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CN06-029

INFORME JURÍDICO QUE SE EMITE EN RELACIÓN A LA CONSULTA REALIZADA POR EL XXXXX DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO VASCO “SOBRE LA REGULARIDAD DE LA INCLUSIÓN DEL RELATIVO A LA FECHA DE NACIMIENTO DE LOS TRABAJADORES ENTRE LOS DATOS INTEGRANTES DE LOS LISTADOS OBJETO DE EXPOSICIÓN CARA A LA CONFORMACIÓN DE LOS CENSOS DE ELECTORES PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES SINDICALES”

ANTECEDENTES

Con fecha 20 de octubre de 2006 tiene entrada en esta Agencia Vasca de Protección de Datos, escrito XXXXX del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco por el que se eleva consulta en relación al asunto más arriba referenciado.

En el escrito de remisión de la consulta se expresa que:

Habiéndose suscitado con ocasión de la exposición pública en tablones y Geutzen de los listados del censo provisional de electores, diversas reclamaciones y quejas relativas a la materia de protección de datos de carácter personal, es por ello que al amparo de las previsiones establecidas en el artículo 17.1 n) de la Ley de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos someto a esa Agencia de su responsabilidad la siguiente Consulta”

El artículo 17.1 de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, en su apartado n) atribuye a la Agencia Vasca de Protección de Datos la siguiente función:

“Atender a las consultas que en materia de protección de datos de carácter personal le formulen las administraciones públicas, instituciones y corporaciones a que se refiere el artículo 2.1 de esta Ley, así como otras personas físicas o jurídicas, en relación con los tratamientos de datos de carácter personal incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley.”

Corresponde a esta Agencia Vasca de Protección de datos en virtud de la normativa más arriba citada, la emisión del informe en respuesta a la consulta formulada.

CONSIDERACIONES I

Es conveniente a juicio de esta Agencia definir la actuación sobre la que versa la consulta desde la estricta perspectiva de la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 c) de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la

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Agencia Vasca de Protección de Datos, se entiende por tratamiento de datos, “las operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y trasferencias”.

De la misma manera, el apartado a) de dicho artículo, entiende como datos de carácter personal “cualquier información concerniente a personas identificadas o identificables” considerando identificable “a toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”

De acuerdo con dichas definiciones, y atendiendo a la descripción de la acción sobre la que versa la consulta realizada por la propia Dirección consultante (“exposición pública en tablones y Geutzen de los listados del censo provisional de electores”) y la información que obra en los lugares indicados, no cabe duda de que la misma supone un tratamiento de datos de carácter personal.

II

Por otra parte, aunque el ámbito de la consulta se limita “a la regularidad de la inclusión del dato relativo a la fecha de nacimiento de los trabajadores en los listados objeto de exposición” (Principio de calidad de los datos) una más ajustada respuesta a la consulta requiere, a juicio de esta Agencia, elevar dicho ámbito y preguntarse por el ajuste a la normativa sobre protección de datos de carácter personal de la misma exposición pública en su conjunto, porque sólo comprobado dicho ajuste, tiene sentido pasar a analizar la adecuación al principio de calidad de los datos, los expuestos y, entre ellos, el concreto al que se refiere la consulta.

Pues bien, de acuerdo con las definiciones expuestas en el primero de los fundamentos y con la posibilidad de definir la acción descrita como un tratamiento de datos de datos de carácter personal y, más concretamente como una cesión de los mismos resultante de una comunicación, debe recordarse que, de acuerdo con el artículo 11.1 de la LOPD “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”

Siendo la anterior, la necesidad del consentimiento de los titulares de los datos, la regla general, el apartado 2 de dicho artículo contiene las excepciones a la misma, interesando en este momento transcribir la contenida en la letra a), “cuando la cesión esté autorizada en una Ley”

Llegados a este punto, la solución a la cuestión que nos hemos planteado pasa por analizar si la exposición de los datos de carácter personal está autorizada por Ley.

III

Dicho análisis nos lleva directamente a la Ley 9/1987, de 12 de junio de regulación de los Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación

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del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio y 18/1994, de 30 de junio.

