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TEMA 1.- Constitución Española de Principios generales. Derechos y deberes fundamentales.

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TEMA 1.- Constitución Española de 1978. Principios

generales. Derechos y deberes fundamentales.

1. CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN 1.1. CONCEPTO

La Constitución se define como la norma suprema del ordenamiento jurídico elaborada por el poder constituyente, el pueblo, en el ejercicio de su soberanía. La Constitución establece los principios fundamentales que deben regir el orden social, político y económico de la sociedad en la que se aplica. Contiene pues, “las reglas de funcionamiento básicas” de una sociedad que se dota a sí misma de una norma superior bajo la que se articule toda la estructura política, social y económica.

A lo largo de nuestra historia, han existido diversas Constituciones: 1812, Estatuto Real de 1834, 1837… y 1931.

- La Constitución actual de 1978 tiene diversas influencias que han sido notables en su elaboración: Constitución italiana de 1947., La ley fundamental de Bonn 1949, Constitución francesa de 1958 …

1.2. LA ELABORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

La Constitución Española de 1978, debida a una iniciativa parlamentaria, fue elaborada y aprobada por las Cortes formadas como resultado de las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977.

El 31 de octubre de 1978 fue sometido a la aprobación de cada una de las Cámaras, por separado, el dictamen de la Comisión Mixta. El Pleno del Congreso de los Diputados lo aprobó por 316 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones. El Pleno del Senado lo aprobó por 226 votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones. • El 6 de diciembre de 1978, la Constitución quedó ratificada por el pueblo español. • La Constitución fue promulgada por S. M. el Rey el día 27 de diciembre de 1978. El

texto de la Constitución fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 de diciembre de 1978. El mismo día, el «Boletín Oficial del Estado» publicó las versiones Balear, Catalana, Gallega, Valenciana y Euskera. Entró en vigor el mismo día de su publicación.

1.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Es una Constitución rígida en cuanto a su procedimiento de reforma.

- Es una Constitución extensa, sólo superada por la de 1812, con 169 artículos y más de 17.000 palabras.

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- Es una Constitución inacabada y ambigua que se remite en demasiadas ocasiones a normas de desarrollo.

- Posee aplicabilidad directa e inmediata.

- Es fruto de la conciliación y el compromiso ideológico.

- Es una Constitución derivada por las influencias recibidas en su redacción. 1.4. SISTEMÁTICA Y ESTRUCTURA

ESTRUCTURA.- La estructura de la Constitución española de 1978, consta de 169 artículos. Contiene un Preámbulo ( sin fuerza jurídica), Título Preliminar, 10 Títulos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final

- Se habla de que contiene dos partes: Parte Dogmática: incluye el Título Preliminar, el Título Primero y la declaración de los valores primarios del Estado y de los derechos y libertades, y Parte Orgánica: abarca los Títulos del II al IX.

El contenido y estructura de cada uno de ellos, es el siguiente:

- Preámbulo: es la única parte de la Constitución que no tiene fuerza jurídica. - Título Preliminar- Art. 1 al 9

- Título I- De los derechos y deberes fundamentales- Art. 10 a 55 - Título II- De la Corona- Art. 56 a 65

- Título III- De las Cortes Generales- Art. 66 a 96

- Título IV- Del Gobierno y de la Administración. Art. 97 a 107.

- Título V- De las relaciones entre el Gobierno y Cortes Generales- Art. 108 a 116 - Título VI- Del Poder Judicial- Art. 117 a 127

- Título VII- Economía y Hacienda- Art. 128 a 136

- Título VIII- De la Organización Territorial del Estado- Art- 137 a 158 - Título IX- Del Tribunal Constitucional- Art. 159 a 165-

- Título X- De la Reforma Constitucional- Art. 166 a 169

- 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias 1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final

1. 5. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y VALORES SUPERIORES

Se recogen en el Título Preliminar, artículos 1 al 9. Su contenido lo analizamos a continuación. 1.5.1. ESTADO SOCIAL, DEMOCRÁTICO Y DE DERECHO

