Día del Abogado Amenazado 2014
TEXTO BÁSICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS
ABOGADOS EN COLOMBIA
Abogados en Colombia
Colombia es un país extremadamente peligroso para ejercer la profesión de abogado y para defender el derecho de acceso a la justicia. De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación entre el 2002 y 2012 han tenido lugar más de 4,400 incidentes contra abogados1, y de acuerdo con la Colombian Caravana UK Lawyers’ Group, más de 400 abogados han sido asesinados desde 1991. Esto significa que alrededor de un abogado muere al mes en Colombia. En los 8 primeros meses del 2013, 11 abogados han sido asesinados sólo en la región de Valle del Cauca2.
Una pequeña minoría de los 200,000 abogados en Colombia son abogados defensores de derechos humanos dedicados a representar a populaciones vulnerables, las más afectadas por violaciones de derechos humanos que incluyen asesinatos extra judiciales y desapariciones forzadas, y por las violaciones relacionadas al conflicto armado. Estos sectores marginalizados incluyen pequeños productores rurales, comunidades pobres urbanas, personas internamente desplazadas, poblaciones indígenas y comunidades Afro- colombianas cuyas tierras ancestrales se encuentran a menudo en regiones ricas en recursos naturales o en zonas de interés estratégico3. Estos abogados que se dedican a la defensa de los derechos humanos, parte de la comunidad de defensores de derechos humanos en Colombia, representa y da voz a individuos y grupos que sufren los efectos de estas dramáticas, violentas e implacables amenazas a sus medios de subsistencia, su forma de vida y su existencia. En esencia, estos abogados juegan un papel fundamental en su intento de garantizar el acceso a la justicia y defender la legalidad en el país.
Debido a su rol vital en exponer y luchar contra la injusticia, los defensores de derechos humanos son a menudo blanco de intimidación, arrestos, violencia física y algunos han sido asesinados. El 11 de septiembre de 2013, el abogado Edison Alberto Molina fue asesinado en Berrío, en la región de Antioquia4. Fue disparado por agresores no identificados cuando volvía a casa en moto con su mujer que sufrió heridas leves. Acababa de presentar su programa de radio, Consultorio Jurídico. En el programa, Molina denunciaba a menudo la corrupción de departamentos locales del gobierno.
Un numero sustancial de amenazas contra los abogados defensores de derechos humanos originan de grupos ilegales paramilitares que aunque oficialmente desmobilizados, en realidad continuan a operar en toda Colombia.
1 Información proporcionada a la Caravana Colombiana – Caravana Internacional de Juristas y presentada al responsable de la división de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación en Agosto 2012.
2 Ver Colombian Caravana UK Lawyers’ Group, carta de preocupación, agosto 18, 2013:
http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2013/04/Juan-Carlos-Canizalez-Ocampo.pdf
3 http://www.asfcanada.ca/uploads/publications/uploaded_rapport-2013-03-colombie-ang-v2-lq-pdf-45.pdf
4 http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=932&lID=1
Las amenazas a estos defensores de derechos humanos a menudo les acusan de estar involucrados con grupos de guerilla armada y por lo tanto les exponen a agresiones. De acuerdo con el Movimiento de Víctimas de Crímines de Estado (MOVICE), su abogado Jeison Pava ha sido amenazado por grupos paramilitares cinco veces. El incidente más reciente ocurrió en Julio de 2013, cuando recibió un correo electrónico acusándole de pertenecer a una guerilla5. El alto nivel de asesinatos de defensores de derechos humanos significa que estas amenazas se deben tomar muy en serio. De acuerdo con los datos publicados por el programa Somos Defensores, los asesinatos de defensores de derechos humanos incrementaron en un 27% en la primera mitad de 2013 (de 29 casos en 2012 a 27 casos en 2013)6.
Amenazas recientes de grupos armados ilegales también contienen acusaciones que los abogados y otros defensores de derechos humanos obstaculizan el trabajo de compañias multinacionales. El 4 de Agosto de 2013 el grupo paramilitar “Comando Urbano Nacional -Los Rastrojos” hace circular un panfleto declarando un número de sindicalistas y miembros de organizaciones de derechos humanos, incluyendo el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el abogado José Humberto Torres del comité de solidaridad con prisioneros políticos (CSPP) como blancos militares7, y acusándolos de “ataca(r) a las buenas y nobles intenciones del alto gobierno del Dr. Juan Manuel Santos a favor de la paz y prosperidad democrática, y deteniendo el progreso que generan las compañías multinacionales como Glencore, Drummond, Pacific Rubiales, AngloGold Ashanti”. Se trata de un grave problema, pues amenazas como esta parece que pretenden disuadir a los abogados de denunciar las actividades de compañías multinacionales. También se plantea la cuestión de cómo estas compañías multinacionales pueden asegurar que no estan beneficiando directamente o indirectamente de este tipo de amenazas contra la legitimidad de la defensa de los derechos humanos.
