Los presupuestos procesales del delito de fraude procesal y perjurio inciden en la seguridad jurídica

Texto completo

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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES – QUEVEDO”

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

PROYECTO DE EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE MAGISTER EN DERECHO PENAL Y

CRIMINOLOGÍA

TEMA:

“LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DEL DELITO DE FRAUDE PROCESAL Y PERJURIO INCIDEN EN LA SEGURIDAD JURÍDICA”

AUTOR: JIMENEZ PLAZA HANS KELSEN

TUTOR: DR. GRANJA ZURITA DIEGO FRANCISCO, MGS.

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APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

CERTIFICACIÓN:

Quien suscribe, legalmente CERTIFICA QUE: El presente Trabajo de Titulación realizado por el señor JIMENEZ PLAZA HANS KELSEN, maestrante del programa de Maestría en Derecho Penal y Criminología, Facultad de Jurisprudencia, con el tema “LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DEL DELITO DE FRAUDE PROCESAL Y PERJURIO INCIDEN EN LA SEGURIDAD JURÍDICA”, ha sido prolijamente revisado, y cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa pertinente de la Universidad Regional Autónoma de los Andes -UNIANDES-, por lo que apruebe su presentación.

Ambato, Noviembre del 2018

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DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, JIMENEZ PLAZA HANS KELSEN, maestrante del programa de Maestría en Derecho Penal y Criminología, Facultad de Jurisprudencia, declaro que todos los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, previo a la obtención del grado académico de MAGISTER EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA, son absolutamente originales, auténticos y personales; a excepción de las citas, por lo que son de mi exclusiva responsabilidad.

Ambato, noviembre del 2018

_______________________________ JIMENEZ PLAZA HANS KELSEN CI. 0910992528

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DERECHOS DE AUTOR

Yo, JIMENEZ PLAZA HANS KELSEN, declaro que conozco y acepto la disposición constante en el literal d) del Art. 85 del Estatuto de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, que en su parte pertinente textualmente dice: El Patrimonio de la UNIANDES, está constituido por: La propiedad intelectual sobre las Investigaciones, trabajos científicos o técnicos, proyectos profesionales y consultaría que se realicen en la Universidad o por cuenta de ella;

Ambato, noviembre del 2018

______________________________ JIMENEZ PLAZA HANS KELSEN CI. 0910992528

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DEDICATORIA

Dedico el presenta proyecto a Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio. A mis padres por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, en toda mi educación, tanto

académica, como de la vida, siendo que ya no se encuentran a

mí lado, pero desde el cielo me bendicen con su eterno amor. A

mi familia, por ser la razón para superarme cada día; y,

ayudarme a culminar un peldaño más de mis metas y que mi

paso de este mundo sea un ejemplo para las futuras

generaciones.

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AGRADECIMIENTO

Primeramente, doy gracias a Dios por permitirme tener tan

buena experiencia dentro de están tan prestigiosa

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES, por darme la oportunidad de

prepararme día a día para ser una excelente profesional en lo

que tanto me apasiona. A todo y cada uno de los maestros que

con su conocimiento y perseverancia supieron forjar en mí el

amor por mi profesión, lograron consolidar en mí la pasión

por esta carrera y el aprendizaje significativo en beneficio de

toda la ciudadanía.

Finalmente agradezco a quienes vayan a leer esta tesis como

guía legal para que lo aquí plasmado como son mis análisis,

experiencias, investigaciones y conocimientos, sirvan de

ayuda y de esta forma haber podido contribuir con un granito

de arena a ese inmenso mar del derecho que aún nos toca

incursionar.

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ÍNDICE GENERAL PORTADA

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

DERECHOS DE AUTOR DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO ÍNDICE GENERAL RESUMEN

ABSTRACT

a) TEMA: ... 1

b) PROBLEMA QUE SE VA A INVESTIGAR: ... 1

c) JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD, ACTUALIDAD E IMPORTANCIA DEL TEMA. ... 1

d) IDENTIFICACIÓN DE LA LINEA DE INVESTIGACION ... 4

e) OBJETIVOS ... 4

OBJETIVOS PARTICULARES Y ESPECÍFICOS ... 5

f) FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL... 5

EPÍGRAFE I ... 5

1. DELITO DE FRAUDE PROCESAL ... 5

1.1. ANTECEDENTES ... 5

1.2. DEFINICIONES DEL FRAUDE PROCESAL ... 8

1.3. ELEMENTOS DEL FRAUDE PROCESAL ... 10

1.4. NATURALEZA JURÍDICA Y CARACTERÍSTICAS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL TIPO PENAL ... 12

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2. DELITO DE PERJURIO ... 15

2.1. APLICACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA ... 16

2.2. ELEMENTOS DEL PERJURIO ... 18

EPIGRAFE III ... 19

3. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD JURÍDICA... 19

3.1. CONCEPTO ... 21

3.2. FINALIDAD ... 22

3.3. OBJETIVO ... 23

3.4. FUENTE E IMPORTANCIA ... 24

g) LA METODOLOGÍA ... 26

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ... 26

ANÁLISIS JURÍDICO DE UN CASO PRACTICO DE FRAUDE PROCESAL ... 27

h) PROPUESTA ... 30

INTRODUCCIÓN... 31

CONCLUSIÓN DEL DOCUMENTO ... 34

i) CONCLUSIONES GENERALES ... 38 j) BIBLIOGRAFÍA

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RESUMEN

El presente trabajo tuvo la finalidad de poner en evidencia como la creación de nuevas figuras jurídicas dentro del Código Orgánico Integral Penal puede causar un conflicto, al no tener claros los presupuestos procesales que deben cumplir, ya que en el proyecto específicamente se analizó lo que refiere al delito de fraude procesal y perjurio.

