REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº DE SETIEMBRE DEL 2014

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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 028-2014 25 de setiembre del 2014

Página Nº 1 REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 028-2014 25 DE SETIEMBRE DEL 2014

Acta de la reunión extraordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las trece

horas con cinco minutos del veinticinco de setiembre del dos mil catorce. Presentes

los señores diputados Henry Mora Jiménez,

Presidente

; Luis Alberto Vásquez Castro,

Primer

Secretario

y

Jorge Rodríguez Araya,

Segundo Secretario.

ARTÍCULO 1.- SE ACUERDA: Avalar la siguiente resolución: CONSIDERANDO:

I. Que por medio del acuerdo de este Directorio correspondiente al artículo No. 7, de la sesión ordinaria Nº 025-2014, del 16 de setiembre del 2014, se creó el Departamento de Participación Ciudadana.

II. Que como cualquier otro departamento de la Asamblea Legislativa y según la estructura diseñada para los mismos en el Manual de Funciones y Estructura de la Organización Técnico Administrativa de la Asamblea Legislativa, así como en el correspondiente estudio y propuesta del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, Informe No. DEI-11-09-2014, esta dependencia requiere de una Dirección, cuyo código actualmente no existe, pues el Departamento se creó el 16 de setiembre del 2014.

III. Que la máxima autoridad administrativa de la Asamblea Legislativa es el Directorio. En lo concerniente a la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, mediante Dictamen C-265-2000 del 30 de octubre de año 2000, señaló:

“El Directorio Legislativo, de acuerdo con el Reglamento de la Asamblea Legislativa, artículo 25, está facultado para: "Nombrar a los funcionarios y empleados que se necesiten para el buen funcionamiento de la Asamblea y de la Secretaría, o removerlos de acuerdo con la ley.

IV.

Que en el marco de la racionalización del gasto público, existe

un acuerdo político de no crear más plazas, por lo que deben

utilizarse las existentes, siendo la reasignación de las ya

existentes, el mecanismo jurídicamente válido para llenar la

estructura de la nueva dirección, no pudiendo ser objeto de

concurso al no encontrarse vacante lo inexistente. La

reorganización parcial que implicó la transformación de la

Oficina de Iniciativa Popular al Departamento de Participación

Ciudadana, se realiza sin la creación de nuevas plazas o para

llenar una plaza vacante existente, por lo cual no es aplicable

lo dispuesto en los artículos del 13 al 16 de la Ley de

Personal de la Asamblea Legislativa, los cuales se refieren a

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la promoción respecto a puestos vacantes, como bien lo

define el artículo 15 de la normativa citada al citar:

“Artículo 15.- Para llenar las vacantes objeto de promoción, la Dirección General presentará al Directorio las nóminas, siguiendo las mismas regulaciones establecidas en los artículos 11 y 12 de esta ley”.

V.

Que la reasignación de puestos como mecanismo utilizado

en reorganizaciones parciales no es novedosa en los

acuerdos del Directorio Legislativo, utilizada en varias

legislaturas pasadas como mecanismos para reducir los

costos presupuestarios derivados de la creación de nueva

estructura, considerándose y respetándose siempre la

idoneidad del funcionario para el ejercicio del cargo

respectivo.

VI.

Que como establece la Sentencia No. 4999-94 de las 15:20

horas del 6 de setiembre de 1992, al referirse al artículo 192

de la Constitución Política, faculta a la Administración para

disponer la reorganización y reestructuración de las diferentes

dependencias que la componen, con el fin de alcanzar su

mejor desempeño y organización para lo cual podrá ordenar

no solo la eliminación y recalificación de plazas.

VII.

Que la Procuraduría General de la República en Dictamen

C-248-95, del 30 de noviembre de 1995 estableció que:

“La potestad de auto organización de un ente consiste en el poder de darse la organización interna que considere más conveniente para el cumplimiento del fin público asignado por ley. Una potestad que es de principio en los entes públicos y que ahora se acuerda también a la Superintendencia creada por la Ley Nº 7558. Conforme esa potestad, corresponde al jerarca determinar cuál es la organización interna más adecuada para el ente, en razón de los fines que debe cumplir, lo que parte de dos constataciones: la organización de los propios servicios es una competencia típicamente administrativa y corresponde al jerarca adoptar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de la Administración a su cargo. Potestad discrecional que autoriza al jerarca para realizar reestructuraciones administrativas internas, lo que puede comprender el establecimiento de nuevos órganos (artículo 59 de la Ley General de la Administración Pública) o en su oportunidad, una distribución interna de competencias que no impliquen potestades de imperio. Como se indicó, esa potestad es de principio por lo que, salvo disposición legal en contrario, la Administración puede proceder a efectuar los cambios que actualicen su organización ante nuevos requerimientos o demandas, en este asunto definidas legalmente.”

VIII.

