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MANUAL SOBRE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO PÚBLICO

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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.

MANUAL SOBRE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO PÚBLICO

Juan Pablo Guerrero Amparán

Mariana López Ortega

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P R E S E N T A C I O N

El principal objetivo del presente manual es facilitar la comprensión y el análisis del presupuesto federal en México. Este documento forma parte de un conjunto de manuales que ha producido un equipo de análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación que se formó en el Centro de Investigación y Docencia Económicas en 1997, bajo el Programa de Presupuesto y Gasto Público, con los auspicios de la Fundación Ford.

Este manual aborda una de las tres clasificaciones del gasto público utilizadas por el gobierno federal, específicamente la clasificación funcional. Esta clasificación presenta el gasto a realizar por el gobierno conforme a los objetivos buscados o prioridades específicas que se tengan. Como veremos la clasificación funcional al igual que la clasificación administrativa y la económica, es de suma importancia para el análisis del presupuesto, pues revela prioridades del gasto público: hacia dónde irán los recursos, quiénes serán los responsables de ejecutar este gasto, de que forma podemos verificar y exigir que se cumplan los programas y actividades propuestos.

La estructura de este trabajo es la siguiente: en un primer apartado comenzaremos con algunas consideraciones generales, pero no por ello menos importantes, con respecto al presupuesto. En seguida presentaremos un apartado referente al presupuesto en México: el Sistema de Presupuestación, el Proceso Presupuestario. Finalmente, se presenta el tema especifico de este manual, la Dimensión Funcional del Gasto.

Por otra parte, para lograr un mejor entendimiento, y dar una aplicación práctica a esta dimensión funcional del gasto, incluimos tres anexos que presentan el caso particular de la clasificación funcional y la nueva estructura programática para el sector de educación pública, con la finalidad de que el lector tenga una visión más clara de cómo se presenta esta clasificación del gasto.

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I N D I C E

I. INTRODUCCIÓN

1. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL PRESUPUESTO?

2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROCESO PRESUPUESTARIO

II. EL PROCESO PRESUPUESTARIO EN MÉXICO

1. EL SISTEMA DE PRESUPUESTACIÓN EN MÉXICO A. Contexto Histórico

B. Contexto Actual

III. LAS CLASIFICACIONES DEL GASTO PUBLICO: CLASIFICACION FUNCIONAL 1. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y LA NUEVA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2. CLASIFICACION FUNCIONAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA

FEDERACIÓN IV. CONCLUSIONES V. BIBLIOGRAFÍA

ANEXO 1 ESTUDIO DE CASO: SECTOR EDUCACION PUBLICA ANEXO 2 GLOSARIO DE TÉRMINOS

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I. INTRODUCCIÓN

1. ¿Por qué es importante el presupuesto?

Vamos a partir de esta pregunta, y para darle respuesta vamos a enumerar a continuación varios puntos que nos parecen fundamentales.

1. El presupuesto está compuesto por recursos que se extraen a la sociedad y representa cargas fiscales en grupos sociales. Se relaciona con el poder del estado de meter la mano en los bolsillos y decidir sobre su asignación.

2. Revela las prioridades del gobierno y permite evaluarlo a través de la revisión- auditoría.

3. El peso macroeconómico del presupuesto (crecimiento, empleo, inflación, estabilidad). Las políticas de ingreso y de asignación del gasto público son elementos clave de la política económica: tienen impactos definitivos en el crecimiento de la economía y en el desarrollo social; son además impactos de largo alcance. Con particular fuerza en países en vías de desarrollo como México, el presupuesto público estimula la acumulación de capital físico y la inversión en capital humano.

Por ejemplo, políticas tributarias y políticas de gasto son instrumentos fundamentales para paliar la insuficiencia en el ahorro interno, absorber el costo de la deuda (interna y externa), contener el alza de precios, mantener la estabilidad macroeconómica y reasignar recursos y esfuerzos hacia programas sociales –educación, mejora en los servicios de salud, disminución de los grados de pobreza, provisión de seguridad pública, creación de infraestructura, desarrollo regional, alientos a la producción, etc.- y la inversión en capital físico y humano, motor del desarrollo. En contrasentido, políticas de ingreso y egresos erróneas pueden impactar negativamente a la sociedad.

4. El peso microeconómico del presupuesto (distribución del ingreso, educación, servicios, oportunidades), con la asignación de recursos para prestar servicios que demanda la sociedad. En contextos democráticos, esas políticas se someten a escrutinio y debate públicos. Sabemos que el mercado favorece la generación y distribución de la riqueza, pero que al mismo tiempo ese reparto de los beneficios acaba siendo desigual.

La democracia, basada en el principio de la igualdad política, “puede paliar esas desigualdades a través de la política fiscal acordada en los órganos de representación popular y garantizar así un piso mínimo de bienestar para el conjunto de los ciudadanos. Todo estado democrático desarrollado tiene la necesidad de imponer gravámenes para financiar gasto social, y procurar así alcanzar un delicado equilibrio entre esa recolección de impuesto y ese gasto, y el estímulo a la inversión tanto en bienes públicos como en los que provienen de los agentes privados”1.

1 Elizondo, Carlos. Foro sobre Política Tributaria. México: CIDE, octubre de 1998.

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Así, las políticas de ingresos y de gasto públicos están en el centro de esas dos tensiones (piso mínimo de bienestar – gasto social- e inversión privada –crecimiento económico).

5. El presupuesto es la sustancia del funcionamiento gubernamental, de los programas: los recursos del estado. El estado funcionar (poder ejecutivo, legislativo, judicial), para, para cumplir con sus funciones básicas (provisión de bienes y servicios públicos) y constitucionales, requiere de recursos. Cualquier acción gubernamental, requiere de un aparato administrativo que necesita recursos públicos.

Estos recursos se generan a través de las funciones estatales de levantar impuestos, producir algunos bienes, prestar algunos servicios, emitir y contratar deuda pública.

6. El presupuesto tiene una fuerte relación con la política (impacto político) y con el poder. La acción gubernamental tiene un impacto determinante en la estructura política: la consolida, la erosiona, siempre la modifica. Las acciones gubernamentales debilitan o favorecen a grupos, regiones, sectores. Desde esta perspectiva, el presupuesto es parte clave de la política, pues asigna recursos.

2. Consideraciones generales sobre el proceso presupuestario

Aaron Wildavsky sugirió que un presupuesto es una serie de objetivos con etiquetas de precios adheridas.2 Nos dice también que los propósitos de los presupuestos pueden ser tan variados como los propósitos humanos.

Puede suponerse entonces que la variedad de objetivos lleva a variedad de procesos presupuestarios. No obstante, estos procesos comparten ciertas características de las que vamos a hablar a continuación.3

El proceso presupuestario puede dividirse en cuatro fases: la preparación, por parte del poder ejecutivo, la revisión por parte del poder legislativo, la ejecución y la auditoría o evaluación.

Este proceso no es lineal en realidad, sino que los ciclos se enciman unos con otros en los sistemas presupuestales anuales, pues, al tiempo que se prepara el presupuesto, se ejecuta el del año anterior, y se prepara también la cuenta pública para su revisión legislativa.

El ciclo presupuestario permite un seguimiento fijo y regular de las políticas y los programas, ya que por lo regular los ciclos presupuestales se basan en calendarios de años fiscales. En México opera el ciclo de presupuesto anual.

En otros países, existen experiencias de presupuestos bianuales.

