2002, en la que el conflicto armado alcanzó su nivel más crítico como consecuencia del fortalecimiento militar de las guerrillas, la expansión nacional de los grupos paramilitares, la crisis del Estado, la crisis económica, la reconfiguración del narcotráfico y su reacomodamiento dentro de las coordenadas del conflicto armado. (Centro Nacional de Memoria Histórica. CMH, 2013, pág. 33).
El incremento de la violencia y la sensación de poca eficacia del Estado para garantizar la seguridad de la población colombiana generaron un ambiente de incertidumbre y miedo en la sociedad. Esto posibilitó en gran medida la elección de Álvaro Uribe como presidente de Colombia, con un discurso confrontacional y de salida por la vía militar al conflicto armado, por medio de la Política de Seguridad Democrática (PSD) (Villarraga, 2015). En consecuencia, en el 2002, Uribe logró un mandato excepcional, ya que ganó en primera vuelta obteniendo un apoyo mayoritario con un 54,51% de la votación (Daza, 2010).
La favorabilidad de Álvaro Uribe no se manifestó únicamente en dichas elecciones, por el contrario, mantuvo altos niveles de aprobación durante sus primeros cuatro
narcotraficantes y la delincuencia común.” (Centro Nacional de Memoria Histórica. CMH., 2012, pág. 22).
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años de gobierno. Tanto así, que en 2006 fue reelegido presidente con un 62,35% de los votos (obteniendo la victoria de nuevo en primera vuelta) (Daza, 2010), y sostuvo un porcentaje de aprobación mayor al 60% en sus ocho años como cabeza del Ejecutivo (Barómetro de las Américas, 2017), a pesar de los distintos escándalos que rodearon su administración12.
La PSD fue el estandarte de la política de gobierno del período presidencial de Uribe (2002-2010), la cual tuvo como objetivo primordial reducir la violencia insurgente y retomar el control del territorio nacional por el Estado, desde una perspectiva de seguridad militarizada (Pérez, 2011). En consecuencia, sus estrategias fueron en tres vías: mejorar la capacidad operativa y de inteligencia de las fuerzas armadas; desarticular las redes de apoyo civil a la guerrilla; seguido por una fuerte campaña mediática de desprestigio de los grupos guerrilleros y la negación del conflicto armado, resignificando a la insurgencia como “actores terroristas” (Chernick, 2008; Villarraga, 2015).
En definitiva, esta política fue efectiva en términos de bajas de guerrilleros, protección de la infraestructura, mejora en la seguridad vial y recuperación de zonas de control insurgente (Pérez, 2011; Villarraga, 2015). Lo que puede explicar que, para 2010 el ejército se hubiera convertido en la tercera institución en la que más confiaban los colombianos (64.5%) (Barómetro de las Américas, 2010, pág. 178). No obstante, en materia de Derechos Humanos, la PSD tuvo actuaciones catalogadas como delitos de lesa humanidad por parte del Estado13: como la
12“El gobierno Uribe es al mismo tiempo el que más aceptación ha registrado en la historia reciente, con cifras por encima del 70% en las encuestas, y el que más procesos judiciales y escándalos de corrupción ha tenido. Gran número de funcionarios cercanos al presidente fueron procesados judicialmente por crímenes comunes y políticos, y contra el mismo presidente Álvaro Uribe reposaron más de 160 investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, su juez natural (Cepeda, 2010, pág. 149)”. Citado por (Cruz, 2018, pág. 123).