Que en el mismo sentido, también se ha pronunciado

expresamente la Sala Segunda de la Corte Suprema de

Justicia, que señala lo siguiente:

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“VI.- La Administración puede, atendiendo a las necesidades del servicio, hacer modificaciones en cuanto a las tareas de un determinado destino, eliminando algunas, cambiando unas por otras, o bien, agregando tareas no especificadas concretamente en el Manual. Esto no se puede negar, porque ello forma parte del poder (deber de dirección y de organización, que tiene, de principio, toda jerarquía administrativa, para la consecución de su fin siempre público. Esas modificaciones no siempre pueden estimarse lesivas de un derecho subjetivo del empleado, en el campo salarial. Si las modificaciones dan lugar a que las nuevas labores no correspondan a la descripción del puesto, según la clasificación formal preexistente y, más bien, se tornan coincidentes con las de otra descripción, que corresponde a un puesto de superior jerarquía, el titular del destino tiene derecho a pedir la reasignación, con el consiguiente aumento salarial, a través de los procedimientos y con las limitaciones que resultan del respectivo ordenamiento administrativo sectorial, aplicable. Desde luego, una modificación de las tareas no siempre podrá dar lugar a una reasignación hacia arriba; pues podría darse lo contrario, si las modificaciones dan como resultado una coincidencia, con las tareas de un puesto inferior, o que, por la naturaleza de las labores, deban reasignarse hacia abajo. Cuando esto sucede, es la Administración la que promueve y decreta tal reasignación, hacia abajo, sin perjuicio de los derechos adquiridos del titular actual de la plaza, de modo que, la modificación, afecte únicamente a futuros titulares. La asignación de tareas adicionales, a las que tradicionalmente viene ejecutando determinado servidor público, no necesariamente debe implicar un aumento salarial, mediante reasignación del puesto y hacia arriba. Generalmente, los Manuales de Puestos, cierran la descripción de las tareas con una indicación genérica, más o menos del siguiente tenor: (Otras tareas que le asigne la Jefatura, por eso es que el titular de un Juzgado, por ejemplo, puede ordenarle a un Conserje hacer, en cierto momento, algunas tareas no típicas del puesto: atender al público, hacer entregas al notificador, archivar y coser expedientes, o hacer otro tipo de tareas, en determinados y diferentes momentos, y, a su vez lo mismo puede hacerse con los Notificadores, que no tengan mucho volumen de trabajo, pues el Manual respectivo permite asignarles alguna otra tarea, siempre compatible con el cargo. Si las nuevas tareas asignadas se convierten en la actividad principal y estas encuadran en una clase superior, hay un derecho a la reasignación y un interés legítimo del servidor de exigirla, administrativamente o en la vía judicial, si fuere necesario. Puede haber casos especiales, de puestos clasificados en una determinada categoría; pero que, las tareas del puesto, no concuerdan con las que se ejecutan en la realidad y estas últimas no corresponden a ninguna clase en el Manual. Por ejemplo: un Oficinista haciendo tareas en Audiovisuales. Si no existe este puesto en el Manual, el derecho subjetivo del titular de la plaza se agota en exigirle, a la Administración, hacer la necesaria y obligada reclasificación, según las tareas reales del puesto. Como esto es técnico, no lo pueden hacer los tribunales, pues hay una

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Página Nº 4 serie de criterios, como los ya indicados (condiciones fiscales, costo de la vida, factores propios del mercado de trabajo, la estructura de puestos de la institución como un todo, etcétera), que no son de naturaleza jurídica y que importan una típica actividad administrativa, propiamente. Por lo expuesto, si se hiciere en sede jurisdiccional, podría surgir una inconsistencia del sistema, que sólo perjuicio acarrearía. En un caso de éstos, la sentencia no puede tener otro alcance que obligar a la Administración a hacer la reclasificación, por los respectivos procedimientos y siguiendo criterios técnicos. De llegar a suceder que la clasificación procede hacia abajo y no hacia arriba, el acto administrativo respectivo no podría perjudicar derechos adquiridos. Es importante insistir en que, un cambio en las tareas, no necesariamente debe implicar un aumento de salario, pues puede ser que las nuevas ocupaciones no impliquen una modificación de la situación en perjuicio del servidor e incluso que, la asignación de labores, esté basada en la utilización racional de los recursos para la eficiencia del servicio.” (lo destacado no es del original) (Resolución N° 99-226, de las 15:30 hrs del 11 de agosto de 1999)

IX.

Que en el pronunciamiento C-105-2003 de 21 de abril del

2003, la Procuraduría General de la República establece con

claridad que en el caso de reorganización institucional:

“Ahora bien, en el ejercicio de la potestad de reorganización, la Administración puede afectar los derechos y situaciones jurídicas de los funcionarios a su servicio, ya sea suprimiendo o transformando las plazas existentes. En el caso de transformación de plazas, puede implicar un ascenso o un descenso para el funcionario, dentro de la carrera administrativa. (…)

El último paso de un proceso de reorganización es la ejecución de los resultados, fase en la cual deben materializarse las recomendaciones y cambios propuestos en los estudios técnicos. La puesta en práctica de la reorganización, de especial importancia para la consulta que nos ocupa, implica la realización de los movimientos de personal aprobados, tanto en lo referente a la supresión como la transformación de las plazas existentes.

(…)

Por su parte, la transformación de plazas, tal y como hemos apuntado, puede implicar un ascenso o un descenso de los funcionarios dentro de la carrera administrativa”.

