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Monterrey, Nuevo León, a treinta de abril de dos mil quince.

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JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTES: SM-JRC-55/2015 Y ACUMULADOS

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

MAGISTRADO PONENTE: MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO

SECRETARIOS: JESSICA LAURA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, ELENA PONCE AGUILAR Y SERGIO IVÁN REDONDO TOCA.

Monterrey, Nuevo León, a treinta de abril de dos mil quince.

Sentencia definitiva que: 1) revoca los fallos dictados por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León en los juicios de inconformidad JI-054/2015, JI-055/2015 y JI- 056/2015, y en vía de consecuencia, se dejan sin efectos los acuerdos dictados por la consejera instructora de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en los recursos de revocación RRC-07/2015, RRC-08/2015 y RRC-09/2015, y las resoluciones emitidas en los recursos de reclamación resueltos por el Consejo General de la citada comisión el veintinueve de marzo del presente año, al advertirse que la indebida precisión del acto reclamado a lo largo de las cadenas impugnativas, derivó en que el análisis de la oportunidad de las impugnaciones primigenias fuera igualmente incorrecto; y 2) en plenitud de jurisdicción analiza las demandas iniciales y, al acreditarse la omisión impugnada, se ordena a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León subsanar la indebida duplicidad de registros acontecida, mediante la prevención a Movimiento Ciudadano y al Partido Humanista, a fin de que realicen las sustituciones atinentes en los registros de las candidaturas en cuestión, en atención a lo previsto en el artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

G L O S A R I O

Comisión Estatal: Comisión Estatal Electoral de Nuevo León

Consejera Instructora: Consejera instructora de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León

LEGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Ley de Medios: Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Ley Electoral Local: Ley Electoral para el Estado de Nuevo León

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PAN: Partido Acción Nacional

Tribunal Responsable: Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

1. ANTECEDENTES

1.1. Periodo de registro de candidatos. El registro de las candidaturas a cargos de gobernador, diputados locales y ayuntamientos en el estado de Nuevo León se llevó a cabo del diecinueve de febrero al quince de marzo de dos mil quince.1

1.2. Acuerdos de registro. El doce de marzo del año en curso, la Comisión Estatal aprobó diversos registros solicitados por el Partido Humanista y Movimiento Ciudadano, de las fórmulas de candidatos al cargo de diputados locales correspondientes a los distritos electorales 5 y 20, respectivamente, así como de las planillas para integrar ayuntamientos de Monterrey y Ciénega de Flores, todos del estado de Nuevo León.

1.3. Recursos de revocación. El PAN promovió ante la Comisión Estatal diversos recursos de revocación a fin de controvertir el registro simultáneo de tres candidatos a los cargos mencionados en el punto anterior, como se muestra en la siguiente tabla:

Expediente del recurso de

revocación integrado

Acuerdo de la Comisión

Estatal Candidato Partido

Político

Distrito y Ayuntamiento en los que se registró

al candidato 1. RRC-07/2015 CEE/CG/RC/264/2015 y

CEE/CG/RC/189/2015

Luis Alberto Quimbar

Salinas

Partido Humanista

Monterrey y Distrito local 5 2. RRC-08/2015

CEE/CG/RC/198/2015 y CEE/CG/RC/266/2015

Vilma Nora Torres Sánchez

Movimiento Ciudadano

Ciénega de Flores y Distrito local 20 3. RRC-09/2015

Guadalupe Cortes Martínez

Movimiento Ciudadano

Ciénega de Flores y Distrito local 20

Los referidos recursos fueron desechados mediante sendos acuerdos de la Consejera Instructora, al considerar que los mismos eran notoriamente improcedentes debido a su extemporaneidad.

1.4. Recursos de reclamación. A fin de combatir dichos acuerdos de desechamiento, el PAN promovió diversos recursos de reclamación los cuales fueron resueltos por el Consejo General de la Comisión Estatal el veintinueve de marzo, en el sentido de confirmar el desechamiento decretado por la Consejera Instructora.

1.5. Impugnación estatal. El PAN promovió diversos juicios de inconformidad en contra de las resoluciones recaídas en los citados recursos de reclamación, los cuales fueron identificados con las claves JI-054/2015, JI-055/2015 y JI-056/2015 respectivamente.

1 Véase artículo 143 de la Ley Electoral Local.

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1.6. Resoluciones impugnadas. El diecisiete de abril, el Tribunal Responsable resolvió los citados juicios y confirmó las determinaciones controvertidas.

1.7. Juicios de revisión constitucional electoral. El veintidós de abril el PAN promovió tres juicios de revisión constitucional electoral en contra de las citadas resoluciones.

