Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 26/2017 (secció 8a) de 7 de febrer de 2017 (recurs 227/2013 )

Texto completo

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Roj:

SJCA 904/2017

- ECLI:

ES:JCA:2017:904

Id Cendoj:08019450082017100008

Órgano:Juzgado de lo Contencioso Administrativo

Sede:Barcelona

Sección:8

Fecha:07/02/2017

Nº de Recurso:227/2013

Nº de Resolución:26/2017

Procedimiento:CONTENCIOSO

Ponente:JUAN ANTONIO TOSCANO ORTEGA

Tipo de Resolución:Sentencia

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 8 DE BARCELONA. Procedimiento ordinario número 227/2013-C.

Partes: Carmel Corporació 2000, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales Jorge Enrique Ribas Ferré y defendida por la Letrada Cristina Santos Castilla, contra Ajuntament de Barcelona, representado y defendido por la Letrada consistorial Coloma Barceló Fontanals.

Sentencia número 26 de 2017.

En la ciudad de Barcelona, a siete de febrero de mil diecisiete.

Juan Antonio Toscano Ortega, magistrado, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Barcelona y provincia, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo y que le confieren la Constitución y las leyes, pronuncia en nombre de Su Majestad El Rey la presente sentencia en los autos del recurso contencioso administrativo número 227/2013-C, interpuesto por Carmel Corporació 2000, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales Jorge Enrique Ribas Ferré y defendida por la Letrada Cristina Santos Castilla, contra Ajuntament de Barcelona, representado y defendido por la Letrada consistorial Coloma Barceló Fontanals. La actuación administrativa impugnada consiste en la resolución de 22 de noviembre de 2012 de Segona Tinenta d'Alcalde, Ajuntament de Barcelona, que convierte en resolución el acuerdo del Consell Tributari de Barcelona adoptado en sesión de 5 de noviembre de 2012 por el que se propone "Desestimar el recurs presentat per la societat interessada contra la liquidació de l'IBI núm. CT- 2008-2-23-04013830, Estimar el recurs presentat contra la providència de constrenyiment ET-2009-6-09-26965775 i Anul lar la providència de constrenyiment, Retornar l'aval bancari presentat en garantia del deute constret, I notificar novament la liquidació de l'IBI, sense recàrrecs, perquè pugui ser pagada en període voluntari", y en ejecución de dicha resolución las liquidaciones tributarias por un importe total de 33.615,68 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO. Por la representación procesal y defensa letrada de Carmel Corporació 2000, S.L., se interpone en fecha 13 de marzo de 2013 ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña "recurs Contenciós-Administratiu contra la resolució de l'Ajuntament de Barcelona, de data 22 de novembre de 2012, notificada el 22 de gener de 2013, desestimatòria del recurs presentat per Carmel Corporació 2000, S.L. contra la liquidació de l'Impost sobre Béns Immobles número CT-2008-2-23- 04013830 i, en execució de l'esmentada resolució, liquidació tributària de data 17/12/2012, pel concepte d'IBI, per un import de 33.615,68 Euros, a càrrec de la meva representada".

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Por decreto de 11 de junio de 2013 se admite a trámite el recurso. Se sustancian los presentes autos conforme a lo dispuesto para el procedimiento ordinario general en la vigente Ley 29/1998, reguladora de esta jurisdicción.

SEGUNDO. Por escrito presentado en fecha 11 de octubre de 2013 se deduce la correspondiente demanda. Tras relacionar los Hechos y los Fundamentos de Derecho que estima aplicables, la Letrada de la mercantil actora, Carmel Corporació 2000, S.L., interesa del Juzgado que, en relación a las resoluciones impugnadas de 22 de noviembre y 17 de diciembre de 2012, dicte "sentencia estimando el presente recurso y en la que": "a) Se declare la nulidad en derecho de la resolución objeto del presente recurso contencioso- administrativo y la nulidad de la liquidación del IBI de fecha 17 de diciembre de 2012". "b) Se declare la devolución del IBI ingresado por importe de 33.615,68 Euros junto con los intereses oportunos".

