La Declaracion Del Imputado Libro

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Texto completo

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3 Valor probatorio de la declaración de un imputado como medio de prueba o medio de defensa en el Proceso Penal de la República Dominicana.

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Coordinación General:

Dr. Lino Vásquez Sámuel

Comisionado de Justicia Dirección Ejecutiva

Licda. Marien Montero

Título de la Obra:

La Declaración del Imputado como medio de Prueba o Medio de Defensa.

Posición Jurisprudencial y Doctrinal sobre su naturaleza.

Autor:

Dr. Nelson Rafael Santana Artiles

Cuidado de Edición y Corrección de Estilo:

Lic. Carlos Jiménez Díaz

Colaboración:

Lic. Joselito Bautista Lic. Domingo D’ Oleo

Producción: NG MEDIA, S.A. Dirección de Arte Jhovanny Gómez 1era. Edición Editora Centenario ISBN: 978-99934-36-23-2

Una publicación del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia. Calle Dr. Delgado No. 252, Esq. Moisés García, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.

Teléfono: 809-685-7338; Fax: 809-685-5044; e-mail: carmj@reforma-justicia.gov.do; Web: comisionadodejusticia.gob.do

Esta publicación contó con los coauspicios de la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ) Derechos Reservados

Edición Gratuita Prohibida su venta

Santo Domingo, República Dominicana. Diciembre, 2011

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DOCTRINA JUDICIAL CONTEMPORANEA

Cuidado de la edición, formación en computadora y elaboración de formato PDF: Sergio A. Ortiz V.

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HECHOS LOS DEPOSITOS

Y REGISTROS DE LEY

Reservados todos los derechos. No im-primir ni el todo, ni partes de esta obra; ni reproducir mediante ninguno de los métodos reprográficos, químicos, electró-nicos, mecánicos o de cualquier otra na-turaleza, actual o por venir, sin permiso y autorización escrita del editor, propietario de los derechos de edición y circulación en los términos mandatorios de la normativa internacional y de la Ley número 65-00, de Derecho de Autor, de la República Do-minicana.

FOTOCOPIAR LIBROS ES DELITO

Impreso en la República Dominicana Printed in Dominican Republic

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Indice

PRESENTACIÓN PROLOGO

Capítulo I

DESCRIPCION JURIDICA DE LA DECLARACION DEL IMPUTADO

Opciones del Imputado

Superación de la Visión Procesal Inquisitiva en Relación con la Confesión y la Declaración del Imputado

La Declaración del Imputado en la Constitución de la República

DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES

RELACIONADOS CON LA DECLARACION DEL IMPUTADO

Nadie está obligado a declarar contra sí mismo

Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin or-den motivada y escrita de autoridad judicial competente, salvo el caso de flagrante delito

Toda persona privada de su libertad será sometida a la Autoridad Judicial Competente dentro de las cuarenta y ocho Horas de su detención o puesta en libertad

Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalida-des legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona La Declaración del Imputado en el Código Procesal Penal

Manifestaciones procesales y momentos en que puede producirse la declaración del imputado en el Proceso Penal

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Capítulo II

LA DUALIDAD JURÍDICA DE LA DECLARACION DEL IMPUTADO

Consideraciones Doctrinarias sobre la Declaración del Imputado

Valor Probatorio de la Declaración del Imputado según la Legisla-ción Constitucional y del Código Procesal Penal

Jurisprudencia sobre la Declaración del Imputado Diferencia entre Confesión y Declaración del Imputado La Opción del Imputado con Derecho a Declarar

La Facultad de Faltar a la Verdad en la Declaración del Imputado: el “Derecho a Mentir”

La Declaración del Imputado Como Medio de Defensa Material

Capítulo III

LA DECLARACION DEL IMPUTADO COMO MEDIO DE PRUEBA

El Interés de Mentir Ante los Tribunales Conceptualización de Prueba y Medios Prueba Diferencias entre “Prueba” y “Medios de Prueba”

Clasificación de las pruebas Criterios para la clasificación Prueba directa y prueba indirecta Clases de prueba el Código Procesal Penal

La prueba material La prueba documental La prueba testimonial La Prueba indiciaria La Actividad Probatoria Recolección de Pruebas 33 34 34 35 35 40 41 43 47 48 49 50 52 52 53 55 55 56 56 58 58 59

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El Procedimiento Probatorio

Sistemas de Valoración de la Prueba en Relación a la Declaración del Imputado

Evolución del sistema probatorio Los Diferentes Sistemas de Valoración de la Prueba

Sistema de la tarifa legal Sistema de la intima convicción Sistema de la Sana Crítica racional Métodos de Investigación y Sana Critica

Principios que Gobiernan y Regulan la Actividad Probatoria en la República Dominicana

El principio de libertad probatoria El principio de lícita obtención

Valor Probatorio de la Declaración del Imputado Sobre la Comisión de un Crimen

La declaración del imputado y su relación con la acusación

El cambio de acto conclusivo del ministerio público (acusación) relacionado con la declaración

Irrevocabilidad del acto conclusivo del ministerio público

Capítulo IV

LA DECLARACION DEL IMPUTADO EN ATENCION A LA AUTORIDAD ANTE QUIEN LA REALIZA

La Publicidad del Proceso Penal

La publicidad como elemento perjudicial en el proceso penal: justificación normativa y jurisprudencial

El secreto en el proceso penal. Límites. Bien jurídico protegido. Criterios doctrinales

Bien jurídico protegido por el secreto en el proceso penal El secreto en derogado. Código de Procedimiento Criminal 60 62 62 63 66 66 67 70 72 72 75 76 77 80 83 83 85 85 85 87 87 88

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El secreto en la legislación procesal penal vigente: fundamento

La publicidad del proceso penal como un mal mayor

Juicio mediático y presunción de inocencia Juicio mediático e información veraz

Declaración del imputado ante los agentes de la Policía Nacional

Declaración del imputado ante el MinisterioPúblico Declaración del imputado ante el juez de

la instrucción

Declaración del imputado ante el juez de fondo

TESTIMONIOS ESPECIALES

La declaración testimonial de los dementes (personas vulnerables)

La declaración testimonial de niños, niñas y adolescentes

Testigo evasivo Testigo argumentativo

Capitulo V

DERECHOS Y GARANTIAS QUE ASISTEN AL IMPUTADO

Generalidades

Derechos pre-procesales y procesales Otras Garantías del Detenido

La duración máxima de la detención preventiva Explicación de Algunos Derechos del Imputado

La presunción de inocencia 88 93 94 97 99 101 103 103 104 104 104 113 115 117 118 120 120 120 120 120

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La presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado

La presunción de inocencia como regla de juicio del proceso

La presunción de inocencia como presunción “Iuris Tantum”

Alcances de la presunción de inocencia El derecho a la tutela judicial efectiva El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley

El derecho a la defensa y asistencia de abogado Derecho a un proceso debido

a) El derecho a ser informado de la acusación b) El derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías

c) El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa

Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable y a no responder las preguntas

Derechos y Garantías Provenientes de Leyes Adjetivas El recurso de habeas corpus conforme el Código Procesal Penal

Derechos y Garantías Consagradas por Resoluciones y Jurispru-dencia de la Suprema Corte de Justicia

Sobre el cuerpo del delito El Concepto “Derechos Humanos”

Los “Nuevos Derechos”

Derechos humanos, constitucionalización y proceso penal 122 122 122 122 123 123 123 124 125 125 125 127 127 128 131 132

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Los principios de legalidad y proporcionalidad aplicados a la prue-ba fluyen de la propia idea del “Estado de Derecho”

Convención Interamericana de los Derechos Humanos o Pacto de San José, 1969. (Res. 739, G. O. 9460 11 de febrero, 1978)

La defensa pública Derecho a Indemnización

Derecho a recurrir ante organismos externos La Corte Interamericana de Derechos Humanos

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. (Res. 648, G. O. 9451, nov. 12, 1977)

Derecho a Reparación e Indemnización

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (Res. 693, G. O. 9454, del 10 de diciembre, 1977) Declaración Universal de los Derechos Humanos

