Los jueces de control como garantes de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos

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(1)INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY ESCUELA DE GRADUADOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA PÚBLICA, CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO "Los Jueces de Control como garantes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Lic. Cristina Ruiz Sandoval Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal. Proyecto de Investigación Aplicada Maestría en Derecho con Especialidad en Sistema Penal Acusatorio y Medios Alternos para la Solución de Conflictos. Asesor: Dr. Vicente Fernández Fernández. -. !'ECNOLóaco Mayo de 2010. •. DE MONTERREY. Biblioteca. CliMpVI Ciudad dlt MéxJoo.

(2) ÍNDICE RESUMEN. V. MARCO TEÓRICO. VI. MARCO METODOLÓGICO. VII. INTRODUCCIÓN. VIII. CAPÍTULO 1 LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL DE 18 DE JUNIO DE 2008 Y SU RELACIÓN CON EL JUICIO DE AMPARO A LA LUZ DE LA FIGURA DEL JUEZ DE CONTROL 9. 1. Generalidades de la Reforma. 9. 2. El juicio de amparo ante un procedimiento garantista que contempla la figura del Juez de Control 19. CAPÍTULO 11 CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN. 25. 1. Función del artículo 133 en el sistema constitucional mexicano. 26 2. La presunción de constitucionalidad de la ley y el problema del control difuso. 28 3. Fundamentos constitucionales y legales, función y límites del control difuso en México. 30 4. ¿Está facultada la Suprema Corte para ejercer el control difuso de la totalidad de los ordenamientos legales existentes en México?. 32 5. Examen del criterio actual de la Suprema Corte sobre el control difuso. 37 111.

(3) CAPÍTULO 111 EL JUEZ DE CONTROL COMO GARANTE DE LA CONSTITUCIÓN Y LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS ACTOS EN QUE ACTÚE COMO REVISOR MINISTERIAL 40. 1. Naturaleza del Juez de Control. 42. 2. Algunos conocimientos básicos que debe tener el Juez de Control 45 3. Principales actos que en la práctica judicial les corresponde resolver 48 a los Jueces de Control 4. Los Jueces de Control y los Jueces de Juicio Oral. 49. 5. Propuesta. 50. CONCLUSIONES. 57. BIBLIOGRAFÍA. 59. IV.

(4) RESUMEN. El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a los artículos 16 a 22, entre otros, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretándose con ello la denominada "reforma constitucional penal", destinada a fortalecer la seguridad pública y revigorizar el actual sistema de impartición de justicia penal en todos los ámbitos, ello tras un amplio consenso entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, favorable a la aprobación de una reforma constitucional en la materia.. Por virtud de lo anterior, el proceso penal ya no será inquisitivo mixto, sino acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, en tanto que así quedó plasmado en el artículo 20 de la Carta Magna reformado.. En el presente trabajo, nos ocupamos de la reforma acaecida al artículo 16 constitucional, en específico de la adición del párrafo décimo cuarto, que en su primera parte introduce la figura de los Jueces de Control; nos abocamos a la incidencia de esa novedosa figura en el juicio de amparo.. Después de efectuar un análisis a tal parte del precepto 16 constitucional reformado, así como a los relativos propuestos en el Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación, en los que la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de los Estados Unidos Mexicanos, le otorgan atribuciones a los Jueces de Control de garantes de la constitución, proponemos la improcedencia del juicio de amparo, contra los actos en que esos juzgadores funjan como garantes de la Carta Magna, no así cuando apliquen sustancialmente el derecho, esto es, cuando actúen como jueces de procesos penales.. V.

(5) MARCO TEÓRICO. En el primer capítulo, relacionado con la reforma constitucional en materia penal de 18 de junio de 2008 y con el juicio de amparo a la luz de la figura del juez de control, fue necesaria la revisión de bibliografía en torno a aspectos generales del actual sistema procesal penal, del sistema penal acusatorio y oral, así como del juicio de amparo; de la exposición de motivos de la reforma, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformada, del Código Federal de Procedimientos Penales, además del Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación, realizado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, para el desarrollo de la segunda parte de la investigación, se estimó oportuna la consulta de bibliografía relacionada con el control difuso de la Constitución, de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido al respecto, en tesis aisladas y jurisprudenciales, así como de la Ley de Amparo y Constituciones locales. La base toral del presente trabajo está expuesta en el tercer capítulo y, para su desarrollo, se acudió primordialmente a artículos publicados en revistas de corte jurídico, en especial a uno publicado en la revista del Instituto de la Judicatura Federal (que de conformidad con el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal en materia de investigación, formación, capacitación y actualización de los miembros del Poder Judicial de la Federación y de quienes aspiren a pertenecer a éste); de igual modo, resultó relevante un criterio jurisprudencia! emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el cual, en conjunto con todo el material de apoyo citado, se estuvo en aptitud de formular las reflexiones pertinentes y la propuesta que se plantea en este documento.. VI.

(6) MARCO METODOLÓGICO. Dado lo extenso de la reforma constitucional penal, fue necesario delimitar el campo de estudio; en consecuencia, como punto de partida se optó por elegir la novedosa figura del Juez de Control y la incidencia de sus actuaciones en el juicio de amparo, dada la trascendencia que ello traerá a tal juicio que no fue materia de la reforma. Los tópicos tratados en el capítulo primero, se abordan desde el punto de vista descriptivo, pues en esencia la información que se expone tiene como finalidad informar al lector de la reforma en comento, para lo cual desde el mencionado método descriptivo, se precisó lo que consideramos más destacado de la misma, describiendo también nociones generales del juicio de amparo para una mejor comprensión de su relación con la figura del Juez de Control. Para el segundo capítulo, del mismo modo se utilizó el método descriptivo para explicar qué es el control difuso de la Constitución y cómo ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para así tomar postura mediante el método analítico, con el que nos valemos para emitir nuestro criterio en torno a ese tema. En el tercer y último capítulo del presente trabajo, se usó el método descriptivo para exponer lo relativo a la figura de los Jueces de Control; finalmente, en este capítulo, se usó el método analítico para precisar la naturaleza de esos juzgadores, así como de sus actuaciones, todo lo cual nos permitió hacer la propuesta pertinente.. VII.

(7) INTRODUCCIÓN El presente trabajo pretende dar una perspectiva de lo que significa la denominada reforma constitucional penal, publicada el 18 de junio de 2008, en el Diario Oficial de la Federación, por virtud de la cual el proceso penal en México será acusatorio y oral. Pretendemos analizar la novedosa figura del Juez de Control, instituida con la adición de la primera parte del décimo cuarto párrafo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su incidencia en el juicio de amparo. Para lo anterior, en el primer capítulo informamos al lector acerca de la reforma en comento, precisando lo que consideramos más destacado de la misma, otorgando los datos con los que estimamos cualquier lector conocerá cómo es el actual sistema procesal penal y cómo será cuando la reforma constitucional entre en vigor en todo el país, a nivel estatal y federal, proporcionando también nociones generales del juicio de amparo para una mejor comprensión de su relación con la figura del Juez de Control. El segundo capítulo, trata del control difuso de la Constitución, de dónde surge, cuál es su fundamento, su función y trascendencia en el proceso penal mexicano, sin dejar de lado el análisis de los criterios que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.. Finalmente, en el tercer capítulo se establece la naturaleza del Juez de Control, así como de los principales actos que deberá conocer, ello derivado del análisis de la citada adición al precepto constitucional y de los numerales relativos del Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación, realizado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de los Estados Unidos Mexicanos; todo, con la finalidad de dar una propuesta para hacer eficaz el control constitucional que habrá respecto de los actos realizados en el nuevo sistema penal acusatorio, en específico, del juicio de amparo en relación a los actos que conocerán los Jueces de Control. VIII.