Contenido en el artículo 1. 1.. Según este artículo España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

1.5.2. SOBERANÍA POPULAR

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1.5.3. MONARQUÍA PARLAMENTARIA

Contenido en el artículo 1.3. estableciendo que la forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria. El significado último de este principio se traduce en que nuestra Jefatura de Estado es hereditaria ( monarquía) y en que se atribuye un poder preferente a las Cortes Generales como representantes del pueblo español, además de añadir a la Monarquía un matiz: el Rey reina, pero no gobierna.

1.5.4. UNIDAD, AUTONOMÍA Y SOLIDARIDAD TERRITORIAL

Estos tres principios se contienen en el artículo 2 en los siguientes términos: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

1.5.5. OFICIALIDAD DEL CASTELLANO Y DEL RESTO DE LENGUAS ESPAÑOLAS (art. 3)

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüisticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

1.5.6. OFICIALIDAD DE LA BANDERA Y DE LAS BANDERAS AUTONÓMICAS (art. 4)

La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

1.5.7. CAPITALIDAD DEL ESTADO (art. 5) La capital del Estado es la Villa de Madrid

1.5.8. RECONOCIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS (art. 6) Las funciones de los partidos políticos, que son las siguientes:

1- Expresan el pluralismo político

2- Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular 3- Son instrumento fundamental para la participación política

Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

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1.5.9. RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y DE LOS SINDICATOS

Las fuerzas sociales se reconocen en el artículo 7 de nuestra Constitución. Su función, es la contribución a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

1.5.10. FUERZAS ARMADAS

Aparecen en el artículo 8 de nuestra Constitución. Están constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Sus funciones son:

1- Garantizar la soberanía e independencia de España 2- Defender su integridad territorial

3- Defender el ordenamiento constitucional

Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la Constitución

1.5.11. OTROS PRINCIPIOS

Se recogen en el artículo 9 de la Constitución.

- Principio de legalidad: artículo 9.1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

- Corresponde a los poderes públicos:

1- Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas

2- Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud

3- Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social

- Principio de jerarquía normativa: las normas de rango interior no pueden vulnerar lo establecido en una norma de carácter superior so pena de nulidad.

- Principio de publicidad de las normas: las normas deben ser publicadas en un Diario Oficial para que puedan ser exigibles.

- Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales: solamente pueden ser retroactivas las normas favorables.

- Principio de seguridad jurídica: se traduce en las garantías que posee el ciudadano frente al ordenamiento jurídico.

- Principio de responsabilidad de los poderes públicos: los poderes públicos son responsables de las actuaciones que realicen

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2.1. ESTRUCTURA DEL TÍTULO I

El Título I, (denominado “De los Derechos y Deberes Fundamentales”) de la Constitución española de 1978 comprende los artículos del 10 al 55, ambos incluidos.

Su estructura interna es la siguiente: • Artículo 10

Capítulo I- De los españoles y de los extranjeros-Artículos 11 al 13 Capítulo II- Derechos y Libertades- Artículos 14 al 38

Artículo 14

Sección I- De los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas- Arts. 15 a 29

Sección II- De los Derechos y Deberes de los Ciudadanos- Arts. 30 a 38 Capítulo III- Principios rectores de la política social y económica- Arts. 39 a 52 Capítulo IV- De las garantías de las libertades y derechos fundamentales- Arts. 53

y 54

Capítulo V- Suspensión de los derechos y libertades- Art. 55

Procedemos a su estudio a continuación, siguiendo el mismo orden que el establecido en nuestro Texto Constitucional, no sin antes indicar que el artículo 10 actúa a modo de pórtico de todo el Título, ya que contiene:

- Los fundamentos del orden y paz social

- Las normas de interpretación de los derechos contenidos en el Título I

- En concreto, las normas más importantes de interpretación se contienen en los siguientes textos normativos:

• Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948.

• Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, en 1950. • Carta Social Europea en 1961.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. 2. 2. DE LOS ESPAÑOLES Y LOS EXTRANJEROS

Contenidos en el Capítulo I del Título I de la Constitución, artículos 11 al 13 ambos incluidos. Es de resaltar que ha sido, hasta el momento, el único Capítulo afectado por una reforma constitucional, en el año 1992; en concreto la reforma afectó al artículo 13 que veremos posteriormente.

2.2.1. Nacionalidad española. Artículo 11.

La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.

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El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

2.2.2. Mayoría de edad. Artículo 12.

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

2.2.3. De las libertades que gozarán en España los extranjeros. Artículo 13.

Como indicábamos, hasta el momento ha sido el único artículo que ha sido objeto de una reforma constitucional. En particular, la reforma se produjo como consecuencia de la ratificación por España del Tratado de Maastricht. En concreto, la reforma se produjo el día 27 de agosto de 1992, consistiendo en la introducción de las palabras “y pasivo” en el apartado 2 de este artículo 13.

Indica el artículo 13 que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley.

Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, relativo al derecho de participación en los asuntos públicos, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales.

La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradicción los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

2. 3. DERECHOS Y LIBERTADES

El estudio del Capítulo II se abre con el artículo 14, relativo al reconocimiento del Derecho a la igualdad jurídica de los españoles.

Efectivamente, el art. 14 de nuestra Constitución declara solemnemente que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. La igualdad de las personas es una manifestación de su propia dignidad y es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico.

El art. 14 encierra un doble sentido, de una parte, una declaración general de igualdad ante la Ley y, de otra, una prohibición expresa de discriminación alguna por razón de ciertas circunstancias

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2. 3.1 Derechos fundamentales y libertades públicas

Los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas se organizan en torno a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución, abarcando los artículos del 15 al 29 ambos incluidos.

2.3.1.1 Derecho a la vida. Art. 15

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. 2.3.1.2. Libertad ideológica y religiosa. Art. 16

Este artículo establece la garantía de la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. El límite en sus manifestaciones, es solo el necesario para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

En cuanto a las repercusiones sobre el individuo indica que “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”.

Las repercusiones estatales se manifiestan en la afirmación de que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, por tanto, España es un Estado aconfesional.

No obstante, termina diciendo este artículo que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

El desarrollo de este derecho se contiene en la Ley Orgánica 7/ 1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.

2. 3.1.3. Derecho a la libertad y a la seguridad. Art. 17

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

En este artículo encontramos además el siguiente contenido: A) Detención preventiva

La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

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El art. 55.2 CE prevé que: “Una ley Orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en (el art. 17.2) pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

B) Derechos del detenido

Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

C) Habeas Corpus

La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

El procedimiento de habeas corpus no es propiamente un derecho fundamental, sino una garantía institucional derivada de la tutela judicial efectiva que tan sólo busca esclarecer la legalidad de la detención.

2.3.1.4. Derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Art. 18 El artículo 18 garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Establece asimismo la inviolabilidad del domicilio, blindando este extremo al indicar que las entradas o registros en domicilios solo podrá hacerse por: consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito.

De otro lado, se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

2.3.1.5. Libertad de circulación y residencia. Art. 19

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.

Asimismo tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

2.3.1.6. Libertad de expresión. Art. 20

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- A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

- A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. - A la libertad de cátedra.

- A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Asimismo, este artículo establece que:

1º- La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2º- El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3º- La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4º- Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Estas libertades tienen su límite en:

- El respeto a los derechos reconocidos en el Título I - En los preceptos de las leyes que lo desarrollen

- Especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

2.3.1.7. Derecho de reunión. Art. 21

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Esta comunicación ha de ser escrita, cursada por los organizadores de aquéllas, y efectuada con una antelación de diez días naturales, plazo este recortable a veinticuatro horas por motivos de urgencia. En el escrito de comunicación se harán constar, entre otros extremos, el objeto de la manifestación y el itinerario proyectado, cuando se prevea la circulación por las vías públicas. 2.3.1.8. Derecho de asociación. Art. 22.

