Secretaría General y de Gestión. Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad.

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Secretaría General y de Gestión

Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad.

Memorandum

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la Acordada 42/08 que dispuso crear en su ámbito la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa humanidad, con el obejeto de asistir y detectar los problemas que obstaculizan la tramitación de los juicios de Lesa Humanidad. Se aborda la problemática de cada jurisdicción en materia de recursos humanos a partir de un estudio pormenorizado de la organización del personal de los tribunales que tiene causas de esta índole y se confecciona un listado de juicos fallados, en tramite y con fecha de inicio de debate, entre otras funciones de asesoramiento en materia de superintendencia.

El 27 de marzo de 2009, en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia y de conformidad con la Acordada 42/08, comenzó a funcionar la Comisión para la Cooordinación y Agilización de Causas por delitos de lesa Humanidad, integrada por miembros de distintos poderes del Estado y la Unidad de Superintencia para de litos de Lesa Humanidad de la Corte, bajo la coordinación del Secretario General y de Gestión de la Corte Suprema, doctor Alfredo Kraut.

El objetivo de la Comisión es resolver las dificultades que provocaban las demoras en la sustanciación de causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura a través del diálogo entre los tres poderes. Como ejes de análisis y discusión se abordan temas tales como las vacantes por cubrir en los tribunales orales con competencia federal, la acumulación de procesos en pocos tribunales, los déficits en salas de audiencias adecuadas para celebrar estos debates, la escasa cantidad de debates llevados a cabo pese a la gran cantidad de personas procesadas, fragmentación de la causas, entre otras temas. Otras de las cuestiones resueltas por la Corte fue subsanar el déficit detectado en el registro audiovisual de las audiencias de juicios orales. Para ello, la Corte celebró un convenio el 16 de diciembre del 2009 con el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA), que tiene como objeto la cooperación reciproca para que se logren la filmación de los juicios de lesa humanidad.

Frente a las falencias advertidas en la tramitación de las causas (durante el año 2008 sólo se habían realizado 7 debates orales en los que se juzgó a 29 personas con condenas y absoluciones y que para ese 2009 estaban programados sólo 13 juicios orales), luego de los informes practicados por la Secretaría General y de Gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Unidad de Superitendencia para Delitos de Lesa Humanidad, con fecha 7 de septiembre del año 2009 la Corte Suprema dictó la Acordada 37/2009, en dónde estableció el

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mecanismo para la integración de los tribunales federales, y dispuso que la Cámara Federal de Casación llevara adelante tal cometido conforme a lo previsto en la mencionada acordada. En esa inteligencia, mediante la resolución nro. 236/09 de la Cámara Federal de Casación, se cubrieron las vacantes existentes en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de esta Capital y se reasignaron las causas seguidas por violaciones a los derechos humanos correspondientes a hechos cometidos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército -en ese momento radicadas en el TOF 5- entre los restantes TOF en atención a que estaban en mejores condiciones de afrontar dicha carga de trabajo.

En consecuencia y habida cuenta de que aún restaba la elevación de otros tramos de ESMA a ese tribunal oral (observése que en el mes de octubre de 2012 se dará inicio a la causa ESMA Unificada, con un tribunal ya integrado, incluso con juez sustituto) y, por ende, la realización de nuevos debates, se arribó a la conclusión de que los próximos juicios por casos del Primer Cuerpo del Ejército quedarían irremediablemente lejanos en el tiempo si permanecían radicados en ese TOF, estimándose que el inicio de los debates sería recién en el año 2015 o 2016.

Se advirtió, asimismo, que, a diferencia de la ESMA, los hechos cometidos en el marco de actuación del Primer Cuerpo, se podían escindir entre sí y podían ser juzgados por separado por distintos tribunales (v.gr., por diversos centros clandestinos). Se tuvo en cuenta para ello las elevaciones de los procesos llevados a cabo por Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Federal Nro. 3.

Esa decisión se replicó posteriormente en otras jurisdicciones (La Plata, Mar del Plata, San Martín, Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Luis, Salta, Bahía Blanca, La Pampa, Neuquén, Formosa, Chaco, San Juan, Paraná, Rosario, Santa Fe y, recientemente, en Santiago del Estero, La Rioja y Jujuy), pues se pudieron celebrar juicios orales que a esa altura registraban ciertas demoras, todos con plena observancia de los principios constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio (arts. 18 CN, 10 de la Declaración Universal de DH; 14.1 del PIDC yP y 8.1 de la CADH).

Como consecuencia de estas medidas, e implementadas por el Poder Juducial de la Nación, en el año 2008 se realizaron 6 juicios orales; en el año 2009, 12; en el 2010, 16; en el 2011, 17; en el 2012, 21, y hasta marzo de 2013, 3 juicios. En tanto, se realizan actualmente 10 debates y otros dos tienen fecha fijada para este año.

Los hechos cronológicos más relevantes en los que el Poder Judicial de la Nación intervino a través de sus agencias y órganos jurisdiccionales a partir de las primeras reuniones de la Comisión Interpoderes, fueron:

1) El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de la Capital Federal, integrado por el juez Tassara y las juezas D´Alessio, Garrigós y Roqueta (en carácter de sustituta), se

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abocó al conocimiento de la causa en la que se investigaban los hechos cometidos en el centro clandestino conocido como CCD Atlético-Banco-Olimpo, la que había sido elevada a juicio el 25 de junio de 2008. Ese tribunal, así integrado por la Presidencia de la Casación y habiendo superado todos los obstáculos jurisdiccionales en cuanto a los embates dirigidos a cuestionar a los jueces subrogantes designados, dictó sentencia el 21/12/10 y leyó fundamentos el 22/3/11. La sentencia fue recurrida ante la CFCP, asignada a la Sala IV el 15/6/11 (causa nro. 14.235)

2) Ese tribunal oral, ahora integrado por los jueces Giménez Uriburu, Gorini y Bertuzzi (éste último designado como subrogante por la Presidencia de la Casación, tomando en consideración los informes de la Secretaría General), dictó sentencia en la causa en la que se investigaban los hechos cometidos en el Hospital Posadas, que había sido elevada a juicio el 18/12/08. Esta fue otra causa redistribuída por la Resolución nro. 236/09 de la Cámara Federal Casación Penal, el veredicto se leyó el 29/12/11 y sus fundamentos el 6/2/12. Esta causas se encuentra a estudio de la Sala IV de Casación desde el 4 de abril de 2012.

3) El Tribunal Oral en Criminal Federal Nº 4 de la Capital, integrado por los jueces Bruglia, Bertuzzi, Gorini y Lemos (el último en carácter de sustituto, en el caso también designado por la Presidencia de la Casación, con sujeción a los estándares antes aludidos), se abocó al conocimiento de la causa en la que se investigaban los hechos cometidos en el centro clandestino conocido como "Vesubio", elevada a juicio el 25/7/08 y también redistrubuida. Se dictó sentencia el 14/7/11, se leyeron los fundamentos el 23/9/11 y la causa ya tiene radicación en la Sala IV desde el 30/11/11.

4) El TOF de La Pampa, integrado por los jueces Triputti, Krom y Márquez (los dos últimos de otra jurisdicción y designados por la Presidencia de la Casación en atención a las vacantes aún no cubiertas en esa sede), se abocó al conocimiento de la causa "Iriart” (en la que se investigan los hechos ocurridos en la Subzona 1.4 del Primer Cuerpo del Ejército en esa provincia), elevada a juicio el 6/12/07 por el Juzgado a cargo del Dr. Rafecas al TOF 5. Luego de un conflicto de competencia con el TOF 6, resuelto por la Sala IV de la CFCP, el tribunal de aquella provincia dictó sentencia en la causa redistrubuida el 16/11/10 y se leyeron los fundamentos el 16/12/10. El recurso de casación contra el decisorio ingresó a la Sala IV de la CFCP el 24/2/11 y el 23/8/12 el máximo tribunal penal de país ratificó el fallo dictado por el TOF de esa provincia y confirmó las condenas impuestas.

5) El TOF 1, integrado por los jueces Gettas, Grünberg y Amirante y la juez sustituta Dieta de Herrero (designada por la Casación al efecto) dictó sentencia en la causa en la que se investigaban los hechos cometidos en el CCD Automotores Orletti. En efecto, el 31/3/11, luego de la sustanciación del debate en la Sala de Audiciencias de Cdro. Py 2002, conocida como “SUM”, se dictó sentencia por 65 hechos. La causa,

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recurrida ante la Sala IV de la CFCP e ingresada el 24/8/11, lleva el nro. 14.537.

6) En ese tribunal oral tramita la causa Plan Cóndor, la que se encuentra en pleno trámite para la fijación de la audiencia de debate oral, habiendo comunicado recientemente el tribunal que el juicio se inicirá en el primer trimestre de 2013.

7) En cuanto a la causa conocida como Plan Sistemático de robo de bebés, el TOF 6 dio inicio al juicio oral en la Sala de Audiencias de la Cámara Federal Casación Penela, conocida como

“Auditorium”, el 28/2/11. El tribunal se integró con los jueces Roqueta, Panelo, Altieri y García de la Torre (los dos últimos convocados al efecto por la Presidencia de la Casación, con posterioridad a los informes elaborados por la Secretaría General del Cuerpo con base en las estadísticas de los tribunales federales y nacionales y en consulta con la Unidad de Superintendencia para Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad de la Corte, dictó sentencia el 5/7/12 y aún resta la lectura de los fundamentos. Antes del inicio del debate, las defensas cuestionaron la integración del tribunal por cuanto los últimos dos jueces designados pertenecen al fuero criminal nacional y, según su queja, no son jueces federales. Los recursos de casación interpuestos sobre ese agravio fueron rechazados por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal el 22/6/11.

8) Actualmente se encuentran en curso 10 juicios orales por crímenes contra la humanidad, y otros dos ya tienen fijada audiencia de debate. En todos los casos, las agencias del Poder Judicial que integran la Comisión Interpoderes han tenido intervención en la conformación de los tribunales con subrogantes y sustitutos, por su parte algunos de sus agentes, en la ciudad de Buenos Aires, prestan colaboración como Actuarios en los tribunales orales federales de distintas jurisdicciones a través del sistema de videoconferencias, ya sea en la sede de Cdoro. Py 2002, en el Consejo de la Magistratura o en las Unidades del Servicio Penitenciario Federal.

9) Se ha procedido a integrar, de conformidad con lo previsto en las leyes 26.371 y 26.376 y en la Acordada 37/09 de la CSJN, diversos tribunales orales en lo criminal federal del país en el que tramitaron y tramitan megacausas en las que se juzgan crímenes contra la humanidad recurriendo, a tal fin, a jueces designados constitucionalmente, con plena observancia de lo decidido por el Alto Tribunal en Fallos 330:2361. Como ejemplo de dichas decisiones se nombra al TOF 1 de La Plata (designaciones de los jueces Portela y Falcone, para algunos casos, y Jantus y Vega, para otros), TOF de Jujuy (designaciones de los jueces Juarez Almaraz y Morín y de la jueza Ruiz López), TOF 1 Mendoza (designaciones de los jueces Nocceti y Pisarenco), TOF La Rioja (designaciones de los jueces Lascano, Días Gavier y de la jueza Perilli), TOF Santiago del Estero (integrado por tres jueces subrogantes designados por la designación), TOF Neuquen (designaciones de jueces de Gral Roca, del TOF y de la Cámara Federal), entre otros. En la