Capítulo VI

VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACION DE UN COIMPUTADO O DE UN TERCERO

Criterio de la jurisprudencia francesa Declaración del coacusado

Decisiones jurisprudenciales definitorias sobre el valor de la declaración del coimputado

Bibliografía Anexos

Resolución No. 3869-2006, Reglamento para el manejo de la prueba Resolución Núm. 116/2010, Procedimiento para obtener las decla-raciones de las personas en condiciones de vulnerabilidad, vícti-mas o testigos en los centros de entrevistas

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PRESENTACIÓN

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l imputado, en el marco del sistema oral adversarial, puesto en vigen-cia en República Dominicana, a partir de la aprobación de la Ley 76-02, Código Procesal Penal, es sin duda el actor principal del proceso penal; dicho así, porque las normas constitucionales contemporáneas, en su construc-ción amplia de derechos fundamentales, insertan en su favor un catálogo de derechos que se desarrollan en su extensión, con la incorporación también en los textos constitucionales de instrumentos de tutela judicial efectiva. Esto, por supuesto, plantea una seria discusión sobre los derechos del imputado y las acciones suyas que limitan esos derechos, es decir, una tensión entre derechos encontrados.

Para Maier “imputado es aquella persona que sufre la persecución penal y, ad-quiere esa calidad y los derechos correlativos de ella, desde el primer momento de su persecución, esto es, desde que esté frente a cualquier órgano estatal, encargado de perseguir penalmente; es individualizado como autor de un derecho punible o partícipe en él, calidad que perdurará hasta la finalización del proceso de conoci-miento por sentencia judicial firme”1.

Es a partir de esa visión que es concebida la obra del doctor Nelson Santana Ar-tiles “La declaración del imputado como medio de prueba o medio de defensa en el proceso penal de la República Dominicana”, que hoy se pone en manos de la comunidad jurídica, el sistema de justicia y la sociedad dominicana, en general. Se trata de un aporte doctrinario importante, que está integrado por seis capítulos que analizan al imputado, desde la óptica de su declaración, como medio de prueba o medio de defensa.

Es relevante, igualmente, que la doctrina jurídica dominicana incorpore en su acervo la tensión constante entre derechos fundamentales, que muchas veces se manifiestan no solamente en el ámbito del imputado, sino también, en el ámbito de la víctima y la sociedad.

En la obra, el autor aborda en seis capítulos, con una lucidez providencial, todo el andamiaje del bloque de constitucionalidad, de la ley, la doctrina y la juris-prudencia; todo lo relativo al tratamiento que se le ha dado a la declaración del

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imputado en esas fuentes del derecho, en las cuales abreva sus esencias para ofrecerlas al lector, con una claridad expositiva, digna del profesor que ha la-brado su saber en las aulas universitarias, en las cuales ha dedicado con esmero parte de su vida profesional.

En ese orden de ideas, es importante destacar que, en el primer capítulo de la obra, se aborda el tema de los derechos y garantías constitucionales relaciona-das con la declaración del imputado, partiendo, desde luego, de la construcción de una definición conceptual de ese sujeto procesal, y concluye el autor, luego de un estudio pormenorizado de la norma superior del ordenamiento jurídico dominicano; de los tratados internacionales; del Código Procesal Penal; de la doctrina más autorizada sobre el tema; y de la jurisprudencia; que en el estado actual de nuestro Derecho Procesal Penal, la declaración del imputado en el juicio no puede ser equiparada a confesión.

En el Capítulo II del libro, objeto de esta presentación, se trata el tema de la dualidad de la declaración del imputado, de donde se parte de la consideración de sus declaraciones como medio de prueba y como medio de defensa. Se agre-ga allí, la declaración del imputado como requisito indispensable para descu-brir la verdad; el valor probatorio de esas declaraciones en la actual legislación procesal penal, en lo relativo a su naturaleza; y la declaración del imputado como manifestación del derecho de defensa material.

En el Capítulo III, el autor transita por el difícil camino del sistema de valo-ración de las pruebas, pasando desde el sistema de la íntima convicción hasta llegar al sistema de la sana crítica racional que, conjuntamente con la lógica y la máxima de experiencia, son las herramientas que el Código Procesal Penal ofrece a los jueces como parámetros o brújulas para sortear el escabroso sen-dero que le permita llegar a la verdad, por medio de la dialéctica derivada de la libertad probatoria que permea el sistema probatorio de tipo acusatorio. Seguidamente, se explora en el Capítulo IV, el interesante tema de la declara-ción del imputado en atendeclara-ción a la autoridad ante quien la realiza, es decir, en sede policial, ante el ministerio público, ante el juez de la Instrucción y ante el juzgador del fondo de la imputación.

Toda esa temática, tratada precedentemente, no tendría razón de ser, si el en-cartado, sometido a los rigores de un juicio penal, no estuviere resguardado con toda esa atalaya garantista que se consagra en un sistema democrático de derechos que se identifican como “los derechos y garantías del imputado”, los cuales se incardinan en el denominado derecho a un debido proceso justo, o con la expresión importada de la Europa continental, denominada “Tutela ju-dicial efectiva”.

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Es por ello que el autor dedica el Capítulo V de la obra al tema de singular importancia, por su naturaleza constitucional y de alto relieve en el ámbito del proceso penal, a los derechos y garantías del imputado, los cuales no son más que una manifestación, precisamente, de la Tutela judicial efectiva y del debido proceso, consagrado en la Constitución.

Al final de la obra, de manera específica, se analiza en el Capítulo VI el valor probatorio de las declaraciones de un coimputado o de un tercero. Allí se pro-cede al abordaje del tema, acompañado de las opiniones; de la doctrina; de la jurisprudencia francesa; y decisiones interesantes de nuestra Suprema Corte de Justicia. Y como colofón, por su extrema vinculación con el hilo conductor de la presente obra, se anexa la celebérrima Resolución de nuestra Alta Corte, sobre Manejo de Prueba, de fecha 21 de diciembre de 2006, la cual tiene como propósito unificar los criterios relativos a la presentación de los diversos me-dios de prueba, adaptados a las distintas etapas del proceso penal.

Para el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) y la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ), en el marco de sus respectivas misiones, constituye un fiel cumpli-miento de su misión, la publicación de esta obra, que indudablemente marcará un punto de referencia en el camino de la doctrina penal y procesal penal do-minicana

Dr. Lino Vásquez Sámuel

Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia y Vicepresidente Ejecutivo de la CONAEJ.

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PROLOGO

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rologar un libro del doctor. Nelson Santana, el primero, es razón de una gran satisfacción personal. Porque su autor no es solo un gran amigo y compañero de avatares judiciales, sino porque ambas relaciones se ini-ciaron cuando fue mi alumno en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la que yo pretendía enseñar derecho penal y derecho procesal penal. Allí se produjo nuestro encuentro y desde entonces hasta acá he tenido la oportunidad de valorar el crecimiento profesional y per-sonal del mismo.

Aunque ligado a toda suerte de procesos, tanto en lo civil como en lo penal, sin descuidar algunos en el orden administrativo, la actividad académica que igualmente ha emprendido Santana le han conducido esta vez al estudio de un tema, particularmente fascinante, por la rica variedad de experiencias que pue-den rescatarse de la vida diaria de los tribunales: la declaración del imputado como medio de prueba.

