Globalización, organismos financieros internacionales y las economías latinoamericanas

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Globalización, organismos

financieros internacionales

y las economías latinoamericanas

Joseph E. Stiglitz

Las políticas que promueven las entidades financieras interna-cionales y la forma en que interactúan con los gobiernos del mun-do en desarrollo tienen un gran impacto sobre la condición de la de-mocracia en estos países –algo especialmente significativo hoy para América Latina.

Lo primero que me llamó la atención al involucrarme con estas instituciones fue la enorme diferencia entre las políticas que el Fon-do Monetario Internacional (FMI) y, en algunos casos, el Banco Mundial (BM) impulsaban alrededor del mundo, y especialmente en América Latina, y lo que hacíamos en los Estados Unidos. Ha-biendo formado parte del gobierno del presidente Clinton, en mu-chos aspectos de corte socialdemócrata, y siendo los Estados Unidos el poder dominante en el FMI (y el único con poder de veto), me lla-mó la atención que sus políticas fuesen las opuestas a las que está-bamos promoviendo en el gobierno federal.

Lo primero que me llamó la atención al involucrarme con estas instituciones fue la enorme diferencia entre las políticas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en algunos casos, el Banco Mundial (BM) impulsaban alrededor del mundo, y espe-cialmente en América Latina, y lo que hacíamos en los Estados Unidos.

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Veamos algunos ejemplos. La misión del Banco de la Reserva Fe-deral, como es sabido, es controlar la inflación y promover el creci-miento económico y el empleo. En un momento dado, un senador republicano, Connie Mack, propuso cambiar este mandato y redu-cirlo sólo al control inflacionario. Como presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Clinton, la encontré una idea muy tonta. Sin embargo, le señalamos al presidente Clinton que ése podría ser un buen punto para atacar durante la campaña presiden-cial de 1996. En el momento en que éste la acogió, los republicanos “echaron pie atrás” y decidieron no volver a tocar el tema. La razón es obvia. No habría habido ningún debate. Todos en los Estados Uni-dos creen en ese triple mandato.

Sin embargo, en todas partes del mundo el FMI insiste en que los

bancos centrales se dediquen sólo a combatir la inflación. Durante

la crisis en Corea del Sur a fines de los 90, ésa fue una de las condicio-nes que se fijaron para otorgarle ayuda. Yo pregunté a qué se debía ello, ya que Corea del Sur no era un país que históricamente hubiese teni-do problemas inflacionarios, y en esos momentos estaba en un 4%. La respuesta que recibí, una muy característica, fue: “es que siempre lo ha-cemos”. El FMI y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

promueven objetivos que no aceptaríamos en nuestro país.

Otro caso es el de la privatización de los sistemas de pensiones, algo promovido universalmente por el Fondo y el BM. En los Esta-dos UniEsta-dos, el Partido Demócrata ha sido enfático en su oposición a privatizar el Sistema de Seguro Social. Yo entiendo que haya un de-bate sobre el tema, aunque creo que la otra parte está equivocada. Lo que sí es obvio es que, después de la debacle en el precio de las acciones en Wall Street en este último año, cualquier atracción po-lítica que pudiera haber tenido una privatización, aunque fuese par-cial, del Seguro Social ha desaparecido. Sin embargo, el FMI y el Banco Mundial no presentan ambas caras de la moneda, más bien son los campeones de la privatización de los sistemas de pensiones, en tanto en los Estados Unidos ello no se ha hecho, ni se va hacer en el futuro inmediato, entre otras razones porque el Seguro Social ha de-mostrado ser un sistema muy eficiente, que ha prácticamente elimina-do la pobreza entre las personas mayores con costos de administración muy inferiores a los sistemas privados de pensiones.

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Un tercer ejemplo es el de la política fiscal. En este punto, tanto los republicanos como los demócratas han estado de acuerdo en que, si es necesario tener un déficit fiscal para evitar una situación recesiva, hay que tenerlo. Sin embargo, en América Latina, la receta del FMI dice todo lo contrario. Cualquiera sea el país que acude al Fondo lo primero que le re-cetan es recortar el presupuesto, aun estando en recesión. Esto es espe-cialmente irónico porque uno de los grandes triunfos del gobierno del presidente Clinton fue haber evitado la aprobación de un proyecto de re-forma constitucional de los republicanos que habría hecho obligatoria la existencia de un presupuesto federal equilibrado –lo que habría puesto fin a la posibilidad de una política contra-cíclica en momentos recesivos–. Y nuestro argumento fue precisamente que una enmienda de esa natu-raleza habría atado de manos al gobierno, impidiéndole llevar a cabo una política fiscal expansiva cuando fuera necesario. Sin embargo, en Améri-ca Latina y en el resto del mundo, el FMI promueve la apliAméri-cación de po-líticas pro-cíclicas.

Tanto los republicanos como los demócratas han estado de acuerdo en que, si es necesario tener un déficit fiscal para evi-tar una situación recesiva, hay que tenerlo. Sin embargo, en América Latina, la receta del FMI dice todo lo contrario.

Un cuarto ejemplo es el de la política industrial. El gobierno del pre-sidente Clinton fue un fervoroso partidario de ella, que, por cierto, tiene una distinguida y exitosa tradición en los Estados Unidos. La primera lí-nea de telégrafo fue construida por el gobierno federal entre Washington y Baltimore en el sigloXIXy, más recientemente, la red Internet también surgió a partir de un programa del gobierno. Y aunque puede sonar cu-rioso hablar de una política industrial en relación con la agricultura, la verdad es que en el sigloXIX, cuando los Estados Unidos era un país fun-damentalmente agrícola, los aumentos de productividad se debieron en buena medida a la acción del Servicio de Extensión Agrícola creado en 1863.

