R-DCA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San José, a las diez horas con veintiocho minutos del veinticinco de setiembre de dos mil quince.---Recurso de objeción interpuesto por la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA, en contra del cartel de la Licitación Pública Internacional No. 2015LI-000008-PROV, promovida por el Instituto Costarricense de Electricidad, para la Adquisición de Equipo y Herramientas para los centros de Acopio.---

RESULTANDO

I. Que la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA, interpuso ante esta Contraloría General, en fecha diez de setiembre de dos mil quince, recurso de objeción en contra del referido cartel de licitación.---II. Que mediante auto de las diez horas del catorce de setiembre de dos mil quince, esta División confirió audiencia especial a la Administración, para que se refiriera al recurso interpuesto por dicha empresa. En el plazo conferido, la Administración atendió el requerimiento, según oficio no. 5221.401.2015.---III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias

respectivas.---CONSIDERANDO

I. Sobre el fondo del recurso presentado. 1) Sobre Lote No. 1. Montacargas. Especificaciones Técnicas. Dimensiones, “Mástil con apoya cargas; Altura mínima de levante 477 cm. Uñas mínimo 4 x 12 x 122 cm. Altura máxima del mástil plegado 210 cm. Inclinación mínima del mástil: 6 grados al frente, 10 grados hacia atrás. Radio mínimo de giro Llantas: externo 224cm”.La objetante indica que esas dimensiones son exclusivas de la marca Toyota, con su modelo 8FD25 (Ver prueba 1), marca cuyo distribuidor es una sola empresa en Costa Rica, llamada Tractomotriz, para lo cual se puede consultar la siguiente página web: http://www.tractomotriz.com/app/cms/www/index.php'?id menu=1, por lo que dicha solicitud es limitante y excluyente, le brinda ventaja indebida a un solo oferente sin que se genere un especial valor agregado a la compra, violentando así los Principios Generales de la Ley de Contratación Administrativa en especial en sus artículos 4 y 5. Como es de suponer, al tratarse de un aspecto de admisibilidad, es muy sencillo declarar a cualquier oferta como inelegible por no cumplir con ese requerimiento, lo que implica para su representada dos cosas: (i) ofrecer el producto que corresponde de las marcas que representa, a sabiendas de que no cumplirán o (ii)

(2)

simplemente no presentar una oferta de excelente marca y precio muy competitivo, que garantizaría una sana competencia, ya que poseen un montacargas marca Caterpillar Towmotor modelo DP25HS-D, el cual señala cumpliría a cabalidad con las necesidades de la Administración (Ver Prueba 2), según las siguientes especificaciones: Dimensiones: Mástil con apoya cargas: Altura mínima de levante 477 cm. Uñas mínimo 4 x 9.9 x 122 cm. Altura máxima del mástil estándar de tres etapas plegado 214.6 cm. Inclinación mínima del mástil: 6 grados al frente, 6 grados hacia atrás. Es conforme a lo anterior requiere que se declare con lugar el presente recurso de objeción. Indica la Administración que el cartel de esta licitación, constituye un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar, respetando tácitamente lo estipulado en el artículo 44 del Reglamento al Título II de la Ley 8660. Señala que el recurso fue presentado a destiempo a esta Contraloría General de la Republica el día 11 de setiembre del 2015, según se observa en sellos impresos en la parte superior del documento presentado por MATRA. Ahora bien con respecto a los alegatos expuestos por el recurrente, primeramente señala que se debe considerar que la Administración no busca limitar ilegítimamente la participación de ninguna empresa, sino que ha establecido las mínimas especificaciones técnicas con la finalidad de garantizar que el equipo que se pretende adquirir permita una mayor participación de posibles oferentes. Por cuanto es la única manera de garantizar que el bien que se adquiera cumpla con los estándares de calidad internacional, así como el servicio de repuestos y mantenimiento, tan necesarios en el periodo posventa del mismo, y así poder satisfacer el interés público, y brindar a sus clientes el servicio que demandan del bien por adquirir. Señala en relación a la prueba no. 1, que de esta no ha quedado demostrado lo manifestado por el objetante, respecto a que las especificaciones sean exclusivas de un montacargas de la marca TOYOTA. Respecto a la prueba No.2., señala se analiza la hoja que aporta como prueba y resuelve que la información suministrada es insuficiente para que esa Administración logre determinar la conveniencia de considerar su petitoria. Además señala la licitante, que ha adquirido montacargas con las mismas especificaciones técnicas, en la licitación abreviada 201 0-0055-Prov. adjudicándose la marca HELI modelo CPCD25. Con respecto a la disposición cartelaria objetada por el recurrente, agrega que este órgano contralor ha resuelto de manera extensa sobre estos requerimientos en específico, los cuales ya han sido analizados en otros recursos de objeción presentados en contra de licitaciones promovidas por el Instituto