1.8. Acumulación. Mediante acuerdo plenario de veintiocho de abril, esta sala regional acordó decretar la acumulación de los expedientes SM-JRC-56/2015 y SM-JRC-57/2015, al identificado con la clave SM-JRC-55/2015, por ser éste el primero que se recibió y registró en este órgano jurisdiccional.

2. COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer de los presentes juicios, pues se controvierten resoluciones dictadas por un Tribunal Responsable, las cuales están relacionadas con el registro de candidaturas a cargos de los ayuntamientos y diputaciones locales, en el estado de Nuevo León, entidad que se ubica dentro de la Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral, sobre la cual esta Sala Regional ejerce jurisdicción.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 195, párrafo primero, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 87, párrafo 1, inciso b), de Ley de Medios.

3. ESTUDIO DE FONDO

3.1. Planteamiento del caso

El presente asunto tiene su origen en la incompatibilidad de los registros simultáneos que aprobó la Comisión Estatal de diversos candidatos a cargos de elección popular locales en el estado de Nuevo León, postulados por el Partido Humanista y Movimiento Ciudadano, situación que fue controvertida mediante sendos recursos de revocación interpuestos por el PAN al considerar que se contraviene lo dispuesto por el artículo 11 de la LEGIPE.

Dichos medios de impugnación fueron desechados mediante los acuerdos dictados por la Consejera Instructora al considerar que en los mismos se actualizaba una causa notoria de improcedencia al no haber sido interpuestos dentro del plazo legal de cinco días que previene el artículo 320 de la Ley Electoral Local. Tales determinaciones fueron controvertidas mediante diversos recursos de reclamación en los cuales el Consejo General de la Comisión Estatal determinó convalidar los desechamientos decretados, resoluciones que a su vez fueron combatidas ante el Tribunal Responsable quien resolvió confirmar las mismas.

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Inconforme con lo resuelto por el órgano jurisdiccional local, el PAN promovió los juicios de revisión constitucional electoral que nos ocupan, en los cuales hace valer los siguientes motivos de disenso:

a) El Tribunal Responsable fue omiso en pronunciarse respecto al agravio hecho valer por el PAN en el sentido de que el Consejo General no fue exhaustivo al no analizar su argumento en cuyos términos se dolía de que el pronunciamiento sobre la oportunidad de su medio de impugnación primigenio no debía ser materia de un acuerdo de mero trámite dictado por la Consejera Instructora, toda vez que no se trataba de una causal de improcedencia que resultara notoria, manifiesta e indudable, por lo cual debía ser razonada en una “sentencia”.

b) El Tribunal Responsable indebidamente determinó que los actos impugnados en la demanda primigenia no son actos de tracto sucesivo, toda vez que omite considerar que los registros simultáneos no se sujetan a un plazo específico para controvertirlos, ya que la violación al artículo 11 de la LEGIPE así como los derechos de votar y ser votado en condiciones de equidad, se siguen actualizando diariamente mientras sigan ostentando simultáneamente dos candidaturas.

c) En este mismo sentido, el PAN aduce que el Tribunal Responsable realizó un análisis indebido de su causa de pedir, pues su intención no era impugnar aisladamente cada uno de los registros, sino combatir la incompatibilidad e ilegalidad derivada de la subsistencia de dichos registros a la vez en una misma persona.2

d) El Tribunal Responsable omitió explicar la razón por la cual, aun cuando siguiera subsistiendo dicha incompatibilidad, la acción jurisdiccional intentada se consideraba fuera de tiempo.

Esta sala se avocará en primer término a analizar el argumento del PAN en cuyos términos se duele de una indebida precisión del acto reclamado pues, de resultar procedente, las confirmaciones de los desechamientos serían insostenibles, ya que implicaría que el análisis de la oportunidad se realizó en forma inadecuada y por tanto, ello bastaría para revocar las sentencias combatidas y por ende, dejar sin efectos las determinaciones que decretaron y confirmaron los desechamientos controvertidos.

Sólo en caso de que no asista la razón al partido actor en este motivo de disenso, esta sala analizará los restantes agravios.

2 En las demandas de los juicios de inconformidad locales, el PAN adujo que la autoridad administrativa electoral no tomó en cuenta que las violaciones que mediante los recursos de revocación fueron impugnadas derivan de una omisión de la Comisión Estatal de revisar la aplicación de la ley en los registros de candidaturas. Por tanto, el partido actor, afirmó que debe entenderse que las violaciones subsisten en tanto la autoridad administrativa electoral demuestre haber cumplido con su labor de verificación respectiva, y por tanto debió declararse oportuna su impugnación.

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3.2. El acto impugnado fue indebidamente identificado por la autoridad administrativa electoral

Asiste la razón al PAN en cuanto a que, desde el inicio de sus respectivas cadenas impugnativas, se realizó una incorrecta determinación del acto reclamado, lo que derivó en que se declaran extemporáneos sus recursos primigenios de forma equivocada, como enseguida se razona.