13 Cabe aclarar que las violaciones a los derechos humanos, por parte del Estado Colombiano, no han sido únicamente producto de la Política de Seguridad Democrática. Diferentes actuaciones, como la implementación de Estados de Excepción y la falta de garantías políticas para sindicalistas y líderes de izquierda, en las décadas del 60 y 70. Así como la implementación del Plan Colombia (en el año 2009) y sus costos en materia de DDHH, son algunos ejemplos: “El Estado colombiano, desde épocas pasadas, en algunos contextos ha desarrollado políticas de seguridad encaminadas
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asociación de la fuerza pública con grupos paramilitares, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales (Centro Nacional de Memoria Histórica. CMH, 2013). Gracias, en gran medida, a los éxitos militares14 de su administración y a la
reducción de la guerrilla por la vía armada, Álvaro Uribe culminó su segundo mandato con un 66,6% de favorabilidad (Barómetro de las Américas, 2010), y con la intención de postularse nuevamente como candidato presidencial a través de un referendo. Sin embargo, esta iniciativa fue tumbada por la Corte Constitucional ya que la encontró inexequible15. Esto trajo como resultado, que el escenario de la
contienda electoral se centrara en el debate sobre la continuidad de las políticas del exmandatario Álvaro Uribe, especialmente en lo referente a la PSD. (Barrero & Meléndez, 2011).
Es así como el Ministro de Defensa del gobierno de Uribe (2006-2010), Juan Manuel Santos, se presenta como el candidato predilecto por el partido de gobierno (Partido de la U) para continuar con la visión de país que se había establecido desde la presidencia anterior. Por ende, el foco de la campaña electoral de Santos se basó en resaltar los aciertos de la administración saliente en materia de seguridad y reducción del conflicto armado, así como en enfatizar su relación estrecha con el exmandatario y su acompañamiento en la implementación de la PSD, desde la dirección del Ministerio de Defensa (Rojas, 2012). Lo anterior fue fundamental para la arrasadora victoria de Juan Manuel Santos en segunda vuelta frente a su
a la defensa del individuo, en la salvaguarda de la soberanía misma del Estado. No obstante, en muchas circunstancias las medidas adoptadas han sido en sí mismas violatorias de Derechos Humanos.” (Palacios, 2013, pág. 277)
14 “Las guerrillas pasaron de tener en sus filas cerca de 18.000 integrantes en el 2002 a tener 6.000 combatientes en el 2008…Otro aspecto de la estrategia está relacionado con la efectividad que tuvo la fuerza pública en sus operaciones de carácter militar, principalmente a través de actividades de inteligencia, golpes contumaces a los mandos altos de la organización guerrillera y bloqueo de las maniobras que les permitían a los grupos armados disponer de una mayor capacidad operativa.” (Pérez, 2011, pág. 141).
15 “Con la sentencia que declaró inconstitucional por vicios de forma y de fondo el referendo que buscaba la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe, la Corte Constitucional desató el nudo que tenía frenado el arranque de la próxima campaña presidencial en Colombia. Por siete votos contra dos, el máximo tribunal de lo constitucional declaró inexequible la Ley 1354, que convocaba a los colombianos a pronunciarse sobre la posibilidad de que el mandatario se presentara de nuevo a campaña.” (Redacción El Tiempo, 2010).
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contendiente Antanas Mockus, alcanzando una votación del 69,13% (Registraduría Nacional del Estado Civil).
Durante los dos primeros años de su mandato, Santos obtuvo niveles óptimos de aprobación: 57,9% en 2011 y 51,1% en 2012 (Barómetro de las Américas, 2016). En el 2013, en cambio, su favorabilidad sufrió un desplome abrupto, pasando a tan solo 27,8% de aprobación (Barómetro de las Américas, 2016). Hechos como el fallo de la Haya en favor de Nicaragua (noviembre del 2012) y el paro agrario (septiembre del 2013), son algunos de los factores que se asocian con este fenómeno (Ipsos Public Affairs, 2013).
Adicionalmente, en el año 2012 ya se evidenciaba una ruptura entre el presidente Santos y Álvaro Uribe: la reanudación de las relaciones diplomáticas y amistosas con los mandatarios de Ecuador (Rafael Correa) y Venezuela (Hugo Chávez)16; y el
nombramiento de contradictores del expresidente, como Germán Vargas Lleras y Juan Camilo Restrepo, en cargos ministeriales, fueron las primeras muestras del distanciamiento (Carvajal, 2016). Además, el 4 de septiembre de 2012 Juan Manuel Santos anunció públicamente los acercamientos con la guerrilla de las FARC, con la intención de iniciar un proceso de negociación, rompiendo rotundamente con la PSD impulsada por Uribe.