TERCERO. Por la Letrada consistorial se presenta en fecha 21 de noviembre de 2013 escrito de contestación a la demanda. Expone los Hechos y Fundamentos de Derecho que considera de aplicación y acaba por interesar del Juzgado el dictado de "sentència per la qual s'inadmeti o, subsidiàriament, es desestimi íntegrament el present recurs, pels motius que s'han exposat".

CUARTO. Por decreto de 25 de noviembre de 2013 se fija en 33.615,68 euros la cuantía del presente recurso. Por auto de 15 de septiembre de 2014 se acuerda el recibimiento del pleito a prueba. Tras la práctica de las pruebas admitidas, las defensas letradas de ambas partes presentan escritos de conclusiones en fechas 17 de octubre y 13 de noviembre de 2014, respectivamente. Por providencia de 13 de octubre de 2016 se declaran las actuaciones conclusas para sentencia.

QUINTO. En la sustanciación del presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales, salvo aquéllas que por razones estructurales de sobrecarga de asuntos pendientes de resolución ante este Juzgado han devenido de imposible cumplimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO. Se discute en este proceso la legalidad de la resolución de 22 de noviembre de 2012 de Segona Tinenta d'Alcalde, Ajuntament de Barcelona, que convierte en resolución el acuerdo del Consell Tributari de Barcelona adoptado en sesión de 5 de noviembre de 2012 por el que se propone "Desestimar el recurs presentat per la societat interessada contra la liquidació de l'IBI núm. CT-2008-2-23-04013830, Estimar el recurs presentat contra la providència de constrenyiment ET-2009-6-09-26965775 i Anul lar la providència de constrenyiment, Retornar l'aval bancari presentat en garantia del deute constret, I notificar novament la liquidació de l'IBI, sense recàrrecs, perquè pugui ser pagada en període voluntari", y en ejecución de dicha resolución las liquidaciones tributarias por un importe total de 33.615,68 euros.

En la demanda rectora de autos las pretensiones de la mercantil actora se circunscriben a que el Juzgado dicte "sentencia estimando el presente recurso y en la que": "a) Se declare la nulidad en derecho de la resolución objeto del presente recurso contencioso-administrativo y la nulidad de la liquidación del IBI de fecha 17 de diciembre de 2012". "b) Se declare la devolución del IBI ingresado por importe de 33.615,68 Euros junto con los intereses oportunos". En defensa de esas pretensiones, tras detallar los hechos que considera relevantes, presenta los motivos del recurso que en síntesis consisten en que "En los años 2005, 2006 y 2007 el valor catastral sigue siendo el mismo", de manera que "en la propia notificación que se le hizo a Carmel Corporació 2000, S.L en el 2008 por parte del Catastro, en relación al expediente por cambio de uso, constaba expresamente que <esta modificación tendrá efectos catastrales desde el 1 de enero de 2009>", lo que considera probado a través de la documentación obrante en el expediente administrativo. Y en conclusiones se opone a la concurrencia de la causa de inadmisibilidad invocada por la Letrada consistorial consistente en la falta de acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar la persona jurídica actora la presente acción jurídica, con aportación de documentación.

En la contestación a la demanda la Letrada consistorial acaba interesando del Juzgado el dictado de "sentència per la qual s'inadmeti o, subsidiàriament, es desestimi íntegrament el present recurs, pels motius que s'han exposat". A este respecto, relaciona los hechos que entiende relevantes, invoca la concurrencia de inadmisibilidad del recurso ex artículo 69.b), en relación con el artículo 45.2.d) de la Ley 29/1998 , y procede a rebatir los motivos del recurso por el orden que sigue. 1. "Confusió pel que fa a la gestió censal i tributària de l'IBI". 2. "El nou valor cadastral posseeix eficàcia des del dia següent a la data en què es van produir els fets que van originar la modificació cadastral".