(8) 9. CAPÍTULO 1 LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL DE 18 DE JUNIO DE 2008 Y SU RELACIÓN CON EL JUICIO DE AMPARO A LA LUZ DE LA FIGURA DEL JUEZ DE CONTROL. 1. Generalidades de la Reforma. En el presente capítulo pretendemos informar al lector acerca de la reforma en comento, su relación con el juicio de amparo y de éste a su vez con la figura del Juez de Control creada con la reforma constitucional y, para ello, por cuanto hace al primer tema, nos valemos del documento que el Magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo, aportó para la creación del libro publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamado: "El Sistema de Justicia Penal en México: Retos y Perspectivas", derivado tal documento de su participación. en el congreso del mismo nombre. 1. El Magistrado Pardo Rebolledo, con razón señaló que el actual sistema penal en México es un sistema inquisitivo mixto, donde si bien las funciones de investigar, acusar y juzgar no están totalmente concentradas en el Juez, lo cierto es que existe una creciente participación del Ministerio Público en funciones que tendrían que ser materia exclusiva de aquél y viceversa.. El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a los artículos 16 a 22, entre otros, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretándose con ello la denominada "reforma constitucional penal", destinada a fortalecer la seguridad pública y revigorizar el actual sistema de impartición de justicia penal en todos los ámbitos, ello tras un amplio consenso entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, favorable a la aprobación de una reforma constitucional en la materia, debido a que durante los últimos años el 1 Artículo denominado: "Los Juicios Orales y la Ley de Amparo", en El sistema de Justicia Penal en México: Retos y Perspectivas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México 2008, págs. 203-221..

(9) 10 Poder Legislativo, organizaciones sociales y especialistas, comenzaron a discutir sobre los mecanismos para modernizar el sistema de justicia penal en México ¿Cómo garantizar el debido proceso penal? ¿Cómo proteger los derechos de las víctimas y de los imputados? ¿Cómo proveer al ciudadano de una justicia pronta, expedita y de calidad?, fueron algunas de las cuestiones que ocuparon el centro del debate público nacional sobre la justicia pena1 2 , culminando con la citada reforma.. Por virtud de lo anterior, el proceso penal será acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, en tanto que así quedó plasmado en el artículo 20 de la Carta Magna reformado.. Se ha argumentado a favor de la reforma, que el sistema actual mantiene la escritura para todos los actos procesales, incluso para la prueba y las defensas, lo que les niega publicidad; igualmente se sostuvo que las diligencias en el vigente sistema inquisitivo mixto se realizan en forma discontinua; que la defensa resulta endeble por falta de garantías; que la decisión puede pronunciarla cualquier Juez y que prevalece el interés de la representación sobre el interés de la libertad. 3. Vincenzo Manzini en su obra Tratado de Derecho Procesal Penal4. menciona que:. El significado del principio de oralidad, en contraposición al principio de la escritura, es exactamente este: el juez está obligado a fundar su decisión (y por consiguiente también su motivación), sobre el material de hecho expuesto oralmente en el proceso, de manera que no puede servirse de ningún elemento percibido únicamente mediante el examen de un escrito .. .El principio de oralidad sólo exige que el acto surja y se cumpla oralmente ante la autoridad judicial.. 2. Cfi-. El Sistema de Justicia Penal en México: Retos y Perspectivas ... , pág. 9. ROMERO TEQUEXTLE, Gregorio: El juicio oral en materia penal, monografía que puede consultarse en intemet en la página: http://www.ujat.mx/publicaciones/perfiles/ene_abril2006/pág. 55a 70. 4 /bid.. 3.

(10) 11 En ese sentido, señala el Magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo, que otra justificación para la implementación de los juicios orales se hizo consistir en que el acusado en el sistema inquisitivo mixto (escrito) mexicano, no enfrenta necesariamente un juicio imparcial y objetivo; por tanto, propusieron el establecimiento de un sistema netamente acusatorio, que ahora se instituyó en la reforma comentada, concretamente en la parte inicial del artículo 20 constitucional, donde se indica: "El proceso penal será acusatorio y oral".. El nombre del sistema acusatorio se justifica por la importancia que en él adquiere la acusación, pues ésta resulta indispensable para que se inicie el proceso, dado que así el acusado conocerá detalladamente los hechos por los que se le somete a juicio. 5 Uno de sus principios precisamente es la oralidad, junto con los que también se instituyen en la reforma: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.. El principio de publicidad se traduce en que los actos que constituyen el juicio (audiencias) deberán desarrollarse en lugares públicos, lo que implica posibilitar la fiscalización del pueblo sobre la manera en que los Jueces administran justicia; no obstante, la propia reforma lo limita al disponer en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción V, que:. La publicidad sólo podrá restringirse en /os casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de /as víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.. De acuerdo con el principio de contradicción, aduce el citado Magistrado, las tesis encontradas de las partes, en un plano de igualdad, permiten una mejor búsqueda de la verdad real de lo acontecido, con lo que se reconoce el derecho de las víctimas y acusados de confrontar directamente la validez o celeridad de las pruebas presentadas.. 5. Ponencia del Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, doctor MORA MORA Luis Paulino, denominada: La importancia del juicio oral en el proceso penal, visible en internet en: http://www.cienciaspcnales.org/REV 1ST A%2004/mora04.htm..

(11) 12 Por el principio de concentración se procura abreviar en el tiempo el desarrollo del proceso, pues atendiendo a este principio, el desahogo de las pruebas, las conclusiones, los debates y la emisión del veredicto o sentencia, se debe hacer en audiencias o sesiones ininterrumpidas hasta su conclusión.. El. principio de continuidad. guarda. relación directa. con. el. de. concentración, dado que ambos exigen que el juicio oral se realice frente a todos los sujetos procesales desde el inicio hasta su terminación de una sola vez, con el propósito de que exista mayor proximidad entre el momento en que se reciben las pruebas, el instante en que las partes formulan sus argumentaciones y conclusiones sobre ellas, y la oportunidad en que se dicta la sentencia.. De acuerdo con quienes han estudiado tales principios, la distinción entre ellos radica en que el de concentración está directamente referido a los sujetos del proceso y a la recepción de la prueba, mientras que el de continuidad a los actos procesales que deben realizarse en el juicio. 6. Con el principio de inmediación se exige el imperativo de que el Juez se encuentre presente en todas las diligencias que se desahoguen en el juicio a efecto de que escuche y dialogue con las partes implicadas, sus abogados, testigos y peritos, para ponderar no sólo las palabras, sino también las actitudes, gestos y en general todo lo que pueda mejorar su precepción en la realidad histórica buscada.. 7. Al respecto el Magistrado Juan José Olvera Velázquez señala que los principios que se destacan en la reforma ya existían en el sistema de justicia penal actual, toda vez que, efectivamente, la oralidad desde hace mucho tiempo es un principio fundamental de los juicios penales, como también lo son la publicidad, la inmediación, la contradicción y el procedimiento acusatorio,. 6. Ponencia que sustentó el Magistrado GUEVARA CLAVEL Rutilo Ernesto, el 13 de marzo de 2008 en el Foro Nacional de Juzgadores Federales sobre la discusión de la Reforma al Poder Judicial en el Estado Mexicano, celebrado en Mazatlán Sinaloa. 7 En la ponencia que sustentó el 13 de marzo de 2008 en el Foro Nacional de Juzgadores Federales sobre la discusión de la Reforma al Poder Judicial en el Estado Mexicano, celebrado en Mazatlán Sinaloa..