En los acuerdos dictados por la consejera instructora de la Comisión Estatal mediante los cuales se decretaron los desechamientos aludidos se razonó, que actor se dolía de “la emisión de sendos acuerdos de aprobación de candidaturas que emitió el Consejo General de la Comisión Estatal el día doce de marzo,” por tanto analizó la oportunidad de sus recursos tomando en consideración la fecha en que los referidos acuerdos fueron notificados al PAN – trece de marzo –, así determinó que el plazo de cinco días3 había corrido en exceso, ya que la presentación de sus recursos aconteció el día veintiuno de marzo, lo cual concluyó, era causa suficiente para tener por acreditada la causal de improcedencia prevista por el artículo 317, fracción III, de la Ley Electoral Local.4

Mientras que en las resoluciones dictadas en los recursos de reclamación el Consejo General de la Comisión Estatal determinó que el recurrente controvirtió los acuerdos CEE/CG/RC/264/2015 y CEE/CG/RC/189/2015 así como CEE/CG/RC/198/2015 y CEE/CG/RC/266/2015, por los cuales se aprobaron los registros de candidaturas a los cargos de diputados locales y miembros de las planillas de los ayuntamientos de Monterrey y Ciénega de Flores, respectivamente, solicitados por el Partido Humanista y Movimiento Ciudadano a favor de Luis Alberto Quimbar Salinas, Vilma Nora Torres Sánchez y Guadalupe Cortes Martínez.5

Así sostuvo que el actor no combatió de manera frontal las consideraciones que tuvo en cuenta la Consejera Instructora para determinar que los recursos de revocación fueron presentados de manera extemporánea, es decir, el partido político inconforme no expresó razones suficientes para demostrar que la aplicación del artículo 317, fracción II de la Ley Electoral Local resultaba violatorio en su perjuicio, pues, a consideración de dicha autoridad, el PAN se limitó a expresar que los actos controvertidos eran de tracto sucesivo, lo cual, a juicio de la Comisión Estatal, no es así, pues “los acuerdos impugnados” no producen efectos de manera alternativa, con diferentes actos, por tanto, al ser dichos acuerdos los actos generadores del pretendido agravio o inconformidad, determinó que a partir de su aprobación y ulterior notificación, resultaba

3 Plazo previsto por el artículo 320, fracción II, de la Ley Electoral Local.

4 Artículo 317. Se entenderán como notoriamente improcedentes, y por lo tanto deberán desecharse de plano los recursos o las demandas de juicios de inconformidad, que: […] III. Sean presentados fuera de los plazos señalados en la Ley; […]

5 Consúltese página diez de las respectivas resoluciones emitidas por el Consejo General de la Comisión Estatal para resolver los recursos de reclamación interpuestos por el PAN.

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incuestionable la existencia de un punto fijo de partida para considerar iniciado el transcurso del plazo para su eventual impugnación.

Ante la instancia local el PAN se quejó de que la autoridad administrativa electoral no tomó en cuenta, al resolver sus recursos de reclamación, que las violaciones que mediante los recursos de revocación fueron impugnadas derivan de una omisión de la Comisión Estatal de revisar la aplicación de la ley en los registros de candidaturas. En ese tenor, el partido actor, afirmó que debía entenderse que las violaciones subsisten hasta en tanto la autoridad administrativa electoral demuestre haber cumplido con su labor de verificación respectiva, y por tanto, debieron revocarse las determinaciones que desecharon sus recursos y declararse la oportunidad de los mismos.

El Tribunal Responsable precisó que los actos primigeniamente impugnados eran los acuerdos de fecha doce de marzo de dos mil quince, mediante los cuales se registró a diversos candidatos del Partido Humanista y Movimiento Ciudadano a distintos cargos de elección popular,6 y sobre esta base, convalidó lo resuelto en los recursos de reclamación, al sostener que la violación reclamada es un requisito relativo al registro, el cual debió controvertirse en el pazo de cinco días a partir de la notificación respectiva, ya que los acuerdos de registro solo pueden impugnarse en el lapso previsto legalmente para ello y al no ser controvertidos se consintieron tácitamente.