2 Wildavsky, Aaron. The politics of the budgetary process. New York: Little Brown, 1964.

3 McCaffery, Jerry, “Features of the Budgetary Process”, en Roy T. Meyers , Handbook of government budgeting.

San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1999. pp.3-29.

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Resulta complicado el presupuesto bianual por el esfuerzo de pronóstico que se tiene que hacer, y en el cual se incurre en un mayor riesgo de equivocarse (por lo que generalmente incluye mayores partidas para las emergencias).

Sin embargo, puede tener sus ventajas: en dos años, se reducen los costos de la preparación presupuestal, así como los gastos, se ofrece mayor oportunidad para la planeación de mediano plazo, un mayor plazo para la deliberación legislativa, la evaluación de programas y la supervisión. Por su parte, el presupuesto anual ofrece la ventaja de una mayor precisión en las estimaciones, reduce la discrecionalidad del ejecutivo (pues el legislativo puede verificar cada año el desempeño), y se eliminan sesiones especiales así como constantes ajustes (esto se exacerbaría en un contexto macroeconómico inestable).

Algunos autores han sostenido que predomina el presupuesto anual porque de esta forma las agencias gubernamentales tienen mayor facilidad para responder a los ajustes de la política del ejecutivo, y más oportunidades de solicitar más fondos públicos.

Hay otra característica que vale la pena mencionar aquí: el papel del conflicto en la presupuestación. El conflicto es endémico en el presupuesto: los recursos nunca son suficientes para el conjunto de las demandas, lo cual genera competencia por esa escasez.4

Por otra parte, los principales actores del presupuesto pueden mostrar diferencias en aspectos clave: sobre quién recaerá el mayor peso fiscal, qué programas serán expandidos y recortados, de qué tamaño será el déficit fiscal, etc.

Asimismo, el conflicto en torno al presupuesto tiene su lado positivo: permite que se genere atención en torno al proceso, lo cual incita a participar a diversos sectores sociales. Esto favorece un mejor escrutinio.

La competencia por los recursos públicos se da entre regiones, clases sociales, grupos de interés y burocracias, así como entre los distintos partidos políticos. La competencia se expresa:

1. Entre proyectos y programas gubernamentales

2. Entre estrategias para el suministro o prestación de servicios 3. Entre los actores del presupuesto, por la asignación de recursos

• Tensión entre el poder ejecutivo y el legislativo

• Entre los distintos comités del Congreso

• Entre la oficina central del presupuesto y las agencias y departamentos

• Entre las agencias burocráticas

• Entre las comunidades y representantes sociales y las oficinas públicas

4 Ver a Irene S. Rubin, “Understanding the role of conflict in budgeting”, en Roy T. Meyers, Handbook of government budgeting. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1999. pp.30-51.

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Todo proceso presupuestal debe anticipar recursos, canales, instituciones que permitan la resolución de esos conflictos: descentralización de los recursos, marco legal claro y conciso, eliminar candados en la asignación de los recursos, entre otros.

II. EL PROCESO PRESUPUESTARIO EN MÉXICO

El poder ejecutivo está organizado en un conjunto de diversas instituciones que forman la Administración Pública Federal. A su vez, esta última está clasificada en dos grandes grupos con características y propósitos bien diferenciados.

En el primer grupo están las dependencias de la administración centralizada, que se integra por 17 secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y cuyas atribuciones están consignadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por su parte, la Procuraduría General de la República tiene autonomía pues se rige por su propia ley orgánica (y su titular debe ser ratificado por el Congreso). En este primer grupo se incluyen también 69 órganos desconcentrados, constituidos para el cumplimiento de tareas específicas y que jurídica y administrativamente forman parte de las secretarías de Estado y de la PGR.

El segundo grupo es el de las entidades de la administración paraestatal que reúne a un total de 213 organismos desconcentrados, empresas de participación estatal, instituciones de crédito, institucionales nacionales de seguros y fianzas y fideicomisos públicos. Estas entidades se rigen por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. La administración paraestatal se compone de entidades productoras de bienes o prestadoras de servicios, que aunque podrían ser proporcionados por lo particulares, el Estado decide hacerlo por conducto de empresas u organismos de los cuales es propietario, por razones de interés público o estratégicas, entre otras cosas.

Para los efectos de la programación, coordinación y conducción, las dependencias de la administración central agrupan por sectores a las entidades paraestatales con las que tienen mayor afinidad en cuanto a funciones. La máxima autoridad administrativa de las entidades está constituida por el órgano de gobierno, presidido regularmente por un representante de la dependencia que actúa como coordinadora de sector.

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1. EL SISTEMA DE PRESUPUESTACIÓN EN MÉXICO

A. Contexto Histórico

A través de los años, hemos visto como el Presupuesto ha cambiado y se ha transformado principalmente conforme se presentaron cambios en el país y fundamentalmente en torno al desarrollo y planeación económica y social.

Notemos que en 1824, con nuestra primera Constitución Mexicana, la cual establece el Sistema Presidencialista en México, se dispone que en materia de Finanzas Públicas por primera vez el Ejecutivo debía de rendir cuentas regularmente al Poder Legislativo. Por su parte, el Congreso expide una ley que organiza la Hacienda Pública Federal y sus respectivos organismos y mecanismos de control. A su vez, a la Secretaría de Hacienda le son conferidas atribuciones para operar los fondos y es a su vez obligada a presentar una vez al año un presupuesto que incluyera las partidas de ingresos y egresos de cada unidad administrativa. Finalmente, se crea la Contaduría Mayor de Hacienda dentro de la Cámara de Diputados para que se encargara de llevar un control externo sobre los recursos.

Este sistema prevalece hasta 1917, año en que vemos surgir una nueva Constitución misma que presenta varios cambios en términos de Presupuestación y Finanzas Públicas. En primera instancia, la Contaduría Mayor de Hacienda, como Órgano Superior de Control Externo es elevada a rango Constitucional por lo cual obtiene facultades por encima del resto de las entidades gubernamentales. Como contraparte, se crea dentro del Gobierno Federal el Departamento de la Contraloría que funcionará como Órgano de Control Interno.

Este organismo se crea respondiendo al aumento injustificado del gasto y una mala administración del mismo por parte del gobierno. En 1932, el Departamento de Control Interno pasa a formar parte de la Secretaría de Hacienda y tres años mas tarde se crea la Ley Orgánica del Presupuesto con la intención de regular y reglamentar la forma, composición y seguimiento de todos aquellos temas relacionados con el Presupuesto.

Para 1947 hay dos entidades que inciden de manera importante en las Finanzas Públicas: la Secretaría de Hacienda quien prepara y ejecuta el presupuesto, ejerciendo el control previo de los gastos a través de la Tesorería; y la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa quien tenía entre sus funciones principales ejecutar y vigilar las obras públicas, la administración de bienes del gobierno, y la realización de estudios para mejorar la administración pública.

Mas adelante, se crea dentro del marco de la Secretaría de Hacienda, el Comité de Inversiones para encargarse de coordinar los planes y programas de Inversión de las distintas dependencias, entidades y organismos descentralizados. Para 1959 surge la Secretaría de la Presidencia quien junto con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Patrimonio Nacional se encargaron de planear, coordinar y vigilar la inversión pública.

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En la década de los sesenta, se empieza a ver un mayor número de cambios dirigidos principalmente hacia la regulación de la forma de presupuestación y control que se realiza. Estos procesos fueron claramente reflejo de cambios realizados a nivel mundial en torno a los procesos de presupuestación.