En la actualidad siempre que un perito ha cometido un delito al faltar en algo en sus informes, lo hemos referido como delito de perjurio y que estará sometido a cumplir esas penas, sin embargo que el surgimiento de la figura de fraude procesal, se pone en evidencia que éstos pueden ser susceptibles de otra sanción al cometer el acto de inducir a error al juzgador.

El daño que causa la inexistencia de normas claras es realimente grande, ya que pueden provocar vulneración de derechos de las personas que deben someterse a un proceso penal y por ende una vulneración de derechos a las víctimas de mencionados delitos, puesto que podrían caer en impunidad.

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ABSTRACT

The present work had the purpose of highlighting how the creation of new legal entities within the Comprehensive Organic Criminal Code can cause a conflict, since the procedural budgets that must be met are not clear, since the project specifically analyzed what it refers to the crime of procedural fraud and perjury.

Currently, whenever an expert has committed a crime by missing something in his reports, this has been referred as a crime of perjury and it will have to comply all the necessary penalties; however, the emergence of the figure of procedural fraud is put in evidence that these may be susceptible to another sanction when committing the act of misleading the judge.

The damage caused by the lack of clear rules is really great, since they can cause violation of rights of people who must submit to a criminal process and therefore a violation of rights to victims of these crimes, since they could fall into impunity.

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1 a) TEMA:

“LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DEL DELITO DE FRAUDE PROCESAL Y PERJURIO INCIDEN EN LA SEGURIDAD JURÍDICA”

b) PROBLEMA QUE SE VA A INVESTIGAR:

¿La inadecuada aplicación de los presupuestos procesales en el delito de fraude procesal y el delito de perjurio vulneran la seguridad jurídica?

c) JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD, ACTUALIDAD E IMPORTANCIA

DEL TEMA.

Desde la puesta en vigencia en el año 2014 del Código Orgánico Integral Penal, se ha tipificado al delito de fraude procesal en el artículo 272 estableciendo que “La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

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esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecerlos”.

De igual manera hoy en el Código Orgánico Integral Penal se encuentra dentro del mismo capítulo quinto delitos contra la responsabilidad ciudadana, sección primera delitos contra la tutela judicial efectiva en su artículo 270 que dice: “La persona que, al declarar, confesar, informar o traducir ante o a autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años; cuando lo hace sin juramento, cometa falso testimonio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

De igual modo, se comete perjurio cuando a sabiendas se ha faltado a la verdad en declaraciones patrimoniales juramentadas o juradas hechas ante un Notario.

Si el perjurio se comete en causa penal, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Si el falso testimonio se comete en causa penal, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Se exceptúan los casos de versiones y testimonio de la o el sospechoso o de la o el procesado, tanto en la fase preprocesal, como en el proceso penal.”

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perjurio y en otros como fraude procesal, existiendo aquí un conflicto puesto que en ambos si bien se manifiesta faltar a la verdad ante la autoridad, no concurren todos los demás elementos de cada caso, esto causa que al no tener claros los presupuestos que configuran cada uno de los delitos mencionados se esté vulnerando el principio de seguridad jurídica que según la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 82 expresa “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.

Se debe tomar en cuenta que el Perjurio constituye una acción basada en la mentira, misma que ha existido desde siempre y es considerada como una mala práctica en la convivencia humana, por eso, desde épocas remotas en el Código de Hammurabi, considerado el código de leyes más antiguo que data del 1760 antes de nuestra era tenía incluido que: “si un señor acusa a otro de haber o dicho algo que no puede probar, será castigado con la muerte”; otro ejemplo lo encontramos en las Tablas de Moisés, en la que consta en la lista de acciones prohibitivas que de ser ejecutadas ameritaban un castigo; así en la Tabla de los Diez Mandamientos consta: “No mentirás ni levantarás falso testimonio” vigente hasta nuestra época en la Religión Cristiana y Católica, considerada un pecado para quien incurre en ella, presumiéndose que recibe el hechor es el infierno. (TRUJILLO, F. 2018)

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se adelanta ante alguna autoridad judicial o administrativa, provoque un error a través de informaciones falsas, todo ello con la finalidad de obtener un beneficio, el cual no habría sido posible si la información ofrecida hubiere correspondido a la verdad, lo que actualmente lo tenemos aplicable como perjurio, en el caso de que un perito que tiene el deber de decir la verdad lo falte e induzca la error al administrador de justicia.

Razón por la cual se requiere de un documento de análisis critico jurídico que evidencie los presupuestos procesales en el delito de fraude procesal y el delito de perjurio para que sirva como fuente de consulta y guía de estudio tantos para profesioanles del derecho, como jueces, fiscales y estudiantes.

d) IDENTIFICACIÓN DE LA LINEA DE INVESTIGACION

Retos, perspectivas y perfeccionamiento de las ciencias jurídicas en Ecuador

 Fundamentos técnicos y doctrinales de las ciencias penales en el Ecuador. Tendencias y perspectivas.

e) OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

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OBJETIVOS PARTICULARES Y ESPECÍFICOS

1) Fundamentar jurídica y doctrinariamente el delito, el delito de ataque o resistencia, la contravención de segunda clase y seguridad jurídica.

