RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

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Recurso nº 372/2017 C.A. Cantabria 16/2017 Resolución nº 524/2017

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

En Madrid, a 16 de Junio de 2017

VISTO el recurso interpuesto por D.J.d.C.F., en su condición de Secretario General de la Federación de Construcción y Servicios de CC.OO., contra los pliegos del procedimiento abierto para la contratación del “Servicio de limpieza viaria en el municipio de Santa Cruz de Bezana (Cantabria)”, Expte: 11/561/17, con un valor estimado del contrato de 1.225.000,00 €; el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente Resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El procedimiento abierto del contrato de servicio referido fue enviado al anuncio

preceptivo del DOUE el 3 de febrero de 2017, fue publicado en la Plataforma de

Contratación del Sector Público el 16 de marzo de 2017 y en el BOE nº 66 de 18 de marzo de 2017, señalando como fecha límite para la presentación de las proposiciones el día 4 de mayo de 2017, a las 14:00 horas. El plazo de ejecución se anunció por tres años, con un valor estimado del contrato de 1.225.000,00 €.

Segundo. El procedimiento de contratación siguió los trámites que, para los contratos de servicios sujeto a regulación armonizada, contiene el vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, TRLCSP), y en las normas de desarrollo de la Ley.

Tercero. Contra los pliegos, el Secretario General de la Federación de la Construcción y Servicios de CC.OO. anunció, el 18 de marzo de 2017, ante el órgano de contratación la impugnación de los pliegos. El recurso especial contra los pliegos ha tenido entrada en el registro electrónico de este Tribunal el 20 de abril del presente. En su recurso se solicita que se declare la nulidad de los pliegos.

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Cuarto. Previo requerimiento de la Secretaría de este Tribunal, se recibió el expediente administrativo de contratación con el informe emitido por el órgano de contratación y suscrito por el Sr. Alcalde. Se advierte que, a la fecha de remisión del expediente, no se habían presentado proposiciones en la referida licitación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para resolverlo, de conformidad con el artículo 41.3 del TRLCSP y con el Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre atribución de competencias en materia de recursos contractuales, publicado en el BOE del día 13 de diciembre de 2012.

Segundo. El sindicato impugnante, representativo de los intereses colectivos del sector de los trabajadores de la construcción y de los servicios, goza de legitimación ex artículo 42 del TRLCSP, una vez subsanada la acreditación del poder o representación con que actúa el Secretario General.

Tercero. Se recurren los pliegos de un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada, cuyo valor estimado es superior a 209.000 €, por lo que es susceptible de recurso especial ante este Tribunal al amparo del artículo 40.1, b) y 40.2, a) del TRLCSP.

En cuanto a las prescripciones formales y, en especial, la formalización dentro del plazo marcado por el artículo 44 del TRLCSP será estudiado más adelante, pues es un motivo de inadmisión alegado por el órgano de contratación.

Cuarto. El sindicato recurrente funda su oposición a los pliegos por la vulneración de las normas reguladoras de la obligación de subrogación de los trabajadores adscritos al servicio, pues tanto el Convenio Colectivo de aplicación, como el Acuerdo Marco Nacional, publicado en el BOE nº 181, de 30 de julio de 2013, establecen la subrogación de todos los contratos que existan en los centros de trabajo, por lo que considera que el anuncio de los pliego que se refieren a seis operarios de limpieza y un encargado a media jornada, resulta contraria a la plantilla actual dedicada al servicio que es de siete y medio, “siendo la misma

