Ciudad de México, a veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SRE-PSC-74/2018

DENUNCIANTE: PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

DENUNCIADOS: ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA Y OTRO

MAGISTRADO EN FUNCIONES PONENTE: CARLOS HERNÁNDEZ TOLEDO

SECRETARIO: RAYMUNDO APARICIO SOTO

COLABORÓ: AURELIO ENRIQUE BENÍTEZ PRIETO

Ciudad de México, a veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la infracción consistente en la contratación y/o adquisición de tiempos en televisión atribuida a Adalberto Arturo Madero Quiroga, actualmente candidato por el Partido Verde Ecologista de México1 a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, así como a Televisión Digital S.A. de C. V., con motivo de la difusión en televisión de un reportaje, el cual representa un ejercicio periodístico.

A N T E C E D E N T E S

I. Proceso electoral 2017-2018

1. A. Inicio del proceso electoral de Nuevo León2. El seis de noviembre de dos mil diecisiete3, inició el proceso electoral local para elegir, entre otros puestos, el de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.

1 En lo subsecuente, PVEM.

2 Consultable en http://www.tribunalelectoral.gob.mx/category/entidad/nuevo-leon

3 Las fechas a las que se hace referencia en la presenta sentencia corresponden al año dos mil dieciocho, a menos que se especifique lo contrario.

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2. B. Precampaña, campaña y jornada electoral. Las precampañas del proceso electoral se realizaron del tres de enero al once de febrero.

3. En tanto que el periodo de campañas se llevará a cabo del veintinueve de abril al veintisiete de junio, y la jornada electoral será el primero de julio4.

II. Sustanciación del procedimiento especial sancionador

4. 1. Denuncia. El treinta de marzo, el Partido Revolucionario Institucional5, por conducto de su representante ante la Comisión Municipal Electoral de Monterrey, presentó escrito de denuncia ante la Junta Local Ejecutiva6 del Instituto Nacional Electoral7 en el estado de Nuevo León, en contra de Adalberto Arturo Madero Quiroga, actualmente candidato por el PVEM a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Monterrey, de dicha entidad federativa, así como de Multimedios Televisión S.A. de C.V., derivado de la transmisión de un video durante el Noticiero “Telediario Vespertino”, el cual fue difundido el veintiocho de marzo y que, a decir del denunciante, configura la realización de actos anticipados de campaña, así como la contratación y/o adquisición de tiempos en televisión.

5. 2. Turno a la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE. En esa misma fecha, mediante acuerdo INE/VS/JLE/NL/0741/2018, la Junta Local remitió el escrito de queja a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE8, lo anterior, por estimar que las infracciones denunciadas eran competencia de la autoridad nacional.

4 A partir de 2015 la celebración de elecciones federales y locales será el primer domingo de junio del año que corresponda, salvo en 2018, que será el primer domingo de julio.

Segundo transitorio numeral 8, fracción II, inciso a) del DECRETO publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 10 de febrero de 2014.

5 En adelante, PRI.

6 En lo subsecuente, Junta Local.

7 En lo siguiente, INE.

8 En adelante, autoridad instructora.

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6. 3. Radicación, incompetencia, admisión y reserva de emplazamiento. El tres de abril, la autoridad instructora radicó la

referida denuncia con la clave UT/SCG/PE/PRI/JL/NL/148/PEF/205/2018, asimismo, determinó la

incompetencia del INE para conocer de la presunta realización de actos anticipados de campaña, señalando como autoridad competente a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León9 para conocer dicha conducta denunciada, motivo por el cual le fue remitida copia certificada de las constancias que integran el expediente.

7. Por otra parte, la autoridad instructora determinó su competencia en relación con la presunta contratación y/o adquisición de tiempo en televisión, admitió a trámite la queja respecto dicha conducta y reservó la determinación sobre el emplazamiento, en tanto concluyeran las diligencias de investigación.

8. 4. Medidas Cautelares. Mediante el acuerdo referido en el apartado anterior, la autoridad instructora se pronunció sobre la solicitud de medidas cautelares por parte del denunciante, mismas que fueron formuladas con el objeto de ordenar la suspensión de la difusión de cualquier tipo de videos en televisión en los que se hiciera promoción del referido candidato.

9. Al respecto, la autoridad instructora determinó que la autoridad local era la competente para dar inicio al procedimiento sancionador por violaciones a la normativa electoral local, y que en caso de advertir la necesidad de adoptar una medida cautelar consistente en la suspensión de la transmisión en televisión de la propaganda denunciada, sería esa autoridad local la encargada de remitir a la autoridad federal su solicitud respectiva debidamente fundada y motivada10.