2) Analizar el caso práctico que evidencia como la inadecuada aplicación de los presupuestos procesales del delitos de ataque o resistencia vulnera la seguridad jurídica

3) Diseñar los elementos para el documento de análisis crítico jurídico sobre la inadecuada aplicación de los presupuestos procesales del delito de ataque o resistencia y la contravención de segunda clase y proponer alternativas que permitan garantizar la seguridad jurídica.

f) FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL

EPÍGRAFE I

1. DELITO DE FRAUDE PROCESAL

1.1. ANTECEDENTES

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consciente, abuso de confianza que produce o prepara un daño generalmente material. (Girón, 2016)

La Revolución francesa marca un punto de inflexión determinante en la historia de la humanidad; se trata, del nacimiento de las republicas como forma de organizaciones de los individuos en sociedad, en principios democráticos como la soberanía del pueblo, la representación popular y la independencia de poderes. (Encalada Hidalgo, 2015)

El poder de castigar de los Estados nace entonces como una necesidad de garantizar la convivencia entre los ciudadanos que han suscrito el contrato social, quienes han cedido parte de sus libertades al Estado para que las administre y las proteja de quienes quieran usurparla o de los mismos que quieran recuperarlas. (Encalada Hidalgo, 2015)

Según Encalada Hidalgo (2015):

En 1882, Frank von Lizt lanzó su tratado de Derecho Penal y años más tarde Ernst Von Beling su obra; con ellos nace la teoría del delito como tal, con las categorías que hasta ahora constituyen los elementos del delito, como son el acto típico, antijurídico y culpable. (pág. 13)

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los filtros que contienen el poder punitivo del Estado. (Encalada Hidalgo, 2015, pág. 13)

En el Ecuador se han promulgado cinco Códigos Penales (1837,1872,1889,1906 y 1938) desde su época republicada. El código penal vigente es una codificación más y tiene una fuerte influencia del Código Orgánico Italiano de 1930 (conocido como código Rocco), argentino de 1922, belga de 1867 y este a su vez, del francés de 1810 (Código Napoleónico). En suma, tenemos un código de hace dos siglos con la influencia trágica del siglo XX, que es la Ley penal del fascismo italiano. (Código Orgánico Integral Penal, 2014)

El Código Penal vigente, antiguo, incompleto, disperso, y retocado, ha sido permanentemente modificado. La codificación de 1971 ha soportado, en casi cuarenta años- desde octubre de 1971 hasta la producida en mayo del 2010, cuarenta y seis reformas. A esto hay que sumar más de doscientas normas no penales que tipifican infracciones. (Código Orgánico Integral Penal, 2014)

El delito por fraude procesal, propiamente dicho, ha estado implícito en los códigos penales antiguos. Sin embargo, en la reforma del Código Penal en el año de 1971; está explicito el fraude procesal; no se lo conoce propiamente con este nombre; por consiguiente, esta incluido en la legislación penal ecuatoriana. A saber, tenemos el artículo 296 que indica:

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constituye otra infracción penada más gravemente por este Código, será reprimido con prisión de seis meses a dos años y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América. (Código Penal, 1971)

a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América. (Código Penal, 1971)

En el cual, se indica que la sanción es una pena privativa de seis a dos años de acuerdo a la gravedad del asunto más una multa monetaria; sin embargo; se denota como algo de baja importancia y no como un asunto de gravedad; debido que no prevé la consecuencia de una sentencia errada, debido al engaño que se le indujo al juez.

Actualmente, está detallado dicho delito en el artículo 272, lo cual señala como un acto grave, ya que esto induce a que la sentencia no sea adecuada para dicha situación; donde el más perjudicado es el demandado que debe cumplir a cabalidad la orden del juez; pudiendo afectar los derechos del mismo.

1.2. DEFINICIONES DEL FRAUDE PROCESAL

De acuerdo a los distintos conceptos encontramos en el Diccionario de Manuel Ossorio sobre fraude procesal que indica:

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Dentro de la definición dada por Martínez Morales (2017) Fraude Procesal se define como:

1. Obtención dolosa de una decisión judicial mediante el empleo del engaño, debido a que las partes plantean los hechos o las pruebas con insidia y el propósito de perjudicar a quién no ha participado en el juicio (pág.414).

También comete fraude el que obtenga dinero, valores o cualquiera otra cosa ofreciendo encargarse de la defensa de un procesado o de un reo, o de la dirección o patrocinio de un asunto civil o administrativo, si no efectúa aquélla o no realiza ésta, sea porque no se haga cargo legalmente de la misma, o porque no se haga cargo legalmente de la misma, o porque renuncie o abandone el negocio o la causa sin motivo. (Martínez Morales, 2017, pág. 414)

En el Código Orgánico Penal se estipula la definición de Fraude Procesal, en su artículo 272. Según Falconi Puig indica que: “El fraude procesal puede ser cometido por cualquiera de las personas que intervienen en el proceso e incluso por terceros”.

Los abogados pueden cometer fraude procesal cuando acuden a la cita o transcripción diminutas y/o parciales de las leyes, doctrina o la jurisprudencia con el ánimo de influir y confundir a funcionarios judiciales que no tienen la formación ni los recursos para la verificación de lo alegado por esos abogados. (Falconi Puig, 2012, pág. 10)

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irresponsable; son muchas las posibilidades del fraude procesal y muy especialmente en materia probatoria. (Falconi Puig, 2012, pág. 10)

El fraude procesal constituye una modalidad agravada de la estafa porque al daño o peligro que supone para el patrimonio del particular afectado se une el atentado contra la seguridad jurídica representada por el Juez, al que se utiliza como instrumento al servicio de la actuación defraudatoria. (Rives Sevas, 2015)

El fraude procesal se ha definido como un engaño ante el juez dando pruebas o hechos falsos de los cuales se quiere obtener una resolución que beneficie o perjudique al demandado; es así que se atenta contra la seguridad jurídica; en otras palabras, vulnera los derechos del demandado que está represando por el Juez. Se lo considera además un fraude quien conozca dicho suceso y encubra esta acción delictiva; sea participe, ya sea, escondiendo o suministrando alojamiento.