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Por su parte, el órgano de contratación se opone al recurso instrumentando: primero, su inadmisión, por falta de legitimación y de representación del recurrente y por extemporaneidad del recurso; segundo, de forma subsidiaria, insta la desestimación del recurso especial por considerar que ha dado cumplimiento a la obligación legal impuesta por el artículo 120 del TRLCSP. Es más, esgrime que, desde que se adjudicó el contrato el 16 de julio de 2013, han estado adscritos al servicio seis operarios de limpieza a jornada completa y un encargado al 50% de la jornada. Así, en el informe del órgano de contratación literalmente se afirma que: “En este sentido, es responsabilidad exclusiva del actual adjudicatario del servicio el haber incorporado al listado de personal a subrogar un operario a tiempo completo, sin la anuencia del Ayuntamiento, lo que supone un incumplimiento muy grave de un compromiso firmado en el propio acto de la firma del contrato y de su propia oferta técnica y que será objeto del correspondiente expediente de penalidad. En definitiva, las necesidades de personal indicadas en los pliegos no han sido modificadas en los actuales pliegos que son objeto de impugnación, sin que por otra parte exista una vinculación a perpetuidad en la definición de las necesidades de personal de un contrato tal y como reconoce el propio TACRC, pues las mismas pueden variar y ser objeto de ajuste de forma motivada. Se adjunta a estos efectos el contrato firmado con la adjudicataria con el anexo de personal a subrogar facilitado por la empresa saliente asumido con la firma por la empresa actualmente adjudicataria”.

En conclusión, afirma que no ha alterado el número de personal necesario para la ejecución del contrato de servicio y que ha dado cumplimiento a las exigencias del artículo 120 del TRLCSP, por lo que insta la desestimación del recurso y la confirmación de la legalidad de los pliegos impugnados.

Quinto. Pese a que el órgano de contratación le niega la legitimación al sindicato impugnante de los pliegos, este Tribunal ha de matizar tal negativa, pues se entiende que nos hallamos ante una legitimación corporativa y que, además, obra en el expediente el poder de representación con el que actúa el Secretario General de la Federación de la Construcción y Servicios de CC.OO.

En cuanto a la legitimación activa del Sindicato recurrente, hemos de recordar en este punto que el TRLCSP (artículo 42) reconoce legitimación activa para la interposición del recurso a

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toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso. A tal efecto, citaremos la reciente Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Cuarta, de fecha 6 de julio de 2016, que viene asentar los principios en que este Tribunal debe realizar la interpretación del instituto de la legitimación activa, que a su vez relaciona con la doctrina incontrovertida del Tribunal Constitucional al respecto, así se señala en la Sentencia de la Audiencia Nacional: “En relación con el concepto de interés legítimo sobre el que gravita el reconocimiento de legitimación existe una acabada jurisprudencia del Tribunal Supremo, incluso referida al alcance con el que cabe reconocerla a los sindicatos en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa. Según esta jurisprudencia(por todas STS de 17 de mayo de 2005, rec. cas. 5111/2002, dictada precisamente en materia contractual), la legitimatio ad causam de la parte recurrente viene determinada por la invocación en el proceso de la titularidad de un derecho o interés legítimo que suponga una relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de manera que la estimación del recurso produzca un beneficio o la eliminación de un perjuicio que no necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial. Esta ventaja ha de ser concreta y efectiva. No es suficiente, como regla general, que se obtenga una recompensa de orden moral o solidario, como puede ocurrir con la mera satisfacción del prestigio profesional o científico inherente a la resolución favorable al criterio mantenido o con el beneficio de carácter cívico o de otra índole que lleva aparejado el cumplimiento de la legalidad. Así, el Tribunal Supremo ha insistido en que “la relación unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto impugnado), con la que se define la legitimación activa, comporta el que su anulación produzca de modo inmediato un efecto positivo (beneficio) o evitación de un efecto negativo (perjuicio) actual o futuro, pero cierto (sentencia de este Tribunal Supremo de 1 de octubre de 1.990), y presupone, por tanto, que la resolución administrativa pueda repercutir, directa o indirectamente, pero de modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien alega su legitimación, y, en todo caso, ha de ser cierto y concreto, sin que baste, por tanto, su mera invocación abstracta y general o la mera posibilidad de su acaecimiento”

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De otra parte, el Tribunal Constitucional ha elaborado también una consolidada doctrina sobre el reconocimiento a los sindicatos de un interés legítimo en la impugnación de resoluciones y actos administrativos que les confiere legitimación para el acceso a la jurisdicción. Así, la STC 148/2014, de 22 de septiembre, reitera que:

“En relación con la legitimación de los sindicatos, en la STC 202/2007, de 24 de septiembre, sistematizando nuestra doctrina, recordamos que ha de partirse de “un reconocimiento abstracto o general de la legitimación de los sindicatos para impugnar ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo decisiones que afecten a los trabajadores, funcionarios públicos y personal estatutario. Así, hemos dicho que los sindicatos desempeñan, tanto por el reconocimiento expreso de la Constitución (arts. 7 y 28) como por obra de los tratados internacionales suscritos por España en la materia, una función genérica de representación y defensa de los intereses de los trabajadores que no descansa sólo en el vínculo de la afiliación, sino en la propia naturaleza sindical del grupo. La función de los sindicatos, desde la perspectiva constitucional, no es únicamente la de representar a sus miembros a través de esquemas propios del Derecho privado, pues cuando la Constitución y la Ley los invisten con la función de defender los intereses de los trabajadores, les legitiman para ejercer aquellos derechos que, aun perteneciendo en puridad a cada uno de los trabajadores, sean de necesario ejercicio colectivo, sin estar condicionados a la relación de pretendido apoderamiento ínsita en el acto de afiliación. Por esta razón, es posible, en principio, reconocer legitimado al sindicato para accionar en cualquier proceso en que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores (por todas, SSTC 101/1996, de 11 de junio, 203/2002, de 28 de octubre, 142/2004, de 13 de septiembre, y 28/2005, de 14 de febrero).”

No obstante señalábamos que “venimos exigiendo que esta genérica legitimación abstracta o general de los sindicatos tenga una proyección particular sobre el objeto de los recursos que entablen ante los Tribunales mediante un vínculo o conexión entre la organización que acciona y la pretensión ejercitada, pues, como se dijo en la STC 210/1994, de 11 de julio, FJ 4, la función constitucionalmente atribuida a los sindicatos no alcanza a transformarlos en guardianes abstractos de la legalidad, cualesquiera que sean las circunstancias en que ésta pretenda hacerse valer. La conclusión es que la legitimación procesal del sindicato en el

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orden jurisdiccional contencioso-administrativo se ha de localizar en la noción de interés profesional o económico; concepto este que ha de entenderse referido en todo caso a un interés en sentido propio, cualificado o específico, y que doctrinal y jurisprudencialmente viene identificado en la obtención de un beneficio o la desaparición de un perjuicio en el supuesto de que prospere la acción intentada, y que no necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial. Esto es, tiene que existir un vínculo especial y concreto entre el sindicato (sus fines, su actividad, etc.) y el objeto del debate en el pleito de que se trate (SSTC 7/2001, de 15 de enero, FJ 5; y 24/2001, de 29 de enero, FJ 5)”.

SEXTO.- La aplicación de la anterior doctrina al caso controvertido nos lleva a reconocer al sindicato recurrente interés legítimo en la impugnación de la licitación que se encuentra en el origen de este recurso contencioso-administrativo. En efecto, lo que el sindicato pretendía era que el pliego de condiciones al que se sometía la licitación incorporara la obligación de quien resultara adjudicatario del contrato de subrogarse en la totalidad de las relaciones laborales del personal adscrito a la línea de transporte de viajeros objeto de contratación, y lo pretendía además con fundamento en la pretendida vinculación de la Administración al convenio colectivo sectorial aplicable a la hora de aprobar el pliego de condiciones. Pues bien, más allá de si esta pretensión se encuentra o no fundada y, en consecuencia, del éxito o fracaso de la misma, resulta patente que el sindicato recurrente pretendía la defensa de los intereses de los trabajadores que prestaban servicio para la concesionaria, postulando la continuidad de su relación laboral con la concesionaria que resultase adjudicataria, y que además lo hacía esgrimiendo la aplicación del convenio colectivo sectorial aplicable. En

definitiva, el sindicato recurrente suscitaba una cuestión que afectaba de lleno a los

intereses de los trabajadores cuya defensa y promoción tiene constitucionalmente atribuida ex art. 7 CE, cuestión que no cabe identificar con una defensa abstracta de la legalidad de la actuación administrativa sino conexión directa con los trabajadores y que, en consecuencia, llena por completo las exigencias de la caracterización como “legítimo” del interés esgrimido por el sindicato recurrente como atributivo de legitimación activa.”

En el recurso que plantea CC.OO. se trata una sola cuestión referida a los trabajadores del sector, la obligatoriedad de la subrogación de los trabajadores adscritos al servicio que se

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licita y la información que han de contener los pliegos, por lo que, lo cierto es que a priori y en general hemos de reconocer legitimación activa al sindicato recurrente.

Sexto. También insta el órgano de contratación la inadmisión del recurso fundada en su extemporaneidad. Al plazo para la interposición del recurso dirigido frente a los pliegos se refiere el artículo 44.2.a) del TRLCSP, conforme al cual:

“a) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que los mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento conforme se dispone en el artículo 158 de esta Ley.”

Este precepto ha sido desarrollado por el artículo 19 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, cuyos dos primeros apartados, establecen:

“1. Cuando el recurso se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, salvo que la Ley no exija que se difunda por este medio. En este último caso el plazo comenzará a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación, y en el supuesto de que ésta última fecha no estuviera acreditada fehacientemente desde el día siguiente a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o, en su caso, en los diarios o boletines oficiales autonómicos o provinciales, según proceda.

2. Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en forma legal la convocatoria de la licitación, de conformidad con lo indicado en el apartado 1 de este artículo, si en ella se ha hecho constar la publicación de los pliegos en

la Plataforma de Contratación del Sector Público o el lugar y forma para acceder

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En caso contrario, el cómputo comenzará a partir del día siguiente a aquél en que los mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los interesados para su conocimiento. En este último caso, cuando dichos documentos hayan sido puestos a disposición de los interesados solamente por medios electrónicos, el plazo para recurrir comenzará a computarse a partir de la fecha en que concluya el de presentación de las proposiciones, salvo que hubiese constancia de que fueron conocidos con anterioridad a dicha fecha. Cuando no se hubieran puesto a disposición de los interesados por medios electrónicos el plazo comenzará a contar desde el día siguiente a aquel en se hayan entregado al recurrente.”

En el caso que nos ocupa, el primer anuncio en el que se hace constar la forma de acceder directamente a los pliegos es el anuncio publicado en el BOE el día 18 de marzo de 2017 y el contenido de los pliegos se hizo público a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21 de marzo del presente.

El artículo 9.2 del Real Decreto 814/2016 debe interpretarse en el sentido de que no podrá iniciarse el cómputo del plazo para interponer el recurso especial en materia de contratación hasta tanto no se hayan publicado, bien los pliegos (en la Plataforma de Contratación del Sector Público), bien la forma de acceder directamente a su contenido, pues hasta ese momento el interesado no ha podido tener acceso al contenido de los pliegos.

En el caso que nos ocupa, la publicación de la forma de acceder directamente al contenido de los pliegos se lleva a cabo mediante la Plataforma de Contratación del Sector Público, el día 21 de marzo de 2017. De esta forma, el dies a quo para el cómputo del plazo de interposición del recurso fue el miércoles 22 de marzo de 2017, con lo que el dies ad quem excluyendo los sábados y festivos, tras la reforma operada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, finó el 11 de abril y el anuncio del recurso se presentó ante el propio órgano de contratación el día 30 de marzo.

En conclusión, no puede tampoco prosperar la inadmisión instada por el órgano de contratación, ya que el sindicato recurrente ha dado satisfacción a dicho requisito procedimental, por lo que su recurso ha sido formalizado en plazo (artículo 44 del TRLCSP).

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Séptimo. Rechazadas las alegaciones de forma, y dado que no procede la inadmisión instada por el órgano de contratación, hemos de entrar en el fondo del asunto, que se centra en el análisis de la legalidad de los pliegos, en particular, la cláusula 3ª del Pliego de

Prescripciones Administrativas Particulares (PCAP) relacionada con la ejecución del

contrato.

3.3.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.

“La empresa adjudicataria se subrogará, en los casos y términos establecidos en los convenios colectivos de aplicación. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, por cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes en su calidad de patrono y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, referidas al propio personal a su cargo.

A efectos de comprobar por parte del órgano de contratación el cumplimiento de estas obligaciones, y para control y seguimiento del personal asignado al cumplimiento del contrato, la empresa adjudicataria presentará ante el órgano de contratación, con periodicidad mensual, fotocopia y original para su cotejo de los TC1 y TC2 debidamente cumplimentados y abonados, correspondientes a los trabajadores de la empresa que realizan la prestación objeto del contrato.

(…)”.

Anexo V del PCAP.

5. Personal.

a) Personal adscrito al servicio.

“Se deberá aportar obligatoriamente el compromiso de subrogación del personal adscrito a la empresa que actualmente realiza estos trabajos de limpieza. Al efecto, se acompaña en el anejo de personal la relación de trabajadores con la dedicación, antigüedad y datos de categoría profesional facilitados por esta empresa. La estructura actual de personal coincide con la prevista para la ejecución del contrato.

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Se deberá describir la estructuración y organigrama de funciones básico del conjunto de personal en la organización de prestación del servicio de limpieza, especificando en síntesis

las tareas a las que se adscribe c ada trabajador.

El servicio de limpieza viaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana se prestará con el personal que se describe, sin que pueda ser modificado en número al alza o a la baja en la oferta:

6 empleados en labores de limpieza (cuatro oficiales y dos peones a jornada

completa).

1 encargado o jefe de limpieza responsable de la prestación (a media jornada).

(…)”.

Por otro lado, en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), en la cláusula III, se contempla el personal que se precisa para la prestación del servicio de la siguiente forma:

“El servicio de limpieza viaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana se prestará con el siguiente personal, sin que pueda ser modificado en número al alza o a la baja:

6 empleados en labores de limpieza (cuatro oficiales y dos peones a jornada

completa).

1 encargado o jefe de limpieza responsable de la prestación (a media jornada).

Se atenderá a lo especificado en el convenio sectorial de trabajadores relativo a este

servicio en lo que se refiere a la subrogación de personal adscrito a la empresa que

actualmente realiza estos trabajos de limpieza. A tal efecto se acompaña en el anejo de

personal la relación de trabajadores con la dedicación, antigüedad y datos de categoría

profesional facilitados por esta empresa. La estructura actual de personal coincide con la prevista para la ejecución del contrato”.

Cláusula V del PPT. Personal a subrogar.

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facilitar a la Administración y en todo caso a la empresa que resulte adjudicataria tras el proceso de contratación y que se adjunta de forma literal como anexo.

No obstante, se advierte a todos los efectos, que el contrato desde su origen y en la actual está dimensionado para 6 personas a tiempo completo (4 oficiales y dos peones a jornada completa) y un encargado a tiempo parcial, tal y como consta en el PCAP. Por lo que las ofertas se deben ajustar a lo requerido en los Pliegos que son la norma de contratación”.

Al abrigo de estas cláusulas de los pliegos impugnados se ha de enfocar la resolución de la presente contienda, abonada, a juicio del sindicato recurrente, por la divergencia existente entre lo expresado en los mentados pliegos y en la información dada por la actual adjudicataria que refiere un total de siete operarios de limpieza y un encargado con 50% de jornada, mientras que en los pliegos se prevén seis operarios de limpieza y un encargado a media jornada.

Octavo. Ningún reproche de ilegalidad puede plantearse a los pliegos de este contrato desde la perspectiva del cumplimiento de las previsiones del artículo 120 del TRLCSP. En efecto, este artículo, relativo a la información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo, dispone que “en aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, el órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores, en el propio pliego o en la documentación complementaria, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de éste”.

Los términos en que debe comprenderse esta obligación han sido analizados por informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y por Resoluciones de este Tribunal. Así, la Junta Consultiva de Contratación del Estado, en su informe de 31/1999, de 30 de junio, expone que “en definitiva se entiende que la subrogación de una empresa en las relaciones laborales de otra es cuestión cuya posibilidad ha de ser resuelta de conformidad

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con la legislación laboral vigente, en concreto determinando si resulta aplicable al supuesto de hecho el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, o, en su caso, de los respectivos convenios colectivos, sin que nada al respecto tengan que establecer los pliegos de cláusulas administrativas particulares,” matizado posteriormente por el informe 33/2002, de 23 de octubre, que señala “la necesidad de que el futuro contratista conozca suficientemente cuáles serán las obligaciones que asume al resultar adjudicatario del contrato, que son no solo las propias relativas a la prestación en sí, sino también aquellas otras obligaciones que proceden de normas sectoriales distintas de la legislación de contratos, es un elemento propio de la definición de derechos y obligaciones a que se refiere el artículo 49 de la Ley.(…)”.

