1 TRABAJO SOCIAL: DEFSAFIOS EN LA CUESTIÓN AMBIENTAL*
*Comisión Nacional de Ética. FAAPSS 2014
Plantear las interrelaciones entre Medio Ambiente y Trabajo Social nos remite a considerar las tensiones presentes en cada polo de esta relación, para analizar las posibilidades de pensar el ejercicio profesional en este ámbito.
Se hace necesaria la explicitación de una mirada teórica sobre la realidad que, en el marco de este tiempo histórico, marca las siguientes claves de análisis:
• La globalización como proceso transformador del orden mundial y su estrecha relación con el sistema neoliberal que se manifiesta en la noción de desarrollo ligado al crecimiento económico planteando políticas macroeconómicas de explotación de la Naturaleza, un mercado internacionalizado, el aumento del flujo de información y bienes, el reordenamiento de las estructuras sobre las que se erigía la sociedad, la pérdida del valor de los límites geográficos y su fuerte impacto en las identidades nacionales y regionales
• La expansión internacional del capital promete más que nunca mayores ganancias, pero la manera en que integra a los recursos y a la gente configuran un sistema polarizado de concentración de la riqueza sostenido por la pobreza y el despojo de grandes mayorías.
• Los sujetos que, desde este escenario global, se integran como consumidores desprendidos de los vínculos originarios (como por ejemplo la nacionalidad). Esto se manifiesta por ejemplo en la expansión urbana- industrial que ha creado polos de atracción para la gente y sus actividades que no pueden ser absorbidos productiva o saludablemente. Cuando al mismo tiempo las comunidades campesinas están siendo desmembradas, y sus residentes, forzados a emigrar y abandonar los sistemas tradicionales de producción. Ellos también han dejado de ser buenos intendentes de los ecosistemas de los cuales son parte.
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• Las condiciones ambientales de supervivencia de estas familias distan mucho de aquellas en las que se iniciaron: cuidado y armonía con la naturaleza, con todas las consecuencias que implica el desarraigo, pasar de vivir de la producción de sus propios alimentos, de una economía en la generación de sus ingresos en el trabajo continuo en el campo; a una basada en la asistencia oficial, de trabajos ocasionales. En muchos casos, el deambular por los organismos del Estado en busca de aquellos recursos asistenciales pasan a transformarse en el eje estructurador de la subsistencia que marca la cotidianeidad de los sujetos con los que trabajamos.
• La expansión de las fronteras agrícolas por las empresas multinacionales ha desplazado a los sujetos de su fuente laboral y también de su territorio.
• Todos estos elementos sistémicos del proceso de transformación tienen como consecuencia conflictos ambientales diversos que afectan a las diferentes clases y capas sociales de modo diferencial, generando una percepción ambiental particular según su propia práctica histórica, que da origen a la organización de movimientos sociales y corrientes teóricas de diferente tipo.
• Entre estas miradas teóricas nos parece importante destacar la categoría de Ambiente y su resignificación: deja de jugar el rol de simple contexto material, para ser pensado como territorio en un sentido complejo, como un factor de mucha incidencia en la configuración de prácticas, discursos e identidades.
• Pensar al territorio como una construcción social y no sólo como un espacio físico, tiene las siguientes implicancias: la visión de desarrollo se construye desde la base territorial; las oportunidades se buscan a partir de las potencialidades endógenas del territorio; la competitividad asume un carácter sistémico, no es de un conjunto de empresas sino del territorio; se reconoce la heterogeneidad que presentan la realidad rural y urbana.
• Ya hemos nombrado algunos de los conflictos ambientales, sin ánimo de realizar un listado detallado nos parece importante poder señalar los nudos problemáticos comunes a diversas regiones. En este sentido la biodiversidad presente en la Argentina hace indispensable el diagnóstico de la realidad particular de cada provincia y/o región. Entonces podemos señalar algunos de los mayores conflictos ambientales:
1. La deforestación de los bosques nativos, el desmonte que modifica las regiones agroecológicas provocando desastres naturales en las zonas urbanas y rurales
2. La contaminación de los principales cursos de agua, del suelo y del aire por la acción de diversas industrias: azucareras, citrícolas, de fabricación de uranio, pasteras, explotación no convencional de petróleo (fracking), canteras de sal, entre otros.