1.3. ELEMENTOS DEL FRAUDE PROCESAL

El fraude procesal consta con los siguientes elementos:

Sujeto activo: es la persona física que ejecuta la conducta descrita en la ley penal, la que vulnera el bien jurídico penalmente protegido, al trasgredir la prohibición o precepto previsto en la ley penal. (Cárdenas Rioseco, 2009, pág. 27)

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Algunos autores hall negado que el juez pueda ser equiparado al particular como sujeto pasivo del engaño. "La figura del juez –dice De Marsico-- personifica el ordenamiento jurídico, con el complejo de las leyes y de las instituciones de que consta y que son precisamente diques y armas contra el engaño, unas veces de eficacia preventiva, otras de eficacia represiva y reparatoria. Puede concebirse y es, sin duda, susceptible de engaño por efecto de artificios o embustes un particular, pero la defensa del particular esta. precisamente en el juez, quo debe considerarse no susceptible de aquel" (Cerezo Mir, 2010, pág. 191)

El núcleo o verbo rector: Es inducir, lo que quiere decir, influir en otra persona en este caso el Juez, con evidencia que no se compagina con la verdad, ya que el engaño es toda maniobra tendiente a fingir, confundir, alterar u opacar un acto (Rosillo, 2017)

En el articulo 76 de la Constitución ordena que en todo proceso en que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, como en el caso de los penales, se asegurará las garantías que integran el debido proceso, garantías de la defensa para la persona procesada y garantías para las víctimas, que deben ser canalizadas a través de la ley penal. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 6)

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De acuerdo a los parámetros de la legislación todo proceso se seguirá el derecho al debido proceso; en los cuales están detallados en cada numeral del artículo 76. En el Ecuador, se ha establecido Unidades de Flagrancia para receptar denuncias de diferentes tipos de delitos; dichas Unidades han sido establecidas por la Fiscalía General del Estado; que permiten atender las denuncias de manera oportuna y especializada.

1.4. NATURALEZA JURÍDICA Y CARACTERÍSTICAS PARA LA

CONFIGURACIÓN DEL TIPO PENAL

El fraude procesal puede ser estudiado como comportamiento del ser humano, donde lo que interesa determinar es la razón o motivación del por qué un hombre delinque, las características del ente delincuente y que debería hacerse para evitar que lo sea. Considera y analiza el delito en cuanto obra individual y no como un evento social. (Cruz y Cruz, 2017, pág. 91)

El concepto que interesa precisar es el de delito como hecho jurídico, lo que solo puede lograrse del conjunto de preceptos positivos y de los principios que lo informan. Así, es posible determinar los caracteres generales que debe cumplir una conducta para calificarla como delito. (Cruz y Cruz, 2017, pág. 92)

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Los delitos de engaño son formas de delitos de falsedad, en los cuales la expresión juega el rol de permitir la representación falsa de algo por parte del destinatario de la comunicación, de forma tal de producir otro resultado gracias a esa representación falsa. (Wilenmann Von Bernath, 2014, pág. 68)

Wilenmann Von Bernath (2014) menicona que los delitos de engaño no solo se refiera a la expresión; tampoco por la comprensión por parte del interlocutor; sino a la fabricación de hechos falsos mediada por una comprensión anterior del acto de comunicación. Lo que indica que los delitos de engaños son más difíciles de determinar debido a la fabricación de elementos falsos mientras que los delitos de falsedad se determinan con la emisión y la comprensión.

El tipo penal de fraude procesal es un delito que desde su contenido se clasifica como de mera conducta y de ejecución permanente. Lo anterior indica que se consuma con la inducción en error al funcionario y su ejecución se prolonga hasta la ejecutoria del último acto que puede ser administrativo o judicial, de acuerdo con plan criminal del agente (Bayona & Mantilla, 2016, pág. 154).

Se determina que el delito por fraude procesal es un acto de engaño; con conducta delictuosa tal como lo indica la legislación ecuatoriana, se debe sancionar con pena privativa de libertad; el tiempo lo determinará el juez de acuerdo a la gravedad de representación falsa que se presentó.

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1. Improponibilidad objetiva de la demanda (el mejor argumento es el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales).

2. Abuso de los beneficios otorgados por la Ley procesal. 3. Demandas inmotivadas o ambiguas.

4. Abuso del proceso. 5. Proceso simulado. 6. Litis temeraria. 7. Litis maliciosa.

8. Obrar en contra de la conducta anterior (auto contradicción). 9. Creación de situaciones procesales (engaños).

10. Conducta negligente. 11. Proceder dilatorio.

12. Retraso desleal en el ejercicio de la pretensión (infundir en el demandado la convicción de que no se hará valer un derecho con fines desleales).

13. Mentira procesal.

14. Ocultamiento de hechos y pruebas. 15. Faltas a la ética.

16. Cosa juzgada fraudulenta.

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15 EPIGRAFE II

2. DELITO DE PERJURIO

El Derecho romano castigó el falso testimonio de dos distintas formas dependiendo entre el “ius” y del “fas.” El “fas” vedaba el juramento en falso y

éste era visto como una ofensa a los Dioses y por ello, era castigable por éstos, mediante instituciones como la Ordalía. Sin embargo, el fas no era castigado por el orden jurídico terreno. Jurar en falso era visto como una transgresión a la fidedignidad de la palabra; por tanto, era una violación a la moral del ciudadano romano. (Burgos M., 2010, pág. 170)

En cambio, el “ius” era utilizado para declaración testimonial falsa y se

caracterizaba por la dureza de su efecto punible. En un primer momento, este delito fue castigado por las XII Tablas con la pena de precipitación desde el monte Tarpeio, para luego ser regulada por la ley del Talión y posteriormente con el destierro. (Burgos M., 2010, pág. 170)

Burgos M. (2010) señala que: “El falso testimonio fue fuertemente castigado en el Derecho canónico, ya que quien lo cometiese estaba cometiendo un triple crimen” (pág. 170):

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2) “Contra la sociedad, ya que toda la sociedad se veía afectada si la administración de justicia no podía cumplir bien su función”;

3) “Contra la persona perjudicada con el falso testimonio”. (Burgos M., 2010, pág. 170)

Dentro de la legislación ecuatoriana del Código Penal de 1837; uno de los primeros códigos establecidos se estipula en el articulo 282 como de los testigos falsos y perjuros. En dicho articulo se menciona que la pena privativa de libertad de cuatro a seis años si la causa es civil; de seis a diez años si la causa es criminal y de dos a ocho años si la causa es criminal que debiera imponerse cualquier otra pena. Esto demuestra que el falso testimonio y perjurio ha existido desde la antigüedad; cambiando de acuerdo a las épocas; las condenas eran más severas debido al profundo respecto a la autoridad divina; al cometer este delito, ya que se juraba ante Dios y todos los testigos de decir la verdad. Actualmente, esta practica no ha cambiado, sin embargo, la pena privativa se establece de acuerdo a la acción propiamente dicha, por falso testimonio o perjurio, y no por razones religiosas.