(3)

Costarricense de Electricidad, mediante la resolución No. R-DCA-602-2014, en el cual manifiesta lo siguiente: “...Como se indicó anteriormente, la discrecionalidad de la Administración en la definición de las reglas cartelarias, tiene como objeto primordial que esta logre efectivamente la satisfacción de un interés público, que pueda pretenderse que el cartel debe estructurarse en función de las particulares necesidades o requerimientos de una empresa o potencial oferente particular, en primer lugar porque causaría un interminable ajuste a su contenido y en segundo término porque en ese supuesto, estaría privando el interés particular de los objetantes sobre el interés público que es el que debe privar en todo procedimiento de contratación…”. Con base a lo indicado en dicha resolución señalada, se evidencia que dichos requisitos no representan una violación a la libre participación, porque esa imposibilidad parece solo asistirle al recurrente, asimismo es importante indicar que el recurrente tampoco ha demostrado que las disposiciones cartelarias objetadas resulten discriminatorias, lesivas o de imposible cumplimiento para la generalidad de oferentes y no solo para él. Tampoco prueba que al modificar dichos requisitos el ICE pueda garantizar el servicio post venta que requiere, la capacitación, repuestos, asistencia técnica, talleres especializados, esto con solo presentar las garantías de fábrica y del oferente. Ante ello afirma la Administración, que la objetante basa su inconformidad en una serie de apreciaciones, sin que medie una fundamentación adecuadamente desarrollada, que debata técnicamente y en forma consistente, los motivos declarados por la Administración para establecer las condiciones técnicas del cartel. La Administración conoce las necesidades técnicas y el campo de aplicación, por lo que adecúa el pliego de condiciones a esas necesidades de acuerdo a las labores que se realizan, para así cumplir con los fines operativos de la Administración. La Administración conoce que existen varias marcas que pueden proporcionar el equipo con las condiciones técnicas solicitadas, a fin de poder contar con mayores opciones al momento de seleccionar la oferta que mejor satisfaga el interés público, siempre y cuando los participantes igualen o superen lo requerido, es así que se rechaza la objeción interpuesta, manteniendo las condiciones cartelarias en todos sus extremos. Criterio de la División: Sobre este tema, conviene señalar como punto de partida, y en lo correspondiente al argumento de la Administración, respecto a la extemporaneidad del recurso presentado, que el citado recurso fue presentado ante esta Contraloría General, vía fax el 10 de setiembre de 2015, al ser las 14:59 horas, (ver folio 19 del expediente de objeción), ante ello considerando que la publicación

(4)

del concurso se efectuó por parte de esa Administración el día 27 de agosto de 2015, y se fija como fecha de apertura el 26 de octubre de 2015, se obtiene que el cuarto del plazo venció el pasado 10 de setiembre, fecha en que fue interpuesto el recurso, por ende fue presentado dentro del tiempo. Ahora bien, en punto al fondo del recurso presentado, conviene señalar que la Administración efectivamente goza de amplia discrecionalidad en la definición de las reglas cartelarias, visto que ella como conocedora de su necesidad, es la llamada a establecer la forma en que puede satisfacer de mejor manera el interés público involucrado en la compra. Desde luego que esta discrecionalidad no es irrestricta, sino que debe respetar el sustrato mínimo contenido en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Sobre este tema, ha dicho este órgano contralor entre otras, en la resolución R-DCA-733-2015, de las once horas con cinco minutos del veintiuno de setiembre de dos mil quince, lo siguiente: “…la Administración en la definición de las reglas cartelarias goza de una amplia discrecionalidad, lo cual incluye todos aquellas condiciones y requerimientos que considere necesarios para seleccionar a la mejor oferta y con ello, procurar la debida satisfacción del interés público, discrecionalidad esta que solo encuentra su límite natural en las disposiciones del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Sobre este tema, ha dicho este órgano contralor que "(...) El recurso de objeción en nuestro ordenamiento, conforme las reglas establecidas en los artículos 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 de su Reglamento, se encuentra dispuesto para que los potenciales oferentes remuevan del respectivo pliego de condiciones, aquellas cláusulas que resulten lesivas a la participación o bien a otros principios de la contratación administrativa, así como cuando contenga disposiciones que atente contra normas de procedimiento o el ordenamiento jurídico en general. Este recurso se estatuye bajo la filosofía que los potenciales oferentes se constituyen como coadyuvantes de la Administración en la depuración de las reglas cartelarias, con la finalidad de lograr una mayor participación y publicidad en el proceso, a efecto que esta llegue a contar con mayores alternativas de selección. No obstante, esta figura recursiva no debe ser utilizada para que aquellos oferentes eventualmente interesados en participar, suplanten la voluntad administrativa en la definición del objeto contractual o bien en el resto del clausulado cartelario, pues para esto la Administración goza de amplia discrecionalidad, no constituyendo entonces una herramienta para cuestionar o validar la oportunidad y conveniencia de las decisiones que adopte la Administración en términos de economía o eficacia, la cual es ejercida dentro del ámbito de su competencia y con miras a la satisfacción de un interés público, lo cual se refleja en la adquisición de determinado bien o servicio. Esta discrecionalidad administrativa “…consiste en la posibilidad de elegir libremente, entre todas las soluciones admitidas por derecho, aquélla que se entienda más adecuada a los motivos por los cuales actúa y más idónea para lograr el fin debido. Esa elección se realiza conforme