3. El impacto ecológico social de la producción y consumo de alimentos transgénicos que vulnera la soberanía alimentaria1 en las comunidades
4. El uso de agroquímicos y la práctica sistemática del monocultivo que impactan en la productividad de los suelos y en la adecuada protección de los seres vivos
1 Soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de estado a definir su política agraria y alimentaria, sin
3 5. La irrupción de la Mega minería en diferentes provincias que afecta directamente la calidad de vida de las poblaciones deteriorando sus recursos naturales con poca incidencia en mejor empleo, educación, salud, etc.
6. El desarrollo de la industria del turismo no sustentable que impacta abruptamente en el modo de vida de las comunidades
7. La falta o déficit de planificación urbana provocan catástrofes ambientales prevenibles destacándose el excesivo crecimiento del negocio inmobiliario en detrimento del derecho a la vivienda
8. Consumo desmedido en las ciudades que conlleva también un inadecuado manejo de los residuos urbanos
La relación de la cuestión medioambiental con el Trabajo Social se puede analizar en diversos planos: Teórico-Metodológico, ético-político y académico-laboral lo que no implica escindirlos o fragmentarlos sino asumir los múltiples atravesamientos que entre estos se producen y que impactan en ejercicio profesional. De esta manera problematizamos la naturalización que, a lo largo de la historia de nuestra profesión y en lo cotidiano de nuestro quehacer, ha planteado la escisión entre la dimensión teórica y la metodológica.
Tomando los aportes de la vertiente teórica del Buen Vivir se sostiene la recuperación del “paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien” que busca generar prácticas cotidianas de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe, comprendiendo que en la vida todo está interconectado, es interdependiente y está interrelacionado. Ver cita Esto se contrapone a paradigmas de vida dominantes, individualistas y homogeneizadores, que perciben al individuo como el único sujeto de derechos y obligaciones. Esta visión antropocéntrica de la Naturaleza lo instituye como el único referente sin percibir que la comunidad es una estructura de vida constituida por toda forma de existencia y no solo como estructura social conformada únicamente por humanos.
Con la intención de visibilizar la cuestión ambiental y sentar las bases para la cooperación entre los Estados, los sectores claves de la sociedad y las personas se ha avanzado, desde la década del 70 en declaraciones internacionales que estructuran la dimensión ética política. Iniciativas como la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo llevada adelante en junio del 92 que reafirma la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972. Entre sus premisas más importantes se encuentra la visión integral del desarrollo marcando 2 principios: la sostenibilidad del mismo y su logro desde la equidad social.
¿Qué significan estas premisas éticas? Se habla de desarrollo sostenible cuando éste es compatible con los recursos de que dispone una región, una sociedad. La comisión de Medio Ambiente de las Naciones Unidas propone un crecimiento económico sostenible que no agote los recursos naturales, ni ponga en peligro la supervivencia del planeta lo que definiría la capacidad de permanecer: sostenerse diversos y productivos buscando el equilibrio con los recursos.
4 disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del
mundo.” La equidad social, en el contexto de las iniciativas de conservación y desarrollo sostenible- es un conjunto de prácticas tendientes al abordaje y superación de todas las formas sociales, económicas, culturales y políticas de exclusión e inequidad. Para tal efecto se proponen mecanismos concretos de redistribución de la riqueza, los recursos y las oportunidades, así como la construcción de un verdadero balance intercultural y de género en la toma de decisiones relacionadas con proyectos y políticas en este ámbito.
La OIT reconoce en este contexto en el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, la aspiración de los pueblos indígenas a controlar sus instituciones, sus modos de vida y de desarrollo económico y a conservar y desarrollar su identidad, así como el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, y el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales. Los gobiernos deberán consultar a los pueblos indígenas mediantes procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas que puedan afectarle directamente, y que las consultas deberán efectuarse de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o consentimiento.
