Roj: STS 2257/ ECLI: ES:TS:2013:2257

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Roj: STS 2257/2013 - ECLI: ES:TS:2013:2257

Id Cendoj:28079110012013100250

Órgano:Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

Sede:Madrid Sección:1 Fecha:11/04/2013 Nº de Recurso:1349/2010 Nº de Resolución:261/2013 Procedimiento:Casación

Ponente:XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ

Tipo de Resolución:Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a once de Abril de dos mil trece.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio ordinario, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Igualada, cuyo recurso fue preparado ante la mencionada Audiencia y en esta alzada se personó en concepto de parte recurrente la Procuradora Dª Virginia Gutiérrez Sanz, en nombre y representación de D. Landelino y D. Norberto ; siendo parte recurrida el Procurador D. Antonio Sorribes Calle, en nombre y representación de SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- 1.- La Procuradora Dª Mercé Molas Soler, en nombre y representación de D. Norberto y D.

Landelino interpuso demanda de juicio ordinario contra SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA. y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando se dictara sentencia por la que en la que se declare: 1º.- Que la demandada, como arrendadora, ha incumplido la obligación de mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento. 2º.- Que la demandada como explotadora de la cantera de yeso, ha invadido la finca arrendada sin tener en cuenta los derechos del arrendatario de la finca y derechos de explotación de la cantera, objeto del arrendamiento, y la plena propiedad de los pinos existentes en la misma, pertenecientes a mis mandantes. 3º Que queda rescindido el contrato de arrendamiento de autos, por incumplimiento de la demandada. 4º.- Que la arrendadora y explotadora de la cantera de yeso, se halla obligada a indemnizar a la parte demandante por los conceptos y en las cuantías reseñadas en el hecho 70 de esta demanda, es decir: Como daño emergente a.-) Renta actualizada, según informe pericial adjunto 58.364,82 €. b.-) Valor de los pinos arrancados 2.660 €. - Como daño moral, 12.024,24 € - Como lucro cesante, el 10 % del beneficio neto calculado en el informe pericia! adjunto a la demanda 110.820,40 €. Total indemnización: 183.865,46 € 5º.- Que se condene a la demandada a estar y a pasar por las declaraciones anteriores, al pago de los intereses y de las costas de este juicio, por su actitud temeraria.

2.- La Procuradora Dª María-Remei Puigvert Romagosa, en nombre y representación de SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA., contestó a la demanda oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación y terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia en virtud de la cual se desestime íntegramente la demanda, absolviendo de todos sus pedimentos a la demandada, con expresa imposición de las costas a la parte actora.

3.- Practicadas las pruebas, las partes formularon oralmente sus conclusiones sobre los hechos controvertidos. La Iltre. Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Igualada, dictó sentencia con fecha 27 de febrero de 2009 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO : Desestimo totalmente la demanda interpuesta por D. Landelino y D. Norberto , frente a Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A. Se imponen a la parte actora las costas generadas en este proceso.

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SEGUNDO .- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior sentencia por la representación procesal de

la parte demandante, la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia con fecha 3 de mayo de 2005 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Landelino y D. Norberto frente a la sentencia dictada en el juicio ordinario nº 423/08 seguido ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Igualada , debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha sentencia, con imposición al apelante de las costas de este recurso

TERCERO .- 1.- El procurador D. Jaume Romeu Soriano, en nombre y representación de D. Norberto y D.

Landelino interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes MOTIVOS DE CASACION: PRIMERO .- Infracción por inaplicación del artículo 1554.3º del Código civil , al ser perturbado el arrendamiento de finca para explotar la condena de yeso. SEGUNDO .- Infracción por inaplicación del artículo 1556 del Código civil pues la arrendadora demandada le arrebató la posesión inmediata de la finca arrendada. TERCERO .- Infracción de los artículos 1300 y 1301 del Código civil , ya que el arrendatario arrendó la finca con la cantera. CUARTO Infracción del artículo 1303 del Código civil , como efecto de la resolución-. QUINTO .-Infracción del artículo 105 de la Ley de Minas, en concordancia con el 44 de la Ley de expropiación forzosa , al no haber considerado el derecho que tiene el arrendatario a ser indemnizado. SEXTO .- Infracción por inaplicación del artículo 33.3. de la Constitución Española ., por haber sido privado de sus bienes y derechos, sin indemnización.

