TEMA 3 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

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TEMA 3

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

1. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

-Garantías y Tutela de las Libertades y Derechos Fundamentales:

Vienen recogidas en los arts. 53 y 54 CE.

El art. 53 dispone que:

1.-Los derechos y libertados reconocidos en los arts. 14 a 38 vinculan a todos los poderes públicos, debiendo regulare su ejercicio sólo por Ley y tutelándose a través del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

2.-Los derechos reconocidos en los arts. 14 a 29, cualquier ciudadano podrá recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia, reconocida en el art. 30.

3.-Los derechos reconocidos en los arts. 39 a 52 informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo que dispongan las Leyes que los desarrollen.

El art. 54, por su parte, trata del Defensor del Pueblo, estableciendo que una Ley Orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como Alto Comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

Finalmente, dentro de estos mecanismos de garantías, hemos de señalar que, una vez agotadas las instancias internas se pueden plantear demandas ante el Secretario General del Consejo de Europa, conociendo de las mismas la Comisión Europea de Derechos Humanos, por la violación de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de Roma, de 4-11-1950.

-La suspensión de los derechos y libertades:

Viene regulada en el art. 55 CE, en base a la cual se puede hacer la siguiente distinción:

1.-Los derechos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones, libertad de residencia y circulación, libertad de expresión e información, de reunión y manifestación, a la huelga y a la adopción de medidas de conflicto colectivo, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o el

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de sitio en los términos previstos en la CE. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el derecho de información del detenido de sus derechos, razones de su detención y asistencia de Letrado en las diligencias policiales y judiciales para el supuesto de declaración del estado de excepción (art.

116 CE).

2.-Los derechos de plazo de 72 horas para ser puesto el detenido a disposición de la Autoridad Judicial o en libertad, a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

2. EL DEFENSOR DEL PUEBLO:

Establece el art. 54 CE que una Ley Orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo. En cumplimiento de dicho precepto, la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, vino a regular dicha institución.

El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la CE, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Ejercerá las funciones que le encomienda la CE y la LODP.

Podrá ser elegido Defensor del Pueblo cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Será elegido (arts. 2 a 4 LODP) por las Cortes Generales por un período de cinco años, correspondiendo la elección a los Plenos de ambas Cámaras, a propuesta de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Defensor del Pueblo, creada por la Ley Orgánica 2/1992, de 5 de marzo, de modificación de la LODP.

Será designado Defensor del Pueblo el candidato que obtuviese una votación favorable de las 3/5 partes de los miembros del Congreso y posteriormente fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado. Se acreditará ante los Presidentes del Congreso y Senado y se publicará su nombramiento en el B.O.E. Una vez nombrado, deberá tomar posesión de su cargo ante las Mesas de ambas Cámaras, reunidas conjuntamente, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función.

Conforme al art. 5 LODP, cesará por alguna de las siguientes causas:

a) Por renuncia.

b) Por expiración del plazo de su nombramiento.

c) Por muerte o por incapacidad sobrevenida.

d) Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.

e) Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso.

Vacante el cargo se iniciará el procedimiento para el nombramiento de un nuevo Defensor del Pueblo en plazo no superior a un mes, desempeñando sus funciones, interinamente, en los tres primeros casos, en su propio orden, los Adjuntos al Defensor del Pueblo.

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En cuanto a sus prerrogativas y facultades, el Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna Autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio (arts. 6 y 7 LODP).

El Defensor del Pueblo gozará de inviolabilidad. No podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo. En los demás casos no podrá ser detenido ni retenido sino en caso de flagrante delito, correspondiendo la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La condición de Defensor del Pueblo es incompatible con todo mandato representativo;

con todo cargo público o actividad de propaganda política; con la permanencia en el servicio activo de cualquier Administración Pública; con la afiliación a un partido político o a un sindicato, asociación o fundación, y con el empleo de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial o fiscal, y con cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral.

El Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna Autoridad. Fundamentalmente, según la CE, tiene una doble función:

1.-Es designado por las Cortes Generales par la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la CE, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. En el ejercicio de esta función el Defensor del Pueblo podrá solicitar a los poderes públicos todos los documentos que considere necesarios, incluidos aquéllos clasificados con el carácter de secretos de acuerdo con la Ley.

2.-Está legitimado, según el artículo 162 CE, para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo.

El Defensor del Pueblo podrá iniciar o perseguir de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración Pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos a la luz de lo dispuesto en el art. 103.1 CE, y el respeto debido a los derechos proclamados en el Título I CE. (Dice el art. 103.1 CE que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho).

A estos efectos, sus atribuciones se extienden a la actividad de los Ministros, Autoridades administrativas, Funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las Administraciones Públicas.

Podrá dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna. Podrán solicitar la intervención del Defensor del Pueblo para la investigación o esclarecimiento de actos o conducta producidos por las Administraciones Públicas que afecten a un ciudadano o grupo de ciudadanos, los Diputados o Senadores individualmente y las Comisiones de Investigación o relacionadas con la defensa general o parcial de los derechos y libertades y, principalmente, la Comisión mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo. Por otro lado, no podrá presentar quejas ante el Defensor del Pueblo una Autoridad administrativa en asuntos de su competencia.

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El Defensor del Pueblo podrá supervisar por sí mismo, de oficio o a instancia de parte, la actividad de las CC.AA. en el ámbito de su competencia, coordinando sus funciones con los órganos similares de las mismas, a los que podrá solicitar su cooperación. A este respecto, la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, ha regulado las relaciones entre la Institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las CC.AA.

Asimismo, el Defensor del Pueblo podrá tramitar quejas referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia, debiendo dirigirlas al Ministerio Fiscal para que éste investigue su realidad o bien de traslado de las mismas al Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio, en cualquier caso, de la referencia que haga el Defensor del Pueblo en su informe general a las Cortes Generales.

Le corresponde al Defensor del Pueblo velar por el respeto de los derechos proclamados en el Título I CE en el ámbito de la Administración Militar.

Asimismo le corresponde interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en la CE y en la LOTC.

Podrá formular, con ocasión de sus investigaciones, a las Autoridades y Funcionarios de las Administraciones Públicas advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas.

Dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada en un informe que presentará ante las mismas cuando se hallen reunidas en período ordinario de sesiones (o en informe extraordinario), en el que señalará el número y tipo de quejas presentadas, las rechazadas y sus causas, las que fueron objeto de investigación y el resultado de la misma, con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por las Administraciones Públicas. Al informe se acompañará un anexo en que se hará constar la liquidación del Presupuesto de la Institución en el período que corresponda.

En cuanto a las quejas, deberán presentarse firmadas por el interesado, con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de un año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de las mismas. Cuando una queja se remita desde un Centro de detención, internamiento o custodia de las personas, no podrá ser objeto de censura de ningún tipo, así como tampoco las conversaciones que mantenga el Defensor del Pueblo o sus Delegados con alguna de estas personas.

Por lo demás, las actuaciones del Defensor del Pueblo son gratuitas para el interesado y no será preceptiva la asistencia de Letrado ni de Procurador.

Y en el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo estará asistido por un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, en los que podrá delegar sus funciones, y que le sustituirán por su orden en los supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese.

Asimismo, podrá designar libremente los asesores necesarios para el ejercicio de sus funciones, que, como los Adjuntos, cesarán automáticamente en el momento de la toma de posesión de un nuevo Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales.

Para concluir, señalaremos que todos los poderes públicos y personas al servicio de la

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Administración Pública están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones, sin que se le pueda negar el acceso a expediente o documentación administrativa o que se encuentre relacionada con la actividad o servicio objeto de la investigación, incluso de los documentos reservados en la forma que establece el art. 22 LODP. La actitud hostil, obstaculizadora o entorpecedora de la investigación hará incurrir en responsabilidad, incluso penal, al que la adoptare.

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