COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES

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Elaborado por ASELEX S.A. 2019-01-15

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES

EXPEDIENTE No. 21097. LEY DE DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

ESENCIALES. EN DISCUSIÓN. Se recibió en audiencia a los miembros propietarios de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Orlando Aguirre Gómez, Julia Varela Araya, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Jorge Enrique Olaso Álvarez y Roxana Chacón Artavia, y al señor Carlos José Cabezas Mora secretario general de la Central de Trabajadores.

Audiencia 1

Se recibió en audiencia a los magistrados de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de, que den sus observaciones y recomendaciones sobre el proyecto de ley desde su experiencia y conocimiento.

El señor magistrado Orlando Aguirre manifestó la relevancia de precisar el tema de los servicios esenciales, en relación con el contenido de los artículos 375 y 376 del Código de Trabajo que desarrollan el tema de la prohibición de huelga en los casos que medien servicios relacionados con la salud, la seguridad, entre otros, La siguiente observación que hizo el señor magistrado fue la relacionada con la ubicación que debería tener este tema, y que el cuerpo normativo correspondiente para ello es el Código de Trabajo, por razones técnicas, y que sería incompetente que otra herramienta normativa contuviera esta regulación.

El siguiente examen que efectúo fue para resaltar la intención del proyecto porque

no se da una clara interpretación al momento de su lectura, cuando se inicia

parece que el proyecto quiere regular la huelga en los servicios esenciales nada

más; ellos recomiendan que para mayor claridad es conveniente que se precise

cuáles servicios esenciales serán regulados y que, por ende, se debe generar una

lista de estos. Lo que se pretende, no es prohibir la huelga por completo, sino solo

en aquellos servicios que la ley describa.

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Manifestó que, no le parece conveniente que se delegue la responsabilidad de definir los servicios esenciales, que estas definiciones deben estar contenidas en la norma y no quedar bajo la potestad del Poder Legislativo determinarlas. Agregó que, las observaciones que el Poder Judicial pueda hacer o que los tribunales de justicia hagan respecto al tema de las restricciones a la huelga en servicios esenciales, debería permitir agregar otras actividades que no estén incluidas en la lista en que medien derechos fundamentales, y que, para esto se tome en cuenta el contenido de la sentencia vinculada con el caso de los cuerpos que tenía la morgue, que contempla el derecho de la dignidad humana; esto se puede dar cuando la norma “se cierre”, y los tribunales puedan considerar que hay una violación clara de otros derechos fundamentales.

Concluyó su presentación diciendo que, todos los miembros de la Sala Segunda están anuentes a colaborar con la tramitología de este tipo de proyectos de ley.

La Magistrada Julia Varela agregó que, es importante tomar en cuenta el contenido del artículo 375 del código de trabajo original porque allí se hizo un ejercicio muy bien pensado y trabajado respecto a este tema. Se refirió a que, estos ejercicios de mejora son muy oportunos y esperan que los diputados los tomen en consideración y se hagan dentro del cuerpo normativo correspondiente con el fin de blindarlo.

El Magistrado Luis Porfirio Sánchez le recordó a los señores diputados que a los servicios fundamentales a los que se están refiriendo es únicamente a los suministrados por el sector público pero, se debe reconocer que existen otros servicios esenciales que son brindados por el sector privado bajo la figura de la concesión u otros.

El Magistrado Jorge Enrique Olaso sugirió vincular al artículo 5 con los artículos

402 y 403 porque en estos existe una gran cantidad de medidas cautelares que

atienden todas aquellas actividades que atentan contra la legalidad de las

acciones.

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La Magistrada Julia Varela hizo hincapié en el trámite procesal que conlleva este tema de la huelga, debe gestionarse procesos más ágiles pero que no se desliguen del derecho del debido proceso, porque su tramitación actual en los tribunales de justicia es un poco lenta. Además, es necesario que se fije reglas claras para que estos trámites no se pierdan en el proceso. Los trámites para declarar una huelga ilegal deben ser prioritarios, y que esto lo deben tomar en cuenta los diputados.