Mi colega Michael Boskin, quien fue presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bush (padre), solía argumentar

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que no hacía ninguna diferencia si Estados Unidos producían

compu-ter chips o potato chips, y que había que dejar que el mercado

decidie-se. Pero nosotros sí pensamos que existe una diferencia. El presidente Clinton siempre decía que debíamos tener una visión más allá del mer-cado –entre otras razones para una promoción selectiva de la próxima generación de la red Internet, por ejemplo–. Sin embargo, tanto el Fon-do como el BM se han opuesto tajantemente a la aplicación de políti-cas industriales en el resto del mundo.

Tanto el Fondo como el BM se han opuesto tajantemente a la aplicación de políticas industriales en el resto del mundo.

Un quinto ejemplo es el de la política tributaria. El gobierno del presidente Clinton se opuso fuertemente al establecimiento del Im-puesto al Valor Agregado (IVA) en Estados Unidos y a un imIm-puesto de tasa única (flat tax), porque no son progresivos. Un componen-te esencial de una política tributaria democrática es que los sectores más acomodados deben pagar más. Y la característica definitoria del IVA es que es proporcional. Uno puede jugar un poco con esto y exi-mir algunas categorías, pero sigue siendo un impuesto proporcio-nal. Y peor aun para los países como los latinoamericanos, es un im-puesto proporcional que grava el sector formal de la economía, que es precisamente el que uno quiere impulsar como parte del proceso de desarrollo. Sin embargo, el IVA es otro de los “caballitos de bata-lla” favoritos del FMI. Dado que sólo lo pagan unos pocos, esto in-troduce profundas distorsiones en el funcionamiento de la econo-mía (Chile es una excepción a esta regla, ya que aquí hay un sistema tributario que funciona muy bien).

Un sexto ejemplo es el de los sistemas contables, tanto para el

sec-tor público como para el privado. Éstos afectan la forma en que

con-cebimos el gasto, y las necesarias distinciones entre inversión y consu-mo. Y aquí el FMI hace una distinción flagrante en la forma en que trata a los países europeos y a los de África, Asia y América Latina. Mientras los balances de las empresas públicas en Europa no son con-siderados a los efectos de medir el déficit o superávit del presupuesto

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fiscal, en los países en vías de desarrollo sí lo son. Ello introduce pro-fundas distorsiones en el funcionamiento de estas economías, que lle-van a perder oportunidades de inversión y a presionar por privatizar estas empresas, por rentables que sean.

Y en materia de prácticas contables del sector privado encontra-mos algo similar. En ocasión de la crisis asiática, el secretario y el subsecretario del Tesoro, Robert Rubin y Lawrence Summers fueron muy críticos del tipo de contabilidad que llevaban países como Co-rea del Sur y Tailandia. Sin embargo, en los Estados Unidos, el De-partamento del Tesoro se opuso muy fuertemente a la recomenda-ción del Consejo de Asesores Económicos de incluir las opciones de acciones (stock options) para ejecutivos dentro del balance contable de las empresas. Sabíamos perfectamente las profundas distorsiones que el no hacerlo introducía en el mercado, llevando a sobreinver-tir en las compañías de telecomunicaciones y otras de la así llama-da “nueva economía”, con las consecuencias que estamos viendo ahora que ha “explotado la burbuja”.

Un incidente que no tuvo toda la atención que merecía fue el res-cate de una empresa privada por parte del gobierno federal. Esta em-presa tuvo como uno de sus socios mayoritarios a un ex vicepresi-dente del Banco de la Reserva Federal. Fue la “Fed” la que orquestó este rescate, y algunos de los principales ejecutivos que pusieron el dinero para este rescate tenían opciones de acciones en sus propias empresas. Éstas son cuestiones muy reales de governance corporati-vo que apuntan a fuertes conflictos de interés.

Éstos son sólo algunos ejemplos de los enormes contrastes entre las políticas impuestas por el FMI y el BM y las políticas promovidas por el gobierno del presidente Clinton, que además reflejaban los valores democráticos en los Estados Unidos. No se trata de que yo piense que muchos de estos países deberán emular esas políticas, sino simplemen-te que deberían haber podido elegir, y no simplemen-tener que sufrir la imposi-ción de ciertas nociones por el FMI como si fueran best practice, cuan-do ni siquiera son seguidas en los propios Estacuan-dos Unicuan-dos.

Creo también que la forma en que se promueven estas políticas me-noscaba la democracia. El ejemplo más claro de ello es el del presiden-te Suharto de Indonesia en 1997, que tuvo que firmar una carta de intención con el FMI en la que traspasaba la soberanía económica

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de su país. El Fondo impuso drásticos recortes presupuestarios, elimi-nando numerosos subsidios a bienes de primera necesidad en plena recesión económica. Nosotros, en el Banco Mundial, dijimos que eso llevaría a una revuelta popular en seis meses –que fue exactamente lo que ocurrió, y culminó con la caída de Suharto en mayo de 1998.

En Rusia, la Duma, elegida por el pueblo, no estaba muy entu-siasmada con las políticas de shock impuestas por el Fondo, pero és-te instruyó al presidenés-te Yeltsin para que gobernara por decreto e ig-norara la voluntad de los parlamentarios, con el argumento de que el país necesitaba un presidente fuerte porque el Parlamento no en-tendía lo que estaba ocurriendo. Para estos efectos, el apoyo popu-lar mayoritario de la Duma era irrelevante.

Otro ejemplo de esta progresiva emasculación democrática se da en el caso de los Bancos Centrales. En América Latina, muchos es-tán convencidos de que algunas áreas clave de la política macroeco-nómica deben ser entregadas a un Banco central independiente. Aquí nos encontramos con un problema difícil en la teoría demo-crática: ¿cómo incorporar la experiencia y cómo limitar las conse-cuencias del populismo y sus excesos? Tanto el FMI como el BM han promovido muy decididamente la noción de que los Bancos Cen-trales deben ser independientes. Esto significa entregarle una de las áreas centrales de la política económica a un determinado grupo que no tiene que responderle políticamente a nadie.

Un problema difícil en la teoría democrática: ¿cómo incorporar la experiencia y cómo limitar las consecuencias del populismo y sus excesos?