(12) 13. ·dado que el principio de publicidad aparece instituido en los artículos 86, párrafo primero, y 89, párrafos primero y tercero, del Código Federal de Procedimientos Penalesª; el principio de inmediación, en los artículos 1º, párrafo primero y fracción 111, 16, párrafos primero y octavo, 207 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales 9 ; el principio de contradicción, en los artículos 86 y 90 del Código Federal de Procedimientos Penales 10 ; y el principio acusatorio, en los artículos 134, párrafo primero, 291 y 292 del Código Federal de Procedimientos Penales. 11. 8. "ARTÍCULO 86.-Las audiencias serán públicas ... ", "ARTÍCULO 89.-Durante la audiencia el inculpado podrá comunicarse con sus defensores, pero no con el público ... Si alguna persona del público se comunica o intenta comunicarse con el inculpado, será retirada de la audiencia ... ". 9. ''ARTÍCULO 1.- El presente Código comprende los siguientes procedimientos: ... 111. El de instrucción, que abarca las diligencias practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, así como la responsabilidad o irresponsabilidad penal de éste .. ."'; "ARTÍCULO 16.- El Juez, el Ministerio Público y la Policía estarán acompañados, en las diligencias que practiquen, de sus secretarios, si los tuvieren. o de dos testigos de asistencia. que darán fe de todo lo que en aquéllas pase ... En el proceso, los tribunales presidirán los actos de prueba y recibirán, por sí mismos, las declaraciones .. :·; "ARTÍCULO 207.-La confesión es la declaración voluntaria hecha por persona no menor de dieciocho años, en pleno uso de sus facultades mentales, rendida ante el Ministerio Público, el juez o tribunal de la causa ... "; '"ARTÍCULO 208.- Es materia de inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por la autoridad que la realice ... Durante la averiguación previa o el proceso, la inspección debe ser practicada invariablemente, bajo pena de nulidad, con la asistencia del Ministerio Público o, en su caso del juez." 10. "ARTÍCULO 86.-Las audiencias serán públicas y en ellas el inculpado podrá defenderse por sí mismo o por su defensor. El Ministerio Público podrá replicar cuantas veces quisiere, pudiendo la defensa contestar en cada caso. Si el acusado tuviere varios defensores. no se oirá más que a uno de ellos cada vez que toque hablar a la defensa. Cuando intervinieren varios agentes del Ministerio Público, sólo se oirá a uno de ellos cada vez que corresponda intervenir al Ministerio Público.'"; ··ARTÍCULO 90.-Antes de cerrarse el debate, el funcionario que presida la audiencia preguntará al inculpado si quiere hacer uso de la palabra, concediéndosela en caso afinnativo." 11. "ARTÍCULO 134.-En cuanto aparezca de la averiguación previa que se han acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, en los términos del artículo 168, el Ministl!rio Público ejercitará la acción penal ante los tribunales y expresará, sin necesidad de acreditarlo plenamente, la forma de realización de la conducta, los elementos subjetivos específicos cuando la descripción típica lo requiera, así como las demás circunstancias que la ley prevea ..... ; ··ARTÍCULO 291.-Cerrada la instrucción, se mandará poner la causa a la vista del Ministerio Público, por diez días, para que fonnule conclusiones por escrito ... Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el Ministerio Público haya presentado conclusiones, el juez deberá infonnar mediante notificación personal al Procurador General de la República acerca de esta omisión, para que dicha autoridad formule u ordene la formulación de las conclusiones pertinentes, en un plazo de diez días hábiles ... Si transcurren los plazos a que alude el párrafo anterior, sin que se formulen las conclusiones, el juez tendrá por formuladas conclusiones de no acusación y el procesado será puesto en inmediata libertad y se sobreseerá el proceso.''; "ARTÍCULO 292.-EI Ministerio Público, al fonnular sus conclusiones, hará una exposición breve de los hechos y de las circunstancias peculiares del procesado; propondrá las cuestiones de derecho que se presenten; y citará las leyes, ejecutorias o doctrinas aplicables. Dichas conclusiones deberán precisar si hay o no lugar a acusación.".

(13) 14 Portante, se puede afirmar que la novedad fundamental que la reforma introduce a los juicios penales, resulta ser el principio de concentración, que provoca que en una sola audiencia tenga que desarrollarse todo el juicio penal: pruebas, alegatos y sentencia, suplantando así el diseño procedimental tradicional que destinaba a cada una de esas etapas, fases procesales diferentes y sucesivas cronológicamente, que se traducían en meses de trámite.. La exposición de motivos de la reforma señala el contenido en los principios de referencia:. Publicidad: Todo acto jurisdiccional debe ser público, salvo que existan. razones fundadas en la protección de las víctimas o del interés jurídico.. Contradicción: Las partes podrán debatir los hechos y argumentos. jurídicos de la contraparte y controvertir cualquier medio de prueba durante el juicio.. Concentración: El desahogo de las pruebas, el desarrollo del debate y. la emisión de la resolución deben ocurrir en un mismo acto procesal.. Continuidad: La presentación, recepción y desahogo de las pruebas,. así como todos los actos del debate, se desarrollarán ante el Juez y las partes en una audiencia que será continua, sucesiva y secuencial, salvo casos excepcionales previstos en la ley.. Inmediación: Los Jueces tomarán conocimiento personal del material. probatorio introducido en la audiencia y escucharán directamente los argumentos de las partes con la presencia de los sujetos procesales que deben participar en ella, salvo los casos previstos en la ley.. Es importante precisar que el dictamen de las Comisiones Unidas que elaboraron el proyecto de decreto de reforma constitucional, contiene:.