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mayoría de los casos la Casación, a través de la Superintendencia y con los informes de la Secretaría General - con permamente conculta con la UNIDELH en las mesas chicas de reunión de la Comisión Interpoderes - ha tenido que cubrir estas subrogancias en atención a que los tribunales mencionados estaban desintegrados por la gran cantidad de vacantes. En otros casos, las designaciones fueron efectuadas a raíz de inhibiciones de sus magistrados titulares. Los casos más paradigmáticos son Jujuy (hay sólo un juez titular), Santiago del Estero (tiene tres vacantes), La Rioja (con dos vacantes), TOF 1 de La Plata (sólo un juez titular, situación que se agrava por la gran cantidad de causas en trámite en ese y en el otro órgano colegiado de esa ciudad), La Pampa (dos vacantes) y, entre otros, Bahía Blanca (aquí los jueces naturales está inhibidos –por excusación o recusación- y se ha designado como subrogantes y sustituto a cuatro jueces, todos de distintas jurisdicciones -Mar del Plata, La Pampa, Azul y Ciudad de Buenos Aires-).

10) En forma diaria la Secretaría General de la CFCP comunica a la Secretaría General y de Gestión de la CSJN a cargo de la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, las designaciones de jueces subrogantes y sustitutos que la Presidencia realiza, con ajuste en la normativa vigente, en los Tribunales o Cámaras Federales de todo el país abocadas a la tramitación de causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. Que todo ello se lleva cabo teniendo en cuenta los diversos expedientes administrativos en trámite en la Secretaría General de Casación -en los que se registran y actualizan las estadísticas de los tribunales colegiados-, de conformidad con las leyes 26.372 y 26.376 y los estándares fijados por la Acordada 37/09 y el Fallo 330:2361 ambos de la CSJN. Como reflejo de esta situación, en el año 2011 se dictaron 1500 resoluciones de subrogancias y hasta agosto de 2012, 967.

11) A partir de 2011 y cuando se advierte alguna situación de emergencia en una jurisdición o una demora en la cobertura de una vacante, las agencias del Poder Judicial hacen saber en la Comisión a los demás organismos de los otros Poderes la necesaria habilitación de los tribunales orales federales creados por la ley 26.632 y la urgente toma de recaudos necesarios para cubrir los cargos vacantes.

12) En ese sentido y como nota sustancial, se ha puesto énfasis en reiteradas oportunidades en el seno de las reuniones de la Comisión Interpoderes la imperisosa puesta en funcionamiento de la la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, creada por ley 26.371, de mayo del anio 2008, órgano que absorbería alrededor del 40 % de la actividad recursiva que todavía pesa sobre la Cámara Federal de Casación Penal, circunstancia que le permitiría a este último Cuerpo el abordaje exclusivo de los procesos en materia federal, con incidencia directa en una mayor celeridad en el trámite de los que se vinculan con

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delitos en los que se juzgan crímenes contra la humanidad.

13) De igual modo, se ha obrado con la falta de operatividad con relación a lo previsto en los arts. 2 y 3 de las leyes 26.372 y 26.376, respectivamente, que disponen la integración de los tribunales y cámaras federales con conjueces designados de acuerdo a ese procedimiento.

14) El 28 de febrero de 2012, uno de los órganos del Poder Judcial de la Nación –la Cámara Federal de Casación Penal- suscribió la Acordada 1/12 por la que se dictaron las Reglas Prácticas. En atención al incremento de procesos complejos, entre los que se cuentan las causas por delitos contra la humanidad, para facilitar el debido cumplimiento de las funciones jurisdiccionales y posibilitar una mayor dinámica y operatividad a las normas procesales en vigor dentro del marco legal establecido, se dispusieron una serie de reglas para evistar demoras y formulismos que retarden el trámite de las actuaciones en los tribunales orales.

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