Además, no hay evidencia alguna de que los países que tienen un Banco Central independiente posean tasas de crecimiento más alto, o menor desempleo, o una mejor distribución del ingreso. Lo úni-co en que sí tienen mejores resultados es en úni-controlar la inflación; pero si ni siquiera hicieran eso realmente habría un problema.

Con todo, lo notable es que la noción de que los Bancos Centrales

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Y muchas personas confunden independencia con representativi-dad, algo muy diferente. La verdad es que esta independencia en

muchos casos ha significado que estas entidades sean controladas en la práctica por personeros de la comunidad financiera con intereses particulares, si bien hay excepciones, como el caso de Colombia, donde los que predominan en su Consejo son ex académicos. Algu-nos países tienen disposiciones específicas para tomar resguardos en esta materia.

Suecia tiene un Banco Central independiente, pero es represen-tativo –los sindicatos están representados en él–. Prevalece la idea de que no hay buenos economistas en el sindicalismo, pero éste es un profundo error; lo que pasa es que no representan necesariamente los mismos puntos de vista de un banquero de Wall Street. El pun-to a subrayar es que no basta que las instituciones sean

indepen-dientes, sino también es necesario que sean representativas.

Un tercer punto, vinculado al anterior, es el que estamos viendo con horror en Brasil hoy [justo antes de las elecciones presidenciales de 2002]:

la pérdida de soberanía respecto de los mercados internacionales de ca-pital. Si éstos deciden que no les gusta un determinado candidato a la

presidencia, lo ponen en jaque, y así incrementan fuertemente el índice de riesgo país. En ocasiones en que las diferencias en las encuestas entre dos candidatos no son muy grandes, los mercados de capitales pueden inclinar la balanza en una dirección o en otra, una manera muy peculiar de ejercer la democracia.

El FMI gusta decir que la apertura de la cuenta de capitales en los países en vías de desarrollo los disciplina. Esto suena muy bien hasta que uno piensa si éste es el tipo de disciplina que a uno le gustaría te-ner. Un principio elemental de la disciplina es que ésta no sea ejercida en forma aleatoria, ya que, de ser así, no modifica comportamientos, que es de lo que se trata el “disciplinar” a alguien. Un principio funda-mental en esto es que exista una clara vinculación entre conductas que se estiman equivocadas y la sanción correspondiente. Sin embargo, to-da la evidencia nos indica que, lejos de actuar en forma predecible y sis-temática, los mercados de capitales lo hacen en forma aleatoria y al azar, sancionando casi por igual a los “buenos” alumnos y a los “malos”.

Por otra parte, otro factor importante que le exigimos a quien nos quiera disciplinar es que lo haga en función de nuestros mejores

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intereses y nuestros más altos valores. De no ser así, vamos a ser cas-tigados por motivos que nos parecerían injustificados. Hagamos el siguiente experimento mental. Asumamos que tenemos una fuerza laboral no capacitada que puede desplazarse libremente. Que si no tiene buenos colegios, un medio ambiente limpio y no contamina-do y buenas condiciones de trabajo se podría mudar a otra parte. Si ello fuese así, aplicaríamos políticas sociales muy distintas. Esto sí sería disciplina, pero una muy distinta de la que imponen los mer-cados internacionales de capitales.

Sin embargo, toda la evidencia nos indica que, lejos de actuar en forma predecible y sistemática, los mercados de capitales lo hacen en forma aleatoria y al azar, sancionando casi por igual a los “buenos” alumnos y a los “malos”.

La verdad es que la liberalización de los mercados de capital que hemos visto en los últimos años no refleja los intereses de las em-presas, sino los de los especuladores a corto plazo. A aquellos que in-vierten a largo plazo –a diez o quince años– esta inestabilidad, aso-ciada con la plena apertura de las cuentas de capitales, no hace sino perjudicarlos. Hay distintos intereses en el mundo empresarial, y lo que ha hecho el FMI es promover ciertos intereses financieros par-ticulares.

La verdad es que la liberalización de los mercados de capital que hemos visto en los últimos años no refleja los intereses de las empresas, sino los de los especuladores a corto plazo.

El FMI siempre ha dicho que no se mete en temas como la de-mocracia porque sus estatutos no se lo permiten. Sin embargo, lo

in-teresante es cómo definen lo que es economía y lo que es política. Las

privatizaciones, por ejemplo, son definidas como medidas económi-cas, no políticas. En realidad, todo lo que quieren hacer lo definen

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como economía, y lo que no les interesa hacer, como política. La re-forma agraria es un buen ejemplo de esto último.

En todas partes, el FMI se opone a impuestos y medidas que de alguna manera castigan al productor, como por ejemplo impuestos a las exportaciones, con el argumento de que son ineficientes y dis-torsionan la actividad productiva. Sin embargo, en países con alta concentración en la propiedad de la tierra, muchos en Asia, África y América, es común que los terratenientes entreguen el cultivo de sus tierras a un mediero, al que le cobran como pago la mitad de su co-secha, de hecho un impuesto de un 50%. ¿Y esto no es ineficiente? Sin embargo, la redistribución de la tierra es considerada un tema tabú y “político” por el Fondo.

Con todo, algunas cosas están cambiando. Durante muchos

años la corrupción era considerada un tema político, y por ende, in-tocable. El presidente del BM, James Wolfensohn, bromeaba de que se trataba de la palabra “c”, porque ni siquiera se podía mencionar, aunque obviamente tenía un efecto en las economías. De hecho, fue el mismo Wolfensohn el que puso el tema sobre el tapete en el Ban-co. Hicimos una serie de estudios al respecto y concluimos que, en realidad, era un tema económico debido a su gran impacto en el cre-cimiento económico, así como en otros aspectos sociales.