(14) 15 a) Una característica importante del proceso de corte acusatorio es la estricta separación entre el órgano de investigación y de persecución con el de jurisdicción.. b) La oralidad no es un principio procesal, es el instrumento que permite actualizar y dar eficacia al resto de los principios que sustentan el sistema acusatorio. Al respecto se explica: no hay proceso público si éste se desarrolla por escrito, debe ponderarse que el público paralelamente a las partes se entere del proceso; no hay continuidad en las audiencias y concentración en el desahogo de las pruebas si las actuaciones no se desarrollan oralmente; sin la oralidad no cabe la existencia de interrogatorios ágiles que hagan posible la contradicción. Concluye el dictamen con una aclaración: la oralidad no es sólo una característica del juicio sino de todas las actuaciones en las que deban de intervenir todos los sujetos procesales. La oralidad sustituye al expediente por una metodología de audiencias. En ese sentido, manifiesta el Magistrado Miguel Ángel Aguilar López 12 , la apuesta más descollante de los nuevos ordenamientos procesales es que rescatan la centralidad del juicio, aspecto que radica en que el proceso penal se lo debe pensar, política y conceptualmente desde la idea del juicio.. El juicio oral fundado en la inmediación, la publicidad, la concentración, la contradicción y todos los demás principios que son derivados de ellos, es el eje central del proceso de reforma. Los nuevos modelos procesales deben asegurar que el Juez recupere el sentido genuino de la función jurisdiccional, haciendo que su rol se libere de numerosas funciones y tareas de nulo contenido jurisdiccional, que contradictoriamente son las que hacen que el. 12. En su reciente obra: Presunción de Inocencia: Principio Fundamental en el Sistema Acusatorio. 2" edic. División Editorial del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, A.C. México 2009, págs. 112- 115..

(15) 16 personal auxiliar asuma funciones que son de contenido nítidamente jurisdiccional.. La inexistente definición del rol de Juez como el tercero imparcial durante el proceso, hace que en la práctica los Jueces no se dediquen con exclusividad a la actividad jurisdiccional. De esta manera, pierden buena parte de su tiempo en confeccionar resoluciones de mero trámite (en la práctica el acuerdo), autorizar copias, realizar nombramientos, resolver conflictos del personal, mientras que los Secretarios o auxiliares de justicia son los que preparan los borradores e incluso, las resoluciones definitivas que inciden directamente en el tratamiento de los problemas de fondo sometidos al juzgador.. El órgano judicial ejerce de forma eficaz su función de control de la privación de la libertad cuando analiza la legalidad de ésta en el juicio de fondo, previa comparecencia y audiencia del solicitante y demás partes con la facultad de proponer los medios de prueba pertinentes para acreditar su legalidad y, en su. caso. desahogar las. mismas,. así. como formular las alegaciones. correspondientes.. De igual forma, también toda condena se debe fundamentar en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción.. Otro aspecto fundamental de la reforma al sistema de justicia penal, con razón señala el Magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo, es la introducción en la Carta Magna de los medios alternos de solución de controversias y la terminación anticipada del juicio.. Los preceptos que se refieren a esas figuras son el 17, tercero párrafo y 20, apartado A, fracción VII constitucionales, que señalan:.

(16) 17 Artículo 17, tercer párrafo:. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.. Artículo 20, apartado A, fracción VII:. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimientos de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad.. De gran importancia para el presente trabajo, es lo que ahora establece la primera parte del décimo cuarto párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:. Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos.. También es de destacar lo que establece la primera parte de la fracción IV, apartado A, del artículo 20 de la Carta Magna:. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente.. Lo que señalan estos dispositivos constitucionales, ahora reformados, obedeció a que los impulsores de los juicios orales argumentaron que en México los jueces penales aglomeran funciones, al decidir tanto la aplicación.

(17) 18 de las medidas cautelares relativas a la prisión preventiva o sujeción a proceso, como la culpabilidad o inocencia de los acusados con que se define el juicio. De acuerdo con su planteamiento, esa falta de división de funciones ha provocado que al sentenciar, los juzgadores sean propensos a inclinarse hacia las peticiones del Ministerio Público, porque -dicen- ya se han "contaminado" con las pruebas que el fiscal les presentó, desde que tienen que estar en contacto con ellas para resolver si emiten el auto de formal prisión o autorizan la orden de aprehensión.. 13. De este modo, se provocó que en la propia reforma constitucional se dividiera la competencia de los órganos jurisdiccionales en materia penal, para quedar como sigue:. a) Un Juez de Control encargado de resolver las solicitudes de medidas. cautelares,. providencias. precautorias. y técnicas. de. investigación de la autoridad que requieran control judicial, las formas anticipadas de terminación del proceso y su debida ejecución, el control y ejecución de las medidas cautelares de carácter real y personal, autorizar y desahogar la prueba anticipada, conocer de las excepciones, y demás solicitudes propias de las etapas de investigación e intermedia o de preparación del juicio, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos.. b) Un Juez del juicio oral, para desahogar las pruebas en una audiencia y resolver en definitiva el proceso.. La introducción de un Juez de Control plantea en la práctica la problemática relativa a determinar si serán efectivamente garantes de la Constitución, puesto que no obstante que el citado párrafo décimo cuarto del artículo 16 de la Carta Magna establece que garantizarán los derechos de los. 13. Planteamiento que se manifiesta en: La Opinión Jurídica sobre la Reforma Penal en México, realizada por HERNÁNDEZ Roberto y NEGRETE Layda, profesores investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., que puede consultarse en interne! en: http://www.imej.org.mx/estudioCI DE. pdf..

(18) 19 indiciados y de las víctimas u ofendidos y que el artículo 133 de la Ley Suprema establece que los Jueces de cada Estado se arreglarán a la Constitución General de la República, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados, existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que en el siguiente capítulo se analizarán- que establecen que el último precepto señalado no autoriza el control difuso de la constitucionalidad de normas generales, así como que el control judicial de la Constitución, es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación.. 2. El juicio de amparo ante un procedimiento garantista que contempla la figura del Juez de Control. Derivado de lo anteriormente expuesto, aquí hay necesidad de definir el concepto de amparo, para saber si un Juez de los llamados de Control, dentro del nuevo procedimiento penal instaurado en la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, tiene las facultades para ser garante de la Carta Magna; lo anterior es así porque el pueblo mexicano se ha fijado ser un Estado de Derecho. 14. ,. es decir regido por una ley suprema. 15. ,. que es la Constitución. Política de los Estados Unidos Mexicanos 16 , y por ser la fuente de los poderes que crea y organiza, esta por encima de ellos, como lo establece el primer párrafo del artículo 41 Constitucional:. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y. 14. 15. 16. Por Estado de Derecho se entiende básicamente: '"Aquel estado cuyos diversos órganos e individuos miembros se encuentran regidos por el derecho y sometidos al mismo; esto es, Estado de Derecho, alude aquel Estado cuyo poder y actividad están regulados y controlados por el Derecho"'. BECERRA BAUTISTA, José: Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo IV, Porrúa-Instituto de Investigaciones de la UNAM, México 1985, pág. 1O. Sobre la supremacía constitucional, la describe como dogma y después entra en su desarrollo histórico, véase a T AMA YO Y SALMORAN, Rolando: Introducción al Estudio de la Constitución. 2a. edic., UNAM, México 1986, págs. 251-278. Véase el estudio sistemático de la palabra constitución desde la antigüedad, hasta nuestros días, en la obra clásica de TAMA YO Y SALMORAN, Rolando: /bid., págs. 21 y ss. Consulte también el estudio realizado por CARPIZO, Jorge: Estudios Constitucionales. 4ª edic., Porrúa-UNAM, México 1994, págs. 33-43..