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Se califican como asociaciones ilegales a aquellas asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito.

En cuanto a los requisitos de constitución, solo es exigible la inscripción en un registro a los solos efectos de publicidad.

En cuanto a su disolución o suspensión en sus actividades sólo puede realizarse en virtud de resolución judicial motivada.

Por último este artículo prohíbe las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. 2.3.1.9. Derecho de participación en los asuntos públicos. Art. 23.

Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

2.3.1.10. Derecho a la tutela judicial efectiva. Art. 24.

El art. 24 establece los derechos del individuo en relación con los Juzgados y Tribunales. Como primera afirmación se indica que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

Asimismo, todos tienen derecho a:

- El Juez ordinario predeterminado por la ley - A la defensa y a la asistencia de letrado

- A ser informados de la acusación formulada contra ellos

- A un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías - A utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa

- A no declarar contra sí mismo - A no confesarse culpables - A la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

2.3.1.11. Principio de legalidad penal. Derechos del penado. Art. 25.

El principio de legalidad penal se manifiesta en el apartado 1º del artículo 25 al indicar que “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”.

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En relación con los derechos de los penados se indica que:

- Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.

- Gozarán de los derechos fundamentales de este Capítulo a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.

En todo caso, tendrán derecho a un trabajo remunerado, los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, el acceso a la cultura y el desarrollo integral de su personalidad.

Por último se indica que la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad, ya que las penas privativas solo pueden venir impuestas en virtud de resolución judicial.

2.3.1.12. Prohibición de los Tribunales de Honor. Art. 26.

En el artículo 26 se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

2.3.1.13. Derecho a la educación. Art. 27.

Se establece en el artículo 27 de la Constitución que “todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. Asimismo se declara que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

Se atribuye a los poderes públicos la inspección y homologación del sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes y la obligación de ayuda a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Se reconoce asimismo, a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Se reconoce, por último, la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

2.3.1.14. Derecho de sindicación y derecho de huelga. Art. 28.

Todos tienen derecho a sindicarse libremente. Sin embargo indica también que la Ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos.

La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos, a afiliarse al de su elección y el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

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2.3.1.15. Derecho de petición. Art. 29.

Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

No obstante, los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS.

Como indicábamos, los derechos y deberes de los ciudadanos se contienen en la Sección 2ª, del Capítulo II, del Título I de la Constitución española de 1978, comprendiendo los artículos del 30 al 38, ambos incluidos.

3.1. DEBER Y DERECHO DE DEFENSA (art. 30)

Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.

La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

3.2. DEBER DE CONTRIBUCIÓN (art. 31)

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

3.3. DERECHO AL MATRIMONIO (art. 32)

El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

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Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y conforme con lo dispuesto por las leyes.

3.5. DERECHO DE FUNDACIÓN (art. 34)

Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. 3.6. DERECHO Y DEBER DE TRABAJAR (art. 35)

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

3.7. COLEGIOS PROFESIONALES (art. 36)

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

3.8. DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA LABORAL (art. 37)

La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.

Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo.

La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

3.9. DERECHO A LA LIBERTAD DE EMPRESA (art. 38)

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.

Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

4. PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA

Los principios rectores de la política social y económica, se recogen en el Capítulo III, del Título I de la Constitución española, abarcando los artículos 39 a 52, ambos incluidos.

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Resumimos su contenido a continuación, remitiendo al opositor a su lectura directa en el Texto Constitucional

Art. 39. Protección de la familia y de los hijos. Art. 40.Progreso social y económico

Art. 41.Seguridad Social

Art. 42. Derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero. Art. 43.Derecho a la protección de la salud.

Art. 44. Acceso a la cultura. Promoción de la ciencia y la investigación científica. Art. 45.Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.