X.

El artículo 105 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil

define:

“Reasignación: Cambio que se opera en la

clasificación de un puesto con motivo de variación sustancial

y permanente en sus tareas y responsabilidades.”

XI.

El artículo 110 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil

establece con claridad que en caso de reorganización, como

lo constituye la creación del Departamento de Participación

Ciudadana, “cuando el jerarca o jefe autorizado estime que en

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un puesto se han dado cambios sustanciales y permanentes

en sus tareas, actividades y responsabilidades, como

consecuencia de modificaciones en los objetivos y/o procesos

de trabajo, que impliquen la obtención de productos o

servicios más eficientes, salvo casos de excepción a juicio de

la instancia competente podrán gestionar ante la Oficina de

Recursos Humanos respectiva, el trámite de la reasignación

del puesto, o el estudio de clasificación que corresponda (…)”.

XII.

El artículo 11 del Reglamento citado en el considerando

anterior, confirma la facultad de la administración de realizar

reasignaciones de puestos en el marco de cambios en las

funciones asignadas como es el caso que nos ocupa, de la

creación de la Dirección del Departamento de Participación

Ciudadana.

XIII.

A partir del mes de junio de 2014 y hasta la fecha, el señor

Juan Carlos Chavarría Herrera, ha ocupado el puesto de

Profesional Jefe 1, correspondiente a la Jefatura de la Oficina

de Iniciativa Popular, que se acordó transformar en

Departamento de Participación Ciudadana. Durante este

tiempo

el

Sr.

Chavarría

Herrera

mostró

diligencia,

responsabilidad e idoneidad, estableciendo proyectos de

importancia institucional en el marco de la participación

ciudadana.

XIV.

Que como se demuestra en la normativa citada, y ya puesta

en práctica en la Institución con anterioridad, en caso de

reorganización parcial de las unidades administrativas, el

ordenamiento jurídico permite la reasignación directa de

puestos en propiedad.

XV.

Que con la creación del Departamento de Participación

Ciudadana, evidentemente estamos ante un proceso de

reorganización parcial en la Institución.

XVI.

Que el señor Juan Carlos Chavarría Herrera tiene la

propiedad del puesto Nº 015196, puesto al cual regresará,

según el acuerdo citado, a partir del 1 de octubre de 2014.

SE ACUERDA:

Se modifica el Artículo No. 7 de la Sesión Ordinaria Nº 25, del 16 de setiembre del 2014, en lo conducente y únicamente, en los siguientes puntos:

Que el nombramiento del señor Juan Carlos Chavarría Herrera, como Director de Departamento, se realice por la vía de la reasignación por reorganización, del código Nº 015196 de Profesional 2B y no como se indicó por ascenso en propiedad. Rige a partir del 1 de octubre del 2014.

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Página Nº 6 Se incorpore en el Informe DEI-11-09-2014, aprobado en la sesión citada de creación del departamento de Participación Ciudadana, una fe de erratas, de forma que tanto en el informe como en el acuerdo de creación, se lea correctamente, que una de las áreas que se crea, es el “Área de Gestión de Propuestas Ciudadanas” y no como se cita erróneamente el “Área de Gestión de la Iniciativa Popular”.

El resto del acuerdo correspondiente al Artículo 7 de las Sesión Ordinaria Nº 25, del 16 de setiembre de 2014 no se modifica. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 2.- SE ACUERDA: Modificar el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 8 de la sesión Nº 025-2014, con el propósito de que se lea de la siguiente manera:

1. Otorgar permiso sin goce de salario al señor Alejandro Pacheco Castro, cédula No. 3-315-128, en el puesto No. 038772 de Profesional 2B. Rige a partir del 1 de octubre del 2014 y mientras ocupe el puesto No. 078821.

2. Nombrar al señor Alejandro Pacheco Castro, cédula No. 3-315-128, en el puesto No. 078821 de Profesional Jefe 1 (especialidad Derecho), en sustitución de la señora Sandra Urbina Mohs, quien se encuentra incapacitada. Rige a partir del 1 de octubre del 2014 y hasta el retorno de la titular de dicho puesto.

El señor Pacheco Castro estará destacado en el Departamento de Participación Ciudadana.

El anterior nombramiento queda sujeto a la verificación de requisitos por parte del Departamento de Recursos Humanos.

3. Cesar el nombramiento del señor Óscar Gutiérrez Porras, cédula No. 1-592-705, en el puesto No. 015196 de Profesional 2B. Rige a partir del 30 de setiembre del 2014.

4. Nombrar al señor Óscar Gutiérrez Porras, cédula No. 1-592-705, en el puesto 038772 de Profesional 2B (especialidad en Derecho), en sustitución del señor Alejandro Pacheco Castro, quien disfruta de un permiso sin goce de salario. Rige a partir del 1 de octubre del 2014 y hasta el retorno de la titular de dicho puesto.

El señor Gutiérrez Porras estará destacado en Asesores de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana.

El anterior nombramiento queda sujeto a la verificación de requisitos por parte del Departamento de Recursos Humanos.

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