9 En lo subsecuente, Comisión Estatal

10 Con la precisión, de que dicho acuerdo no fue impugnado por el quejoso.

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10. 5. Vista de la Comisión Estatal. Mediante oficio SE/CEE/00672/2018 la Comisión Estatal, dio vista a la autoridad instructora sobre la queja presentada por el PRI ante dicha autoridad local y que fue radicada con el número de expediente PES-59/2018, del cual remitió copia certificada.

11. Al respecto, la autoridad instructora determinó que la queja presentada ante la Comisión Estatal resultaba idéntica a la radicada por la autoridad federal, por lo que al tratarse de actos sobre los que ya se había pronunciado, acordó agregar la documentación en el expediente que se actúa e informar dicha determinación a la autoridad local.

12. 6. Emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos. El dieciocho de abril, la autoridad instructora ordenó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual tuvo verificativo el veintitrés de abril siguiente.

13. 7. Remisión del expediente a la Sala Regional Especializada11. En su oportunidad, la autoridad instructora remitió a la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el expediente formado con motivo de la instrucción del presente procedimiento, el cual se remitió a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto de que llevara a cabo la verificación de su debida integración.

14. 8. Turno a ponencia. El veinticuatro de abril, la Magistrada Presidenta por ministerio de Ley, acordó integrar el expediente SRE- PSC-74/2018 y turnarlo a la ponencia del Magistrado en funciones ponente.

11 En lo subsecuente, Sala Especializada.

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15. 9. Radicación. En su oportunidad, el Magistrado ponente radicó el expediente al rubro indicado y se procedió a elaborar el proyecto de resolución.

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. COMPETENCIA

16. Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente asunto, porque se trata de un procedimiento especial sancionador en el que se denuncia la contratación y/o adquisición de tiempos en televisión, cuestión que pudiera vulnerar lo dispuesto por el artículo 41, base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos12, lo cual es de conocimiento exclusivo de la autoridad federal.

17. Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base III, Apartado D y 99, párrafo cuarto, fracción IX, de la Constitución Federal, y con lo dispuesto por el artículo 475 en relación con el 470, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales13, así como los artículos 192 y 195, último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación14.

SEGUNDA. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

i. Los hechos denunciados no constituyen violaciones en materia electoral

18. Por medio de su escrito de alegatos, Adalberto Arturo Madero Quiroga, por conducto de su representante alega que la queja interpuesta en su contra se fundamenta en disposiciones normativas inatendibles. Lo anterior implica que al no haber fundamento legal

12 En adelante, Constitución Federal.

13 En adelante, Ley General.

14 Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Sala Superior, de rubro 25/2010 de rubro PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES RESPECTIVOS.

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6 oponible a los hechos denunciados, se traduce en la inexistencia de violaciones en materia electoral.

19. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que no se actualiza la causal de improcedencia aludida por el denunciado referido, porque en el caso, el denunciante señaló explícitamente los hechos que estimó contrarios a la normatividad electoral, precisó las consideraciones y los preceptos jurídicos aplicables al caso concreto y ofreció los medios de prueba que sustentaban sus pretensiones, motivo por el cual, corresponde al estudio de fondo que haga este órgano jurisdiccional para determinar la existencia de una probable infracción en materia electoral.

ii. Falta de fundamentación del acuerdo de emplazamiento e indebida notificación

20. Por su parte, Televisión Digital, S.A. de C.V., por conducto de su representante, manifestó que la autoridad instructora incurrió en una violación al principio de legalidad por indebida fundamentación, al no invocar el precepto legal del Reglamento de Quejas y Denuncias, con el que cumpla la formalidad de un debido emplazamiento.

21. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que no le asiste la razón, ya que, del acuerdo de emplazamiento, se desprende que la autoridad instructora fundó y motivó su actuación con base en el párrafo 7 del artículo 471 de la Ley General, mismo que establece lo siguiente:

“Artículo 471.

…7. Cuando la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva admita la denuncia, emplazará al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le informará al denunciado de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos.”

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22. El referido fundamento legal es suficiente para la emisión del citado acuerdo de emplazamiento, pues en todo caso, el artículo 67 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE que se estima omitió señalar la autoridad instructora, reproduce los mismos supuestos normativos que la ley electoral referida, motivo por el cual, se considera que no le asiste la razón a los denunciados, sin que éste órgano jurisdiccional observe alguna actuación que pudiera haber conculcado el derecho fundamental del debido proceso, que establece el artículo 1415de la Constitución Federal

23. No pasa desapercibido por este órgano jurisdiccional que el mencionado representante legal argumentó que se emplazó a un procedimiento viciado de origen, ya que menciona que no le fue debidamente notificado el oficio mediante el cual, la autoridad instructora le requirió cierta información.

24. Sin embargo, se estima que no le asiste la razón al denunciado, puesto que en la notificación de tal requerimiento, el notificador asentó el domicilio de Televisión Digital, S. A. de C. V.16, así como la forma en la que se cercioró de encontrarse en el domicilio correcto.

Asimismo, identificó plenamente a la persona que atendió la notificación y la relación que guardan con la persona buscada.

25. Aunado a esto, el notificador dejó citatorio para que el representante legal atendiera la notificación respectiva, en las fecha y hora señaladas, por lo que, al no atender a tal citatorio, el notificador procedió a realizar las notificaciones con la persona que se encontraba en el domicilio de la persona moral buscada, de

15 De conformidad con la tesis aislada IV/2014 de rubro: DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. Tesis: 1a. IV/2014, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. II, enero de 2014, página 1112;

la jurisprudencia 11/2014 de rubro: DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Tesis: 1a./J. 11/2014, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. I, febrero de 2014, página 396; y la jurisprudencia 47/95 de rubro:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Tesis: P./J.

47/95, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, diciembre de 1995, página 133.

16 Visible a fojas 304 – 309 del expediente.

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8 conformidad al artículo 460 de la Ley General, en relación con el artículo 29 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE. Por lo que, la notificación que se observa surtió plenos efectos legales, esto es, la persona moral denunciada tuvo conocimiento de los referidos oficios, tan es así que compareció al presente procedimiento en tiempo y forma para ejercer su garantía de audiencia.

TERCERA. CONTROVERSIA

26. Al respecto, esta Sala Especializada considera que el aspecto a dilucidar ante la jurisdicción electoral federal consiste en lo siguiente:

• La presunta vulneración a lo dispuesto en los artículos 41, Base III, Apartados A, párrafos segundo y tercero de la Constitución Federal; 159, párrafos 4 y 5; 445, párrafo 1, inciso f) y 452, párrafo 1, incisos a), b) y e) de la Ley General, atribuibles a Adalberto Arturo Madero Quiroga, actual candidato a la Presidencia Municipal para el Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, así como a Televisión Digital S. A. de C.V.17, derivado de la difusión de un video en el canal 25 (canal virtual 6.1 y 12.1) de dicha concesionaria de televisión, transmitido el veintiocho de marzo, durante el noticiero

“Telediario”, en el que aparece dicha persona, lo cual, desde la perspectiva del denunciante, pudiera actualizar la infracción consistente en adquisición y/o contratación de tiempos en televisión.

CUARTA. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO

17 Es importante destacar que, si bien el quejoso señaló como sujeto infractor a Multimedios Televisión, S.A. de C.V., la autoridad instructora determinó no emplazar al presente procedimiento especial sancionador a la referida empresa por dicha conducta, toda vez que, de las diligencias de investigación realizadas, advirtió que la concesionaria del canal de televisión a través del cual se difundió el video denunciado es Televisión Digital, S.A. de C.V.

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9 I. VALORACIÓN PROBATORIA

27. Antes de analizar la legalidad o no de los hechos denunciados en el presente asunto, es necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se realizaron, a partir de los medios de prueba que constan en el expediente.

1. Pruebas ofrecidas por el denunciante

28. 1.1 Técnica. Consistente en un disco compacto el cual contiene el video denunciado, con el que se pretende acreditar la existencia de los hechos materia de la queja.

2. Pruebas recabadas por la Comisión Estatal en el PES- 59/2018

29. 2.1 Documental Pública. Consistente en copia certificada del oficio presentado el dieciséis de marzo ante la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal, por el Secretario del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM, a través del cual informa a la Comisión Estatal, que Adalberto Arturo Madero Quiroga fue designado de manera directa por el Consejo Político Estatal, como candidato para competir en el proceso electoral ordinario local, para el cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.

30. 2.2 Documental Pública. Consistente en el oficio DOYEE/128/2018, emitido por el Director de Organización y Estadística Electoral de la Comisión Estatal, presentado ante la Dirección Jurídica de la referida Comisión Estatal, con fecha dos de abril, a través del cual se comunica que el ciudadano Adalberto Arturo Maduro Quiroga, se registró el día veintiocho de marzo, como candidato para la presidencia municipal de Monterrey, Nuevo León, por el PVEM.

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31. 2.3 Documental Pública. Consistente en el oficio UCS/CEE/040/2018, emitido por el Jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Comisión Estatal, presentado ante la Dirección Jurídica de la referida Comisión, con fecha dos de abril, a través del cual hace constar que del monitoreo efectuado en radio y televisión, se verificó la difusión del video denunciado con fecha veintiocho de marzo. Se agrega a dicho oficio un disco compacto con el referido video, así como la impresión de imágenes del mismo.

3. Pruebas recabadas por la autoridad instructora

32. 3.1 Documental Pública. Consistente en el oficio INE- DJ/DSL/SSL/8327/2018, emitido por la Dirección de Servicios Legales del INE, de fecha cuatro de abril, a través del cual se remite la constancia de la búsqueda de Adalberto Arturo Madero Quiroga, realizada en el Sistema de Información del Registro Federal de Electores, a efecto de obtener su último domicilio registrado ante dicho sistema.

33. 3.2 Documental Pública. Consistente en la comunicación interna de fecha nueve de abril, identificada con el folio DEPPP-2018-3980, emitida por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos18 del INE, a través de la cual informa que el Sistema Integral de Verificación y Monitoreo generó el testigo de grabación correspondiente al veintiocho de marzo, en un horario de las 13:30 a las 14:00 horas, respecto de la señal identificada con las siglas XHAW-TDT, que corresponde al canal 25 (canal virtual 6.1 y 12.1), concesionado a Televisión Digital S. A. de C. V., el cual se trasmite en el Estado de Nuevo León.

34. A través de dicho oficio se agrega un disco compacto correspondiente con el contenido del testigo de grabación referido en el párrafo anterior, asimismo, se informa la imposibilidad de

18 En adelante, Dirección de Prerrogativas.

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11 realizar el monitoreo total, toda vez que las entrevistas, debates políticos y noticieros no cuentan con un patrón definido de duración, a efecto de generar las huellas acústicas respectivas y realizar la búsqueda en el Sistema Integral de Verificación y Monitoreo para su posterior detección. No obstante, se informa que se generarían los testigos de grabación de la emisora XHAW-TDT, correspondiente al cuatro y cinco de abril, mismos que serían remitidos en su oportunidad.

35. 3.3 Documental Pública. Consistente en el oficio SE/CEE/00672/2018, emitido por la Comisión Estatal, a través del cual se le remite a la autoridad instructora copia certificada de las constancias que integran el expediente identificado con la clave PES 059/2918, iniciado con motivo de la denuncia presentada por el PRI, ante la Comisión Municipal Electoral de Monterrey, Nuevo León19.

36. 3.4 Documental Pública. Consistente en la comunicación interna de nueve de abril, identificada con el folio DEPPP-2018-3980, a través del cual la Dirección de Prerrogativas remite en alcance a la autoridad instructora, el informe del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo, que contiene los testigos de grabación de la emisora XHAW-TDT, canal 25 (canal virtual 6.1 y 12.1) de Nuevo León, correspondiente a los días cuatro y cinco de abril, durante el horario comprendido de las 06:00 a las 23:59 horas.

37. Se agregan al informe dos discos compactos con los testigos de grabación de la programación de la emisora en los días y horas señalados, de los cuales, su contenido será analizado en un apartado posterior.

19 Expediente relacionado con el escrito de queja que se describe en el antecedente marcado con el número 5.

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38. 3.5 Documental Privada. Consistente en el escrito signado por el representante legal de Multimedios, S.A. de C.V.20, recibido el cinco de abril, mediante el cual da respuesta al requerimiento de la autoridad instructora, en el que señala que su representada no cuenta con ninguna concesión para explotar el espectro radioeléctrico, por lo que es imposible haber realizado o llevado a cabo la transmisión del programa denominado “Telediario Vespertino”.

39. 3.6 Documental Privada. Consistente en el escrito signado por el representante legal de Televisión Digital, S.A. de C.V., mediante el cual da respuesta al requerimiento de la autoridad instructora, en el que esencialmente señala lo siguiente:

• Su representada obtuvo una concesión para explotar el espectro radioeléctrico, con el canal de televisión abierta denunciado.

• Transmitió el video de referencia en el programa denominado Telediario Vespertino.

• Se transmitió el video con base en la libertad de prensa,

• Señala que del contenido del material denunciado no se advierte que este hecho pueda influir en las preferencias electorales, o que se realice propaganda o promoción personal de algún personaje público.

• Ni el candidato, ni tercera persona contrató publicidad alguna y que trata sobre hechos noticiosos.

• No se sigue transmitiendo el video a la fecha de notificación del acuerdo.

• Se transmitieron actividades de otros candidatos, como lo son, enunciativa más no limitativamente: Adrián de la Garza, Felipe de Jesús Cantú y Adalberto Madero.

40. Adjunto a su respuesta, remitió un disco compacto con los testigos de grabación, cuyo contenido será analizado en un apartado posterior.

20 Cabe precisar, que aun cuando el denunciado señaló como responsable a Multimedios Televisión, S.A. de C.V, dicha empresa contestó el requerimiento referido bajo la denominación de Multimedios, S.A. de C.V.

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41. 3.7 Documental Pública. Consistente en el Oficio CEESE/00705/2018 de siete de abril, signado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal, dirigido a la autoridad instructora, a través del cual, adjuntó la solicitud de registro de Adalberto Arturo Madero Quiroga como candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo León, postulado por el PVEM.

42. 3.8 Documental Privada. Consistente en el escrito de siete de abril, presentado por el ciudadano Adalberto Arturo Madero Quiroga, mediante el cual da respuesta al requerimiento de la autoridad instructora, señalándose esencialmente lo siguiente:

• El suscrito acepta ser candidato al cargo de Presidente Municipal del Municipio de Monterrey Nuevo León, postulado por el PVEM.

• Niega haber contratado u ordenado del video denunciado.

• No existe ningún acto jurídico que se haya celebrado para formalizar la difusión del video y niega haber pactado cualquier cantidad a erogar.

• No se convocó a ningún medio de comunicación a una rueda de prensa, sino que se cubrió la nota, derivado del interés de la concesionaria al encontrarse con el suscrito y al ser éste un personaje público de la comunidad en la que vive.

• El reportaje se encuentra amparado bajo la libertad de expresión.

43. 3.9 Documental Pública. Consistente el acta circunstanciada instrumentada el pasado diecisiete de abril, por medio del cual la autoridad instructora certifica el disco compacto aportado por el quejoso, el cual contiene el video denunciado y cuyo contenido será analizado en un apartado posterior.

44. 3.10 Documental Pública. Consistente en el acta circunstanciada instrumentada el doce de abril, por medio del cual la autoridad instructora certifica el contenido de los discos compactos proporcionados por la Dirección de Prerrogativas.

45. Del análisis al contenido de los discos, correspondiente a la transmisión del día veintiocho de marzo, se hace constar que el

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14 reportaje materia de la denuncia fue difundido en la fecha referida, dentro del horario comprendido de las 13:50:49 a las 13:53:14 horas.

46. La autoridad instructora certifica que del análisis a los testigos de grabación correspondientes al cuatro de abril, no se advierte que video denunciado fuera retransmitido en esa fecha.

47. Por otra parte, la autoridad instructora certifica que del análisis a los testigos de grabación correspondientes al cinco de abril, no se encontraron transmisiones del video denunciado, sin embargo, se identifica un reportaje diverso al denunciado por el quejoso, en el que aparece el sujeto denunciado, difundido en el noticiero Telediario, en un horario matutino y otro a medio día, no obstante, los mismos no serán materia de estudio al no formar parte de la controversia del presente procedimiento sancionador.

48. 3.11 Documental Pública. Consistente en el acta circunstanciada elaborada por la autoridad instructora el dieciséis de abril, a través del cual se certifica el contenido de los discos compactos aportados por Televisión Digital S. A. de C.V., en los que se advierte la difusión de cuatro reportajes relacionados con personas distintas al denunciado, como son Adrián de la Garza Santos, Felipe de Jesús Cantú, Patricio Eugenio Zambrano Plant y Aldo Fasci Zuazua, a quienes se les identifica como aspirantes o candidatos a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Monterrey.

49. El contenido de la presente acta circunstanciada será motivo de análisis en un apartado posterior.

Valoración legal de las pruebas

50. Las pruebas antes descritas, se valoran conforme a lo siguiente:

51. Las pruebas identificadas como técnica y documentales privadas tienen el carácter de indiciarias, por lo cual deben analizarse con los

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15 demás elementos de prueba conforme a lo establecido en los artículos 461, párrafo 3, incisos b) y c), así como 462, párrafo 3 de la Ley General, no obstante que las mismas no fueron controvertidas por las partes.

52. Las actas certificadas realizadas por la autoridad instructora, así como lo oficios aportados por la Dirección de Prerrogativas y por la Dirección de Servicios Legales del INE, así como aquellas recabadas por la Comisión Estatal, identificadas como documentales públicas, se valoran en términos de los artículos 461, párrafo 3, inciso a) y 462, párrafo 2, de la Ley General, pues son actuaciones emitidas por la autoridad electoral en ejercicio de sus funciones.

53. De igual forma cabe señalar, que los testigos aportados por la Dirección Prerrogativas tienen pleno valor probatorio, de conformidad de conformidad a la Jurisprudencia 24/2010, de rubro:

“MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN. LOS TESTIGOS DE GRABACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENEN, POR REGLA, VALOR PROBATORIO PLENO.”

II. HECHOS ACREDITADOS

54. En ese tenor, una vez señalada la descripción de las pruebas que obran en el expediente, así como el valor que ostentan individualmente conforme a la Ley General, lo procedente es identificar los hechos relacionados con la controversia que han quedado acreditados, conforme a la concatenación de las probanzas entre sí.

1. Calidad de Adalberto Arturo Madero Quiroga

55. Mediante pruebas aportadas por la Comisión Estatal, el PVEM, y el propio Adalberto Arturo Madero Quiroga, se tiene por acreditado que actualmente el sujeto denunciado se encuentra registrado desde el

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16 veintiocho de marzo, como candidato del PVEM para el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Monterrey.

2. Existencia, difusión y contenido del material denunciado

56. Mediante pruebas aportadas por la Dirección de Prerrogativas, así como del escrito presentado por la concesionaria Televisión Digital, S.A. de C.V., se tiene por acreditado que el día veintiocho de marzo, fue difundido en televisión el video denunciado, a través del canal 25 (canal virtual 6.1 y 12.1), identificado con las siglas XHAW-TDT, perteneciente a dicha concesionaria de televisión21, el cual tiene cobertura en el Estado de Nuevo León, mismo que se transmitió a través de un programa de noticias identificado como “Telediario”.

57. El contenido del video denunciado será analizado en el fondo de la presente resolución, a fin de que este órgano jurisdiccional determine si se actualiza la infracción denunciada.

3. Existencia de diversos reportajes al denunciado

58. A través de los testigos de grabación aportados por Televisión Digital S. A. de C. V., se tiene por acreditado que se difundieron diversos reportajes al denunciado, a través del programa de noticias

“Telediario”, los cuales, a manera de síntesis, se exponen a continuación:

VIDEOS CONTENIDO

21 Al respecto, cabe precisar que el PRI señala en su queja que la difusión del video denunciado se transmitió por el Canal 6.1, no obstante, de conformidad a la información que se observa del “Listado de señales virtuales” publicado en la página oficial de internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se advierte que el Canal 25 (canal virtual 12.1) y el diverso señalado por el denunciante, es uno mismo, el cual está concesionado a Televisión Digital S. A. de C.V. para su transmisión en el Estado de Nuevo León, por lo que no existen diferencia entre las señales referidas. Para mayor referencia consúltese:

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/comunicacion-y- medios/1.listadocv2do20032018versionaccesible.pdf

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19 denunciado transmitido en televisión es un reportaje elaborado por un programa de noticias, el cual constituye un auténtico ejercicio periodístico, sin que existan pruebas que permitan acreditar la contratación y/o adquisición de tiempo en televisión.

A. MARCO NORMATIVO

Adquisición en tiempos de radio y televisión

60. El artículo 41 de la Constitución Federal establece, entre otras cosas, los principios que rigen el actual modelo de comunicación política en el país, teniendo como trasfondo la procuración de la protección de las condiciones de equidad en los comicios que se pudieran ver afectadas por el acceso inequitativo a los medios masivos de comunicación: particularmente, radio y televisión.

61. Así, por ejemplo, se garantiza a los partidos políticos nacionales el derecho a usar de manera permanente los medios de comunicación social, mientras que se establece que el INE es la única autoridad facultada para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, el cual se destinará a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales.

62. Particularmente, en este mismo artículo se estableció que los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

63. Además, se estableció que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

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64. Aunado a lo anterior, la misma Constitución dispone que estas dos prohibiciones deberán ser igualmente cumplidas en el ámbito de las entidades federativas.

65. En concordancia con lo anterior, el artículo 447, párrafo 1, incisos b) y e) de la Ley General establece como una de las infracciones en las que los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos pueden incurrir, el contratar propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

66. Por su parte, el diverso 452, párrafo 1, incisos a), b) y e), de la Ley General establece las infracciones en que pueden incurrir los concesionarios de radio y televisión, cuando realizan la venta de tiempo de transmisión en cualquier modalidad de programación, así como llevar a cabo la difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al INE.

67. De esa forma, la prohibición expresa para los partidos políticos, precandidatos o candidatos, concesionarias y cualquier persona física o moral de contratar, por sí o por cuenta de terceros, tiempos de transmisión tanto en radio como en televisión, obedece a una restricción de base constitucional y legal.

68. Así, la finalidad de las bases constitucionales y legales del modelo de comunicación política en cuanto hace a la difusión de las ideas de corte político electoral a través de la radio y a la televisión es la de procurar que esto se haga únicamente en los tiempos que el Estado, a través del INE, les asigne a las diversas fuerzas políticas, siendo ilícito que mediante actos de contratación y/o adquisición de tiempo aire en estos medios masivos de comunicación se pueda acceder a tal posibilidad.

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21 Libertad de expresión y libertad informativa

69. En términos de los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal y 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se prescribe que la libertad de expresión y la libertad informativa no pueden restringirse por vías o medios indirectos como el abuso de controles oficiales o de cualquier otro medio que esté encaminado a impedir la comunicación y la circulación de las ideas y opiniones.

70. En la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los derechos a la libertad de expresión e información se conciben como mecanismos fundamentales con que cuenta la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público.

71. En el sistema dual que ha confeccionado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su jurisprudencia y la posición que ha seguido la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha establecido que la libertad de expresión, en sus dos dimensiones, individual y social, debe atribuirse a cualquier forma de expresión.

72. Al efecto, dicho Tribunal Interamericano ha sostenido que las libertades de expresión e información implican el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; de ahí que en su ejercicio se requiere que nadie sea arbitrariamente disminuido o impedido para manifestar información, ideas u opiniones22.

73. Asimismo, en el Caso Ríos y otros vs. Venezuela estableció que la libertad de expresión, particularmente, en asuntos de interés público

“es piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”, que sin una efectiva garantía se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia; en tanto que los mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden

22 Véase caso: La última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros vs. Chile).

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22 volverse inoperantes y crear en definitiva un campo fértil para el surgimiento de sistemas autoritarios.

74. Por otra parte, en la Opinión Consultiva OC-5/85 conocida como la Colegiación Obligatoria de Periodistas, determinó que el periodismo y los medios de comunicación tienen un propósito y una función social. Esto, porque la labor periodística implica buscar, recibir y difundir información y los medios de comunicación en una sociedad democrática son verdaderos instrumentos de la libertad de expresión e información; por lo que resulta indispensable que busquen las más diversas informaciones y opiniones.

75. En ese orden de ideas, se puede concluir que, en principio, todas las formas de expresión cuentan con protección constitucional y convencional.

76. Al respecto, también resulta relevante lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en el sentido de que la libertad de expresión, “en todas sus formas y manifestaciones” es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas; asimismo, que toda persona “tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma”.

77. Lo anterior incluye, como se ha señalado, cualquier expresión con independencia del género periodístico de que se trate o la forma que adopte; empero, los derechos en mención no son absolutos, por lo que pueden ser objeto de restricciones.

78. Al efecto, dicho Tribunal Interamericano ha considerado que “la libertad e independencia de los periodistas es un bien que es preciso proteger y garantizar”, por lo que las restricciones autorizadas para

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23 la libertad de expresión deben ser las "necesarias para asegurar" la obtención de cierto fin legítimo23.

79. En este sentido, en el Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica la citada Corte determinó que la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dependerán de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo; empero, entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala del derecho fundamental que se pretenda proteger.

80. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfatizado que las libertades de expresión e información alcanzan un nivel máximo cuando tales derechos se ejercen por profesionales del periodismo, a través de cualquier medio de comunicación, al considerar que la libre expresión garantiza el libre desarrollo de una comunicación pública donde circulen las ideas, opiniones, juicios de valor y toda clase de expresiones inherentes al principio de legitimidad democrática24.

81. En esa lógica, determinó que las ideas alcanzan un máximo grado de protección cuando: a) son difundidas públicamente; y b) con ellas se persigue fomentar el debate público.

82. En el mismo sentido, la Sala Superior25 ha sustentado que la libertad de expresión tanto en el sentido individual como colectivo implica la indivisibilidad en la difusión del pensamiento y la información, porque constituyen un mecanismo esencial para el intercambio de ideas e información entre las personas.

23 Opinión Consultiva OC-5/85, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 13 de noviembre de 1985, párrafo 79.

24 Véase Tesis XXII/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro: LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN PREFERENCIAL CUANDO SON EJERCIDAS POR LOS PROFESIONALES DE LA PRENSA.

25 SUP-AG-26/2010.

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83. Por ello, se sostuvo que tales libertades deben ser garantizadas en forma simultánea, a fin de dotar de efectividad el derecho a comunicar puntos de vistas diversos y generar la libre circulación de información, ideas, opiniones y expresiones de toda índole para fomentar la construcción de sistemas democráticos pluralistas y deliberativos.

84. Así, las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre temas de interés público gozan de un nivel especial de tutela en el sistema de protección de derechos humanos, porque resultan fundamentales para contribuir a la formación de la opinión pública libre e informada que se torna esencial para el funcionamiento adecuado de la democracia.

85. En este tenor, la Sala Superior ha reafirmado la posición de la Corte Interamericana y la del Máximo Tribunal del país, porque ha sostenido que los canales del periodismo de cualquier naturaleza generan noticias, entrevistas, reportajes o crónicas cuyo contenido refiere elementos de relevancia pública, a fin de dar a conocer a la ciudadanía situaciones propias del debate público y plural.

86. Por eso, se ha enfatizado que tal proceder debe considerarse lícito al amparo de los límites constitucionales y legales establecidos, porque en un Estado Democrático, los medios de comunicación tienen como función esencial poner a disposición de la ciudadanía todos los elementos indispensables, a fin de fomentar una opinión libre e informada.26

87. En ese tenor, también ha sostenido que el derecho humano a la libertad de expresión no es un derecho de carácter absoluto, lo que implica, entre muchos otros aspectos, que en materia electoral su ejercicio debe analizarse a la luz de otros principios constitucionales

26 SUP-JDC-1578/2016.

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25 de observancia necesaria en la consolidación de un Estado Democrático y Constitucional de Derecho, como son los principios de imparcialidad y equidad, rectores de todo proceso comicial.

88. Asimismo, la Sala Superior en el SUP-RAP-593/2017 ha estimado que, dentro de la libertad de expresión, se incluye la de prensa, implicando en principio la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. Por lo tanto, la actividad periodística goza de una presunción de licitud, misma que en todo caso, solo podrá ser superada cuando exista prueba concluyente en contrario, y ante la duda, el juzgador debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística27.

B. CASO CONCRETO

89. En el presente caso, el PRI denuncia la difusión de un video en televisión, a través del canal 25 (canal virtual 6.1 y 12.1), perteneciente a la concesionaria Televisión Digital S. A. de C. V., mismo que fue transmitido el veintiocho de marzo en el programa de noticias denominado “Telediario”.

90. El partido denunciante manifiesta que en dicho video se observa a Adalberto Arturo Madero Quiroga, actual candidato a la Presidencia Municipal para el Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, quien realiza diversas manifestaciones relacionadas con la problemática de los servicios públicos en dicho municipio y la falta de atención a las quejas de la ciudadanía por parte de las autoridades locales, con lo cual, aduce la indebida contratación y/o adquisición de tiempos en televisión.

91. Al respecto, esta Sala Especializada estima que el video denunciado no actualiza la infracción consistente en la contratación o adquisición indebida de tiempos en televisión; lo anterior, en razón de que el

27 Al respecto, la Sala Superior emitió la tesis XVI/2017, de rubro: PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.

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28 denominado “Telediario”, quien a manera de introducción, expone:

“luego de hacer un recorrido por la calles del norponiente, el aspirante del PVEM a la alcaldía… Adalberto Madero Quiroga dijo…”, lo anterior se hace para dar pauta a una serie de imágenes consecutivas en las que aparece el candidato referido y un cintillo con la leyenda “Quejas pueden atenderse en 24 horas”, así como el nombre que lo identifica.

94. Consecuentemente, se advierte la imagen y voz de Adalberto Arturo Madero Quiroga, quien se pronuncia sobre problemáticas que existen en el municipio de Monterrey, Nuevo León, relacionadas con el mal funcionamiento del alumbrado público, el aumento de baches y sobre el desinterés por parte de las autoridades locales.

95. A continuación, una voz en off, expone que: “Adalberto Madero manifestó que las luminarias deben dejarse encendidas para evitar la delincuencia”; bajo esa secuencia, aparece a escena el sujeto referido, a quien se le identifica a través de un cintillo con el carácter de “Aspirante PVEM Alcaldía Monterrey”, quien expone sobre el problema del encendido de las luminarias y el aumento de la delincuencia.

96. Posteriormente, una voz en off, expone que: “Adalberto Madero dijo que las quejas de la ciudadanía se pueden resolver en veinticuatro horas…”, así de nueva cuenta, aparece el sujeto denunciado y señala que las quejas se pueden atender en esa temporalidad si hay interés como “cuando él estaba”.

97. Ahora bien, del análisis al contenido del video denunciado, se advierte la participación activa de tres sujetos. Uno es el conductor del programa de noticias y otro es un reportero, del que sólo se advierte su voz en off. Ambos narran y exponen los hechos que giran en torno a las manifestaciones realizadas por Adalberto Arturo Madero Quiroga, que derivan “de un recorrido” que este hizo por las calles “del norponiente de la ciudad de Monterrey”.

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