Los Recursos Hídricos en Costa Rica: un enfoque estratégico

LOS RECURSOS HÍDRICOS EN COSTA RICA: UN ENFOQUE ESTRATÉGICO

202

Laguna Azul, rio Celeste, Parque Nacional Volcán Tenorio, Costa Rica.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Laguna_azul,_Rio_Celeste,_Parq_Tenorio.jpg

Resumen

En este documento se presenta un diagnóstico del estado de los recursos hídricos terrestres de la República de Costa Rica (CR). En comparación a una gran cantidad de países del mundo, CR tiene una amplia disponibilidad de agua (al-rededor de 25,900 m3 hab-1 año-1) y un porcentaje muy bajo de uso (alrededor de 2.4%). Esto hace a CR un país con un estrés hídrico muy bajo. Sin embargo, estos prome-dios nacionales son indicadores deficientes del potencial de explotación adicional del país y de la situación de estrés en algunas regiones en términos de abastecimiento y de la calidad de los recursos hídricos. De hecho, cuando se to-man en cuenta limitaciones como la conservación de agua para garantizar la sostenibilidad de los recursos natura-les y el desarrollo socio-económico, el porcentaje de uso adecuado del agua puede ser un número muy bajo. Esto sugiere que más y mejores estudios de manejo y planea-miento integrado de cuencas son necesarios para optimi-zar el uso de los recursos hídricos. Durante los últimos 20 años, CR ha sido reconocido como un país amigable con el ambiente, gracias a sus esfuerzos de conservación y la pro-tección de ecosistemas, pero esto contrasta con la severa contaminación de ríos y acuíferos urbanos. Aunque algu-nos de estos problemas de décadas se están finalmente empezando a resolver, hay mucho por hacer en el futuro cercano. Mejores estudios de manejo y planeamiento in-tegrado de cuencas son necesarios. La protección de los recursos naturales del país para las generaciones futuras es un gran reto que requerirá el soporte, consenso y coor-dinación de muchos sectores de la sociedad.

Palabras clave: hidrología, clima, hidrología de

superficie, aguas subterráneas, sequía,

inun-dación, manejo, calidad de aguas, agri cultura,

suministro de agua, industria, ley de aguas.

Los Recursos Hídricos

en Costa Rica:

un enfoque estratégico

Hugo G. Hidalgo

Escuela de Física y Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica

1. Introducción

La República de Costa Rica (CR) obtuvo su independencia de la Corona Española en 1821 y es considerada la demo­ cracia más antigua y sólida de Latinoamérica. Aunque desde su emancipación han habido disturbios del orden institucional (como en el resto de los países de la región), desde 1948 el país ha consolidado un sistema democrático que es considerado ejemplar en el mundo.

Históricamente, el agua ha participado en el desarrollo social, económico y cultural de CR, pero su relativa abun­ dancia ha creado la impresión de que era un recurso infini­ tamente renovable. Sin embargo, la historia ha mostrado que la calidad de los recursos hídricos ha ido cambiando a través del tiempo con graves consecuencias para los hu­ manos y el ambiente.

El agua era un recurso natural de gran importancia para el desarrollo de las sociedades aborígenes antes de la lle­ gada de los españoles, y se usaba para transporte, produc­ ción de alimentos y para rituales religiosos. Con la llegada de los españoles, la disponibilidad y calidad del recurso cambia ron dramáticamente, en parte causado por la de­ forestación (Vargas Sanabria, 2003).

La producción agrícola (especialmente café y banano) for­ mó la base del desarrollo temprano del país y continúan siendo importantes hoy en día. En el siglo XIX, el desarro­ llo de la agroindustria, junto con el procesamiento de café, banano, azúcar y licor de caña de azúcar, aumentó la demanda de agua e inició la contaminación de los ríos. Sin embargo, a través de los años parte de la riqueza ob­ tenida de esta producción se empleó de buena manera, ya que ayudó a financiar los sistemas de educación y salud. La buena decisión de abolir el ejército en 1948 fue clave para mantener la estabilidad política y permitió que más recursos económicos se destinaran a programas sociales. Los programas de abastecimiento de agua y sanitarios se beneficiaron de estos fondos que de otra manera hubieran sido utilizados en armas. Tristemente, la falta de concien­ cia ambiental también permitió que el desarrollo de CR en gran parte del siglo XX se efectuara sin ninguna conside­ ración a la calidad de aguas en los ríos ni la conservación de los bosques o suelos. Afortunadamente esto empezó a cambiar al final del siglo XX, y ahora CR está considerado como un país amigable con el ambiente. Esto contrasta con los problemas de contaminación severa que todavía persisten en los ríos urbanos, por ejemplo. Mientras que

Figura 1. Límites y divisiones administrativas internas de la República de Costa Rica

El país se divide en siete provincias: San José (SJ), Alajuela (AL), Heredia (HE), Cartago (CA), Puntarenas (PU), Limón (LI) y Guanacaste (GU).

probablemente tomará un esfuerzo continuo de muchos años dirigir la atención a todos los problemas relacionados con deforestación, sobreexplotación y calidad de los recur­ sos hídricos, hay indicaciones de que se están llevando a cabo esfuerzos incipientes para limpiar el ambiente y ga­ rantizar sostenibilidad. Éste es un reto significativo que requerirá de la participación de muchos sectores de la so­ ciedad, pero que también resultará en una mejor calidad de vida para las futuras generaciones.

2. Recursos hídricos nacionales

y su uso

CR está localizada en la parte sur de Centroamérica. La parte continental del país puede enmarcarse entre 8° 02’ 26” a 11° 13’ 12” latitud norte y 82° 33’ 48” a 85° 57’ 57” lon­ gitud oeste (Figura 1; INEC, 2004). CR presenta un rango de elevaciones desde 0 metros sobre el nivel del mar (msnm) en las costas Pacífica y Caribe, hasta 3,810 msnm en el Ce­ rro Chirripó, el pico más alto en la Cordillera de Talaman­ ca que delimita la división continental en la parte sur del país. CR se extiende por aproximadamente 51,102 km2 _y

está dividida en siete provincias: San José (SJ; 4,966 km2_),

Alajuela (AL; 9,758 km2_{), Heredia (HE; 2,657 km}2_{), Cartago}

(CA; 3,125 km2_{), Puntarenas (PU; 11,266 km}2_{), Limón (LI;}

9,189 km2_{), y Guanacaste (GU; 10,141 km}2_{). Una pequeña}

isla (de alrededor de 24 km2_{) en el Océano Pacífico (05° 31’}

08” norte y 87° 04’ 18” oeste) conocida como la “Isla del Coco” está también bajo soberanía nacional desde 1869. El estimado de población de 2008 fue de 4,451,262 habi­ tantes (INEC, 2008) y el Producto Interno Bruto (PIB) fue estimado en alrededor de US$ 29,800 millones (COMEX, 2008).

Costa Rica está localizada en la ecozona (o reino biogeográ­ fico) Neotropical, con un clima intertropical (tropical y sub­ tropical) que resulta en una gran disponibilidad relativa de lluvia durante gran parte del año en gran parte del país. La época seca en gran parte del país se extiende de diciembre a abril y, consecuentemente, la época lluviosa de mayo a noviembre. La diversidad en la topografía, exposición, dis­ tancia a la costa y el predominio de patrones de circulación atmosférica durante el año resulta en grandes variaciones espaciales y temporales en la precipitación y en una relati­ va abundancia de microclimas contrastantes (ver también Amador et al., 2000). Por ejemplo, la precipitación anual promedio es del orden de menos de 1.5 m en las llanuras costeras de Guanacaste y en los valles de Cartago, a más de 8 m en la Cordillera de Talamanca, con un promedio na­

cional de alrededor de 2.9 m (UN, 2006). La temperatura anual promedio es de poco menos de 5°C en la cima de las montañas más altas y a más de 28°C en las llanuras guana­ castecas (IMN, 1985; UNESCO, 2007), pero con pequeñas variaciones estacionales.