Y en concreto al artículo 21 de la misma, a cuyo tenor:

“La Administración Pública correspondiente facilitará el censo de funcionarios y los medios personales y materiales para la celebración de las elecciones”

Visto el literal del artículo trascrito, la primera conclusión que cabe extraer es que existe una Ley que autoriza el tratamiento y comunicación de los datos de carácter personal en el supuesto que nos ocupa.

Es cierto que dicho precepto ni establece quienes deban ser los receptores de dicha comunicación ni cual deba ser el contenido de la misma.

Sin embargo, también a juicio de esta Agencia, de una lectura sistemática de dicha ley pueden sin dificultad despejarse dichas dudas.

De esta manera, por lo que hace a la primera cuestión, una lectura del precepto citado en relación con 13 de la misma ley, (ambos modificados por la Ley 18/1994), de acuerdo con el cual, en lo que ahora interesa “Las organizaciones sindicales con capacidad para promover elecciones tendrán derecho a que la Administración pública correspondiente les suministre el censo de personal funcionario de las unidades electorales afectadas, distribuido por Organismos o centros de trabajo, con el fin de que puedan llevar a cabo tal promoción en los respectivos ámbitos”, la posición sistemática de dicho artículo 21 y la finalidad que persigue el precepto en relación con el contenido mismo de la información que debe incluir (y a la que inmediatamente nos referiremos) permite razonablemente concluir que los destinatarios de la información no puede ser otro que el “cuerpo electoral” que participará en el proceso iniciado.

En relación a la segunda cuestión no es preciso ya, como hacía la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1989 acudir, por analogía, a la Ley Orgánica 5/1995, de 19 de junio, sobre Régimen Electoral General.

Y ello, por cuanto a través del Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre, se aprobó el Reglamento de elecciones a órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado cuyo artículo 14.1, en su párrafo segundo establece

En el censo mencionado se hará constar el nombre, dos apellidos, sexo, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad y la antigüedad reconocida en la función pública, de todos los funcionarios de la unidad electoral

De acuerdo con lo señalado podemos sostener que la publicación de los datos de carácter personal que constan en el censo y, en especial, el relativo a la fecha de nacimiento no se opone a la normativa sobre protección de datos de carácter personal. Por una parte dicho tratamiento sin el consentimiento de los titulares de los datos encuentra anclaje en el artículo 11.2 a) de la LOPD.

Por otra, los datos de carácter personal objeto de tratamiento, y en especial, el relativo a la fecha de nacimiento, no pueden reputarse excesivos, impertinentes o inadecuados en relación con la finalidad que la publicación persigue, que no puede ser otra que la de informar cumplidamente sobre quiénes ostentan en el proceso electoral la condición de

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electores o elegibles, de tal manera que dicha información permita ejercer los derechos que correspondan a dichas personas.

A cuanto se lleva dicho no se opone la regulación contenida en el Decreto 237/2000 de 28 de noviembre, por el que se crea en la Comunidad Autónoma de Euskadi la Oficina Pública, su Comité y la Inspección de Elecciones Sindicales.

IV

Habiendo hecho referencia en el anterior Fundamento a la finalidad del tratamiento de los datos para el caso concreto que nos ocupa, no puede dejar pasar esta Agencia la oportunidad de intentar delimitar el significado y alcance que tal fundamental principio del tratamiento de datos de carácter personal tiene, por referencia concreta al supuesto que se nos plantea.

De esta manera, pareciendo razonable a la Agencia concluir que la finalidad de dicho tratamiento es ofrecer información precisa a los participantes en el proceso electoral sobre quien ostenta la condición de elector y elegible en el mismo, incluyendo aquellos datos que permitan hacer efectiva tal información y consecuentemente posibilite el ejercicio que como tales electores o elegibles les pudiera corresponder, considera necesario afirmar que sólo esta es la finalidad de la actuación llevada a cabo y al cumplimiento de la misma están orientados los concretos datos que en ella se contienen.