2 .- Por Auto de fecha 25 de enero de 2011, se acordó admitir el recurso de casación y dar traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición en el plazo de veinte días.

3 .- Evacuado el traslado conferido, el Procurador D. Antonio Sorribes Calle, en nombre y representación de SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA, presentó escrito de impugnación al recurso interpuesto.

4.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 2 de abril del 2013, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Xavier O'Callaghan Muñoz ,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Se formuló demanda por los hermanos D. Landelino y D. Norberto frente a la sociedad

SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA, en interés de que se declarara que dicha sociedad demandada había incumplido su obligación, como arrendadora, de mantener a los demandantes, como arrendatarios, en el goce pacífico de la finca destinada a explotar una cantera de yeso, por lo que el contrato de arrendamiento del 10 agosto 1964 quedaba rescindido ( rectius, resuelto) y la demandada obligada a indemnizar en la cantidad de 183.865,46 € por el daño emergente, daño moral y lucro cesante.

El 10 agosto 1964 se suscribió contrato de arrendamiento sobre "la explotación, obtención y manipulación del yeso; en consecuencia el arrendatario podrá libremente ejercitar cualesquiera operaciones encaminadas a la obtención y extracción del citado producto, en investigación de filones o yacimientos, pudiendo incluso abrir galerías, canteras y demás medios adecuados a tal fin. Asimismo podrá cortar o talar el arrendatario, aquellos árboles que se hallen en la citada cantera y que sea necesario para la extracción, siendo dichos árboles propiedad del arrendatario Sr. Norberto ". Este contrato se otorgó mediante escritura pública que fue inscrita en el Registro de la Propiedad.

La sociedad demandada es propietaria, en este momento, de la finca objeto del mencionado contrato que la explota por sí misma.

Las sentencias de instancia han desestimado la demanda al tener en cuenta la promulgación de la Ley 22/1973, de 21 julio, de Minas, que cambia el concepto dominical de los yacimientos mineros, que queda atribuido al Estado, que las explota directamente o por medio de concesión; así, el artículo 2.1 dispone:

Todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, son bienes de dominio público, cuya investigación y aprovechamiento el Estado podrá asumir directamente o ceder en la forma y condiciones que se establecen en la presente Ley y demás disposiciones vigentes en cada caso.

Las disposiciones transitorias de esta Ley previeron un plazo máximo de dos años, para que el titular de la concesión, sin referirse a la propiedad de la finca, obtuviera la convalidación de la misma, lo cual nunca se llevó a cabo.

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"El contrato de arrendamiento suscrito dejó de ser válido y esa ausencia de validez no cabe imputarla al entonces propietario - que, al igual que el arrendatario, se vio sujeto a una nueva legislación que le privó de los derechos que ostentaba sobre las minas sitas en el terreno de su propiedad- ni, menos aún, al actual propietario quien nunca pudo subrogarse en un contrato ya inexistente" .

Y esta última, de la Audiencia Provincial confirma, como se ha dicho, la del Juzgado de Primera Instancia y matiza lo siguiente:

"La juez centra perfectamente la cuestión objeto de debate al señalar que nos encontramos ante una cuestión de naturaleza jurídica cuál es el efecto que produce la ley de Minas de 1973 sobre los contratos de arrendamiento de explotación del subsuelo suscritos con anterioridad. Sin embargo, esa cuestión no merece la atención de la parte recurrente, que se limita a insistir en la existencia de su contrato de arrendamiento de 1964, obviando toda referencia a la ley de Minas de 1973. Con ello, los argumentos de la sentencia quedan intactos y ningún cuestionamiento puede hacerse sobre ellos" .

Contra esta sentencia se ha formulado el presente recurso de casación, en el que destaca que el objeto del contrato de arrendamiento no era la explotación minera, sino la finca sobre la que se encontraba y el goce pacífico de esta finca era lo que se había perturbado (los tres primeros motivos) y el estado posesorio da lugar a la indemnización (los tres últimos motivos).