Como respuesta en el 2013 nace el partido Centro Democrático, en cabeza del expresidente Uribe Vélez, y se consolida como uno de los mayores detractores a las políticas de gobierno Santos; especialmente a las relacionadas con los diálogos con las FARC. Tal y como lo expresa su declaración política:
16 Durante el gobierno de Álvaro Uribe las relaciones diplomáticas entre Colombia, Venezuela y Ecuador se vieron fuertemente afectadas por las discrepancias ideológicas entre los presidentes Álvaro Uribe, Hugo Chávez y Rafael Correa, en varios asuntos gubernamentales. Sin embrago, las problemáticas se intensificaron con el bombardeo a Ecuador, por parte de Colombia en el 2008: “En los primeros días de marzo de 2008, Uribe se enfrentaba verbalmente a Chávez y a Correa por la operación colombiana fronteriza que culminaría con un bombardeo ilegal sobre un campamento de las FARC ubicado en territorio ecuatoriano, operativo en el que sería dado de baja alias “Raúl Reyes”. El asunto fue manejado como un nuevo éxito de la doctrina de seguridad y como una “prueba” adicional de la tolerancia y simpatía de los vecinos andinos a las FARC como “refugios del terrorismo”. (Pastrana & Vera, 2011, pág. 623).
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Las FARC no han abandonado su pretensión de tomarse el poder por las armas ni abandonan la combinación de todas las formas de lucha, y siguen victimizando al pueblo que dicen defender. Y que tal y como está planteado el proceso, lo que habrá es una lavandería de activos de la guerrilla. La arremetida del terrorismo es la respuesta al abandono de la seguridad democrática y a la promesa de impunidad con el marco jurídico para la paz. (Centro Democrático, 2013).
La popularidad del presidente Santos se mantuvo baja (28% en el año 2014 según el Barómetro de las Américas) desde la mitad de su período presidencial. A pesar de esto, desde finales del 2013 Juan Manuel santos deja entrever sus aspiraciones por la reelección, postulándose nuevamente como candidato presidencial. Por su parte, el Centro Democrático lanza la candidatura de Óscar Iván Zuluaga para retomar las políticas de “seguridad democrática” y posicionarse como el mayor contrincante de Santos en la competencia por la presidencia.
Así las cosas, el panorama político de las elecciones a comienzos del 2014 era el siguiente: el 77% de la población estaba en desacuerdo con la reelección de Santos (Ipsos Public Affairs, 2013, pág. 37). Mientras que, según las estadísticas de LAPOP, el 80.48% de los colombianos “no confiaba nada en las FARC”, lo que dificultaba el proceso de paz que estaba adelantando el gobierno con esta guerrilla. Esto explica que, en los resultados de los comicios de la primera vuelta, Óscar Iván Zuluaga ganara con una votación de 29.25%, por encima de Juan Manuel Santos con 25,69% de los votos (Registraduría Nacional), y según las encuestas de intención de voto, se pronosticaba la victoria definitiva de Zuluaga en la segunda vuelta electoral (Gallup, 2014).
