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2015

/ cuaderno de apunt

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126

Año XI - junio de 2015

cuaderno

de apuntes

notariales

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cuaderno de apuntes notariales

Asesoría Notarial Personalizada

Colegio de Escribanos

Provincia de Buenos Aires

Área de la Vicepresidencia 1°

Malvina Julia Zalabardo

Coordinación de los Cuadernos

Rubén Augusto Lamber

Miembros de la Asesoría

Notarial Personalizada

Adriana N. Abella

Cristina N. Armella

Jorge Raúl Causse

Eduardo Gabriel Clusellas

Gastón R. di Castelnuovo

Zulma A. Dodda

Julio Roberto Grebol

Néstor Daniel Lamber

Marcela Haydée Tranchini

Aldo Emilio Urbaneja

Las opiniones vertidas en los dictámenes no representan necesariamente la posición oficial del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

Fundación Editora Notarial

Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires

Av. 13 N° 770 - B1900TLG - La Plata, Buenos Aires, Argentina

Teléfonos: +(54 221) 412 1800 / +(54 11) 4126 1800 e-mail: fen@colescba.org.ar

Año XI - Nº 126

junio de 2015

ISSN 1851 - 0159

DNDA en trámite

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sumario 126

I - INTROITO

ADVERTENCIA DEL COORDINADOR DE LOS CUADERNOS DE APUNTES NOTARIALES

A LOS LECTORES 7

II - CONSULTAS

1) MATRIMONIO. BIEN PROPIO

1.1- La forma de la declaración en el acto de adquisición. El Código Civil velezano y el nuevo

Código Civil y Comercial de la Nación 9

III - JURISPRUDENCIA

1) Voces: sociedad conyugal bien de la sociedad conyugal bien ganancial ejecución forzada

-asentimiento conyugal 13

2) Subasta de inmueble. Bien ganancial. 005136/1996, “Banco de la Provincia de Buenos Aires

c/ Villanueva, José Luis y otros s/ ejecutivo”, CNCom, Sala A, 28/10/2008 17

3) Voces: bien de la sociedad conyugal - bien ganancial - deuda del cónyuge - disolución de la sociedad conyugal división de la sociedad conyugal embargo indivisión postcomunitaria levantamiento de embargo liquidación de la sociedad conyugal matrimonio medidas cautelares -muerte del cónyuge - sociedad conyugal - sucesión

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L (CNCiv, Sala L)

Fecha: 19/12/2006 20

4) Voces: hipoteca - inhibición general de bienes - inmueble - inscripción registral - registro de la

propiedad - Registro de la Propiedad Inmueble - sociedad conyugal

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L (CNCiv, Sala L)

Fecha: 05/12/2006 22

5) Aplicación temporal de la ley. Acuerdo Nº 194 - Cámara de Apelaciones de Trelew (Chubut)

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6) Voces: compraventa de inmueble escribano escritura pública escritura traslativa de dominio -inscripción registral - nulidad - nulidad de escritura pública - publicidad registral - Registro de la

Propiedad Inmueble

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I (CNCiv, Sala I)

Fecha: 01/03/2007 25

7) Juicio ejecutivo bien de familia afectación de inmueble embargado inoponibilidad -cuenta corriente mercantil - apertura anterior a la inscripción

Expte. 32693/2004 “Banco Itaú Buen Ayre S.A. c/ Bartolomé, Silvia Patricia y otro s/ ejecutivo”

-CNCom - Sala B - 16/02/2007 28

8) Sucesión ab-intestato - pedido de fijación de audiencia para instrumentar una cesión de

derechos hereditarios - inadmisibilidad - imposibilidad de sustituir la escritura pública por otro

tipo de instrumento público - acta judicial - art. 977 del Código Civil - art. 1184, inc. 6° del Código

Civil requisitos de forma formalidad necesaria exigida en carácter de solemnidad relativa -escritura pública - condición de validez del negocio y no meramente de prueba - diferencia con la

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Introito

ADVERTENCIA DEL COORDINADOR DE LOS CUADERNOS DE APUNTES

NOTARIALES A LOS LECTORES

El coordinador de los Cuadernos de apuntes notariales advierte a los lectores:

1º.- Que, con motivo de la inminente vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, no tiene mayor sentido reproducir consultas por el régimen del Código Civil velezano, por cuanto al momento de llegar a manos de los escribanos, habrán perdido vigencia con la nueva legislación.

2º.- Que la demora en las publicaciones de junio y julio se debe fundamentalmente a los pocos

dictámenes que quedan pendientes, dado que los integrantes de la Asesoría se vieron avocados de lleno a los comentarios del nuevo código, realización de seminarios y cursos en distintos lugares de la Provincia y, fundamentalmente, en la gran tarea de glosa a la nueva legislación, en forma integral y coordinada por el Asesor Eduardo Gabriel CLUSELLAS, bajo la denominación de Código Civil y Comercial. Comentado, Anotado y Concordado, obra coeditada por la Editorial Astrea y la Fun-dación Editora Notarial de nuestro Colegio.

3º.- Sin perjuicio de ello, se han seleccionado varios fallos de interés notarial publicados por La Ley y que se reproducen con la finalidad de cotejar jurisprudencia reciente con la nueva legislación. 4º.- Esperamos que para el Cuaderno de apuntes notariales Nº 128, que se confeccionará a fines de agosto, podamos tener ya las consultas suficientes como aplicación de la nueva legislación.

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Consultas

1) MATRIMONIO. BIEN PROPIO

1.1- La forma de la declaración en el acto de adquisición. El Código Civil velezano y

el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación

CONSULTA

Mi consulta está referida a la forma de la adquisición conforme al art. 1246 CC velezano, la subsa -nación por omisión y el nuevo régimen del art. 456 CCyC.

RESPUESTA

Dada la próxima entrada en vigencia del nuevo CCyC, trataré la situación en el Código Civil y en

el Código Civil y Comercial:

A.- Código Civil: El art. 1246 CC exige dos requisitos: a) Manifestación del cónyuge que adquie-re acerca de que el dinero invertido es propio; y b) designación de cómo el mismo le pertenece.

Dando ello por sentado, debo aclarar que hay dos posturas al respecto: una mayoritaria, que fue aprobada por la XXX Jornada Notarial Bonaerense, Comisión IV, que sostuvo: “…2) La omisión o insuficiente declaración del origen del dinero puede subsanarse en la vía notarial por medio de una escritura complementaria aclaratoria (…) 4-a) El fallecimiento del cónyuge no titular no es óbice para la utilización de este medio subsanatorio…”. También esta postura resultó triunfante en una Convención Notarial de Capital Federal. Frente a ella, la postura notarial en minoría sostenida que esto suscribe y el notario Gastón DI CASTELNUOVO en el trabajo “¿Qué ocurre con el artículo 1246 del Código Civil?” (Revista Notarial Nº 924, págs. 319 y sgts.), considera que: “…1) Si se omite la manifestación del origen del dinero en la escritura de adquisición, rige la presunción de ganancialidad del bien. 2) En consecuencia, incumbe al cónyuge que omitió la declaración aportar

las pruebas que acrediten su carácter de propio. 3) La valoración de las pruebas que haga el juez llevará -o no- a considerar propio el bien que -en virtud del art. 1246- es presumido ganancial. 4)

En cuanto a la posibilidad de subsanar la omisión, deben distinguirse dos aspectos: la oportunidad

en la que pretende realizarse y el procedimiento a utilizar. 5) Vigente la sociedad conyugal. Durante

la vigencia de la sociedad conyugal al único que perjudica que el bien, de presumirse ganancial, ‘se convierta en propio’, es al cónyuge no titular, puesto que lo priva de oponerse a su disposición. a) La vía judicial es el ámbito natural donde el cónyuge que omitió la declaración, desvirtúe la presunción de ganancialidad (…) b) El documento notarial por el que se pretende subsanar la omisión (…) sólo tendrá los efectos de una preconstitución de la prueba, que no podrá alterar la presunción de ganan

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-cialidad que rige, precisamente, por no haberse cumplido con los requisitos impuestos por el art. 1246. Esta presunción sólo podrá desvirtuarse en sede judicial. La escritura aclaratoria, entonces no alcanza para tener por propio o presumido propio al bien de que se trate. Lo primero, pues la certeza de tal carácter la dará una resolución judicial, en función de las pruebas aportadas. Lo segundo -que con la aclaratoria el bien pase a ‘presumirse’ propio, pues importaría un cambio de la presunción de ganancial a propio- que produciría una inadmisible inversión de la carga de la prueba.

Si la aclaratoria -con los alcances que le hemos asignado- se realiza durante la vigencia de la

so-ciedad conyugal, pero el acto dispositivo del bien se otorga luego de su disolución -por muerte o

por divorcio (este es el caso planteado)- podrán aparecer acreedores y herederos (estos últimos en el primer caso) con un interés actual que merece adecuada protección. En tal caso se deberá

acom-pañar la aclaratoria a los respectivos procesos, con el fin de que el juez meritúe la prueba por ella

aportada. Sólo el cumplimiento de tal instancia judicial -medie o no conformidad del no titular con

la aclaratoria-, habilitará la disposición ulterior del bien…”.