2.1. APLICACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA

De acuerdo al artículo 270 del COIP se estipula:

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De igual modo, se somete perjurio cuando a sabiendas de ha faltado a la verdad en declaraciones patrimoniales juramentadas o juradas hechas ante Notario Público.

Si el perjurio se comete a causa penal, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Si el falso testimonio se comete en causa penal, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Se exceptúan los casos de versiones y testimonio de la o el sospechoso o de la o el procesado, tanto en la fase preprocesal, como en el proceso penal. (Código Orgánico Integral Penal, 2014)

Dentro del COIP se hace una gran referencia en cuanto a la diferencia del perjurio y el falso testimonio. Claramente se identifica que el falso testimonio se da cuando la declaración no es juramentada y el perjurio es todo lo contrario; cuando es una declaración juramentada.

Se ha evidenciado que el falso testimonio se le confundía con el perjurio, más ambos se les conoce como delitos de expresión, pues se generan con las declaraciones de los individuos de manera personal. (Palacios Cabrera, 2016)

Según Wilenmann Von Bernath (2014) indica que:

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Tal como indican los autores; se les conoce como delitos de expresión cada uno debe ser diferenciado con la intención que se realiza la comunicación, sea está como una declaración juramentada o no juramentada, he ahí identificaremos su pretensión.

2.2. ELEMENTOS DEL PERJURIO

El sujeto activo “en el delito de peculado es aquel quien declare con relación a hechos propios, faltando a la verdad” (Burgos M., 2010, pág. 180).

“Los elementos de modos que se encuentran tutelados en el apartado bajo estudio son: La declaración jurada y el juramento. Estos elementos son indispensables para la configuración del tipo” (Burgos M., 2010, pág. 180).

El sujeto pasivo en este delito es la autoridad competente que administra justicia. El delito de falso testimonio o perjurio no solo se determina dando una falsa declaración ante una autoridad judicial; sino también cuando se lo realiza ante una autoridad administrativa que realiza una actividad que implique materialmente el ejercicio de la función judicial. (Burgos M., 2010)

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El objeto material también conocido como los medios de este delito consiste en las deposiciones o declaraciones, informes o testimonios que se afirman como verdaderos cuando no lo son, interpretaciones o traducciones. (Cruz y Cruz, 2017)

EPIGRAFE III

3. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD JURÍDICA

En el siglo XVII cuando se formula por primera vez una doctrina centrada en la idea de la seguridad. Tomas Hobbes, en su famosos Leviatán, sostenía que el fin de los hombres persiguen al restringir su libertad bajo la forma de un Estado es buscar su conservación, su seguridad y una vida más pacífica. (Oropeza Barbosa, 2016, pág. 62)

En el siglo XVIII comienza una verdadera construcción doctrinal de la seguridad con las ideas de la Ilustración y del Utilitarismo Filosófico. Charles de Segondat, Barón de Montesquieu, en su obra del Espíritu de las Leyes, desarrolla su célebre teoría de la trilogía de poderes. Esta teoría de la división de poderes se convertía en el mejor medio que dispondrían los hombres para obtener seguridad frente a los peligros de arbitrariedades en que incurriera el gobierno (Oropeza Barbosa, 2016, pág. 63).

En 1793 la Constitución Francesa, define en su articulo 8 a “la seguridad como la protección que la sociedad otorga a cada uno de sus miembros para la conservación de su persona, de sus derechos y de sus propiedades” (Oropeza Barbosa, 2016, pág. 64).

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comportarse de acuerdo a los límites de la ley, estableciendo normas claras que permitan tener pleno conocimiento de sus derechos con el fin de no perjudicar o faltar el respeto a alguien.

La seguridad jurídica surge con el Estado de Derecho, debido que, en un Estado de Derecho, en el que prima un verdadero sistema de legalidad y legitimación basado en una Constitución democrática, puede hablarse de una verdadera seguridad jurídica (Oropeza Barbosa, 2016).

Un notable filósofo jurista de nuestro tiempo, italiano de indudable ascendencia hispana, Flavio López de Oñate, ha señalado con precisión, en un libro devenido famoso, que cada uno de los individuos recibe del ordenamiento, impuesto por la autoridad “la certeza de sí mismo y la garantía de su acción, que es garantía de su individualidad, de su realidad y de su persona”, de manera que en cuanto que la exigencia más viva de defensa del sujeto es su individualidad, precisa, singular e irreductible, la exigencia de certeza del derecho es por eso la más ineliminable exigencia ética, de su especifica eticidad, que el derecho encuentra en nuestra época, por lo que, al atribuir el derecho facultades a cada individuo, le otorga también la certeza de que su voluntad poder ser realmente querida y entonces el sujeto, con la certeza, conquista la seguridad. (Luna Serrano, 2015, pág. 27)

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y seguridad que le brindaría dicho ordenamiento; así que el Estado se convierte en el protector del ciudadano.

