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Sin margen de error
No son tan frecuentes, pero los casos existen. Las condenas a personas por delitos que no cometieron encarnan flagrantes...
jueves, 12 de febrero de 2015 Enviar Imprimir
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No son tan frecuentes, pero los casos existen. Las condenas a personas por delitos que no cometieron encarnan flagrantes injusticias que arruinan vidas de inocentes y que, al mismo tiempo, pueden consagrar la impunidad de otros, de los verdaderos culpables.
Una situación de estas características parece haberse dado en nuestra provincia, a juzgar por la denuncia de una mujer de 25 años, oriunda de la localidad de Los Ángeles, en el departamento Capayán.
La crónica periodística señala que la mujer le explicó a los oficiales sumariantes que en el año 2008, y bajo amenazas de muerte de su padre, denunció a dos hermanos por haber abusado carnalmente de ella. Esto no sería verdad, según dijo ahora, sino una versión que su padre le obligó a decir para culpar a estos dos vecinos con los que tenía una disputa.
La denunciante, arrepentida, confesó no solo que su padre la obligó a mentir, sino que fue él en realidad quien la abusó. Por aquella supuesta falsa denuncia, los dos acusados fueron –si la versión se corrobora- injustamente condenados a 21 y 14 años de prisión, pena que cumplen actualmente.
En el universo de casos de esta naturaleza los más comunes son los relacionados con abusos sexuales. Tal vez porque se trata de episodios en los que las pruebas escasean y con excesiva frecuencia las condenas se basan solo en testimonios. En ocasiones, sobre todo cuando se trata de menores, los abusos pueden corroborarse por evidencias físicas, pero la existencia del hecho no garantiza que se pueda verificar la autoría.
Hay casos en los que los abusadores fueron exculpados, e incluso ni siquiera investigados, mientras que inocentes fueron condenados. Y hay otros, denunciados, en los que ni siquiera se pudo probar la existencia del abuso.
Aunque no lleguen al extremo de condenas injustas, se calcula, según algunos estudios internacionales, que alrededor de un 7% de las denuncias por abuso sexual son falsas. Y un alto porcentaje de éstas son formuladas, aunque parezca mentira, por padres o madres divorciados para perjudicar al otro progenitor. Quizás no tengan en cuenta que en estos casos, el otro gran perjudicado es el menor involucrado en la denuncia.
También suelen registrarse denuncias para perjudicar a personas con las que se tiene una mala relación, como profesores, empleadores, e incluso suelen utilizarse estas acusaciones para extorsionar al acusado.
El abordaje judicial de este tipo de situaciones debe ser muy cuidadoso. Cualquier error que se cometa en la tramitación de las causas derivará en una grave injusticia: puede interpretarse como verdadera una denuncia falsa y condenar a un inocente, o, al revés, evaluarse como falsa o dudosa una denuncia verdadera y dejar en libertad a un abusador.
De modo que los investigadores, peritos y funcionarios judiciales responsables de la acusación y del juzgamiento de este tipo de casos, en los que las pruebas materiales suelen ser inexistentes o muy débiles, deben estar preparados y capacitados para realizar sus tareas eficazmente.
Cuando hay en juego la vida y la honorabilidad de las personas no hay margen para el error.