Desde la Constitución Nacional a partir de la última reforma se incorporan los llamados derechos de 3ra
generación y en su artículo 41 establece: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.” Mientras que en el artículo 43 establece las garantías y los respectivos mecanismos que permitirán la defensa y el legítimo derecho de lo planteado precedentemente.
Se visualiza como estos principios tienen correlato con las legislaciones nacionales y provinciales, por ejemplo
en la Ley Básica de Salud de CABA, en su artículo 14: “Son objetivos del subsector estatal de salud: (…)
contribuir a mejorar y preservar las condiciones sanitarias del medio ambiente” y la Ley Nacional N° 25675,
artículo 11 plantea que “toda obra o actividad (..) sea susceptible de degradar el ambiente, algunos de sus
componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”.
5 económica, el despojo de sus tierras comunitarias y la exclusión social sustentada en el racismo. Un rasgo que obstaculiza el cumplimiento de los derechos ambientales es la corrupción presente en los diferentes niveles de gestión estatal y privada.
Desde la mirada del Trabajo Social podemos señalar algunos ejes de intervención:
• En la actualidad persiste la necesidad de avanzar hacia una mirada más integral de los problemas en la relación Sociedad-naturaleza y no con una visión fragmentada de estos componentes. Asumiendo esta perspectiva, se reconocería la indisolubilidad del vínculo entre desarrollo humano y medio ambiente, entre calidad ambiental y calidad de vida, entre la cuestión social y la cuestión ambiental, entre ambiente y necesidades humanas. Ejes que resaltan la pertinencia de la inclusión del Trabajador Social en el abordaje específico de la temática, reconociendo la importancia de su lugar en el equipo interdisciplinario, donde se consideran sus competencias, habilidades y herramientas metodológicas en tareas tales como: educador, investigador, asesor, consultor, formulador de proyectos, evaluador, etc., tanto en el sector público como privado. Ver cita
• Los conflictos ambientales todavía no son percibidos como dimensión que atraviesa la insatisfacción de demandas vitales de una gran parte de la población. De esta manera nos podemos plantear la intervención profesional en la atención a la dimensión no material de las necesidades que la compleja cuestión ambiental interpela. La actuación sobre las representaciones sociales propias, las de los sujetos con los que trabajamos y las de los actores políticos que comparten la escena social. Tener en cuenta entonces que éstas configuran modos de ver el mundo social, histórico y culturalmente construidos, y legitimados por las sociedades, que no son unívocas y se resignifican en cada sociedad y momento histórico, siendo sedimentadas por los intereses de los sectores de poder. Se puede afirmar que las representaciones sociales acerca de los conflictos ambientales se pueden modificar mediante la problematización y el proceso de construcción, transformación y reconstrucción de las mismas. El Trabajo social realiza aportes desde su saber a la problematización y construcción de estas representaciones.
• Para ello es necesario incorporar a la formación de grado el respeto hacia la naturaleza, pensada como una dimensión transversal en la intervención, como fuente de recursos y espacio social.
• Explicitar la historicidad de los procesos ambientales reconociendo la interacción del medio ambiente en la configuración de diversas identidades, trayectorias, prácticas y discursos.
• Incorporación de esta lógica en el diseño de estrategias de intervención dirigidas a la construcción de indicadores a ser considerados en las herramientas técnico instrumentales: diagnósticos, informes, mapeos de situaciones y actores, entre otros.
• La necesidad de trabajar en la construcción de datos que permitan abordar la conflictiva ambiental desde un enfoque epidemiológico, asumiendo el desafío de trabajar la propia información desde las instituciones y con los sujetos de la intervención. Incorporar los insumos teórico-metodológicos de otras disciplinas que permitan el abordaje integral.
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• La definición de problemas que permitan incidir en la formulación de las políticas sociales.
• La participación y el compromiso a través de las estructuras colegiales, provinciales y nacional, como actores políticos en la instalación de la problemática en la agenda pública.