En el Ecuador una de las mayores falencias que sufre es la falta de seguridad jurídica; la cual se ve reflejada principalmente por la inconsistencia de su normativa; debido al sin numero de reformas que suelen ser hasta repentinas, hace que se debilite institucionalmente, dando una proyección de país que los límites del quehacer ciudadano solamente están dados por la posibilidad de salir indemne cuando se infringe la ley o se vulnera las instituciones, haciendo poco responsables de loas actos y perdiendo así el respeto a la ley y a las instituciones. (Falconi, Polibio, Riofrío, Álvarez, & Benítez, 2007)

3.1. CONCEPTO

La seguridad jurídica es un valor estrechamente ligado a los Estado de Derecho que se concreta en exigencias objetivas de: corrección estructural (formulación adecuada de las normas del ordenamiento jurídico) y corrección funcional (cumplimiento del Derecho por sus destinatarios y especialmente por los órganos encargados de su aplicación). Junto a esa dimensión objetiva la seguridad jurídica se presenta, en su acepción subjetiva encarnada por la certeza del Derecho, como la proyección en las situaciones personales de las garantías estructuras y funcionales de la seguridad objetiva. (Pérez Luño, 2000, pág. 28)

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En el Código Orgánico de la Función Judicial se estipula:

Art. 25.- principio de seguridad jurídica. - Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas. (Código Orgánico de la Función Judicial, 22)

La seguridad jurídica dentro de la legislación ecuatoriana vigente se indica muy poco; una persona tiene derecho a la seguridad cuando respeta la Constitución, quiere decir que tiene derecho a la libertad, derecho a la vida, a la libertad de expresión, al debido proceso, etc. El articulo 25 le complementa indicando que una persona al ser juzgada por un juez, este debe velar que se respete sus derechos como lo estipulan los acuerdos internaciones de los derechos humanos incluidos en la Constitución ecuatoriana.

3.2. FINALIDAD

La seguridad jurídica es “la garantía dada al individuo por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegará a producirse, le serán asegurados la protección y reparación de los mismos” (Escóbar, Ferrufino, Jordán, & Rivero, 2011, pág. 73).

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procesales sobre constataciones y alegaciones y pruebas. (Luna Serrano, 2015, pág. 26)

Es fácil observar que nuestro constituyente vincula la seguridad jurídica de los habitantes del Ecuador con los derechos humanos y las libertades fundamentales, con su efectiva e inmediata vigencia, con la reserva de Ley para su tratamiento, con la imposición de la interpretación pro libertatis, con la interdicción que, incluso, la misma Ley restrinja su núcleo esencial, es decir, la seguridad jurídica tiene como presupuesto, fundamento, contenido y finalidad los derechos fundamentales de las personas. (Zavala Egas, 2012)

Debemos recordar que la finalidad de la seguridad jurídica no permite que se vulnere los derechos del ciudadano, de manera arbitraria, ya que se han establecido normas jurídicas que regulan los procesos para el trato del individuo sea cual fuere su condición.

3.3. OBJETIVO

Es importante comprender los elementos que hacen posible la seguridad jurídica, los requisitos que deben efectuar para que pueda manifestarse la existencia de este principio, o cuáles presupuestos deben confluir para que en un ordenamiento jurídico pueda tenerse como consagrada la seguridad jurídica. (Arrázola Jaramillo, 2013)

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respeto y vigencia del Derecho objetivo, de las instituciones jurídicas y de los Derechos subjetivos, evitando su desconocimiento, inestabilidad o transgresión. (Falconi, Polibio, Riofrío, Álvarez, & Benítez, 2007, pág. 46)

La seguridad jurídica tiene, pues, su aspecto estructural (objetivo), el que es inherente al sistema jurídico, a las normas jurídicas y a sus instituciones y, de ahí, dimana al sujeto que está obligado por el sistema jurídico que adquiere la certeza o la certidumbre de las consecuencias de sus actos y las de los demás, ésta es la faceta subjetiva. (Zavala Egas, 2012)

3.4. FUENTE E IMPORTANCIA

La seguridad jurídica permite la estabilidad política e institucional del país, de manera que adquiere especial importancia cuando trasciende lo particular y entra al campo del Derecho Público. Thomas Hobbes, en el Leviathan, obra fundamental del pensamiento político, insistió en que la seguridad jurídica exige el respeto permanente de la irretroactividad de la ley. Asimismo, Portalis manifestó que allí donde se admite la retroactividad de las leyes, no sólo dejará de existir la seguridad, sino incluso su sombra. (Rosero Rivas, 2003, pág. 8)

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resolver disputas de manera no violenta que establece una paz y una estabilidad duraderas” (p. 232). De esta manera, para los autores citados, sin

seguridad jurídica no resultaría posible hablar de un Estado de derecho, de ahí su fundamental importancia. (Arrázola Jaramillo, 2013, pág. 13)

La importancia de la seguridad jurídica para la existencia y correcto funcionamiento de un Estado no puede evitarse. Para algunos autores es tal que la establecieron en razón fundamental para justificar la obediencia al derecho; para otros resulta esencial para la existencia misma del Estado de derecho, sin embargo, otros más la consideran un principio que traspasa todos los demás principios del ordenamiento jurídico y les garantiza su existencia. De acuerdo a las diferentes significaciones destaca de manera suficiente cuán importante es la seguridad jurídica en un Estado de derecho moderno. (Arrázola Jaramillo, 2013)

La seguridad jurídica no solamente resulta de un principio fundamental del Estado de derecho y un cimiento necesario para todos los demás principios que lo componen, es decir, que adicionalmente constituye uno de los argumentos esenciales que pueden mostrarse para justificar la obediencia al derecho. También, la seguridad jurídica hace posible que los bienes que más preciamos se materialicen, tales como la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad y otros, sin los cuales no parecería viable la existencia tal como la hemos conocido hasta ahora. (Arrázola Jaramillo, 2013)

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partes sometidas; las consecuencias serán las mismas para todos, permitiendo al individuo obtener seguridad en si mismo, que se aplicará la justicia.

g) LA METODOLOGÍA

La investigación se realizará en la modalidad paradigmática cualitativa, pues se trata de resolver problemas de índole jurídica sociales, utilizando un diseño de teoría fundamentada descriptiva.

