SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 14 de mayo de 1996 *

Texto completo

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S E N T E N C I A D E L T R I B U N A L D E JUSTICIA (Sala Quinta) de 14 de mayo de 1996 *

En los asuntos acumulados C-153/94 y C-204/94,

que tienen por objeto sendas peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con arre- glo al artículo 177 del Tratado C E , p o r la High Court of Justice, Queen's Bench Division (Reino Unido), destinadas a obtener en los litigios pendientes ante dicho órgano jurisdiccional entre

The Queen

y Commissioners of Customs & Excise,

ex parte: Faroe Seafood Co. Ltd,

Føroya Fiskasøla L/F (asunto C-153/94),

y entre

The Queen

y

Commissioners of Customs & Excise,

ex parte: John Smith y Celia Smith, que giran bajo la razón social Arthur Smith (asunto C-204/94),

* Lengua de procedimiento: inglés.

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una decisión prejudicial sobre la interpretación de los Reglamentos (CEE) n° 2051/74 del Consejo, de 1 de agosto de 1974, relativo al régimen aduanero apli- cable a ciertos productos originarios y procedentes de las islas Feroe ( D O L 212, p. 33; EE 02/02, p. 167); n° 3184/74 de la Comisión, de 6 de diciembre de 1974, relativo a la definición de la noción de productos originarios y a los métodos de cooperación administrativa para la aplicación del régimen aduanero aplicable a cier- tos productos originarios y procedentes de las islas Feroe ( D O L 344, p. 1; EE 02/02, p. 177); n° 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recau- dación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exporta- ción que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régi- men aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos ( D O L 197, p. 1;

EE 02/06, p . 54), y n° 2164/91 de la Comisión, de 23 de julio de 1991, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del apartado 2 del artículo 5 del Regla- mento (CEE) n° 1697/79 del Consejo ( D O L 201, p. 16),

EL T R I B U N A L D E JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por los Sres.: D . A . O . Edward, Presidente de Sala; J.C. Moitinho de Almeida, G. Gulmann (Ponente), P. Jann y L. Sevón, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Léger;

Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— En nombre de Faroe Seafood C o . Ltd y Føroya Fiskasøla L/F, por los Sres.

Richard Plender, Q C , y Kevin Prosser, Barrister, designados por Berwin Leig- hton, Solicitors;

— en nombre de John Smith y Celia Smith, que giran bajo la razón social Arthur Smith, por los Sres. Richard Plender, Q C , y Roger Thomas, Barrister, designa- dos por Grange y Wintringham, Solicitors;

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. Stephen Braviner, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistido por el Sr.

Derrick Wyatt, Q C , y por la Sra. Sarah Lee, Barrister;

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— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. Richard Wainwright, Consejero Jurídico principal, y David Mclntyre, funcionario nacional adscrito al Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Faroe Seafood C o . Ltd y Føroya Fiskasøla L / F ; de John Smith y Celia Smith, que giran bajo la razón social Arthur Smith; del Gobierno del Reino Unido, y de la Comisión, expuestas en la vista de 28 de sep- tiembre de 1995;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 9 de noviembre de 1995;

dicta la siguiente

Sentencia

i Mediante resoluciones de 14 de abril de 1994, recibidas en el Tribunal de Justicia los días 10 de junio y 14 de julio siguientes, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, cinco cues- tiones prejudiciales sobre la interpretación de los Reglamentos (CEE) n° 2051/74 del Consejo, de 1 de agosto de 1974, relativo al régimen aduanero apli- cable a ciertos productos originarios y procedentes de las islas Feroe ( D O L 212, p . 33; EE 02/02, p. 167; en lo sucesivo, «Reglamento n° 2051/74»); n° 3184/74 de la Comisión, de 6 de diciembre de 1974, relativo a la definición de la noción de p r o - ductos originarios y a los métodos de cooperación administrativa para la aplicación del régimen aduanero aplicable a ciertos productos originarios y procedentes de las islas Feroe ( D O L 344, p . 1; EE 02/02, p . 177; en lo sucesivo, «Reglamento n° 3184/74»); n° 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recau- dación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exporta- ción que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régi- men aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos ( D O L 197, p. 1;

EE 02/06, p. 54; en lo sucesivo, «Reglamento n° 1697/79»), y n° 2164/91 de la Comisión, de 23 de julio de 1991, por el que se establecen las disposiciones de

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aplicación del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1697/79 del C o n - sejo ( D O L 201, p . 16; en lo sucesivo, «Reglamento n° 2164/91»).

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de sendos recursos interpuestos, por una parte, por las sociedades Faroe Seafood Co. Ltd (en lo sucesivo, «Faroe Seafo- od») y Føroya Fiskasøla L/F (en lo sucesivo, «Føroya Fiskasøla»), y, por otra parte, por los esposos John y Celia Smith, que giran bajo la razón social Arthur Smith (en lo sucesivo, «Arthur Smith»), contra liquidaciones sobre el pago a pos- teriori de derechos de aduana giradas contra ellos por la Administración aduanera del Reino Unido.

3 En virtud del apartado 2 del artículo 2 y del Anexo II del Reglamento n° 2051/74, los crustáceos y moluscos originarios y procedentes de las islas Feroe estarán exen- tos de derechos de aduana cuando se importen en el Reino Unido. Según el apar- tado 2 del artículo 5 de ese mismo Reglamento, convertido en el apartado 2 del artículo 4 con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2612/79 del Consejo, de 23 de noviembre de 1979 ( D O L 301, p. 1; EE 11/12, p. 3), la admisión al beneficio de las reducciones arancelarias se subordinará a la presentación de un certificado de circulación de mercancías E U R . l , expedido por las autoridades de las islas Feroe en el momento de la exportación de las mercan- cías a las que se refiera. El Reglamento n° 3184/74 precisa los criterios a que deben ajustarse las mercancías para que se las pueda considerar originarias de las islas Feroe. C u a n d o las autoridades competentes de un Estado miembro comprueben que al sujeto pasivo no se le han exigido, en su totalidad o en parte, los derechos de importación que correspondan legalmente, ejercerán una acción de recaudación de los derechos no percibidos, de conformidad con el Reglamento n° 1697/79.

4 Faroe Seafood, sociedad inglesa, importó en el Reino Unido, al amparo de los cer- tificados E U R . l , camarones procedentes, entre otras, de Føroya Fiskasøla, coope- rativa de las islas Feroe, que es propietaria exclusiva de la primera. En lo relativo a varias de estas importaciones, Arthur Smith ejerció las funciones de agente marí- timo, empresa estibadora en la descarga y mediador en el transporte.

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5 Del 16 de septiembre al 4 de octubre de 1991, una comisión de investigación for- mada por la Comisión, en cooperación con las autoridades británicas y danesas, efectuó una visita a las islas Feroe. En el correspondiente informe, la comisión de investigación llegó a la conclusión de que, en lo relativo a cierto número de certi- ficados E U R . l expedidos por las autoridades de las islas Feroe entre 1988 y 1991, no se habían observado las normas de origen establecidas por el Reglamento n° 3184/74. En efecto, la comisión de investigación comprobó, en primer lugar, que, en lo que atañe a cierto número de campañas pesqueras, el porcentaje de nacionales de países terceros —a saber, de Canadá— a bordo de los barcos pesque- ros fue superior al autorizado por las normas de origen. En segundo lugar, verificó que dos factorías de las islas Feroe habían manipulado camarones de origen feroés sin separarlos físicamente de los camarones procedentes de países terceros. Por estas razones, la comisión de investigación estimó que los certificados E U R . l rela- cionados en los anexos del informe debían considerarse nulos en su totalidad o en parte.