SEGUNDO .- El objeto del contrato de arrendamiento de 1964 es la explotación de la cantera de yeso que

se halla en la finca, lo cual se desprende del texto de la propia demanda, en lo que está de acuerdo la demandada y se especifica en aquel contrato en el que se expresa literalmente que "será objeto del arriendo antes referido la explotación, obtención y manipulación de yeso" y, a continuación, se enumera una serie de facultades amplísimas respecto, todas ellas, a tal explotación.

La normativa de esta explotación era la contenida en la Ley de Minas del 19 julio 1944, la cual fue modificada profundamente por la Ley /1973, de 21 julio, como dice la sentencia 14 junio 2002 . Las disposiciones transitorias tercera y cuarta, ordenan que los que la exploten disponen del plazo de dos años para consolidar sus derechos o solicitar la concesión de explotación minera. Lo cual, como se ha apuntado, nunca se hizo y, como dicen dichas disposiciones, se consideren ilegales las explotaciones.

La compraventa -sucesivas compraventas- de la finca, llegando al actual adquirente, la sociedad demandada SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA, la ocupó cuando no estaba siendo explotada la cantera. Tras una serie de reclamaciones administrativas que nada resolvieron sobre el derecho -derecho civil- de los actuales demandantes, se formula la presente demanda, ante la que se presentan dos objeciones: la primera, la propietaria no ha incumplido sus obligaciones pues el objeto del arrendamiento, como se ha dicho anteriormente, era la finca con la función de explotación de la cantera de yeso; la segunda, ésta ha quedado ilegal, por la no convalidación de la misma, conforme a la Ley de Minas.

TERCERO .- Yendo al recurso de casación , es claro, como se desprende de lo expuesto hasta ahora, que debe

ser desestimado, ya que en el mismo se reitera lo argumentado en la demanda y lo insistido en el recurso de apelación.

Los tres primeros motivos, como se ha apuntado, recalcan conceptos que no han sido admitidos por las sentencias de instancia ni se admiten por esta Sala; concepto del arrendamiento que la parte recurrente considera que es de finca para explotar la cantera y que no se acepta por esta Sala. Tal como se ha dicho, de la propia demanda y de la posición de la demandada y del propio texto del contrato de 1964 se desprende que el objeto del arrendamiento es la explotación, obtención y manipulación del yeso (palabras textuales del contrato), no la finca, ésta no es más que el soporte físico de la explotación, pero nunca se ha contemplado como objeto del arrendamiento.

En consecuencia, ante la falta de explotación por los demandantes, explotación que había devenido ilegal, la sociedad minera demandada ocupó la finca, tras haber obtenido la concesión administrativa que la convertía en legal, por lo cual no puede aceptarse que el artículo 1554.3º del Código civil protegía al que fue arrendatario de una explotación ya caducada, ya que ésta no se llevaba a cabo y, de hacerlo, era ilegal. El motivo primero, por ello se desestima, advirtiéndose que cita sentencias de otra sala de este Tribunal y de la Audiencia Provincial, siendo así que la jurisprudencia se forma tan sólo por las sentencias de la Sala correspondiente a la materia de que se trate, en este caso, de la Sala Primera, no de otras ( sentencias de 14 junio 1991 , 22 julio 1993 , 13 junio 2007 ), ni de Audiencia Provincial (sentencia de 21 diciembre 2012). Igualmente debe ser desestimado el motivo segundo, que considera infringido el artículo 1556 que impone la indemnización en caso de incumplimiento de las obligaciones del arrendador (o el arrendatario, que no es el caso), lo cual no procede ya que no se ha declarado tal incumplimiento. Este motivo, realmente, es consecuencia o más bien derivado del anterior y al desestimarlo, será rechazado también éste. Asimismo, el motivo tercero denuncia la infracción de