Por otra parte, este Tribunal ha expresado en su Resolución 181/2011 (citada en la nº 670/2014) que “la obligación del adjudicatario de subrogarse en las relaciones laborales vigentes con el contratista que en el momento de convocarse una licitación se halle ejecutando un contrato con el mismo objeto, surge, normalmente, como una exigencia del convenio colectivo que afecta al sector de actividad de que se trate. Ello significa que, existiendo un convenio colectivo que la exija, el hecho de que el pliego de cláusulas administrativas particulares no la mencione, no es relevante jurídicamente, pues la obligatoriedad de la subrogación no procede del pliego sino del convenio colectivo. Sin embargo, en aquellos casos en que no existe tal obligación previa de subrogación por no haber disposición legal ni convenio colectivo que la exija, la falta de mención en los pliegos equivaldrá a la no exigencia de la misma”.

El órgano de contratación, de acuerdo con el artículo 120 TRLCSP, sólo tiene la obligación de facilitar a los licitadores, en el propio pliego o en la documentación complementaria, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, correspondiendo a los licitadores, por consiguiente, valorar si concurren o no a la licitación, como ha manifestado este Tribunal en un caso similar en su Resolución 66/2012.

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PCAP al especificar la categoría profesional, la antigüedad, la jornada laboral y el coste salarial de los trabajadores que, según la empresa actualmente adjudicataria del contrato, prestan servicios de limpieza viaria, si bien con la divergencia de un trabajador más, en relación con la información dada por la empresa actualmente adjudicataria del servicio.

La determinación del personal necesario para la prestación del servicio que se contrata es competencia exclusiva del órgano de contratación, sin que esté obligado a mantener el mismo número de trabajadores.

Como ha señalado este Tribunal en su Resolución nº 264/2013, “forma parte de las prerrogativas del órgano de contratación definir las necesidades que determinan su voluntad de contratar y cómo aquéllas han de ser satisfechas en los correspondientes pliegos, sin que pueda imponérsele la obligación de someterse indefinidamente a las condiciones contractuales anteriores, invocando una obligación laboral que, como dijimos, no pesa sobre la Administración contratante, que es por completo ajena a la relación laboral entre el contratista y sus empleados, sino que recae sobre el contratista, por lo que es a éste y no al ente contratante a quien le corresponde su cumplimiento de acuerdo con el principio de riesgo y ventura”.

En el presente caso, la Administración contratante reitera que el personal a adscribir al servicio es el mismo, esto es, seis operarios de limpieza a jornada completa y un encargado a medio jornada, siendo la propia prestadora del servicio la que en la información dada añade un operario más a subrogar, configurando incluso un contrato distinto y sobredimensionando el actualmente existente, por lo que es la conducta de la actual prestadora del servicio, la que induce a error en la subrogación, cuestión ésta que no es achacable al órgano de contratación, quien ha redactado los pliegos dando puntual cumplimiento a las exigencias del artículo 120 del TRLSCP.

Así las cosas, el motivo de nulidad invocado por el sindicato recurrente no merece ser atendido, pues la redacción de los pliegos contempla la subrogación del personal dando satisfacción a lo previsto en el reiterado artículo 120 del TRLCSP, procediendo, en consecuencia, confirmar los pliegos impugnados y desestimar el recurso.

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VISTOS los preceptos legales de aplicación,

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha, ACUERDA:

Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D.J.d.C.F., en su condición de Secretario General de la Federación de Construcción y Servicios de CC.OO., contra los pliegos del procedimiento abierto para la contratación del “Servicio de limpieza viaria en el municipio de Santa Cruz de Bezana (Cantabria)”, confirmando los pliegos impugnados por resultar conformes a Derecho.

Segundo. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP.

Esta Resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1. k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

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