Después de ello, el FMI comenzó a hablar de corrupción en forma selectiva. Cuando en un país pequeño sin importancia estratégica (co-mo Kenia) se observaron síntomas de corrupción, dejaron de prestarle. Sin embargo, cuando ello ocurrió en un país como Rusia, en que se co-metieron desfalcos a gran escala, el Fondo “miró para el costado”. Rusia recibió un préstamo de cinco mil millones de dólares, y al poco tiempo aparecieron cinco mil millones de dólares en una cuenta bancaria mis-teriosa en Chipre. Se llamó la atención al Fondo sobre ello, y la respues-ta fue que ése no era dinero del Fondo, como si el dinero no fuese fun-gible, y estas transferencias no fuesen electrónicas.

El punto es que hay una enorme discrecionalidad en definir lo que es político y lo que es económico. Y el FMI ha impulsado la noción de

que existe un “paquete” de políticas que es el mejor para todos. De ser así, todos podríamos aplicarlo, y la política como tal sería muy aburrida, porque habría poco o nada que decidir. Estaría todo en manos de los tecnócratas.

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Sin embargo, todos sabemos que eso no es así. El primer capítu-lo de cualquier texto introductorio de economía habla de opciones (trade-offs), pero en el lenguaje del FMI no hay tal cosa. En los he-chos estas opciones implican que la implementación de ciertas po-líticas produce resultados donde hay “ganadores” y “perdedores”, es-to es, que algunos se benefician de ellas, y otros se perjudican.

En la economía moderna hay que hablar sobre riesgos. De hecho, no sabemos mucho de estas cosas y uno habla sobre quién asume es-tos riesgos y quiénes no lo hacen. Pero en el mundo del FMI no hay tal cosa como trade-offs. Hay un paquete de políticas a aplicar, ésa es la “receta” del Fondo y punto.

De lo que se trata, en el fondo, es de una economía autoritaria. Decir que hay una sola manera de hacer las cosas es, por definición, autoritario. El poder elegir es parte de la democracia. Aquellos que tienen niños saben que éstos prefieren que se les permita elegir en-tre distintas opciones, aunque uno crea saber lo que es mejor para ellos. Y el presentarle al mundo una sola política, como la única aceptable, menoscaba la democracia.

Decir que hay una sola manera de hacer las cosas es, por defini-ción, autoritario. El poder elegir es parte de la democracia.

En materia de gobernabilidad, por ejemplo, un área clave es el pa-pel del Banco Central, algo que requiere un debate nacional en el país, y no una decisión del FMI. En aquellos países con una historia de inflación, es posible que un Banco Central independiente sea una forma de mostrar la voluntad de erradicarla. Para aquellos que no la han sufrido, la situación puede ser distinta. Y así como algunos pueden optar por algo diferente, otros también pueden asumir la cuestión adicional de la representatividad.

Otro aspecto es el de las quiebras. Cuando en 1997 surgió la crisis asiática, el mundo entero reconoció la importancia de la existencia de mecanismos y disposiciones adecuadas para enfrentarlas. Sin em-bargo, el FMI lo tomaba como si fuera un tema estrictamente tecno-crático que se pudiera delegar en manos de unos pocos funcionarios.

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La verdad es que eso no es así. Y déjenme darles un ejemplo: en Es-tados Unidos, muchos de nuestros hijos, al cumplir catorce años, re-ciben una tarjeta de crédito de un banco, por ejemplo el Citibank, diciéndoles que son personas dignas de crédito, y ofreciéndoles una tarjeta con una línea de crédito de hasta 5.000 dólares. Uno debe co-rrer al buzón e interceptar esta correspondencia antes de que llegue a manos del adolescente. Porque si uno llega tarde, y esa tarjeta co-mienza a ser usada por alguien que nunca ha ganado un centavo, lo que puede pasar es que el joven se endeude de por vida, pues con in-tereses del 18% o 24% esa deuda fácilmente puede llegar a sumar 40.000 dólares al momento de terminar la universidad.

Mucha gente piensa que en situaciones como ésta fueron los ban-cos los que cometieron el error, y que ellos son los que deberían pagar. En todo caso, el punto es que en los Estados Unidos hubo un debate sobre este tema, en relación con el carácter que debe asumir la legisla-ción en materia de quiebras. Sin embargo, esto no habría sido eviden-te de haber escuchado al FMI, que considera que la legislación sobre quiebras debe ser pro-acreedor y punto. Es posible que tengan razón, pero mi punto es que éstas y otras cuestiones merecen un debate na-cional informado y no la simple imposición de un solo punto de vis-ta, por importante e informado que éste sea.

Por otra parte, nada de esto debería sorprender, ya que ni el FMI ni el

BM son modelos de instituciones democráticas, pese a ser institucio-nes públicas destinadas a generar accioinstitucio-nes colectivas. Ellas pueden

ob-tener legitimidad por dos vías: una es la vía de los resultados y la otra es la del proceso de toma de decisiones. Los resultados hablan por sí mis-mos, y el desempeño del Fondo en esto ha sido lamentable, y es percibi-do como tal. Si como resultapercibi-do de las “recetas” del FMI el crecimiento en América Latina en la última década hubiera sido de un 10%, las conclu-siones podrían ser diferentes. Pero no es el caso.

Y esto nos lleva al segundo punto: los resultados de las

recomen-daciones y los programas del Fondo no sólo han sido desastrosos en materia de crecimiento, sino también en lo que se refiere a mayor estabilidad social y política y a igualdad en el ingreso. En

Améri-ca Latina esto hoy debería ser evidente.

Y si los resultados dejan mucho que desear, lo mismo puede de-cirse del proceso de toma de decisiones. Éste no es transparente, y

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los derechos de voto están lejos de responder a principios democrá-ticos. ¿Qué se diría en los Estados Unidos si adoptáramos el princi-pio de “un dólar, un voto”? Se reirían de nosotros. ¿Y si se adoptara ese principio al menos para todos los asuntos económicos, entonces Bill Gates tendría 80.000 millones de votos, y el que vive en un ghetto, sólo un voto? No me puedo imaginar a nadie proponiendo un siste-ma de esa índole, pero ése es el sistesiste-ma que tenemos en los organis-mos financieros internacionales. Y es peor que eso, porque muchos de los derechos de voto tienen que ver con el poder económico que se tenía en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Y por ello hay un solo país que tiene veto, lo que menoscaba la legitimidad de las instituciones.

