CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

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Texto completo

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DOCUMENTO DE TRABAJO QUE ACUMULA LOS PROYECTOS DE LEY CON N° 3143, 3699 y 3816

LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA INTEGRAL CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MARCO DE LA REFORMA DEL ESTADO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto fortalecer y perfeccionar el marco institucional y normativo para combatir la corrupción en la administración pública y en los asuntos de probado interés público.

Artículo 2.Ámbito

Todas las entidades y organismos de la administración pública nacional, regional y municipal, están obligados bajo responsabilidad funcional -de manera permanente- a desplegar esfuerzos en la lucha contra la corrupción y desarrollar su gestión con arreglo a los principios de democracia participativa y de control integral.

CAPITULO II

POLITICAS Y PLANES ANTICORRUCPION

Artículo 3. Política Nacional de Lucha Contra la Corrupción

El Poder Ejecutivo aprueba la Política Nacional de Lucha Contra la Corrupción, previa opinión favorable de la Comisión Nacional Anticorrupción, la misma que es de obligatorio cumplimiento por todas las entidades del Estado.

Artículo 4. Planes Anticorrupción

4.1. Declarase de urgente necesidad nacional la aprobación del plan

anticorrupción por todas las entidades y organismos de la administración pública, los poderes del Estado, los gobiernos regionales y las municipalidades. El plan es aprobado cada año a más tardar el último día hábil del mes diciembre y es publicado en la página web de cada entidad pública.

4.2. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, creada por Ley 29976, en

coordinación con la Contraloría General de la República, monitorea la implementación y ejecución de los planes anticorrupción.

4.3. En las regiones, provincias y distritos se organizan Comisiones

Regionales, Provinciales y Distritales Anticorrupción con participación de la sociedad civil organizada, quienes participan con voz y voto.

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CAPITULO III

FISCALIZACIÓN Y CONTROL EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

Artículo 5. Fiscalización del gobierno regional

Modificanse los artículos 13, 15, 16 y 30 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, con los siguientes textos:

“Artículo 13.- El Consejo Regional

Es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional. Le corresponden las funciones y atribuciones que se establecen en la presente ley y aquellas que le sean delegadas, para lo cual cuenta con la partida correspondiente dentro del presupuesto institucional. Está integrado por los consejeros regionales. Anualmente los concejeros regionales eligen, entre ellos, a un consejero delegado que convoca y preside las sesiones del Consejo regional, lo representa y tramita sus acuerdos. No hay reelección del Consejero Delegado.

Artículo 15. Atribuciones del Consejo Regional Son atribuciones del Consejo Regional:

(…)

l) Solicitar al Presidente Regional, con la aprobación de la mayoría de sus miembros, informes específicos sobre la gestión del Gobierno Regional, así como la concurrencia de cualquier Gerente Regional a informar al pleno del Consejo Regional. Es obligación del Presidente Regional alcanzar los informes solicitados y facilitar la concurrencia de los gerentes regionales citados.

Artículo 16. Derechos y obligaciones funcionales de los consejeros regionales

Son derechos y obligaciones funcionales de los concejeros regionales: (…)

b. Fiscalizar los actos de los órganos de dirección y administración del

Gobierno Regional u otros de interés general para lo cual el Consejo

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f. Promover la participación ciudadana y rendir cuentas de su labor ante los electores de la provincia a la que representan.

g. Solicitar informes a los funcionarios del gobierno regional para el ejercicio de sus funciones, los que deben ser remitidos en un plazo no mayor a diez días útiles bajo responsabilidad del funcionario y del proceso administrativo correspondiente en el caso de su negativa a informar.

Artículo 30. Vacancia

El cargo de Presidente, Vicepresidente y Consejeros del Gobierno

Regional vaca por las causales siguientes: (…)

6. Nepotismo conforme la ley de la materia” Artículo 6. Fiscalización de las municipalidades

Modificase el artículo 11 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el siguiente texto:

ARTÍCULO 11º.- RESPONSABILIDADES, IMPEDIMENTOS Y

DERECHOS DE LOS REGIDORES

Los regidores tienen las siguientes responsabilidades,

impedimentos y derechos: (…)

4. En el ejercicio de su función fiscalizadora tienen derecho a solicitar la información que requieran y a recibirla del Gerente Municipal en un plazo no mayor de 8 días hábiles. La negativa, incumplimiento u omisión en la entrega de la información de manera injustificada, constituye falta grave. No se requiere autorización previa.”

