(S-1154/17) PROYECTO DE LEY. ARTÍCULO 1.- Sustitúyese el artículo 31 de la Ley N por el siguiente:

Descargar (0)

Texto completo

(1)

(S-1154/17) PROYECTO DE LEY El Senado y Cámara de Diputados,…

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 31 de la Ley N° 26.815 por el siguiente:

“ARTÍCULO 31. - Recursos. Los recursos del Fondo creado en el artículo precedente sólo podrán ser destinados a los fines taxativamente enumerados en este artículo:

a) La adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto de esta ley;

b) La contratación, capacitación y entrenamiento del personal temporario que actúe en la extinción de los incendios forestales y rurales;

c) La realización de las obras de infraestructura necesarias para una mejor prevención, control y ejecución de las tareas relacionadas al accionar del personal;

d) La promoción de actividades que concurran a asegurar la mejor difusión y conocimiento de las causas y consecuencias de los siniestros ocurridos en las áreas afectadas por incendios forestales y rurales, tales como la realización de congresos, exposiciones, muestras, campañas de publicidad u otras que contribuyan al fin indicado;

e) La realización de cursos, estudios e investigaciones;

f) Los gastos de personal, gastos generales e inversiones que demande el funcionamiento del Sistema Federal de Manejo del Fuego; g) Solventar la logística en la extinción de los siniestros.

h) La reparación de las zonas afectadas mediante el tratamiento del suelo y la replantación de especies autóctonas. A tales efectos, cada Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) deberá producir plantines de árboles autóctonos, dirigido a proveer los mismos.

El funcionario que autorice gastos con fines distintos de los previstos en el presente artículo, será responsable civil y penalmente del daño ocasionado, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que se le asigne”.

(2)

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. Carmen Lucila Crexell.-

FUNDAMENTOS Señora Presidente:

I.-

La presente iniciativa propicia la sustitución de un artículo de la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego1, con la finalidad de incorporar un nuevo destino a los recursos del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, vinculado con la reparación de las zonas afectadas mediante el tratamiento del suelo y la replantación de especies autóctonas.

Cabe recordar que la Ley de Manejo del Fuego junto con la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos2, otorgan un marco de trabajo sobre la siniestralidad de corto, mediano y largo plazo de la protección de bosques nativos. La primera norma establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional, contemplando distintas acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales en bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y humedales (artículos 1° y 2°).

Mientras que la segunda establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad (artículo 1°).

II.-

Con el fin de asegurar los presupuestos mínimos que dispone, la Ley Nacional N° 26.331 contiene un régimen de fomento y criterios para la asignación de los recursos del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), para compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos.

La conservación de los mismos, permite que la sociedad pueda valerse de los servicios ambientales que éstos brindan (artículos 1° in       

1 Boletín Oficial 16/01/2013 

(3)

fine, 30/32), entre los cuales la ley menciona la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad, la conservación del suelo y de la calidad del agua, la fijación de gases de efecto invernadero, la contribución a la diversificación y belleza del paisaje y la defensa de la identidad cultural (artículo 5°).

Esto permite clasificar a dichos servicios ambientales en Servicios de Provisión (madera, fibras, frutos), Servicios de Soporte (ciclo hidrológico, fotosíntesis), Servicios de Regulación (regulación climática) y Servicios Culturales (recreación, valor escénico)3.

La citada ley define a los bosques nativos como ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea -suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos-, conformando una trama interdependiente con características propias y múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica, tanto de origen primario -donde no intervino el hombre-, secundario -formados luego de un desmonte- como los resultantes de una recomposición o restauración voluntaria (artículo 2°).

Entre los objetivos de la ley se encuentran: promover la conservación mediante un Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos; implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo; mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los bosques nativos que beneficien a la sociedad; hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo los bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad; fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos (artículo 3°).

Debe destacarse que el artículo 6° dispone que cada jurisdicción debía realizar, en un plazo máximo de un año, un Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN), existentes en su territorio mediante un proceso participativo, estableciendo diferentes categorías de conservación (rojo, amarillo, verde); mientras que el artículo 8°       

3 Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos ‐ Informe de 

estado de implementación 2010 – 2015, en: http://ambiente.gob.ar/wp‐content/uploads/Informe‐de‐ Implementaci%C3%B3n‐10‐15.pdf 

(4)

suspende la posibilidad de realizar desmontes hasta tanto se realice dicho Ordenamiento Territorial.