Pues bien, con nuestra opinión -que si bien es minoritaria en el ámbito notarial, es mayoritaria en doctrina jurídica no notarial y en los fallos judiciales-, deberá abrirse la sucesión del cónyuge no titular y acompañar allí la respectiva aclaratoria, a fin de que el juez valore la prueba aportada en la misma. En definitiva, será el profesional actuante quien deberá decidir por una u otra postura. B.- Código Civil y Comercial: Si bien las exigencias para que opere la subrogación real son simila

-res, se aclara (con lo que adopta la segunda postura) que:

“ARTÍCULO 466.- Prueba del carácter propio o ganancial. Se presume, excepto prueba en contra

-rio, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es suficiente prueba del carácter propio la confesión de los cónyuges. Para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que en el acto de adquisición se haga constar esa circunstancia, determinándose su origen, con la conformidad del otro cónyuge. En caso de no podérsela obtener, o de negarla éste, el adquirente puede requerir una declaración judicial del carácter propio del bien, de la que se debe tomar nota marginal en el instrumento del cual resulta el título de adquisición.

El adquirente también puede pedir esa declaración judicial en caso de haberse omitido la constancia

en el acto de adquisición.”

Del artículo resulta que es imprescindible que de la escritura de adquisición resulte: a) la declara

-ción de la inversión o reinversión con bienes propios, b) que se determine su origen, y c) la confor -midad del cónyuge.

Del punto b) resulta que no basta una alusión genérica como la que se hace en el caso en consulta,

sino que se circunstancie debidamente ese origen.

El código es muy estricto al respecto, aclarando que no tiene efectos frente a terceros la mera “con

-fesión de los cónyuges”, es decir que no basta la conformidad del cónyuge con una declaración

defectuosa o indeterminada.

No casualmente utiliza el código la palabra “determinación” que en términos jurídicos refleja un carácter esencial de toda a las relaciones jurídicas que responde a la necesidad de la determinación de sus elementos (Conf. MOISSET DE ESPANÉS, Luis. Publicidad registral, pág. 101; y, espe

-cialmente, su Capítulo 4).

La última parte del artículo establece que omitida “la constancia” se debe acudir a la vía judicial

para la declaración del carácter propio del bien. Y tal constancia debe reunir los tres recaudos. De

manera que, frente a una declaración indeterminada sobre el origen de la inversión o reinversión lleva a concluir que, a partir del 1º de agosto de 2015, no podrá subsanarse por vía de una escritura

complementaria.

Tal, por otra parte, es la posición del Registro de la Propiedad Inmueble expresado en la Orden de Servicio Nº 45/ 2015, pág. 17.

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Jurisprudencia

1) Voces: sociedad conyugal - bien de la sociedad conyugal - bien ganancial - ejecución

forzada - asentimiento conyugal

Voces: Sociedad conyugal - bien de la sociedad conyugal - bien ganancial - ejecución forzada - asentimiento conyugal

Título: Ejecución forzada y asentimiento conyugal. Autor: Solari, Néstor E.

Publicado en: LLBA 2007 (abril), 268.

Fallo comentado: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón, Sala II (CCivyCom

-Moron, Sala II) - 2006/03/07 - Ríos, Nilda S. c. Arcain, Ernesto G.

Sumario: I.- El caso. II.- Los bienes gananciales frente a terceros. III.- Hipótesis de ejecución

for-zada en el contexto del artículo 1277 del Código Civil.

I.- El caso

El juez de primera instancia desestimó el pedido de nulidad de subasta solicitado por la cónyuge del ejecutado.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón, sala II - con el voto del Dr. José L. Gallo; al que adhirieron los Dres. Felipe A. Ferrari y Severo J. Calosso- confirmó el decisorio ape -lado.

El planteo surgido en autos es un tema recurrente en la práctica judicial, que se plantea en derredor

de la calidad de los bienes gananciales del matrimonio y la consecuente titularidad de los mismos en relación a los acreedores de los cónyuges.

En particular, dos cuestiones son abordadas por el fallo: en primer lugar, la garantía de cada cónyu

-ge frente a los terceros acreedores; y, en segundo lugar, si el caso de ejecución forzada se encuentra comprendido en la hipótesis del art. 1277 del Código Civil. Nos ocuparemos, por separado, de

ambas cuestiones tratadas en la sentencia. II.- Los bienes gananciales frente a terceros A) El régimen legal y la pretensión del recurrente

La cónyuge alega ser condómina del bien ejecutado, afirmando que no ha delegado la administra

-ción del bien objeto de la subasta en cabeza de su esposo. Afirma que, en los hechos, se ocupa del pago de todos los servicios del inmueble en cuestión, del mantenimiento del mismo, del pago de los impuestos, así como de la custodia y conservación del bien en cuestión. Sostiene, así, ser condómi -na y administradora de dicho bien inmueble.

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La pretensión no puede prosperar. Los denominados bienes gananciales no resultan ser de ambos

cónyuges, por efecto del régimen patrimonial del matrimonio. No existe un derecho real de bie

-nes gananciales. Podrá existir un derecho real de condominio, entre los cónyuges. Mas, no puede pretenderse que la “ganancialidad”, surgida del régimen de bienes en el matrimonio, importe un condominio entre ambos cónyuges, por el solo hecho de que el bien sea ganancial.

En realidad, los bienes gananciales integran el patrimonio del cónyuge titular; de ahí que la adminis -tración y disposición de dichos bienes sea una consecuencia de la titularidad del mismo. Administra

y dispone el titular registral. Ello así, pues durante la vigencia del régimen patrimonial hay cuatro

masas de bienes: propios de la mujer; propios del marido; gananciales de la mujer y gananciales del marido. La separación de bienes se mantiene hasta la disolución del régimen patrimonial. Recién al momento de la disolución del régimen se forma la masa común -integrado por los gananciales de la

mujer y los gananciales del marido-, a los fines de la correspondiente liquidación y participación de

cada uno de ellos en el 50% de los adquiridos por el otro.

Todo ello, de conformidad al art. 1315 CC: “Los gananciales de la sociedad conyugal se dividirán por iguales partes entre marido y mujer, o sus herederos, sin consideración alguna al capital propio de los cónyuges, y aunque alguno de ellos no hubiese llevado a la sociedad bienes algunos”. Esa separación de bienes también se encuentra reflejada en el régimen de responsabilidad de los cónyuges frente a terceros. Durante la vigencia del régimen patrimonial, el principio general es que cada uno de los cónyuges responde por las obligaciones por él contraídas, sin que el otro vea alte -rada su responsabilidad. Consecuencia lógica de la responsabilidad sepa-rada.

En efecto, la ley 11.357 (Adla, 1920-1940, 199) determina el régimen de responsabilidad de los cónyuges frente a terceros, estableciendo a cuál de ellos podrán los acreedores cobrar sus créditos (1). De acuerdo a dicha disposición, se ocasiona la total división en la responsabilidad (2).

En tal sentido, el art. 5° de la ley 11.357 establece el principio general de irresponsabilidad de cada cónyuge por las deudas contraídas por el otro (3). De modo que el principio consagrado significa

que los bienes gananciales están afectados por las deudas del cónyuge que los adquiere y los

ad-ministra (4). Pues, por imperio de dicha norma y del art. 1276 CC los bienes de adad-ministración de cada esposo responde por sus deudas y no por las del otro (5). Ello sin perjuicio, claro está, de los casos en que responden por las obligaciones contraídas por su cónyuge responden por obligaciones contraídas por el otro en las hipótesis que constituyen las denominadas oneri matrimoni (conf. art.

6° de la ley 11.357). Sistema que, por otra parte, ha sido reafirmado por doctrina plenaria en el fuero

comercial (6).

En consecuencia, el régimen previsto por la ley 11.357 tiene por finalidad salvaguardar los bienes del cónyuge que no intervino en el negocio de los actos imprudentes del otro; por lo demás, dicho régimen no perjudica a terceros, pues estos, cuando contratan con uno de aquellos, saben de ante -mano que la prenda de sus créditos sólo estará constituida por los bienes que se encuentran y no por

aquellos que figuren en cabeza de su cónyuge (7). Tal régimen de responsabilidad, frente a terceros, sitúa a los cónyuges de la misma manera que si fuesen extraños entre sí (8).

Por lo tanto, frente a terceros, durante la vigencia del régimen patrimonial, ambos cónyuges man -tienen en su patrimonio sus bienes propios y los gananciales que se encuentran bajo su titularidad.

Así, tanto los bienes propios como gananciales del cónyuge deudor constituyen la garantía común

de sus acreedores.