A principios de la década de los setenta, se aplica el llamado Sistema de Presupuestación Tradicional el cual era fundamentalmente un instrumento para autorizar gastos y agrupar erogaciones, de acuerdo con la línea de responsabilidad y la jerarquía administrativa.

Así, el Presupuesto Tradicional se dividía primero en los 3 poderes del estado, después en los ministerios o secretarías y por último entre el resto de las unidades administrativas, hasta llegar a las partidas individuales.5

Sin embargo, con el tiempo se vio que este sistema tenía serios huecos o fallas principalmente por el hecho de que las asignaciones que se realizaban no estaban sujetas a un proceso de planeación o siquiera a metas específicas.

Por otra parte, tampoco contaba con un mecanismo que permitiera obtener una idea certera de los efectos de estos gastos, es decir, de los resultados obtenidos o por lo menos a dónde específicamente se destinaban los recursos. El no contar con estos elementos, aunado a grandes cambios en la esfera internacional que apuntaban hacia un impulso al desarrollo económico y social, así como el contar con un gobierno cada vez más eficiente y eficaz, situaciones que impusieron nuevos retos al Estado mexicano.

Es por esto que, en términos de presupuestación y finanzas públicas se decidió realizar cambios dentro del Sistema Presupuestario para intentar que éste respondiera a las necesidades de contar con un instrumento de política económica. Esto ocasionó un movimiento hacia los llamados Presupuestos por Programas (PPP) el cual presenta importantes cambios sobre todo en torno a la evaluación de resultados.

Específicamente, en 1976 se crea la Secretaría de Programación y Presupuesto y se establece formalmente el Sistema de Presupuesto por Programas. Este sistema va a agrupar los gastos según los programas a realizar y las metas concretas que deberán de cumplirse para así, como se mencionó anteriormente, vincular los gastos que se realizan con los resultados obtenidos.

Pasaron prácticamente veinte años en los cuales se utilizó este sistema hasta que en 1997 se empezó a hacer un análisis profundo del sistema presupuestario ya que se consideraba que ya no respondía a las necesidades y condiciones tanto del Gobierno Federal como del país en general y presentaba serias limitaciones a lo largo del Proceso de Administración del Gasto que impedían lograr un desempeño realmente eficiente. Las principales limitaciones que se encontraron son6:

5Rosas Arceo, Alfredo. La Crisis Fiscal del Presupuesto Público Mexicano. México: Ediciones Técnico Científicas, SA de CV, UAM- Iztapalapa, 1992. Página 178

6Chávez Presa, Jorge. La Nueva Estructura Programática. Presentación. México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1997.

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♦ La información programática era insuficiente para controlar la orientación e impacto futuro sobre decisiones actuales en la política de gasto.

♦ Concentraba la negociación presupuestal en la adquisición de insumos.

♦ Dificultaba dar flexibilidad operativa a los programas y vuelve rígida la ejecución del gasto.

♦ Se dedican ocho meses a integrar la documentación presupuestaria y su uso se reduce prácticamente a dos ocasiones: el periodo de su aprobación y la presentación de la Cuenta Pública Federal.

♦ El contenido programático no se utilizaba a lo largo del ejercicio.

♦ Inhibía la iniciativa de la Unidad Responsable para lograr ahorros y buscar eficiencia.

♦ El enfoque de las auditorías se centraba en el cumplimiento normativo y nunca en la obtención de resultados.

♦ No permitía identificar programas cuyos resultados son desfavorables o no están alineados a objetivos estratégicos para que puedan cancelarse o alinearse, dependiendo del caso.

Estas limitaciones definieron a su vez los objetivos o metas que se buscaría obtener al momento de planear las reformas al sistema presupuestario. La reforma iniciada en 1997 y que dio lugar a la Nueva Estructura Programática, aplicada a partir de 1998, se basó en dos innovaciones fundamentales respecto a los procesos anteriores:

♦ Replanteamiento integral de la estructura programática

♦ Introducción de Indicadores Estratégicos para la evaluación y monitoreo tanto de los programas como de las principales actividades gubernamentales y los responsables de ejecutarlas.

La estructura programática anterior se basaba en una definición de “funciones”, “programas”, “subprogramas” y

“proyectos”, de acuerdo con las necesidades prioritarias o aparentes, y a los cuales se les asignaba un presupuesto de acuerdo únicamente a la obtención de metas, sin que reflejaran en ningún momento vinculación alguna con el Plan Nacional de Desarrollo o con el resto de los Programas Sectoriales y Especiales.

Por su parte, la Nueva Estructura Programática es un conjunto de “categorías” y “elementos programáticos” que sirven para dar orden y dirección al gasto público en su clasificación funcional, y definir el ámbito de la aplicación del gasto público dentro de la economía nacional, es decir, hacia dónde irán los recursos.

Específicamente, las categorías programáticas clasifican al gasto para identificar lo que se va a hacer con los recursos públicos, nos define cuantitativamente y detalladamente el universo de la acción del gobierno por medio de

“funciones”, “subfunciones”, “programas sectoriales”, “programas especiales”, “actividades institucionales”,

“proyectos institucionales” y “proyectos de inversión”.

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Por su parte, los elementos programáticos contienen la información cualitativa de lo que se pretende obtener a través de la asignación de los recursos públicos, en otras palabras, definen los atributos de las categorías programáticas.

Los elementos programáticos son: Misión, Propósito Institucional, Objetivo, Indicadores Estratégicos, Metas del Indicador. Mas adelante veremos una descripción detallada tanto de las categorías como de los elementos programáticos.

B. CONDICIÓN ACTUAL

Toda acción del gobierno federal en México está sustentada en planes y programas específicos. De igual manera, todo recurso público debe estar también respaldado por un programa que presenta el respaldo legal para su ejercicio.

La planeación, como marco de las acciones gubernamentales, está fundamentada legalmente en la Constitución y la Ley de Planeación. De ahí deriva el Plan Nacional de Desarrollo, documento sexenal preparado por el ejecutivo para normar obligatoriamente sus programas institucionales, sectoriales y especiales, y para orientar la coordinación de sus tareas con los otros poderes y los órdenes estatales y municipales.

Los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo tienen una vigencia que no excede la del propio Plan.

En ellos se especifican los objetivos, prioridades y políticas de cada sector administrativo. Contienen estimaciones de recursos y determinan responsables de su ejecución. Estos programas dan lugar a otros en los que se definen las acciones a realizar en el corto plazo, y que son la base para integrar los anteproyectos de presupuesto anual de las dependencias y entidades.

La programación del gasto público federal se concreta en el anteproyecto de presupuesto elaborado de acuerdo con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, con el reglamento de dicha ley y con los lineamientos específicos que emite la Secretaría de Hacienda, como el manual para el Ejercicio del Gasto del Gobierno Federal.

La Secretaría de Hacienda se encarga, además, de sancionar los anteproyectos individuales de presupuesto operativo anual de las dependencias y las erogaciones globales previstas por los poderes Legislativo y Judicial, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las dependencias y entidades deben contar con órganos encargados de planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar sus propias actividades.

En cualquier caso, los ejecutores de los recursos públicos están obligados a proporcionar a la SHCP y a la Contraloría la información que se les solicite.