Asimismo, consideró que los acuerdos de registro de candidaturas no eran de tracto sucesivo, pues no se estaba ante una actitud de omisión por parte de la

“autoridad demandada”, ya que la responsable – Consejo General de la Comisión Estatal – “atendió y resolvió el recurso de reclamación interpuesto contra el recurso de revocación por el que se determinó la causal de improcedencia atinente a la presentación extemporánea de la demanda.”7

Sin embargo, de los escritos de los recursos de revocación del PAN, se advierte que dicho partido controvierte lo que él denomina como “el registro simultáneo”

de diversos candidatos, situación que a su consideración emana de los acuerdos de aprobación de registro respectivos, lo cual genera una vulneración constante a los principios que deben prevalecer en la contienda comicial, por lo cual argumentó que ante tal circunstancia no era posible determinar el inicio del plazo para impugnar ya que se debe tener en cuenta que la violación de la que se

6 El Tribunal Responsable precisó que los actos primigeniamente impugnados eran los acuerdos de fecha doce de marzo de dos mil quince, mediante los cuales se registró a diversos candidatos del Partido Humanista y Movimiento Ciudadano a distintos cargos de elección popular. Véase la nota al pie número cinco de cada una de las sentencias reclamadas.

7 Véanse las páginas 10 y 11 de las sentencias dictadas en los juicios de inconformidad JI- 054/2015, JI-055/2015 y JI-056/2015.

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duele persiste hasta que la autoridad revoque la aprobación simultánea de tales postulaciones, en conformidad con el artículo 11 de la LEGIPE.8

Así resulta claro que la intención del PAN nunca fue controvertir aisladamente los acuerdos de registro en cuestión, sino una situación generada a partir de la subsistencia de ambos registros. En consecuencia, esta sala estima que el partido actor se duele de una actitud omisiva a cargo de la autoridad electoral local, por lo siguiente:

a) El partido actor aduce que combate una situación irregular que genera una vulneración constante a diversos principios que rigen el proceso electoral.

b) Ante esa irregularidad, el PAN estima que existe una obligación por parte de la autoridad electoral local de advertirla y reaccionar a efecto de impedir que dicha situación persista.

Por tanto, al combatirse una omisión, la autoridad administrativa electoral debió considerar oportunas las impugnaciones mientras subsistiera la obligación a cargo del órgano responsable de pronunciarse sobre la supuesta irregularidad detectada.9

Así, se advierte que la imprecisión del acto reclamado que predominó a lo largo de las cadenas impugnativas que nos ocupan, tuvo una incidencia directa en la indebida determinación y confirmación de los desechamientos inicialmente combatidos, esto es así ya que el referido defecto derivó en que el análisis de la oportunidad de las impugnaciones primigenias fuera igualmente incorrecto.

Una vez evidenciada la deficiencia aludida y al haberse acreditado la oportunidad de los recursos de revocación presentados por el PAN, lo conducente es revocar las sentencias de diecisiete de abril, emitidas por el Tribunal Responsable en los juicios de inconformidad JI-054/2015, JI-055/2015 y JI-056/2015, y en vía de consecuencia, dejar sin efectos todas aquellas determinaciones que decretaron y confirmaron los desechamientos controvertidos, es decir, los acuerdos dictados por la Consejera Instructora en los recursos de revocación RRC-07/2015, RRC- 08/2015 y RRC-09/2015, y las resoluciones emitidas en los recursos de reclamación resueltos por el Consejo General de la Comisión Estatal el veintinueve de marzo del presente año.

4. PLENITUD DE JURISDICCIÓN

Ante este panorama, lo ordinariamente procedente sería ordenar a la autoridad administrativa electoral que, tomando en cuenta las consideraciones aquí

8 Véase la página 4 de los escritos del PAN por los cuales presentó recursos de revocación visibles en los cuadernos accesorios únicos de los expedientes de mérito.

9 Véase la jurisprudencia 15/2011 de rubro: “PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES”. Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, pp. 29 y 30.

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vertidas, se avocara al análisis de la procedencia de los recursos primigenios y, en caso de no advertir alguna causal de improcedencia diversa, atendiera el fondo de los asuntos de mérito.

Sin embargo, a juicio de esta sala regional, existe causa fundada para asumir plenitud de jurisdicción,10 pues resulta apremiante resolver en definitiva la materia en controversia en el menor tiempo posible, en virtud de lo avanzado del periodo de campañas11 en el proceso electoral que tiene verificativo en el Estado de Nuevo León, pues de resultar fundadas las alegaciones del partido actor, se ordenaría a la Comisión Estatal efectuar las acciones correspondientes a fin de corregir la supuesta irregularidad, lo cual implicaría la modificación de los registros de diversos candidatos a cargos de elección popular del Partido Humanista y Movimiento Ciudadano.

Por lo cual, con fundamento en el artículo 6, apartado 3, de la Ley de Medios, esta sala regional procede a atender las impugnaciones del PAN y a emitir una resolución con plenitud de jurisdicción, mediante la sustitución de la Comisión Estatal responsable encargada de dictar las determinaciones atinentes.