Y es que, está más que claro que el corazón del proceso penal es la administra-ción de la prueba, en tanto debate sobre la realidad de la ocurrencia de unos he-chos capaces de caer bajo el imperio de la norma punitiva y que procura crear en la apreciación del juez la convicción cierta en torno al modo en que ocu-rrieron los hechos. (Referencia al silogismo de Beccaria, recordado por RPA). De ahí, esa centralidad de la prueba en el proceso penal, nacen las inquietudes que han inspirado a su autor para acometer el tema, singularmente requeri-do por la experiencia de abogarequeri-do de ejercicio pleno, amplio y cotidiano. Por suerte, la estructura de conocimientos y de juicios no corresponden solo a quien maneja los criterios respondiendo en el día a día a los requerimientos clientelares, sino que las sistematiza el celo del académico que, a través de sus clases de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, intercambia perma-nentemente con la juventud que acude a dichas aulas a formar la base teórica de lo que aspira sea, más temprano que tarde, su propio ejercicio profesional. Si bien el espacio exacto de la declaración del imputado aparece como titulo y como tema central del libro, el concepto no es más que un hilo conductor para examinar, desde dentro del articulado del Código Procesal Penal y a propósito de su relacionamiento con otros textos y con la doctrina que va formándose en

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torno a la vigencia del mismo, toda la teoría de la prueba penal y sus cautivantes posibilidades de desarrollo.

Así, penetrar en la declaración del inculpado como una manifestación del pro-ceso penal, obliga al autor a examinar el relacionamiento de dicha declaración con los derechos y garantías que rodean a la misma, partiendo de los principios básicos del proceso penal expresado en el nuevo Código, lo que significa re-conocer todo lo relativo a los derechos y garantías que surjan de la condición misma de inculpado. De igual modo, conecta con principios sustanciales del proceso penal, tanto en el nuevo como en el viejo, como son la publicidad y oralidad, consustanciales al propósito garantista del nuevo juicio.

Abordar lo que es el tema central del texto, lleva a explicar razonadamente, como para ir formando conciencias y opiniones, las funciones que se recono-cen en la declaración del imputado de medio de prueba y/o medio de defensa, y las delicadas tensiones que se dan entre las mismas y en las discusiones que pretenden, ya asimilar ambas funciones, ya reducirla a una sola de ellas. Y aquí, entonces, hay que relacionar los conceptos con otro principio fundamental del texto legal del 2002: la presunción de inocencia.

Las estrechas vinculaciones de estos conceptos con el tema de la declaración del imputado, brinda al autor la oportunidad de examinar el nuevo proceso penal en toda su dinámica urdimbre de organizar la reacción social frente al ilícito respetando para su presunto ejecutor las garantías que le permitan confrontar la acción punitiva del Estado. Y eso lo conduce a desarrollar una preciosa sín-tesis del derecho de la prueba en el Código Procesal Penal.

Es con eso con lo que se encontrará el lector de este libro: la síntesis de la or-ganización del derecho probatorio ajustado a un proceso acusatorio, en el cual la prueba recobra un espacio de supremacía en el debate a que se contrae la lid penal. Descritos su elementos, sus conceptos, sus polémicas, con claridad expo-sitiva, cumpliendo así la intención didáctica del mismo, tanto en beneficio de estudiantes como del abogado que precisa de las necesarias ampliaciones para tener la mejor comprensión del tema.

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Capítulo I

DESCRIPCION JURIDICA DE

LA DECLARACION DEL IMPUTADO

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l imputado o acusado de un hecho punible, es la persona que puede ser considerada autora, coautora o cómplice de haber participado en la comisión de un hecho punible y que pudiera acarrear sanciones de tipo penal, por lo que el accionar o no del imputado está íntimamente ligado al Procedimiento Penal, que es el conjunto de reglas procesales, que organizan y regulan el ejercicio de la acción penal publica en justicia desde el principio hasta la conclusión definitiva del proceso.

En nuestro país la palabra “acusado o imputado”, puede decirse en términos de la vida cotidiana, es sinónimo de delincuente, persona peligrosa y más aún, guarda cierta semejanza con lo que en el antiguo derecho francés se conocía como “muerto civil”, una sanción que desposeía al condenado de todos los de-rechos que como persona humana pudiera corresponderle.

Imputado es la persona a la cual se le acusa de haber cometido una infracción penal o participar en un hecho penal, es decir, aquélla contra quien se dirige la pretensión penal, por recaer sobre ella sospecha de la comisión de un hecho2. El imputado puede estar detenido o arrestado, y es posible que no lo esté, sino que los organismos de investigación lo busquen o lo impliquen en algún hecho punible.

Una vez una persona es sindicada de haber cometido un ilícito penal, se hace titular de una serie de privilegios y prerrogativas constitucionales y legales, en-tre los cuales está el derecho de optar por permanecer callado o no, y es casi normal, que los investigadores en principio dudan sobre la credibilidad de sus palabras para ser valoradas, creídas y acreditadas por las autoridades judiciales como medio de prueba.

Agravándose esta situación si se toma en cuenta que la declaración del impu-tado, contengan o no confesión, contengan o no admisión de responsabilidad penal, es probablemente la parte más importante de todo proceso penal, en

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atención a su capacidad decisoria del asunto, Sin duda algo de ello anima el espíritu del constituyente al introducir el ordinal sexto del artículo 69.6 de la Carta Magna, en virtud del cual Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo, de modo que estamos en presencia de la declaración del imputado con rango Constitucional.

La declaración del imputado es de tal importancia procesal, que pudieran afectar los intereses más preciados del hombre como son el honor, la moral, la consideración, la familia, libertad, el patrimonio y la seguridad pública de la sociedad Dominicana3.

Opciones del imputado

Abierta una investigación penal, el imputado puede asumir tres posibilidades procesales, en relación con lo que declare o no sobre su participación en los hechos, a saber:

• Primero: abstenerse a declarar.

• Segundo: rechace los cargos, pudiendo tornarse así la indagatoria en un medio eventual de prueba a través del acusado, quien puede trans portar elementos diversos de prueba, en las diversas fases del proceso; • Tercero: acepte la comisión del hecho delictivo y su responsabilidad

en el mismo de manera total o alegando alguna causa de justificación o exculpación.

En el primer supuesto, la opción por el silencio, que indudablemente puede ejercer el imputado como un acto de autodefensa, fundamentado en la Consti-tución de la Republica y el Código Procesal Penal, la ley no le destina perjuicio alguno porque no es punible el “auto encubrimiento”.

Lo cierto es que siendo la administración de justicia un servicio público de vital importancia, el ministerio público carece de mecanismos institucionales para obligar al imputado investigado a declarar todo cuanto sepa sobre el hecho ob-jeto de investigación, el investigado habla si quiere y sobre lo que quiera, o se acoge al derecho a permanecer callado, y así el Magistrado Juez apoderado ca-rece de un poder activo y diligente para tratar de descubrir la verdad, de modo que actualmente la sociedad Dominicana está técnicamente desprotegida y no se vislumbra una adecuada solución al problema.

El silencio del imputado se utiliza frecuentemente para evitar el entorpeci-miento de la defensa, pues si el imputado carece de las habilidades jurídicas suficientes para entender las complejidades de la acusación, o si es autor de un hecho del cual no tiene justificación, ante una investigación inobjetable,

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tenerse en silencio permite el diseño de una estrategia de defensa, que ante la ausencia de información haría más difícil al ministerio público realizar una exhaustiva investigación.

En el segundo supuesto, la opción del rechazamiento de los cargos, se configu-raría claramente la manifestación natural del derecho de defensa, siempre que se mantenga dentro de ciertos límites fácticos, ejercido mediante la declaración del imputado.

La declaración del imputado es todo aquello que por vía oral o escrita, sea ex-presado al ministerio público o al tribunal por parte del imputado. En el tercer supuesto, se estaría en presencia de la confesión, y ella, como prueba, está com-pletamente desacreditada en la actualidad, excepto por la inusual defensa que de ella ha hecho la jurisprudencia, como se dirá más adelante.

• La declaración del imputado ha sido objeto de estudio por autores diversos, como lo demuestran las investigaciones de C. J. A.

Mitter maier, de Pietro Ellero, de Nicolás Framarino Dei Malatesta, así como el profesor Francois Gorphe con diversas obras de

excelente contenido. En todo caso, habría que determinar cuál es, en realidad, el valor probatorio que deben tener las declaraciones del imputado, bajo distintas circunstancias fácticas y ópticas procesales, como se indicara más adelante.