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El proceso de presupuestación es el siguiente:

Febrero – Agosto

Junio – Agosto

Julio – Agosto

Julio – Agosto

Agosto – Octubre

Septiembre- Octubre

Noviembre Diciembre 15

Ajustes en la Estructura Programá tica

Preparación del proyecto de Presupuesto

Determinación de las referencias de gasto

Preparación de los Programas Operativos Anuales

Determinación de los techos presupuestarios

Formulación e integración del proyecto de presupuesto

Se examina, discute y aprueba el proyecto de Presupuesto

Entre julio y agosto, las diversas agencias gubernamentales proponen a la Secretaría de Hacienda un anteproyecto de presupuesto para cubrir las necesidades de financiamiento para sus diversos programas. Ocurre entonces la negociación dentro de los aparatos burocráticos, en donde cada grupo, sector, comunidad o región ligada a algún programa o partida presupuestal, hace su presión para lograr atención a través de los recursos públicos.

Para orientar normativamente a esas solicitudes, la Secretaría de Hacienda ofrece una serie de documentos guía a las agencias gubernamentales, como los lineamientos de la Nueva Estructura Programática, el manual para la elaboración de los programas operativos anuales, el manual para el ejercicio del gasto del gobierno federal, etc.

Todos estos son documentos que ofrecen un soporte técnico a las diversas solicitudes de recursos.

Un instrumento fundamental para el control del presupuesto, es el diseño de los techos financieros. Una vez que la Secretaría de Hacienda tiene una idea sobre cuál será su capacidad de financiamiento, y con el objetivo de mantener equilibrio en las finanzas públicas, establece techos financieros, en donde en pocas palabras informa a las agencias el límite de gasto que tienen. Esta es una función central de la Secretaría de Hacienda que elimina el riesgo de tener un déficit.

La aprobación del presupuesto

El 15 de noviembre inicia la etapa de aprobación del presupuesto. El ejecutivo tiene tres funciones relativas al presupuesto: iniciativa, ejercicio y control. A través del secretario de Hacienda, se presenta y se explican la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por su parte, ambas cámaras deben discutir y aprobar la Ley de Ingresos, mientras que solamente la Cámara de Diputados discute y aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación (después de la Ley de Ingresos).

Posteriormente, es facultad de la Cámara de Diputados supervisar que se cumpla la ejecución del presupuesto en los términos acordados.

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Los procesos de negociación de 1997 y 1998 mostraron lo inadecuado del diseño legal y de las prácticas en materia de aprobación presupuestal7.

1. En primer lugar, es indispensable que el Congreso cuente con más tiempo para estudiar, discutir y negociar las iniciativas de ley presentadas por el Ejecutivo. El periodo de 30 días que marca la Constitución es, a todas luces, insuficiente para que los legisladores puedan hacer su trabajo de manera seria y eficiente.

2. Además de requerir mas tiempo, es necesario que los legisladores cuenten con apoyo técnico tanto material como de personal para que pueda elaborar análisis sobre algunos aspectos altamente especializados.

Este apoyo técnico y de asesoría deberá contar con personal profesionalizado (con autonomía y apartidista) y contar con los recursos y el acceso a la información necesarios para presentar estudios que faciliten a los legisladores la discusión de la propuesta presidencial.8

3. En tercer lugar, es necesario prever algún tipo de mecanismo correctivo en el caso en el que los legisladores no lleguen a un acuerdo sobre las iniciativas que envíe el ejecutivo.

4. Finalmente, es necesario resolver si el Presidente tiene o no la facultad para vetar (o no promulgar) el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados.

La presentación del paquete fiscal

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (que se envía junto con la iniciativa de Ley de Ingresos, la Miscelánea Fiscal, y el año pasado, la propuesta de reforma de la Ley de Coordinación Fiscal para crear dos fondos de aportaciones federales nuevos), se conforma por un conjunto de documentos, en total cinco tomos.

El Presupuesto de Egresos de la Federación se elabora con base en los objetivos del PND (1995-2000) y otros planes torales, como el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (1997-2000) y los Criterios Generales de Política Económica para 1999 e integra las propuestas de erogaciones enviadas al presidente por el poder legislativo y el poder judicial y el Instituto Federal Electoral (que transmite simplemente esas propuestas).

En 1999, por ejemplo, el ejecutivo enfatizó seis aspectos en su Presupuesto de Egresos: impulso a la seguridad pública, incremento en el gasto social, mayor inversión pública en el sector energético, fortalecimiento del federalismo (o descentralización de recursos públicos), sostener el apoyo para el desarrollo rural y ofrecer más información y detalle con respecto al PEF y las cuentas públicas (para un uso más eficaz de los recursos y para atender a esa demanda ciudadana).

7 Los siguientes puntos provienen del folleto Programa de Presupuesto y Gasto Público, México: CIDE, 1999.

8 La recientemente creada Oficina de Estudios sobre Finanzas Públicas del Congreso puede caminar en ese sentido.

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Los criterios generales de política económica son el fundamento "teórico" sobre los cuales descansan varios supuesto esenciales de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.

Cabe mencionar que si el gobierno parte de supuestos macroeconómicos equivocados, el conjunto de sus predicciones con respecto al gasto público será erróneo: déficit público, déficit en cuenta corriente, y tasas de crecimiento reales en el gasto en los llamados sectores prioritarios.

El primer tomo del PEF contiene la exposición de motivos (subdividida en seis apartados: 1-4 consideraciones acerca del nivel y la composición del gasto público, los principales programas y proyectos que conforman el gasto programable, los textos del Congreso e IFE y los componentes del gasto no programable. El apartado 5 contiene los resultados presupuestarios del sector público y el 6 la Iniciativa de Decreto del PEF 1999. Es en este primer tomo, en el apartado: Análisis del Gasto Público, en el cual se presentan las distintas dimensiones o clasificaciones del gasto, entre ellas, la clasificación funcional.

El segundo y tercer tomos comprenden la información programática y analítica de los poderes legislativo y judicial, el IFE y los ramos administrativos y generales del gobierno federal. El cuarto tomo se ocupa del presupuesto de ingresos y egresos de los organismos y empresas de control directo presupuestario y el quinto tomo los flujos de efectivo de las entidades bajo control indirecto.

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III. LAS CLASIFICACIONES DEL GASTO PÚBLICO: LA CLASIFICACION FUNCIONAL

Las dimensiones o clasificaciones presupuestarias se han creado para dar forma y estructura a los datos contables del gasto público permitiendo así, la realización de diversos aspectos, entre otros10:

• El análisis de los efectos económicos de las actividades del gobierno.

• El estudio y la determinación del ingreso y del gasto del gobierno sobre el desarrollo económico.

• Permitir la formulación de los programas, calculando los ingresos y gastos de acuerdo a las necesidades sociales de la población.

• Lograr una eficiencia en la contabilidad de los ingresos y los gastos gubernamentales.

• Lograr una adecuada programación de las actividades gubernamentales.

• Ordenar el gasto público en los procesos de planeación, programación y presupuestación.

En México, el ejercicio del gasto público del gobierno federal se realiza a través de distintas dimensiones o clasificaciones: Administrativa, Económica, Funcional. Estas clasificaciones del presupuesto presentan grandes ventajas para el gobierno en el ejercicio de sus funciones ya que ordenan las operaciones que éste realiza, además de que presentan una forma o asignación estructurada de los recursos y los datos presupuestarios, quién ejerce estos recursos, hacia que secretarías, programas o actividades específicas se asignan los mismos. Todo esto nos permite realizar un análisis del gasto público a través de estas clasificaciones del gasto, no solo en desde el punto de vista de la administración pública que ejerce este gasto, sino mas importante aún desde el punto de vista de la sociedad quien podrá conocer, y verificar este caso potenciando la posibilidad de pedir cuentas a los responsables de ejecutar los recursos.