4.1. Procedencia de los recursos de revocación

Los recursos de revocación son procedentes pues, como ha quedado acreditado, mediante ellos se combaten actitudes omisivas de la Comisión Estatal en la etapa de preparación de la elección, de conformidad con el artículo 286, fracción I, inciso a), numeral 2, de la Ley Electoral Local.

Además, se tienen por satisfechos los requisitos previstos en los artículos 297 y 302 de la Ley Electoral Local, y se observa que no se actualiza alguna causal de improcedencia o sobreseimiento de las previstas por los numerales 317 y 318 del mismo ordenamiento, de conformidad con lo siguiente:

4.1.1. Requisitos formales. Se tienen por acreditados los mismos, ya que el recurso se presentó por escrito y en él constan la denominación del partido actor y la firma autógrafa de su representante; se identifica el acto impugnado y a la autoridad responsable, se mencionan los hechos en que se basa su impugnación, los agravios que se estiman generados, los preceptos presuntamente violados y los fundamentos de derecho.

4.1.2. Oportunidad. Se tiene por satisfecho este requisito, toda vez que se controvierte la supuesta omisión de la Comisión Estatal de subsanar la duplicidad de registros de diversos candidatos a cargos de elección popular.

10 Resulta ilustrativa la Tesis XIX/2003 de rubro: PLENITUD DE JURISDICCIÓN. CÓMO OPERA EN IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS ELECTORALES. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, pp. 49 y 50.

11 El cual inició el seis de marzo del año en curso.

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Así, ante la impugnación de una omisión, debe entenderse, en principio, que el mencionado acto genéricamente entendido se realiza cada día que transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo y, en esa virtud, mientras subsista la obligación de actuar a cargo de la autoridad responsable, debe considerarse oportuna la demanda.

4.1.3. Legitimación y personería. Se cumple con la exigencia prevista en el artículo 302 de la Ley Electoral Local, ya que el promovente es un partido político que acude mediante su representante debidamente acreditado ante la Comisión Estatal.

4.2. Estudio de fondo

4.2.1. Planteamiento del caso

El PAN se queja de que Luis Alberto Quimbar Salinas, Vilma Nora Torres Sánchez y Guadalupe Cortes Martínez, fueron registrados simultáneamente como candidatos a diputados locales de mayoría relativa y a diversos cargos de ayuntamientos en el Estado de Nuevo León, situación que afirma se encuentra prohibida en términos del artículo 11 de la LEGIPE.

Ante ello, aduce que la violación generada por dicha irregularidad persistirá hasta en tanto la autoridad electoral local revoque la aprobación simultánea de tales postulaciones. Por tanto, hace valer sus inconformidades ante lo que significa para él una actitud omisiva por parte de la Comisión Estatal de acatar la prohibición prevista en la ley general.

Así, esta sala debe dirimir en primer término, si ante la duplicidad de registros de un mismo candidato para distintos cargos locales de elección popular, la Comisión Estatal se encuentra compelida a actuar en consecuencia a fin de remediar la referida anomalía.

Sólo en caso de que tal deber encuentre fundamento, se estudiará si en efecto, se acredita la actitud omisiva de la autoridad electoral local, para finalmente determinar qué acciones se deben llevar a cabo en esta situación.

4.2.2. La Comisión Estatal está obligada a prevenir y en su caso, rectificar la duplicidad de registros de un mismo candidato para distintos cargos locales de elección popular

En la normativa electoral local no se encuentra expresamente prevista la prohibición de que una misma persona sea registrada como candidata a diversos cargos de elección popular. Sin embargo, esta sala ha sostenido que la falta de

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previsión no es obstáculo para la aplicación, en el ámbito local, de la prohibición contenida en el artículo 11 de la LEGIPE,12 como enseguida se razona.13

El artículo 41, base I, primer párrafo, de la Constitución Federal impone un mandato al legislador ordinario para determinar las formas específicas de intervención de los partidos políticos en el proceso electoral, así como los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Conforme con este postulado constitucional es en la “ley” en donde deben precisarse la forma y términos en que los institutos políticos participarán en las elecciones.

Ahora bien, por “ley” debe entenderse no sólo la legislación federal o local que rija los comicios de que se trate, sino que a partir de la reforma constitucional publicada el diez de febrero de dos mil catorce, también lo serán las disposiciones generales cuyo ámbito de aplicación es tanto para elecciones federales como locales.

Efectivamente, el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales para que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales, conforme a las bases previstas en la propia Constitución Federal. De ahí que, el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, prevea que aquellos aspectos en materia electoral que las constituciones y leyes electorales de los estados están obligados a garantizar, se deben desarrollar de manera congruente con lo establecido en la propia ley fundamental y las leyes generales.