¿Qué se diría en los Estados Unidos si adoptáramos el principio de “un dólar, un voto”? Se reirían de nosotros.

Y como si esto no fuese suficiente, cabe señalar que, por buenos que sean, los ministros de Hacienda no representan a todo el país. Ello, desde luego, es muy cierto en los Estados Unidos, donde el Te-soro promueve políticas a las que muchos se oponen (y el presiden-te se opondría también, si supiera lo que estuvieran tramando). Y el sistema de votación en el FMI es especialmente perverso. Porque los gobernadores de los Bancos Centrales no son políticamente respon-sables ante nadie, lo que genera un círculo que algunos llamarán vir-tuoso y yo, vicioso. Y el FMI promueve activamente la independen-cia de los Bancos Centrales, lo que los sustrae del control y del escrutinio público.

Además, el Fondo se resistió a toda discusión pública sobre sus políticas. Incluso se ha negado a su discusión interna. Estando yo en el BM, éste asignó 10.000 millones de dólares como parte del “pa-quete” de rescate de Corea del Sur, y supuso que tendría algo que de-cir sobre cómo se gastarían estos fondos. Pero el FMI nos dijo que no, que sólo escucharía al Departamento del Tesoro, que no podía escu-char al BM y al Tesoro al mismo tiempo. Después tratamos de que se discutieran los términos en que se había acordado el “paquete” de

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ayuda, ya que sabíamos que otros países iban a tener crisis pareci-das y queríamos entender las políticas que se estaban aplicando. Pe-ro el Fondo no se avino a tener discusiones internas sobre estos te-mas, incluso a posteriori, a no ser que nos comprometiéramos a no hacerlas públicas, a lo que nos negamos. Quisieron utilizar esto pa-ra reducir incluso la tpa-ransparencia del BM, y, por principio, decidi-mos no ser partícipes de ello.

Quisiera también retomar otros temas vinculados al funciona-miento de la democracia en América Latina. En la región existe la

percepción de que los gobiernos de alguna manera no están refle-jando la voluntad del elector promedio. El miedo tradicional ha

si-do que en democracia el ciudadano promedio, que no tiene gran ri-queza, vaya a utilizar los mecanismos democráticos para quitársela a los que sí la tienen. En la práctica, sin embargo, muchas veces ocu-rre lo contrario, las transferencias de recursos son de los pobres ha-cia los ricos. En los Estados Unidos vemos esto todo el tiempo. El año pasado el Congreso derogó el impuesto a la herencia, que era pagado sólo por 800 familias (aquellas que heredan más de 2 millo-nes de dólares). Y hubo propuestas de subir ese límite a 10 millomillo-nes de dólares, lo que habría reducido ese ya pequeño universo aun más, pero en definitiva se decidió eliminarlo del todo.

En la práctica, las transferencias de recursos son de los pobres hacia los ricos.

Y la estructura tributaria de un país refleja sus valores. Elimi-nar el impuesto a la herencia es perpetuar desigualdades e inequida-des. A su vez, elimina el poderoso incentivo de donar parte de esas for-tunas con fines filantrópicos y benéficos, contribuyendo al desarrollo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fuertes, que son las que hacen una sociedad civil vibrante y dinámica. Sin embargo, pa-ra no tener que asumir la pérdida de ingresos contables que esto sig-nificaba para el Tesoro de los Estados Unidos, se eliminó sólo por un año, en el entendido que al año siguiente se haría lo mismo nue-vamente. Éstas son prácticas contables deleznables.

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Otro tema crítico es el de la gobernabilidad corporativa, la cual puede arrojar luz también sobre cuestiones de gobernabilidad pú-blica. En principio, se supone que el máximo ejecutivo de una empre-sa refleje los intereses de los accionistas y de otras partes involucradas en la compañía (trabajadores, proveedores, etc.). Sin embargo, eso no siempre ocurre, y los ejecutivos ponen sus propios intereses por enci-ma de los de los accionistas. Yo escribí sobre esto hace quince o veinte años, pero, en el pasado reciente, hemos visto cómo este te-ma ha surgido nuevamente a la palestra en los casos de Enron, Worldcom y otros.

¿De dónde surge el problema? Ocurre porque hay una brecha en-tre la persona que debe tomar la acción y la persona en cuyo interés se supone que esté trabajando. Es un problema de información. Si tuviéramos información perfecta, no delegaríamos la responsabili-dad de tomar la decisión al gerente corporativo. Y en el momento en que delegamos, creamos autonomía, y con ello la posibilidad de que alguien actúe en interés propio, en lugar del interés de aquellos que representa. Y los mecanismos de control son muy limitados. En el caso de las corporaciones, es bien conocido que los accionistas dis-ponen de medios muy escasos para verificar lo que está haciendo la gerencia. Y una de las razones para ello es el concepto de bien pú-blico. Es decir, si yo trabajara duro para asegurarme que la gerencia defienda los intereses de todos los accionistas, mi único beneficio se-ría el 1% o el 0,1% por mayores dividendos, o mayor valor acciona-rio que me correspondiera según mi portafolio accionaacciona-rio. Más allá

del problema de información, entonces, tenemos un problema de acción colectiva.

Quienes deberían asumir ese papel son los bancos, que prestan dine-ro a las empresas, y deberían velar para que éste se invirtiera adecuada-mente. Sin embargo, el mismo problema de gobernabilidad ha comen-zado a aparecer en el sector bancario. Éstos tienen el mismo interés en tener informes contables inexactos que tienen las empresas –también son corporaciones que están en un tipo de negocio en el cual pueden bene-ficiarse, como se han beneficiado los ejecutivos de Enron y de Worldcom, al ocultar información al público y a los accionistas.