El tribunal ha sostenido, en concordancia con dicho criterio, que los bienes gananciales son propie

-dad exclusiva del cónyuge que los ha adquirido ya que, mientras dura la socie-dad conyugal, el otro cónyuge no tiene sobre ellos ninguno de los derechos de propiedad. Por ello, mal puede hablarse de un “real condominio entre cónyuges” sobre los bienes que se adquieran durante la vigencia de la sociedad por uno de los consortes, fuera de los supuestos de titularidad conjunta.

Por ello, entiende el tribunal, el carácter ganancial de los bienes, tiene virtualidad en las relaciones “inter cónyuges”, pero carece en principio, de toda relevancia frente a terceros acreedores cuya prenda común se halla integrada por el patrimonio del deudor, sin distinguirse el carácter de estos bienes frente a la sociedad conyugal, cuestión en principio extraña al derecho persecutorio del

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la ley 17.711 (Adla, XXVIII-B, 1810), de acuerdo al art. 1276, que establece el principio general

en la materia: cada uno de los cónyuges administra y dispone de los bienes propios y gananciales a su nombre.

De ahí que si le pertenecía la titularidad, puede ser ejecutado en su totalidad por los acreedores del cónyuge deudor por una deuda personal asumida sobre un bien administrado libremente (9). Por lo demás, el régimen patrimonial del matrimonio no constituye fundamento legítimo para demandar al cónyuge no contratante, ya que no se lo puede equiparar en la calidad de contratante al esposo que

no se ha obligado en la transacción (10).

En consecuencia, para establecer cual de los cónyuges tiene la administración y disposición de los bienes gananciales y, por ende, puede comprometerlos con la actividad jurídica sometiéndolos a la persecución de los acreedores, basta la constancia de quien es el adquirente del mismo (11). En definitiva, los bienes gananciales obtenidos por uno de los esposos vigente la sociedad conyugal no son de propiedad común (12), pues el régimen de bienes gananciales no convierte a los cónyuges en condóminos, por lo que el bien adquirido por uno de los cónyuges está sometido íntegramente a

la acción de sus acreedores (13).

B) Aplicación de dichos principios en el caso de autos. En el fallo que motiva el presente comen

-tario, un tercero promueve juicio ejecutivo contra el cónyuge deudor, por la suma de U$S 17.500, atento a la falta de pago del pagaré debidamente acreditado, lo cual provocó que se habilitare llevar

adelante la ejecución incoada.

El inmueble cuya subasta se realizó estaba -al momento de dicha subasta- registrado a nombre del

cónyuge deudor, por lo que constituía la garantía común de su acreedor. En tal situación, nos encon -tramos con que el demandado responde con un bien ganancial registrado a su nombre en un proceso

ejecutivo derivado de una deuda personal. Se ha desvirtudo, de esta manera, la pretensión de la cón

-yuge del deudor de ser condómino de dicho inmueble. De ahí que no pueda observarse vicio alguno en la subasta realizada. En consecuencia, de acuerdo a lo dicho más arriba, los bienes gananciales pertenecen al cónyuge titular y constituyen la garantía común de sus acreedores, por el total del mismo, sin que el carácter ganancial habilite al otro cónyuge a pretender derechos sobre el mismo. III.- Hipótesis de ejecución forzada en el contexto del artículo 1277 del Código Civil

Sostuvo el tribunal que, en la especie, resulta inaplicable el art. 1277 CC, dado que el asentimiento

al que se hace referencia en la norma es para los actos voluntarios y no para el supuesto de una

ejecución forzada, que es la situación de autos.

Participamos de tal criterio interpretativo, en el entendimiento de que la hipótesis alcanzada por

la norma en cuestión solamente quedan comprendidos los actos de disposición del cónyuge titular cuando se trata de actos voluntarios. Ese es el contexto que abarca el sentido de la protección del art.

1277 del Código Civil. En tal sentido, se pretende que el cónyuge no titular pueda ejercer el control de los actos de disposición, enumerados en la norma, y negar dicho asentimiento cuando, en el caso particular, la disposición voluntaria que pretende hacer el titular del bien, le cause o pueda causarle

una afectación al interés familiar.

Por ello, si bien el art. 1277 CC no refiere específicamente a tal hipótesis en forma expresa, creemos que la solución debe encontrarse en la finalidad antes señalada. En consecuencia, el asentimiento conyugal exigido en el art. 1277 CC refiere a actos de disposición voluntaria, por parte del cónyuge

titular del mismo.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia de nuestros tribunales, han interpretado la disposición con este alcance, es decir, entienden que la hipótesis de ejecución forzada queda excluida de la previsión

del art. 1277 del Código Civil.

Para MAZZINGHI, aun cuando la norma legal no lo diga expresamente, el asentimiento conyugal no es necesario en los actos de venta forzada. Argumenta que esta circunstancia, a su hora, podría ser utilizado por un cónyuge animado por el deseo de defraudar al otro, simulando la ejecución de un bien ganancial, que promoviera un tercero. Pero afortunadamente los hechos han desvirtuado este pensamiento, no exento de suspicacia (14).

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En el mismo sentido, ZANNONI sostiene que es importante destacar que el art. 1277 CC sólo exi-ge el asentimiento para los actos de disposición que voluntariamente pretenda realizar el cónyuexi-ge

titular del bien. Por tanto, la transferencia del dominio resultante de la expropiación del bien o de

una ejecución forzada no queda comprendida en la previsión (15).

También BORDA parece referirse a casos de disposición voluntaria de un bien, pues entiende

que no es necesario el asentimiento del cónyuge cuando el otro se limita al cumplimiento de una

obligación legal, como ocurre si la otra parte ha ejercido el derecho de retroventa o el bien ha sido

expropiado. En estos casos no hay un acto voluntario de disposición. El cónyuge titular del dominio

tiene que desprenderse de él porque está legalmente obligado a hacerlo; en otras palabras, la even

-tual oposición del cónyuge sería inocua, porque de todas maneras la transferencia del dominio no

puede evitarse (16).

Asimismo, la jurisprudencia se ha inclinado por esta interpretación, al sostener que la exigencia del

consentimiento de ambos cónyuges para realizar actos de disposición previstos en el art. 1277 CC

se refiere al caso de enajenación voluntaria, pero no cuando media ejecución forzada (17), de un inmueble ante el incumplimiento de una deuda dineraria por parte del cónyuge (18). Por lo que en estos supuestos, la oposición de uno de los cónyuges al remate de la porción pro indivisa del otro, carece de fundamento (19).

En conclusión, el fallo en análisis ha efectuado una correcta aplicación de las normas vigentes en el régimen patrimonial del matrimonio, separando, una vez más, las cuestiones atinentes a los cónyu

-ges, entre sí, y las relaciones jurídicas frente a terceros, sin que estas últimas se vean alteradas por la vigencia del régimen de ganancialidad, derivadas del matrimonio.

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723)

(1) CCiv., Com. Crim. y Correc. Pergamino, 13/9/1999, “B., L. D. c. R., G. S.”, LLBA, 1999-1209. (2) VIDAL TAQUINI, Carlos H. Régimen de bienes en el matrimonio, Ed. Astrea, 1999, pág. 373. (3) BELLUSCIO, Augusto C. “Responsabilidad de un cónyuge por las obligaciones contraídas por el otro”, La Ley, 116-983.

(4) CCiv. y Com. San Nicolás, 17/8/1993, “González, Jorge N. y otra Caruso de Navarra, María R. V.”, J.A., 1994-II-714.

(5) CCiv. y Com. Rosario, sala III, 11/7/1997, “Atoréis, Norberto W. y otro c. Cooper, Darío”, LLLitoral, 1998-2-146.

(6) CNCom., en pleno, 19/8/1975, “Banco Provincia de Buenos Aires c. Sztabinski, Simón”, La Ley, 1975-D, 70.

(7) C. Apel. CC. San Martín, sala II, 14/2/1989, “G. de G., M. L.”, ED, 139-315.

(8) BELLUSCIO, Augusto C. “Los artículos 5º y 6º de la ley 11.357 y el juicio ejecutivo”, La Ley, 1979-C, 235.

(9) CCiv. y Com. 6ª, Nom. Córdoba, 5/11/2002, “B., C. C. y otra c. F., A. M.”, LLC, 2003-726. (10) C1a. Civ., Com. y Familia, Río Cuarto, 5/5/1998, “Giusiano, Mario E. y otro c. Lederhos, Jorge y otra”, LLC, 1998-1407.

(11) CCiv. y Com., Azul, sala I, 18/2/1998, “Miretzky, José A. c. R., M.”, LLBA, 1998-855. (12) CCiv., Com. y Contencioso administrativo, San Francisco, 11/5/1999, “Banco Bica Cooperati

-vo San Francisco c. L., J. O. y otro”, LLC, 2000-462; CCiv. y Com. Salta, sala III, 11/3/1997, “M. de R., M. C. c. C., H. I. y otro”, LLNOA, 1998-1080.