• En el Tercero supuesto: El imputado puede aceptar la comisión del hecho delictivo y su responsabilidad en el mismo, de manera total o parcial, alegando alguna causa de justificación o exculpación, en cual quiera de las tres hipótesis planteadas corresponde al órgano Jurisdic cional valorar adecuadamente la declaración del imputado, que pu diera operar como medio de prueba o medio de defensa, según las circunstancias fácticas del caso.

Superación de la visión procesal inquisitiva en relación con la confesión y la declaración del imputado

En los sistemas inquisitivos el reconocimiento de culpabilidad por parte del imputado, esto es, la confesión de los hechos, era la prueba más importante y suficiente para dictar sentencia, ya que hacía plena prueba: era la llamada “Reina de las pruebas”.

En la actualidad, con sistemas procesales penales acusatorios o mixtos, la decla-ración del imputado ha pasado a verse desde otra óptica procesal. De hecho, la garantía de la declaración del imputado está prevista y organizada para que no

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pueda ser limitada ni obstruida en forma alguna, pues tal como dispone el Art. 103 del Código Procesal Penal, el Juez o el Tribunal deben permitir al imputado declarar cuantas veces manifieste interés en hacerlo, libertad restringida sólo por su pertinencia e interés de la defensa técnica.

Como se ve, la variación jurídica implícita en la “declaración del imputado” es sustancial, pues se trata de una herramienta del imputado para ejercitar su de-fensa en el proceso penal, rompiendo con la tradición inquisitiva penal que lle-vó al reconocimiento de culpabilidad por parte del imputado (confesión) como plena prueba, esto es, como la prueba de más importante en el proceso penal. Y de ahí que tantas veces se le haya llamado por la doctrina y la jurisprudencia a la confesión como “La Reina de las pruebas”.

En sentido general, siguiendo los ordenamientos procesales penales latinoa-mericanos, la declaración del imputado es libre y puede realizarla en las opor-tunidades que estime conveniente a su defensa. El condicionamiento esencial es que en todos los casos se requiere siempre la presencia del defensor, a pena de nulidad como está previsto por el artículo 104 del Código Procesal Penal. Por esa vía se trata de evitar la perversión procesal de violentar la capacidad personal del imputado y obtener de él declaraciones incriminatorias, caracte-rística básica de los sistemas procesales inquisitorios.

Se sabe que, en la práctica y en el medio dominicano específicamente, es poco probable que a un imputado se le administren psicofármacos o sustancias con-troladas legalmente, capaces de disminuir o alterar sus facultades intelectivas, pero como la investigación la dirige el ministerio público, es casi cosa del pa-sado el uso de métodos coactivos, amenazas o promesas con el fin de llevarlo a declarar contra su voluntad, violencias corporales o psicológicas, la tortura o el engaño como métodos investigativos, en sentido general pudiera considerarse cosa del pasado.

La declaración del imputado en la Constitución Política

El derecho a ser oído y la oralidad como principio del proceso penal: La de-claración del imputado es la vía principal a través de la cual se lleva a cabo la exigencia constitucional de ser oído en el proceso, siempre esta posibilidad está opción del imputado, que podrá decidir con toda posibilidad si declara o no sobre la imputación.

El derecho a ser oído consiste en la posibilidad que tiene el imputado de decla-rar libremente sobre cada uno de los elementos de la imputación, agregando las

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circunstancias que estime pertinentes a su defensa o callando cuando lo estime pertinente. De esta definición se tiene que:

_ La imputación ha de ser clara, precisa y comprensible; ha de ma-nifestarse como una relación de hechos, resultado de acción u omisión, y es imprescindible que se le formule claramente cuál es el hecho penal atribuido, las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ocurrencia; la calificación jurídi-ca y la información jurídi-cabal sobre las pruebas de jurídi-cargo y desjurídi-cargo. El ministerio público puede dictaminar a descargo.

_ No debe limitarse la declaración del imputado. El derecho a declarar o no hacerlo alcanza su máxima expresión en la audiencia ante el Magistrado Juez apoderado o ante el Ministerio Publico acusador.

Es por eso que el Código Procesal Penal prevé que el imputado pueda declarar cuantas veces lo decida durante el proceso, salvo que ello sea un mecanismo dilatorio o perturbador del proceso que ejerza a su favor.

El mandato del Art. 69. Ordinal 2 y 6de la constitucional, que, previo cumpli-miento de las normas del debido proceso, el imputado tiene que ser oído en audiencia oral y pública y no podrá ser obligado a declarar contra sí mismo. La oralidad, en consecuencia, es un principio central del proceso penal y como tal reconocido en el texto constitucional, de la reforma constitucional de 2010, que dispone en su Capítulo II De las garantías a los derechos fundamentales), lo siguiente:

Tutela judicial efectiva y debido proceso.

Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del de-bido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación entre las cuales podemos citar:

Ordinal 2: “El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley.”

Ordinal 6: “Nadie podrá ser obligada a declarar contra si misma.” El derecho a declarar y ser oído es una señalada característica de los procesos penales acusatorios, esto es, de las formas de enjuiciamiento penal democráti-co, que debe ser visto entonces como el ámbito institucional de redefinición del conflicto en el cual la oralidad es un instrumento imprescindible para el soste-nimiento de la garantía de Tutela Judicial Efectiva, pues haciendo uso de ella, de

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la oralidad, las partes involucradas en una disputa judicial se manifiestan ante el ministerio público investigador o del Magistrado-Juez apoderado y pueden obtener una decisión expedita y justa no sólo con respecto al conflicto de fondo sino incluso a cada una de las alegaciones interlocutorias o preparatorias del proceso. No en balde el Art. 3 del Código Procesal Penal, al establecer el princi-pio de “juicio previo”, lo describe como ajustado, entre otros, a los principrinci-pios de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, celeridad, y concentración y de la posibilidad del ministerio público de acusar o archivar, según las circuns-tancias fácticas del caso.

Siendo así, es claro que el proceso penal debe estar estructurado de modo tal, que se ofrezcan al imputado esas posibilidades de expresión sencilla y eficiente, y la más clara de todas es justamente la oralidad, que deben estar abiertos en toda fase del proceso. En el proceso penal, esto asume una esencialidad que no admite cuestionamientos, estando de por medio la libertad de las personas y la decisión sobre conflictos judiciales que en buena parte de los casos han impli-cado coerción a la libertad, a la integridad física y psicológica de las personas y en general afectan el bienestar de todos los involucrados.

Con la oralidad, las partes deben expresar al ministerio público o al Magistra-do-Juez apoderado sus peticiones o conclusiones y fundamentaciones en forma verbal, siendo también el Magistrado-Juez el que debe resolver de inmediato las cuestiones tratadas únicamente en la audiencia y que hayan sido ventiladas por las partes, contradictoriamente en la audiencia.

Por tanto, es esa la razón que justifica el derecho del imputado a declarar, y el deber del tribunal de permitir esa declaración en cualquier fase del proceso, sin que quien la realice pueda ser coaccionado a emitirla, pues, entra de pleno derecho dentro de sus facultades legales en el proceso penal.

Los argumentos en favor de la declaración oral del imputado provienen enton-ces de todos los niveles, desde el nivel de lo constitucional hasta del orden legal y de los tratados internacionales.

Las convenciones internacionales la consagran como un derecho que no se res-tringe únicamente a la fase de juicio; si bien es cierto algunas de sus disposicio-nes son muy específicas en el sentido de garantizar el interrogatorio oral de los testigos y peritos durante el debate, igualmente, estipulan la oralidad como un principio que orienta todo el proceso al establecer el derecho del acusado de ser oído sin restricción o condicionamiento alguno. Semejantes razones explican, que el Código Procesal Penal defina el juicio como un procedimiento esencial-mente oral, durante el cual las resoluciones son […] dictadas, fundamentadas

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y explicadas verbalmente por el tribunal y valen como notificación a las partes presentes o representadas desde el pronunciamiento integro de la decisión… y si no es posible que se proceda de esa manera por algún impedimento, quienes no pueden hablar o no pueden hacerlo de manera comprensible en español, formulan sus preguntas, observaciones y respuestas por escrito o por medio de un intérprete, las cuales son leídas y traducidas de modo que resulten entendi-bles para todos los presentes.