(19) 20 las particularidades de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.. En ese sentido, como lo señala Felipe Tena Ramírez 17 , si la Constitución pudiese ser violada impunemente, los preceptos constitucionales pasarían a ser solo principios teóricos y el respeto a la Constitución debe de ser, en principio, espontáneo y natural, dándose como excepción la violación de dichos conceptos constitucionales; ante tal excepción, la Carta Magna debe ser prevenida o reparada, por lo que todo régimen constitucional, debe contener un medio de protección o defensa 18 contra las transgresiones, ya provengan de un mal entendido de los preceptos o ya del propósito deliberado de quebrantarlo. El control de la constitucionalidad que actualmente se establece en nuestra Constitución, está encomendado al Poder Judicial de la Federación, por medio de entre otros, la institución llamada Juicio de Amparo.. El Juicio de Amparo ha sido tratado y conceptualizado durante varias décadas por innumerables estudiosos del Derecho, cabe hacer mención que no se han puesto de acuerdo en la definición del mismo; existen diversos y muy variados conceptos del amparo, expuestos desde que surge en nuestro derecho, empero como el presente trabajo, no trata únicamente del juicio de garantías, solamente mencionaremos dos definiciones. El jurisconsulto Ignacio L. Vallarta 19 , nos dice: El amparo es el proceso legal intentado para recuperar sumariamente cualquiera de los derechos del hombre consignados en la Constitución y atacados por una autoridad de cualquier categoría que sea, o para eximirse de la obediencia de una ley o mandato de autoridad que ha invadido la esfera federal o local respectivamente. 17. TENA RAMÍREZ, Felipe: Derecho Constitucional Mexicano. 29ª edic., Porrúa, México 1995, págs. 491-494. 18 ··clasificado que los sistemas de defensa de la Constitución en lo político y en lo judicial, por lo que hace al primero se le concede la guarda de la Constitución a un órgano político, que se encuentra ya existiendo en la división de poderes o bien, que pueda ser creado especialmente para que sirva de protector de la constitucionalidad; por el segundo sistema se confiere la tarea de velar por la constitución al órgano judicial, el cual tiene generalmente, aparte de su misión ordinaria de decidir el derecho de una contienda entre partes, el cometido especial de declarar si los actos de los Poderes constituidos están de acuerdo con la Constitución.". Véase el estudio realizado por CAPPELLETTI, Mauro: Justicia Constitucional, Estudios de Derecho Comparado, UNAM, México 1987, págs. 27-37. 19 V ALLART A L., Ignacio: El Juicio de amparo y el Write of Habeas Corpus, Imprenta Francisco Díaz de León, México 1881, pág. 39..

(20) 21. Mientras que Ignacio Burgoa Orihuela. 20. ,. define al Juicio de Amparo de la. siguiente forma:. Una institución procesal que tiene por objeto proteger al gobernado contra cualquier acto de autoridad (latu sensu) que en detrimento de sus derechos e intereses jurídicos particulares viole la constitución. Esta misma idea expresada en otros términos, el amparo es un institución jurídica, de tutela jurídica, de tutela directa de la Constitución, indirecta y extraordinaria de la legislación secundaria (control constitucional, ilegal-género próximo) que se traduce en un procedimiento autónomo de carácter contencioso (control jurisdiccional en vía de acción-defensa específica) y que tiene por objeto invalidar, en relación con un gobernado en particular y a instancia de éste, cualquier acto de autoridad (latu sensu) inconstitucional o ilegal que Jo agravie.. De lo anterior, se desprende la finalidad y objeto del Juicio de Amparo, que ante un juicio que, en el artículo 16 constitucional reformado, contempla la figura de un Juez de Control que garantizará los derechos de los indiciados, nos conlleva a hacernos la reflexión que hace el Magistrado, Doctor Ricardo Ojeda Bojorquez, quien en diferentes foros cuando se le cuestiona si puede subsistir el juicio de amparo en los nuevos juicios penales acusatorios, responde que la pregunta debería hacerse al revés, es decir, si es posible que subsista un procedimiento penal garantista cuando ya existen órganos de control constitucional encargados de proteger las garantías individuales, por lo que éste podría ser un punto de partida para el análisis de la vigilancia intraprocesal de las garantías constitucionales en la reforma procesal penal.. Al respecto consideramos que la subsistencia de los órganos de control constitucional ante un procedimiento que se ha estructurado en su base como garantista, no es descabellado considerar la desaparición de aquéllos en la referida vigilancia del sistema procesal penal acusatorio, por lo menos por lo que hace a su fase intraprocesal, antes del dictado del auto de vinculación a proceso.. 20. BURGO A ORI HUELA, Ignacio: El Juicio de Amparo, 38ª edic., Porrúa, México 1992, pág. 169..

(21) 22 Dado que hasta el momento, a nivel Federal y en la mayoría de los Estados de la República, no existe ley secundaria o procesal que regule las reformas constitucionales al proceso penal, es evidente que quedan latentes dudas al respecto, de ahí que para desarrollar un tema de esta naturaleza habría que esperar a que se promulgara esa ley secundaria para estar en opción de opinar en cuanto al tema, empero como el presente trabajo no puede esperar hasta entonces, será de gran utilidad tomar como base el Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación, realizado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de los Estados Unidos Mexicanos, para así estar en aptitud de adoptar postura.. A continuación se transcriben los numerales que consideramos conducentes al presente estudio.. Artículo 239. Control judicial 1. Las decisiones del ministerio público sobre el archivo temporal, abstenerse de investigar y no ejercicio de la acción penal. podrán ser impugnadas por la víctima ante el iuez de control. En este caso, el juez convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima, al ministerio público y, en su caso, al imputado y a su defensor, en la que se expondrá los agravios de las partes. 2. En caso de incomparecencia de la víctima o sus representantes legales a la audiencia, a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación y confirmará la resolución de archivo temporal, abstenerse de investigar o no ejercicio de la acción penal. 3. El juez podrá dejar sin efecto la decisión del ministerio público y ordenarle reabrir la investigación o continuar con la persecución penal, sólo cuando considere que no se está en presencia de los supuestos que la ley establece para disponer alguna de las decisiones mencionadas en el párrafo anterior. (El subrayado es nuestro). Artículo 245. Control judicial anterior a la formalización de la investigación Cualquier persona que se considere afectada por una investigación que no se haya formalizado judicialmente, podrá pedir al iuez competente que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos obieto de ella. (El subrayado es nuestro). Artículo 248. Actuación judicial 1. Corresponderá al juez de control en esta etapa, resolver, en forma inmediata, y por cualquier medio sobre los derechos del imputado y su defensa: el respeto y protección de los derechos de las víctimas del.