Artículo 7. Modificación del artículo 21 de la Ley 27783

Modificase el numeral 21.2 e incorporase el numeral 21.5 en el artículo 21 de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, con los siguientes textos:

“Artículo 21.- Fiscalización y control (…)

21.2 Los Gobiernos Regionales y las municipalidades son fiscalizados por los ciudadanos de su jurisdicción, facilitan el acceso a la información administrativa, presupuestal y contable; reglamentan y explicitan su participación en los procesos presupuestales participativos y los de selección, los servicios

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públicos domiciliarios, los controles ambientales, urbanos y de las edificaciones, el otorgamiento de concesiones, la evaluación y aprobación de las iniciativas privadas, entre otros.

Las normas sectoriales, regionales y municipales deben desarrollar y explicitar adecuadamente los mecanismos directos e indirectos de la fiscalización ciudadana, tales como las veedurías, observatorios anticorrupción, comités de vigilancia, audiencias públicas, consultas ciudadanas así como las rendiciones de cuentas”.

“21.5 Cuando un gobierno regional o municipalidad: i) desacate o

incumpla expresos mandatos constitucionales; ii) afecten

competencias del Gobierno Nacional; o, iii) incurran en malversación de recursos públicos con agravio del interés nacional, el Poder Ejecutivo procederá a exhortar al Presidente Regional o el Alcalde a fin que se adopten las correcciones o restablezca el orden o la gestión.

En caso que dicha exhortación no sea atendida, con los informes sustentatorios de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Ejecutivo solicitará al Congreso de la República autorización para proceder a la intervención del Gobierno Regional o de la Municipalidad especificando el plazo, objetivos y modalidad de dicha intervención.”

Artículo 8. Modificación del literal b) del artículo 9° de la Ley 28024, Ley que regula a la gestión de intereses en la administración pública.

Modifíquese el literal b) del artículo 9 de la Ley 28024, Ley que regula a la gestión de intereses en la administración pública, por el siguiente texto:

Artículo 9°. De las incompatibilidades y conflicto de intereses

No podrán ejercer la actividad de gestores de intereses: (…)

b) Los funcionarios de la administración pública o los que hubiesen

desempeñado cargos directivos, durante el ejercicio de sus funciones

y hasta dos (2) años de haberlas concluido”.

Artículo 9. Registro e informes sobre actividades de gestores de intereses

9.1. Para el desempeño y actividades de los gestores de intereses, el

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Registro Público de Gestión de Intereses a cargo de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

9.2. Los órganos de control interno de la administración pública solicitan a los

titulares o responsables de las entidades públicas acceso a los informes sobre la atención o trámites generados por la intervención de gestores de intereses.

Artículo 10. Uso ilegal de información reservada

Será inhabilitado de manera permanente para ocupar puestos en la administración pública:

a. La autoridad o funcionario público que, debiendo informar, por razón de su

cargo, en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para facilitarse la participación directa o por interpósita persona en tales negocios y actuaciones; y

b. La autoridad o funcionario público que haga uso de un secreto del que

tenga conocimiento en razón de su cargo, o de una información privilegiada, con ánimo de obtener beneficio económico en provecho propio o de un tercero.

CAPITULO IV

PROHIBICIÓN DE CONTRATAR E INHABILITACIÓN DE FUNCIONARIOS

Artículo 11. Prohibición para contratar con el Estado

Están prohibidos de contratar con el Estado, los funcionarios y servidores públicos que hayan ejercido cargos de nivel directivo o gerencial, o que se han desempeñado como representantes o asesores, hasta por el plazo de dos (2) años posteriores al cese de sus funciones en la entidad pública donde prestó servicios. Esta prohibición es indefinida en el tiempo en los asuntos concretos que el funcionario o servidor ha conocido por el desempeño de sus labores.

Artículo 12. Inhabilitación para contratar con el Estado

Las personas condenadas judicialmente por la comisión de delitos de tráfico ilícito de drogas y contra la administración pública son inhábiles para contratar con el Estado.

Los alcances de la presente inhabilidad se extienden a las personas jurídicas integradas por las personas naturales señaladas en el párrafo precedente.

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CAPITULO V

AUDITORIAS EXTERNAS

Artículo 13. Auditorías externas

13.1 Los profesionales o consultores de las sociedades o empresas auditoras

externas son responsables civil, penal y administrativamente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, y por las omisiones que les sean imputables y que causen perjuicio a las entidades públicas, en los cuales hayan ejercido o presten consultorías o asesorías.

13.2. Las entidades contratantes de auditorías a cargo de las sociedades de

auditoría externa obligatoriamente deben vigilar las mismas mediante supervisores quienes deben hacer su seguimiento y evaluación técnica sobre el cumplimiento del contrato.