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

La investigación será de tipo cualitativa, al tratarse de una investigación de análisis crítico de los derechos del alimentante al tener que pagar pensiones adicionales que no correspondan a su capacidad económica vulnerando el principio de seguridad jurídica, la interpretación de los hechos y acciones quedarán al arbitrio de la investigadora.

Adoptará una modalidad documental porque para dar apoyo a este estudio, se seleccionará importante información bibliográfica relacionada con el problema de investigación, será también descriptiva, explicativa que a más de describir los hechos y fenómenos se generará conclusiones y recomendaciones.

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Método Histórico - Lógico.- Determina los antecedentes históricos de la evolución del proceso de análisis, diseño. Implementación y evaluación de la tecnología y su incidencia de forma cronológica; y el conocer la evolución y desarrollo por lo que se hace necesario revelar su origen y las etapas del desenvolvimiento técnico y la planificación desde sus inicios.

Método Analítico - Sintético.- Para poder realizar una auténtica valoración del problema, separar sus partes hasta llegar a conocer sus principios o elementos, recomponer lo analizado y alcanzar verdaderas conclusiones y recomendaciones.

Inductivo - Deductivo.- Método con el que se podrá extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, un principio general. En este caso nos permitirá diagnosticar el problema y elaborar componentes para una propuesta.

TÉCNICA Análisis del caso

ANÁLISIS JURÍDICO DE UN CASO PRACTICO DE FRAUDE PROCESAL

TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

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ACTOR: ROMERO RAMIREZ CLAUDIA ALEXANDRA FIERRO FIERRO CHRISTIAN ALEX

PROCESADO: FUENTES GUANANGA JOSE LUIS,

La presenta causa inicia el 23 de junio del 2017 por cuanto en la sección de audio y video de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dentro de la investigación Nro. 40-2017 que la Fiscalía se encontraba investigando por concusión, el procesado elabora el informe Nro. 21701223 omitiendo y cambiando información perfectamente audible, la cual se encontraba en dispositivo electrónico USB con cadena de custodia, se hace llamar Lasso cuando era Jorge Glass, alterando con ello la verdad.

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A lo cual el procesado alegaba como defensa que no contó con el tiempo adecuado para realizar su informe pericial puesto que existió muchas presión por parte de su jefe inmediato y por parte e la Fiscalía General del Estado, que hubo varias partes que nos e entendían y que él ponía “x”. Que los audífonos con los cuales el estaba realizando la diligencia estaban defectuosos sin embargo los audífonos que utilizó el perito, fueron objeto de pericia, se acreditó que si uno estaba defectuoso, el otro estaba normal, y era suficiente para escucharlo, que de los testimonios receptados por otro perito claramente indicó que en ninguna parte del audio escuchó la palabra “lasso”, en el informe de Fuentes estaba 68 x, y los señores peritos indican las partes no audibles ni entendibles, esto hace inferir que el señor Fuentes no escuchó la mayor cantidad del audio, omitiendo partes esenciales del contenido del audio, con prueba documental se acreditó que es una persona acreditada legalmente por el Consejo de la Judicatura para realizar informes periciales.

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“cuenta”, cuando indica que “Lasso está ahí haciendo caja, pidiendo plata, tener mucho dinero ahí para”, acción que es relevante para el Derecho Penal y conduce a la certeza del efectivo ocultamiento y alteración de la verdad que contenía el pendraif con cadena de custodia. Ha quedado evidenciado en la conducta de la persona procesada, quien para cometer el delito, por su grado de cultura, edad (36 años), experiencia (perito experto en la pericia de audio, video y afines desde años anteriores al 2013 hasta la actualidad), forma en que fue realizado el delito conforme la prueba valorada se ha demostrado que el ocultamiento y alteración de la verdad, realizado por la persona procesada en su informe pericial de Audio, Video y Afines, lo realizó con el propósito de favorecer a la persona o personas que estaban siendo investigadas en la indagación previa, puesto que el ocultamiento que realiza la persona procesada son en cuanto a personas específicas que estaban siendo investigadas en la referida indagación, por lo que el Tribunal resuelve declarar la culpabilidad del perito, en calidad de autor del delito de fraude procesal tipificado y sancionado en el inciso segundo del Art. 272 del Código Orgánico Integral Penal en concordancia con el Art. 42, numeral 1, literal a) ibídem, y se le impone la pena de UN AÑO de privación de la libertad, pena que la cumplirá en uno de los Centros de Rehabilitación Social.

h) PROPUESTA

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31 INTRODUCCIÓN

A partir de la puesta en vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal cuya finalidad es abarcar varias ramas del derecho donde se comenten delitos o cuya conducta delictiva es penalmente relevante, surgen nuevas figuras jurídicas que ponen en contraposición con el conocimiento que hasta el momentos se tenía. Es así que aparece la figura de fraude procesal, para lo cual nuestra legislación lo instituye de la siguiente manera:

“La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o persona, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. Con igual pena será sancionada quien conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecerlos”. Artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (2014).

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Donna página 385 de la Revista donde cita a Cerezo Mir, que la doctrina coincide en que la mayor penalidad el verbo rector es inducir a engaño al Juez, nunca estuvo bajo presencia de un juez, elemento subjetivo la doctrina dice que el tipo penal de fraude procesal es dolosa, derecho penal tomo II p. 400, no hay resultado, no hay consumación de fraude procesal, Cerezo Mir, el error es permitido cuando el error es evitable, imprudencia, el Art. 26 del COIP refiere a la culpa,

Es necesario indicar además que el maestro Edgardo Donna, en cuanto al delito de encubrimiento nos ilustra que: “El encubrimiento es un delito independiente, que requiere como presupuesto una acción delictiva previa, en la cual el autor no haya participado de ninguna manera, o como ha dicho González Roura, es una ayuda a los delincuentes por actos posteriores a su delito, sin previo acuerdo con ellos y con intención de sustraerlos a la administración de justicia” es enfático en indicar que: “el encubridor no es un coautor, ni un partícipe en ninguno de los grados del delito original; por eso es que no hay una relación, ni objetiva ni subjetiva, con los autores o los cómplices del delito encubierto, debido a que el hecho del encubrimiento es posterior (…)”.