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artículo 69.b) de la Ley reguladora de esta jurisdicción , y atendidas tanto la propia naturaleza jurídica de tal motivo inadmisorio como la consecuencia jurídico procesal inmediata que, necesariamente, se derivaría de su eventual acogimiento por parte de esta resolución (ya que con la consiguiente y obligada declaración jurisdiccional de inadmisibilidad del recurso devendría ocioso por irrelevante o intrascendente para la resolución final del recurso el examen posterior de los restantes motivos de fondo contrapuestos por las partes litigantes en el seno del debate procesal de autos), resulta obligado abordar ahora, con carácter preliminar, dicho óbice de procedibilidad.

En dicho sentido importa destacar que respecto al defecto procesal de falta de acreditación de la necesaria capacidad procesal de la entidad demandante por no haber sido justificada por la misma la previa y oportuna adopción del denominado acuerdo social corporativo interno para el ejercicio de acciones jurisdiccionales ante los órganos judiciales por parte del correspondiente órgano interno de la persona jurídica actora estatutariamente competente al efecto, de conformidad con las previsiones procesales del artículo 45.2.d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa , procede observar ahora que, ciertamente, la capacidad del sujeto para ser parte en unas actuaciones procesales concretas (legitimación ad processum), exige para el caso de las personas jurídicas en nuestro Ordenamiento jurídico procesal la acreditación bastante ante el órgano judicial tanto del órgano social estatutariamente competente para decidir la interposición de las acciones judiciales como que esa decisión previa se ha adoptado efectivamente en el caso particular, so pena de incurrir de lo contrario la acción jurisdiccional ejercitada en el motivo inadmisorio expresamente previsto por los artículos 51.1.b ) y 69.b) de la Ley jurisdiccional vigente, de acuerdo con una consolidada doctrina jurisprudencial establecida en torno a dicha cuestión procesal por los diferentes órganos de esta jurisdicción (entre otras muchas, sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, número 1120/2004, de 29 de septiembre, con cita por la misma de las sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera , de 25 de septiembre de 2003 y de 5 de junio de 2003 , y sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña número 168/2001, de 8 de febrero ), tanto en relación con las previsiones al respecto de la actual Ley jurisdiccional del año 1998 como en relación con la previsión paralela de la anterior Ley jurisdiccional del año 1956 (entre muchas otras, sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 20 de abril de 1999 , de 3 de abril de 2000 , de 24 de junio de 2003 , de 7 de noviembre de 2003 , de 31 de septiembre de 2004 y de 11 de mayo de 2005 , en relación con la actual Ley Jurisdiccional de 1998; y sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 24 de septiembre de 1991 , de 8 de junio de 1992 , de 14 de octubre de 1992 , y de 30 de abril de 1998 , en relación con el anterior texto procesal contencioso administrativo del año 1956). Doctrina jurisprudencial contencioso administrativa que ha venido a ser mantenida en los mismos términos, entre otras muchas más, por las sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 23 de diciembre de 2004 , de 30 de enero , 6 y 27 de junio y 6 de julio de 2006 , de 31 de enero de 2007 , de 29 de enero , 11 de febrero y 5 de noviembre de 2008 , de 9 de marzo , 8 de mayo de 2009 y 14 de julio de 2009 , 3 de marzo de 2010 y 10 de febrero de 2012, así como por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso Administrativo, números 880/2006, de 3 de octubre , o 686/2010, de 22 de octubre de 2010 .