En la actualidad, las jurisdicciones locales han elaborado su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y se encuentran aprobados por Ley Provincial, a excepción de la provincia de Buenos Aires, cuyo OTBN se encuentra a la fecha en tratamiento legislativo4. Simultáneamente, la norma subordina todo desmonte o manejo sostenible de bosques nativos a la autorización de la autoridad, previa consideración de los planes de manejo sostenible de bosques nativos, los planes de aprovechamiento del cambio del uso del suelo (artículos 13 y 16/18), y la realización de estudios de impacto ambiental y audiencias públicas (artículos 22/26).

A su vez, en el artículo 9° se dispone que sólo los sectores del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la categoría III (verde: de bajo valor de conservación) “pueden transformarse parcialmente o en su totalidad dentro de los criterios de la ley”.

Por último, el artículo 12 crea el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (PNPBN), para entre otros fines, promover en el marco del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN), el manejo sostenible de los bosques nativos Categorías II y III, como la aplicación de medidas de conservación, restauración, aprovechamiento y ordenamiento.

La Dirección de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos, dependiente de la Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF), realiza el monitoreo de la superficie de bosques nativos a fin de contribuir con la verificación del cumplimiento de los Artículos 8° y 9° de la Ley N° 26.331.

En este marco, continuando con el monitoreo que se viene realizando desde el año 2006, se ha evaluado la pérdida de bosque nativo entre los años 2013 y 2014 en las regiones forestales con mayor impacto en los últimos veinte años, las cuales son Parque Chaqueño, Yungas (Selva Tucumano Boliviana), Selva Paranaense (Selva Misionera) y Espinal (distritos del Caldén y del Ñandubay).

      

4 Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos ‐ Informe de 

estado de implementación 2010 – 2015, en: http://ambiente.gob.ar/wp‐content/uploads/Informe‐de‐ Implementaci%C3%B3n‐10‐15.pdf 

(5)

De acuerdo a un informe de la FARN de fecha septiembre de 2016, desde la sanción de la Ley, cada año la Argentina destina un promedio de $ 5 por hectárea para la protección y el uso sustentable de este ecosistema. De cumplirse la Ley de Bosques, el monto asignado en 2017 para proteger y conservar los bosques no debiera ser menor a 7.000 millones de pesos. Sin embargo, desde la sanción de la norma en 2007, su correcta implementación todavía es una cuenta pendiente. Entre 2010 y 2015 se otorgaron 1.239 millones de pesos en vez de los 14.750 millones correspondientes, lo que implica que se asignó solo el 8,5% de los fondos estipulados por ley5.

Asimismo se destaca en dicho informe que por la falta de financiamiento, en la Argentina los bosques nativos están en proceso de degradación por deforestación: desde 1990 se perdieron 7,6 millones de hectáreas (el equivalente a la provincia de Formosa). Cabe resaltar además que nuestro país está noveno entre 234 países que menos cuidan sus árboles nativos según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y registra una pérdida anual de 180.000 hectáreas de masa boscosa6.

De ahí que se concluye: “El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de implementar la Ley de Bosques y asignar el total del fondo legalmente previsto, cumpliendo con los compromisos acordados en la Conferencia de las Partes de París 2015 (COP 21) y asumiendo la conservación de los bosques nativos como una política de estado que garantice el bienestar de las generaciones presentes y futuras”7.

III.-

Por otro lado, la mencionada Ley N° 26.815, crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego, el cual será coordinado y administrado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, dependiente de la Autoridad Nacional de Aplicación de la ley, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los organismos que determinen y la Administración de Parques Nacionales (artículo 3°).

Entre los objetivos generales del Sistema Federal de Manejo del Fuego se encuentran el de proteger y preservar el medio ambiente del daño generado por los incendios; velar por la seguridad de la población en general y de las personas afectadas al combate de incendios; y establecer mecanismos para una eficiente intervención del Estado en las situaciones que involucren o demanden acciones y       

5 Fondo de la Ley de Bosques en el Presupuesto Nacional 2017, en: http://farn.org.ar/archives/21542 

6 Ibídem. 

(6)

operaciones de prevención y combate de incendios que aseguren el adecuado manejo del fuego (artículo 4°).