Esto también ocurre en el sector público, con la así llamada

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Cuando un gobierno socialdemócrata actúa igual que uno conser-vador, el votante tiene todo el derecho a preguntarse: ¿para qué vo-tamos entonces? Al tratar de incluir a todos, los políticos muchas ve-ces terminan alienando y desilusionando a una parte importante del electorado. Este bajo nivel de compromiso lleva a una pobre super-visión, tanto de los ejecutivos de las empresas como de las autorida-des políticas, que se traduce en bajos niveles de gobernabilidad pú-blica y corporativa.

Cuando un gobierno socialdemócrata actúa igual que uno con-servador, el votante tiene todo el derecho a preguntarse: ¿para qué votamos entonces? Al tratar de incluir a todos, los políticos muchas veces terminan alienando y desilusionando a una par-te importanpar-te del electorado.

¿Qué hacer? ¿Hay algunas medidas que se puedan tomar al respecto?

La primera de ellas es producir estructuras institucionales diseña-das para aumentar la efectividad de la democracia y bajar los costos de la participación.

Alguien señaló que las instituciones existentes en América Lati-na no ayudan a tener gobiernos efectivos. El sistema presidencial in-volucra todo tipo de equilibrios y pesos y contrapesos (checks and

balances), esencialmente diseñado para evitar que se tomen acciones.

Se trata, en el fondo, de un sistema muy atractivo para sociedades muy desiguales en que un gobierno que refleje los intereses y deseos del elec-tor promedio debería propender a redistribuir el ingreso, pero dados estos pesos y contrapesos se ve impedido de hacerlo. En este contexto, un cambio en las instituciones existentes es imperativo. Los regímenes parlamentarios pueden ser tal vez más adecuados para producir go-biernos mayoritarios que podrían llevar a cabo sus programas con efectividad.

Sin embargo, cambiar las instituciones es un proceso largo y complejo. Una manera algo más sencilla de avanzar en esta materia es mejorando los flujos de información. En los Estados Unidos el “Freedom of Information Act” (FOIA) ha sido muy importante. Ha

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permitido establecer, por ejemplo, quiénes participaron en las reu-niones en la Casa Blanca, en las que se diseñó la nueva política ener-gética estadounidense en el gobierno del presidente Bush; se llegó a la conclusión de que fueron representantes de las propias empresas del sector. Ello es clave, pues inhibe la acción del gobierno en mu-chas áreas. La transparencia es el mejor antídoto contra los abusos. No obstante, no hay ley alguna que permita tener acceso a la in-formación respecto de lo que se decide en el FMI o en el BM. Peor todavía: es difícil aun para el propio Congreso de los Estados Uni-dos saber lo que ocurre allí. Les doy un ejemplo. El Congreso adop-tó una resolución diciendo que, en estas instituciones, por ejemplo, los Estados Unidos no votarían a favor de proyectos diseñados para recuperar costos por medio de cobrarles a niños indigentes por su escolaridad. La razón para esto es simple. Existen fuertes evidencias que señalan que la reducción del analfabetismo trae tales beneficios que es contraproducente ponerle trabas. Sin embargo, al poco tiem-po, el representante de los Estados Unidos en el BM votó a favor de un proyecto en el que se les cobraba a los niños por asistir a la es-cuela. Esto no habría trascendido si no fuese porque una ONG fil-tró la información. Interpelado por el Congreso, el representante di-jo: “En el futuro no lo volveré a hacer”, pero ello nos indica las enormes limitaciones de estas instituciones desde el punto de vista democrático.

Otro aspecto en relación con esto tiene que ver con los medios de comunicación como tales. Lo primero alude a la necesidad de evitar la concentración de la propiedad de éstos. La competencia funciona, y es importante evitar los monopolios. En el gobierno del presidente Clin-ton, cuando hubo que reformar las leyes de telecomunicaciones, nos preocupamos mucho. Sin embargo, cuando el FMI fue a Rusia a apli-car su política de shock, jamás se preocupó de evitar la concentración de los medios, su única prioridad era privatizarlos a como diera lu-gar. El resultado fue que las estaciones de televisión terminaron en manos de uno o dos individuos, que usaron ese poder para reelegir a Boris Yeltsin. Y en la Rusia de hoy hay una tremenda desilusión con la prensa libre. Se dice que “antes teníamos sólo la visión del Parti-do Comunista ahora, tenemos la visión del PartiParti-do Comunista y la de la Mafia”.

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Un tema vinculado con el anterior es el del financiamiento de las cam-pañas políticas. Un minuto en la televisión es más importante que una hora en el Parlamento. Y cuando la TV está en manos privadas es muy caro pagar el minuto. Un amigo mío sueco, que se dedica a la política, se convirtió en cocinero gourmet y tiene un programa de TV. Con ello apa-rece en pantalla y logra avisarse gratuitamente en ese medio, si bien a cos-ta de una gran cantidad de su propio tiempo. Pero lo que quiero subra-yar es que, si hay algo que corrompe el proceso democrático, es la búsqueda de fondos para pagar el tiempo de publicidad televisiva. Y hay una respuesta para ello: dado que el espectro que se usa, tanto para la ra-dio como para la TV, es público, el público debería poder usarlo de la ma-nera que estimara más conveniente.

Existe una cierta visión que dice que hay que dejar que el mercado lo determine todo. Sin embargo, hay ciertas cosas que no queremos que las determine el mercado. Los votos son una de ellas. El uso del espectro en las telecomunicaciones es otro. Éste debe usarse para fi-nes públicos, no para que el gobierno transmita propaganda, sino para que los partidos y candidatos tengan espacio para presentar sus propuestas en las campañas electorales. Ello disminuiría la influen-cia de los intereses espeinfluen-ciales, particularmente si significa que las contribuciones que hagan sean públicas.

Existe una cierta visión que dice que hay que dejar que el mer-cado lo determine todo. Sin embargo, hay ciertas cosas que no queremos que las determine el mercado. Los votos son una de ellas. El uso del espectro en las telecomunicaciones es otro.