Como veremos, cada una de estas clasificaciones tiene características particulares principalmente en la forma en que presentan el gasto, sin embargo, el utilizar o combinar las tres nos da la posibilidad de realizar un mejor análisis del presupuesto y del gasto público federal. Las clasificaciones del gasto público son:

Clasificación Administrativa: Presenta los gastos de acuerdo a las unidades administrativas del gobierno federal, sus organismos y empresas públicas, es decir, identifica a aquellas unidades específicas encargadas de ejecutar el gasto.

Esta clasificación tiene por objeto facilitar el manejo y control administrativo de los recursos.

Clasificación Económica: Permite clasificar los renglones del gasto público en gasto corriente o de capital. El gasto corriente es aquel que no aumenta los activos del gobierno, mientras que el gasto de capital incrementa la capacidad productiva así como la inversión física directa y la inversión financiera. Esta distribución permite medir la influencia

10Molina López, Guillermo Eduardo. Planificación, programación y presupuestación. México: UNAM, 1983. Páginas 99-120.

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que ejerce el gasto público en la economía. Esta clasificación nos permite ver cuánto gasta el gobierno federal para realizar sus funciones, cumplir con algunas obligaciones como son salarios, pensiones y jubilaciones, entre otras.

Clasificación Funcional: Esta clasificación agrupa los gastos por función y subfunción de acuerdo con aquello para lo cual serán destinados. Su objetivo es presentar una descripción que permita informar sobre la naturaleza de los servicios gubernamentales y la proporción de los gastos públicos que se destinan a cada tipo de servicio. La clasificación funcional es muy importante ya que en ella vemos reflejados los objetivos y prioridades de inversión y desarrollo del gobierno federal. Estas prioridades se ven reflejadas en funciones o actividades específicas que nos muestran que o cuántos recursos se asignarán para llevarlas a cabo. Desde el punto de vista de la sociedad es muy importante pues podemos ver si estas prioridades reflejadas en programas y actividades reflejan las necesidades o prioridades de la sociedad.

1. La Clasificación Funcional del Gasto y la Nueva Estructura Programática

A medida que el gasto público se ha ido diversificando y las prioridades nacionales han cambiado, las clasificaciones de este gasto también han ido cambiando. La Clasificación Funcional surge por primera vez en 1954 al adoptarse el Presupuesto Tradicional, en este momento esta clasificación identificaba al gasto destinado a las funciones que constitucionalmente le correspondía efectuar al gobierno. La información se presentaba por funciones que mostraban el gasto en acciones más generales, y subfunciones que presentaban gastos en aquellas acciones más específicas.

A partir de 1976, con la creación del Presupuesto por Programas, se formularon la clasificación administrativa, económica, funcional y sectorial. En este momento, la clasificación funcional es sometida a diversas reformas para coincidir con los cambios en el Sistema Presupuestario.

Así, se modifica la estructura y se cuenta con Función, Programas, Subprogramas y Proyectos. No fue si no hasta casi veinte años mas tarde, que se comenzó a estudiar la posibilidad de reformar el sistema presupuestario, lo que originó, a partir de 1998, un nuevo cambio en la estructura programática y por ende en las clasificaciones del gasto público, particularmente la clasificación funcional.

Con la Nueva Estructura Programática (NEP) implementada a partir de 1998, la clasificación funcional se ve ampliamente modificada para presentar una estructura detallada sobre las prioridades, acciones, y asignaciones que hará el gobierno federal. Además se le vincula estrechamente con la clasificación administrativa, económica y por objeto de gasto en un sistema integral de planeación, programación y presupuesto que resulte realmente útil como herramienta tanto para asignar el gasto como para medir el desempeño de los programas y sus ejecutores directos, y mejorar así, el desempeño global de la Administración Pública Federal.

La clasificación funcional nos va a mostrar la naturaleza de las responsabilidades gubernamentales que el marco legal, por medio de la Constitución Política, le confiere al Sector Público Federal. Dentro del Presupuesto de Egresos

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de la Federación, estas responsabilidades son grandes agregados, actividades muy generales que requieren una apoyo de actividades específicas tales como los programas, proyectos y actividades a realizar.

En contraste con la clasificación administrativa y la económica, la clasificación funcional da un panorama más específico sobre las actividades del sector público federal.

Asimismo, nos va a revelar las prioridades asociadas a las asignaciones de gasto así como la manera en que se van a realizar u obtener los objetivos planteados en las diversas políticas públicas. Otra contribución importante de esta clasificación es que nos permite conocer y analizar los resultados e impactos obtenidos por los bienes que provee y los servicios que presta el gobierno; al comparar, por ejemplo, asignaciones hacia acciones específicas que realiza el gobierno federal en cierto periodo de tiempo.

La clasificación funcional se expresa a través de una estructura programática que tiene el propósito de ordenar y clasificar las acciones del Sector Público, así como delimitar y relacionar la aplicación del gasto a estas acciones.

Esta estructura está hoy en día definida por la Nueva Estructura Programática (NEP).

Es importante notar que cada una de las clasificaciones tiene gran utilidad, sin embargo la utilización de las tres en forma conjunta nos dará información de mucho mas valor. Si se une el análisis de estas tres clasificaciones con los indicadores de desempeño establecidos en la NEP, podremos obtener grandes conocimientos no solo del gasto global del gobierno, sino que también sobre los niveles de crecimiento, logros y resultados obtenidos.

Como sabemos, dentro de la NEP, la clasificación funcional adquirió no solo una nueva estructura, sino también más peso dentro del proceso presupuestario, principalmente en cuanto a la utilidad que puede tener en su uso en torno al análisis de las prioridades en las políticas y asignaciones de recursos por parte del gobierno federal. A continuación analizaremos la Clasificación Funcional dentro del esquema de la Nueva Estructura Programática.

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La NEP comprende a las siguientes categorías y elementos programáticos:

CATEGORÍAS CLAVE DENOMINACIÓN

F FUNCIÓN

SF SUBFUNCIÓN

PS PROGRAMA SECTORIAL

PE PROGRAMA ESPECIAL

AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PI PROYECTO INSTITUCIONAL

PK PROYECTO DE INVERSIÓN

ELEMENTOS CLAVE DENOMINACIÓN

MS MISIÓN

PIN PROPÓSITO INSTITUCIONAL

OBJ OBJETIVO

IE INDICADOR ESTRATÉGICO

MI META DEL INDICADOR

Cuadro I. FUNCIONES

CLAVE DENOMINACIÓN

FUNCIONES DE GASTO PROGRAMABLE

FUNCIONES DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL 01 LEGISLACIÓN

02 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

03 ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES 04 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

05 SOBERANÍA DEL TERRITORIO NACIONAL 06 GOBIERNO

14 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SHCP. Catálogo de Categorías Programáticas de la Administración Pública Federal, y Jorge Chávez Presa. La Nueva Estructura Programática. Presentación. México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1997.

Las Categorías nos muestran en forma desagregada y por medio de jerarquías, las metas y objetivos del sector público, así como las acciones que pretende llevar a cabo para lograrlos. Asimismo, nos presentan información que permiten ir del nivel más agredo (Función) hacia los mas detallados (proyectos y actividades).

Por su parte, los Elementos se utilizan para dar información cualitativa sobre aquello que se propone lograr con la asignación de recursos, es decir, nos proporciona información cualitativa sobre las categorías, las cuales a su vez nos muestran información cuantitativa o monetaria sobre estos propósitos.