Art. 46. Conservación y promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España.

Art. 47. Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Art. 48. Participación de la juventud.

Art. 49. Protección de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Art. 50. Protección de la tercera edad.

Art. 51. Defensa de los consumidores y usuarios. Art. 52.Organizaciones profesionales.

5. GARANTÍAS Y SUSPENSIÓN DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES

5.1. GARANTÍAS

Se recogen en el Capítulo IV del Título I, artículo 53 de la Constitución española de 1978. Este articulo establece un triple sistema de protección, que analizamos a continuación. 1º- Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I:

- Vinculan a todos los poderes públicos.

- Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades.

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2º- Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y la Sección primera del Capítulo 2.º ante los Tribunales ordinarios por:

- Un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad

- A través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el art. 30.

3º- El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo 3.º informará:

- La legislación positiva - La práctica judicial

- La actuación de los poderes públicos.

Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

5.2. SUSPENSIÓN

Los derechos fundamentales pueden ser suspendidos en determinados casos, establecidos constitucional y legalmente, de forma tanto individual como colectiva. Para su estudio hay que poner en consonancia, los artículos 55 y 116 de la Constitución.

5.2.1. Suspensión general

La declaración de suspensión general afecta a un colectivo de personas de manera general, en un ámbito territorial que puede ser tanto nacional como regional. Para ello, es necesario que se proceda a la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio, aunque destacamos desde este momento, que en el caso de la declaración del estado de alarma los derechos no son suspendidos sino solamente, limitados.

Procederá la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes.

Las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio, así como la duración de los mismos, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará en forma proporcionada a las circunstancias.

La declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado.

Los derechos reconocidos en los Arts 17, 18, apartados 2 y 3, Arts 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, Arts 21, 28, apartado 2, y Art. 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución.

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Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del Art. 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción

5.2.1.1. Estado de excepción

Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para establecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado 3 del art. 116 de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción.

El Gobierno, obtenida la autorización anterior, procederá a declarar el estado de excepción. El Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, podrá poner fin al estado de excepción antes de que finalice el período para el que fue declarado, dando cuenta de ello inmediatamente al Congreso de los Diputados. Si persistieran las circunstancias que dieron lugar a la declaración del estado de excepción, el Gobierno podrá solicitar del Congreso de los Diputados la prórroga de aquél, que no podrá exceder de treinta días.

5.2.1.2 Estado de Alarma

El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2, de la Constitución, podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:

a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación

graves.

c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.

d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Cuando los supuestos anteriores afecten exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el Presidente de la misma podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma.

La declaración del estado de alarma se llevará a cabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros.

En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de quince días. Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga. El Gobierno dará cuenta al Congreso de los Diputados de la declaración del estado de alarma y le suministrará la información que le sea requerida. Con

(17)

independencia de lo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes:

• Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

• Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.

• Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.

• Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. • Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el

funcionamiento de los servicios y de los centros de producción afectados. 5.2.1.3. El estado de sitio

Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del art. 116 de la Constitución, podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración de estado de sitio.

La correspondiente declaración determinará el ámbito territorial, duración y condiciones del estado de sitio. 3. La declaración podrá autorizar, además de lo previsto para los estados de alarma y excepción, la suspensión temporal de las garantías jurídicas del detenido que se reconocen en el apartado 3 del art. 17 de la Constitución.

5.2.2. Suspensión individual

Es la suspensión que afecta a personas individualmente consideradas, relacionadas con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

El artículo 55.2. establece la posibilidad de que una ley orgánica determine los supuestos en los que puede ser objeto de suspensión individual el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la duración máxima de la detención preventiva, que puede verse ampliada en 48 horas más sobre las 72 horas máximas de duración en supuestos de normalidad jurídica.