Por tanto, la estrategia de Santos, en la recta final de las votaciones del 2014, consistió en enfatizar la urgencia de alcanzar la paz por la vía del diálogo, para dar por terminado el conflicto armado con las FARC, por medio de los acuerdos que se estaban negociando en ese momento. Así, la campaña de Oscar Iván Zuluaga se mostró como un retroceso en el terreno ganado, y un retorno a la política de guerra
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y confrontación violenta de la PSD. Esto fue clave para armar coaliciones y apoyos políticos que, pese a sus discrepancias con Juan Manuel Santos, se alinearon bajo el proyecto de “la paz”:
Se logró hacer de la paz el punto de convergencia de las más diversas corrientes políticas. Algunos llegaron convencidos de que en La Habana se logrará firmar un acuerdo con las Farc y otros llegaron apostándole al ‘mal menor’ para evitar el regreso del expresidente Álvaro Uribe al poder, vía Zuluaga. En cualquier caso, se dio un fenómeno pocas veces visto en las elecciones de Colombia: terminaron unidos los que hasta hace apenas un mes eran polos opuestos. Hasta las más contradictorias alianzas encontraron lógica bajo el paraguas de la paz. (Semana, 2014).
En consecuencia, el tema del acuerdo de paz con las FARC fue esencial para la reelección de Santos en el 2014, y, en gran medida, determinó la agenda de los medios de comunicación y de la opinión pública durante el trascurso el segundo período presidencial de Juan Manuel Santos. La oposición al gobierno y, especialmente, a la salida negociada al conflicto armado, propició un ambiente de polarización y alta desconfianza institucional en la población colombiana (Rodríguez- Raga, 2017).
Como se evidenció en este breve recorrido histórico, el tema del conflicto armado con las FARC no solo fue determinante en la agenda política de estos dos mandatarios, también fue el centro de sus campañas políticas para alcanzar la presidencia (con un enfoque diferente en las elecciones del 2014). De igual forma, las medidas adoptadas para la terminación del conflicto estuvieron en el foco del debate de la opinión pública. Por ende, es de esperarse que este asunto esté relacionado con las evaluaciones de los ciudadanos sobre el desempeño del gobierno y la aprobación presidencial.
En ese orden de ideas, se infiere que los ciudadanos que apoyan la solución del conflicto con las FARC por la vía armada, sean más proclives a evaluar
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positivamente la gestión de Álvaro Uribe. Por el contrario, los ciudadanos que prefieren la salida negociada a las confrontaciones con esta guerrilla, tendrían una mayor probabilidad de calificar mejor al presidente Juan Manuel Santos.
Ahora, además de las dinámicas electorales y de apoyo político que se han configurado alrededor del conflicto armado entre el gobierno y la insurgencia, no hay que olvidar el gran costo humano de la violencia en Colombia. Según los datos de la Unidad de Víctimas, actualmente hay 8’746.54717 personas registradas como
víctimas del conflicto armado. Dicha condición, también influye en las actitudes políticas y en la confianza en el sistema democrático y las instituciones. Como lo afirman los resultados de una reciente investigación realizada en Colombia:
Al evaluar la satisfacción con la democracia y las instituciones en el grupo de víctimas del conflicto armado, los resultados sobre la inexistencia de vinculación ideológica, la negativa percepción hacia los partidos políticos y hacia los políticos, sumados a la abstención electoral, generaron un interrogante respecto al peligro que corre la legitimidad de la democracia en Colombia. Tanto víctimas como excombatientes consideran que la democracia es el mejor sistema de gobierno a pesar de sus defectos y fallos, no obstante en el análisis de los datos fue evidente que los índices de abstención del grupo fueron más elevados que en el resto de la población nacional. (Caballero, 2014, pág. 97).
No obstante, estos trabajos sobre cómo el conflicto y la victimización pueden influir el comportamiento político son escasos en la literatura académica (García, 2009). Además, en lo referente con la aprobación presidencial, el estudio de estos factores en democracias con alta violencia política no ha sido estudiado. A pesar de no contar con referentes teóricos y empíricos, por las condiciones particulares del contexto social colombiano parece importante incluir variables relacionadas con la conflictividad armada y política, para el estudio de la favorabilidad hacia el
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mandatario en Colombia. En relación con esto, y tomando como argumento la contextualización histórica realizada anteriormente, se infieren las siguientes hipótesis de investigación:
• Los ciudadanos que fueron víctimas del conflicto armado (en general) pueden tener una mayor tendencia a calificar negativamente la gestión presidencial.