Derechos y Garantías Constitucionales Relacionados con la Declaración del Imputado.

Los derechos y garantías que la Constitución consagra a los imputados están consignados en su Artículo 69, y son entre otros los siguientes.

Nadie está obligado a declarar contra sí mismo

Esto indica que el acusado puede negarse siempre a declarar ante cualquier autoridad judicial o ante el ministerio público, si considera que con ello puede auto incriminarse a sí mismo.

Más aún, el acusado no está obligado a declarar, ningún texto lo prescribe, y como reza nuestra Constitución, que a “Nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedir lo que la ley no prohíbe”.

De hecho, el imputado no puede ser citado al sólo fin de declarar, como lo prescribe el Art. 103 del Código Procesal Penal; tiene derecho a no auto incri-minarse; en consecuencia, puede guardar silencio en todo momento, al amparo del Art. 95.6 del Código Procesal Penal y, por igual, tiene derecho a declarar o abstenerse de hacerlo o suspender su declaración en cualquier momento del procedimiento, según lo permite el Art. 102 del Código Procesal Penal.

•Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de autoridad judicial competente, salvo el caso de flagrante delito.

No obstante este mandato constitucional, es común en nuestro país el hecho de que la Policía detiene, de manera antojadiza, a cualquier ciudadano, sin estar provista de una autorización en los términos supra indicados. La explicación de la Policía es tan escueta como irracional, al expresar usualmente que es para interrogar “sobre asuntos que interesan a la Policía.” Esta práctica tiende a afec-tar la investigación penal, permitiendo la sobrevivencia de prácticas supera-das, como están superadas las normas del procedimiento criminal. Vemos con

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frecuencia la indicada violación en las acostumbradas “redadas” que efectúa la Policía en los barrios populosos, donde apresa a todo aquel que encuentre de por medio, sin que pese ninguna acusación en su contra y sin autorización judicial. Es obvio que si no hay flagrancia en la comisión del delito, esta forma de actuar de la Policía Nacional, resulta inaceptable legalmente.

•Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad ju-dicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad.

Este precepto era letra muerta en nuestro país, encontrando casos de personas detenidas por varios días y semanas, sin que se le formulen cargos, pero des-pués de la adopción del CPP las cosas han cambiado.

El ministerio público es el titular de la investigación penal; la Policía Nacional es un auxiliar del ministerio publico, y este es quien solicita las medidas de coerción al juez de la Instrucción, si fuere necesario, hasta que se presente acu-sación o se archive el expediente. El poder coercitivo de la Policía Nacional ha quedado reducido a su mínima expresión.

•Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inme-diato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona.

La Constitución autoriza al interesado o cualquier persona actuando en su nombre, para requerir su puesta en libertad. Una persona privada de su liber-tad en la forma antes señalada puede valerse del Recurso de Habeas Corpus para obtener su libertad, y este recurso implica un simple requerimiento, según veremos, al tratar el mismo más adelante.

Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. En conse-cuencia: 1) Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedi-mientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica. (Constitución. Art. 40.5).

La práctica de la tortura alcanzó en algunos períodos históricos tales niveles que hasta el magistrado procurador fiscal del Distrito Nacional, superior jerár-quico de la Policía Nacional, admitió públicamente en un periódico de circu-lación nacional, la práctica de la tortura, sosteniendo, textualmente que: “En el país se arrancan confesiones a base de torturas a personas involucradas en el

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narcotráfico”, ampliando que “yo prefiero un narcotraficante libre a un narco-traficante torturado.”

La tortura figura usualmente figuraba como problema de derechos humanos en la República Dominicana, según organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Declaración del Imputado en el Código Procesal Penal

El imputado tiene derecho a declarar o abstenerse de hacerlo sobre los hechos que motivan la prevención o acusación, tal como lo organiza el artículo 102 del Código Procesal Penal. Se trata, en consecuencia, de un derecho, no de un deber, y permanece igual tanto si el imputado quiere hablar como si pre-fiere callar. Dos aspectos del ejercicio de ese derecho son importantes ahora: la autoridad judicial ante la cual se declara, y, por tanto, el valor jurídico de la declaración; y el momento en el que se efectúa. En cuanto a la autoridad ante la que se declara, es posible hacerlo ante el ministerio público, en ocasión de la investigación o ante los funcionarios y agentes policiales, auxiliares del minis-terio público, así como ante el juez de la Instrucción, apoderado, durante las audiencias y el juicio. (Art. 103-CPP).

Existen cuatro controles básicos codificados sobre esa declaración a pena de nulidad, a saber:

a) Que en todos los casos, la declaración del imputado sólo es válida, si la hace en presencia y con la asistencia de su defensor (Art. 104-CPP); b) Que la declaración del imputado sólo puede ser admisible, si previa

mente, antes de comenzar a declarar, el imputado es (debe ser) adver tido de su derecho a no auto incriminarse (Art. 105-CPP);

c) Que su declaración, como se ordena textualmente en el Código Procesal Penal, no es un medio de prueba sino, exclusiva y tajante mente, un medio de defensa cuya naturaleza es constitucional, pres crita taxativamente por la Carta Magna como un impedimento tal que, si no se atiende o si se desvirtúa de algún modo, el juicio pudiera ser declarador “Nulo de pleno derecho”;

a) Que la declaración del imputado no puede ser inducida mediante amenazas, chantaje; ni ser resultado de la coacción, ni obtenerse por medio de medidas que menoscaben la libertad de decisión, la memo ria o capacidad de comprensión del imputado (tal como lo dispone textualmente el Art. 107-CPP). De ello resulta, que:

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_ Si el imputado puede declarar ante el Ministerio Público, no existe ninguna obligación puesta a su cargo para declarar ante un funcionario diferente al que lleva la investigación; ni es mandatorio declarar otra cosa que su interés procesal, como ejercicio de defensa material y, por tanto, resultado de la orientación de su defensor, con antelación a la primera declaración sobre el hecho imputado, (Art. 18-CPP), sobre el derecho de defensa.

_ Si bien el imputado puede declarar ante los funcionarios y agentes policiales, ex-clusivamente sobre los datos de individualización (nombres, apellidos, direcciones y datos conexos, que sean propios y no de terceras personas), quedando incapa-citados esos funcionarios y agentes policiales para recibir cualquier otro tipo de declaración, ante la cual deben proceder, de inmediato, a convocar al ministerio público correspondiente (Art. 103-CPP);

La declaración de culpabilidad sólo es válida, en los momentos procesales si-guientes: i) Si se realiza al inicio del juicio, ante el juez, único funcionario judi-cial competente para recibirla por requerimiento específico hecho al imputado, o por su espontánea manifestación, en caso del procedimiento por contraven-ciones (Art. 356-CPP); y ii) Si se realiza como parte del procedimiento penal abreviado, en forma de Acuerdo Pleno (Art. 363-CPP). Se concluye rápida-mente en que la declaración del imputado no equivale a la confesión, en ningún caso y de ninguna manera, lo cual se precisará más adelante en esta obra. Manifestaciones Procesales y Momentos en que Puede producirse la Declara-ción del Imputado en el Proceso Penal

El imputado puede declarar:

a) Ante las autoridades policiales,

b) Ante la prensa;

c) Ante el ministerio público

d) Ante el Juez

Cada una de esas formas de declaración contiene especificidades legales y con-secuencias diferentes, analizadas en el Capítulo II de esta obra.