Como establece la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 11 de noviembre de 2004, ha de entenderse que

“…tal cesión únicamente puede producirse para fines electorales y por tanto en fechas próximas a la celebración de las correspondientes elecciones, más sin que el precepto habilite para que dicha cesión se verifique para otros objetivos o fines distintos”

Sentencia que, por cierto, se dicta con ocasión de una incorrecta y posterior utilización de los datos contenidos en un censo de funcionarios:

“… y los utilizó para finalidades incompatibles con las que justificaron su recogida, ya que no se trataba de facilitar el censo de funcionaros y los medios de personales y materiales para la celebración de las elecciones, sino de elaborar determinadas tarjetas que incluían descuentos y otras ventajas que fueron remitidas a dichos funcionarios”

Dicho de otra manera, y ahora en los términos de la Sentencia de la misma Sala y del mismo órgano judicial, de 10 de enero de 2002 y también referida al censo electoral de funcionarios, en este caso docentes:

“En efecto, aún aceptando una interpretación amplia o extensiva de la expresión comunidad educativa, el hecho de que son los miembros de este colectivo los únicos que tienen acceso a los datos incluidos en el DOC es suficiente para concluir que tales datos no son subsumibles en la definición de datos accesibles al público contenida en el ya citado artículo 1.3 del Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio. Ello nos conduce a afirmar que no opera la dispensa del requisito del consentimiento prevista en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica y que en consecuencia, al no haber recabado el consentimiento de los interesados que exige

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V

Debe también aprovechar la Agencia la particularidad que supone en el supuesto concreto sometido a su examen el hecho de que uno de los medios a través del cual se ha procedido a publicar la información sea GEUTZEN para recordar lo dicho por la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 6 de noviembre de 2003 en la que se establece que

“24. El concepto de “datos personales” que emplea el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 95/46 comprende, con arreglo a la definición que figura en el artículo 2, letra a), de dicha Directiva “toda información sobre una persona física identificada o identificable”. Este concepto incluye, sin duda,

el nombre de una persona junto a su número de teléfono o a otra información relativa a sus condiciones de trabajo o a sus aficiones.

25. En cuanto al concepto de “tratamiento” de dichos datos que utiliza el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 95/46, éste comprende, con arreglo a la definición del artículo 2, letra b), de dicha Directiva, “cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales”. Esta última disposición enumera varios ejemplos de tales operaciones, entre las que figura la comunicación por transmisión, la difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los datos. De ello se deriva que la conducta que consiste en hacer referencia, en una página web, a datos personales debe considerarse un tratamiento de esta índole.

26. Queda por determinar si dicho tratamiento está “parcial o totalmente automatizado”. A este respecto, es preciso observar que difundir información en una página web implica, de acuerdo con los procedimientos técnicos e informáticos que se aplican actualmente, publicar dicha página en un servidor, así como realizar las operaciones necesarias para que resulte accesible a las personas que están conectadas a Internet. Estas operaciones se efectúan, al menos en parte, de manera automatizada.

27. Por tanto, procede responder a la primera cuestión que la conducta que consiste en hacer referencia, en una página Web, a diversas personas y en identificarlas por su nombre o por otros medios, como su número de teléfono o información relativa a sus condiciones de trabajo y a sus aficiones, constituye un “tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales” en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 95/46”.

Doctrina que, con las necesarias cautelas que exigen las particulares características de GEUTZEN considera esta Agencia aplicable.

Y en dicho sentido, conviene también recordar la necesidad de que en la página Web se informe de la naturaleza de los datos que en ella se recogen (datos de carácter personal) y de la finalidad de la publicación, y se incluya, también, un párrafo informativo en el que

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se deje constancia de que, “estos listados no constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados”. Para ello además, y como una buena práctica, la propia metodología y tecnología de la difusión Web, debería también procurar que no resultara fácil el hacer una descarga de los datos y documentos a los que estamos haciendo referencia.

Por último, es necesario destacar que el mantenimiento de la accesibilidad de los datos debe ajustarse al calendario electoral aprobado, esto es, no deben permanecer públicamente expuestos más allá de la fecha límite fijada para el ejercicio de los derechos a cuya efectividad coadyuva.

CONCLUSIÓN

El tratamiento del dato de carácter personal relativo a la fecha de nacimiento no se opone a la normativa de protección de datos en los términos contenidos en el cuerpo del presente dictamen.

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