(13) CNCom., sala B, 23/3/1995, “B., H. J.”, ED, 166-576.

(14) MAZZINGHI, Jorge A. Derecho de Familia, t. 2, Ed. Abaco, 1996, pág. 355.

(15) ZANNONI, Eduardo A. Derecho Civil. Derecho de Familia, t. 1, Ed. Astrea, 1998, pág. 600. (16) BORDA, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil. Familia, t. I, Ed. Perrot, 1993, pág. 317. (17) CNCiv., sala B, 7/5/1996, “M., J. c. P., H. y otro”, La Ley, 1996-D, 732; C1a CC., La Plata, sala II, 13/6/1972, “Genovés, Francisco c. Aguado, Argimiro E.”, ED, 44-543; CNCom., sala C, 23/4/1975, “Polesel de Tolaba, Irene H. en: Phibro, S.A. c. Universal Electric S.A.”, ED, 63-454; CNCom., sala D, 18/5/1976, “Italiani, Elso E. c. Automóviles Pinola, S. A. y otros”, ED, 68-297.

(18)

297.

La Ley S.A.

2) Subasta de inmueble. Bien ganancial. 005136/1996, “Banco de la Provincia de

Bue-nos Aires c/ Villanueva, José Luis y otros s/ ejecutivo”, CNCom, Sala A, 28/10/2008

005136/1996 - “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Villanueva José Luis y otros s/ejecutivo”

- CNCom - Sala A - 28/10/2008

Juicio ejecutivo. Subasta de inmueble. Bien ganancial de titularidad conjunta. Condominio de par

-tes indivisas gananciales entre cónyuges. Omisión de especificar en la escritura la proporción de las cuotas partes adquiridas por cada uno de los cónyuges. Art. 2708 del Código Civil. Presunción de

titularidad del cincuenta por ciento indiviso a cargo de cada cónyuge. Exclusión de la subasta de la

porción del cónyuge no demandado. Procedencia.

“En el sub examine se encuentra involucrado un supuesto de adquisición en forma conjunta por

am-bos esposos, por lo que el inmueble reviste el carácter de ganancial de titularidad conjunta o, dicho de otra forma, de un condominio de partes indivisas gananciales entre cónyuges.”

“En efecto, a los bienes sujetos a dicho régimen se les aplica las reglas del condominio, o bien, las de los gananciales de su respectiva gestión, constituyendo un condominio de partes indivisas ga

-nanciales, pero, en definitiva, sólo susceptibles de ser agredidos por los acreedores en la cuota parte que le corresponde al cónyuge deudor.”

“Es verdad que el caso ostenta la particularidad de que en la escritura traslativa del dominio, no se especificó la proporción de las cuotas partes adquiridas por cada uno de los cónyuges. Sin embargo, tal contingencia ha sido prevista por el legislador, resultando de aplicación al caso la directiva del art. 2708 CC, en cuanto establece que ‘habiendo duda sobre el valor de la parte de cada uno de los condóminos, se presume que son iguales’.”

“Sobre tales premisas, y visto que tanto el instrumento glosado en fs. 320/320 como el informe de dominio obrante en fs. 310/312, dan cuenta de que el matrimonio Villanueva-Mesa es titular

del cien por ciento del inmueble embargado o sea que ambos cónyuges son titulares conjuntos de

la totalidad del inmueble, sin que se haya indicado la porción que corresponde a cada uno, ha de presumirse que cada cónyuge resulta titular del cincuenta por ciento indiviso de dicha propiedad.” “Desde tal perspectiva, y considerando que Mabel Norma Mesa no es parte en estas actuaciones,

la decisión del a quo en cuanto excluyó de la subasta la porción de aquélla, no se evidencia pasible de reproche alguno. Frente a dicha circunstancia, la suerte adversa del agravio bajo examen se en

-cuentra sellada.”

Citar: elDial - AA4EF1. Fallo en extenso:

005136/1996, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Villanueva José Luis y otros s/ ejecutivo”, CNCom, Sala A, 28/10/2008.

Buenos Aires, 28 de Octubre de 2008.

Y vistos:

1.) Apeló la parte actora en forma subsidiaria el auto de subasta dictado en fs. 336/339 -mantenido en fs. 342-, en cuanto dispuso la venta del cincuenta por ciento indiviso del inmueble sito en la calle Gral. Arredondo N° 5631, del Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

(19)

Para adoptar esta solución, el a quo hizo mérito de que del informe de dominio que obra agregado

en fs. 310/312 y del segundo testimonio del título de propiedad obrante en fs. 320/328 resultaba

que el inmueble fue adquirido por los cónyuges José Luis Villanueva y Mabel Norma Mesa en su

totalidad, no habiendo sido esta última demandada en autos.

Los fundamentos fueron expuestos en fs. 340/341.

2.) La recurrente se agravió porque no se decretó el remate del cien por ciento de la propiedad em-bargada. Alegó que la circunstancia de que la compra del inmueble se hubiera efectuado durante la

vigencia de la sociedad conyugal no convertía al cónyuge no demandado en autos en condómino. Explicó que la propiedad en cuestión constituía un bien ganancial adquirido por José Luis Villa

-nueva, por lo que se encontraría fuera de la órbita de la ganancialidad, ya que se trataría de un bien administrado por el titular, afectado a la satisfacción de una obligación contraída por aquel.

3.) De las constancias habidas en la causa resulta que la presente acción ejecutiva fue entablada

contra José Luis Villanueva, Mima Inés Villanueva, Cándido Villanueva, René Aguerre de Villa

-nueva, Jorge Soto y Alicia González de Soto, a quienes se los condenó a abonar al actor la suma de $ 17.296,18, con más los respectivos intereses y las costas del juicio (fs. 19 y fs. 89). Luego, con fe

-cha 30/05/07, se trabó embargo sobre el inmueble aquí involucrado consignándose en el testimonio respectivo que se encontraba en cabeza de José Luis Villanueva, sin que en la anotación respectiva

se hubiera efectuado aclaración alguna a la porción indivisa que la medida afectó (fs. 261 vta.).

Por otro lado, del testimonio de la escritura traslativa de dominio agregado en fs. 320/329 resulta que el inmueble fue vendido “a los cónyuges don José Luis Villanueva y doña Mabel Norma Mesa”, extremo que se encuentra reflejado en el informe de dominio que luce en fs. 310/312, donde aparece

dicho matrimonio como titular del cien por ciento de la propiedad.

4.) Así planteado el thema decidendum, cabe señalar que con la modificación del art. 1276 del Có

-digo Civil por la ley 17.711, se ha introducido en nuestra legislación el principio de la separación de administración de los bienes de la sociedad conyugal, distinguiendo cabalmente dos masas pa

-trimoniales. Tales masas se integran con los bienes propios de titularidad del marido o de la mujer, respectivamente, y con los bienes gananciales, los cuales, de acuerdo al origen de su adquisición, se atribuyen a la gestión de aquel de los cónyuges que los adquirió. Ello, sin perjuicio de la unidad de

la masa una vez acaecida la disolución de la sociedad conyugal (conf. ZANNONI. Derecho Civil: Derecho de Familia, T. I, pág. 544).

El carácter ganancial o propio de un bien está referido al momento de la disolución de la sociedad

conyugal, y eventualmente, a los supuestos previstos por el art. 1277 del código citado que regula

la disponibilidad de ciertos bienes sin afectar su titularidad frente a terceros.

Este régimen se concilia con el principio de separación de responsabilidad establecido por los arts.

5° y 6° de la ley 11.367, según el cual los bienes propios de un cónyuge y los gananciales que él adquiere no responden por las deudas del otro y sí, en cambio, por las propias, salvo los supuestos allí contemplados (conf. Ob. cit. T. 1, págs. 525 y sgts.).

En tal marco, el art. 6° de la ley 11.367 dispone que el cónyuge no deudor responde con los frutos de sus bienes propios y gananciales sólo cuando las obligaciones fueron contraídas para atender las necesidades del hogar, para la educación de los hijos o para la conservación de los bienes comunes,

supuestos que no se dan en autos.

5.) Efectuada esta precisión fáctica y conceptual, es claro que en el sub examine se encuentra

invo-lucrado un supuesto de adquisición en forma conjunta por ambos esposos, por lo que el inmueble reviste el carácter de ganancial de titularidad conjunta o, dicho de otra forma, de un condominio de

partes indivisas gananciales entre cónyuges.

En efecto, a los bienes sujetos a dicho régimen se les aplica las reglas del condominio, o bien, las de los gananciales de su respectiva gestión, constituyendo un condominio de partes indivisas ga

-nanciales, pero, en definitiva, sólo susceptibles de ser agredidos por los acreedores en la cuota parte

que le corresponde al cónyuge deudor.