Respecto de los elementos constitutivos del tipo objetivo establecido:

a) Sujeto activo, que según el tipo penal es calificado, pues establece que lo que comete entre otras calidades “(…) los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible” por lo que puede ser sujeto activo de este delito los peritos.

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que si bien en el Código Orgánico Integral Penal establece que lesionan la tutela judicial efectiva, sin embargo doctrinariamente lo que se protege es la administración de justicia, por lo cual no se cuenta con una víctima o sujeto pasivo singular, porque se entiende que es la administración de justicia en general a la que trata de proteger el legislador.

c) Objeto, esto es, la cosa sobre la que recayó el daño a los efectos del acto, en el caso, el objeto del tipo constituye: el informe técnico pericial de audio, video y afines

d) Conducta, constituida por los verbos rectores de la conducta prohibida, que en el presente caso es “ocultar o alterar la verdad”, en la práctica del examen de las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible, que constituye la acción relevante para el Derecho Penal.

De ahí que la calidad de Perito con la cual actuó la persona procesada, es relevante para poder establecer en cuál de los incisos del Art. 272 subsume su conducta pues el primer inciso refiere como sujeto activo del delito a cualquier persona, mientras que el segundo inciso del referido artículo de manera específica refiere a: “los que estando obligados por razón de su profesión, empleo arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible”, es decir es el caso de “los peritos”, por lo cual con el criterio de especialidad, una vez que se ha advertido que el delito fue cometido en la calidad de perito del sujeto activo, la tipificación adecuada es en el segundo inciso del referido artículo.

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De acuerdo al Diccionario Jurídico encontramos que perjurio es un “juramento en falso. Quebrantamiento de lo jurado. Delito que cometen los testigos y peritos que declaran a sabiendas contra la verdad; y esto por el juramento de veracidad que previamente” (Cabanellas de Torres, 1993, pág. 241).

Entre otras definiciones encontramos que “si uno en un proceso ha dado testimonio de cargo y no ha probado la palabra que dijo, si este proceso es por un crimen que podría acarrear la muerte, este hombre es pasible de muerte” (Castro Cuenca, 2017, pág. 6).

Al dar un testimonio falso, la resolución del juez puede ser definitiva como menciona el autor; si la condena es la muerte; al no dar un testimonio veraz, la persona juzgada se le daría la muerte, recayendo así la importancia del delito de perjurio.

CONCLUSIÓN DEL DOCUMENTO

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cuerpo legal, que establece: “La o el perito desempeñará su labor con objetividad e imparcialidad” y Art. 277 ibídem que dice: “La prueba pericial tiene como propósito que expertos debidamente acreditados puedan verificar los hechos y objetos que son materia del proceso (…)”.

Es de advertir la relevancia que tiene la prueba pericial en el sentido de que proporciona unos conocimientos técnicos, científicos o artísticos de los que el Fiscal, Juez o Tribunal carece, a tal forma que como lo refiere la doctrina procesal: “puede decirse que el perito es una persona que auxilia o colabora con el Juez, al que le presta sus conocimientos científicos, técnicos o artísticos, de los que aquel pudiera carecer, a fin de obtener una mejor comprensión sobre unos determinados hechos en el proceso, con fines probatorios”, en su acepción más general se puede definir al perito, como aquella persona especialmente cualificada en virtud de sus conocimientos especializados en la ciencia, arte, técnica o práctica, es decir, aquella persona que posee unos especiales conocimientos en materias que no son conocidas, con ese nivel de precisión, por las demás personas de su mismo nivel cultural . Como lo indica Font Serra “cuando estos conocimientos, aptitudes o habilidades de una persona son reconocidos por la comunidad de la que forman parte, bien de un modo privado se sabe que es una persona experimentada o hábil en determinadas materias, o de un modo oficial a través de un título conferido por el Estado-, se dice que aquella persona es perita o experta en aquello que conoce o sabe”.

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fuentes, ya que, tales conocimientos se apoyan en el valor de la ciencia misma que traen consigo. Finalmente, para llevar a cabo su actividad los peritos se sirven de unos instrumentos peculiares, a saber las máximas de la experiencia, que constituyen la esencia de sus conocimientos especializados, por lo que puede manifestarse que a través de la prueba pericial se aportan al proceso máximas de experiencia de carácter técnico especializado, que exceden del ámbito de la cultura media del juez, y que no son fácilmente conocidas por éste.

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hacer unas apreciaciones o valoraciones específicas, que ayudan al juzgador en su labor enjuiciadora. En este sentido, el dictamen pericial se convierte en un elemento adicional de los que se vale el juez para convencerse acerca de la realidad de los hechos materia del proceso, sobre la base de principios probatorios como el de necesidad y apreciación conjunta de la prueba con arregla a la crítica racional.

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i) CONCLUSIONES GENERALES

 La Seguridad jurídica es un término idóneo para comprender cualquier fórmula dirigida a contrarrestar todo tipo de peligro para la confianza de los ciudadanos en el Derecho, puesto que al tener nomas claras, no se vulnerarían las garantías básicas que goza toda persona.

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j) BIBLIOGRAFÍA

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k) DATOS PERSONALES

NOMBRE: Jiménez Plaza Hans Kelsen

TELEFONO: 0992259792

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Referencias

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