• Los ciudadanos que fueron víctimas del Estado (fuerza pública), tenderían a desaprobar en mayor medida la gestión del presidente.
• Los individuos que fueron víctimas de las FARC tendrían mayor probabilidad de calificar mejor el gobierno de Álvaro Uribe, y desaprobar la gestión de Juan Manuel Santos.
Es pertinente clarificar ahora, que este trabajo no se ocupa de estudiar el fenómeno del paramilitarismo y las BACRIM18 en relación con la aprobación presidencial; así
estos grupos sean unos de los principales responsables de la violencia política y la victimización de la población colombiana. La razón fundamental para excluir a estos actores armados, del análisis en este proyecto, es su compleja relación con el Estado colombiano: donde en diferentes momentos han tratado de parecer “antagónicos”, pero en otros han funcionado como “socios” (Centro Nacional de Memoria Histórica. CMH, 2017). En ese sentido, la violencia paramilitar no es de
18 BACRIM es un término que se usa para describir a las bandas criminales que surgieron después del proceso de paz que adelantó el gobierno de Álvaro Uribe con los grupos paramilitares a partir del año 2003, mediante el “Acuerdo de Santa Fe de Ralito”. No obstante, aún no hay un consenso en la academia si estos grupos armados (BACRIM), se constituyen como “actores nuevos” del conflicto colombiano, o son por el contrario, la continuidad de los grupos paramilitares atomizados: “Una vez desmovilizados los grupos paramilitares de las AUC, el discurso estatal se concentró en denominar a los grupos armados post-desmovilización como una nueva amenaza criminal aislada del fenómeno paramilitar que le antecedió. Esta denominación ha hecho parte de una estrategia política concebida para enviar un mensaje a la opinión pública acerca del éxito del proceso de desmovilización y señalar que los grupos paramilitares habían pasado a la historia.” (Centro Nacional de Memoria Histórica. CMH, 2017, pág. 322).
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carácter contrario o contestatario frente al gobierno (como lo es la insurgencia), pero tampoco es totalmente claro su papel de “aliado” del poder Estatal19.
Por consiguiente, este trabajo se focaliza únicamente en el conflicto entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, y en cómo este fenómeno condiciona (o no) las percepciones de los ciudadanos sobre el desempeño del mandatario. En resumen, además de los factores comúnmente asociados a la investigación de la aprobación presidencial, se incluyeron tres variables sustentadas en el contexto político colombiano: tipo de solución al conflicto armado con las FARC, víctima del conflicto armado y clase de actor victimizante (Estado o guerrilla). Esto con el fin de realizar un análisis más complejo de los factores que pueden incidir en la favorabilidad hacia el presidente en Colombia, además de hacer un primer acercamiento a la configuración de este fenómeno en contextos de conflicto armado.
4. Metodología
Esta investigación se vale de métodos cuantitativos para el análisis de la aprobación presidencial en Colombia en los últimos años. Para esto, se tomaron como base los datos de las encuestas de “Cultura Política de la Democracia en Colombia”, realizadas por el Barómetro de las Américas (LAPOP), desde el año 2004 hasta el 2017. El Barómetro de las Américas es una institución académica ligada a la Universidad de Vanderbilt, que realiza encuestas de opinión pública para América Latina en 34 países de toda la región. Para la medición de la cultura política en
19 “A pesar de que se ha escrito en abundancia sobre si el paramilitarismo fue o no una estrategia estatal para combatir a la guerrilla, lo cierto es que por sus dinámicas regionales y las diversas coaliciones que lo respaldaron (en las que convergieron especialistas en violencia, ricos rurales y narcotraficantes), el paramilitarismo rápidamente desbordó las posibilidades de alianza con el Estado. Esto generó relaciones a veces conflictivas, a veces parasitarias, dependiendo de la coyuntura, lo que contrasta con la persistencia de marcos normativos que en la práctica los legalizaban.” (Centro Nacional de Memoria Histórica. CMH, 2017, pág. 31).