La Magistrada Roxana Chacón dijo que, a ellos les parece importante como el sector educativo fue uno de los más afectados con el desarrollo de la última huelga; sin embargo, la educación debe analizarse prudentemente, si es o no un servicio esencial, esto visualizándolo desde la perspectiva del derecho de la libre sindicalización y los parámetros establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Recalcó que, en estos casos lo más importante es agilizar el procedimiento, y después verificar si esos servicios son o no esenciales, y no puede prohibirse el ejercicio de la huelga en todos los servicios porque esto ocasionaría la eliminación del derecho a huelga.

El Dip. Morales Mora (PAC) manifestó que, el ánimo de esta comisión no es eliminar el derecho a huelga, ni el de protesta, ni a manifestarse, sino que su finalidad es mejorarlos. Estas iniciativas pretenden generar reflexión y análisis.

La Dipda. León Marchena (PLN) indicó que el espíritu del proyecto de ley es asegurar la prestación de servicios fundamentales. Le preguntó a los magistrados,

¿son de exigencia o puede Costa Rica valorar si toma o no los principios contenidos en la OIT?

La Magistrada Julia Varela respondió que, no son de exigencia pura, pero que los

países adheridos a la OIT deben tomar en consideración las observaciones y

principios establecidos por este organismo.

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La Dipda. León Marchena (PLN) mencionó que, entonces ellos tienen plena potestad para elegir qué servicios son o no esenciales. Agregó que, ella ha revisado las sentencias emanadas por la Sala Segunda sobre la huelga y les preguntó ¿Qué tan frecuente es que vean casos de ilegalidad de huelgas?

El Magistrado Orlando Aguirre respondió que, con relación a la legislación, el conocimiento de estos trámites se agota con el recurso de apelación y que por tanto la Sala no tiene la oportunidad de conocer estos casos.

La Dipda. León Marchena (PLN) preguntó ¿basta con el criterio del juzgador o puede acudir a criterios internacionales?

El Magistrado Orlando Aguirre dijo que sí, que hay normativa, pero que actualmente no hay una definición sino que, se usa una norma que sugiere todas aquellas actividades que tengan que ver con la vida, salud y seguridad, y que, si hay supuestos esenciales, los juzgadores deber acudir no solo a las directrices de la OIT sino que, también a doctrina, que basta con leer el fallo de la Sala Constitucional que dice que, “la huelga no era posible en aquellas áreas donde se realizaba exámenes patológicos”, la Sala en ese fallo acudió a la OIT y a doctrina que se relaciona con la dignidad humana.

La Magistrada Julia Varela indicó a la diputada que, el principio de la independencia judicial, en relación con el cual, el juzgador debe acudir a la ley pero, también debe nutrirse con jurisprudencia que le pueda orientar, siempre con absoluta independencia.

La Dipda. León Marchena (PLN) consultó ¿es frecuente que los tribunales laborales estén en huelga o imposibilitados para conocer que una huelga es ilegal o no?

El Magistrado Orlando Aguirre se refirió a que, nunca los tribunales se habían ido

a huelga, la primera vez fue en julio del año pasado y que en efecto esto produjo

algunos problemas en tramitaciones de procesos. Y, la segunda vez que

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participaron fue en esta última huelga y esto causó problemas por las extensas inhibitorias que imposibilitan atender trámites legales.

La Magistrada Julia Varela dijo que, esto lo que debe es servir para esclarecer cuáles son los vacíos que hay en la norma actual, y así saber cuáles se debe atender. Además, agregó que, es importante revisar el tema de la práctica de arbitrajes en las situaciones donde es prohibida la huelga.

El Dip. Morales Mora (PAC) se refirió a la OIT, dijo que ellos construyen tripartitamente convenios y que la Asamblea Legislativa los aprueba y ratifica, por tanto, son parte del ordenamiento jurídico costarricense y se debe hacer la diferencia de cuáles están ratificados y cuáles no.