(22) 23 delito: controlar las facultades del ministerio público y la policía: otorgar autorizaciones y exigir el cumplimiento de los principios y garantías procesales y constitucionales. 2. A solicitud de las partes deberá conocer las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación, que requieran control judicial; las formas anticipadas de terminación del proceso y su debida ejecución y el control y ejecución de las medidas cautelares de carácter real y personal, autorizar y desahogar la prueba anticipada, conocer de las excepciones, y demás solicitudes propias de las etapas de investigación e intermedia o de preparación del juicio. (El subrayado es nuestro). Artículo 278. Control judicial Los interesados podrán impugnar, ante el juez, las medidas que adopten la policía o el ministerio público, sobre la base de las facultades a que se refiere este apartado. El juez resolverá en definitiva lo que corresponda.. Artículo 294. Objeto de la audiencia de vinculación a proceso La audiencia de vinculación a proceso será continua, salvo que exista causa legal para suspender su continuación, y tendrá por objeto: 1. Si el imputado se encuentra detenido, que el iuez resuelva sobre la legalidad y constitucionalidad de la detención. (El subrayado es nuestro). Artículo 296. Control de detención y continuación de la audiencia 1. Inmediatamente que el imputado detenido sea puesto a disposición del juez, éste le informará de sus derechos, le preguntará si cuenta con abogado defensor y en caso negativo le nombrará un defensor público, si se le ha dado oportunidad de ofrecer medios de prueba y procederá a calificar la detención, ratificándola en caso de encontrarse aiustada a los derechos v garantías constitucionales o decretando la libertad con las reservas de ley. (El subrayado es nuestro). Del análisis de los citados preceptos propuestos en el Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación, se advierte que, acertadamente la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de los Estados Unidos Mexicanos, contempla darles atribuciones a los Jueces de Control de garantes de la constitución, con lo que se puede vislumbrar la disputa futura entre quién va a ejercer la defensa de las garantías, si la figura creada en el nuevo procedimiento garantista o el órgano ya institucionalizado, tema que nos retrae a la vieja discusión, de si un órgano distinto de la Suprema Corte de.

(23) 24 Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito por su competencia· delegada o los Jueces de Amparo, puede resolver contra lo dispuesto por una ley, por contravenir ésta la Constitución, lo que irremediablemente hace surgir la reflexión en torno a que si desobedecer una ley se debe considerar una vulneración a la Carta Magna o si el Juez de proceso por mandato de los artículos 103 y 107 constitucionales, tiene esa facultad o no; tema que es amplio y se examinará a la luz del siguiente capítulo que versa precisamente sobre el control difuso de la Constitución..

(24) 25. CAPÍTULO 11 CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN. Para desarrollar el presente capítulo, nos valemos de la obra "Lo. confuso del control difuso de la Constitución, propuesta de interpretación del 21. artículo 133 constituciona/". del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la. Nación, José de Jesús Gudiño Pelayo, quien citando a Ignacio L. Vallarta, expuso que en la presidencia de éste, el control difuso fue un tema que se discutió en forma amplia, especialmente en el caso del licenciado Justo Prieto; participaron en el debate el propio Vallarta, el Magistrado Bautista y el Magistrado Contreras.. 22. En ese sentido, en la citada obra el Ministro Gudiño Pelayo manifiesta que a la fecha, el tema ha cobrado actualidad debido a que varias constituciones locales se han reformado para establecer de manera expresa la 23. procedencia del control difuso de la constitucionalidad de leyes locales,. con lo. cual puede advertirse que el tema del control difuso de la Constitución, no obstante su antigüedad, es actual y constituye un tópico recurrente.. El control difuso de la Constitución, también denominado control constitucional por vía de excepción, dice el citado Ministro, surge en el derecho anglo-americano de la interpretación de dos textos constitucionales: los 24. artículos 111, sección 2, párrafo 1, y VI, sección 2ª,. 21. a partir de la sentencia. GUDIÑO PELA YO, José de Jesús: Lo confuso del control difuso de la Constitución, propuesta de interoretación del artículo 133 constitucional, que puede consultarse en intcrnct en la página: http://www2. scjn. gob. mx/ min istrogudino/documents/articu los/contro I_difuso. pdf 22 VALLARTA, L. Ignacio: Votos, Tomo III, Porrúa, México, 1980, pág. 382. 23 Cfr. Constitución de Coahuila, artículo I 58, párrafo 3, por reforma publicada en el Periódico Oficial del 20 de marzo de 2001; en sentido similar, la Constitución de Veracruz, artículo 624, fracción IV, por reforma publicada en la Gaceta Oficial del 3 de febrero de 2000; la diversa Constitución de Chiapas, artículo 56, fracción IV, por reforma publicada en el Periódico Oficial de 6 de noviembre de 2002. 24 El primero de ellos dispone: "El poder judicial se extenderá a todos los casos en ley y equidad que surjan de la Constitución, las leyes de la Federación y tratados hechos o que se hagan bajo su autoridad". El segundo establece: "Está Constitución y las leyes de la Federación que se hagan de acuerdo con la misma y los tratados hechos o que se hagan con la autoridad de la Federación serán la suprema ley del país, y los jueces de cada estado se someterán a ella, a pesar de lo que en contrario haya en las constituciones o leyes de los estados.".

(25) 26 dictada por John Marshall en el caso Marbury vs. Madison. 2s. Consiste en el poder otorgado a todos los jueces, con independencia de su jerarquía, para dejar de aplicar las leyes cuando las consideren inconstitucionales, es decir: El objeto principal del proceso no es el control de la constitucionalidad de una ley, este control es incluido en el proceso incidentalmente o por vía de excepción, durante el curso de un proceso concreto de carácter común, sin importar su naturaleza, y únicamente en tanto la ley cuya constitucionalidad se discute, sea pertinente para la decisión de ese caso concreto. Por supuesto, el problema constitucional puede ser decisivo en cuanto a estos problemas básicos y el deseo de obtener una decisión judicial respecto a él quizás sea la razón por la cual se presenta el caso. 26. Se dice que es difuso aquello que "se extiende por una zona amplia".. 27. Como podrá advertirse, el nombre de "control difuso" corresponde a los caracteres de la institución ideada por los estadounidenses, pues, en efecto, se trata de un sistema que se extiende a todos los jueces de la Unión Americana.. Sin embargo, al vaciarse el contenido de los preceptos constitucionales estadounidenses mencionados en el artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, que corresponde al 133 de la vigente, y trasplantarse al sistema constitucional mexicano el tema del control difuso, éste parece haberse convertido más bien en un "control confuso", pues si se examina la doctrina producida al respecto, se advertirá sin dificultad que la inteligencia del segundo párrafo del artículo 133 Constitucional es una cuestión "poco clara o difícil de comprender". 28. 1. Función del artículo 133 en el sistema constitucional mexicano. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:. 25. 26 27. 28. VILLASEÑOR, Alejandra: El control constitucional difuso en México, Cuadernos de Investigación del Instituto de la Judicatura Federal, Vol. 1, Número 1, Otoño 2002, pág. 14. !bid. SECO, Manuel et al.: Diccionario del Español Actual, Vol. 1, Aguilar, pág. 1607. !bid., pág. 1188..