(5)

a criterios técnicos, éticos, axiológicos, políticos y también jurídicos, establecidos estos últimos por esas reglas de derecho que, sin eliminar la posibilidad de optar entre diversas soluciones, consagran pautas o modos de comportamiento flexibles, apreciables caso por caso en cada circunstancia (…)” Cajarville Peluffo, Juan Pablo. Sobre Derecho Administrativo. Fundación de Cultura Universitaria. Segunda Edición. 2008. pág. 50. Ahora bien el ejercicio de esta discrecionalidad no es ilimitada, sino que encuentra su límite natural en nuestro ordenamiento, en lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, en el tanto establece que los actos que bajo el ejercicio del poder discrecional emita la Administración, deben ser acordes con reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia…" (ver resolución R-DCA-294-2013 del 28 de mayo del 2015). En virtud de lo expuesto y considerando el artículo 170 de cita, se tiene que aquel oferente que pretenda refutar alguna disposición del cartel, tiene la obligación de hacerlo con la adecuada fundamentación, lo cual consiste en efectuar un ejercicio claro y desarrollado aportando en su caso la prueba respectiva, en el que se demuestre que determinada cláusula cartelaria, resulta contraria a los principios de la contratación administrativa, a normas de procedimiento o al ordenamiento jurídico general. A partir de lo anterior para el caso de cita, estima esta División que lo que la recurrente procura obtener, es que la Administración acepte las dimensiones del montacargas que pretende ofertar, sin embargo omite acreditar en primer lugar, de qué forma las dimensiones expuestas afectan la libre participación, o bien se encuentran orientadas a beneficiar a un oferente particular, aspecto que si bien lo menciona, no demuestra con la prueba aportada en dónde se observa en esta, el requerimiento específico de la Administración, para entender que esas especificaciones se dirigen por ejemplo hacia un proveedor en específico. En este orden, debe indicarse en relación con la prueba no. 1 que aporta el objetante, que esta no es capaz por sí sola de demostrar que la información ahí contenida, efectivamente corresponde a las características establecidas por la Administración en su cartel, ello para concluir que en efecto, se están utilizando condiciones de un proveedor en particular, más aún cuando el objetante fue omiso en desarrollar en su recurso, cómo debía entenderse o leerse dicha prueba. Además considerando la prueba no. 2, debe de señalarse que esta no acredita igual que la anterior, lo que el objetante señala en su recurso, al menos de su simple lectura, razón demás para considerar que era su obligación ligar su argumento con lo ofrecido como prueba. Tampoco el objetante demuestra, más allá del requerimiento expreso de la Administración, cómo el equipo que comercia puede de igual manera satisfacer el interés público o el objeto perseguido por la licitante, que justificara al menos en todo caso ampliar

(6)

ciertos rangos de sus dispositivos o componentes, siendo que únicamente se limita a solicitar el cambio de las especificaciones. De lo cual conviene señalar además, que el cartel de una contratación no puede ajustarse a la particular realidad de un oferente, visto que de ser así, estaríamos haciendo prevalecer el interés particular sobre el general, siendo este último el verdadero sustrato de un procedimiento de compra. De igual forma tampoco es claro el objetante en señalar y demostrar, de qué forma el requerimiento cartelario resulta desproporcionado o bien, cómo este limita la participación general de oferentes o se encuentra dirigido a beneficiar a un proveedor en particular. En virtud de las anteriores consideraciones, y ante la falta de fundamentación, es lo procedente rechazar de plano el recurso en este extremo.---

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, artículo 26 de la Ley 8660 (Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones), artículos 148 y 150 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones), 170 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO, el recurso de objeción interpuesto por la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA, en contra del cartel de la Licitación Pública Internacional No. 2015LI-000008-PROV, promovida por el Instituto Costarricense de Electricidad, para la Adquisición de Equipo y Herramientas para los centros de Acopio. 2) Se da por agotada la vía administrativa.--- NOTIFÍQUESE.---

Edgar Herrera Loaiza Adriana Artavia Guzmán Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada

AAG/yhg

NI: 24140-24284-24799

NN: 13858 (DCA-2411-2015)

Ci: Archivo central

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :