El Acceso a la Información Pública en Paraguay

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Artículo de Actualidad

El Acceso a la Información Pública en Paraguay Tetãygua marandu jehupytyrã ko Paraguáipe

Access to Public Information in Paraguay

Federico Andrés Legal Aguilar15* Universidad Nacional de Asunción. Asunción, Paraguay.

Recibido: 25-11-18 Aprobado: 12-02-19

Resumen

El presente artículo expone de manera general una serie de análisis y observaciones sobre el derecho de acceso a la información pública en Paraguay consagrado legalmente en la Ley N°5.282 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”. En este sentido, el presente artículo apunta a ofrecer una visión general sobre la importancia de este derecho como un derecho humano fundamental; como una herramienta para combatir la corrupción; y, como una llave para ejercer otros derechos individuales y sociales. Igualmente, expone sobre algunos principios fundamentales y una serie de obligaciones que nacen de los estándares internacionales con la finalidad de que el derecho sea garantizado de manera adecuada dentro del ordenamiento jurídico. Finalmente, mediante una visión general aborda sobre aspectos que deberían ser analizados para una futura revisión de la ley.

Palabras clave: Derechos Humanos - Acceso a la Información Pública – Transparencia

Ñemombyky

Ko kuatiañe’ẽ rupive ojehechauka tuicha háicha heta ñehesa’ỹijopy ha jesarekorã ñane retãybua marandu derécho jehupytyrã ko Paraguáype ojehai porãiteva’ekue Léi N°5.282 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”. Upéva rapépe, ko kuatiañe’ẽ ohechaukase tuicha háicha tuicha mba’eha ko derécho ha’eha avei yvypóra derécho teete; kóva peteĩ pojoaju mbarete ojehapohoko haguã corrupción; ha upéicha avei kóva rupive oñeguahẽ haguã ambue derechokuérape, peteĩteĩ háicha ha aty háicha. Upéichante

* Abogado. Becario “Orlando Sierra” (2018 – 2019) de la Relatoría Especial para la Libertad de

Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados

Americanos (OEA). Correo Electrónico: fede.legal@gmail.com

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (2011). Ex director de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia (2014-2015). Participante de la XXIII

Jornada de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM)

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avei omombe’u umi principio teete ombojykekóva yvypóra rembiaporãtee, oñemopeteĩchava opaite tetãrupi oñeguahẽ jojapa haguã deréchope lei ñemohenda rupive. Ipahápe, tuichaháichave omombe’u mba’e mba’épa tekotevẽ oñehesa’ỹijo amo gotyove ojejesarekóta vove léi rehe.

Ñe’ẽteete: Yvyvpóra derechokuéra – Tetãygua Ohupyty Jojapa Marandu – Ñemyesakã.

Abstract

This article presents in a general way a series of analyzes and observations on the right of access to public information in Paraguay legally enshrined in Law N ° 5.282 “Of Free Citizen Access to Public Information and Government Transparency”. In this sense, this article aims to offer a general view on the importance of this right as a fundamental human right; as a tool to fight corruption; and, as a key to exercising other individual and social rights. Likewise, it exposes some fundamental principles and a series of obligations that arise from international standards in order that the right to be adequately guaranteed within the legal system. Finally, by means of a general vision it deals with aspects that should be analyzed for a future revision of the law.

Keywords: Human Rights - Access to Public Information – Transparency.

Introducción

Desde hace algunos años, los vientos de cambio en Paraguay están corriendo con gran intensidad y potencia. De un día para otro, el viento de la transparencia arribó con fuerza escandalosa e inadvertida, destapando fuertes y sólidas estructuras de corrupción. El periodismo de investigación, la sociedad civil y diversos grupos sociales se han nutrido vitalmente con el aire de este viento que vino a demoler los techados de la secrecía y la opacidad. Esto ha permitido que la débil y convaleciente institucionalidad democrática, con heridas sumamente graves, comience a recuperarse lentamente.

El aire de la transparencia que más ha nutrido al Paraguay ha sido el acceso

a la información pública. Con su venida, una gran revolución ocurrió. La lógica de poder entre el Estado y sus contribuyentes cambió repentinamente. La buena salud que gozaba el autoritarismo, la arbitrariedad burocrática, y los hilos corruptos de poder, ha quedado afectada intensamente.

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público por encontrarse en una fuente pública de información, decidió publicar la nómina de funcionarios de su cartera con sus salarios. Fue una decisión histórica y de alto impacto político.

Luego, con base en estas decisiones –tanto la decisión judicial como la decisión de publicar la nómina de funcionario–, el Poder Ejecutivo hizo lo mismo con sus dependencias, y más tarde lo hizo el Congreso Nacional presionado por una serie de pedidos de información por parte de los medios de prensa16.

A raíz de esta primavera de la transparencia, como fue denominada esa época (Costa, 2014), varios casos de presunta corrupción fueron destapados por el periodismo de investigación lo cual generó todo tipo de reacciones y protestas mediante las redes sociales y la salida a las calles de decenas de personas. La prensa publicó sobre casos de nepotismo, asignaciones irregulares de salarios y viáticos, tráfico de influencias, entre otros. Todo con base en la información que estaba publicada en los portales webs y otras fuentes de información complementarias propias del periodismo de investigación.

El derecho de acceso a la información pública ha jugado un papel central para que esto sea posible. Queda claro que este derecho es fundamental para combatir la corrupción. No obstante, permite el ejercicio de otros derechos humanos sociales e individuales que en definitiva impactan en la calidad de vida de las personas.

Dada la importancia de este derecho, el presente artículo abordará de manera amplia sobre los principios que le rigen de acuerdo con la legislación vigente y los estándares internacionales; y tratará de analizar muy brevemente su puesta en práctica.

Derecho humano de acceso a la información pública

El activismo de personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental para combatir la impunidad, el olvido y la reiteración de violaciones de derechos humanos en toda la región. Estas impulsaron casos y litigios estratégicos con la finalidad de sentar estándares y obligaciones que los Estados deban seguir a la hora de diseñar e implementar políticas públicas relacionadas con la protección y promoción de los derechos humanos, así como para garantizar el derecho a la verdad, la condena a los responsables y la obligación de no repetir esas violaciones. Varios casos emblemáticos han sido resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) como máximo y último interprete de las disposiciones de la Convención Americana.

Dentro de este grupo de casos emblemáticos, por su trascendencia e impacto a nivel regional resalta el caso “Claude Reyes vs. Chile” (en adelante caso Claude Reyes) resuelto por la Corte IDH en 2006. Este caso sentó los principios y estándares

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del derecho de acceso a la información pública como un derecho autónomo que se desprende del artículo 13 de la Convención Americana que reconoce el derecho de toda persona de “recibir, buscar y difundir información e ideas de todo tipo sin consideración de frontera” (Convención Americana, 1969). Los argumentos de la sentencia del caso Claude Reyes han sido base para la consolidación y el fortalecimiento de una serie de principios, estándares y buenas prácticas en diversos países de la región. Señala Edison Lanza, “la Corte IDH condenó al Estado chileno por no adoptar mecanismos que garantizarán a los ciudadanos el acceso a la información pública” (Costa, 2014, pág. 16). En este sentido, menciona que “se trata del primer fallo a nivel internacional que reconoció este derecho como autónomo”, y en esta línea “generó un gran impacto en la región” (pág. 16). Finalmente, menciona que “este fallo estableció el derecho al acceso a la información pública como un derecho básico para los sistemas democráticos” (pág. 16).

El Comité Jurídico Interamericano (en adelante Comité Jurídico) de la Organización de Estados Americanos (en adelante OEA) en 2008 publicó los “Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información” con base, entre otras consideraciones, en el caso Claude Reyes.

En 2009, la Asamblea General de la OEA encomendó al Departamento de Derecho Internacional (en adelante DDI), dependiente de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de ese cuerpo supranacional, las tareas destinadas a coordinar la redacción de una ley modelo. Con base en esta delegación, el DDI organizó una serie de discusiones y grupos de trabajo con diversos sectores y representantes de sociedad civil.

En 2010, la Asamblea General de la OEA aprobó la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública y una Guía de Implementación con la finalidad: de impulsar un instrumento soft law armonizado con los mejores estándares sobre este derecho para funcionar tanto en sistemas de derecho anglosajón (common law) como de derecho civil; y de servir de guía para que los Estados puedan introducir estos estándares mediante la adopción de leyes de acceso a la información pública. Con esta amplia gama de instrumentos conformado por declaraciones, principios, decisiones judiciales y una serie de estándares reconocidos en el sistema interamericano de derechos humanos y en el seno de la OEA, quedó claro y de manera contundente que el derecho de acceso a la información era un derecho humano fundamental para:

1) consolidar la institucionalidad de la democracia de los países de la región y combatir la corrupción, y;

2) mejorar la calidad de vida de las personas con base en la información en poder de los Estados.

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Derechos Humanos y de los Pueblos (CADP), han destacado la importancia del derecho de acceso a la información pública para la plenitud del ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos humanos sociales e individuales, así como para combatir la corrupción y fomentar la rendición de cuentas; y han señalado las obligaciones que los Estados deben cumplir para garantizar el derecho de manera efectiva en las sociedades democráticas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Relatoría Especial) ha desarrollado un papel fundamental para difundir los estándares y buenas prácticas en toda la región mediante sus informes temáticos, anuales y especiales y otros mecanismos de promoción, que además han alertado a los Estados sobre potenciales retrocesos y temas pendientes17.

Principios del derecho de acceso a la información pública

La Relatoría Especial (2010) ha destacado dos principios fundamentales de los cuales se derivan una serie de consecuencias y obligaciones para que los Estados garanticen de manera plena el derecho de acceso a la información pública en las sociedades democráticas. Estos dos principios son el de máxima divulgación; y el de buena fe.

El principio de máxima divulgación apunta a que toda la información en poder del Estado debe considerarse y presumirse de libre acceso. Como consecuencia de este primer principio, la Relatoría Especial (2010) destaca que las limitaciones a este derecho deben encontrarse bajo un régimen limitado de excepciones establecido por ley e interpretarse de manera restrictiva. Esto además genera la consecuencia de que el Estado deba cargar con la obligación de fundar debidamente cualquier negativa conforme con los parámetros de una sociedad democrática. Finalmente, en caso de duda, “vacío legal” o “conflicto de normas” que pueda presentarse, “debe primar el derecho de acceso a la información”.

El principio de buena fe afirma que quienes están encargados de cumplir con las obligaciones que nacen del derecho de acceso a la información público actúen de manera tal a garantizar la efectiva aplicación del derecho de acuerdo con los fines que persigue. Es decir, los funcionarios deben tomar las medidas adecuadas y orientadas a cumplir con las obligaciones de brindar y divulgar información pública. La Relatoría Especial (2010) menciona al respecto, “… resulta esencial que los sujetos obligados por este derecho actúen de buena fe, es decir, que interpreten la ley (…) para cumplir los fines perseguidos por el derecho de acceso de manera tal a asegurar su estricta aplicación…” (pág. 5). Entre otras medidas, deben “…brindar los medios de asistencia necesarios a los solicitantes, “promover una cultura de transparencia, coadyuvar a transparentar la gestión pública y actuar con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional…” (pág. 5).

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La ley de acceso a la información pública de Paraguay

La ley paraguaya de acceso a la información pública naturalmente se nutrió de todo el paquete de la ley modelo interamericana, y ya ampliamente difundido en toda la región. La sociedad civil en Paraguay, luego de años de intento para lograr una ley de acuerdo con las buenas prácticas internacionales y estándares reconocidos, aprovechó el campo fértil creado como consecuencia de la primavera de la transparencia e impulsó una nueva ley armonizada con los estándares internacionales. El caso Vargas Telles, que descansaba en el despacho de la Sala Constitucional de la Corte Suprema desde 2008, fue reactivado en atención al contexto político que se estaba viviendo y la seguidilla de pedidos de información al poder legislativo por parte de medios de prensa que no encontraban respuesta positiva. El caso sin duda de gran impacto y generó una serie de consecuencias impensadas. El fruto más grande de este caso fue la sanción y promulgación de dos leyes orientadas al acceso a la información pública: la primera, la Ley “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”, o también llamada Ley de Transparencia Activa, sancionada el 20 de noviembre de 2013 y promulgada el 20 de mayo de 2014; y la segunda sancionada el 21 de agosto de 2014 por el cuerpo legislativo paraguayo y promulgada por el ejecutivo el 18 de septiembre del mismo año, llamada Ley “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental” o conocida también como Ley de Acceso a la Información.

No obstante, a causa de una serie de circunstancias políticas que se presentaron en el contexto y otras barreras políticas de larga data, la Ley de Acceso a la Información omitió algunos estándares modelos como la institucionalidad de un órgano garante encargado de supervisar el cumplimiento de la ley y tomar decisiones ante las negativas, y el listado de excepciones como las únicas válidas o admitidas de acuerdo con el art. 13 de la Convención Americana.

La Relatoría Especial (2014) destacó en su informe anual la promulgación de la ley. Sin embargo, observó que la ley “ …no prevé la creación de una autoridad que se encargue de aplicar la norma y de controlar su cumplimiento…” (pág. 269).

Pese a esta falencia y otras omisiones que puedan observarse en la ley paraguaya en comparación con los estándares internacionales, en lo sustancial reconoce principios y formalidades que permiten hacer operativo el derecho.

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públicas que deben cumplir con las obligaciones de emanadas de la ley.

Con respecto al objeto del derecho de acceso a la información pública, de acuerdo con el marco jurídico interamericano expuesto por la Relatoría Especial (2010), este derecho recae sobre la información: custodiada, administrada o bajo poder del Estado; producida o que “… está obligada a producir; administrada por personas que brindan servicios y administran fondos públicos únicamente respecto de dichos servicios o fondos; obtenida por el Estado; recolectada en cumplimiento de sus funciones …” (pág. 6).

De acuerdo con los artículos 2 y 3 de la ley paraguaya, toda la información “producida, obtenida, bajo control o en poder de las instituciones públicas, independientemente de su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, debe presumirse como pública salvo que se encuentre establecida como secreta o de carácter reservado por las leyes y las instituciones públicas deben llevar adelante una serie de medidas que la ley señala para “asegurar el más amplio y fácil acceso a los interesados”. Estos dos artículos a su vez se correlacionan con el art. 8 que dispone de la información mínima o información clave que está sujeta al régimen de transparencia activa que se traduce en el listado de informaciones que las instituciones públicas deben publicar obligatoriamente sin necesidad de que recaiga una solicitud de acceso a la información.

De acuerdo con el marco jurídico interamericano señalado por la Relatoría Especial (2010), los Estados deben llevar adelante una serie de medidas para garantizar adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones que nacen con el derecho de acceso a la información pública. En este sentido, a saber, expone sobre las siguientes obligaciones

1) Responder de manera oportuna, completa y accesible a las solicitudes que sean formuladas;

2) Contar con un recurso que permita la satisfacción del derecho de acceso a la información;

3) Contar con un recurso judicial idóneo y efectivo para la revisión de las negativas de entrega de información;

4) Transparencia activa;

5) Producir o capturar información; 6) Generar una cultura de transparencia; 7) Implementación adecuada;

8) Adecuar el ordenamiento jurídico a las exigencias del derecho de acceso a la información.

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elegido por el solicitante. El cumplimiento de esta disposición se verifica cuando la institución pública respondió: dentro del plazo o de manera inmediata cuando la información ya esté disponible por cualquier medio fehaciente; de manera congruente con lo solicitado; en el formato requerido que a su vez esté disponible para cualquier persona.

Con respecto a la segunda obligación de contar con un recurso que permita la satisfacción del derecho de acceso a la información, la Relatoría Especial (2010) señala: “…debe ser un recurso sencillo” orientado a llenar “requisitos básicos como la identificación razonable de la información solicitada…”, así como “… los datos requeridos para que la administración pueda entregarle la información al interesado…”; además de gratuito o de bajo costo y con plazos cortos pero razonables; así como la amplitud en la modalidad de la presentación, por ejemplo de forma oral; la obligación de asesorar al solicitante; y la obligación de que la respuesta negativa sea motivada y la posibilidad de que ésta pueda ser impugnada ante un órgano superior o autónomo y posteriormente cuestionada en la vía judicial (pág. 7).

La ley paraguaya en su art. 12 reconoce el derecho a solicitar información mediante una amplia gama de posibilidades, ya sea presentando la solicitud ante la oficina establecida en la fuente pública correspondiente, personalmente, por correo electrónico, en forma escrita o verbal. De acuerdo con el mismo artículo, “…la presentación contendrá la identificación del solicitante, su domicilio real, la descripción clara y precisa de la información pública que requiere, y finalmente, el formato o soporte preferido, sin que esto último constituya una obligación para el requerido…”.

En el art. 13 de la ley paraguaya, de acuerdo con el principio de buena fe que señalan los estándares interamericanos, en caso de que la solicitud presentada no posea todos los datos requeridos el funcionario público debe advertir al solicitante los defectos para que los subsane y complete su presentación, a los efectos de su tramitación.

Asimismo, en esta misma línea, el art. 14 señala que si la fuente pública requerida no cuenta con la información pública solicitada, ya sea porque es incompetente para entregarla o por no tenerla, el responsable debe enviar la presentación a aquella habilitada para tal efecto.

Además, de manera a reasegurar la garantía de acceso, la ley dispone en su art. 15 que “no podrán ser motivo de rechazo o archivo las solicitudes por defectos formales o incompetencia”. Las únicas limitaciones se dan cuando la información pública ya está disponible, y en ese caso, de acuerdo con el art. 17, el funcionario público debe indicar “…la disponibilidad de la información e indicar la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a la misma…”, con lo cual, de acuerdo con la ley, se entiende que se dio cumplimiento a la obligación de informar.

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y las autoridades han estado acostumbrados a indagar los motivos por los cuales cualquier persona o grupo de personas podrían estar interesados en solicitar información. Además, las barreras económicas que pueden presentarse para grupos vulnerables deben quedar totalmente allanadas con la ley. En consecuencia, tanto el costo como la necesidad de motivar un pedido de información queda totalmente abolido por ley y los funcionarios públicos son responsables de actuar de buena fe para cumplir con estas disposiciones. Además, para asegurar que la disposición sea efectiva, la ley en su art. 31 obliga a las instituciones a prever las partidas presupuestarias necesarias de manera tal a implementar adecuadamente las obligaciones de acceso a la información pública.

La ley paraguaya además reconoce el recurso optativo de reconsideración ante las negativas de proveer información por parte de las instituciones públicas, ya sea por respuestas parciales, incompletas y en los casos de silencio. En todos los casos, de acuerdo con el art. 19, la negativa deber ser mediante “(…) resolución fundada, la que deberá ser dictada por la máxima autoridad de la fuente pública requerida, quien expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basa la decisión (…)” y además, en este caso, el funcionario público debe indicar las vías procesales que le son otorgadas al solicitante para el reclamo de la decisión así como los órganos legales competentes para entender en esa cuestión. Esta obligación legal es un gran avance en comparación a la tradición clásica del derecho administrativo que exige agotar los recursos puramente administrativos antes de elevar a la justicia.

Con respecto a la tercera obligación de contar con un recurso judicial idóneo y efectivo para la revisión de las negativas de entrega de información, el recurso judicial está expresamente establecido en la ley bajo el título de Acción Judicial y dispone una serie de cuestiones desde el 23 al 27. Sin embargo, la ley no deja en claro cuál debe ser el procedimiento mediante el cual debe sustanciarse el eventual juicio sino que solo otorga la posibilidad de acudir ante cualquier Juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar de su domicilio o en donde tenga su asiento la fuente pública. Sobre el punto, la Acordada n°. 1005 de fecha 21 de septiembre de 2015 de la Corte Suprema de Justicia estableció que el procedimiento de amparo constitucional es el procedimiento mediante el cual debe sustanciarse un juicio de acceso a la información pública. A esto, cabe sumar que, de acuerdo con la Constitución, el procedimiento del amparo debe ser breve, sumario y gratuito.

Sobre la cuarta obligación, la transparencia activa, se encuentra a partir del Título III Información Mínima en la citada ley paraguaya. La ley enumera una serie de informaciones clave o información mínima que debe ser puesta a disposición en las páginas webs de las instituciones públicas y, además, se establecen obligaciones especiales para los tres poderes del Estado.

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existe cuando la competencia esté expresamente señalada en la ley orgánica de la institución. De acuerdo con lo expuesto por la Relatoría Especial (2012), sobre la información respecto de graves violaciones a los derechos humanos,

la Corte Interamericana, en el Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha Araguaia), reconoció que el derecho de acceso a la información no se satisface plenamente con una respuesta estatal en la que se declara que la información solicitada es inexistente (pág. 102).

Al respecto, menciona que en las situaciones en las cuales el Estado carga con las obligaciones de conservar, producir o capturar información “y considera sin embargo que la misma no existe” asimismo carga con la obligación de “exponer todas las gestiones que adelantó para intentar recuperar o reconstruir la información perdida o ilegalmente sustraída” (pág. 102).

En relación con la sexta obligación, la ley paraguaya no menciona expresamente sobre medidas que deba llevar el Estado para generar una cultura

de transparencia. Lo más parecido a esto podría decirse que se encuentra en el art.

31 por el cual se expresa la obligación de prever en el presupuesto los recursos para implementar las obligaciones de la ley.

Con respecto a la séptima obligación, sobre la implementación adecuada

(muy ligada a la anterior) la ley paraguaya tampoco menciona nada al respecto. Sin embargo, merece observarse que distintas instituciones públicas y distintas acciones provenientes por parte de organizaciones de la sociedad civil y acciones concretas en el marzo de las políticas de gobierno abierto están vinculadas directamente a los esfuerzos encaminados a implementar adecuadamente el derecho de acceso a la información pública.

Sobre la octava obligación, de adecuar el ordenamiento jurídico a las

exigencias del derecho de acceso a la información, la ley paraguaya contiene

los estándares mínimos para garantizar el derecho de acceso a la información pública. No obstante, la técnica legislativa empleada en la ley omitió derogar de manera expresa aquellas disposiciones incompatibles con este derecho. En este sentido, una serie de limitaciones establecidas de manera directa e indirecta se encuentran actualmente vigentes en el marco normativo paraguayo (Legal Aguilar, 2018). De acuerdo con esta situación, corresponde al poder judicial en los casos concretos determinar la validez de disposiciones contrarias a esta ley y posibles inconstitucionalidades o normas contrarias a la Convención.

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información bajo control del Estado”. Come fue mencionado, el art. 19 de la ley paraguaya dispone que

“solo se podrá negar la información pública requerida mediante resolución fundada, la que deberá ser dictada por la máxima autoridad de la fuente pública requerida, quien expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basa la decisión”. La ley de acceso a la información en la práctica

De acuerdo con los datos publicados en el Portal Unificado de Información Pública, 15.896 solicitudes se encuentran cargadas desde su puesta en funcionamiento en 2015. Con respecto a la satisfacción de los usuarios sobre las respuestas brindadas por las instituciones públicas, con base en 1.014 solicitudes, el 27.2% ha señalado que no han sido satisfechas.

Con base en esta estadística, al menos unos doscientos usuarios han recibido o: respuestas incongruentes; fuera del plazo; en formatos no accesibles; no han recibido respuestas. Las estadísticas señaladas por el Portal no indican bajo qué parámetro ha ocurrido la insatisfacción. Por otro lado, si se observan los datos publicados por la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia, al menos 50 casos judiciales se han presentados para requerir información pública por la vía judicial. La relación de datos sugiere que un alto porcentaje de solicitudes que encontraron negativas en instituciones públicas no se encuentran judicializadas, aunque no se advierte que las mismas hayan sido reconsideradas o respondidas luego de la reconsideración.

Los datos sugieren que la vía judicial no es la vía común adoptada. Un análisis más detallado debería explorar las razones del porqué las personas eligen no judicializar las negativas.

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Referencias

Corte Suprema de Justicia. (s.f.). Corte Suprema de Justicia. Recuperado el 23 de noviembre de 2018, de Casos judiciales sobre acceso a la información pública: https://www.pj.gov.py/transparencia-documentos

Costa, J. M. (2014). El acceso a la información pública en Paraguay. Aportes

desde la justicia a un derecho fundamental para la democracia. Asunción: Instituto

de Investigaciones Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia.

Legal Aguilar, F. (2018). Libre acceso a la información en poder del Estado.

Asunción: El Lector.

Relatoría Especial para la Libertad de Expersión / Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2010). Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, El

Derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano. Washington:

Organización de Estados Americanos.

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Washington D.C.: Organización de Estados Americanos.

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión / Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2014). Informe anual de la Relatoría Especial para la

Libertad de Expresión. Washington: Organización de Estados Americanos.

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