(26) 27 Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.. Cuando "coextensos",. 29. normas. jurídicas. pertenecientes. a. órdenes. jurídicos. es decir, entre los cuales no existe una relación de jerarquía,. regulan la misma situación con sentido diverso, surge un auténtico problema de interpretación constitucional: si la Federación y los Estados se encuentran dentro de la Constitución en una situación de igualdad y, en consecuencia, ninguno es superior a otro, entonces sus poderes son "coextensos", y ante la situación concreta de que normas jurídicas federales y locales regulen un mismo objeto y, además, lo hagan de manera diferente o contraria, se presenta el dilema de, ¿cuál de las dos normas debe aplicar el juez local?, ante lo cual se requiere de una norma de discriminación, porque, al ser ambos órdenes de gobierno iguales, la preferencia de uno u otro no puede deducirse por vía de inferencia del propio sistema, por lo que es indispensable que la Constitución establezca la regla de preferencia de un orden respecto al otro, cuando sus disposiciones recaigan sobre un mismo objeto.. Ésta es la función esencial, imprescindible, que en nuestro sistema constitucional, como en cualquier otro de carácter federal, incluido el norteamericano, desempeña el artículo 133 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.. Así las cosas, el artículo 133 citado, establece dos principios con claridad: primero, el de la supremacía de la Constitución; y, segundo, el de la. primacía del orden federal sobre el loca/3° cuando coincidan en una misma. 29. GAXIOLA, Jorge F.: Obras escogidas. Algunos Problemas del Estado Federal, LIII Legislatura del Estado de México. Instituto de Estudios Legislativos. Aunque el ensayo es de 1940, en esta reedición aparece, posiblemente, debido a un error involuntario, como 1º edic., 1999, págs. 50 a 58. 30 En el derecho de la Unión Europea se ha desarrollado la doctrina de la primacía de un orden jurídico sobre otro u otros. Se dice que las disposiciones de los órganos de la Unión Europea tienen primacía respecto al derecho nacional de cada Estado perteneciente a la misma; de esta suerte, cada uno de los Estados conserva su soberanía, pero sus autoridades y jueces deben aplicar de manera preferente, esto es, con primacía, el derecho y demás disposiciones de la Unión..

(27) 28 materia. Primacía significa preferencia, no jerarquía, aunque algunos autores, como Eduardo García Maynez, hablan de subordinación del orden local al federal.. 31. Reconocer que el artículo 133 constitucional establece dos principios distintos, aunque estrechamente vinculados,. como lo están todos los. contenidos de manera expresa o implícita en la Carta Magna: el de supremacía, referido en forma exclusiva a la Constitución y el de primacía del orden federal sobre el local en las materias en que concurran ambas normatividades, debe constituir el punto de partida para abordar el problema del control difuso en México.. Confundir ambos principios es lo que ha llevado a distinguidos autores a considerar este precepto, de suyo claro, como confuso y ajeno a nuestra tradición constitucional, cuando lo único que hace es disciplinar las partes al todo que es la Federación o la Unión, como la designa la Constitución.. 2. La presunción de constitucionalidad de la ley y el problema del control difuso. La primera parte del artículo 133 en comento, consagra como se ha dicho, el principio de supremacía de la Constitución al establecer que todas las leyes (federales y locales) y tratados deben estar conforme a ella. Por otra parte, existe como condición de eficacia para la operación de todo régimen constitucional la presunción de constitucionalidad de todas las normas del sistema, lo contrario haría inviable al sistema jurídico en su totalidad; exigir un certificado de constitucionalidad antes de aplicar cualquier norma jurídica es inimaginable. En consecuencia, podría enunciarse el principio: "Toda norma se presume constitucional hasta que se demuestre lo contrario".. 31. GARCÍA MÁ YNEZ, Eduardo: Introducción a la lógica jurídica, 9ª edic. Colofón, Porrúa, México 2004, págs. 65 y 66..

(28) 29 Es. indispensable. plantear. la. cuestión. esencial. para. la. recta. interpretación del artículo 133 constitucional, ¿Si de las expresiones " ... que emanen de ella ... " (Constitución), y "... que estén de acuerdo con la misma ... ". (Constitución), se desprende, de manera necesaria, el control difuso de la Constitución, es decir, la facultad de todos los jueces del sistema judicial 32 para determinar cuándo una norma general no es conforme a la Constitución?, o bien, ¿si de dichas expresiones no se infiere de manera fatal la atribución de todos los jueces de juzgar la constitucionalidad de las normas generales?. Consideramos que la respuesta a esta cuestión no se encuentra en el análisis aislado de este precepto, sino que debe desprenderse del análisis de la Constitución en su integridad, esto es, si la Carta Magna, en alguno de sus capítulos, establece y desarrolla un sistema de control constitucional que incluye a las normas generales y determina los órganos competentes para efectuarlo, en este caso, las mencionadas expresiones del artículo 133 sólo remiten a la parte de la Constitución que establece las partes, los procedimientos y el órgano u órganos competentes para plantear y resolver la no conformidad de una norma general con la Constitución, que en el caso del amparo son los artículos 103 y 107 constitucionales.. Si, por el contrario, la Constitución no estableciera de manera expresa un sistema de control constitucional (como la de Estados Unidos de América), sería válido entonces deducir de dichas expresiones la atribución de todos los jueces del sistema de examinar y, en su caso, determinar la no conformidad de las leyes con la Constitución, pues dicho precepto no podría ser referido a ningún otro perteneciente al sistema constitucional vigente en dicho país porque, además, la existencia de un sistema de control constitucional es consustancial al principio de "supremacía constitucional".. 32. Algunos autores, por ejemplo, Gabino Fraga, consideran que incluso las autoridades administrativas, dependientes del Ejecutivo, están facultadas constitucionalmente para ejercer el control difuso..

(29) 30. 3. Fundamentos constitucionales y legales, función y límites del control difuso en México El Ministro Mariano Azuela Rivera, afirma que el control por vía de acción, concentrado, y el control por vía de excepción, difuso, no son sistemas que se excluyan, sino que por el contrario, se complementan. 33. Se ha establecido que la ley, toda ley, goza de la presunción de constitucionalidad, y que ésta, por sí misma, es suficiente para que los jueces ordinarios la apliquen a los casos sometidos a su jurisdicción sin escrúpulo alguno en lo que atañe a su constitucionalidad o relegándolo al ámbito de las convicciones privadas, cuya expresión puede canalizarse a través de la academia, la docencia o la confortable charla de café, pero de ninguna manera en. sus. resoluciones.. También. se. estableció. que. la. presunción. de. constitucionalidad puede desvirtuarse mediante el mecanismo que el sistema, precisamente para tal fin, estableció y desarrolló la Constitución: el Juicio de Amparo.. En virtud del principio de relatividad de las sentencias, conocido también como la Fórmula Otero, que rige al Juicio de Amparo, la presunción de constitucionalidad sólo se desvirtúa para el quejoso y tratándose de amparo judicial, directo o indirecto, sólo tiene el alcance de determinar la inaplicabilidad de la ley declarada inconstitucional en el juicio con motivo del cual se promovió el amparo; si el quejoso en otro juicio es afectado por esa misma ley, tendrá que promover nuevo amparo, aunque esa misma ley, en el diverso juicio, haya sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, lo que parece irrazonable, pero así opera el sistema. 34 En este supuesto, resulta indudable que no es posible hablar de control difuso.. 33. Citado por GUDIÑO PELA YO, José de Jesús: Introducción al Amparo Mexicano, 3" edic., Noriega, México 1999, pág. 105. 34 Sobre la problemática de la Formula Otero en el amparo contra leyes, se puede consultar el ensayo: ··La 'Fórmula Otero' en el proyecto de la nueva Ley de Amparo'', en Ingeniería Judicial y Reforma del Estado. Preocupaciones, inquietudes, esperanzas ... , Edit. Laguna, México 2001, págs. 117- 128..