Ciertamente, los abogados defensores de derechos humanos que trabajan en casos de violaciones de derechos humanos en zonas rurales donde los campesinos intentan retornar a las tierras de las cuales les han expropriado ilegalmente y donde se implementan proyectos de desarrollo, se enfrentan a menudo con mucha presión. La comunidad Pitalito8 en el departamento de Cesar en Colombia, ha sido victima de desplazamiento forzado que inició el 24 de Junio de 2010 con el ataque violento de los miembros del Ejercito Nacional, la policia antidisturbios y un grupo de guardias armados privados (‘los Guajiros’) actuando en nombre del Señor Juan Manuel Fernández de Castro, un propietario de una plantación de aceite de palma que preside Orlandesca y está afiliado con la Federación Nacional de Cultivadores de Aceite de Palma (Fedepalma). La comunidad comenzó a volver
5 http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/Pava-and-Martinez-14072013-FINAL-Eng.pdf
6 http://www.somosdefensores.org/index.php/extensions/ultimas-noticias/417-informe-semestral-2013-siaddhh-heroes- anonimos
7 Ver Colombian Caravana UK Lawyers’ Group, carta de preocupación, 15 de Agosto de 2013:
http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2013/04/Death-threats-CAJAR-Aug-15-Eng-Final.pdf
8 Ver varias cartas de la Caravana sobre este caso, la última en Julio 2013: http://www.colombiancaravana.org.uk/intervention- letters/
a sus tierras el 21 de Mayo de 2013 y tanto ellos como los abogados que les acompañaban del Team Legal ‘Pueblos” y de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos miembros del comité directivo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) se han enfrentado a numerosas dificultadas desde su partida. En Julio de 2013, el Señor Fernández de Castro ha presentado denuncia contra miembros de la comunidad y sus abogados.
Estas denuncias representan una intensificación de las acusaciones falsas que se han hecho contra estos abogados desde el retorno de la comunidad con el objetivo de delegitimizar este retorno y amenazar la vida, la integridad física y la libertad. En septiembre de 2013, los abogados Rommel Duran y Leonardo Jaimes Marín del ‘Pueblos’ Legal Team fueron detenidos arbitrariamente por la policía que les acusó verbalmente de ser miembros de la guerilla, mientra se dirigían hacia la comunidad9.
En otro caso, el 1 de Agosto de 2013, Manuel Garzón, abogado de la Comisión de Justicia y Paz de Inter-Church (CIJP) fue seguido mientras dejaba su oficina en Bogotá, y le dijeron ”quédense quietos con lo que están haciendo”. Se presume que los paramilitares tienen a miembros de las ONG que trabajan con las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó bajo vigilancia. Un juez había dictado sentencia el 30 de Julio condenando a dos empresarios relacionados con la industria del aceite de palma africano por su responsabilidad en el desplazamiento forzado de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó, por conspiración agravada para cometer un crimen, así como por la invasión de tierra de especial importancia ecologica, a 125 meses de prisión. Habían actuado junto con paramilitares. Manuel Garzón había representado y defendido estas comunidades. Un testigo contó a la ONG el 25 de Junio que los empresarios no estaban preparados para ir a la carcel o devolver la tierra y que tendría lugar una masacre si les condenaran. Asesinarían no solo a los lideres de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó, sino también a los miembros de la ONG10.
En recientes años, además de las amenazas de grupos armados ilegales, los defensores de derechos humanos han debido enfrentarse también a una campaña de vigilancia y uso de inteligencia contra ellos por parte de la agencia estatal de inteligencia, DAS. Se sabe que este cuerpo tiene información sobre prominentes defensores de derechos humanos incluyendo abogados y jueces, información personal sobre ellos y sus familias. En un caso conocido, fue enviada una muñeca ensangrentada a una abogado conocida del CAJAR, Soraya Gutierrez, con una nota que le conminaba a cuidar a su hija. Amenazas contra mujeres defensoras de derechos humanos incluyen también contenido sexual o involucran a la familia. De acuerdo con el informe anual del Alto Comisiario de Derechos Humanos en el 2010, el DAS era complice de esta amenaza a Soraya Gutierrez11. Aunque el DAS se ha oficialmente disuelto y remplazado con el Directorio Nacional de Inteligencia (DNI), y denuncias de alto nivel se han
9 http://www.movimientodevictimas.org/pronunciamientos.html
10 Amnesty International, Urgent action, Paramilitaries threaten to kill defenders, August 7, 2013
11 http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/Informe2009_eng.pdf
presentado, un número de organizaciones de derechos humanos han exprimido su preocupación que los ficheros de inteligencia que contienen información no han sido completamente purgados y algunos han vuelto a los esquemas de protección oficial del 201112.