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los artículos 1300 y 1301 del Código civil , pese a que las sentencias de instancia no declaran nulidad alguna, ni procede, sino que la explotación minera quedó extinguida (ilegal) para el arrendatario -demandante, en la instancia- al no convalidarla y la obtuvo, la concesión administrativa, la sociedad demandada SAINT-GOBAIN; la referencia que hace la sentencia recurrida a la zona marítimo-terrestre lo es como argumento adicional, no decisivo y poco más que a título de ejemplo que, como tal, nunca coincide con el caso planteado; lo que sí es cierto es que la minería, como tal, pertenece al dominio público: así lo dice el artículo 2.1 de la vigente ley de minas y lo recuerda la sentencia antes citada, de 14 junio 2002 ; sin perjuicio de la explotación que puede llevar a cabo un particular, siempre que obtenga -como es el caso de la sociedad demandada- la concesión administrativa. Por todo ello, se desestima también el motivo tercero.

CUARTO .- Los tres últimos motivos del recurso de casación se refieren a la indemnización que procede al

declarar la nulidad de una obligación según dispone el artículo 1303 del Código civil que constituye el motivo cuarto. Este motivo debe ser desestimado, por la razón de que no es aplicable, ni se ha aplicado al caso presente en el que no se ha declarado la nulidad del contrato de arrendamiento de 1964, sino que se ha extinguido el mismo por falta de convalidación. La jurisprudencia sobre esta norma, que es abundante, siempre se ha concretado a la nulidad (así, en especial, la sentencia de 22 noviembre 2005 y también, las de 23 junio 2008 , 10 noviembre 2010 , 21 junio 2011 ).

El motivo quinto se desestima porque prácticamente queda sin razonar la aplicación del artículo 105 de la Ley de Minas , en concordancia con el artículo 44 de la Ley de Expropiación forzosa . La indemnización por razón de la ocupación de la finca por parte de la sociedad demandada no se deduce de la Ley de Minas, ni se desprende de la Ley de Expropiación forzosa, ya que no se ha dado ésta.

La indemnización por razón de la aplicación de la Ley de Minas, merece un tratamiento aparte, por mor del artículo 33 de la Constitución Española que constituye el último motivo del recurso de casación.

QUINTO .- El artículo 33.3 de la Constitución Española dispone:

"Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes."

Los demandantes en aplicación de la Ley de Minas de 1973 y por razón de la normativa administrativa, aunque sin mediar incumplimiento de las obligaciones de la nueva propietaria, como arrendadora, se han visto privados de su derecho de arrendamiento procedente del contrato de 10 agosto 1964 que era, por un elevado precio, por 150 años.

No puede, por ello, ser privado de su derecho, sin más, terminando el arrendamiento mucho antes del plazo contractual previsto y pagado.

Procede, pues, estimar este motivo y conceder la indemnización. Esta se concreta en cuatro conceptos: * el primero, la renta dejada de percibir, según se ha acreditado pericialmente que asciende a 58.364,32 €. * El segundo, el valor de los pinos arrancados que según el contrato inicial eran propiedad del arrendatario y que asciende a 2.660 €.

* El tercero, daño moral, que no se ha acreditado, ni puede derivarse de la misma extinción del arrendamiento. * El cuarto, el lucro cesante, que no procede, pues la extinción del contrato antes de los 150 años previstos se han valorado en primer lugar y no cabe añadir lo que hubiera podido percibir precisamente por la misma causa. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Primero .- QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR PARCIALMENTE AL RECURSO DE CASACION interpuesto por las representación procesal de D. Landelino y D. Norberto , contra la sentencia dictada por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en fecha 3 de mayo de 2005 , que SE CASA en un solo extremo.

Segundo .- Se confirma dicha sentencia, añadiendo que se estima parcialmente la demanda de los mencionados recurrentes en el único sentido de condenar a la sociedad demandada SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA S.A. a que les abone la cantidad de 61.024,32 €, con los intereses legales desde la interposición de la demanda y los mismos, elevados en dos puntos desde la fecha de la presente resolución.

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Cuarto .- Líbrese a la mencionada Audiencia certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Rios.-Francisco Marin Castan.-Jose Antonio Seijas Quintana.- Francisco Javier Arroyo Fiestas.-Francisco Javier Orduña Moreno.-Roman Garcia Varela.- Xavier O'Callaghan Muñoz.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Xavier O'Callaghan Muñoz , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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