(30) 31 Cuando la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley, realizada por el órgano jurisdiccional constitucionalmente competente, adquiere carácter general, es decir, constituye un criterio obligatorio para todos los jueces y en todos los juicios en que se invoque o tenga aplicabilidad la referida ley, entonces sí existe un control difuso, acotado, limitado, en el que el juez no determina si la ley es o no constitucional, sino simplemente, de oficio o a petición de parte, se abstiene de aplicar la ley que otro órgano declaró inconstitucional. mediante el. procedimiento. correspondiente,. dando. así. cumplimiento a la primera parte del referido artículo 133. Esto es lo que sucede en el sistema jurídico mexicano tratándose de la jurisprudencia.. En efecto, en el octavo párrafo del artículo 94 de la Constitución, se establece:. La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación.. Por su parte, la Ley de Amparo, en el primer párrafo del artículo 192 dispone:. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal y tribunales administrativos y de trabajo, locales y federales.. El artículo 76 bis del citado ordenamiento legal, en su fracción 1, regula la suplencia de la queja en tratándose de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia en los siguientes términos:. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a Jo siguiente:.

(31) 32 l. En cualquier materia, cuando en el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.. De lo expuesto, concluye el Ministro, cabe concluirse que la Constitución establece un sistema de control difuso de ésta, que no deriva de la interpretación del artículo 133 constitucional, sino del párrafo octavo del artículo 94 constitucional, así como de los artículos 192, primer párrafo, y 76 bis, ambos de la Ley de Amparo. Control mediante el cual el Juez sólo deberá concretarse a inaplicar la ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ninguna manera a pronunciarse de motu propio sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley. 35. 4. ¿Está facultada la Suprema Corte para ejercer el control difuso de la totalidad de los ordenamientos legales existentes en México?. El control de la constitucionalidad de leyes y actos, sólo puede realizarse por los órganos del Poder Judicial de la Federación y a través de los procesos 35. Aunque no se hace referencia a que se trate de un control difuso, la jurisprudencia 38/2002 del Pleno de la Corte se inclina en similar sentido, en tanto que señala: JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY. De acuerdo con lo establecido por los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, que lijan los términos en que será obligatoria la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal jurisdiccional referido debe aplicar la jurisprudencia sustentada sobre la inconstitucionalidad de una ley, porque en el último dispositivo citado no se hace ningún distingo sobre su obligatoriedad atendiendo a la materia sobre la que versa; además, si bien es cierto que los tribunales de esa naturaleza carecen de competencia para resolver sobre la constitucionalidad de leyes, también lo es que al aplicar la jurisprudencia sobre esa cuestión se limitan a realizar un estudio de legalidad relativo a si el acto o resolución impugnados respetaron el artículo 16 constitucional, concluyendo en sentido negativo al apreciar que se sustentó en un precepto declarado inconstitucional por jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, sin que sea aceptable el argumento de que al realizar ese estudio se vulnera el principio de relatividad de las sentencias de amparo, pues éste se limita a señalar que en las mismas no se podrá hacer una declaración general sobre la inconstitucionalidad de la ley o acto que motivare el juicio y que sólo protegerán al individuo que solicitó la protección constitucional, ya que en el supuesto examinado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al cumplir con la obligación que se le impone de aplicar la jurisprudencia en relación con el caso concreto que resuelve, no invalida la ley ni declara su inaplicabilidad absoluta. Por otro lado la obligatoriedad referida responde al principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Carta Fundamental, conforme al cual no deben subsistir los actos impugnados ante un tribunal cuando se funden en preceptos declarados jurisprudencialmente por la Suprema Corte como contrarios a aquélla. El criterio aquí sostenido no avala, obviamente, la incorrecta aplicación de la jurisprudencia que declara inconstitucional una ley, de la misma manera que, guardada la debida proporción, una norma legal no se ve afectada por su incorrecta aplicación..

(32) 33. establecidos en la propia Constitución, esto es, el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el recurso de revisión en materia electoral.. Pero también es importante precisar que existen normas cuya constitucionalidad no puede impugnarse a través de estos procedimientos, como la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional. 36 La disyuntiva, para 36. En ese sentido se ha pronunciado la Primera Sala del Máximo Tribunal, en la Tesis aislada 1a. XCVIIl/2001, publicada en la página 185 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, Novena Época: AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE SI SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO, APLICADO POR PRIMERA VEZ EN PERJUICIO DEL GOBERNADO EN UNA SENTENCIA DICTADA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL RESOLVER UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción 11, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; resulta inconcuso que si se reclama la inconstitucionalidad de un precepto de la Ley de Amparo, aplicado por primera vez en perjuicio del gobernado en una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, no procede el juicio de amparo contra leyes. Ello es así, porque por disposición expresa del legislador, se halla vedada la posibilidad jurídica de promover amparo contra las resoluciones pronunciadas en otro juicio de la misma naturaleza, sin que exista excepción alguna, siendo que la idea de suprimir el ejercicio del control constitucional sobre el juicio de amparo, tiene su explicación lógica en el principio de que está prohibido generalmente promover un medio de impugnación extraordinario en contra de otro del mismo orden jurídico. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que el quejoso argumente que lo que impugna no es la determinación tomada en otro juicio de amparo, sino sólo la ley, ya que en caso de que pudiera combatirse ésta, se requeriría de un acto de autoridad que individualice la afectación en la esfera jurídica del peticionario del amparo, pues el análisis de la procedencia del juicio debe efectuarse de acuerdo a la existencia de dicho acto, en perjuicio del quejoso, es decir, no es dable analizar la norma que se combate de manera independiente, ya que sólo mediante el acto de aplical:ión puede existir el pe1juil:io o violal:ión de garantías, pues de otra manera no habría interés jurídiw en el juil:io de amparo. Y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XCVl/98, publicada en la página 260 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época: REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE CUANDO MEDIANTE ELLA SE PRETENDE IMPUGNAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE AMPARO APLICADA EN LA SENTENCIA RECURRIDA. No es jurídil:amente posible que a través del recurso de n.:visión previsto en los artículos 83 y siguientes de la Ley de Amparo, se pueda impugnar ésta. En el sistema constitucional mexicano la impugnal:ión de leyes por parte de los gobernados puede hacerse a través del juicio de amparo, por violación a las garantías individuales, de acuerdo con los lineamientos trazados por el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reglamenta la Ley de Amparo; esto es, por medio de la promoción de un juicio de amparo indirecto, en el que impugnen en forma destacada la propia ley por su sola vigencia o por virtud del primer acto de aplicación; o mediante la promoción de un amparo directo contra una sentencia o laudo definitivo o resolución que ponga fin al juicio, en el cual dicha impugnación sólo será materia del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el tratado o reglamento, en la inteligencia de que la calificación por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia. El recurso de revisión, no se halla previsto en el sistema constitucional como una de las formas de control de la Ley Suprema sino, exclusivamente, como un medio técnico de optimizar la función jurisdiccional realizada por el juzgador primario en el juicio de amparo, por lo que es improcedente el recurso de revisión que pretenda impugnar la inconstitucionalidad de la Ley de Amparo aplicada en la sentencia recurrida. Lo anterior no significa que la Ley de Amparo quede fuera.

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