Los supervisores están facultados para solicitar informes o aclaraciones sobre la ejecución de la auditoría y, de ser el caso, exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con conocimiento de la entidad pública contratante.

13.3. La Contraloría General de la República a través del Informe Especial

Legal establece el tipo de responsabilidad de los profesionales y de las sociedades auditoras externas.

CAPITULO VI TRANSPARENCIA

Artículo 14. Convenios de administración de recursos con organismos internacionales

14.1. Las entidades y organismos que encarguen los procesos de selección y

contratación de obras y servicios a organismos internacionales están obligados a informar oportunamente a la Contraloría General de la República la relación de las mismas, los montos comprometidos y toda la información que resulte necesaria que permita que las mismas sean auditadas y controladas en el marco del Plan Nacional de Control, de acuerdo a Ley.

14.2. La Contraloría General de la República en su informe anual al Congreso

de la República, da cuenta de los resultados de las auditorías y controles a los convenios de administración de recursos con organismos internacionales y formula las recomendaciones y propuestas que correspondan.

Artículo 15. Contratos de concesión de obra o servicio público

Los contratos de concesión de cualquier obra o servicio público, celebrado por el Estado Peruano a través de cualquier entidad pública con el sector privado

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que requieran modificación o adenda, debe contar con el informe técnico-legal que la sustente a cargo de la entidad pública correspondiente.

El informe técnico-legal debe ser accesible a la ciudadanía mediante su publicación en el portal de transparencia de la entidad respectiva 30 días antes de la suscripción de las modificaciones o adendas al contrato.

En caso de no contar o estar inhabilitado el portal de transparencia, la entidad pública correspondiente debe asegurar, mediante otro medio idóneo, la accesibilidad oportuna de la información a la ciudadanía.

CAPITLO VII PARTIDOS POLITICOS

Artículo 16. Modificación de la Ley 28904

Incorporanse los artículos 23-B y 34-A a Ley de Partidos Políticos, Ley 28094, con los textos siguientes:

“Artículo 23-B. Elaboración y presentación de listas de candidatos Los partidos políticos no incluyen en sus listas de candidatos a cargos de elección popular, a ciudadanos con sentencias condenatorias cumplidas por delitos de tráfico ilícito de drogas y contra la administración pública.

Artículo 34-A. Transparencia e inhabilidad de financistas de campañas electorales para contratar

34-A.1 Los partidos políticos, deben acreditar y publicar en su portal de Internet sus presupuestos y las cuentas anuales detalladas de gastos e ingresos, incluyendo sus bienes patrimoniales.

34-A.2 Las personas naturales o las personas jurídicas que financian campañas políticas de cualquier proceso electoral, generales, regionales o municipales con aportes superiores al dos por ciento (2 %) de las sumas que inviertan los partidos políticos o candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral, no pueden celebrar contratos con las entidades públicas nacionales, regionales o municipalidades del respectivo nivel gubernamental para el cual fue elegido el candidato financiado.

34-A.3 La inhabilidad a que se refiere el párrafo precedente se extiende por todo el período del candidato fue electo. Este impedimento también opera para las personas que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil de la persona que ha financiado la campaña política”.

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CAPITULO VIII VIGILANCIA CIUDADANA

Artículo 17. Veedurías ciudadanas

Las Veedurías Ciudadanas tienen por finalidad en un instrumento de participación de la sociedad civil en el control y fiscalización de la gestión administrativa de los bienes y recursos públicos del conjunto de la administración pública.

Los informes o reportes de las Veedurías Ciudadanas tienen valor indiciario de responsabilidad. Su presentación obliga al órgano de control de la respectiva Entidad y al Ministerio Público a intervenir conforme a sus competencias y atribuciones sobre la materia.

CAPITULO IX

CONTRALORIA Y SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Artículo 18. Personal de las Oficinas de Control Institucional

La contratación del personal para que desempeñe funciones en las oficinas de control institucional o la que haga sus veces, en las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales o distritales, bajo cualquier modalidad, será realizada directamente por la Contraloría General de la República.

Los recursos necesarios para financiar la contratación del personal requerido, así como los gastos que implique la ejecución de dicho contrato son transferidos por el Gobierno Nacional a la Contraloría General de la República mediante decreto supremo refrendando por el ministro de Economía y Finanzas y el presidente del Consejo de Ministros.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

ÚNICA. Derogación de normas

Derogase o modificase, según sea el caso, las disposiciones legales que se opongan en todo o en parte a la presente Ley.

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