(18)

ESTRUCTURA BÁSICA DEL ESTADO ESPAÑOL

Función Ejecutiva

Potestad Legislativa

Poder Judicial

GOBIERNO

(Consejo Ministros) CORTES GENERALES (compuestas por Congreso de los Diputados y Senado)

JUZGADOS Y TRIBUNALES (el juzgado es unipersonal; los

Tribunales órganos colegiados)

- Pone en práctica las leyes mediante la potestad Reglamentaria.

- Su Presidente es elegido en el Congreso de Diputados.

- Se compone del Pte., los Viceptes -en su caso-, los Ministros y los demás miembros que establezca la Ley

-Aprueban Leyes y controlan la acción del Gobierno.

- Aprueban los Presupuestos Generales del Estado.

- Tienen las competencias que les atribuye la Const., y representan al Pueblo Español, que las elige cada 4 años en elecc.generales convocadas por el Rey

- La Justicia emana del Pueblo, y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados, integrantes del poder judicial.

- Son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente al Imperio de la Ley.

- El Poder Judicial, independiente del resto de los ejecutivo y legislativo, es gobernado por el Consejo General del Poder Judicial.

- Fundamento de la Constitución: Indisoluble Unidad de la Nación Española - Soberanía Nacional: reside en el Pueblo Español

- Representante del Estado: REY

- Forma política del Estado: Monarquía Parlamentaria

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

- Aprobada por las Cortes Generales, el 31 de Octubre de 1978

- Ratificada por el Pueblo Español (referéndum), el 6 de Diciembre de 1978 - Sancionada por el Rey, el 27 de Diciembre de 1978

- Publicada en B.O.E. el 29 de Diciembre de 1978 (fecha de entrada en vigor) Consta de 11 títulos (un preliminar y 10 títulos más), que contienen 169 artículos. Además, tiene 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.

Mención Especial para el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, órgano superior en materia de garantías constitucionales. Dicho Tribunal se encarga de resolver cuantas cuestiones afecten a la Constitución Española. Está recogido en el título IX de la C.E., y se regula por su Ley Orgánica.

(19)

JERARQUÍA NORMATIVA EN EL ESTADO ESPAÑOL

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA LEYES ORGÁNICAS (o con dicho Rango)

Leyes (y normas con fuerza de Ley como Decretos-Leyes y Decretos Legisl.) Disposiciones Administrativas (Decretos, Órdenes y Resoluciones)

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES (Título I de la Const.Esp.)

Derechos Fundamentales y

Libertades Públicas (arts.15 a 29) Derechos y Deberes de los Ciudadanos (arts. 30 a 38) Principios Rectores de la política Social y Económica (arts. 39 a 52)

- Vida, integridad física y moral - Ideología, religión y culto - Libertad Personal

- Honor, intimidad, domicilio - Residencia

- Expresión, cátedra, información y creación art.

- Reunión - Asociación - Participación

- Tutela efectiva de Jueces - Legalidad penal - Educación - Sindicación y huelga - Petición - Defender a España * - Tributario * - Matrimonio - Propiedad privada y herencia - Fundación - Trabajo * - Negociación colectiva - Libertad de Empresa - La Familia

- Progreso social y económico - Régimen Público de Seg.Social - Emigrantes

- Protección de la Salud - Acceso a la cultura - Medio Ambiente

- Patrimonio histór., cult., artíst. - Vivienda

- Juventud

- Disminuídos fís, psiq., sensor. - Tercera Edad

- Consumidores y Usuarios - Organizaciones Profesionales * Son derechos y deberes (derechos-obligación)

GARANTÍA DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES

Derechos Fundamentales y

Libertades Públicas (arts.15 a 29) Derechos y Deberes de Ciudadanos (arts. 30 a 38) Principios Rectores de la política Social y Económica (arts. 39 a 52) - Recurso de Amparo

- Recurso Inconstitucionalidad - Procedimiento judicial

basado en los principios de preferencia y sumariedad.

Recurso de

Inconstitucionalidad

. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios habrán de informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuacion de los poderes públicos. Sólo podrán alegarse ante la Jurisdic. Ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen

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