Pues bien, a partir de las anteriores determinaciones normativas y jurisprudenciales, y una vez examinadas las presentes actuaciones, se concluye que, efectivamente, la parte demandante Carmel Corporació 2000, S.L., ha acreditado en autos el cumplimiento por la misma del requisito procesal antes observado. En efecto, aporta junto al escrito de conclusiones los estatutos de la sociedad y la certificación de la Junta General reunida en fecha 30 de diciembre de 2013 para la ratificación del "inicio y seguimiento de todos los trámites necesarios del recurso contencioso administrativo seguido ante el Juzgado Contencioso Administrativo 8 de Barcelona, contra la resolución del Ajuntament de Barcelona de 22 de noviembre de 2012, que resolvía dos recurso de Alzada en relación al IBI 2005-2007, de la finca sita en Mejía Lejerica, 35". En cualquier caso, de conformidad con los estatutos aportados el Administrador único de la mercantil es competente para acordar la interposición del recurso contra la actuación administrativa objeto del mismo como se hizo al presentarlo en fecha 15 de marzo de 2013. Por esa razón a través del decreto de 11 de junio de 2013 se admite a trámite el recurso dando por acreditada aquella capacidad procesal de la mercantil actora. Así las cosas, procede rechazar la concurrencia de la causa de inadmisibilidad del recurso prevista en el artículo 69.b) de la Ley 29/1998 invocada por la defensa letrada de la Administración demandada.

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catastral, con independencia del momento en que se notifiquen". "Artículo 30. Procedimiento simplificado de valoración colectiva". "2. Este procedimiento se regirá por las siguientes reglas": "a) Cuando tuviera por causa una modificación de planeamiento que varíe el aprovechamiento urbanístico de los bienes inmuebles, manteniendo los usos anteriormente fijados, y el valor recogido para esos usos en la ponencia en vigor refleje el de mercado, se determinarán los nuevos valores catastrales de las fincas afectadas conforme a los parámetros urbanísticos mencionados". "b) Cuando tuviera por causa una modificación de planeamiento que varíe el uso de los bienes inmuebles, dichos bienes se valorarán tomando como valor del suelo el que corresponda a su ubicación, que en todo caso deberá estar comprendido entre el máximo y el mínimo de los previstos para el uso de que se trate en el polígono de valoración en el que se hallen enclavados tales bienes según la ponencia vigente". "c) Cuando la modificación del planeamiento determine cambios de naturaleza del suelo por incluirlo en ámbitos delimitados, hasta tanto no se apruebe el planeamiento de desarrollo que establezca la edificabilidad a materializar en cada una de las parcelas afectadas, dichos bienes podrán ser valorados mediante la aplicación de los módulos específicos para los distintos usos que se establezcan por orden del Ministro de Hacienda". "3. Los actos dictados como consecuencia de los procedimientos regulados en este artículo se notificarán a los interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 y tendrán efectividad el día 1 de enero del año siguiente a aquel en que tuviere lugar la modificación del planeamiento del que traigan causa, con independencia del momento en que se inicie el procedimiento y se produzca la notificación de su resolución. En todo caso, el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será de seis meses a contar desde la fecha de publicación del acuerdo de inicio. El incumplimiento del plazo máximo de notificación determinará la caducidad del procedimiento respecto de los inmuebles afectados por el incumplimiento sin que ello implique la caducidad del procedimiento ni la ineficacia de las actuaciones respecto de aquellos debidamente notificados".

Acerca del debate ahora suscitado en vía jurisdiccional ya se expresó con acierto y claridad el Consell Tributari de Barcelona a través del acuerdo adoptado en sesión de 5 de noviembre de 2012, convertido en la resolución municipal de 22 de noviembre siguiente aquí impugnada, concretamente en sus Fundamentos de Derecho Quinto a Séptimo, que seguidamente se reproducen:

"Cinquè.- Pel que fa a l'acord d'alteració cadastral resulta, en el nostre cas, que, segons la documentació obrant en l'expedient, mitjançant resolució adoptada el 3 de novembre de 2008, el Gerent Regional del Cadastre de Catalunya a Barcelona va acordar la modificació de la descripció i valoració cadastral de la finca situada al carrer Mejía Lequerica, 35N-2- 55-Suelo, amb referència cadastral 6819702 DF2861H0001EZ, a través del procediment simplificat de valoració cadastral establert a l'article 30.2 del text refós de la <Ley del Catastro Inmobiliario >, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, com a conseqüència de la seva alteració per canvi d'aprofitament amb motiu de l'aprovació definitiva d'una modificació del planejament urbanístic, aprovació definitiva que es va produir -segons en recull la pròpia resolució del Gerent Regional- l'1 d'octubre de 2003, consistent l'alteració en la variació de l'aprofitament urbanístic d'aquest immoble, pel <Pla Especial de concessió de l'ús i ordenació del recinte de l'antic Frenopàtic Projecte de Reparcel lació>, resultant un valor cadastral de 4.828.071,99 euros, i constant expressament en la mateixa resolució que la data d'alteració cadastral va ser l'1 d'octubre de 2003 (data d'aprovació definitiva de la modificació del planejament urbanístic en qüestió). D'altra banda resulta també de les dades obrants a l'expedient i a la base de dades de l'impost que la resolució d'alteració cadastral, acordada per la Gerència Regional del Cadastre, es va notificar a la Societat interessada i ara recurrent el 20 de novembre de 2008, es a dir, amb anterioritat a la notificació de la liquidació impugnada (CT-2008-2-23-04013830), el 30 de desembre de 2008.

Sisè.- L'article 30.2 del Text refós de la <Ley del Catastro Inmobiliario>, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, regula el procediment simplificat de valoració col lectiva -que és l'utilitzat per la Gerència Regional del Cadastre en el nostre cas, com ho diu expressament la seva resolució en qüestió-; i l'apartat 3 de l'esmentat article 30 diu textualment: <Los actos dictados como consecuencia de los procedimientos regulados en este artículo se notificarán a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y tendrán efectividad el día 1 de enero de año siguiente a aquel en que tuviere lugar la modificación del planeamiento del que traigan causa, con independencia del momento en que se inicie el procedimiento y se produzca la notificación de la resolución>.

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a la pràctica de la nova liquidació, amb el número CT-2008-2-23-04013830 ,en exercici de les funcions que l'atribueixen, quan a la gestió i recaptació de l'IBI, l'article 77 del Text refós de la <Ley Reguladora de las Haciendas Locales>, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2994, de 5 de març, per tal de regularitzar la situació tributària de l'entitat contribuent, en el sentit de calcular la quota de l'impost en base al valor cadastral assignat per la Gerència del Cadastre, amb motiu de l'alteració cadastral acordada per ella, de la que, en aplicació del que preveuen els articles 67 i següents del precitat text refós de les Hisendes Locals, resultant les bases liquidables de la liquidació esmentada.

2. En conseqüència, no correspon a l'Ajuntament, en la liquidació impugnada, el coneixement dels motius d'oposició contra el valor cadastral assignat a la finca per la Gerència Regional del Cadastre en el procediment d'alteració cadastral, ni la determinació de la base liquidable del tribut, per no ser matèria de la seva competència, d'acord amb la normativa transcrita i, així mateix, no ostenta tampoc, la competència per entrar a conèixer cap dels elements utilitzats en la determinació del referit valor.

3. Així doncs, l'al legació invocada per la societat interessada en el sentit de considerar que, d'acord amb els certificats de la Gerència Regional del Cadastre que aporta, el valor cadastral correcte a efectes de l'IBI dels anys indicats, és de 3.013.419,30 euros, per no haver-se produït alteració cadastral que motivi una nova liquidació, ha de ser desestimada, atès que resulta de l'expedient que l'entitat recurrent va rebre la notificació de la modificació del valor cadastral de l'immoble en qüestió i acordant també els nous valors cadastrals, a través de la resolució de la Gerència Regional del Cadastre, per notificació de la mateixa, el 20 de novembre de 2008; es a dir amb anterioritat amb la nova liquidació de l'IBI conseqüència de l'esmentada notificació en 30 de desembre de 2008. A més, cal dir que, en tot cas, la disconformitat respecte a aquest valor cadastral, s'hauria de plantejar i resoldre davant la Gerència Regional del Cadastre per tractar-se d'un assumpte de la seva competència".