El gobierno también debería tomar medidas para favorecer el es-tablecimiento y accionar de las ONG, ya que éstas expresan las in-quietudes de la sociedad civil: se trata de voces colectivas que expre-san acciones colectivas y permiten enfrentar los problemas de manera más balanceada.

Y así como los intereses juegan un rol importante en el proce-so político, también lo hacen las ideas. La escuela de Chicago y el

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Consenso de Washington tuvieron un gran impacto, porque sus ideas eran muy poderosas y muy simples. Desafortunadamente es-tas ideas han perdido su poder porque sus predicciones demos-traron ser erróneas. Es por ello que resulta crucial la articulación de un conjunto de ideas alternativas, planteadas en forma simple y accesible. Para que lleguen a la ciudadanía deben ser fácilmente entendibles. Y aquí hay un papel clave para políticos que puedan trasmitir este mensaje alternativo, algo que no ha ocurrido hasta el momento.

La escuela de Chicago y el Consenso de Washington tuvieron un gran impacto, porque sus ideas eran muy poderosas y muy sim-ples. Desafortunadamente estas ideas han perdido su poder porque sus predicciones han demostrado ser erróneas.

Por ejemplo, la visión en la mayor parte del mundo es que Chile es el gran éxito del así llamado Consenso de Washington, algo que ha sido usa-do para promover los supuestos logros de este último. El FMI usa per-manentemente el caso de Chile para promover sus políticas, diciéndoles a los países que si hacen lo que les dice el Fondo van a obtener resultados como los de Chile. Ustedes pueden pensar que eso no es así, pero en un mundo globalizado eso no tiene mayor importancia. Si el resto del mun-do piensa que eso es así, así será, a no ser que ustedes se encarguen de de-cir lo que verdaderamente ha ocurrido en Chile.

Algo similar ocurre con Suecia. Se trata del gobierno socialdemócra-ta más exitoso y popular de Europa. Todo indica que van a ganar amplia-mente las próximas elecciones. Sin embargo, el FMI ha tratado de crear la imagen de que hace ocho años Suecia dejó atrás el Estado de bienestar. Esto es falso. Lo que hicieron fue simplemente reajustarlo. Por ejemplo, los beneficios de cesantía fueron disminuidos de un 80% a un 70% del sueldo que el trabajador tenía antes de perder su empleo. Pero sigue exis-tiendo una red de protección social muy fuerte, mucha capacitación la-boral y gran preocupación por el bienestar de las personas. Y en ma-teria de innovación, Suecia ocupa uno de los primeros lugares del mundo. Tiene mayor penetración en la red de Internet que los Estados

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Unidos. Y ambas cosas están vinculadas. Es precisamente debido a esta red de protección social que los suecos se pueden dar el lujo de ser más innovadores y de tomar riesgos.

Y si creemos en la filosofía que inspira la socialdemocracia, de-bemos ser más asertivos, no sólo para subrayar las fallas del Consen-so de Washington, sino también para enfatizar los logros de enfo-ques alternativos.

Quisiera mencionar también un par de aspectos más específicos vinculados con América Latina. El primero de ellos es que resulta importante para la región no depender del FMI o del mercado in-ternacional de capitales. Las implicancias de lo que estoy diciendo es que los países de la región deberían dejar de pedir préstamos. El costo de hacerlo es muy alto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno compara los beneficios que se obtienen cuando entran los capitales con los costos que se pagan cuando éstos dejan el país, es indiscuti-ble que los últimos exceden con mucho a los primeros.

Y si uno considera el análisis hecho, por ejemplo, por la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) en materia de flujos de ca-pital hacia y desde la región, va a poder entender en buena medida las alzas y las bajas de las economías latinoamericanas. Hay razones teó-ricas para esta asimetría costo-beneficio. El problema es que el efecto de la salida de capitales es extremadamente disruptivo. Es muy tenta-dor decir: tengo un gran proyecto, cuya tasa de retorno va a exceder con mucho su costo. Pero ello sólo será así si el capital se queda en el país. Si se llega a retirar, el costo será enorme, no sólo en términos eco-nómicos, sino también en cuanto a sus efectos políticos y su impacto en las instituciones democráticas.

Va a pasar un tiempo antes de que los países latinoamericanos pue-dan salir de su situación de endeudamiento. Algunos lo harán entrando en bancarrota y cesación de pagos. A veces se dice que si se hace eso se perderá para siempre el acceso al crédito. Eso es falso. Rusia lo hizo y a los dos años estaba de nuevo en el mercado de crédito. Pero el otro punto es que ustedes no deben hacer uso de estos créditos. Los mercados financie-ros les van a decir todo lo contrario, y van a tratar de convencerlos de que es bueno hacerlo, porque hacen dinero con ello. La verdad es que a los bancos les gusta prestar cuando las cosas están bien y cobrar cuando es-tán mal. Y esto es entendible.

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Lo que hay que tener claro son las consecuencias que esto ha te-nido para América Latina. Ello ha forzado a los países de la región a adoptar políticas económicas pro-cíclicas y ha contribuido a la ines-tabilidad económica, a la pobreza y a la desigualdad. Es por ello que yo creo que es importante evitar los préstamos, especialmente del ex-terior. Esto implica que en ciertos casos habrá que restringir el gas-to, pues de todas maneras eso habría que hacerlo más adelante de to-das maneras. Y es mejor restringirlo ahora, y no tener que hacerlo más tarde, en medio de una crisis. Los gobernantes muchas veces tie-nen la visión de que en el futuro habrá otra persona a cargo, y que ella tendrá que enfrentar el problema, pero la actitud responsable es hacerlo ahora.