Para vincular las categorías con los elementos están las Unidades Responsables.

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FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 07 EDUCACIÓN 08 SALUD

09 SEGURIDAD SOCIAL 10 LABORAL

11 ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL 12 DESARROLLO REGIONAL Y URBANO FUNCIONES PRODUCTIVAS

13 DESARROLLO AGROPECUARIO 15 ENERGÍA

16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

17 OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS

FUNCIONES DE GASTO NO PROGRAMABLE

18 DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL

19 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

21 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

La Función corresponde a la máxima agregación de la clasificación del gasto público, representa los campos de acción que el marco jurídico y la sociedad establecen para el sector público; es decir, su ámbito de competencia.

Además, muestra la dirección estratégica que se da a los recursos públicos.

Como podemos ver en el Cuadro 1, dentro de la NEP se contemplan 21 funciones, las cuales se determinaron con base en metodologías internacionales de clasificación de gasto y de acuerdo con las características del sector público federal en México.

La clasificación funcional del gasto se basa en dos principios: el de unidad y universalidad11. El principio de unidad consiste en que hay un solo presupuesto y no varios, siendo dicha unidad exigible por ser la forma que permite apreciar con mayor exactitud las obligaciones del poder público. El principio de universalidad consiste en que todos los gastos públicos deben estar autorizados por el presupuesto y tiene grado constitucional establecido por el artículo

11 Catálogo de Categorías de la Administración Pública Federal. México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Subsecretaría de Egresos, 1999.

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126, que dispone que no podrá hacerse pago alguno que no esté consignado en el presupuesto o determinado por ley posterior.

De las 21 funciones, 17 describen el gasto programable, y cuatro el gasto no programable: Deuda Pública del Gobierno Federal; Participaciones y Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios; Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores y Saneamiento del Sistema Financiero.

La Subfunción muestra un desglose de las funciones y establece campos más específicos de acción de la Administración Pública Federal. La NEP incorpora 55 subfunciones para identificar de una manera mas detallada las acciones del sector público.

Cuando las actividades institucionales que llevan a cabo las unidades responsables atienden de manera simultánea a varias subfunciones dentro de una función, es decir, cuando encontramos actividades institucionales que no es posible concentrar en una subfunción específica dentro de una unidad responsable, deberá utilizarse la subfución

“00” Subfunción de Servicios Compartidos, con la finalidad de mantener el principio de universalidad.

Cuadro 2. FUNCIONES Y SUBFUNCIONES

CLAVE DENOMINACION

01 LEGISLACIÓN 02 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

03 ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES 04 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

05 SOBERANÍA DEL TERRITORIO NACIONAL 06 GOBIERNO

00 Subfunción de Servicios Compartidos

01 Política Interior

02 Política Exterior

03 Seguridad Pública

04 Servicios Financieros, fiscales y Estadísticos EDUCACIÓN

00 Subfunción de Servicios Compartidos

01 Educación básica

02 Educación Media Superior

03 Educación Superior

04 Educación de Posgrado 05 Educación Para Adultos 06 Ciencia y Tecnología

07 Desarrollo Cultural

08 Educación Física y Deporte

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09

08 SALUD

00 Subfunción de Servicios Compartidos 01 Servicios de Salud Pública

02 atención Médica

03 Producción de Bienes para la Salud

09 SEGURIDAD SOCIAL

00 Subfunción de Servicios Compartidos 01 Regulación de la Seguridad Social 02 Pensiones y Jubilaciones

03 Seguros 04 Otros Servicios de la Seguridad Social

10 LABORAL

11 ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL 12 DESARROLLO REGIONAL Y URBANO

00 Subfunción de Servicios Compartidos 01 Urbanización 02 Vivienda

03 Agua Potable

04 Drenaje y Tratamiento de Aguas

05 Desarrollo Regional

13 DESARROLLO AGROPECUARIO

00 Subfunción de Servicios Compartidos 01 Agrícola y Pecuario

02 Agroindustrial 03 Hidroagrícola

04 Asuntos Agrarios

05 Banca y Seguro Agropecuario

14 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 00 Subfunción de Servicios Compartidos

01 Medio Ambiente

02 Pesca y Acuacultura 03 Suelo y Recursos Forestales 15 ENERGÍA

00 Subfunción de Servicios Compartidos 01 Hidrocarburos 02 Electricidad 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

00 Subfunción de Servicios Compartidos

01 Infraestructura carretera

02 Infraestructura Portuaria

03 Comunicaciones 04 Transporte 17 OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS

00 Subfunción de Servicios Compartidos 01 Fomento a la Industria y el Comercio 02 Fomento al Turismo

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18 DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL 01 Deuda Pública Interna

02 Deuda Pública Externa

19 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 01 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

02 Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios 20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 21 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

El Artículo 22 de la Ley de Planeación, contempla en su contenido la elaboración de Programas Sectoriales, y los define como aquéllos que forman parte y son congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Su vigencia no rebasa el período constitucional de la gestión gubernamental.

Por consiguiente, el PND y los programas sectoriales representan el gran marco de referencia para la planeación, programación y presupuesto. Para cumplir con los propósitos de las políticas públicas y tener un adecuado nivel de detalle para la ejecución resulta conveniente que, además de los programas sectoriales, en algunas ocasiones se hace necesario especificar Programas Especiales, los cuales definen objetivos y tareas concretas, como describiremos mas adelante.

La NEP sólo incluye estos dos tipos de programas como categorías programáticas, ya que por diseño y codificación, todos aquellos programas regionales serán claramente acciones que sólo se aplican en algunas entidades federativas.

Por otra parte, los programas institucionales serán los programas que presenten las entidades paraestatales.

Asimismo, cuando la dependencia o entidad participe o tenga relación con más de un programa sectorial, las actividades institucionales se asociarán con el programa sectorial que tenga mayor peso o impacto.

La NEP considera 36 programas sectoriales; de éstos, 35 corresponden al gasto programable, 32 de los cuales están enunciados en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (se incorporan cambios en denominación y adición de programas); y, tres programas se han asimilado a programas sectoriales para aquellos ejecutores que no participan específicamente en alguno de ellos. En efecto, dado que el PND sólo cubre el ámbito de acción del Poder Ejecutivo Federal, y con el propósito de conservar la universalidad e integridad del gasto, se asimilaron como programas sectoriales el Legislativo, y el de Impartición de Justicia para los Poderes Legislativo y Judicial, respectivamente.

Con igual fin, para las dependencias y entidades que no participan en algún programa sectorial como son:

Presidencia de la República, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina, sus programas especiales y/o actividades institucionales se vincularán directamente a los objetivos planteados en el PND. Por lo anterior, el propio PND se ha considerado como programa sectorial. Por último, el programa sectorial 36 ha sido establecido para identificar al Gasto no Programable. es decir, clasifica el gasto dirigido cubrir el costo financiero de la deuda, los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) y las Participaciones a Entidades Federativas y Municipios.

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Los Programas Especiales buscan representar de una forma mas concreta los propósitos específicos para lograr los objetivos de los programas sectoriales. Asimismo, se refiere a un planteamiento específico de las políticas gubernamentales que cumple con los requisitos muy específicos principalmente: identificación precisa del problema a resolver o situación a mejorar; contienen un planteamiento claro sobre su propósito, objetivos e indicadores para su evaluación; identifican claramente una población objetivo así como las acciones a realizar y los tiempos precisos para realizarlas; determina claramente la duración del programa aún cuando este trascienda un periodo gubernamental; cuenta con un responsable de integrar y coordinar todos los procesos del programa; se realiza una evaluación previa a su aplicación, de los costos- beneficios del programa.