Asimismo la norma contiene objetivos específicos entre los que pueden destacarse:

- establecer mecanismos para un eficiente manejo del fuego en defensa del ambiente;

- coordinar y asistir técnica y operativamente a los organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, competentes en las tareas del manejo del fuego, con la finalidad de promover una organización federal eficiente y capaz de dar respuesta adecuada en los distintos niveles de contingencia, propiciando ámbitos regionales de actuación;

- promover la concientización de la población acerca del impacto de los usos del fuego, fomentando el cambio de los hábitos perjudiciales para el ambiente (artículo 4°).

A los efectos de la implementación del Sistema Federal de Manejo del Fuego, y con el fin de lograr una mejor planificación y optimización de los recursos y medios disponibles, la ley ordena territorialmente dicho Sistema en Regiones, agrupando a las jurisdicciones con similares regímenes de fuego, y tomando en consideración la conveniencia operativa de que cada jurisdicción pertenezca a una única Región (artículo 7°).

La protección contra los incendios es planificada mediante la instrumentación de Planes de Manejo del Fuego según distintos niveles de alcance, los que pueden ser local, regional y nacional (artículo 10).

Por su parte, los artículos 30 y 31 de la ley crean el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, el cual será administrado por la Autoridad Nacional de Aplicación, y cuyos recursos sólo podrán ser destinados a los fines taxativamente enumerados por la norma:

a) La adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto de la ley;

b) La contratación, capacitación y entrenamiento del personal temporario que actúe en la extinción de los incendios forestales y rurales;

c) La realización de las obras de infraestructura necesarias para una mejor prevención, control y ejecución de las tareas relacionadas al accionar del personal;

d) La promoción de actividades que concurran a asegurar la mejor difusión y conocimiento de las causas y consecuencias de los siniestros ocurridos en las áreas afectadas por incendios forestales y rurales;

(7)

f) Los gastos de personal, gastos generales e inversiones que demande el funcionamiento del Sistema Federal de Manejo del Fuego; g) Solventar la logística en la extinción de los siniestros.

De ahí que resulta necesario, incluir como inciso h) una previsión vinculada con la reparación de las zonas afectadas mediante el tratamiento del suelo y la replantación de especies autóctonas, como un nuevo supuesto al que deberán destinarse los recursos del citado Fondo. Para su instrumentación se proyecta que cada Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) debe producir plantines de árboles autóctonos.

IV.-

Es indudable que la preocupación ambiental en los últimos años viene centrándose en el daño ambiental de origen antrópico. Frente a esta situación, los Estados deben dar respuestas con el fin de evitar el mismo, mitigarlo, o cuando ya no es posible, tratar de recomponer el ambiente dañado.

Esta tarea no es fácil de implementar, dado que los sujetos que provocan el deterioro del ambiente suelen ser múltiples y difusos, lo que dificulta su individualización y su posterior responsabilidad por el daño ambiental causado.

Esto es lo que acontece con los distintos incendios y focos ígneos que vienen produciéndose en nuestro país en distintas zonas, entre las que pueden mencionarse por el grado de magnitud que han tenido, los ocurridos en las localidades de Bariloche y Esquel, en las sierras de Córdoba y el más reciente en la Provincia de La Pampa, de proporciones mayúsculas el cual según fuentes periodísticas arrasó aproximadamente 1.300.000 mil hectáreas de campos.

En este cuadro de situación, no es difícil observar que ha quedado una laguna entre la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la Ley de Manejo del Fuego; la misma está constituida por la ausencia de reparación de las zonas siniestradas por los incendios.

Ante ello, es primordial formular e instrumentar políticas específicamente ambientales que se articulen y coordinen con otras políticas ambientales.

La protección y el mejoramiento del ambiente demandan pluralidad de recursos: económicos, sociales, científicos, técnicos y educativos. Los aportes o cargas dinerarias para recomponer el deterioro ambiental – instrumentos muy difundidos en Europa, pero poco utilizados en nuestro país-, si bien deben recaer preferentemente sobre los

(8)

causantes del daño, cuando ello no es posible, deben recaer sobre terceros que se benefician del ambiente y sus recursos.

Por lo tanto es necesario que los costos de las acciones de remediación ambiental que puedan minimizar los daños generados, se instrumenten a través de medidas de compensación conservacionistas, tales como “la reparación del suelo” y la “replantación de las especies autóctonas”.

Por todo esto es que solicitamos Sra. Presidenta, la aprobación del presente proyecto.

Figure

Actualización...

Referencias