Es verdad que, el caso ostenta la particularidad de que en la escritura traslativa del dominio, no se especificó la proporción de las cuotas partes adquiridas por cada uno de los cónyuges. Sin embargo,

(20)

condóminos, se presume que son iguales”.

Sobre tales premisas, y visto que tanto el instrumento glosado en fs. 320 como el informe de domi

-nio obrante en fs. 310/312, dan cuenta de que el matrimo-nio Villanueva-Mesa es titular del cien por

ciento del inmueble embargado o sea que ambos cónyuges son titulares conjuntos de la totalidad

del inmueble, sin que se haya indicado la porción que corresponde a cada uno, ha de presumirse

que cada cónyuge resulta titular del cincuenta por ciento indiviso de dicha propiedad. Desde tal

perspectiva, y considerando que Mabel Norma Mesa no es parte en estas actuaciones, la decisión

del a quo en cuanto excluyó de la subasta la porción de aquella, no se evidencia pasible de reproche alguno. Frente a dicha circunstancia, la suerte adversa del agravio bajo examen se encuentra sellada. 6.) Por todo ello, esta Sala resuelve:

Rechazar el recurso interpuesto y, por ende, confirmar el pronunciamiento apelado en lo que ha sido

materia de agravio.

Sin costas por no haber mediado contradictor.

Devuélvase a primera instancia encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones per -tinentes.

Fdo.: María Elsa Uzal, Isabel Míguez, Alfredo Arturo Kölliker Frers. Ante mí: Valeria Cristina Pereyra, Prosecretaria de Cámara.

Citar: elDial - AA4EF1, Editorial Albremática.

3) Voces: bien de la sociedad conyugal - bien ganancial - deuda del cónyuge -

disolu-ción de la sociedad conyugal - división de la sociedad conyugal - embargo - indivisión

postcomunitaria - levantamiento de embargo - liquidación de la sociedad conyugal -

matrimonio - medidas cautelares - muerte del cónyuge - sociedad conyugal - sucesión

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L (CNCiv, Sala L). Fecha: 19/12/2006.

Voces: bien de la sociedad conyugal - bien ganancial - deuda del cónyuge - disolución de la sociedad conyugal - división de la sociedad conyugal - embargo - indivisión postcomunitaria - levantamiento de embargo - liquidación de la sociedad conyugal - matrimonio - medidas cautelares - muerte del cónyuge - sociedad conyugal - sucesión

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala L (CNCiv, Sala L) Fecha: 19/12/2006.

Partes: Gerpe, Francisco c. B., L. Publicado en: La Ley.

Sumarios:

1. Corresponde confirmar el levantamiento de embargo ordenado sobre el cincuenta por ciento perteneciente a la cónyuge sobreviviente del deudor porque, si el acreedor no embargó bienes del deudor luego de la muerte de este, el patrimonio a embargar es el que corresponde al estado de indivisión, razón por la cual la medida debió limitarse a la porción de los bienes gananciales que correspondían al difunto en la sociedad conyugal y que constituyen el acervo hereditario.

2. Existiendo una deuda personal impaga, ya sea contraída con anterioridad a la celebración del matrimonio o durante este, el patrimonio que sirve de garantía al acreedor será el existente durante la vigencia de la sociedad conyugal, siempre y cuando se hayan embargado bienes durante esa vi

-gencia, por lo que en caso contrario será el que exista después de disuelta.

3. Si para el cobro de un crédito anterior a la disolución de la sociedad conyugal, el acreedor no em

(21)

a embargar será el que corresponda al estado de indivisión, pudiendo sólo embargar la parte indivisa

que constituye el acervo del causante para proceder a su ejecución. Texto completo:

2ª Instancia, Buenos Aires, diciembre 19 de 2006.

Autos y vistos: Contra la resolución de fs. 1125/1127 sostiene su recurso la parte actora mediante el

escrito de fs. 1133/1136, cuyo traslado fue contestado a fs. 1145/1146.

La indivisión postcomunitaria es la situación en que se halla la masa de bienes gananciales desde la disolución de la sociedad conyugal hasta la partición. Sobre esa masa tienen un derecho de pro-piedad proindiviso por partes ideales iguales los dos cónyuges si la disolución se ha producido en

vida de ambos, sustituidos por los sucesores universales de uno u otro si la disolución deriva de la

muerte de alguno de ellos.

El pasivo de la indivisión postcomunitaria está formado por las obligaciones nacidas durante la sociedad conyugal y no extinguidas a su disolución y las nacidas durante la indivisión y con motivo de ella. En cuanto a las primeras corresponde determinar si el régimen de limitación de responsabi-lidades establecido en los arts. 5° y 6° de la ley 11.357 subsiste o no después de la disolución. Se han planteado al respecto dos posiciones doctrinarias. Una considera que los arts. 5° y 6° de la

ley 11.357 no rigen después de la disolución de la sociedad conyugal, razón por la cual la garantía de los acreedores de cada uno de los cónyuges que estaba dada por el patrimonio íntegro del deudor queda reducida a la mitad y, a su vez, puede acrecentarse con la mitad indivisa de los bienes que

pudiera tener el cónyuge supérstite. En tanto que la otra postura considera subsistente el régimen

legal indicado, basado en que no existe norma legal que limite su aplicación al momento en que la comunidad de disuelve, por lo cual los acreedores de uno de los cónyuges continuarán teniendo por prenda común el patrimonio que su deudor tuvo durante la vigencia de la sociedad conyugal, sub -sistiendo consecuentemente una pluralidad de masas. La disolución de la sociedad conyugal en este

último caso no les sería oponible mientras no fuese inscripta en los registros; así podrían embargar la totalidad de los bienes de su deudor, oponerse a la partición y subrogarse en los derechos de su

deudor para obtener la partición.

La primera posición es la que en doctrina va adquiriendo mayor adhesión cuando se trata del

su-puesto de disolución por causa de muerte de uno de los cónyuges, en donde se alteran las relaciones de titularidad, que en lo sucesivo va a recaer en el cónyuge supérstite y los herederos del cónyuge

fallecido.

Ahora bien, si el crédito es anterior a la disolución de la sociedad conyugal, el acreedor, después de disuelta, podrá conseguir medidas precautorias o ejecutorias sobre el patrimonio de su deudor,

según el estado en que ese patrimonio se encuentre al efectivizarse la medida. Tal patrimonio está en

estado de indivisión, por lo cual sólo se podrá embargar y ejecutar la parte alícuota que corresponde

a los herederos de su deudor. El patrimonio que sirve de base para la ejecución es el existente al momento del embargo y no el que existió con anterioridad a la disolución de la sociedad conyugal (PÉREZ LASALA, José Luis. Liquidación de la sociedad conyugal por muerte y partición here-ditaria, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, pág. 141).

Por eso, existiendo una deuda personal impaga, ya sea contraída con anterioridad a la celebración del matrimonio o durante este, el patrimonio que sirve de garantía al acreedor será el existente du -rante la vigencia de la sociedad conyugal siempre y cuando se hayan embargado bienes du-rante esa

vigencia, en caso contrario será el que exista después de disuelta. En otras palabras, si para el cobro de un crédito anterior a la disolución de la sociedad conyugal, el acreedor no embargó bienes de su deudor durante esa vigencia, sino después de la muerte del deudor, el patrimonio a embargar será el que corresponda al estado de indivisión, pudiendo sólo embargar la parte indivisa que constituye el

acervo del causante para proceder a su ejecución.

Surge de fs. 973 que se han embargado los derechos sucesorios de los herederos del demandado y a fs. 1037 se materializó tal medida sobre las acciones y dividendos correspondientes a L. B. y/o sus sucesores en la firma... S.R.L., ordenándose que los importes líquidos se depositen en una cuenta

(22)

nes gananciales que correspondían al difunto en la sociedad conyugal y que constituyen el acervo hereditario, por lo que corresponde confirmar el levantamiento de embargo sobre el cincuenta por

ciento perteneciente a la cónyuge sobreviviente.

Por ello el tribunal resuelve: Confirmar la resolución de fs. 1125/1127, con costas por su orden, por ser la cuestión de disímil interpretación.

El doctor Rebaudi Basavilaso no firma por encontrarse en uso de licencia (art. 109 Regl. Just. Na -cional).

Víctor Fernando Liberman. Marcela Pérez Pardo.

La Ley S.A.

4) Voces: hipoteca - inhibición general de bienes - inmueble - inscripción registral -

re-gistro de la propiedad - Rere-gistro de la Propiedad Inmueble - sociedad conyugal

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L (CNCiv, Sala L).

Fecha: 05/12/2006

Voces: hipoteca - inhibición general de bienes - inmueble - Inscripción registral - registro de la pro-piedad - registro de la propro-piedad inmueble - sociedad conyugal

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L (CNCiv, Sala L)

Fecha: 05/12/2006.

Partes: Piccinini, Ezequiel E. c. G., N. C. y otros. Publicado en: La Ley.

Sumarios:

1. La adjudicación del inmueble hipotecado a la codemandada, producida con motivo de la diso

-lución de la sociedad conyugal, es razón suficiente para acceder al levantamiento de la inhibición general de bienes que fuera ordenada respecto de su persona, ya que la medida procede siempre que

no se conozcan bienes del deudor.

2. Corresponde el levantamiento de la inhibición general de bienes decretada respecto de la

code-mandada, toda vez que conforme el art. 228 del Cód. Procesal la medida cautelar resulta admisible

siempre que no se conozcan bienes del deudor o que estos no cubran el importe del crédito

recla-mado, y en el caso, aquella ha demostrado que posee por lo menos un bien inmueble y el acreedor

ni siquiera alegó que su valor no cubriese el crédito reclamado. Texto completo:

2ª Instancia, Buenos Aires, diciembre 5 de 2006.

Autos y vistos: Contra la resolución de fs. 99/100 sostiene su recurso la demandada M. en el escrito

de fs. 131/133. El pertinente traslado fue contestado a fs. 137/138. A su vez contra la resolución de fs. 127/128 sostiene su recurso el demandado G. a fs. 146 cuyo traslado fue contestado a fs. 152/153. En primer lugar habrá de tratarse de apelación interpuesta contra la resolución de fs. 127/128 que revocó la caducidad de las medidas cautelares que la a quo había declarado a fs. 112/114, pues de la

suerte de este recurso dependerá la necesidad o no de resolver el interpuesto a fs. 118.

Esta sala ha dicho en reiteradas oportunidades que los fundamentos del memorial deben ser

concre-tos, precisos y claros ya que en el sistema dispositivo que rige en nuestro país, esta pieza procesal se erige como el eje que tiende a modificar el decisorio atacado. Para ello, hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la resolución impugnada, ya que si este embate no se cumple o se lleva a cabo en forma deficitaria el decisorio deviene firme, pues es el atacante quien a través del memorial fija el ámbito funcional de la alzada, la que no está facultada para suplir los déficits argumentales del recurrente, ni para ocuparse de las quejas que este no dedujo (conf. exptes. N° 47.016; 48.031; 49.298; y 49.357).

(23)

Sostiene el apelante que la caducidad de las medidas cautelares resulta procedente atento que el cierre de la mediación se efectuó el 20/03/06 y al 05/04/06 -fecha en que solicitó se declarara la

caducidad- había transcurrido el plazo de diez días que establece el art. 207 del CPCC. Pero el

quejoso no se hace cargo del argumento expuesto por la a quo en el sentido de computar dentro

del plazo de suspensión los veinte días corridos posteriores a la fecha del acta de finalización de la mediación según establece el art. 28 del D. 91/98, por lo cual el recurrente se limita a disentir con lo resuelto, sin siquiera intentar la refutación de los argumentos expuestos por la Sra. Juez basados en las razones fácticas y jurídicas que dan sustento a la resolución, por lo que corresponde declarar

la deserción del recurso. Es que la ley requiere que el memorial contenga un análisis razonado de

la sentencia y de la demostración de los motivos que se tienen para considerarla errónea, de manera que, en ausencia de objeciones especialmente dirigidas a las consideraciones determinantes del fa

-llo adverso al apelante, no puede haber agravio que atender en la alzada, desde que no existe cabal expresión de los mismos (conf. esta sala exptes. N° 48.161, 47.313 y 49.729).

La adjudicación a la esposa del inmueble hipotecario por disolución de la sociedad conyugal es

ra-zón suficiente para acceder al levantamiento de la inhibición general de bienes que fuera ordenada respecto de su persona, toda vez que conforme establece el art. 228 del CPCC esta medida cautelar

resulta admisible siempre que no se conozcan bienes del deudor o que no cubran estos el importe

del crédito reclamado, dado que la inhibida ha demostrado que posee por lo menos un bien inmue -ble y que el acreedor no ha siquiera alegado que su valor no cubra el crédito reclamado habrá de revocarse la resolución recurrida.

Por lo expuesto, el tribunal resuelve: I. Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 146, con costas al vencido. II. Revocar la resolución de fs. 99/100, con costas a la parte actora. Procédase al levantamiento de la inhibición general de bienes decretada contra S. M. M. a cuyo fin en la instancia de grado deberán librase los pertinentes oficios. - Marcela Pérez Pardo. - O. Hilario Rebaudi Basavilbaso. - Emilio M. Pascual.

La Ley S.A.

5) Aplicación temporal de la ley. Acuerdo Nº 194 - Cámara de Apelaciones de Trelew

(Chubut) en pleno, 15/04/2015

Acuerdo N° 194, Cámara de Apelaciones de Trelew (Chubut) en pleno, l mes de abril del año dos mil quince, se reúne en Acuerdo Plenario la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Trelew, bajo la Presidencia de su titular Dr. Aldo Luis De Cunto, Vice

-presidencia del Dr. Marcelo Jorge López Mesa, y asistencia de los señores Jueces de Cámara Dres. Carlos Alberto Velázquez, Natalia Isabel Spoturno, y Sergio Rubén Lucero; y visto:

Que la ley 26.994 aprobó el Código Civil y Comercial de la Nación que como anexo integra la citada ley. Que la ley 27.077 modificatoria del art. 7º de la ley 26.994, publicada en el Boletín Oficial el 19/12/2014 dispuso que la misma entrará en vigencia a partir del 1º de agosto de 2015, y

considerando:

Que dada la inminencia de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, que introdu

-ce notorios, extensos y profundos cambios en la normativa civil y comercial que viene aplicándose en la República, se hace necesario unificar criterios a su respecto, interpretando lo establecido en el art. 7º de la ley 26.994 a fin de no afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

Que a los efectos de evitar que la entrada en vigencia de la nueva norma trastorne el funcionamiento

del sistema de administración de justicia y el ejercicio de la abogacía, corresponde establecer pautas claras y uniformes, a fin de procurar una correcta implementación del nuevo ordenamiento que nos

regirá a partir del 1º de agosto del corriente año. Que resulta imperioso prever la forma en que se va

(24)

mercial, correctamente interpretado.

Que la norma citada no consagra la aplicación retroactiva de la nueva ley sino su aplicación

inme-diata, aun a las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas existentes; o sea, que la nueva

ley rige para los hechos que están in fieri o en su curso de desarrollo al tiempo de su sanción y no

para las consecuencias de los hechos pasados, que quedaron sujetos a la ley anterior, pues juega allí la noción de consumo jurídico (SCBA, Ac. 27.221 del 7/8/79; Ac. L. 45.548 del 18/12/90, Ac. 51.810 del 5/4/94, Ac. 51.335 del 3/5/95, Ac. 63.638 del 27/4/99, Ac. 67.772 del 23/2/00, e. o.). Es decir, que la nueva ley toma a la relación o situación jurídica en el estado en que se encontraba al tiempo de ser sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos, en tanto

que los cumplidos se los considera regidos por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaron. En

este sentido se ha dicho que: “...dictada una nueva ley, las partes anteriores de esa relación o situa

-ción jurídica quedan sujetas a la antigua ley, en tanto que las partes posteriores son regidas por la

nueva ley (BORDA. “La reforma del Código Civil. Efectos de la ley con relación al tiempo”, en El Derecho, tomo 28, pág. 810). Como lo señala MORELLO (Códigos..., tomo I., pág. 716 y sgts.): “Esta idea de consumo jurídico resguarda la incolumnidad de los actos ya operantes en el tráfico, enjugando una irretroactividad inconstitucional, preservando el principio de seguridad jurídica y acordando un plafón suficiente a las consecuencias de aquellos actos que sí pueden atraparse por el regulamiento ulterior” (causa 243.736, Juzg. 23, S3º, LP). Que dadas las dificultades e incerti -dumbre del sistema de entrada en vigencia y de derecho transitorio que contiene el nuevo Código Civil y Comercial (cfr. MEDINA, Graciela. “Efectos de la ley con relación al tiempo en el Pro

-yecto de Código”, La Ley 2012-E, 1302), cuya interpretación y aplicación parcial o no criteriosa, podría provocar el desafortunado desenlace de que por aplicación literal de su art. 7º, se llegase

al inconveniente de que sentencias dictadas en la instancia de grado con los códigos de VÉLEZ

SARSFIELD y ACEVEDO antes del 1º de agosto del año en curso, fueran revisadas en la alzada luego de ese hito temporal al conjuro del nuevo ordenamiento, lo que claramente constituiría lógica -mente un despropósito y constitucional-mente un atentado contra derechos individuales amparados

por garantías constitucionales como el derecho de defensa en juicio y resguardo del debido proce

-so legal. Bien se ha dicho, que: “El legislador, al sancionar nuevas normas, lo hace basado en la creencia que contempla de manera más justa la realidad social, y mejora el ordenamiento jurídico,

lo que apareja una pretensión de inmediata sustitución del antiguo Derecho y puede llevar a aplicar

la nueva ley a todas las situaciones jurídicas pendientes, tanto en lo que se vincula con sus efectos o consecuencias, o a juzgar con una vara distinta, situaciones que se amparaban legítimamente en la ley que estaba en vigor en el momento de su nacimiento. Nosotros afirmamos la necesidad de una rápida adaptación al nuevo sistema, pero la transición no puede ser tan brusca que vulnere la seguridad jurídica; ello exigirá que se apliquen los viejos dispositivos, al menos para juzgar la va

-lidez de las situaciones que se forjaron y consolidaron al amparo de la ley anterior” (cfr. LÓPEZ, Joaquín M. R.; MOISSET DE ESPANÉS, Luis. “El cambio legislativo. Normas de transición y de conflicto” (en línea). En: DONAIRES SÁNCHEZ, Pedro; JIMÉNEZ VARGAS;MACHUCA,

Roxana; ABANTO TORRES, Jaime (coord.), Derecho y cambio social, Lima (Perú), Número 11, año IV, 2007. Disponible en http://www.derechoycambiosocial.com/revista011/cambio%20legis

-lativo.pdf). A tal fin, y a los efectos meramente orientadores, esclareciendo algunos criterios que habrán de aplicarse para brindar previsibilidad y certeza a los operadores jurídicos, tanto integrantes del Poder Judicial, como abogados del foro y justiciables, esta Cámara señala que una vez dicta -da la sentencia de grado en una causa bajo el régimen de los Códigos de VÉLEZ SARSFIELD

y ACEVEDO, se produce una consolidación jurídica de la causa o un “consumo jurídico”, que

lleva aparejada la consecuencia de que en las sucesivas instancias judiciales habrá de revisarse la

sentencia de grado a la luz del mismo ordenamiento bajo cuyo amparo ella se dictó. Ello así con excepción de aquellos supuestos que se pudieran presentar como hechos en curso de ejecución, esto es, que no se agotaron con el dictado de la sentencia sino que comenzaron a existir a partir de ella. Así, los hechos pasados que han agotado la virtualidad que les es propia no pueden ser alcanzados por la nueva ley sin incurrir en retroactividad de ella. Esa es la noción de “consumo jurídico”; en

(25)

palabras del maestro LLAMBÍAS, así como ante una relación jurídica sus “...consecuencias aún no ocurridas al tiempo de dictarse la nueva ley, quedan gobernadas por esta; en cambio, las consecuen

-cias ya producidas están consumadas y no resultan afectadas por las nuevas leyes, pues lo impide la noción de consumo jurídico” (Tratado de Derecho Civil. Parte general, 4° ed., Perrot, 1984, I-142; en sentido coincidente, BORDA, Tratado de Derecho Civil, Parte general, 7° ed., Perrot, 1980, I-167, n° 150). “La nueva ley toma a la relación jurídica en el estado que se encuentra al tiempo que la ley es sancionada y pasa a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos, en tanto que a los cumplidos se los considera regidos por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaban” (SCBA, E. D., 100-316). Asimismo, es dable aconsejar a los Sres. Jueces de primera instancia que ante la

presentación de demandas con sustento en las normas que cesan en su vigencia en el plazo de su

traslado, propicien con un despacho saneador su adecuación, en el plazo que fijen, a las normas que entrarán en vigencia, a fin de evitar que se trabe la litis con apoyatura en normas que, a días vista, habrán de cesar en su vigencia. Por ello, la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Trelew,

Acuerda: 1º) Disponer que una vez dictada la sentencia de grado en una causa bajo el régimen de

los Códigos Civil y de Comercio hoy vigentes, en las sucesivas instancias judiciales habrá de re -visarse la sentencia de grado a la luz de los mismos ordenamientos bajo cuyo amparo ella se dictó.

2º) Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese. Se deja constancia que el presente es suscripto por cinco jueces de Cámara en razón de hallarse de licencia el Dr. Raúl A. Vergara (art. 7°, ley V Nº 17). Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, firmando los señores Presidente, Vicepresidente y Jueces de Cámara asistentes, por ante mí, que doy fe.

Fdo.: Marcelo J. López Mesa - Aldo L. De Cunto - Carlos A. Velázquez - Sergio R. Lucero - Natalia

I. Spoturno. Ante mí: Zulema M. Ybarra - Auxiliar Letrada.

Citar: elDial AA8E65.

Publicado el: 17/04/2015.

Editorial Albremática S.A., Tucumán 1440 (CP 1050), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argen -tina.

6) Voces: compraventa de inmueble - escribano - escritura pública - escritura

trasla-tiva de dominio - inscripción registral - nulidad - nulidad de escritura pública -

publi-cidad registral - Registro de la Propiedad Inmueble

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I (CNCiv, Sala I).

Fecha: 01/03/2007

Voces: compraventa de inmueble - escribano - escritura pública - escritura traslativa de dominio - inscripción registral - nulidad - nulidad de escritura pública - publicidad registral - registro de la propiedad inmueble

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I (CNCiv, Sala I).

Fecha: 01/03/2007.

Partes: Olivera, Ricardo M. c. Casali, Alberto M. y otros. Publicado en: La Ley.

Sumaios:

1. Debe rechazarse la nulidad articulada y establecerse la validez de la escritura traslativa de

domi-nio autorizada, en base a los certificados requeridos y a los segundos testimodomi-nios de escrituras ins

-criptos -art. 23 de la ley 17.801 (Adla, XXVIII-B, 1929)-, pues la anterior escritura de compraventa no fue instrumentada dentro del plazo de validez de los certificados que fija el art. 24 de la ley men

(26)

2ª Instancia, Buenos Aires, marzo 1° de 2007. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

La doctora Varela dijo:

I) A fs. 465/475 el Sr. Juez a quo rechaza la demanda entablada por Ricardo Máximo Olivera contra

Alberto Mario Casali, Ricardo Héctor Ceccato y la escribana M. B. A. por nulidad de escritura (fs. 155/158), escrituración y daños y perjuicios (fs. 106/114).

Contra dicha sentencia apela únicamente la parte actora, quien expresa sus agravios a fs. 490/504, los cuales son contestados por el codemandado Casali a fs. 509/510 y por el coaccionado Ceccato

a fs. 510.

II) En primer lugar el accionante se agravia del rechazo por parte del sentenciante de la nulidad del

acto escriturario celebrado entre Alberto Mario Casali y Ricardo Héctor Ceccato, sosteniendo que

de la prueba obrante en autos surge que la escribana A. otorgó la escritura traslativa del dominio

del lote 742-a y el cincuenta por ciento indiviso del lote 742-b ubicados en el Partido de Bragado, cuando aún no había vencido el plazo de que gozaba la notaria F. V. respecto de los certificados

solicitados por la operación instrumentada entre el actor y Ricardo César Cammarata en carácter de mandatario del codemandado Casali.

Anticipo mi conformidad con la fundada decisión del juez de la anterior instancia, respecto de rechazar el planteo de nulidad de la escritura N°... del Registro Notarial de Bragado, provincia de Buenos Aires, labrada por ante la escribana M. B. A. con fecha 27/9/02 e inscripta en el Registro

el 1/11/02.

A poco de leer los planteos del recurrente se advierte que el mismo confunde el plazo de validez de

los certificados establecido por el art. 24 de la ley 17.801 -que en el caso de autos era de veinticinco días, por tratarse de documentos autorizados por escribano con domicilio legal en el interior de la provincia-, con el plazo de inscripción prescripto por el art. 5º de la referida norma modificada por la ley 20.089 -que fija cuarenta y cinco días a partir de su instrumentación-.

El plazo a que alude el art. 24 significa que cualquier nueva inscripción queda relegada en el regis

-tro, hasta tanto haya vencido el plazo del certificado. Si se solicita una nueva inscripción, el regis

-tro lo inscribe, pero con la prevención que ya hay una reserva de prioridad, o sea que se inscribe condicionalmente, puesto que un tercero que pidió la preanotación ya pasó a la categoría de tercero registral, recibiendo la protección del registro. Únicamente en caso de que el acto jurídico negocial no se instrumentara en el plazo del certificado, se perdería la inmunidad, quedando como definitivos

los actos anotados o inscriptos condicionalmente (FAZIO DE BELLO, Marta. Actos jurídicos y documentos inscribibles, Ed. La Rocca, pág. 139); y como didácticamente lo explica Fernando J. LÓPEZ DE ZAVALÍA (Curso Introductorio al Derecho Registral, pág. 340): los beneficios de la prioridad del acto jurídico se mantienen siempre que el mismo se instrumente dentro del plazo de vigencia de los certificados y se inscriba dentro de los cuarenta y cinco días contados a partir de su

instrumentación.