Por sus características, un programa especial podrá formar parte de una o varias funciones. Asimismo, siempre formará parte de un programa sectorial y su temporalidad se deriva del hecho de que todo programa especial debe estar sujeto al siguiente ciclo: concepción del programa; arranque; desarrollo; evaluación periódica; ajustes; y terminación del programa.

Dentro de la NEP se formularon 27 programas especiales; 17 están directamente relacionados con los ramos administrativos, y 9 con los ramos generales. De éstos últimos, 4 corresponden a gasto no programable.

Por último, se incluye el programa especial “000” con la denominación Programa Normal de Operación, que se utiliza cuando las dependencias, entidades y/o unidades responsables llevan a cabo actividades institucionales que no están asociadas directamente al cumplimiento de un programa especial. La evaluación de este programa especial se hará de acuerdo a los indicadores que están vinculados directamente a los resultados de la dependencia y/o entidad en su conjunto.

Por su parte, las Actividades Institucionales representan el conjunto de actividades o tareas que llevan a cabo las unidades responsables de los recursos públicos para dar cumplimiento a su misión. En esta categoría programática se refleja de forma concreta la producción de un bien o a la prestación de un servicio. Por ello, su denominación es breve y concreta y sintetiza el quehacer de las unidades ejecutoras responsables de los recursos públicos.

Dentro de las categorías programáticas, las actividades institucionales corresponden al máximo nivel de desagregación en la dimensión. Por su parte, dentro de la dimensión administrativa, la máxima desagregación es la unidad responsable.

Por lo anterior, toda actividad institucional deberá estar asociada a una unidad responsable y viceversa. Tanto los programas sectoriales como los especiales, estarán conformados por un conjunto de actividades institucionales. De la misma manera, los proyectos institucionales y de inversión se conforman por actividades institucionales.

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En la NEP, toda unidad responsable debe llevar a cabo cuando menos una actividad institucional para justificar su existencia y la asignación de recursos presupuestarios; cuando la actividad institucional forme parte de un programa especial, se utilizarán los indicadores estratégicos para evaluar la actividad. Con ello, la unidad responsable y las actividades institucionales que participan en un programa especial compartirán el mismo conjunto de indicadores.

Cuando existan proyectos institucionales y/o de inversión que no cubran el 100 por ciento de los recursos asignados a la actividad institucional, se incorporará el proyecto N000 “Actividad Institucional no Asociada a Proyectos”.

Por otra parte, cuando una actividad institucional no se desagregue en proyectos institucionales y/o de inversión, la actividad institucional se relacionará directamente con la unidad responsable. Las actividades institucionales se conforman en nueve grupos, los cuales ubican con mayor precisión las responsabilidades de la gestión gubernamental y diferencian el tipo de operaciones que llevan a cabo los ejecutores de gasto.

Así, el primer grupo corresponde al conjunto de tareas que realizan los Poderes Legislativo y Judicial para dar cumplimiento a los preceptos constitucionales. Del segundo al octavo grupo se agrupan las tareas que llevan a cabo las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y el Instituto Federal Electoral de conformidad a sus responsabilidades.

El último grupo corresponde a las tareas que efectúan las unidades responsables en la operación y administración de los ramos generales; estas tareas no son propias de un ramo como estructura orgánica administrativa propia, sino que están referidas al conjunto de operaciones que el Gobierno Federal debe efectuar para abarcar al total de compromisos de gasto que tiene todo el sector público (Deuda Pública y Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, Adefas); de erogaciones que no son responsabilidad directa de alguna dependencia (aportaciones a seguridad social), y de provisiones globales para atender situaciones no previstas.

Los nueve grupos son:

000 Poderes

100 Diseño e Implantación de Políticas Públicas y sus Estrategias 200 Fomento y Promoción de Políticas Públicas Sectoriales 300 Supervisión y Regulación

400 Prestación de Servicios Públicos 500 Producción de Bienes

600 Control y Supervisión Gubernamental 700 Actividades de Apoyo

800 Actividades Generales

Finalmente, nos encontramos con los Proyectos Institucionales y Proyectos de Inversión. Esta categoría se introdujo principalmente pues se vio que la anterior estructura solo favorecía proyectos asociados con obra pública y ninguno asociado con proyectos intensivos en gasto corriente aún cuando estos demostraban tener una alta rentabilidad. Al

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establecer ahora dos tipos de proyectos se pretende que ambos compitan por los recursos públicos en base a una evaluación previa de costo-beneficio.

El Proyecto Institucional es una propuesta específica de trabajo de actividades que presenta una o varias unidades responsables de una misma dependencia con el fin de mejorar la producción de un bien o la prestación de un servicio. También es una forma de especificar con mayor detalle la estrategia de ejecución de un programa sectorial y/o programa especial.

Por su parte, los Proyectos de Inversión corresponden a todo lo que emprende el sector público con el objeto de incrementar sus activos fijos, y cuya ejecución aumenta y mejora el flujo de productos y servicios. Por lo anterior, ambos proyectos tienen que ver directamente con la obra pública y deben ser sometidos a una evaluación de costo- beneficio.

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

La Misión define el encargo o tarea específica que se le ha asignado a una dependencia, entidad o unidad responsable; es decir, aquello que justifica su existencia; le da sentido a la organización y describe su propósito fundamental.

La misión se describe mediante un enunciado breve, o declaración que explique la razón de ser de la dependencia o entidad ejecutora de los recursos, muestre los servicios o beneficios que pretende prestar, defina su campo de especialidad, delimite responsabilidades, entre otras cosas.

Por su parte, el Propósito Institucional va a definir las acciones de una categoría programática al representar la justificación conceptual de un programa especial, de una actividad institucional, de un proyecto institucional y/o de un proyecto de inversión; al mostrar el objeto o fin último que estas categorías deben alcanzar.

Así, a través de la misión se distingue la razón de ser de una organización y mediante el propósito institucional se establece la razón de ser de una categoría programática.

El Objetivo identifica el fin hacia el cual se deberán dirigir tanto los recursos como las tareas específicos que permitirán cumplir con la misión o propósito institucional determinado. Un objetivo se caracteriza por una descripción cualitativa y explícita de lo que la organización o la categoría programática pretende alcanzar, y deberá expresarse de manera concisa y su contenido deberá ser preciso.

En caso de que una unidad responsable no participe en un programa especial, los objetivos serán los planteados para la actividad institucional correspondiente. Cuando la unidad responsable realice actividades para el desarrollo de un

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programa especial, sus objetivos serán los mismos del programa, por lo que sus objetivos, metas y responsabilidades serán aquellas asentadas en dicho porgrama.

Una de las principales aportaciones de la NEP, es la inclusión de Indicadores Estratégicos dentro de la estructura programática. A través de los indicadores se definen cuáles son los aspectos relevantes de los programas y proyectos que serán utilizados para tomar decisiones en materia de asignación presupuestaria, así como el marco de referencia para evaluar el cumplimiento de los objetivos. A estos indicadores, se fijan metas o parámetros que permiten medir y evaluar el desempeño con mayor objetividad.