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Colombia, LAPOP, en asociación con la Universidad de Los Andes, lleva a cabo su trabajo en el Observatorio de la Democracia.
Aunque la información de las encuestas se encuentra disponible en el Observatorio de la Democracia desde 2004 hasta 201720, este trabajo se concentrará en el
período entre el 2008 y el 2016 (excluyendo también la medición del año 2015) por las siguientes consideraciones metodológicas y teóricas:
Dada la necesidad de estandarizar los factores para poder realizar una comparación de la aprobación presidencial, a lo largo del tiempo con las mismas variables, los años 2004 y 2005 no fueron tomados en cuenta, puesto que las encuestas del Barómetro para dichos años no manejaron los mismos criterios de medición sobre las variables del desempeño económico. Esto quiere decir, que las preguntas realizadas en los cuestionarios de tales años, relacionadas con la percepción de la economía, son distintas en dichas mediciones. Adicionalmente, en la encuesta del 2005 tampoco se encuentran preguntas sobre victimización por el conflicto discriminadas por actor armado.
De igual forma, se tomó la decisión de dejar por fuera de este estudio los años 2006 y 2007, dado que las preguntas sobre la afiliación partidista no incluían todas las alternativas de los partidos existentes en estos años, por ende, no aparecía como opción el partido de gobierno (Partido de la U). Esto representaba, primero, una dificultad en términos teóricos, ya que una de las hipótesis de este trabajo se sustenta en la mayor probabilidad de favorabilidad hacia el mandatario, dada la afinidad con el partido de gobierno. En segundo lugar, resultaba un problema metodológico puesto que, para la comparación de la aprobación presidencial a lo largo del tiempo se hubiera tenido que excluir del análisis esta variable, que es esencial en este tipo de investigaciones.
20 La información utilizada para la presente investigación, tanto bases de datos como cuestionarios y fichas técnicas, se pueden encontrar en línea en la siguiente dirección electrónica: https://obsdemocracia.org/temas-de-estudio/datos/.
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En cuanto a las mediciones de los períodos 2015 y 2017, su exclusión se debió a que las encuestas de estos años se realizaron con una muestra especial de la población, de los territorios afectados por el conflicto. Aunque, en principio se consideró tomarlas en cuenta, dado el interés de este trabajo en los factores relacionados con el conflicto armado y la victimización, estas mediciones especiales reportaban un problema pues no incluían preguntas sobre la percepción del desempeño económico. Por lo que, una vez más, se presentaba el asunto de la estandarización de las variables para el análisis comparativo de la aprobación presidencial.
En síntesis, la presente investigación realizará un análisis de la aprobación presidencial para ocho años de gobierno: tres de Álvaro Uribe (2008-2010) y cinco de Juan Manuel Santos (2011-2016, sin 2015). Aunque se excluyeron bastantes mediciones, el período abordado se considera amplio y pertinente para poder responder los objetivos planteados en este trabajo. Aclarado lo anterior, se pasará a describir las variables utilizadas para el análisis de la aprobación presidencial en Colombia21.
Aprobación presidencial: Es la variable dependiente de esta investigación y es de tipo ordinal. En las encuestas del Barómetro de las Américas tiene una escala de uno a cinco, donde uno significa que la gestión del presidente era “muy buena”, dos “buena”, tres “ni buena ni mala”, cuatro “mala” y cinco “pésima”. Esta variable fue reescalada en un grado de cero a cien; en donde cien quiere decir que la evaluación sobre el desempeño del mandatario fue “muy buena” y cero “pésima”. Esto con el fin de tener una mayor claridad en el análisis de los resultados.
4.1. Variables independientes según la literatura tradicional sobre aprobación presidencial:
Variables sociodemográficas: Estas son de tipo categórico y se incluyeron en la investigación como variables de control para el estudio de la favorabilidad del