Por lo tanto, atento que la escribana F. V. solicitó certificados el día 13/8/02 y no instrumentó la es

-critura de compraventa dentro del plazo de validez de dichos certificados (veinticinco días), el acto jurídico que se pretendía instrumentar perdió el beneficio de prioridad o inmutabilidad. En conse

-cuencia, la escritura traslativa de dominio autorizada por la escribana A., con fecha 27 de setiembre de 2002, resulta válida en base a los certificados requeridos el 6 de setiembre de 2002 y a los segun -dos testimonios de escrituras inscriptos (art. 23 de la ley 17.801). Al respecto es de resaltar que a fs.

359 el Departamento Jurídico de la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad informó que

la escritura cuya impugnación pretende el accionante ha reunido los requisitos para su inscripción.

El segundo agravio de la parte actora hace referencia a lo resuelto en la sentencia de grado, respec -to de la revocación tácita del manda-to de administración y disposición conferido con fecha 30 de

setiembre de 1977 por el codemandado Casali a favor de Ricardo César Cammarata, con relación a los lotes anteriormente individualizados ubicados en el partido de Bragado.

El actor era titular de dominio del cien por ciento del lote 742-a y condómino de Alberto Mario

(27)

de autos que a los nombrados los unió una antigua amistad, la cual se quebró a consecuencia de las

diferencias económicas por la productividad del campo.

La sala en anterior composición, con el voto preopinante de mi distinguido colega Dr. Ojea Quin

-tana en los autos “Bielicki, Carlos c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Rescisión de Contrato”, expte. 72.784/95 sostuvo que: “Según prescribe en forma expresa el art. 1970 del Código Civil, el mandante puede revocar el mandato siempre que quiera; disposición que, como lo destaca

SALVAT, se funda en diversos motivos: puede decirse que el mandato reposa en la confianza o en las necesidades o conveniencias del mandante, por lo cual este debe estar autorizado para hacerlo cesar tan pronto como esa confianza o esas necesidades o conveniencias hayan desaparecido; puede también agregarse que el mandato se da ante todo en el interés del mandante y que, por consiguien

-te, el mandatario debe esperar, que en cualquier momento se le ponga fin (Derecho Civil Argentino. Fuente de las Obligaciones, T. III, ed. 1954, Nº 1933). BORDA expresa: En principio, el mandante puede siempre revocar el mandato por voluntad unilateral y según su libre arbitrio (art. 1970). Es que el mandato se otorga principalmente en interés del mandante; es un acto de confianza, y cuando esta ha cesado, sería injusto obligar al mandante a seguir ligado a todas las consecuencias del apo

-deramiento. Se funda esta solución en la idea de que el mandante es dueño del negocio y que, por tanto, puede modificar el mandato, ampliarlo, limitarlo y por último, ponerle término. No requiere

justa causa; el mandante no necesita dar los motivos de su decisión (Tratado de Derecho Civil. Con-tratos, T. III, Nº 1760)”. Por su parte y en sentido concordante sostiene MOSSET ITURRASPE:

“Puede formularse sin necesidad de expresar causal de ninguna clase; basada en el mero querer del mandante. Se trata en consecuencia, de un derecho atribuido al mandante, que puede ejercitar, “ad nutum y en cualquier momento” (MOSSET ITURRASPE, Jorge. Mandatos, Ediar, 1979, pág.

272).

Ahora bien, conforme el art. 1964, para cesar el mandato con relación al mandatario y a los terce

-ros con quienes ha contratado, es necesario que ellos hayan sabido o podido saber la cesación del mandato. Sin perjuicio de ello, la declaración de revocar puede expresarse directa o indirectamente en este último caso, ella se desprende de un comportamiento o una conducta que demuestra o hace reconocible la expresión de voluntad correspondiente. De ahí que la revocación pueda ser expresa (medio directo) o tácita (medio indirecto), que son los supuestos contemplados en los arts. 1971 y 1972 (BELLUSCIO-ZANNONI. Código Civil y leyes complementarias, T. 9, págs. 376 y sgts.) siendo el supuesto contemplado en el último de los artículos mencionados el aplicable al caso de autos, debido a la intervención directa del mandante en la venta de los lotes de su propiedad.

El juez de la anterior instancia valora adecuadamente en el considerando X del fallo -al cual me

remito en honor a la brevedad- la prueba producida en autos, advirtiendo de las presentaciones efectuadas por el accionante, de lo testimoniado por Carlos Ernesto Polo -corredor inmobiliario que efectuó la venta de los lotes- y de las serias y concordantes presunciones que refiere, que tanto el actor como Cammarata tuvieron conocimiento de la venta efectuada por Casali a favor de Ceccato, mediante boleto de compraventa instrumentado el 6 de julio de 2002, fecha a partir de la cual el adquirente tomó posesión de los lotes, como lo reconoció el propio accionante. En razón de ello y por aplicación del ya mencionado art. 1972 CC se produjo la revocación tácita del mandato que

oportunamente Casali otorgara.

III) Por las consideraciones expuestas voto la confirmación de la sentencia apelada. Costas de esta

instancia a la parte actora.

Por razones análogas, la doctora Castro adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto.

El doctor Ojea Quintana no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 R. J. N.).

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve: Confir

-mar la sentencia recurrida e imponer las costas de alzada a la parte actora (art. 68 CPCC) difiriendo la regulación para una vez que se fijen los de primera instancia. - Graciela A. Varela. - Patricia E.

Castro. La Ley S.A.

(28)

dad - cuenta corriente mercantil - apertura anterior a la inscripción

Expte. 32693/2004 - “Banco Itaú Buen Ayre S.A. c/ Bartolomé, Silvia Patricia y otro s/ ejecutivo” - CNCom - Sala B - 16/02/2007

Juicio ejecutivo - bien de familia - afectación de inmueble embargado - inoponibilidad - cuenta corriente mercantil - apertura anterior a la inscripción

Expte. 32693/2004 - “Banco Itaú Buen Ayre S.A. c/ Bartolomé Silvia Patricia y otro s/ ejecutivo” - CNCom - Sala B - 16/02/2007

“La tutela establecida por la ley N° 14.394, no puede convertirse en vehículo o instrumento para sorprender a los acreedores, burlando las legítimas expectativas que han tenido en cuenta para con

-ceder crédito, que lo ha sido fundamentalmente sobre la base de la confianza y solvencia demostra

-das por el deudor. Por ello, lo que interesa no es el vencimiento del plazo concertado para el pago, sino la fecha en que se constituyó la obligación.”

“Resultó acertada la resolución que declaró la inoponibilidad a la ejecutante de la inscripción al régimen de bien de familia de un inmueble embargado, ello en cuanto el contrato de apertura de cuenta corriente, en cuyo marco se originó el crédito reclamado, se celebró con antelación a la constitución del bien de familia (cfr. esta Sala, in re, ‘Banco del Buen Ayre S.A. c/ Cires, Rubén E. y otro s/ ejecutivo’, del 15-9-94).”

Texto completo:

Buenos Aires, 16 de febrero de 2007

Y vistos:

1. Apeló la demandada la resolución de fs. 193 que declaró la inoponibilidad a la ejecutante de la inscripción al régimen de bien de familia de un inmueble embargado; sus agravios de fs. 199-201

recibieron respuesta a fs. 203-204.

2. Resulta incontrovertido que la apertura de la cuenta corriente fundante de la presente ejecución

es anterior al año 1996 y que el inmueble embargado se encuentra afectado al régimen de bien de familia desde el 15/10/1999.

En este marco, recuérdese que para determinar si un crédito es o no anterior a la afectación de un inmueble como bien de familia, es preciso reparar en el hecho o acto generador (cfr. esta Sala, in re, “Ruétalo Mujica, Ernesto c/ Transportes Automotores Chevalier s/ ordinario”, del 30/6/94). La tutela establecida por la ley N° 14.394, no puede convertirse en vehículo o instrumento para sor

-prender a los acreedores, burlando las legítimas expectativas que han tenido en cuenta para conce

-der crédito, que lo ha sido fundamentalmente sobre la base de la confianza y solvencia demostradas

por el deudor.

Por ello, lo que interesa no es el vencimiento del plazo concertado para el pago, sino la fecha en que

se constituyó la obligación.

Si los créditos anteriores a la inscripción del bien de familia no pierden ejecutabilidad sobre el

mis-mo (art. 38 de la ley 14.393, contrario sensu), tratándose de obligaciones contractuales, el origen

cronológico del crédito surgirá de la fecha de celebración del contrato (cfr. GUASTAVINO, Elias.

Derecho de familia Patrimonial, “Bien de Familia”, T. II, Ed. Rubinzal- Culzoni, pág. 232, 1985). Desde tal perspectiva conceptual, la resolución resultó acertada, en cuanto el contrato de apertura de cuenta corriente, en cuyo marco se originó el crédito reclamado, se celebró con antelación a la constitución del bien de familia (cfr. esta sala, in re, “Banco del Buen Ayre S.A. c/ Cires, Rubén E. y otro s/ ejecutivo”, del 15/9/94).

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