Los indicadores estratégicos son indicadores cuantitativos, y tienen entre sus propósitos principales proporcionar información objetiva sobre los resultados de las distintas acciones del gobierno, las cuales vemos reflejadas en las categorías programáticas. Es decir, apunta hacia poder medir la eficiencia, eficacia, calidad, impacto, y efectividad de las distintas tareas gubernamentales; hacia la identificación de prioridades dentro las posibles acciones a realizar;

dar seguimiento a la asignación y ejecución de los recursos públicos, etcétera.

Cada Indicador tendrá asignada una Meta la cual nos va a mostrar, a través de un valor numérico, características precisas sobre las tareas o acciones que se deben cubrir o realizar. En un futuro, se pretende que las negociaciones sobre asignación de recursos se basen en la rentabilidad y en la determinación de estas metas.

Algunos ejemplos de indicadores son:

• Tasa de mortalidad hospitalaria

• Tasa de crecimiento demográfico

• Tasa de desempleo

• Costo promedio por alumno graduado de secundaria

Todo esto nos permite atar las tareas o actividades del gobierno, a la obtención de resultados y rendición de cuentas al finalizar el periodo de duración del programa o el periodo de encargo específico de la unidad responsable.

2. La Clasificación Funcional en el Presupuesto de Egresos de la Federación12

Dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) encontramos un apartado que nos muestra una descripción detallada del gasto programable y en el cual nos presentan las clasificaciones administrativa, económica y funcional. En cuanto a la clasificación funcional, como veremos a continuación, podemos observar el monto total y como porcentaje del gasto neto total, que representa cada una de las funciones de gasto programable.

Dentro del Proyecto de Presupuesto para el año 2000 la asignación de recursos a los distintos rubros de la clasificación funcional fueron los siguientes:

12 Las cifras presentadas en este apartado se tomaron del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2000, México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Noviembre de 1999.

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Función Millones de Pesos Gasto Neto Total (%)

Funciones de Gestión Gubernamental 103,721.2 12.8

Legislación 4,027.8 0.5

Impartición de Justicia 9,982.5 1.2

Organización de Procesos Electorales 8,453.7 1.0 Procuración de Justicia 4,631.3 0.6

Soberanía del Territorio Nacional 24,619.7 3.0

Gobierno 40,941.9 5.1

Medio Ambiente y Recursos Naturales 11,064 1.4 Funciones de Desarrollo Social 491,178.3 60.7

Educación 204,727.1 25.3

Salud 115,027.0 14.2

Seguridad Social 111,578.6 13.8

Laboral 2,879.6 0.4

Abasto y Asistencia Social 11,475.2 1.4 Desarrollo Regional y Urbano 45,490.8 5.6 Funciones Productivas 214,770.6 26.5 Desarrollo Agropecuario 29,628.7 3.7

Energía 157,451.4 19.4

Comunicaciones y Transportes 23,009.1 2.8 Otros Servicios y Actividades Económicas 4,681.4 0.6

TOTAL 809,670.1 100.0

En este cuadro podemos ver claramente los montos asignados a cada uno de los sectores considerados prioritarios por el gobierno federal y el peso que cada uno de estos tiene. Podemos observar el total del monto asignado, así como el porcentaje que representa dentro del gasto neto total.

Gráfica 1. Clasificación Funcional del Gasto Programable

Con estos datos podemos observar que las funciones que tienen un mayor incremento en el ejercicio del año 2000 con respecto al 2000 son las funciones de Gestión Gubernamental, con un aumento del 11.0%. Como vimos

9 3 ,4 2 7 .7 0 2 2 0 ,9 0 5 .7 0 4 6 3 ,6 4 7 .1 0

1 0 3 ,7 2 1 .2 0 2 1 4 ,7 7 0 .6 0 4 9 1 ,1 7 8 .3 0

1 1 .0

-2 .8 5 .9

-2 0 % 0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %

C ie rre P re v is to 1 9 9 9 P ro y e c to P E F 2 0 0 0 V a ria c ió n R e a l

G e s tio n G u b e rn a m e n ta l P ro d u c tiv a s D e s a rro llo S o c ia l

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anteriormente, algunas de las principales actividades que aquí se realizan son las que se refieren a: legislación, impartición de justicia, organización de los procesos electorales, procuración de justicia, soberanía del territorio nacional, gobierno, medio ambiente y recursos naturales y se realizan fundamentalmente por las siguientes dependencias y entidades:

• Cámara de Senadores

• Cámara de Diputados

• Contaduría Mayor de Hacienda

• Poder Judicial

• Instituto Federal Electoral

• Ejercito, Fuerza Aérea y Armada de México

• Seguridad Pública

• Medio Ambiente y Recursos Naturales

En segundo término de acuerdo al incremento en la asignación de recursos están las Funciones de Desarrollo Social, las cuales representan acciones dirigidas a dotar bienes y prestar servicios para incrementar el bienestar de la población. El incremento en este rubro es del 5.9% con respecto a 1999. Si bien el mayor incremento no lo vemos en este rubro, en función al Gasto Programable, son las funciones de Desarrollo Social las que reciben una mayor asignación de recursos representando dentro del proyecto de presupuesto de egresos del año 2000, un porcentaje del 60.7 del Gasto Programable total.

Por último están las Funciones Productivas, que para el 2000 decrecen un 2.8% real con respecto a 1999.

Principalmente, las acciones en dentro de las Funciones Productivas se refieren a la creación de infraestructura en torno a:

• Desarrollo Agropecuario

• Comunicaciones y Transportes

• Desarrollo de la Industria

• Desarrollo al Comercio

• Entre otros

Los datos de las tres clasificaciones de las funciones nos indican que:

• La mayor asignación de recursos se ha dirigido en los últimos años hacia las Funciones de Desarrollo Social, esto refleja que el gobierno se ha ocupado en dirigir el gasto público hacia actividades que pretenden la procuración de niveles mínimos de bienestar en salud, educación, vivienda, entre otros para solucionar uno de los problemas que tiene México en la actualidad y que son las condiciones de pobreza y desigualdad en las que se encuentran muchos ciudadanos.

• Las Funciones de Gestión Gubernamental ocupan el segundo lugar dentro de la asignación de recursos públicos, para asegurar el cumplimiento de las funciones del gobierno en torno a reglamentar, regular, o bien aplicar la normatividad necesaria para el funcionamiento tan importante de las funciones incluidas en este rubro y que vimos anteriormente.

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• En tercer lugar están las Funciones Productivas, que tiene la menor asignación de recursos públicos e inclusive, para el año 2000 se prevé que haya una reducción en el monto asignado con respecto a 1999. Es importante notar que si bien el gobierno refleja su preocupación por los más necesitados al asignar mayor parte de los recursos a las funciones de desarrollo social, podríamos decir que en el caso de las funciones productivas esta incluso descuidándolas y son tan importantes como el resto ya que de no apoyarlas o desarrollarlas, no tendremos la base productiva y la infraestructura que tanto se necesita y que igualmente ayuda a estos grupos mas necesitados y al país en general en su desarrollo y crecimiento económico.

Como podemos ver en estos cuadros, la clasificación funcional nos muestra las principales prioridades del gobierno, al presentarnos el desagregado de las funciones y la asignación de recursos para cada uno.

Notamos por ejemplo, que en los últimos años, una de las prioridades más altas fue la de atención a funciones de Desarrollo Social, con la mayor asignación de recursos en este rubro. Ahora, se tendrá que ir un paso más adelante y realizar un análisis en torno a la eficiencia y eficacia en la aplicación de estos recursos, así como la conveniencia de apoyar o dar prioridad a estas funciones sobre otras, para el desarrollo y crecimiento del país.

Referencias

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