En materia electoral, el Congreso expidió dos leyes generales: una que dispone, entre otras cuestiones, normas, plazos y requisitos de los partidos políticos, nacionales y locales, para intervenir en los procesos electorales federales y de las entidades federativas, (Ley General de Partidos Políticos) y otra, que además de regular las funciones del Instituto Nacional Electoral, en entre otras situaciones, establece cuestiones generales que aplican en materia de instituciones y procedimientos electorales en el ámbito federal y estatal (LEGIPE)14.

Por tanto, la regulación sobre el tema de registro de candidatos que realicen las legislaturas de los estados, no solo debe respetar los principios constitucionales y un criterio de “razonabilidad”, sino que también están sujetos a no contravenir lo establecido en la Constitución Federal y las leyes generales emitidas por el

12 Artículo 11. 1. A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro de los estados, de los municipios o del Distrito Federal. En este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro respectivo.

13 Véase la sentencia emitida por esta sala regional el pasado diecisiete de abril en los expedientes SM-JRC-34/2015 y acumulados.

14 Véase el artículo transitorio segundo, del decreto de reforma de la Constitución Federal de diez de febrero de dos mil catorce.

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Congreso de la Unión, como lo es la LEGIPE, pues en este tema no existe disposición constitucional que reserve exclusivamente a los congresos estatales su resolución, como sí existe en otros casos.15

Así, el artículo 116, fracción IV, constitucional establece que las bases en materia electoral se encuentran tanto en la Constitución Federal como en las leyes generales, por lo que las Constituciones locales y leyes de los Estados deben ajustarse a las mismas.16 Esto último implica que la LEGIPE es obligatoria para las entidades federativas tanto en su aplicación directa como al momento de legislar sobre la materia.

Tomando en cuenta que el artículo 11 se encuentra dentro del Libro Segundo de la LEGIPE, en el cual se incluyen las disposiciones relativas a la integración de los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión y de las entidades federativas, así como de los ayuntamientos y, específicamente, en el título primero referido a la participación de los ciudadanos en las elecciones,17 es dable concluir que la referida disposición aplica tanto para elecciones federales como locales.

Una vez acreditada la existencia de la prohibición de registrar a una misma persona como candidato a distintos cargos de elección popular locales en el mismo proceso electoral, se determinará si ello implica la exigencia de una actitud activa a cargo de la Comisión Estatal.

De conformidad con los artículos 43 y 45 de la Constitución Local, la organización de las elecciones es una función estatal que se ejerce bajo los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, máxima publicidad e independencia y se lleva a efecto por un órgano independiente y autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas funciones e integración serán determinados por la ley estatal en materia electoral, la cual también regulará y garantizará el desarrollo de los procesos electorales.

Así, el artículo 3 de la Ley Electoral Local, dispone que el Estado a través de los organismos electorales y demás autoridades competentes, los partidos políticos y los ciudadanos, son corresponsables de la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, en los términos de esta ley. El citado numeral enuncia como principios rectores de la función electoral: la equidad, independencia, imparcialidad, legalidad, objetividad y certeza, definitividad, máxima publicidad y

15 Por ejemplo, el desarrollo legislativo de los sistemas electorales de mayoría relativa y de representación proporcional en la elección de diputados locales corresponde exclusivamente al ámbito estatal, de acuerdo al artículo 116, fracción II, tercer párrafo de la Constitución Federal, según lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucional 22/2014 y acumuladas.

16 Artículo 116.- El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. […] IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: a) […]

17 Véase Libro Segundo, Título Primero, capítulo II de la LEGIPE.

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transparencia, asimismo establece que las autoridades del Estado, están obligadas a garantizar la efectividad del sufragio.

Por otra parte, el artículo 85, fracción I y VI de la Ley Electoral Local establece entre los fines de los organismos electorales – entre ellos la Comisión Estatal18 –, contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento del sistema de partidos políticos; garantizando el cumplimiento de los principios rectores del proceso electoral contenidos en la Constitución Estatal.

Tomando en consideración que entre las facultades y obligaciones de la Comisión Estatal, se encuentra la de registrar las candidaturas a los puestos de elección popular en el Estado,19 así como todas aquellas obligaciones que la ley general le confiera, es viable concluir que el artículo 11, numeral 1, de la LEGIPE, al establecer que a ninguna persona podrá “registrársele” como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral, previene un mandato en sentido negativo dirigido al organismo encargado de esta actividad, en este caso a la Comisión Estatal, a efecto de abstenerse de otorgar dos registros a una misma persona.

Lo anterior no implica que la obligación a cargo del citado organismo electoral local se deba circunscribir sólo a actuar preventivamente a fin de evitar otorgar un segundo registro a una misma persona, ni mucho menos que tal acción deba ocurrir sólo al momento de emitir los acuerdos de procedencia de registro.