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Capítulo II

LA DUALIDAD JURÍDICA DE LA

DECLARACION DEL IMPUTADO

L

a declaración del imputado es considerada por unos como un “medio de defensa”, y por otros, como un “medio de prueba”. Agrega una tercera posición: la declaración del imputado como requisito indispensable para descubrir la verdad:

a)Entendida como medio de prueba, la declaración del imputado pue-de utilizarse como medio pue-de prueba, siempre que sean observadas las disposiciones legales para obtenerla, y en caso contrario se impone excluirlas del debate como medio de pruebas, al amparo del Art. 110-CPP. El imputado puede declarar sobre la localización de las pruebas o sobre su participación o la de otro imputado en el hecho punible. b)Entendida la tercera posición, como requisito indispensable para el descubrimiento de la verdad, tal como la prescriben la combinación de los Arts. 18 y 104-CPP, que condicionan la validez de la declaración del imputado a la presencia y la “asistencia del defensor”, a quien la norma considera capaz de orientar al imputado respecto de las con-secuencias legales de la declaración. A esta acepción de la declaración del imputado concurren textos constitucionales, legales, y de alcance internacional, como veremos más adelante:

c)Entendida como regla procesal, la declaración del imputado es un requisito indispensable para descubrir la verdad, y para la aplicación de diferentes procedimientos, tales como: la suspensión condicional del procedimiento, que sólo procede cuando el imputado ha declara-do su conformidad, Art. 40-CPP); y el procedimiento penal abrevia-do, Arts. 363.2, del CPP), que solo es posible su aplicación cuando el imputado admite la comisión de los hechos.

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CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS SOBRE LA DECLARACION DEL IMPUTADO

En doctrina se sostiene que la declaración del imputado obtienen su mayor valor cuando son obtenidas de forma libre y espontáneas, sin coacción de nin-guna índole, y es necesario atenerse a los términos mismos empleados por el declarante, con el sentido que éste quiso dar.

Es así, como podemos encontrar más ejemplos, en materia de confesión extra-judicial, aun fuera de los casos patológicos, pasionales o políticos. Aseverando el autor, es cosa común, que los delincuentes habituales, que no confiesan ni declaran fácilmente ante la Justicia, se complacen en cambio en vanagloriarse de sus hazañas ante sus iguales o ante una mujer. Se entiende que esta es una verdad incontrovertible, pues se puede comprobar en la práctica diaria. Se ha dicho que “la esperanza de obtener un beneficio importante, el amor y el odio hacen presumir el interés en mentir”.

Después de estas consideraciones que servirán de punto de referencia, vamos a exponer sobre el valor probatorio de la declaración del imputado, según la legislación y la jurisprudencia dominicana.

Valor probatorio de la declaración del imputado, según la Legislación, Consti-tución y del Código Procesal Penal

En República Dominicana, tenemos que de las normas constitucionales desde la fundación de la República, sentaron que a ningún reo puede exigírsele pro-testa de decir la verdad y mucho menos pedírsele que declare contra sí mismo, y de las reglas del Código Procesal Penal, determinando la obligatoriedad de otorgarle al procesado siempre la última oportunidad en el proceso para de-fenderse y para que tenga el privilegio de contestar todas las argumentaciones y pruebas en su contra, ninguna ley ha reglamentado forma específica de valo-ración de la declavalo-ración del imputado ni alrededor de la manera de prestarla. Y es que, al decir de algunos autores “toda declaración de un procesado na-turalmente ha de ser considerada como parte de su defensa”, aún cuando de cierta manera, tiende a informar al ministerio publico y al Magistrado Juez apoderado, sobre los pormenores facticos del caso. La forma y valoración de la declaración del imputado en justicia han sido ocupación formal y permanente de la jurisprudencia.

Frente a la situación jurídica creada por la declaración de un imputado, que no ha reconocido jamás su culpabilidad, que no se han vertido declaraciones en su contra y que no existe evidencia alguna en su contra, el Magistrado Juez no

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puede hacer otra cosa que aplicar la presunción de inocencia y los principios más elementales de la prueba, que han sido consignados en nuestra jurispru-dencia, los cuales pasamos a ver a continuación.

Jurisprudencia Nacional Sobre la Declaración del Imputado.

La jurisprudencia actual de la Suprema Corte de Justicia no está de acuerdo con que la declaración del imputado es, exclusivamente, un medio de defensa. Se ha afirmado que:

“[…] tal como se evidencia en el considerando transcrito precedente-mente, la Corte a-qua, para motivar su decisión, se basó en la confesión de los imputados efectuada en la fase preliminar de investigación por ante un representante del ministerio público y corroborada por uno de ellos ante el juez de instrucción que elaboró la sumaria, medio de prueba suficiente para comprometer la responsabilidad penal de los imputados; en consecuencia, carece de fundamento lo expresado por el recurrente; (Sentencia de fecha 20/05/2005).

De lo cual resulta que la declaración del imputado, si es considerada como me-dio de defensa por la ley, también es vista como meme-dio de prueba por la juris-prudencia, siempre que este corroborada por la declaración de otro imputado. Históricamente, la confesión fue entendida, jurisprudencialmente, en nuestro medio, como una prueba divisible que permitía el ejercicio del libérrimo poder de apreciación del juez.

Diferencia entre confesión y declaración del imputado:

Uno de los primeros criterios acerca de la diferencia entre confesión y declara-ción es la realizada por la sentencia que se resume a continuadeclara-ción:

No reúne los caracteres de una confesión judicial la declaración hecha por una parte en juicio, cuando no lo ha sido con la intención de sumi-nistrar la prueba de un hecho que le pueda ser opuesto; y en este caso, la declaración, por no ser una verdadera confesión, puede ser dividida. (Sentencia del 6 de agosto de 1938. B.J. No. 289, Pág. 3).

En todo caso, se había establecido ya que:

[…] la cuestión de decidir si ha habido o no confesión judicial en una causa corresponde a la soberana apreciación de los jueces del fondo, puesto que es una cuestión de hecho. (Sentencia del 12 del marzo de 1937, N.J. 329, Pág. 706).

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Y como “cuestión de hecho”, la confesión como medio de prueba dio lugar a todas las violaciones procesales imaginables, tanto que hasta la jurisprudencia lo reconoció así, afirmando que:

[…] la confesión es una prueba que ha sufrido gran descrédito, debido a la forma con que generalmente es obtenida, mediante medidas coer-citivas. (Sent. del 28 de julio de 1998. B.J. No. 1052, Vol. I. Pág. 346).

La “divisibilidad” de la confesión se explica también jurisprudencialmente como la facultad de aceptar y rechazar partes de una misma exposición, pues (…) los jueces del fondo no estaban obligados a aceptar la confesión del preve-nido AM, y podían, como lo hicieron, mediante la apreciación de las pruebas del caso, formar su convicción de que el inculpado recurrente, es el verdadero autor de los delitos de gravidez y de sustracción de la menor MAU; que, por lo tanto, el primer medio se desestima (Sentencia de fecha 11 diciembre 1937, B.J. 329, Pág. 706). Pero ello no fue suficiente para desterrarla del proceso penal, pues a continuación en la misma sentencia la Corte vuelve a justificar la “utili-dad” de la confesión, aunque de manera condicional, afirmando que:

(…) cuando la misma está robustecida por otros elementos y circuns-tancias, como es el caso, la misma puede ser aceptada como evidencia acusadora en los tribunales, por lo que procede desestimar este medio de casación.

La Corte de Casación continúa, en toda regla, aceptando la confesión como medio de prueba, tal como se desprende de las sentencias cuyos extractos se refieren a seguidas:

(…) DMM era el capitán de la nave, y carece de toda lógica que una ope-ración tal se realizase sin su conocimiento y aprobación, además de que existe su confesión extrajudicial que concuerda con los demás hechos del proceso; (Sentencia del 27 de diciembre del 2006, No. 176, B.J. 1153).

Igualmente, se ha establecido:

(…) f) que por los hechos expuestos, resultan fijados, por los medios de pruebas legales: la confesión de las partes, la prueba documental: certi-ficado médico, declaraciones complementarias de testigo y las pruebas circunstanciales, resultante del desarrollo de los hechos que el acusado ha inferido voluntariamente heridas armado de una escopeta, que ha producido amputación de la pierna izquierda del agraviado, con las se-cuelas de lesiones permanentes, respectivamente; quedando configurado

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el crimen de heridas voluntarias que han ocasionado amputación y pri-vación del uso de un miembro, previsto y sancionado en el Artículo 309 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, del 27 de enero de 1997; (Sentencia del 22 de noviembre del 2006, No. 164, B.J. 1152).