En efecto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 17.6 y 30.3 del Decreto Legislativo 1/2004 , preceptos éstos de plena aplicación al supuesto de autos como es de ver en la fundamentación jurídica que acaba de exponerse y que sin embargo omite la mercantil actora en los planteamientos de los motivos del recurso, el valor catastral resultante del cambio de aprovechamiento del inmueble se determina con su producción en fecha 1 de octubre de 2003 (fecha de aprobación definitiva del modificación del planeamiento urbanístico de referencia), con efectos de 1 de enero de 2004, lo que atañe al período controvertido 2005, 2006 y 2007, de ahí el tino de la resolución combatida, sin perjuicio claro está, como se expresa en dicha resolución, de que "la disconformitat respecte a aquest valor cadastral, s'hauria de plantejar i resoldre davant la Gerència Regional del Cadastre per tractar-se d'un assumpte de la seva competència".

CUARTO. A tenor de los artículos 68.2 y 139.1 de la vigente Ley reguladora de esta jurisdicción , modificado este último por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, las costas procesales se impondrán en primera o en única instancia a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones en la sentencia o en la resolución del recurso o del incidente, salvo que el órgano judicial razonándolo debidamente aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición. Sin que obste a ello, en su caso, la falta de solicitud expresa de condena en costas por las partes, toda vez que tal pronunciamiento sobre costas es siempre obligado o imperativo para el fallo judicial, sin incurrir por tal razón en vicio de incongruencia procesal ultra petita partium ( artículos 24.1 de la Constitución española y 33.1 y 67.1 de la Ley 29/1998 , de esta jurisdicción), al concernir dicha declaración judicial a una cuestión de naturaleza jurídico procesal, de conformidad con el dictado del artículo 68.2 de la Ley jurisdiccional y de una reiterada jurisprudencia tanto constitucional como contenciosa administrativa (entre otras, sentencias del Tribunal Constitucional, Sala Primera, número 53/2007, de 12 de marzo , y 24/2010, de 27 de abril; y sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 12 de febrero de 1991 ). Se recoge así el principio del vencimiento mitigado, que deberá conducir aquí a la no imposición de costas a los actores habida cuenta que la singularidad de la cuestión debatida veda estimar que se halle ausente en el caso de serias dudas de derecho, teniendo en cuenta para ello el contenido de la controversia de autos en los términos expuestos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, y resolviendo dentro del límite de las pretensiones deducidas por las partes en sus respectivas demanda y contestación, se dicta el fallo siguiente.

FALLO.

Desestimar el recurso contencioso administrativo número 227/2013-C interpuesto por la representación procesal y defensa letrada de Carmel Corporació 2000, S.L., por no resultar disconforme a Derecho en los extremos controvertidos en el recurso la resolución de 22 de noviembre de 2012 de Segona Tinenta d'Alcalde,

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en sesión de 5 de noviembre de 2012 por el que se propone "Desestimar el recurs presentat per la societat interessada contra la liquidació de l'IBI núm. CT-2008-2-23-04013830, Estimar el recurs presentat contra la providència de constrenyiment ET-2009-6-09-26965775 i Anul lar la providència de constrenyiment, Retornar l'aval bancari presentat en garantia del deute constret, I notificar novament la liquidació de l'IBI, sense recàrrecs, perquè pugui ser pagada en període voluntari", y en ejecución de dicha resolución las liquidaciones tributarias por un importe total de 33.615,68 euros. Sin costas.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a interponer a través de este Juzgado en un plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la recepción de la correspondiente notificación.

Así, por esta sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos y se llevará el original al Libro correspondiente, lo pronuncia, manda y firma Juan Antonio Toscano Ortega, magistrado, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Barcelona y provincia.

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