A efecto de sustentar lo anterior es preciso analizar el procedimiento que debe seguir la Comisión Estatal en el proceso de registro de candidaturas, en términos de los artículos 417 y 418 de la Ley Electoral Local:

a) La Comisión Estatal recibirá de los partidos políticos y de las coaliciones las listas de los candidatos con su documentación correspondiente, devolviendo sellado y fechado el duplicado de las listas.

b) Dentro de los cinco días siguientes, revisará la documentación de los candidatos y si éstos cumplen con los requisitos previstos por la Ley, registrará su postulación.

c) Si la solicitud de registro de la candidatura no es acompañada por la documentación correspondiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos por la Constitución Local y la Ley Electoral Local, se prevendrá al partido postulante y al ciudadano cuyo registro se solicita, a fin de que en un término que no exceda de setenta y dos horas, presenten

18 De conformidad con el artículo 87, de la Ley Electoral Local, la Comisión Estatal Electoral es el órgano público local electoral en el Estado, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y autónomo en su funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y profesional en su desempeño. Es responsable de la preparación, dirección, organización y vigilancia de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios para la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos que se realicen en la entidad y tiene las facultades establecidas en dicha ley.

19 De conformidad con el artículo 67, fracción XX, de la Ley Electoral Local.

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ante la Comisión Estatal la documentación faltante, en la inteligencia que de no atenderse la prevención, se tendrá por no presentado el registro correspondiente.

d) En caso que del análisis de la documentación presentada por el partido político o coalición postulante se desprenda que el ciudadano es inelegible para el cargo de elección popular que pretende ocupar, la Comisión Estatal rechazará el registro del candidato, fundando y motivando las causas que motivaron ese acuerdo.

e) La admisión o el rechazo serán notificados a los interesados dentro de un plazo de veinticuatro horas posteriores al fallo.

f) El registro o negativa de una candidatura podrá ser impugnada, mediante los recursos que establece la presente Ley.

g) La Comisión Estatal comunicará a las comisiones municipales electorales el acuerdo sobre el registro o rechazo de las candidaturas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se tome.

De lo expuesto, se advierte que los aspectos que deberán ser analizados al momento de determinar la procedencia de una candidatura son aquellos que acrediten el carácter de elegible de un candidato, entendiendo como tales aquellas cualidades o condiciones inherentes a la persona, tales como lo son la nacionalidad, edad, residencia efectiva, entre otros requisitos de carácter negativo.

Sin embargo, la prohibición de un registro simultáneo no es un requisito de elegibilidad en tanto no atañe a las cualidades inherentes de la persona, y por tanto no forma parte de aquellos aspectos cuyo cumplimiento deba forzosamente acreditarse o desestimarse al momento de emitir el acuerdo de procedencia de postulación.

Así, tomando en consideración que dicha previsión sólo dispone una condicionante para que una persona pueda obtener y conservar su registro como candidato, se estima que su inobservancia puede traer como consecuencia que dicho registro sea denegado o bien cancelado.

Por tanto, la prohibición del artículo 11 de la LEGIPE establece un deber de actuar de la Comisión Estatal tanto en el sentido de prevenir como en el sentido de corregir la irregularidad en cuestión, sin que exista un momento determinado por la legislación atiente para efectuar tales acciones.

En ese tenor, se estará en posibilidad de ordenar las sustituciones necesarias en uno de los dos registros, en cuanto sea advertida la referida irregularidad.

Si bien uno de los principios rectores de la función electoral previsto en los artículos 41, base V, y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, es el de certeza, el cual debe garantizarse en favor de los candidatos registrados, dicho principio debe entenderse como inserto en la propia Constitución Federal y,

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consecuentemente, instaurado para la protección de los derechos y libertades a cuyo servicio se estructura todo el ordenamiento jurídico.20

En este sentido, atendiendo a las circunstancias del caso, deberá privilegiarse el derecho de voto activo de los ciudadanos, ya que la finalidad de la prohibición de ostentar dos candidaturas es precisamente garantizar la autenticidad y eficacia del voto. Esto es así porque en caso de que se permitiera que una misma persona ostentara más de una postulación, y éste candidato resultara ganador en ambos cargos, sería el referido candidato el que tendría que elegir a cuál cargo accedería,21 lo que implicaría que la voluntad del electorado no se viera reflejada en el resultado de los comicios quedando al arbitrio de un solo individuo el efecto del sufragio.

4.2.3. Acreditación de la omisión impugnada

Esta sala estima que asiste la razón al PAN en cuanto a la inactividad de la Comisión Estatal de pronunciarse y establecer medidas a fin de remediar la

duplicidad de registros acontecida.