6 De las resoluciones de remisión se desprende que las autoridades competentes de las islas Feroe se opusieron a las conclusiones de la comisión de investigación y mantuvieron que los certificados EUR.l eran válidos. Al mismo tiempo que admi- tían los hechos tal como figuraban recogidos en el informe de la comisión de inves- tigación, las autoridades de las islas Feroe, en primer lugar, explicaron que la pre- sencia a bordo de los barcos pesqueros, durante determinadas campañas, de un porcentaje elevado de nacionales canadienses obedecía al hecho de que tales barcos faenaban en virtud de un contrato con un socio canadiense, a fin de poder pescar dentro de la zona económica exclusiva de Canadá, y que ese socio exigía, conforme a la legislación canadiense aplicable en la materia, que un determinado número de nacionales canadienses estuviera empleado a bordo, especialmente con fines de for- mación. En efecto, el hecho de embarcar a nacionales canadienses tuvo como con- secuencia, según ellas, que los efectivos del buque fueran superiores a la tripulación normal. En segundo lugar, las autoridades competentes de las islas Feroe estimaron que la separación de los camarones manipulados según los principios de la conta- bilidad era suficiente para cumplir lo dispuesto en las normas de origen de que se trata. A este respecto, hicieron referencia a una circular de la Administración Tri- butaria danesa de abril de 1989, que indicaba que tal separación estaba autorizada.

7 Basándose en el informe de la comisión de investigación, las autoridades aduaneras británicas procedieron a la recaudación a posteriori de derechos de aduana relativos a importaciones procedentes de las islas Feroe realizadas entre el 9 de mayo de

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1989 y el 10 de septiembre de 1991. Entre el 23 de abril de 1992 y el 11 de mayo de 1992, se notificaron a Føroya Fiskasøla y a Faroe Seafood varias liquidaciones sobre el pago de derechos de aduana por un importe de 493.888,44 UKL. Del mismo modo, el 21 de septiembre de 1992, se reclamó a Arthur Smith el pago de derechos por importe de 1.158.030,14 U K L .

s Los recursos interpuestos ante la High Court of Justice van dirigidos contra tales liquidaciones. Por estimar que la solución de dichos litigios requería una interpre- tación del Derecho comunitario, el órgano jurisdiccional nacional decidió plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) a) Cuando las autoridades competentes de un Estado miembro inician, con arreglo al Reglamento n° 1697/79 del Consejo, la acción de recaudación a posteriori de derechos de aduana a la importación, basándose en que los productos no son originarios del país mencionado en el respectivo certifi- cado de circulación E U R . l , ¿es aplicable la legislación nacional o el Dere- cho comunitario para establecer las normas que determinan:

— la parte que debe soportar la carga de la prueba de que los productos no son originarios del país indicado, y

— los medios de prueba aplicables en la materia?

b) Si es el Derecho comunitario el que determina dichas normas, ¿cuáles son?

2) ¿Es correcto interpretar los Reglamentos n° 2051/74 del Consejo, n° 3184/74 de la Comisión y n° 1697/79 del Consejo, en el sentido de que las autoridades competentes de un Estado miembro pueden iniciar la acción de recaudación a posteriori de los derechos de aduana devengados por productos exportados de las islas Feroe, teniendo en cuenta que:

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— dichas autoridades no recaudaron los derechos de aduana en el momento de la importación, puesto que admitieron los certificados de circulación EUR.l en los que se declaraba que los productos tenían su origen en las islas Feroe;

— dichos certificados de circulación E U R . l fueron expedidos de buena fe por las autoridades competentes de las islas Feroe;

— una comisión de investigación, integrada por Agentes de la Comisión y por un funcionario danés y otro británico, informó de que las partidas de que se trataba no reunían los requisitos exigidos por las normas para la determinación del origen de las mercancías, debido a que las factorías que suministraban los productos habían transformado materias primas origina- rias y no originarias sin separarlas y a que la documentación relativa al carácter de la materia prima utilizada no se adjuntó a los correspondientes formularios de solicitud;

— la comisión de investigación concluyó que "quedan total o parcialmente anulados [...] los mencionados certificados E U R . l " ;

— las autoridades de las islas Feroe no admiten las conclusiones de la comi- sión de investigación y sostienen que los certificados son válidos;

— los puntos del informe de la comisión de investigación controvertidos por las autoridades de las islas Feroe, no fueron sometidos al Comité de Ori- gen de Mercancías;

— de conformidad con el informe de la comisión de investigación, se han sometido al Comité de Origen de Mercancías otras cuestiones suscitadas por dicha comisión?

3) a) Los criterios que integran la definición de "buques de las islas Feroe", enu- merados en el Anexo IV del Reglamento n° 2051/74 del Consejo y en la Nota Explicativa n° 4 del Reglamento n° 3184/74 de la Comisión, ¿deben interpretarse de forma acumulativa o de forma alternativa?

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b) Si dichos criterios deben ser interpretados acumulativamente, el término

"tripulación" utilizado en dichos contextos, ¿incluye a las personas que no forman parte de la dotación normal de un buque, contratadas para una campaña o para parte de una campaña particular, de conformidad con un contrato de agrupación temporal con otra empresa de un país tercero, para trabajar en el buque como aprendices o como mano de obra no cualificada que no trabaja en cubierta, cuya retribución es abonada por el naviero o por la empresa del país tercero?

c) Cuando una piscifactoría no separa las materias primas según sus diferen- tes orígenes, como lo exige el Reglamento n° 3184/74, ¿pueden las autori- dades aduaneras de un Estado miembro gravar con derechos las importa- ciones procedentes de dicha factoría, por un importe equivalente a los derechos que habrían debido pagarse si el origen de los productos de cada partida hubiera sido proporcionalmente equivalente al origen de las mate- rias primas introducidas en la factoría durante el año en que se efectuó la importación?

4) a) Cuando las autoridades de un Estado miembro giran una liquidación por la que se reclama el pago a posteriori de un importe global y cuando una parte de dicho importe sea incobrable con arreglo al apartado 1 del artículo 2 del Reglamento n° 1697/79, ¿es aplicable la legislación nacional o el Derecho comunitario, para determinar si la liquidación debe ser conside- rada como nula en su totalidad?

b) Si esta cuestión está regulada por el Derecho comunitario, ¿en qué circuns- tancias (si existe alguna) debe considerarse que la liquidación es nula en su totalidad?

5) ¿Es correcto interpretar el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 del Consejo y el artículo 4 del Reglamento n° 2164/91 de la Comi- sión en el sentido de que las autoridades competentes de un Estado miembro

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pueden iniciar la acción de recaudación a posteriori de los derechos a la importación no exigidos cuando se importaron los productos, sin haber antes planteado el asunto ante la Comisión, teniendo en cuenta que:

— el exportador, de buena fe, declaró que los productos eran originarios de las islas Feroe;

— salvo si se interpreta que el anterior guión puede significar lo contrario, el exportador cumplió con todas las disposiciones en vigor relativas a la declaración en aduana;

— las autoridades competentes del país de exportación de las mercancías, actuando de buena fe, acreditaron en los certificados de circulación EUR.l que los productos eran originarios de dicho país y en todo momento han mantenido vigentes dichos certificados;

— las autoridades competentes del Estado miembro de importación de dichas mercancías, actuando de buena fe, aceptaron en un principio que el origen de éstas era el declarado en los certificados de circulación;

— los sujetos pasivos creyeron de buena fe y en todo momento que el origen de los productos era el declarado en los certificados de circulación;

— las autoridades competentes del Estado miembro de importación no ale- gan haber considerado la solicitud de renuncia al cobro de los derechos de aduana, antes de girar las liquidaciones sobre el pago a posteriori;

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— dichas autoridades decidieron no plantear el asunto a la Comisión, por considerar que no se cumplían los requisitos para renunciar al cobro de los derechos, con arreglo al apartado 2 del artículo 5, en la medida en que consideraron que el importador o su agente debían correr con el riesgo de que los certificados de circulación E U R . l hubieran sido erróneamente expedidos y que la empresa importadora, de propiedad exclusiva del exportador, así como el agente de dicho exportador, debían ser capaces de determinar el origen de los productos de que se trata?»

9 Antes de abordar la primera cuestión, procede examinar las cuestiones segunda y tercera del órgano jurisdiccional nacional.