Defensores colombianos de derechos humanos, incluyendo abogados, han llamado al estado a pronunciarse públicamente sobre la importancia de su trabajo y el reconocimiento de la legitimidad de los derechos de las víctimas a acceder a la justicia para un correcto funcionamiento de la sociedad democrática. Sin embargo, las autoridades estatales continuan a estigmatizar el trabajo de los abogados de derechos humanos. En 2010, cuando el Presidente Santos fue elegido, hubo un optimismo inicial que habría una mejoría en la forma que abogados y jueces eran tratados. Sin embargo, declaraciones de las más altas autoridades poniendo en tela de juicio decisiones judiciales en diferentes casos continúan a afectar la independencia del sistema judicial e incrementan los riesgos de las personas que contribuyen a la justicia.
De particular preocupacion son las declaraciones hechas en 2011 por parte de autoridades estatales, incluyendo el Presidente Santos estigmatizando el trabajo de abogados de derechos humanos del Cajar que investigaban la masacre de Mapiripán, por la que la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos condenó en 2005 al Estado como responsible de la masace en 1997 de 49 civiles cuyos cuerpos fueron desmembrados con ayuda de motosierras y echados en un rio por paramilitares en colusión con las Fuerzas Armadas13. Varios oficiales superiores sugirieron que las organizaciones de derechos humanos tenían objetivos fraudulentos en la denuncia de los casos a mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, afirmando que se estaba poniendo en escena una “guerra legal” de la institución judiciaria a la militar14.
Este es un momento extremadamente importante para la justicia en Colombia. El diálogo de paz entre el gobierno y las FARC es una señal positiva que Colombia podría estar encaminada a la resolución del conflicto armado. Sin embargo, no se llegará a la paz por la mera firma de un acuerdo; hay una serie de medidas jurídicas, políticas y sociales a tomar para llegar a una paz duradera con garantías de que no vuelva a suceder. Los abogados defensores de derechos humanos llaman a un debate nacional sobre un modelo de justicia de transición que garantice el fin del conflicto armado mientras se respeta los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación bajo la ley internacional. Hay graves preocupaciones que legislación como el marco legal de la paz propuesto por el estado y la expansión de la jurisdicción criminal militar ya aprovada podrían conducir a una amnistía generalizada y a la impunidad.
12 http://www.justiceforcolombia.org/news/article/945/das-involvement-in-threats-forces-lawyers-to-reject-security-detail
13 ACNUDH Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, Seguimiento a las recomendaciones a Colombia, 15 de mayo de 2012, A/HRC/20/22/Add.2
14 http://www.fidh.org/en/Americas,176/Colombia,529/OPEN-LETTER-OF-THE-INTERNATIONAL
Es fundamental que la comunidad internacional muestre su apoyo a los abogados en Colombia en este momento, especiamente los abogados dedicados a la defensa de los derechos humanos mientras se dedican en circunstancias extremadamente dificiles al sistema judicial, a garantizar los derechos de las víctimas en medio de ataques y asesinatos dirigidos contra ellos, asi como la estigmatización de su legítimo e importante trabajo.
Dada la situación extremadamente dificil a la que se enfrentan, los abogados colombianos continuan a pedir apoyo de la comunidad internacional, y han apelado a la Caravana de Juristas a visitar Colombia otra vez en 2014 para monitorar de nuevo su situacion de riesgo.
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Prof. Bill Bowring, abogado, Presidente de ELDH, Londres, GB www.eldh.eu
Frédéric Ureel, abogado, Presidente de AED‐EDL, Farcienne, Bélgica www.aed‐edl.net
Bertrand Favreau, Presidente de IDHAE, Paris, Francia www.idhae.org
Thomas Schmidt, abogado, Secretario General de ELDH, Düsseldorf, n° 0049‐211‐444 001 [email protected]
Hans Gaasbeek, abogado, Vice Presidente de AED, Haarlem, 0031 6 52055043, [email protected]
y coordinador de la comisión defensa de la defensa del AED
Ivonne Leenhouwers, abogado, co-coordinadora de la comisión defensa de la defensa del AED, Utrecht
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