En principio, se debe señalar que en autos se encuentra acreditada la existencia de los registros simultáneos señalados por el PAN, según consta en las copias certificadas de los acuerdos de registro CEE/CG/RC/264/2015, CEE/CG/RC/189/2015, CEE/CG/RC/198/2015 y CEE/CG/RC/266/2015, constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno al ser documentos expedidos por una autoridad en materia electoral en términos de los artículos 14, párrafo 4, y 16, párrafo 2 de la Ley de Medios. De tales constancias se desprenden los siguientes datos:

Acuerdo de registro emitido por la Comisión

Estatal

Candidato Partido

Político

Distrito y Ayuntamiento en los que se registró

al candidato CEE/CG/RC/264/2015 y

CEE/CG/RC/189/2015 Luis Alberto Quimbar Salinas Partido Humanista

Monterrey y Distrito local 5

CEE/CG/RC/198/2015 y CEE/CG/RC/266/2015

Vilma Nora Torres Sánchez Movimiento Ciudadano

Ciénega de Flores y Distrito local 20 Guadalupe Cortes Martínez Movimiento

Ciudadano

Ciénega de Flores y Distrito local 20

De las referidas constancias, también se desprende que la Comisión Estatal, al emitir dichos acuerdos, omitió pronunciarse sobre la coincidencia de postulaciones, lo cual implica que al momento de registrar a los candidatos la autoridad no advirtió la irregularidad en cuestión. Además, en autos no consta ni la autoridad demuestra que haya emprendido acciones en relación a esta situación.

Por tanto, es de concluirse que la omisión impugnada se encuentra acreditada.

20 Similar criterio se sostuvo en la sentencia del juicio ciudadano SM-JDC-732/2013.

21 En términos de lo previsto por el artículo 50, segundo párrafo de la Constitución Estatal.

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Así las cosas, resulta innecesario el estudio de los restantes agravios hechos valer por el partido actor,22 toda vez que estos se encuentran relacionados con un supuesto pronunciamiento de la Comisión Estatal, el cual no aconteció, como ha quedado acreditado.

Por lo anterior, procede ordenar a la Comisión Estatal a que actúe en consecuencia a efecto de remediar la duplicidad de registros acontecida en los presentes asuntos.

5. EFECTOS DEL FALLO

Por lo expuesto resulta procedente:

5.1. Revocar las sentencias dictadas por el Tribunal Responsable en los juicios de inconformidad JI-054/2015, JI-055/2015 y JI-056/2015.

Y en plenitud de jurisdicción:

5.2. Dejar sin efectos los acuerdos dictados por la Consejera Instructora en los recursos de revocación RRC-07/2015, RRC-08/2015 y RRC-09/2015, y las resoluciones emitidas en los recursos de reclamación resueltos por el Consejo General de la Comisión Estatal el veintinueve de marzo.

5.3. Ordenar a la Comisión Estatal que, a partir de la notificación que se le realice del presente fallo, de inmediato prevenga al partido Movimiento Ciudadano y al Partido Humanista, respectivamente, a fin de que, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de dicha prevención, comuniquen cuál de los registros deberá prevalecer y realicen las sustituciones atinentes en las restantes postulaciones, bajo el apercibimiento de que en caso de no acatar el requerimiento en el plazo establecido, subsistirán las primeras candidaturas solicitadas y se cancelarán los segundos registros.

La Comisión Estatal deberá informar a esta Sala Regional sobre el cumplimiento dado al presente fallo, dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que se hubiere acatado de manera definitiva o se haya hecho efectivo el apercibimiento realizado, haciendo llegar para ello, original o copia certificada de las constancias que lo acrediten fehacientemente.

Se apercibe a la autoridad electoral local, que en caso de no dar cumplimiento a esta determinación en el plazo establecido, se le aplicará la medida de apremio que se juzgue pertinente, de conformidad con los artículos 32 y 33 de la Ley de Medios.

6. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se revocan las sentencias locales impugnadas.

22 Agravios que el PAN identifica como el uso indebido del principio pro homine y uso fraudulento de las normas relativas a la campaña.

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SEGUNDO. En plenitud de jurisdicción, se dejan sin efectos las resoluciones señaladas en el apartado 5.2. del presente fallo.

TERCERO. Se ordena a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León que proceda en los términos indicados en el apartado 5.3. de esta sentencia.

CUARTO. Agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los expedientes acumulados.

NOTIFÍQUESE personalmente al Partido Acción Nacional, por oficio al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León y a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, y por estrados a los demás interesados.

Así lo resolvió la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, por unanimidad de votos de los Magistrados que la integran, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO

MAGISTRADO

YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ

MAGISTRADO

REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

IRENE MALDONADO CAVAZOS

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