Sobre la segunda cuestión

io C o n su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pide fundamentalmente que se dilucide si los Reglamentos no s 2051/74, 3184/74 y 1697/79 deben interpre- tarse en el sentido de que las autoridades aduaneras de un Estado miembro pueden efectuar la recaudación a posteriori de derechos de aduana sobre la importación de mercancías de las islas Feroe basándose en las conclusiones de una comisión de investigación comunitaria, siendo así que tales autoridades, confiando en los certi- ficados EUR.l expedidos de buena fe por las autoridades competentes de las islas Feroe, se abstuvieron de recaudar los derechos de aduana en el momento de la importación; que estas últimas autoridades no admiten las conclusiones de la comi- sión de investigación y mantienen que los certificados son válidos, y que los pun- tos controvertidos no fueron sometidos al Comité de Origen creado en virtud del Reglamento (CEE) n° 802/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, relativo a la definición común de la noción de origen de las mercancías ( D O L 148, p. 1; EE 02/01, p. 5; en lo sucesivo, «Reglamento n° 802/68»), aunque sí le fueran sometidas otras cuestiones suscitadas por la comisión de investigación.

n Para responder a esta cuestión, es necesario, en primer lugar, recordar las pertinen- tes disposiciones aplicables del régimen preferencial del que se benefician determi- nadas mercancías originarias de las islas Feroe.

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12 El Reglamento n° 3184/74 dispone que la prueba del carácter originario de los p r o - ductos se aportará mediante la presentación de un certificado E U R . l (apartado 1 del artículo 7), expedido por las autoridades competentes de las islas Feroe en el momento de la exportación de las mercancías (apartado 1 del artículo 10). Por otra parte, corresponderá a dichas autoridades adoptar las disposiciones necesarias para la comprobación del origen de las mercancías y para el control de las demás indi- caciones contenidas en el certificado (apartado 2 del artículo 22). La expedición del certificado se efectuará por dichas autoridades cuando las mercancías que se van a exportar puedan ser consideradas como productos originarios de las islas Feroe en el sentido del Reglamento (artículo 23).

1 3 C o n objeto de asegurar una correcta aplicación de las normas de origen, los Esta- dos miembros y las islas Feroe se prestarán mutuamente asistencia, por mediación de las respectivas Administraciones aduaneras, para el control de la autenticidad y de la exactitud de los certificados E U R . l (artículo 16). A petición de las autorida- des aduaneras del Estado miembro de importación, las autoridades competentes de las islas Feroe efectuarán un control a posteriori de los certificados E U R . l , el cual deberá permitir determinar si el certificado E U R . l puede ser aplicable a las mer- cancías realmente exportadas y si éstas tienen efectivamente el carácter de produc- tos originarios (artículo 46).

H Por otra parte, el Reglamento (CEE) n° 1468/81 del Consejo, de 19 de mayo de 1981, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de ase- gurar la correcta aplicación de las regulaciones aduanera o agrícola ( D O L 144, p. 1; EE 02/08, p. 250; en lo sucesivo, «Reglamento n° 1468/81»), dispone en el apartado 1 de su artículo 15 ter, introducido en su articulado por el Reglamento (CEE) n° 945/87 del Consejo, de 30 de marzo de 1987 ( D O L 90, p. 3), que la Comisión podrá proceder a misiones comunitarias de cooperación administrativa y de investigación en países terceros en coordinación y en estrecha cooperación con las autoridades competentes de los Estados miembros.

is Por último, a tenor del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento n° 1697/79 del Consejo, cuando las autoridades competentes de un Estado miembro comprueben

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que al sujeto pasivo no se le han exigido, en su totalidad o en parte, los derechos de importación que correspondan legalmente por una mercancía declarada en un régi- men aduanero, ejercerán una acción de recaudación de los derechos no percibidos.

i6 Del conjunto de estas disposiciones se desprende que, si bien el certificado E U R . l expedido por las autoridades competentes de las islas Feroe constituye el título justificativo del origen feroés de las mercancías, queda abierta, sin embargo, la posibilidad de efectuar controles a posteriori, incluso la de enviar una comisión de investigación comunitaria, a fin de comprobar la exactitud del origen indicado en dicho certificado. Según ha declarado el Tribunal de Justicia en la sentencia de 7 de diciembre de 1993, Huygen y otros (C-12/92, Rec. p. 1-6381), apartados 17 y 18, cuando un control a posteriori no permite confirmar el origen de la mercancía que se indica en el certificado E U R . l , procede llegar a la conclusión de que es de origen desconocido y de que, por consiguiente, se concedieron indebidamente el certificado EUR.l y el arancel preferencial. Las autoridades aduaneras del Estado miembro de importación deberán proceder entonces, en principio, a la recaudación a posteriori de los derechos de aduana que n o se recaudaron en el momento de la importación.

i7 Queda por examinar si esta aseveración es igualmente válida en el supuesto de que las autoridades aduaneras de las islas Feroe se opongan a las conclusiones de la comisión de investigación comunitaria y, a pesar de ello, no se haya sometido el asunto al Comité de Origen creado por el Reglamento n° 802/68.

is A este respecto, debe señalarse que, en las sentencias de 12 de julio de 1984, Les Rapides Savoyards y otros (218/83, Rec. p. 3105); Huygen y otros, antes citada, y de 5 de julio de 1994, Anastasiou y otros (C-432/92, Rec. p. 1-3087), el Tribunal de Justicia interpretó disposiciones similares a las controvertidas en los presentes asuntos. Esas tres sentencias versaban, respectivamente, sobre el Acuerdo de libre comercio entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza, fir- mado en Bruselas el 22 de julio de 1972 ( D O L 300, p . 189; EE 11/02, p. 191); el Acuerdo de libre comercio entre la Comunidad Económica Europea y la República de Austria, firmado en Bruselas el 22 de julio de 1972 ( D O L 300, p. 2; EE 11/02, p. 4), y el Acuerdo de 19 de diciembre de 1972, por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y la República de Chipre ( D O 1973, L 133, p. 2; EE 11/03, p . 169), que contienen, cada uno de ellos, un protocolo rela- tivo a la definición de la noción de «productos originarios» y a los métodos de

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cooperación administrativa, donde se hace referencia, entre otros extremos, a la expedición y al control a posteriori de los certificados E U R . 1 .

19 D e la referida jurisprudencia se desprende que la determinación del origen de las mercancías se basa en un reparto de competencias entre las autoridades del Estado de exportación y las del Estado de importación, en el sentido de que el origen lo certifican las autoridades del Estado de exportación y el control del funciona- miento del régimen se garantiza en virtud de la cooperación entre las Administra- ciones interesadas. C o m o ha subrayado el Tribunal de Justicia, dicho sistema se justifica por el hecho de que las autoridades del Estado de exportación están mejor situadas para verificar directamente los hechos que determinan el origen.

20 En esas mismas sentencias, el Tribunal de Justicia estimó también que el meca- nismo previsto únicamente puede funcionar si la Administración aduanera del Estado de importación reconoce las apreciaciones legalmente efectuadas por las autoridades del Estado de exportación.

21 Procede examinar si esta última condición se cumple también en el caso de autos.

22 A este respecto, ha de observarse que, en la sentencia Les Rapides Savoyards y otros, antes citada, apartado 27, este Tribunal de Justicia explicó que el reconoci- miento de las decisiones de las autoridades del Estado de exportación por las Administraciones aduaneras de los Estados miembros resulta necesario para que la Comunidad pueda, a su vez, exigir a las autoridades de los demás Estados vincu- lados a ella en el marco de regímenes de libre comercio que respeten las decisiones adoptadas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros relativas al ori- gen de los productos exportados de la Comunidad a esos Estados. El Tribunal de Justicia subrayó también que el funcionamiento de dicho sistema no menoscaba la autonomía fiscal de la Comunidad ni de los Estados miembros, ni tampoco la de los Estados terceros interesados, ya que el régimen definido por el Acuerdo de libre comercio de que se trata se adoptó basándose en obligaciones recíprocas que situaban a las Partes en un plano de igualdad en los intercambios comerciales mutuos (apartado 29).

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23 En esa misma sentencia, apartado 28, el Tribunal de Justicia observó, además, que no había por qué temer que la aplicación de las referidas disposiciones pudiera p r o - piciar prácticas abusivas, habida cuenta del hecho de que los artículos 16 y 17 del Protocolo de que se trata habían regulado en detalle los métodos de cooperación entre las Administraciones aduaneras interesadas en caso de controversias sobre el origen o en el supuesto de fraudes por parte de los exportadores o de los impor- tadores.

24 De estas consideraciones se desprende, en primer lugar, que la necesidad de que las Administraciones aduaneras de los Estados miembros reconozcan las apreciaciones efectuadas p o r las autoridades aduaneras del Estado de exportación no se mani- fiesta de la misma manera cuando el régimen preferencial no se ha establecido mediante un acuerdo internacional que vincula a la Comunidad con un país tercero sobre la base de obligaciones recíprocas, sino mediante una medida comunitaria de carácter autónomo.

25 Así sucede, con mayor razón aún, cuando las autoridades competentes de un tercer Estado n o cuestionan los hechos reseñados por una comisión de investigación, sino la apreciación que ésta hace de tales hechos en relación con la normativa aduanera de que se trata. En efecto, nada permite llegar a la conclusión de que las autorida- des del tercer Estado tengan competencia para vincular a la Comunidad y a los Estados miembros a su interpretación· de una normativa comunitaria como la del caso de autos.

26 A continuación, ha de observarse que en el presente supuesto no se da el segundo elemento en el que el Tribunal de Justicia basó su interpretación en la sentencia Les Rapides Savoyards y otros, antes citada, a saber, la existencia de un procedimiento para resolver las controversias sobre el origen.

27 Según indica el Abogado General en el punto 63 de sus conclusiones, el Regla- mento n° 3184/74, si bien reproduce ampliamente en su artículo 46 las disposicio- nes relativas a la cooperación administrativa en materia de control a posteriori

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contenidas en el artículo 17 del Protocolo n° 3, al que se refirió el Tribunal de Jus- ticia en la citada sentencia, no recoge el principio de la solución de los litigios por un Comité de cooperación aduanera, establecido en el párrafo segundo de su apar- tado 3. Según dicho párrafo, los litigios que no se hayan solucionado entre las autoridades aduaneras del Estado de importación y las del Estado de exportación o que planteen un problema de interpretación del Protocolo se someterán a la con- sideración del Comité aduanero creado por el Acuerdo.

28 Por otro lado, debe observarse que la normativa controvertida en el caso de autos se distingue, a este respecto, de la aplicable en virtud del Acuerdo de libre comer- cio celebrado, con posterioridad a los hechos, entre la Comunidad Económica Europea, por una parte, y el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las islas Feroe, por otra; aprobado, en nombre de la Comunidad, mediante Decisión del Consejo de 2 de diciembre de 1991 ( D O L 371, p. 1). Entre los Anexos de dicho Acuerdo figura el Protocolo n° 3, relativo a la definición del concepto de

«productos originarios» y a los métodos de cooperación administrativa, que esta- blece, en el apartado 5 de su artículo 25, el principio de la solución de los litigios por un Comité de cooperación aduanera.

29 En cuanto a la cuestión de determinar si, en el marco de la normativa objeto de debate en el caso de autos, las controversias sobre el origen deben someterse al Comité de Origen creado por el Reglamento n° 802/68, y al que se refiere la cues- tión prejudicial, procede responder en sentido negativo.

so En efecto, del considerando undécimo de este último Reglamento se desprende que el Comité de Origen de que se trata fue creado en aras de instituir un procedi- miento comunitario que permitiera adoptar las disposiciones necesarias para garan- tizar su aplicación uniforme y con objeto de organizar una colaboración estrecha y eficaz entre la Comisión y los Estados miembros. Según el artículo 12 del Regla- mento n° 802/68, el Comité estará compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión. En virtud del artículo

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13, el Comité podrá examinar cualquier cuestión relativa a la aplicación del Regla- mento que sea suscitada por su Presidente, por propia iniciativa o a instancia del representante de un Estado miembro. Además, el artículo 14 le encomienda el cometido de emitir dictámenes sobre los proyectos de las disposiciones que deban adoptarse, sometidos por el representante de la Comisión, mientras las disposicio- nes de aplicación las adopta más tarde bien la Comisión bien el Consejo.

3i Además, el artículo 4 del Reglamento n° 2051/74 dispone, en su apartado 1, que el concepto de productos originarios se definirá, sin perjuicio de ciertas reservas, según el procedimiento previsto en el artículo 14 del Reglamento n° 802/68.

32 D e las mencionadas disposiciones se desprende que las funciones encomendadas al Comité de Origen se refieren a la definición general del concepto de productos ori- ginarios y se inscriben en el ámbito de la colaboración entre la Comisión y los Estados miembros. En cambio, ninguna disposición de la normativa de que se trata obliga a las autoridades aduaneras del Estado miembro de importación a someter a dicho Comité las controversias sobre el origen de las mercancías que enfrenten a estas autoridades con las autoridades competentes de las islas Feroe.

33 Esta conclusión no queda desvirtuada p o r el hecho de que, en el caso de autos, se hayan sometido al Comité algunas cuestiones planteadas por la comisión de inves- tigación comunitaria.

34 Por último, debe observarse, como hizo el Abogado General en el punto 68 de sus conclusiones, que la interpretación según la cual las autoridades aduaneras del Estado miembro de importación pueden mantener una interpretación diferente de la sostenida por las autoridades competentes de las islas Feroe preserva la posibi- lidad de resolver las eventuales controversias: las decisiones que adopten las auto- ridades aduaneras del Estado miembro de importación podrán ser impugnadas por el interesado ante los órganos jurisdiccionales nacionales, pudiendo luego el Tribu- nal de Justicia garantizar la uniformidad del Derecho comunitario en el marco del procedimiento prejudicial.

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35 En virtud de las razones precedentes, se debe responder a la segunda cuestión que los Reglamentos no s 2051/74, 3184/74 y 1697/79 deben interpretarse en el sentido de que las autoridades aduaneras de un Estado miembro pueden efectuar la recau- dación a posteriori de derechos de aduana sobre la importación de mercancías de las islas Feroe basándose en las conclusiones de una comisión de investigación comunitaria, aunque tales autoridades, confiando en los certificados E U R . l expe- didos de buena fe por las autoridades competentes de las islas Feroe, no hayan recaudado los derechos de aduana en el momento de la importación, aunque estas últimas rechacen las conclusiones de la comisión de investigación en la medida en que éstas versan sobre la interpretación de la normativa aduanera comunitaria objeto de debate y mantengan que los certificados son válidos, y aunque los puntos controvertidos no hayan sido sometidos al Comité de Origen creado en virtud del Reglamento (CEE) n° 802/68.

Sobre la tercera cuestión

36 La tercera cuestión del órgano jurisdiccional nacional versa sobre la interpretación del Anexo IV del Reglamento n° 2051/74, que define el concepto de «productos originarios» para los productos sujetos a la organización común de mercados en el sector de productos de la pesca. Según dicho Anexo:

«I. [...] se considerarán productos originarios de las islas Feroe [...]

a) [...]

b) los productos de la pesca marítima extraídos del mar por los barcos de las islas Feroe;

[...]

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La expresión "buques de las islas Feroe" se aplicará únicamente a los barcos:

— que estén matriculados o registrados en las islas Feroe,

— que naveguen bajo pabellón de las islas Feroe,

— que pertenezcan, por lo menos en un 50 % , a nacionales de los Estados miem- bros de la Comunidad, residan o no en las islas Feroe, o a una sociedad que tenga su oficina principal en el territorio de un Estado miembro o en las islas Feroe [...]

— en los que el capitán y todos los oficiales sean nacionales de los Estados miem- bros de la Comunidad, residan o no en las islas Feroe,

— en los que, por lo menos, el 75 % de la tripulación sean nacionales de los Esta- dos miembros de la Comunidad, residan o no en las islas Feroe.»

37 El órgano jurisdiccional nacional se remite asimismo a la cuarta N o t a Explicativa que figura en el Anexo I del Reglamento n° 3184/74, que reproduce, en lo funda- mental, los elementos de la definición de «buques de las islas Feroe» contenidos en el Anexo IV del Reglamento n° 2051/74.

38 Esta cuestión comprende tres partes.

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Sobre L· primera parte de L· tercera cuestión

39 En la primera parte de la tercera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pide que se dilucide si los criterios de definición de los «buques de las islas Feroe», anteriormente citados, deben aplicarse de forma acumulativa o de forma alterna- tiva.

40 A este respecto, basta con señalar que el régimen aduanero preferencial objeto de controversia fue establecido con el fin de promover las exportaciones de las islas Feroe a la Comunidad y, p o r lo tanto, de contribuir al desarrollo económico y social de estas islas (véase el considerando primero de la Exposición de Motivos del Reglamento n° 2051/74). Teniendo en cuenta tal objetivo, la interpretación según la cual los cinco criterios para definir los «buques de las islas Feroe» deben aplicarse de forma alternativa conduciría a resultados inaceptables. Así, para tener la consi- deración de buque de las islas Feroe, un buque no tendría necesariamente que estar matriculado en las islas Feroe ni enarbolar su pabellón; bastaría para ello con que su tripulación estuviera compuesta de nacionales de los Estados miembros.

4i Procede, pues, responder a la primera parte de la tercera cuestión en el sentido de que los criterios de definición de los «buques de las islas Feroe», enunciados en el Anexo IV del Reglamento n° 2051/74 y en la cuarta N o t a Explicativa del Anexo I del Reglamento n° 3184/74, deben aplicarse de forma acumulativa.

Sobre L· segunda parte de L· tercera cuestión

42 En la segunda parte de la tercera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pide al Tribunal de Justicia que precise si el término «tripulación», utilizado en el quinto criterio de definición de los «buques de las islas Feroe», antes mencionado, incluye a las personas que no forman parte de la dotación normal de un buque, contratadas para una campaña o para parte de una campaña particular, de conformidad con un

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contrato de agrupación temporal con otra empresa de un país tercero, para trabajar en el buque como aprendices o como mano de obra n o cualificada que no trabaja en cubierta, y cuya retribución es abonada por el naviero o por la empresa del país tercero.

43 C o m o ya se indicó anteriormente, del primer considerando del Reglamento n° 2051/74 se desprende que las medidas dirigidas a eliminar progresivamente los derechos de aduana sobre las importaciones de productos originarios y proceden- tes de las islas Feroe fueron adoptadas con el fin de promover las exportaciones de las islas Feroe a la Comunidad y, por lo tanto, de contribuir al desarrollo econó- mico y social de estas islas.

44 A la vista de este objetivo, los criterios de definición de los «buques de las islas Feroe», enunciados en el Anexo IV del Reglamento n° 2051/74 y en la cuarta N o t a Explicativa del Anexo I del Reglamento n° 3184/74, tienen por objeto garantizar que los barcos cuya carga esté exenta de derechos de aduana tengan una conexión económica real con las islas Feroe.

45 Tal conexión no se desvanece cuando un buque, además de su tripulación perma- nente, embarca, para una campaña o parte de una campaña particular, cierto número de nacionales de un país tercero para trabajar en el buque como aprendices o como mano de obra no cualificada que no trabaja en cubierta, especialmente con fines de formación y con vistas a cumplir las estipulaciones de un contrato de agru- pación temporal con otra empresa de un país tercero cuyo objeto es permitir al buque pescar dentro de la zona económica exclusiva de dicho país. A este respecto, carece de relevancia la cuestión de determinar si, según las cláusulas del contrato de agrupación temporal, los nacionales del país tercero son retribuidos por el naviero o por la empresa del país tercero.

46 Incumbe al órgano jurisdiccional nacional verificar si se dan tales circunstancias en el caso de autos y, especialmente, si además de la tripulación normal se embarcó a nacionales de terceros países.

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47 Procede, pues, responder a la segunda parte de la tercera cuestión que el término

«tripulación», utilizado en el Anexo IV del Reglamento n° 2051/74 y en la cuarta N o t a Explicativa del Anexo I del Reglamento n° 3184/74, no incluye a las personas que, sin formar parte de la dotación normal de un buque, son contratadas, además de dicha dotación, para una campaña o parte de una campaña particular para tra- bajar en el buque como aprendices o como mano de obra no cualificada que no trabaja en cubierta, especialmente con fines de formación, con vistas a cumplir las estipulaciones de un contrato de agrupación temporal con otra empresa de un país tercero cuyo objeto es permitir al buque pescar dentro de la zona económica exclu- siva de dicho país, y con independencia de que dichas personas sean retribuidas por el naviero o por la empresa del país tercero.

Sobre L· tercera parte de la tercera cuestión

48 En la tercera parte de la tercera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pide en lo fundamental que se dilucide si, para poder beneficiarse del trato aduanero pre- ferencial previsto por el Reglamento n° 2051/74, las materias primas de origen feroés, en el sentido del Reglamento n° 3184/74, deben ser separadas físicamente de los productos procedentes de países terceros durante su manipulación en una fac- toría de las islas Feroe. El órgano jurisdiccional pregunta también si, a falta de tal separación, las autoridades aduaneras del Estado miembro de importación pueden gravar con derechos las importaciones procedentes de dicha factoría, por el mismo importe al que ascienden los derechos que habrían debido pagarse si hubiera exis- tido una proporción entre el origen de los productos de cada partida y el de las materias primas introducidas en la factoría durante el año en que se efectuó la importación.

49 C o m o ya se recordó anteriormente, el trato preferencial que establece el Regla- mento n° 2051/74 tiene por finalidad promover el desarrollo económico y social de las islas Feroe, favoreciendo la importación en la Comunidad de los productos ori- ginarios y procedentes de esas islas.

so Contrariamente a lo que alega la Comisión, ha de considerarse que se cumple tal objetivo si, durante la manipulación en una factoría de las islas Feroe, se lleva a cabo una separación, con arreglo a los principios de la contabilidad, entre los

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camarones de origen feroés y los procedentes de países terceros, de manera que el trato preferencial sólo se conceda a una cantidad de productos manipulados que corresponda proporcionalmente a la cantidad de materias primas que tenga dere- cho a dicho trato según las normas de origen previstas por el Reglamento n°3184/74.

si En efecto, de los autos se deduce que, en el caso presente, no existe ninguna dife- rencia de naturaleza o método de manipulación según el origen de los camarones.

Así pues, tal como han observado las partes demandantes en el litigio principal, puede parecer desproporcionado hacer soportar a las empresas de las islas Feroe la considerable carga que, según esas partes, supone una separación física.

52 Debe ponerse de relieve, además, que ni el Reglamento n° 2051/74 ni el Regla- mento n° 3184/74 prevén de manera explícita que, para conservar la posibilidad de beneficiarse de un trato preferencial, los camarones de origen feroés deban ser separados físicamente durante la manipulación de los camarones procedentes de países terceros.

53 N o obstante, procede señalar, en primer lugar, que el Anexo IV del Reglamento n° 2051/74 define como productos originarios «los productos de la pesca marítima extraídos del mar por los barcos de las islas Feroe», y que la letra a) del número 1 del párrafo primero del artículo 2 del Reglamento n° 3184/74 prevé que se con- siderarán como productos originarios «los productos enteramente obtenidos en las islas Feroe». La letra f) del artículo 3 de este Reglamento precisa, asimismo, que entre los productos «enteramente obtenidos [...] en las islas Feroe» se incluyen «los productos de la pesca marítima y otros productos extraídos del mar por sus buques». A falta de precisiones adicionales, estas disposiciones indican que el trato preferencial se circunscribe a los productos realmente originarios de las islas Feroe.

54 En segundo lugar, procede acoger el punto de vista de la Comisión según el cual una separación basada en los principios de la contabilidad requiere que se

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establezcan, de manera clara y específica, las modalidades de su aplicación, al igual que ocurre, por ejemplo, en el marco de los acuerdos entre la Comunidad y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio.

55 Por estas razones, procede afirmar que, a falta de disposición explícita que autorice una separación entre los camarones de origen feroés y los procedentes de países terceros basada en los principios de la contabilidad y que establezca las modalida- des de su aplicación, una separación de este tipo no es suficiente para poder aplicar el trato preferencial en virtud del Reglamento n° 2051/74.

56 Debe precisarse a este respecto que no cabe tomar en consideración la circular interna de las autoridades danesas de abril de 1989 que, según las partes demandan- tes en el litigio principal, autoriza a utilizar los principios de la contabilidad. Sin que sea necesario determinar su contenido preciso ni pronunciarse sobre si tiene un campo de aplicación más amplio que el de los productos importados de las islas Feroe en las demás regiones de Dinamarca al amparo del régimen aduanero apli- cable desde el 1 de enero de 1973, que no se consideran productos en libre práctica (véase el segundo considerando del Reglamento n° 2051/74), procede afirmar que un Estado miembro no puede establecer unilateralmente una excepción a las nor- mas de origen comunitarias.

57 D e cuanto antecede se deduce que, en el supuesto de manipulación de los camaro- nes sin separación física según su origen, las importaciones procedentes de la fac- toría de que se trata no podrán beneficiarse del trato preferencial previsto en el Reglamento n° 2051/74. En principio, pues, las autoridades aduaneras del Estado miembro de importación podrán recaudar derechos de aduana sobre la totalidad de dichas importaciones. Sin embargo, el Derecho comunitario no se opone a que, con el consentimiento de la Comisión, las referidas autoridades decidan, en aras de la equidad, recaudar únicamente derechos por el mismo importe al que ascienden los derechos que habrían debido pagarse si hubiera existido una proporción entre el origen de los productos de la partida considerada y el de las materias primas introducidas en la factoría durante el año en que se efectuó la importación.

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58 Procede, pues, responder a la tercera parte de la segunda cuestión que, para poder beneficiarse del trato aduanero preferencial previsto en el Reglamento n° 2051/74, las materias primas de origen feroés en el sentido del Reglamento n° 3184/74 deben separarse físicamente de los productos procedentes de países terceros durante su manipulación en una factoría de las islas Feroe. A falta de tal separación, las auto- ridades aduaneras del Estado miembro de importación, con el consentimiento de la Comisión, podrán decidir, sin embargo, en aras de la equidad, gravar únicamente las importaciones procedentes de la factoría de que se trate con derechos que asciendan al mismo importe que el de los derechos que habrían debido pagarse si hubiera existido una proporción entre el origen de los productos de la partida con- siderada y el de las materias primas introducidas en la factoría durante el año en que se efectuó la importación.

Sobre la primera cuestión

59 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pide esencialmente que se dilucide si, a efectos de la aplicación de los Reglamentos no s 2051/74 y 3184/74, las normas relativas a la carga de la prueba y a los medios de prueba del carácter originario de las mercancías importadas de las islas Feroe son las del Dere- cho comunitario o las del Derecho del Estado de importación. En el primer supuesto, se pide al Tribunal de Justicia que precise cuáles son las normas aplica- bles en un caso como el de autos.

60 Procede observar, primero, que las normas relativas a la carga de la prueba y a los medios de prueba del carácter originario de las mercancías sólo serán las del Dere- cho nacional en la medida en que tales normas no resulten del Derecho comunita- rio.

6i H a y que examinar, pues, si tales normas pueden deducirse de la normativa comu- nitaria aplicable en la materia. A este respecto, debe señalarse que el artículo 9 del Reglamento n° 3184/74, establece que el certificado E U R . l se expedirá previa soli- citud por escrito del exportador, el cual, según el apartado 2 del artículo 21, deberá presentar todos los documentos justificativos necesarios para aportar la prueba de que las mercancías que se van a exportar pueden dar lugar a la expedición de un certificado.

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62 Además, según resulta de la respuesta a la segunda cuestión del órgano jurisdiccio- nal nacional, de las disposiciones comunitarias examinadas en este contexto se des- prende que, cuando un control a posteriori, incluido el de una comisión de inves- tigación comunitaria, no permita confirmar que se han observado las normas de origen, procede llegar a la conclusión de que se concedieron indebidamente el cer- tificado E U R . l y el arancel preferencial.

63 D e lo anterior se deduce, habida cuenta de las respuestas dadas a la tercera cues- tión, que, cuando los camarones de origen feroés hayan sido manipulados en una factoría de las islas Feroe que manipule también camarones procedentes de países terceros, incumbirá al exportador, mediante la presentación de todos los documen- tos justificativos necesarios, aportar la prueba de que los camarones de origen feroés han sido separados físicamente de los camarones de otros orígenes. A falta de tal prueba, los camarones ya no podrán ser considerados de origen feroés y, por consiguiente, deberá estimarse que el certificado E U R . l y el arancel preferencial se concedieron indebidamente.

64 Procede, pues, responder a la primera cuestión que de lo dispuesto en los Regla- mentos no s 2051/74 y 3184/74 se desprende que, cuando los camarones de origen feroés hayan sido manipulados en una factoría de las islas Feroe que manipule tam- bién camarones procedentes de países terceros, incumbirá al exportador, mediante la presentación de todos los documentos justificativos necesarios, aportar la prueba de que los camarones de origen feroés han sido separados físicamente de los cama- rones de otros orígenes. A falta de tal prueba, los camarones ya no podrán ser con- siderados de origen feroés, de manera que deberá estimarse que el certificado EUR.l y el arancel preferencial se concedieron indebidamente.

Sobre la cuarta cuestión

65 Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pide en lo esencial que se dilucide si corresponde al Derecho nacional o bien al Derecho comunitario deter- minar las circunstancias en las que, en su caso, deba considerarse nula en su

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totalidad una liquidación por la que se reclame el pago a posteriori de una cantidad global de la que una parte sea incobrable por haberse rebasado el plazo de tres años previsto en el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento n° 1697/79.

66 Constituye jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, a falta de disposiciones comunitarias, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miem- bro determinar las modalidades y condiciones de recaudación de las cargas finan- cieras comunitarias, entendiéndose, sin embargo, que tales modalidades y condicio- nes no podrán suponer que el sistema de recaudación de los impuestos y tasas comunitarios sea menos eficaz que el sistema de recaudación de los impuestos y tasas nacionales del mismo tipo, ni hacer imposible o excesivamente difícil en la práctica el cumplimiento de la normativa comunitaria (sentencias de 5 de marzo de 1980, Ferwerda, 265/78, Rec. p. 617, apartado 12; de 27 de marzo de 1980, Salumi y otros, asuntos acumulados 66/79, 127/79 y 128/79, Rec. p. 1237, apartados 18 y 20, y de 8 de febrero de 1996, F M C y otros, C-212/94, Rec. p. 1-389, apartado 52).

67 A este respecto, debe señalarse que el párrafo primero del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento n° 1697/79 dispone que cuando las autoridades competentes de un Estado miembro comprueben que n o se han recaudado los derechos de impor- tación que correspondan legalmente, ejercerán una acción de recaudación de tales derechos. A tenor del párrafo segundo de ese mismo apartado, la acción de recau- dación de derechos n o percibidos no podrá iniciarse una vez transcurrido un plazo de tres años a partir de la fecha de liquidación del importe de los derechos inicial- mente exigidos del deudor o, si no hubiere habido liquidación, a partir de la fecha del nacimiento de la deuda aduanera correspondiente. Según el apartado 2 del artí- culo 2 del Reglamento, la acción de recaudación se iniciará por la notificación al interesado del importe de los derechos de los que sea deudor. El artículo 4 dispone, en términos generales, que la acción se ejercerá con observancia de las disposicio- nes vigentes en la materia.

es A falta de otras disposiciones que regulen los requisitos de validez de los actos dic- tados por las autoridades para la recaudación a posteriori de derechos de importa- ción, procede hacer constar que se rige por el Derecho nacional, dentro de los lími- tes establecidos por la citada jurisprudencia, la determinación de las circunstancias

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en las que, en su caso, deba considerarse nula en su totalidad una liquidación por la que se reclame el pago a posteriori de una deuda global de la que una parte haya presento.

69 Las partes demandantes en el litigio principal alegan que existe, en Derecho inglés, una norma de procedimiento aplicable en un supuesto como el de autos, según la cual una liquidación única relativa a una cantidad global debe considerarse inválida en su totalidad si se refiere, en todo o en parte, a derechos que ya son incobrables por haber transcurrido el plazo de prescripción. Las demandantes precisan que girar una liquidación global ilícita no impide que las autoridades aduaneras giren una nueva que sea conforme a las normas inglesas de procedimiento y excluya los períodos que hayan prescrito.

70 Aunque no corresponde al Tribunal de Justicia determinar el alcance exacto de una norma nacional de este tipo ni decidir si se aplica a liquidaciones como las que se han girado en el caso de autos, debe observarse que una norma nacional relativa a la forma de los actos dictados por las autoridades para la recaudación a posteriori de derechos de importación, cuya aplicación puede dar lugar a la invalidez de tales actos, aunque sin provocar por sí misma la extinción de la deuda tributaria comu- nitaria a que se refieren los actos, no pone en tela de juicio el fundamento mismo de la norma que obliga a la recaudación a posteriori ni tiene como resultado hacer imposible o excesivamente difícil tal recaudación.

7i Procede, pues, responder a la cuarta cuestión que, en el estado actual del Derecho comunitario, incumbe al Derecho nacional determinar las circunstancias en las que deba considerarse nula en su totalidad una liquidación sobre el pago a posteriori de una cantidad global de la que una parte sea incobrable por haberse rebasado el plazo de tres años previsto en el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento n° 1697/79, sin perjuicio, no obstante, de los límites que impone el Derecho comu- nitario, a saber, que la aplicación del Derecho nacional no podrá suponer que el sistema de recaudación de los impuestos y tasas comunitarios sea menos eficaz que el sistema de recaudación de los impuestos y tasas nacionales del mismo tipo, ni hacer imposible o excesivamente difícil en la práctica el cumplimiento de la norma- tiva comunitaria.

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Sobre la quinta cuestión

72 La quinta cuestión del órgano jurisdiccional nacional versa sobre la interpretación del párrafo primero del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79, así como de las disposiciones que para su aplicación adoptó el Reglamento n° 2164/91.

El apartado 2 del artículo 5 dispone lo siguiente:

«Las autoridades competentes podrán abstenerse de efectuar la recaudación a pos- teriori de los derechos de importación [...] que no hubieran sido percibidos como consecuencia de un error de las mismas autoridades competentes que razonable- mente no pudiera ser conocido por el deudor, siempre que éste, por su parte, hubiera actuado de buena fe y hubiera observado todas las disposiciones estable- cidas por la regulación en vigor en relación con su declaración en aduana.»

73 Esta cuestión engloba tres partes que es preciso tratar sucesivamente.

Sobre L· primera parte de L· quinta cuestión

74 En la primera parte de la quinta cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pide en lo esencial que se dilucide si las autoridades competentes del Estado miembro de importación están obligadas, antes de girar liquidaciones sobre el pago a posteriori de derechos de aduana, a pronunciarse sobre la posibilidad de abstenerse de efec- tuar la recaudación en virtud del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79.

75 A este respecto, basta con hacer constar que la normativa de que se trata no con- tiene disposición alguna de la que pueda inferirse tal obligación.

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76 Procede, pues, responder a la primera parte de la quinta cuestión que las autorida- des competentes del Estado miembro de importación no están obligadas, antes de girar liquidaciones sobre el pago a posteriori de derechos de aduana, a pronunciarse sobre la posibilidad de abstenerse de efectuar la recaudación en virtud del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79.

Sobre L· segunda tarte de L· quinta cuestión

77 En la segunda parte de la quinta cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pide en lo sustancial que se dilucide si el artículo 4 del Reglamento n° 2164/91 debe inter- pretarse en el sentido de que las autoridades competentes del Estado miembro de importación no están obligadas a someter a la Comisión una solicitud de decisión sobre la posibilidad de abstenerse de efectuar la recaudación a posteriori de dere- chos de aduana, si estiman que no se cumplen los requisitos del apartado 2 del artí- culo 5 del Reglamento n° 1697/79.

78 En primer lugar, debe recordarse el texto literal del artículo 4 del Reglamento n° 2164/91, según el cual, en el supuesto de que la cantidad no recaudada sea igual o superior a 2.000 E C U :

«Cuando [...] la autoridad competente del Estado miembro en el que se haya cometido el error estime que se cumplen las condiciones del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento de base, o cuando dude del alcance exacto de los criterios de dicha disposición con respecto al caso de que se trate, dicha autoridad transmitirá el caso a la Comisión para que sea resuelto de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 5, 6 y 7 [...]»

79 D e la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 1573/80 de la Comisión, de 20 de junio de 1980, por el que se fijan las disposiciones de aplicación del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1697/79 ( D O L 1 6 1 , p. 1; EE 02/06, p. 273; en lo sucesivo, «Reglamento

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n° 1573/80»), sustituido sucesivamente, primero por el Reglamento (CEE) n° 2380/89 de la Comisión, de 2 de agosto de 1989 ( D O L 225, p. 30), y más tarde por el Reglamento n° 2164/91, se desprende que la facultad de decisión que el artí- culo 4 de este último Reglamento atribuye a la Comisión no contempla el supuesto de que las autoridades nacionales competentes tengan la convicción de que no se cumplen las condiciones del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 y, por tanto, consideren que tienen que efectuar la recaudación a posteriori (senten- cias de 26 de junio de 1990, Deutsche Fernsprecher, C-64/89, Rec. p. 1-2535, apar- tado 12, y de 27 de junio de 1991, Mecanarte, C-348/89, Rec. p. 1-3277, aparta- do 32).

so Tal como este Tribunal de Justicia precisó en relación con el Reglamento n° 1573/80, la referida interpretación se ajusta a la finalidad del Reglamento n° 2164/91, que consiste en garantizar la aplicación uniforme del Derecho comu- nitario. Esta aplicación uniforme puede quedar en tela de juicio en los supuestos en que se acepta la petición de que se renuncie a efectuar la recaudación a posteriori, puesto que se corre el riesgo de que la apreciación en la que se base un Estado miembro para adoptar una decisión favorable, como en la práctica probablemente no se interpondrá ningún recurso en vía judicial, no quede sometida al control que permite garantizar la aplicación uniforme de los requisitos que establece la legisla- ción comunitaria. En cambio, no sucede lo mismo cuando las autoridades nacio- nales efectúan la recaudación, sea cual sea el importe de que se trate. En tal caso cabe que el interesado impugne dicha decisión ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Por consiguiente, la uniformidad del Derecho comunitario podrá ser garantizada por el Tribunal de Justicia en el marco del procedimiento prejudicial (sentencias Deutsche Fernsprecher, apartado 13, y Mecanarte, apartado 33, antes citadas).

si Procede, pues, responder a la segunda parte de la quinta cuestión que el artículo 4 del Reglamento n° 2164/91 debe interpretarse en el sentido de que las autorida- des competentes del Estado miembro de importación n o están obligadas a someter a la Comisión una solicitud de decisión sobre la posibilidad de abstenerse de efec- tuar la recaudación a posteriori de derechos de aduana, si estiman que no se cum- plen los requisitos del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79.

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Sobre L· tercera parte de L· quinta cuestión

82 Mediante la tercera parte de la quinta cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pide también al Tribunal de Justicia que precise, a la vista de circunstancias como las que concurren en el litigio principal, las condiciones de aplicación del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79, a fin de determinar si los demandantes en el litigio principal tenían derecho a que no se procediera a efectuar una recau- dación a posteriori.

83 El apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 prevé tres requisitos acu- mulativos para que las autoridades competentes puedan abstenerse de efectuar la recaudación a posteriori de los derechos de importación, a saber: que los derechos no hubieran sido percibidos como consecuencia de un error de las autoridades competentes, que el deudor hubiera actuado de buena fe, es decir, que razonable- mente no hubiera podido conocer el error cometido por las autoridades competen- tes, y que hubiera observado todas las disposiciones establecidas por la normativa en vigor en lo que respecta a su declaración en aduana.

84 De reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, si se reúnen esos tres requisitos, el sujeto pasivo tiene derecho a que no se efectúe la recauda- ción (véanse, en particular, las sentencias Mecanarte, antes citada, apartado 12, y de 4 de mayo de 1993, Weis, C-292/91, Rec. p. 1-2219, apartado 15).

85 Es necesario examinar y precisar el contenido de cada uno de estos tres requisitos a la vista de los elementos mencionados por el órgano jurisdiccional nacional.

En cuanto al error de las autoridades competentes

86 A este respecto, el órgano jurisdiccional nacional pide esencialmente que se deter- mine si hubo error de las autoridades competentes, a efectos del apartado 2 del

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artículo 5 del Reglamento n° 1697/79, teniendo en cuenta que el exportador, actuando de buena fe, declaró que las mercancías eran originarias de las islas Feroe;

que las autoridades competentes de las isla Feroe, actuando de buena fe, consigna- ron en los certificados E U R . l que las mercancías eran originarias de dicho territo- rio y no estimaron en ningún momento que dichos certificados ya no fuesen váli- dos, y que las autoridades competentes del Estado miembro de importación, actuando asimismo de buena fe, aceptaron inicialmente el origen de las mercancías declarado en los certificados.

87 Para responder a esta cuestión, procede señalar, con carácter liminar, que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la finalidad del apartado 2 del artí- culo 5 del Reglamento n° 1697/79 es proteger la confianza legítima del sujeto pasivo en cuanto a la fundamentación del conjunto de elementos que conducen a la decisión de recaudar los derechos de aduana o de abstenerse de recaudarlos (sen- tencia Mecanarte, antes citada, apartado 19).

es De ello resulta, como declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 22 de la citada sentencia, que, al no existir una definición precisa y exhaustiva de «autoridades competentes» en el Reglamento n° 1697/79 ni tampoco en el Reglamento adoptado para su aplicación, deberá considerarse como «autoridad competente», en el sen- tido del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79, no sólo las autorida- des competentes para efectuar la recaudación, sino toda autoridad que, en el marco de sus competencias, proporcione elementos que se tengan en cuenta a la hora de recaudar los derechos de aduana, y que, de este modo, pueda generar la confianza legítima del sujeto pasivo. El Tribunal de Justicia declaró que así sucede, en parti- cular, con las autoridades aduaneras del Estado miembro de exportación que inter- vienen en lo relativo a la declaración en aduana.

89 La Comisión alegó que, no obstante, el concepto de «autoridades competentes» no engloba a las autoridades competentes de un país al que no se aplica el Tratado. La Comisión argumenta, en particular, que, en un caso como el de autos, en el que se aplican normas comunitarias autónomas, la autoridad del referido país no tiene por qué poseer un nivel de conocimiento y comprensión de tales normas tan elevado como para que un agente económico tenga derecho a depositar en dicha autoridad una confianza plena y a esperar que ésta sea protegida por el principio de confianza legítima.

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90 N o cabe acoger este punto de vista. En efecto, debe hacerse constar que, en virtud del Reglamento n° 3184/74, corresponde a las autoridades competentes de las islas Feroe disponer lo necesario para la comprobación del origen de las mercancías y para el control de las demás indicaciones contenidas en el certificado EUR.l (apar- tado 2 del artículo 22), expedir el certificado E U R . l cuando las mercancías que se van a exportar puedan ser consideradas como productos originarios de las islas Feroe en el sentido del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (artículo 23), y reclamar todos los documentos justificativos o practicar todos los controles que consideren necesarios con objeto de comprobar si se cumple esta última condición (artículo 25). Así pues, las autoridades de las islas Feroe han sido asociadas p o r la Comunidad a la aportación de elementos que hayan de tenerse en cuenta a la hora de recaudar los derechos de aduana, y, de este modo, pueden generar la confianza legítima del sujeto pasivo. Por ello, tales autoridades deben tener la consideración de «autoridades competentes» a efectos del apartado 2 del artículo 5 del Regla- mento n° 1697/79.

9i Procede hacer constar, en segundo lugar, que del propio texto del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 se desprende que la confianza legítima del sujeto pasivo tan sólo es digna de la protección que contempla dicho artículo cuando sean las «mismas» autoridades competentes las que hayan dado base a la confianza del sujeto pasivo. D e este modo, únicamente aquellos errores que sean imputables a una conducta activa de las autoridades competentes le darán derecho a que no se efectúe la recaudación A posteriori de los derechos de aduana (sentencia Mecanarte, antes citada, apartado 23).

92 Tal como precisó el Tribunal de Justicia en el apartado 24 de la citada sentencia, no puede considerarse que se dé este requisito cuando se induce a las autoridades competentes a error —particularmente sobre el origen de la mercancía— mediante declaraciones inexactas del exportador cuya validez no tengan por qué examinar o comprobar. En semejante supuesto es el sujeto pasivo quien soporta el riesgo que entraña un documento comercial cuya falsedad se pone de manifiesto con ocasión de un control posterior.

93 Además, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el sujeto pasivo no puede basar su confianza legítima en cuanto a la validez de certificados en el hecho de su aceptación inicial por las autoridades aduaneras de un Estado miembro, habida cuenta de que la misión de tales servicios en el marco de la

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primera aceptación de las declaraciones no supone obstáculo alguno para el ejerci- cio de controles ulteriores (sentencias de 13 de noviembre de 1984, Van Gend &

Loos y Expeditiebedrijf Wim Bosman/Comisión, asuntos acumulados 98/83 y 230/83, Rec. p. 3763, apartado 20).

94 D e lo anterior resulta que el hecho de que las autoridades competentes de las islas Feroe hayan indicado en los certificados EUR.l que las mercancías eran originarias de dicho territorio o el hecho de que las autoridades competentes del Estado miembro de importación hayan aceptado inicialmente el origen de las mercancías declarado en dichos certificados no son suficientes para que exista error de las autoridades competentes en el sentido del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79.

95 En cambio, cuando el exportador haya declarado que las mercancías son de origen feroés confiando en que las autoridades competentes de las islas Feroe conocían, en realidad, todos los elementos de hecho necesarios para la aplicación de la norma- tiva aduanera correspondiente, y cuando, a pesar de este conocimiento, dichas autoridades no formularon objeción alguna en lo relativo a las indicaciones conte- nidas en las declaraciones del exportador, basando, pues, en una interpretación errónea de las normas de origen su certificación del origen feroés de las mercancías, deberá considerarse que, si los derechos no se recaudaron en el momento de la importación de las mercancías, fue debido a un error de las mismas autoridades competentes en la aplicación inicial de la normativa controvertida (en este sentido, véanse las sentencias de 22 de octubre de 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 4199, apartado 24, y de 1 de abril de 1993, Hewlett Packard France, C-250/91, Rec. p. I- 1819, apartado 21).

96 Incumbe al òrgano jurisdiccional nacional verificar si en el caso de autos las auto- ridades competentes han cometido un error de esta naturaleza, sobre el que las tres partes demandantes en el litigio principal puedan fundar su derecho a que no se proceda a efectuar la recaudación.

97 Por consiguiente, en cuanto al primer requisito, procede responder a la cuestión prejudicial que el hecho de que las autoridades competentes de las islas Feroe hayan consignado en los certificados E U R . l que las mercancías eran originarias de dicho territorio o el hecho de que las autoridades competentes del Estado miembro

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