Asimismo:

(…) que se estableció por la prueba de la parafina y por la confesión del guardián que él fue la persona que disparó con cuyo proyectil le produjo la muerte, según certificado médico legal anexo al expediente; (Senten-cia del 25 de octubre del 2006, No. 177, B.J. 1151).

Otro caso de confesión es el siguiente:

(…) Que ha quedado establecido, con claridad, la culpabilidad del acu-sado RSRB, de los hechos que se le imputan, ya que éste admite la comi-sión de los mismos por confecomi-sión que ha hecho ante el plenario de esta corte, que le han merecido a la misma credibilidad, por entender que fueron declaraciones sinceras, y creíbles, y por consiguiente, deben ser acogidas y admitida como un medio legítimo de prueba en su contra; (Sentencia del 27 de octubre del 2004, No. 63, B.J. 1127).

Particularmente en el extracto jurisprudencial subsiguientemente citado, la corte ha supeditado el valor probatorio de la confesión a su relación con otros medios de pruebas de cargo.

(…) Que el procesado ha admitido la posesión de la marihuana, lo que alega es que era una porción menor, para prepararse un tabaco, además ha aceptado que es un consumidor de la sustancia prohibida, y esta con-fesión libre y voluntaria coincide con el acta de conducencia levantada por la Policía Nacional que hace fe del hallazgo de la misma y que la portaba el acusado en el bolsillo de su pantalón, por lo que su respon-sabilidad penal está comprometida; (Sentencia del 28 de julio del 2004, No. 73, B.J. 1124).

La corte continúa aceptando la “confesión” como medio de prueba, y ello a pe-sar de que ya no existe taxativamente como tal en la ley; aunque en ningún caso la ha aceptado como prueba única, ni como “reina de las pruebas”, que era lo usual en el anterior sistema procesal. La corte aplica en estos casos dos criterios jurídicos modernos: el principio de valoración armónica de la prueba (172 y 333-CPP) y el sistema de sana crítica sobre el de la íntima convicción del Juez. La jurisprudencia ha considerado la declaración del imputado como un me-dio de prueba, cuando esta robustecida por otros meme-dios de prueba, no como medio de defensa.

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Naturaleza Jurídica de la Declaración del Imputado en el Código Procesal Penal La declaración del imputado aparece consolidado en el discurso procesal penal actual, como un medio de defensa, y el imputado no tiene la obligación de contribuir a la investigación del delito que se le imputa, pues contraviene con el principio de presunción de inocencia.

La declaración del imputado no puede ser un acto de sujeción compulsiva a la autoridad, ni puede ser requerida como acto de poder, para simbolizar su inferioridad frente al poder coercitivo del Estado. El imputado no puede ser sometido a coerción para declarar frente a la autoridad, dispone de la oportuni-dad, si él lo prefiere, de declarar, refutar, responder, contestar, o aclarar cargos que se le formulan. En términos estrictos, se trata de un derecho “No puede ser obligado a declarar”. En la mejor tradición jurídica, la no incriminación es una modalidad irrefutable de la defensa, tal como la entiende el Tribunal Constitu-cional español al definirla como:

(…) la que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que recae una imputación, quien puede optar por defenderse en el proceso en la forma que estime más conveniente para sus intereses, sin que en ningún caso pueda ser forzado o inducido, bajo construcción o compulsión alguna a declarar contra sí mismo o a confesarse culpable4. En esta acepción, la permisibilidad procesal del silencio del imputado excluye la posibilidad de obligarle a cooperar activamente en la formación de la acu-sación y la forma de conseguirlo es mediante la prohibición de utilizar en el proceso cualquier declaración del imputado que haya sido obtenida mediante la violación de este principio5.

KIRSCH ha puesto el dedo en la llaga al afirmar que una política criminal eficaz conducirá tarde o temprano a la desaparición del principio de la libertad de autoinculparse (confesar) que se perderá en el túnel de la historia jurídica para nunca más volver6.

Concurre en este entorno teórico la llamada “presunción de inocencia”, que presupone un desplazamiento de la carga de la prueba hacia quien acusa, im-pidiendo que se pueda hacer recaer en el inculpado la obligación de declarar o aportar elementos de prueba que resulten perjudiciales a su defensa. Puede decirse, en consecuencia, que el derecho fundamental de presunción de ino-cencia, junto al derecho de defensa, dan origen a la no incriminación. No está de más subrayar que el fundamento de todos estos derechos es la dignidad de la persona humana y su ubicación en un estado constitucional de derecho, todo lo cual caracteriza a los sistemas procesales garantistas. Ese derecho a no declarar

4Citado por: QUISPE Farfán, Fanny Soledad. (2002) El Derecho a la no incriminación y su aplicación en el Perú. Ediciones de la Universidad Mayor

de San Marcos. Lima. Pág. 17. Puede consultarse el texto en: Sentencia Nº 197/1995 del Tribunal Constitucional, Pleno, 21 de Diciembre de 1995. Ponente: Enrique Ruiz Vadillo. Recurso: #2848 de 1993 : www.jurisprudencia.vlex.es/vid/-445549#ixzz1PA99SDnV

5ESPARZA, Iñaki. (1995) El principio del proceso debido. Barcelona: Bosch, Pág. 144.

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7 BECCARIA, Cesare. (1984). De los delitos y de las penas. Buenos Aires: Orbis, Pág. 61.

contra sí mismo, a no confesarse culpable, se presenta entonces como expre-sión directa del derecho de defensa: el imputado como sujeto procesal tiene el derecho de declarar o no, defenderse, de hacerse oír, de rebatir la acusación de hacerse defender. Del reconocimiento del derecho a la libertad de declarar y del derecho a la no incriminación se tiene:

- Que no se puede utilizar ningún medio violento para obligar al imputado a declarar, prohibiendo cualquier manipulación física o psicológi-ca vulneradora de su conciencia,

- Que no se puede exigir juramento o promesa de decir la ver-dad, proscribiéndose del proceso la coerción moral, las amenazas o las prome-sas, entendidas como “tortura espiritual”;

- Se prohíben las preguntas capciosas durante el interrogatorio; - La facultad de mentir permanece en el ámbito personal del imputado, si lo considerara de interés para su defensa;

- La facultad de declarar cuantas veces el imputado entienda pertinente debe ser protegida por el juez garantista;

- El derecho a guardar silencio, o simplemente a no declarar. La declaración del imputado se encontró ligada en principio al “juramento” y los llamados “juicios de Dios” (ordalías, o prácticas de las que, si el acusado se salvaba, su salvación era prueba de inocencia. Un ejemplo tradicional es el de la mujer acusada de adulterio que debía probar su inocencia tirándose a un lago profundo amarrada de una piedra).

En la actualidad hasta el juramento se ha proscrito del proceso, suponiendo que implica tormento espiritual condicionante de la libertad de declarar, pues no se puede exigir al reo que diga la verdad cuando es él precisamente quien podría tener el mayor interés en encubrirla.

La coacción moral precede a la tortura física y, de hecho, facilita su finalidad. Advertir al imputado sobre los posibles efectos en su contra si decide perma-necer en silencio, insinuarle la ventaja de declarar, sería una posición dirigida a influir y manipular al declarante. El terror causado en épocas superadas, en las que jugó un papel determinando la tortura, hace que los Estados legislen en contra del uso de la violencia para obtener la declaración de imputados. Esas prácticas por suerte casi superadas, fueron el objeto de estudio y la denuncia de Cesar Beccaría, al señalar que:

(…) hay tan poca libertad para decir la verdad entre espasmos y des-garros como la había para impedir sin fraude los efectos del fuego y del agua hirviendo. Por ello, la impresión de dolor puede crecer hasta el punto que, ocupándolo, no deje más libertad al torturado que la de es-coger el camino más corto, en el momento presente para sustraerse a la pena (…) Y así el inocente sensible se declarará culpable si cree hacer cesar con ello el tormento7.