También quisiera apoyar los planteamientos que se han hecho en relación con la importancia de la solidaridad regional en las po-líticas económicas. En términos más generales, la globalización im-plica que la región puede mirar al resto del mundo de manera dis-tinta. La distancia desde Europa no es mayor que desde Estados Unidos; la distancia desde Asia, medida en términos económicos, costos de comunicación, etc., es esencialmente la misma. Es por ello que uno puede usar la globalización para lograr un mayor equilibrio en las relaciones económicas internacionales y una ma-yor capacidad de negociación. Chile lo está haciendo ahora al ne-gociar en forma paralela un acuerdo comercial con la Unión Eu-ropea y otro con los Estados Unidos, y los otros países de la región deberían hacer algo similar.

Más allá de ello, sin embargo, hay que entender que los Estados Unidos no va a ser un buen socio comercial. No va a haber un ALCA a no ser que Argentina y Brasil estén dispuestos a sacrificar mucho de su parte. Ambos son grandes exportadores agrícolas y el

protec-cionismo en los Estados Unidos está en alza. Los subsidios están

au-mentando, y no veo la posibilidad de ningún cambio en ello. Aun después de establecido el NAFTA, los Estados Unidos han seguido utilizando las medidas anti-dumping para proteger a sus producto-res. En ese sentido, el libre comercio con Estados Unidos ayudó po-co o nada a las exportaciones de paltas y de tomates mexicanos, ni a sus camioneros. En cada área en que uno es exitoso, la presunción va a ser que la causa se debe a una competencia injusta.

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No va a haber un ALCA a no ser que Argentina y Brasil estén dispues-tos a sacrificar mucho de su parte.

Sin embargo, hay alternativas. Uno puede terminar con los mecanis-mos de anti-dumping, como lo han hecho Australia y Nueva Zelanda en su propio acuerdo de libre comercio, diciendo que no van a utilizar le-gislación de comercio internacional, sino más bien las leyes que promue-ven la competencia, para definir lo que son políticas comerciales justas al interior de esos países. Ahí está toda la legislación antimonopólica, que debe ser la que defina tanto las prácticas que son aceptables al inte-rior de los países como en sus relaciones económicas con el exteinte-rior. Si se insiste en eso, bien vale la pena tener un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; pero si este punto no se puede poner en la agenda, no estoy seguro de que valga la pena seguir adelante.

Retomando el tema de la solidaridad regional: en este momento hay un proceso de vigilancia o supervisión que ejerce el FMI sobre los paí-ses de América Latina, lo que constituye una manera de presionar a países que tienen buenas políticas económicas. Ello se hace en referen-cia al artículo IVde los estatutos del Fondo. Sin embargo, el artículo IV no tiene nada que ver con la vigilancia, sino más bien expresa que ese

país no está haciendo nada fuera de lo normal en sus políticas econó-micas. Éste es un caso clásico de cómo el Fondo extiende su mandato hacia áreas no contempladas en sus estatutos.

Hay un proceso de vigilancia o supervisión que ejerce el FMI so-bre los países de América Latina.

Y este artículo IVtampoco es balanceado. Refleja una visión par-ticular de la economía, un conjunto de preocupaciones con un determi-nado sesgo, y en muchos países en desarrollo tiene un impacto enorme. Cuando en los Estados Unidos el FMI usa el artículo IVpara criticar al-guna medida o situación, no le hacemos ningún caso. No tiene ningún efecto en los mercados de capital o en las políticas que aplicamos.

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Cuando formé parte del Consejo de Asesores Económicos del Presiden-te, siempre sabíamos lo que el Fondo nos iba a decir. Su preocupación ca-si única y excluca-siva era la inflación, aun en períodos en que la inflación era muy baja. Siempre estaban sugiriendo que subiéramos la tasa de in-terés. Si les hubiésemos hecho caso, no habríamos tenido el crecimiento y la expansión económica que tuvimos en los 90, ni la caída del desem-pleo a un 3,9%. El Fondo vivía señalando que si el desemdesem-pleo bajaba del 6% íbamos a tener inflación. Sin embargo, ello no ocurrió.

En el Consejo habíamos hechos varios estudios sobre el tema y sa-bíamos que se estaban produciendo importantes cambios en la estruc-tura de la economía que nos permitían proceder en forma distinta. Y los beneficios que obtuvimos gracias a ello fueron considerables. La de-lincuencia bajó considerablemente, así como el número de personas que recibieron asistencia social, todo ello gracias a la reducción en las tasas de desempleo y al grado en el cual la economía de los Estados Unidos en los 90 se aproximó al pleno empleo.

La CEPAL también podría jugar un papel importante en la región de-sarrollando una especie de red de vigilancia alternativa al FMI, haciendo a cada país recomendaciones basadas en una agenda económica más ba-lanceada, y que reflejara los valores y el extenso conocimiento de la re-gión, algo que podría hacer en conjunto con entidades como la Organi-zación Internacional de Trabajo (OIT). Un enfoque de esa índole pondría un mayor énfasis en políticas sociales y temas similares, que quedaron fuera de las perspectivas parciales del FMI.

Por mi parte, estoy promoviendo una “Iniciativa para un diálo-go sobre políticas”, financiada por entidades suecas, canadienses y estadounidenses. Su propósito es impulsar la idea de que existen distin-tas visiones sobre las políticas económicas y sociales a aplicar en el mun-do en desarrollo, de que hay opciones y trade-offs, que es importante que haya diálogos entre todos los sectores de la sociedad, no sólo entre los mi-nistros de Hacienda y los presidentes de los Bancos Centrales.

Este tipo de debate puede darles mayor contenido y una mayor re-levancia a la democracia y al debate democrático. No es admisible que mucha gente opine, como nos indican las cifras de las encuestas del PNUD y Latinobarómetro, que la democracia es irrelevante para re-solver los problemas de la gente. Ello se debe en parte a que existe la percepción, no del todo errónea, de que las cosas fundamentales en

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materia de política económica se deciden en Washington y no por medio de procesos democráticos. Es imperativo poner fin a esta situación a la brevedad.

Existe la percepción, no del todo errónea, de que las cosas fun-damentales en materia de política económica se deciden en Washington y no por medio de procesos democráticos. Es im-perativo poner fin a esta situación a la brevedad.

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