El promedio anual del total de recursos hídricos renovables (ATRHR) se ha estimado en alrededor de 112 km3 _(UN,

2006; Peter H. Gleick and Associates, 2008; CIA, 2009) o más de 25,900 m3 _{por habitante por año en la mayoría de}

los estudios consultados, pero en otros estimados puede ser tan alto como 170 km3 _{(Ministerio de Salud y Orga­}

nización Panamericana de la Salud, 2003; Vargas Sanabria, 2003). Esto sugiere que en promedio CR tiene una amplia disponibilidad de agua dulce en forma absoluta. Excepto quizás por países de Sudamérica y Oceanía, muchos de los países del mundo y de la región tienen considerablemente menores ATRHR. Sin embargo, como se discutirá en ésta y en las siguientes secciones, esta gran disponibilidad es­ conde serios problemas de sobreexplotación y severos casos de contaminación de ríos y acuíferos urbanos ge­ neralmente asociados al crecimiento sin control (ver, por ejemplo, OD, 2001). En las últimas dos décadas, la acumu­ lación de viejos y nuevos problemas en el abastecimiento y calidad de aguas (algunos de los cuales han resultado en una incidencia creciente de conflictos locales por el agua (OD, 2001) y el desarrollo de una mejor conciencia ambien­ tal en los habitantes (junto con un aumento mundial y local de la conciencia de la necesidad y el valor de la protección ambiental) han ayudado a empezar a reducir la apatía en la sociedad (ver también Monge Flores, 2009). Desafortu­ nadamente, hay serios obstáculos que deben enfrentarse para poder resolver estos problemas que no son solamente de naturaleza económica, sino también debidos a 1) la falta de legislación adecuada, 2) una estructura institucional in­ adecuada y 3) la falta de maneras o deseo genuino de al­ canzar consenso para proteger los recursos naturales (ver también Programa Estado de la Nación, 2009).

Cerca de dos tercios del ATRHR están disponibles como agua superficial y un tercio como agua subterránea (UN, 2006). Hay un total de 13 cuencas principales en el país. Cuatro de ellas drenan hacia el Océano Pacífico; tres dre­ nan hacia el Río San Juan que delimita parte de la frontera norte con Nicaragua, y las restantes seis drenan hacia el Caribe (Tabla 1). Esas 13 cuencas principales se subdividen en 44 subcuencas pequeñas que incluyen cuatro de la Isla del Coco. En términos de aguas subterráneas, el principal acuífero en el Caribe se llama “La Bomba” y está localizado en la margen izquierda del río Banano. La zona de drenaje del norte no se ha estudiado y no existe mucha información

hidrogeológica. Los principales acuíferos de la cuenca de drenaje del Pacífico están localizados en los ríos Tempi­ sque, Grande de Térraba y Barranca (Tabla 2; Ministerio de Salud et al., 2003). Hay cuatro zonas que concentran la mayoría de la demanda de agua subterránea: 1) La Gran Área Metropolitana (GAM) de la capital de San José y otras ciudades circundantes (que representaban 2.4 millones de habitantes y 4% del área de CR en 2005), 2) Guanacaste, 3) Puntarenas y 4) Limón. Cerca de 50% del abastecimiento total de agua en estas áreas proviene de fuentes subterrá­ neas. En particular, los acuíferos más explotados del país (Colima Inferior, Colima Superior y Barva) proveen agua a más del 65% de la GAM (Ministerio de Salud et al., 2003). CR puede ser considerado un país con un estrés hídrico relativamente bajo (5.1%). Sin embargo, este promedio nacional esconde dramáticos contrastes. Por ejemplo, el índice de extracción de agua subterránea alrededor de la región metropolitana aumentó de 16% a 62.5% entre 1996 y 2000. Esto es equivalente a un estrés hídrico similar o más grande que los valores observados en Egipto, Libia, la Península Arábiga y el Cercano Este (Fernández­González y Gutiérrez­Espeleta, 2002; UNEP, 2003).

Desafortunadamente, el grado de predominio de casos de problemas similares de sobreexplotación local de recursos hídricos es últimamente desconocido por la falta de estu­ dios de valoración y de datos. Sin embargo, el problema parece ser común en CR debido a inadecuados o inexis­ tentes programas de manejo y planeamiento integrado de recursos hídricos en el país, lo cual tiene implicaciones

en el ambiente, la disponibilidad futura, la sostenibilidad de recursos naturales y la calidad de vida. A continuación algunas de las razones por las que se sugiere esto: 1) como se mencionó anteriormente, la gran disponibilidad de pre­ cipitación y el bajo estrés hídrico en la mayoría del país ha dado como resultado que la sociedad costarricense no se haya preocupado mucho por la escasez de agua y no le haya dado suficiente valor al planeamiento y manejo de los recursos hídricos durante mucho tiempo (Ministerio de Salud et al., 2003), y aunque esto ha cambiado dramática­ mente, se han acumulado problemas serios a través de los años debido a esta vieja mentalidad; 2) con algunas excep­ ciones (i.e. MIVAH et al., 2006; MINAE y IMN, 2007 y otras publicaciones del mismo proyecto), hay una falta de estu­ dios integrados de los recursos hídricos para guiar la plani­ ficación y proveer conocimiento sobre la máxima cantidad de agua que se puede destinar a cierto uso o que se puede extraer de un sistema de ríos o acuíferos garantizando la sostenibilidad (UNEP, 2003; Tribunal Latinoamericano del Agua, 2008); 3) la cantidad y la calidad de los datos hi­ drogeológicos de acuíferos deben mejorarse y más datos hidrológicos (mediciones de caudal, humedad del suelo e información de la superficie terrestre) son necesarios para poder producir valoraciones adecuadas de los recursos hídricos; 4) la asignación de concesiones de aguas no son consistentes con un estudio integrado de valoración de la cuenca que considere los diferentes usos humanos (i.e. abastecimiento de agua, agricultura, industrial), así como otros requerimientos de agua (i.e. ambiental, control de inundaciones, operación óptima de embalses, generación hidráulica, ecología, calidad de agua), y que incorpore as­ pectos como sostenibilidad, cambio climático, monitoreo, reforestación, uso de la tierra y otros aspectos relaciona­ dos; 5) en la práctica, la construcción y el monitoreo de pozos privados (especialmente en zonas rurales) tienen

Tabla 1. Características de los principales ríos de Costa Rica

Vertiente Nombre Longitud_(km) Área cuenca_(km2)

Pacífico Tempisque 136 3,400 Grande de Tárcoles 94 2,150 Parrita 108 1,273 Grande de Térraba 160 5,000 Atlántico Reventazón-Parismina 145 3,000 Pacuare 108 882 Matina-Chirripó 92 416 Banano N.D. 204 Estrella 52 1,002 Sixaola 146 2,700 Norte (Río San Juan)

Frío 52 1,551

San Carlos 135 2,650

Sarapiquí 84 2,150

Fuente: Ministerio de Salud et al. (2003). Los datos no disponibles se denotan con la abreviatura N.D.

Tabla 2. Principales acuíferos en explotación en Costa

Rica. Adaptado de OD (2001)

Nombre Volumen de extracción (x10-3 _m3 _s-1₎

La Bomba (Limón) 30

Río Moín (Limón) N.D.

Santa Clara (Alajuela) 10

Bagaces (Guanacaste) 380

Tempisque (Guanacaste) 50-100

Barranca (Puntarenas) N.D.

Colima Inferior (San José) 80 Colima Superior (San José) 750

Barva (Heredia) 20-100

poco o ningún control (Tribunal Latinoamericano del Agua, 2008); 6) las leyes de aguas son anticuadas, y 7) la urbani­ zación y la tala de bosques rápidas y desorganizadas debi­ do a la falta de leyes y reglamentos de ordenamiento terri­ torial crean una presión grande sobre los recursos hídricos de ciertas regiones (Programa Estado de la Nación, 2009) y también crean presión en las tierras de las nacientes de las cuencas que alimentan a ríos y acuíferos (MINAE et al., 2007; Moreno­Díaz, 2009; ver también OD, 2001).

3. Balance hídrico

Hace algunos años, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) apoyó un esfuerzo para estimar el balance hídrico nacional de países alrededor del mundo con una metodología común. En CR, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fue el responsable de generar el estudio nacional. El ICE estudió 34 cuencas que cubrían gran parte del territorio de CR, y en 2007 produjeron un balance hídri­ co de 1970 a 2002 que consistía en un estimado para cada cuenca del promedio de los totales de precipitación anual, escorrentía, evapotranspiración real (ETR) y del error del balance con la siguiente ecuación (UNESCO, 2007):

P – E – ETR + error = 0 (Ecuación 1)

Ecuación en la que P, E y ETR son los promedios espaciales y temporales para cada cuenca de precipitación acumu­ lada, escorrentía y evapotranspiración real, respectiva­ mente, y “error” es el término requerido para hacer el lado izquierdo de la ecuación igual a cero (UNESCO, 2007). En la Figura 3, los datos de la UNESCO (2007) fueron usa­ dos para calcular el promedio de contribución de la esco­ rrentía y la ETR comparado a la precipitación total de un año, junto con el estimado del término de error. Como se puede ver, los dos componentes del balance hídrico y el e rror tienen comparable variabilidad espacial. Los estima­ dos (pesados de acuerdo con área de la cuenca) muestran que relativamente gran parte del agua precipitada por lo gene ral se convierte en escorrentía (65%), mientras que la ETR es cerca de un tercio de la precipitación (este último es­ timado es consistente con Ministerio de Salud et al., 2003). El término de error es generalmente bajo (1%), lo que su­ giere que las suposiciones acerca del almacenamiento en estas escalas de tiempo son generalmente válidas en estas cuencas. Debe notarse que el componente de escorrentía indirectamente incluye la recarga de los acuíferos, ya que

no fue considerada de manera explícita en el análisis. Se ha estimado que alrededor de 21% del agua anual es usada para recarga de agua subterránea, la cual puede a su vez convertirse en caudal aguas abajo de las zonas de recarga (Ministerio de Salud et al., 2003).

4. Usos nacionales del agua

El uso anual total está estimado desde 0.54 km3 _{o 0.5% del}

ATRHR (Ministerio de Salud et al., 2003) hasta 2.68 km3 _o

cerca de 2.4% del ATRHR (UN, 2006; Peter H. Gleick and Associates, 2008; CIA, 2009). Esta última cifra corresponde a cerca de 619 m3 _año­1 _habitante­1 _{(en el año 2000), dis­}

tribuido en 29% en uso doméstico, 17% en uso industrial y 53% en uso agrícola (Peter H. Gleick and Associates, 2008; CIA, 2009). En la Figura 4 se muestra una comparación en­ tre el uso porcentual de recursos hídricos en CR y la distri­ bución para otras regiones del mundo. Como se puede ver, el uso por cápita en CR es significativamente menor que la mediana en muchas regiones del mundo, excepto para Sudamérica y Oceanía.

Aproximadamente el doble del volumen de agua que se usa para agricultura es utilizado para generación hidro­ eléctrica, pero como esta agua es devuelta al río, no se con­ sidera en este estudio como parte del consumo anual de 2.68 km3_{. Hay plantas hidroeléctricas de diferente capa­}

cidad en cerca de 38% de las cuencas (UNA, 2004). Como es el caso en muchas otras regiones del mundo, la produc­ ción agrícola es la mayor consumidora de agua. Desafortu­ nadamente, CR tiene la tasa de consumo de agroquímicos más alta en la región centroamericana, con consecuentes impactos negativos en el ambiente (flora y fauna), suelos, arroyos, ríos y acuíferos (UNA, 2004). Se estima que CR tiene alrededor de 5,250 km2 _{de tierras que podrían ser po­}

tencialmente irrigados, pero sólo alrededor de 17% tiene algún tipo de infraestructura de irrigación o está actual­ mente siendo irrigado. La mayoría de los sistemas están basados en gravedad con muy baja eficiencia. Sorpren­ dentemente, el agua se valora de acuerdo con el área y no con el volumen total, lo cual favorece un sistema de alta demanda, baja eficiencia y poco incentivo para actualizar los sistemas (UNA, 2004).

Algunas formas de uso industrial del agua son: 1) ingre­ diente en los procesos de producción de diversas indus­ trias como la del agua embotellada y la de las bebidas (gaseosas, jugos, licores); 2) purificación de componentes de alta tecnología y otros; 3) transporte de productos; 4)

mantenimiento y limpieza de equipo e infraestructura; 5) en el caso de la industria turística, una fracción del agua se usa en proveer recreación, y 6) otros usos relacionados.

Debido a la falta de plantas de tratamiento, hay un consid­ erable impacto provocado por el vertido de aguas residu­ ales industriales (y domésticas) al ambiente (UNA, 2004).

Figura 2. Promedio de recursos hídricos renovables anuales per cápita de diferentes regiones del mundo

La línea horizontal correspondiente a Costa Rica es de alrededor de 25,900 m3 año-1 hab-1. Am. Del Norte incluye países de Norteamérica, Cen-troamérica y el Caribe, y Oceanía incluye países de Oceanía y Australia. Los datos de población son del 2005, pero los datos de disponibilidad varían de 1997 a 2005. Se asume que la disponibilidad no varía significativamente de año a año. El rectángulo está compuesto por los percentiles 25, 50 y 75. Las barras verticales se extienden 1.5 veces el rango entre cuartiles o a la extensión de los datos. Los valores fuera de las barras se consideran extremos y se denotan con un punto como símbolo. (La figura fue construida con datos de Peter H. Gleick and Associates (2008) con el permiso correspondiente.)

Figura 3. Balance de aguas para 34 cuencas costarricenses de 1970 a 2002

La contribución promedio al balance de aguas de cada uno de los componentes está expresada como porcentajes de la precipitación total acumulada. Los valores entre paréntesis son los promedios obtenidos de una ponderación con respecto al área de las cuencas. ESCORR. corresponde a la escor-rentía superficial; ETa es la evapotranspiración actual, y error es el valor necesario para cerrar el balance de aguas. La explicación de los rectángulos está dada en la Figura 2. (Esta figura fue construida con datos de la UNESCO (2007) con el permiso correspondiente.)

Deben reconocerse, sin embargo, los esfuerzos de ciertos sectores de la industria para reducir el uso de agua y adop­ tar prácticas adecuadas, incluidas certificaciones acordes con normas ambientales (UNA, 2004).

5. Agua y el ambiente

El uso relativamente bajo del agua comparado con el ATRHR y el alto promedio de ATRHR mostrado en las Figu­ ras 2 y 4 pueden ser indicadores engañosos del potencial de explotación adicional que puede ser sostenible o desea­ ble para cierta región. Por ejemplo, el reporte de 2008 del Estado de la Nación (Programa Estado de la Nación, 2009) ­un estudio de diagnóstico que evalúa muchas variables que afectan el desarrollo socioeconómico del país­ incluyó por primera vez un estimado de la “huella ecológica” del país. Los resultados son alarmantes, ya que muestran que es más grande la tasa de uso de los recursos naturales que la capacidad del territorio nacional para restaurarlos en aproximadamente 12% (por consiguiente, para satisfacer las necesidades de cada persona se necesitaría 12% más de tierra productiva de la que actualmente hay), y esto tiene implicaciones en la sostenibilidad ambiental. Esto también significa que el país depende de recursos naturales exter­ nos y que está, de hecho, “endeudado ecológicamente”. La presión creciente en los recursos naturales puede re­

sultar en serias pérdidas en la disponibilidad y calidad de los recursos naturales (componentes claves del desarrollo nacional), lo cual, a su vez, puede comprometer aún más la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de las genera­ ciones futuras (Programa Estado de la Nación, 2009). Aunque esta deuda está bastante abajo que el promedio mundial de 30% (sobre la capacidad del planeta) o de los resultados para países con menos recursos (El Salvador = 125%) o de patrones de consumo más altos (Estados Uni­ dos = 88%), todavía constituye un porcentaje significativo (Programa Estado de la Nación, 2009). En el Programa Es­ tado de la Nación (2009) dos tipos de acciones se sugieren para ser implementadas en el futuro cercano con el fin de reducir la huella ecológica en CR: 1) es urgente implemen­ tar un sistema de ordenamiento territorial que permita una mejor distribución y manejo de los recursos naturales, y 2) debido a la relativamente alta importancia de las emisio­ nes de gas carbónico en el cálculo de la huella ecológica, CR debe mejorar los sistemas públicos y privados de trans­ porte (Programa Estado de la Nación, 2009).

Las limitaciones externas de uso del agua (como las im­ puestas por la necesidad de proteger ecosistemas terres­ tres y acuáticos o para lograr el desarrollo sostenible) pue­ den actuar recíprocamente con otros tipos de limitaciones que pueden resultar en una limitación bastante restringida en el uso porcentual de agua que se puede extraer de una

Figura 4. Promedio de uso de los recursos hídricos anuales per cápita de diferentes regiones del mundo

La línea horizontal representa el valor para Costa Rica (alrededor de 2.4%). (La figura fue construida con datos de Peter H. Gleick and Associates (2008) con el permiso correspondiente.)

región determinada. La expresión “el agua en Costa Rica es

abundante pero vulnerable” (OD, 2001) de alguna forma re­

sume esta idea.

Como reconocimiento a los esfuerzos históricos en con­ servación ecológica, en las últimas dos décadas CR ha sido considerado un país generalmente preocupado por el am­ biente. Sin embargo, en contraste con esta imagen, todos los ríos urbanos y también muchos acuíferos y suelos están severamente contaminados con residuos sólidos y aguas vertidas de diferentes fuentes, incluida una gran cantidad de aguas negras que es descargada a los ríos sin ningún tipo de tratamiento (Tabla 3). Hay también severos casos de contaminación de aguas subterráneas identificados en diversos estudios que reportan concentraciones de nitrato en regiones urbanas de casi el doble de los valores reco­ mendados por la Organización Mundial de la Salud (OD, 2001). Los tanques sépticos son usualmente construidos sin conocer los niveles freáticos y, por consiguiente, la con­ taminación de las fuentes de aguas subterráneas con ma­ terial fecal puede ser un problema generalizado en zonas urbanas (Moreno Díaz, 2009). La GAM presenta los más serios problemas de degradación de los recursos hídricos, y estos efectos se extienden más allá de las ciudades, ya que los grandes ríos (i.e. Grande de Tárcoles) transportan las aguas fuertemente contaminadas de las ciudades al océano, lo que afecta de manera severa los ecosistemas costeros y marinos. Los problemas están empezando a emerger en comunidades rurales también debido al rápido desarrollo de pueblos y ciudades fuera de la GAM; en par­ ticular en Guanacaste, que ha desarrollado una gran indus­ tria turística durante los últimos 15 años con una tasa de crecimiento sorprendente.

Históricamente, las actividades agrícolas también han contribuido de modo considerable a la contaminación de los ríos. Por ejemplo, en los primeros años de la década de los 90 se estimó que cerca de 68% de la contaminación total del agua del Valle Central estaba asociada a las activi­ dades de siembra de café. En los peores tiempos de esos años, la demanda bioquímica diaria de oxígeno para el río Grande de Tárcoles alcanzó 260 toneladas, o la presión equivalente que se registraría por los desechos orgánicos de una población de 47 millones de habitantes, lo cual cons tituye cerca de 15 veces la población total de CR. Du­ rante ese tiempo, la preocupación acerca de esta contami­ nación severa resultó en nuevas regulaciones y programas que redujeron las cargas contaminantes en cerca de 45% en 1998. Sin embargo, como se puede ver en los resultados preocupantes de la Tabla 3, estos esfuerzos tempranos han contribuido sólo de forma marginal a resolver el enorme y

complejo problema de la calidad de agua en los ríos urba­ nos Grande de Tárcoles y Virilla, y falta mucho por hacer en el futuro.

Por fortuna, hay indicaciones de que existen esfuerzos en­ caminados a empezar a resolver parte de estos problemas que han afectado a la población por décadas. Por ejemplo, un proyecto llamado “Mejoramiento del Ambiente del Gran Área Metropolitana de San José”, aprobado por la ley 8559 en el año 2006, está dirigido a restaurar la calidad del agua de muchos de los ríos contaminados de la GAM. El proyecto está bajo la responsabilidad administrativa de una “Unidad Ejecutora del Proyecto” integrada por miem­ bros del Banco Japonés para Cooperación Internacional y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), institución local a cargo del abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario y eliminación de aguas ne­ gras (AyA, 2007; OD, 2001). En la primera fase del proyecto (2010 al 2012) se construirá una gran planta de tratamiento que eventualmente procesará las aguas contaminadas de 65% de la población de la GAM, o de cerca de 1,070,000 personas. Esto resultará en un mejoramiento de la cober­ tura de 3.5% a cerca de 27%. En la segunda fase, la cobertu­ ra será aumentada a cerca de 1,600,000 personas. El agua tratada tendrá 90% menos contaminación comparada a las cargas actuales y cumplirá con las regulaciones nacio­ nales (Chaves, 2009).

Junto con otros esfuerzos, se han desarrollado estudios desde 1989 para determinar la calidad del agua en los acuíferos del Valle Central basados en monitoreo conti­ nuo. El proyecto ha sido desarrollado con la participación y coordinación de varias instituciones que incluyen el AyA, el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) y la Universidad Nacional (UNA). Parte de las actividades incluyen monitoreo de varios ríos y pozos en el área metropolitana para determinar correlaciones con aguas subterráneas. Las fuentes de contaminación de aguas subterráneas han sido identificadas por medio de análisis de O18 y N15 (Salazar, 1998).

6. Agua potable, sanitaria y salud

En 2008, cerca de 83% de la población tenía acceso a agua potable y más de 99% de la población tenía acceso a agua adecuada para uso humano como aseo personal, cocina, sanidad y jardinería (Programa Estado de la Nación, 2009). En 2004, cerca de 92% de la población tenía acceso

a alguna forma de servicio sanitario, comparado a 52% en 1970 (Peter H. Gleick and Associates, 2008). Sin embargo, las estimaciones de 2000 también mostraron que 64% de la población disponía de tanques sépticos (en vez de un sistema de alcantarillado de aguas negras) como el único modo de disponer de las aguas negras, y este porcentaje tendía a aumentar a través de los años (OD, 2001). Los tanques sépticos son una fuente de contaminación debido a la infiltración de patógenos y nitratos en los suelos. Por otra parte, los sistemas de alcantarillado sanitario que in­ cluyen plantas de tratamiento previenen la contaminación de aguas subterráneas y superficiales. El gran porcentaje de tanques sépticos es entonces una indicación de que enfren­ tar el problema de contaminación de aguas subterráneas puede ser un esfuerzo costoso y complejo.

La relativamente alta disponibilidad de agua limpia, junto con la inversión oportuna en salud pública en el pasado, se pueden considerar como dos de las razones detrás de los relativamente buenos índices de salud de CR comparados con otros países de Latinoamérica y Centroamérica. Sin embargo, la degradación del ambiente y de los cuerpos de agua en el país, pero en particular en la GAM durante las últimas tres décadas, están empezando a ser cada vez más costosas en términos humanos y económicos. De hecho, se ha estimado que los costos anuales de la contaminación en términos de pérdida de productividad y el tratamiento de enfermedades asociadas suman alrededor de $325 mi­ llones, divididos en los $122 millones de las áreas de las ciu­ dades conectadas al sistema de alcantarillado sanitario y los $203 millones de las áreas con tanques sépticos (More­ no Díaz, 2009). Las heces contienen patógenos, que es un nombre dado a los diferentes tipos de virus, protozoarios y organismos que transmiten enfermedades como el cólera, la fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea, gastroenteritis, en­ teritis por rotavirus, diarrea, disentería y hepatitis A, entre

otras. En los países en desarrollo, las enfermedades causa­ das por estos patógenos son una de las más importantes causas de muerte prematura, especialmente en niños (Moreno Díaz, 2009).

7. Uso de la tierra: deforestación

y degradación del suelo

La deforestación debe ser un asunto de mucha preocupa­ ción en toda sociedad, ya que está asociada con múltiples tipos de impactos ambientales devastadores como: degra­ dación del suelo, pérdida de la capa superior fértil del suelo por arrastre hidráulico, derrumbes, aumento en eventos hidrológicos extremos (inundaciones y sequías), reduccio­ nes en la recarga de los acuíferos, pérdida de productivi­ dad, desertificación, degradación de la calidad del aire relacionada con tormentas de polvo, sedimentación en ríos, pérdida de diversidad de la vida silvestre, pérdida de valor recreacional y pérdida de madera. La deforestación en los bosques lluviosos tropicales puede tener efectos globales en el clima y en muchas clases de formas de vida de la Tierra, ya que contienen aproximadamente 25% de las especies de insectos, plantas y animales conocidos. Es­ tos bosques lluviosos representan ecosistemas en extremo sensibles que son los principales proveedores de mucho del oxígeno del planeta. Además, la pérdida de los recursos naturales en regiones deforestadas sin control es usual­ mente difícil de revertir, lo que, en consecuencia, resulta en la pérdida de la esperanza de un desarrollo sostenible que afecta la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.

Tristemente, desde 1940 hasta la década de los 90, CR tenía tasas de deforestación extremadamente altas; un

Tabla 3. Concentraciones promedio de algunos indicadores de calidad de agua en dos de los ríos más contaminados de la GAM

de 1997 a 1999

Punto de monitoreo _{(1.5-2.5 mg/L)}TOC _{(3-5 mg/L)}BOD _{(10 mg/L)}COD _(4mg/L)DO _(200/100mL)FC a _(0.5mg/L)A b _{(1.5-2.5mg/L)}P Río Virilla

Oeste de la ciudad de San José

13.60 19.00 62.5 6.20 4,246 k 3.65 667.66

Río Grande de Tárcoles

Confluencia con el Río Virilla 9.01 13.89 33.00 6.20 168 k 1.21 0.47

Río Grande de Tárcoles

Salida hacia el océano 7.08 14.29 42.20 6.32 107 k 0.92 4.95

a_{: Para irrigación}

b_{: Valor recomendado = 0.05 mg/L}

Las concentraciones máximas permitidas están mostradas en los títulos. TOC: carbono orgánico total. BOD: demanda bioquímica de oxígeno. DO: oxígeno disuelto. FC: coliformes fecales. A: amonio. P: fósforo.

Figura 5. Cobertura boscosa estimada en años selectos (círculos) durante el período 1940 a 2005 como porcentaje del área

del territorio nacional

Adaptado de MINAET, 2009

período en el cual el país redujo su cobertura boscosa desde más de 75% en 1943 a un mínimo histórico de sólo 21% en 1987 (Figura 5). La deforestación para agricultura y para pastoreo de ganado representan los más grandes contribuyentes de la destrucción de bosque lluvioso en CR. El mínimo de cobertura al final de los 80 es parte de una época de deforestación descontrolada, particularmente desastrosa, que empezó en los 70, un período caracter­ izado por crisis económica y en el cual una serie de eventos globales relacionados trajo severos impactos negativos a la economía de CR. Esto creó un estado de depresión, em­ pobrecimiento y desorden económico, y puso al país en la necesidad crucial de divisas. Ante la desesperación, vastas áreas de bosque lluvioso fueron quemadas y convertidas en fincas de ganado como una manera de prevenir el co­ lapso económico mediante la obtención de las divisas nec­ esarias a través del aumento de exportaciones de carnes de res a los Estados Unidos (un producto que en ese tiempo tenía una demanda extremadamente alta). De hecho, el obtener dólares a través del cortado y la deforestación se volvió una práctica común en Latinoamérica en esos años difíciles (Santiago and Schmidt, 1992). Cuando los Esta­ dos Unidos cesaron de importar carne de res, CR se quedó con millones de hectáreas de tierras deforestadas y con muchas cabezas de ganado. La extensión real de la devas­ tación es resumida por Santiago & Schmidth (1992):

“En resumen, las exportaciones de esta nación (Costa Rica) aumentaron casi 500 por ciento desde los 60

hasta finales de los 80. Adicionalmente, las tierras dedicadas al pastoreo de ganado aumentaron de 27 por ciento del área territorial a 54 por ciento del área territorial. La deforestación y la conversión de tierra en pastos en Costa Rica es uno de los desastres am­ bientales más expansivos y dañinos registrados en la historia moderna, en términos de porcentajes”.

Por fortuna, y contra todos los pronósticos, CR es hoy uno de los primeros países del mundo que logró revertir la ten­ dencia positiva de deforestación que se registró en el pasa­ do, de manera que la actual cobertura de bosque es signifi­ cativamente más elevada que la cobertura al final de los 80 (Figura 5). Diversas causas contribuyeron a esto, incluidos factores externos, como la disminución de los mercados internacionales de carne, junto con otros esfuerzos inter­ nos para compensar la situación extrema de esos tiempos. Más recientemente, un posible factor positivo que ha ayu­ dado a la recuperación es el efecto de una serie de incen­ tivos para la conservación de bosques, como el pago por servicios ambientales (PSA) que se inició en 1996 y el cual paga a los dueños de las fincas por conservar los bosques (República de Costa Rica, 1996; ver también Ortega­Pa­ checo et al., 2009; Redondo­Brenes & Welsh, 2006). El pro­ grama nacional PSA se enfoca en la provisión de los ser­ vicios forestales como secuestro de carbón, protección de biodiversidad y protección de cuencas (República de Costa Rica, 1996). El PSA es visto por muchos sectores sociales

como un esfuerzo positivo para reducir la deforestación. De hecho, un estudio ha mostrado que algunas comuni­ dades en CR están dispuestas a pagar recibos de agua más altos de manera que se puedan implementar programas PSA locales que protejan sus propios recursos hídricos (Ortega­Pacheco et al., 2009). Además, otros factores que han ayudado a reducir las tasas de deforestación del pasado, como el desarrollo de una conciencia ambiental en una parte más grande de la población y el cambio en la dependencia de la economía hacia actividades que no de­ mandan grandes extensiones de tierra alterada, también han ayudado a detener una situación que de otra manera hubiera sido catastrófica. Por tanto, se debe reconocer que la reducción significativa de tales acciones agresivas en contra de los recursos naturales es, por sí mismo, un logro significativo debido, parcialmente, al esfuerzo de muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de las comunidades.

No es de extrañar, sin embargo, que la recuperación del bosque de esta manera tenga sus inconvenientes. Se ha encontrado que la calidad del bosque secundario es sig­ nificativamente menor que el bosque original y que, sin un proceso adicional de enriquecimiento, estos nuevos bosques permanecerán relativamente pobres en especies por décadas; además de que la localización de los nuevos bosques puede no ser óptima en términos ecológicos (Bal­ todano, 2007). Un diagnóstico de las características de los bosques actuales y otras disertaciones se pueden encon­ trar en Baltodano (2007).

8. LEYES E INSTITUCIONES

RELA-CIONADAS CON EL AGUA

1

CR ha firmado muchos tratados internacionales que defi­ nen las reglas para establecer soberanía sobre los recursos naturales (incluidos los recursos hídricos), como también para la protección, restauración y vigilancia de ellos. Sin embargo, muchos de estos tratados están dedicados a los recursos marinos y pocos de ellos están relacionados con recursos de agua terrestres (para una lista parcial de trata­ dos ver Salazar, 1998). Un ejemplo de un tratado interna­ cional relacionado con la protección de todos los recursos naturales, marinos y terrestres, es la “Alianza Centroameri­ cana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES)” suscrito por

los gobiernos centroamericanos en 1994. ALIDES fue crea­ do con la intención de establecer un proceso progresista de cambio en la calidad de vida de los seres humanos, el cual implica el desarrollo económico con igualdad social y la transformación de los métodos productivos y de los patrones de consumo basados en el equilibrio ecológico. La alianza establece compromisos regionales en 1) leyes ambientales y de recursos naturales y 2) leyes que regu­ lan la evaluación de estudios de impacto ambiental, agua, energía, control de contaminación y desarrollo fronterizo.

8.1 La Constitución de la República de Costa Rica

En términos de leyes nacionales relacionadas con los re­ cursos hídricos, la actual Constitución de la República de Costa Rica (1949 y enmiendas), la cual es la base del orde­ namiento judiciario, establece, en su artículo 6, el dominio del Gobierno de Costa Rica sobre su mar territorial y sobre su zona económica exclusiva de acuerdo con la Convención de la Ley del Mar de las Naciones Unidas (1973 a 1982). La Constitución también garantiza el derecho de los habi­ tantes a un ambiente sano en su artículo 50:

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Para ello, está legitima­ da para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese dere­ cho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”.

8.2 Ley Orgánica Ambiental

Otra ley ambiental importante es la Ley Orgánica Ambien­ tal No. 7554 del 4 de octubre de 1995. Esta ley define el sistema ambiental que consiste en elementos naturales y sus interacciones e interrelaciones con los humanos. Provee regulaciones, estándares técnicos y principios que rigen el desarrollo sostenible. Los artículos 17 a 21 y 84 a 89 de esta ley gobiernan los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Es­ tablece la obligación de que aquellas actividades humanas que alteren o destruyan el ambiente o generen materiales de desechos tóxicos o peligrosos incluyan este tipo de es­ tudio bajo la revisión de la Secretaría Técnica Nacional Am­ biental. Hay guías para establecer requerimientos espe­ ciales de acuerdo con la actividad bajo investi gación, pero actualmente no hay guías para EIA en regiones costeras, aunque la ley incluye previsiones en varios artículos relacio­ Mucho del material de esta sección fue obtenido bajo permiso

de Salazar (1998)

nados con recursos marinos y costeros. En estos casos se usa una guía general que es adaptada de acuerdo con las características del proyecto.

8.3 La Ley de Aguas

La Ley de Aguas No. 276 del 27 de agosto de 1942 y sus enmiendas regula todos los asuntos relacionados con la propiedad, uso y reúso de agua dentro del territorio. Se hace una diferenciación entre aguas de dominio público y de do­ minio privado. La regulación incluye usos comunes y espe­ ciales del agua (la cual es dada en concesión), tales como abastecimiento de agua pública, desarrollo de energía hi­ dráulica, irrigación, navegación, estanques de acuicultura y otros usos muy específicos. También regula los derechos de vías naturales y legales en las playas y zonas marítimas (aunque estas áreas también tienen una ley especial). Las aguas bajo el dominio público son los mares o aguas te­ rritoriales en la extensión y términos fijados por leyes inter­ nacionales, lagunas y estuarios o playas que se comunican constantemente con el mar, o ríos y sus tributarios directos e indirectos, arroyos y manantiales, desde sus manantiales originales en las cuencas altas hasta su desembocadura en estuarios, lagos, lagunas y mares. Además se incluyen las playas y las zonas marítimas, lagos, lagunas y estuarios de propiedad nacional, y la tierra reclamada al mar por causas naturales o artificiales, entre otras.

La Ley de Aguas también establece que la lluvia que cae en propiedad privada es considerada agua privada, y pertenece a ese propietario mientras que el agua escurra por la propiedad. Lo mismo aplica para cualquier estanque formado en la propiedad, agua subterránea obtenida por el dueño en sus propios pozos, como también agua termal, mineral y medicinal que aflore en la propiedad.

Como invalidación de las reglas especificadas en el párra­ fo anterior, la promulgación del Código de Minería en 1982 implícitamente removió la distinción entre aguas privadas y públicas y mantuvo el carácter público de todas las aguas. El artículo 4 de dicho código estipula que “...las fuentes y

aguas minerales y las aguas subterráneas y superficiales, se reservan para el Estado y sólo podrán ser explotados por éste, por particulares de acuerdo con la ley, o mediante una concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arre glo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa”.

Cuando las compañías o las industrias públicas o privadas tienen interés en explotar el recurso hídrico de alguna

manera especial, debe hacerse a través de una conce­ sión otorgada por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), la entidad responsable de establecer y decidir acerca del dominio de las aguas públicas, excepto con rela­ ción al agua potable, ya que la construcción de tubería para uso público es responsabilidad del Ministerio de Salud. Cada aspecto relacionado con las concesiones es regulado en los artículos 17 a 29 de la Ley de Aguas. Con relación al órgano competente, el MINAE ejerce dominio y control de las aguas públicas para otorgar o denegar licencias y per­ misos para su explotación. De esta manera, el MINAE es el organismo responsable de implementar esta ley.

La Ley de Aguas tiene más de 50 años de edad, lo que su­ giere que está desactualizada y por tanto no puede referir­ se a circunstancias y problemas modernos. Salazar (1998) menciona algunos de los problemas de esta ley: 1) la Ley de Aguas se promulgó principalmente para regular el uso del agua por personas privadas, no se previó una figura para asignar agua a entidades públicas; 2) la Ley tiene un amplio grado de detalle que debe ser delegado a reglamento; 3) la Ley no ha sido actualizada con conceptos de planeamien­ to, uso del recurso y recuperación, los cuales se pueden de­ ducir de las obligaciones generales, pero deberían ser iden­ tificadas explícitamente; 4) algunas reglas no son efectivas o eficientes; 5) a pesar de las regulaciones, la protección de los recursos hídricos no está garantizada debido a que la Ley no tiene reglas obligatorias para la implementación de decisiones ni sanciones de suficiente severidad para asegu­ rar cumplimiento; 6) luego de que esta ley fuera promulga­ da, otras leyes han reducido el alcance de la Ley de Aguas en algún grado, lo cual complica la administración porque no siempre las competencias están claramente identifica­ das, y 7) la Ley de Aguas no tiene mecanismos apropiados para resolver conflictos acerca del uso del agua.

8.4 Ley General de Salud

El agua es considerada por la Ley General de Salud 5395 y sus enmiendas como “un bien de utilidad pública y su

utilización para el consumo humano tendrá prioridad so­ bre cualquier otro uso” (Artículo 264). La Ley General de

Salud establece que es responsabilidad del Estado asegu­ rar el estado general de salud de la población. Asimismo, la rama ejecutiva del Gobierno a través del Ministerio de Salud tiene la obligación de definir la política nacional de salud, el planeamiento y coordinación de todas las activi­ dades públicas y privadas relacionadas con la salud y la im­ plementación de aquellas actividades de su competencia de acuerdo con la ley. El Ministerio tiene potestades para crear reglamentos en esta área.

La Ley de Salud define como agua potable aquella que “para

los efectos legales y reglamentarios, la que reúne las caracte­ rísticas físicas, químicas y biológicas que la hacen apta para el consumo humano de acuerdo con los patrones de potabilidad de la Oficina Panamericana Sanitaria aprobados por el Gobier­ no” (Artículo 265). “Todo sistema de abastecimiento de agua, destinada al uso y consumo de la población, deberá suminis­ trar agua potable, en forma continua, en cantidad suficiente o para satisfacer las necesidades de las personas y con presión necesaria para permitir el correcto funcionamiento de los ar­ tefactos sanitarios en uso.” (Artículo 267). Todos los hogares

individuales, familiares o multifamiliares deben cumplir los requerimientos de salud como tener sistemas adecuados para la disposición de aguas negras y pluviales aprobadas por el Ministerio de Salud.

“Toda persona, natural o jurídica, está obligada a contri­ buir a la promoción y mantenimiento de las condiciones del medio ambiente natural y de los ambientes artificiales que permitan llenar las necesidades vitales y de salud de la población.” (Artículo 262). Por otra parte, “queda pro­ hibida toda acción, práctica u operación que deteriore el medio ambiente natural o que alterando la composición o características intrínsecas de sus elementos básicos, espe­ cialmente el aire, el agua y el suelo, produzcan una dismi­ nución de su calidad y estética, haga tales bienes inservibles para algunos de los usos a que están destinados o cree éstos para la salud humana o para la fauna o la flora inofensiva al hombre. Toda persona queda obli gada a cumplir diligente­ mente las acciones, prácticas u o bras establecidas en la ley y reglamentos destinadas a eliminar o a controlar los ele­ mentos y factores del ambiente natural, físico o biológico y del ambiente artificial, perjudiciales para la salud humana”

(Artículo 263).

“Toda persona, natural o jurídica, queda obligada a emplear el máximo de su diligencia en el cumplimiento de las dis­ posiciones legales y reglamentarias o de los pedidos espe­ ciales que ordene la autoridad competente, a fin de evitar o controlar la contaminación atmosférica y del ambiente de los lugares destinados a la vivienda, trabajo o recreación.”

(Artículo 293).

“Queda prohibido a toda persona natural o jurídica contami­ nar las aguas superficiales, subterráneas y marítimas terri­ toriales, directa o indirectamente, mediante drenajes o la descarga o almacenamiento, voluntario o negligente, de re­ siduos o desechos líquidos, sólidos o gaseosos, radioactivos o no radioactivos, aguas negras o sustancias de cualquier naturaleza que, alterando las características físicas, quími­ cas y biológicas del agua la hagan peligrosa para la salud

de las personas, de la fauna terrestre y acuática o inservible para usos domésticos, agrícolas, industriales o de recrea­ ción.” (Artículo 275)

Sólo con permiso del Ministerio podrán las personas natu­ rales o jurídicas hacer drenajes o proceder a la descarga de residuos o desechos sólidos o líquidos u otros que puedan contaminar el agua superficial, subterránea, o marítima, ci­ ñéndose estrictamente a las normas y condiciones de seguri­ dad reglamentarias y a los procedimientos especiales que el Ministerio imponga en el caso particular para hacerlos ino­ cuos” (Artículo 276).

8.5 La Ley Forestal

La Ley Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996 re gula los bosques patrimoniales del Estado y las actividades privadas que puedan afectarlos. En esta ley se identifican áreas protegidas cercanas a los ríos y también menciona que el Estado tiene la obligación de asegurar la protección de las cuencas hidrográficas.

El Ministerio del Ambiente tiene a su cargo la regulación de esta ley a través del Sistema Nacional de Áreas de Con­ servación. La Ley Forestal generalmente busca establecer reglamentos que limitan el derecho del uso libre de la propiedad privada para asegurar un interés ambiental pú­ blico para beneficio de la mayoría de las personas; ya que mantener los bosques, suelos, agua y aire también resulta en un mejoramiento de la calidad de vida de la población. Cualquier trastorno en el balance ecológico entre suelo, bosque y agua resulta en un claro deterioro de la calidad de vida para los humanos.

Toda la tierra con potencial forestal y todos los bosques del país propiedad del Estado o en manos privadas están sujetos a la Ley Forestal para propósitos de regulación. La Ley Forestal define el régimen forestal como una serie de disposiciones legales, económicas y técnicas establecidas por la Ley y sus reglamentos, junto con otras reglas y actas que surgen de su aplicación, con el objetivo de regular la conservación, protección, restauración, uso y desarrollo de recursos forestales.

“Se declaran áreas de protección las siguientes:

a. Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal.

b. Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o

arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado.

c. Una zona de cincuenta metros medida horizontal­ mente en las riberas de los lagos y embalses natura­ les y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados.

d. Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantia­ les, cuyos límites serán determinados por los órga­ nos competentes establecidos en el Reglamento de esta ley.” (Artículo 33).

9. Gestión integrada de los

recursos hídricos

La gestión integrada de los recursos hídricos es la única manera de garantizar sostenibilidad, ecosistemas salu­ dables, mitigación contra los desastres inducidos por el clima, y protección ambiental. Algunas de las formas de alcanzar tales objetivos son la introducción de un enfoque sistémico y de los conceptos de manejo adaptivo. Este esfuerzo requerirá la coordinación y colaboración sin pre­ cedentes de muchas instituciones y personas, incluidos científicos físicos y sociales, especialistas y personal técni­ co en muchos campos, responsables de la toma de decisio­ nes, administradores, organizaciones públicas y privadas, gobiernos locales y organizaciones comunales.

Un mejor entendimiento de la variabilidad y el cambio climático en la región es uno de los fundamentos de este enfoque, ya que la disponibilidad de agua de un año a otro puede tener gran variabilidad, aun si se consideran solamente las variaciones naturales. Además, el cambio climático de origen humano impone nuevos retos a la dis­ ponibilidad del recurso hídrico y añade presión a los eco­ sistemas de la región. En el pasado se han desarrollado muchos estudios valiosos (i.e. Amador et al., 2000; 2003; Fernández et al., 1996; George et al., 1998; IMN, 2009). Además de otros descubrimientos, estos estudios han demostrado que algunos de los rasgos que influyen en el clima de la región son (sin ningún orden en particular): 1) la influencia fuerte de El Niño­Oscilación del Sur (George

et al., 1998; Amador et al., 2000), 2) la influencia de las tor­

mentas tropicales y de los huracanes, 3) el veranillo (Maga­ ña et al., 1999), 4) la influencia del chorro de bajo nivel y 5) los desplazamientos latitudinales del Centro de Conver­ gencia Intertropical. La interacción de estos rasgos, junto con los variados rasgos topográficos del país, produce gran variabilidad espacial y temporal en diversas escalas de tiempo, en particular en la precipitación.

En términos del cambio climático, el estudio del IMN (2009) sugiere un clima más seco y caliente que el ya cli­ matológicamente seco Pacífico Norte (Guanacaste), una región con considerables áreas dedicadas a la agricultura y la ganadería y que ha tenido un impresionante incremen­ to del turismo en los últimos 15 años. El estudio también contiene estimaciones de los impactos en diversos secto­ res, junto con estrategias de adaptación. Sin embargo, los estudios futuros deben basarse en proyecciones de más modelos climáticos y el método de reducción de escala po­ dría ser revisado.

No obstante, hay mucho que hacer para lograr integrar las investigaciones previas con nuevos estudios sobre una base de conocimiento para apoyar operaciones, manejo y pla­ neamiento de los recursos hídricos. Asimismo se necesitan más estudios para evaluar los impactos del clima, meteo­ rología e hidrología en diversos sectores como la mitigación de inundaciones y sequías, agricultura, socioeconomía, ecología, generación hidroeléctrica, salud pública y otros. Se propone aquí que la creación de un sistema de sistemas (SS) para cada cuenca puede ser la manera de abordar la complejidad de este tipo de problemas. El SS estará basa­ do en un sistema de comunicación que también involucra a los usuarios (incluidos los líderes comunales) y adminis­ tradores del sistema, junto con otro personal de soporte. Por ejemplo, el primer nivel del SS puede consistir en un pronóstico meteorológico­hidrológico acoplado a corto o largo plazo. Este primer sistema alimentará un sistema de estimación de impactos, como por ejemplo un modelo de producción agrícola. El valor adicional real será añadido al SS si éste incluye otro sistema para proveer recomenda­ ciones concretas a los usuarios y a los responsables de la toma de decisiones acerca de qué acciones llevar a cabo. Esto se hará por medio de un sistema de soporte de deci­ siones (SSD). Ejemplos de SSD son: 1) uno que provea información acerca del mejor cultivo para sembrar en un año determinado (rotación de cultivos), 2) otro que sugiera ajustes en las primas de seguros de cosecha para distintos cultivos, 3) uno que calcule la cantidad de agua importada y de pasto que será necesaria para apoyar la ganadería en un año en particular, 4) regiones con más altas probabi­ lidades de experimentar problemas de abastecimiento de agua, y otros. Similares SSD pueden establecerse para pla­ neamiento (tomando en consideración el cambio climático y la sostenibilidad), y otros SSD pueden ser diseñados para la prevención o mitigación de desastres.

Un ejemplo de este último tipo de SSD está actualmente en operación en el Instituto Meteorológico Nacional (IMN),

llamado “Central America Flash Flood Guidance System” (CAFFG), que fue desarrollado por el “Hydrologic Research Center” en San Diego, California. El CAFFG es un sistema de alerta temprana contra inundaciones repentinas, y consiste en un modelo hidrológico que es alimentado con pronósticos de lluvia basados en datos de satélites y de estaciones meteorológicas de superficie. La respuesta hi­ drológica es entonces interpretada en términos de alertas de diferentes tipos, de manera que los meteorólogos o hi­ drólogos de cada país centroamericano puedan tener un mejor criterio para justificar evacuaciones.

Otro ejemplo de un sistema que potencialmente se pue­ de usar para apoyar la toma de decisiones es el sistema SERVIR (Sistema Regional de Visualización y Monitoreo) latinoamericano (http://www.servir.net/america­latina­ caribe), el cual consiste en un repositorio centralizado de toda clase de información sobre desastres naturales en la región de Latinoamérica y el Caribe, incluidos pronósticos meteorológicos e hidrológicos. Sin embargo, SERVIR no proporciona información específica sobre los posibles im­ pactos en diferentes sectores del pronóstico hidrológico ni sugerencias específicas a los responsables de la toma de decisiones acerca de qué hacer con esta información.

10. Conclusiones

CR es un país de grandes contrastes en el tema del uso y conservación de los recursos hídricos, los ecosistemas y el ambiente. Durante los últimos 15 a 20 años ha habido un interés creciente para conservar los bosques, suelos y re­ cursos naturales que han sido reconocidos internacional­ mente. Sin embargo, todavía permanecen muchos pro­ blemas ambientales severos del pasado. Dentro de todos los casos de sobreexplotación y de calidad de aguas en ambientes terrestres, costeros y marinos, quizás uno de los más graves es la contaminación severa de quebradas y ríos urbanos asociada a la falta de una infraestructura sani­ taria adecuada y al crecimiento sin control de esas áreas. La limpieza del país en estos lugares representa un reto sig­ nificativo que necesitará el esfuerzo continuo de muchos sectores de la sociedad por varios años en el futuro. En promedio, CR usa sólo un pequeño porcentaje de su dis­ ponibilidad de agua, lo cual puede dar la impresión errónea de que hay una cantidad inmensa de agua extra en todas aquellas partes en las que se puede explotar para consumo humano. Sin embargo, cuando se toman en cuenta los muchos usos del agua, incluida la sostenibilidad de los re­

cursos naturales que proveen servicios a los ecosistemas que a su vez sostienen un desarrollo socioeconómico ade­ cuado, es realmente posible que en algunas regiones la es­ casez de agua y la sobreexplotación sean o lleguen a ser una realidad en el futuro cercano bajo las características y el manejo actual del sistema. La optimización del manejo y planeamiento de los recursos hídricos puede aumentar la cantidad de agua explotable para uso doméstico, agricul­ tura o industrial, pero se necesitan más y mejores estudios y proyectos integrados para determinar esto.

El desarrollo de estudios integrados de cuencas que ali­ mentan sistemas de soporte de decisiones para el manejo, planeamiento y la mitigación y preparación de desastres inducidos por el clima, así como otras acciones relaciona­ das como el desarrollo de un plan de ordenamiento territo­ rial, puede ayudar a salvar vidas, garantizar sostenibilidad, proteger y reducir el impacto humano en los recursos na­ turales y ecosistemas, reducir el impacto socioeconómico de la variabilidad climática, ayudar en la optimización de recursos humanos y económicos, ayudar a la adaptación al cambio climático, ayudar a la preparación contra eventos hidrológicos extremos (sequías e inundaciones) y proteger infraestructura vital. Tales sistemas son necesarios debido a la complejidad del manejo y planeamiento de los recur­ sos hídricos, especialmente en CR, donde las leyes y el marco institucional que gobierna el manejo de los recursos hídricos son algunas veces inadecuados para resolver los problemas modernos. Esto añade nuevos retos a la orga­ nización de una solución integrada y de consenso de los problemas. Adicionalmente, los beneficios para la socie­ dad de estos sistemas superan grandemente los costos de implementación y operación. Se necesitan más estudios económicos para evaluar no sólo los beneficios y costos de implementación, sino también los costos de no actuar para la sociedad. Esto ayudará a conseguir fondos y establecer prioridades bajo presupuestos limitados.

Aún cuando la hidrología es una ciencia aplicada, parece necesaria una mejor conexión de una gran parte de la in­ vestigación de la academia, instituciones del Estado y de la industria con otras partes interesadas (gobierno, respon­ sables de la toma de decisiones, gobiernos locales, orga­ nizaciones no gubernamentales y la comunidad). Esto es un reto aun en otros países con mayores recursos económi­ cos (y generalmente más organizados) que CR. Por tanto, esta limitación realmente enfatiza la importancia de opti­ mizar la transferencia de la información (hidro) climática y el conocimiento obtenido a través de la investigación de la academia, el gobierno y la industria en beneficios concre­ tos para la sociedad de países en desarrollo.