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La Opción del Imputado con Derecho a Declarar

En la actualidad procesal la libertad de declarar o permanecer en silencio cons-tituye una opción de derecho, que pudiera ejercer el imputado como estrategia de defensa, aunque en los procesos penales seguidos por el antiguo Código de Procedimiento Criminal, la declaración del imputado no era considerada un medio de defensa, sino que, por el contrario, la sentencia avalaba la palabra de la acusación o la del acusado: si el acusado calla, no hay manera de que el pro-ceso pueda decantarse a su favor. El silencio era la premonición de la derrota8. En la actualidad, el silencio del imputado se equipara a una conducta neutra. No se puede equiparar ningún significado, menos el de aceptar la acusación, pues el ejercicio de este derecho no puede constituir un perjuicio para quien lo ejerce.

La declaración del imputado ha de ser libre y debe realizarse con las forma-lidades exigidas por la ley. Esta ha de realizarse en presencia de su abogado defensor, a pena de nulidad.

Las preguntas que se formulen al imputado han de ser claras y precisas; no podrán ser capciosas ni sugestivas. Pregunta capciosa es aquella que, bajo el pretexto de indagar sobre un hecho aparentemente sin consecuencia, esconden la afirmación o negación de una circunstancia decisiva para el proceso. Por ejemplo, “El día que usted robó, ¿había luna llena?”: Si el imputado respon-de, estaría aceptando que efectivamente robó.

Pregunta sugestiva es aquella que insinúa la respuesta, generalmente descri-biendo el hecho o circunstancia cuya afirmación o negación se pretende. Por ejemplo, “¿No es cierto que el día quince usted entró en la habitación, agarró el candelabro, cerrando posteriormente la puerta?”.

Asimismo, las respuestas no pueden ser requeridas perentoriamente, es decir, no se le puede apremiar a que dé una respuesta inmediata y sin reflexión u obligarle a declarar en un plazo mínimamente limitado.

La libertad en la declaración implica que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Las consecuencias de este principio son las siguientes: 1º Al imputado no se le toma protesta por cuanto no está obligado a de-cir la verdad,

8ZAGREBELSKI, Gustavo. (1996). La crucifixión y la democracia. Barcelona: Ariel, Pág. 24. El autor hace este análisis al referirse al silencio de Jesús

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2º El imputado tiene la facultad de abstenerse de declarar, y dicha abs-tención no podrá ser valorada en su contra. La facultad de absabs-tención puede ser en la totalidad de la declaración o en ciertas partes;

3º La declaración del imputado no ha de darse bajo ningún tipo de tor-tura, coacción o amenaza. Asimismo, la voluntad del imputado no podrá ser eliminada a través de drogas, hipnosis o “detectores de mentiras”;

4º La declaración del imputado no puede obtenerse a través de engaño o promesa. No podrá ser inducido a declarar en su contra o contra su voluntad. Por ejemplo, si se tienen sospechas sobre una persona, no se le puede tomar declaración como testigo con la esperanza de que suministre información au-toincriminante, esa es una norma no siempre respetada.

La Facultad de Faltar a la Verdad en la Declaración del

Imputado: El “derecho a mentir”

Faltar a la verdad, mentir o no ser preciso en sus declaraciones es una alter-nativa defensiva del imputado, que él puede utilizar como crea conveniente, y al respecto hay que tener en cuenta que en nuestro sistema legal el imputado concurre al proceso como eso, como objeto de la acusación, pero en otros siste-mas concurre en calidad de testigo, como ocurre en el sistema norteamericano. Es una distinción importante porque en aquél, al declarar con calidad testifical, el imputado tiene obligación de prestar juramento y decir la verdad, a riesgo de perjurio, y ello a pesar de que la Quinta Enmienda establece el derecho a no ser compelido a ser testigo contra uno mismo, lo que tiene un alcance más amplio que el derecho a no ser obligado a declarar, pues significa que ningún imputado puede ser obligado a y declarar contra sí mismo.

En nuestro sistema, por el contrario, la libertad de declarar no puede ser limi-tada con un deber de veracidad, que no está presente en la normativa procesal como deber del imputado declarante.

No cabe esperar, por tanto, que se ciña a la verdad, pues esa obligación es in-compatible con el derecho al silencio, y con el derecho de defensa, razón por la cual no sólo debe eximirse al imputado del delito de falso testimonio, sino que debería prestar declaración siempre en calidad de imputado y no de testigo. Lo contrario ocurre, al menos en la aceptación de la jurisprudencia, con la víc-tima. Se ha decidido que si la víctima no se ha constituido en parte civil, por

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más interesado que se le suponga no pierde su calidad de testigo y como tal, su declaración, para ser válida, debe ser precedida del juramento legall9.

Se estableció que el derecho a declarar o no hacerlo no implica el deber de decir la verdad. Sobre este punto se discute si el imputado tendría un derecho a men-tir, como consecuencia del reconocimiento del derecho a no auto-incriminarse. Jeremías Bentham argumentó que la intimidación propia de un interrogatorio produce una turbación capaz de producir que las personas recurran a mentiras, y por ello se ha fundamentado el derecho a la no incriminación como un medio de evitar errores judiciales.

Quienes se adscriben a esta tendencia entienden que el derecho a mentir se fundamenta en el derecho al silencio, y se añade que, además, se fundamenta en los derechos a la inviolabilidad de la personalidad, la defensa y la libertad. No se puede obligar al imputado a declarar en su contra, pero si declara y lo declarado, es falso, no podrá ser sancionado, por el derecho a mentir que am-para al imputado, si entiende que mentir favorece su defensa. De esta opinión los más señalados autores son Asencio Mellado y Vásquez Sotelo10. De opinión contraria es Gimeno Sendra, para quien si existe una impunidad frente a la declaración mentirosa o falsa, esa impunidad no puede llevar a sostener un de-recho a mentir por falta de sanción, en razón del deber de colaboración con la justicia que incumbe a todos, inclusive al imputado11. El mandato de “decir la verdad” de que habla el Art. 201-CPP es para los testigos, no para el imputado:

Art. 201.- Forma de la declaración. Antes de iniciar su declaración el tes-tigo es informado sobre sus obligaciones, de la responsabilidad derivada de su incumplimiento y según su creencia presta juramento o promesa de decir la verdad. Acto seguido procede su interrogatorio por separa-do, el cual se inicia con las preguntas acerca de sus datos personales y cualquier otra circunstancia que sirva para apreciar la veracidad de su testimonio.

El testigo tiene la obligación de decir la verdad de cuanto sepa, pues es un medio de prueba, no así la declaración del imputado que no puede ser considerada como medio de prueba, sino como medio de defensa. Si el testigo expresa temor por su integridad o la de otra persona puede ser autorizado excepcionalmente a no indicar públicamente su domici-lio y otros datos de referencia, de lo cual se toma nota reservada, pero el testigo no puede ocultar su identidad ni ser eximido de comparecer, está obligado a decir la verdad, y no tiene el derecho a mentir.

9La fórmula anterior (del procedimiento criminal) prestaba solemnidad a la declaración. Por ejemplo, se ha decidido al respecto que … los testigos

declaran separadamente, en el orden establecido. Antes de declarar, prestarán, bajo pena de nulidad, el juramento de hablar sin odio y sin temor, y de decir toda la verdad y nada más que la verdad. El deber de jurar antes de prestar testimonio se preserva en el texto el Art. 201-CPP pero, en términos tales que la no prestación del juramento no aparece prescrita con sanción de nulidad, aunque podría alegarse siguiendo el criterio de la doctrina jurisprudencial que confiere a las formas procesales capacidad para viciar el fondo de los asuntos irregularmente conocidos.

10Por lo menos así lo reconoce HUERTAS Marín, M. (1999) El sujeto pasivo del proceso penal como objeto de la prueba. Barcelona: Bosch, Pág. 297. 11GIMENO Sendra, Vicente et al (1999). Derecho Procesal Penal/ Madrid” Codex, Pág. 390.

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