La Dipda. Montero Gómez (PAC) manifestó su inquietud sobre ¿cómo se ha resuelto el tema del interés superior del niño en temas vinculados con salud, educación y seguridad? ¿Cómo se resuelve cuando un derecho se enfrenta al derecho de otra persona?

El Magistrado Orlando Aguirre dijo que, este principio es un derecho que está en nuestra normativa y convenciones suscritas. Los jueces al resolver, deben tenerlo en cuenta, en la Sala lo han aplicado con frecuencia cuando se trata temas de derecho de familia, pero que no se han enfrentado a casos de huelga donde se trate este principio.

La Dipda. Montero Gómez (PAC) preguntó “¿se puede asumir que, al analizar el carácter de la huelga, donde hubo servicios fundamentales, como el interés superior no se tomó en cuenta esto?”

El Magistrado Orlando Aguirre respondió que, no puede hablar sobre las

decisiones de los casos porque habría que conocer los criterios que plantearon,

que si opina, sería hablar en abstracto.

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La Dipda. Díaz Mejía (PUSC) quiso conocer cuál es el criterio sobre los servicios fundamentales que no están considerados como tales en este proyecto de ley

¿Qué conveniencia tienen o no en este inciso tan abierto? ¿Y qué consecuencias tienen si son contradictorios a los convenios de la OIT?

El Magistrado Orlando Aguirre dijo que, el hecho de que se haga un enunciado tan amplio genera el riesgo de que alguno de esos servicios sea no esencial, y desplegaría consultas de constitucionalidad. Cree que es mejor hacer un enunciado más razonable relacionado a la vida, salud y seguridad.

Audiencia 2

Se recibió en audiencia al señor Carlos José Cabezas Mora, secretario general de la Central de Trabajadores, quien leyó el documento que contenía todas las observaciones que hacía su representada en cuanto al proyecto de ley.

La primera propuesta que presentó era sobre utilizar el término de “servicios mínimos esenciales,” que se tramitaría con un diálogo entre el patrono y el trabajador, lo cual, fue un error no contemplarlo en el nuevo Código de Trabajo, ellos siempre han mantenido los servicios fundamentales.

Dijo a los diputados que este proyecto de ley es un intento desesperado para desaparecer el derecho de huelga, carece de sustento técnico que determine qué tipos de servicios son o no fundamentales, y que observan poca vocación democrática por parte de los diputados.

La Dipda. León Marchena (PLN) se manifestó en contra de esas aseveraciones y

le agrega que, ellos sí han incentivado los espacios democráticos y transparentes,

y que un ejemplo de eso son las largas listas de comparecientes que tienen. Le

solicitó al señor Carlos José Cabezas Mora que le indicara cuáles son esos

servicios que ellos no consideran esenciales.

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El señor Carlos José Cabezas Mora le nombró el servicio de transporte, los servicios de distribución de combustible, algunos servicios de hospitales, el de las personas que trabajan en el Tribunal Supremo de Elecciones cuando no están en temporada electoral.

La Dipda. León Marchena (PLN) preguntó ¿entonces cuáles servicios son esenciales?

A lo cual, el señor Carlos José Cabezas Mora le dijo qu,e él sugiere usar el método de establecerlos por convenio entre el patrón y el trabajador. Además, agregó que, la OIT tiene listas de cuáles son estos servicios y que con estas se pueden determinar

La Dipda. Rodríguez Hernández (PRN) le indicó que debe existir un equilibrio, que no se puede decir que todos los servicios son o no esenciales.

La Dipda. Montero Gómez (PAC) dijo que, los derechos se traducen en servicios,

que quien define si son esenciales o no son las personas usuarias y las

necesidades del país, “la institución es un sistema al que no se le puede quitar una

parte porque pierde su naturaleza.”

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