Artículo de reflexión:
El control interno en las Corporaciones Autónomas
Regionales y el aseguramiento de la sostenibilidad
con recursos fiscales
Internal control in regional autonomous corporations and the
assurance of sustainability, with fiscal resources
Rocío Ariza Barajas1
Angie Lucero Villamizar Vásquez2
María Ana Martina Chía Suárez3
Resumen
Este artículo expone un análisis sobreel control interno en la autoridad ambiental, que en regiones
específicas y departamentos de Colombia atañe a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Estas son responsables de la ejecución y control de la política ambiental para la sostenibilidad, por lo cual hacen uso de importantes recursos fiscales. Está basado en una revisión documental y una entrevista semiestructurada a un funcionario de la Contraloría General de la Nación. La urgencia de avanzar en la sostenibilidad ambiental ante los problemas que dificultan el bienestar futuro y el uso de un importante presupuesto reservado a la política ambiental, pero con carencia de herramientas idóneas para la medición de cambios ambientales y sus efectos socioeconómicos, resulta fundamental para analizar el control aplicado al manejo de recursos fiscales en el aseguramiento de la sostenibili-dad ambiental, y con ello sentar bases para el uso eficiente de dineros de origen fiscal.
Palabras clave
Medio ambiente, gestión ambiental, gestión de recursos.
Códigos de clasificación JEL: H61, M0, M41, Q52. Abstract
This article exposes an analysis on internal control in the environmental authority, which in specific regions and departments of Colombia, concerns the Regional Autonomous Corporations (CARs). res-ponsible for the execution and control of the environmental policy for sustainability in what they make use of important fiscal resources. This is based on a documentary review and a semi-structured inter-view with an official of the National Comptroller’s Office. The urgency of advancing environmental sustainability, given the problems that hinder future well-being and, the use of an important budget reserved for environmental policy, but lacking suitable tools for measuring environmental changes and their socioeconomic effects, is attractive to analyze the control applied to the management of fis-cal resources in the assurance of environmental sustainability and, lay the foundations for the efficient use of monies of fiscal origin.
Keywords
Environment, environmental management, resource management.
1 Universidad Santo Tomás Bucaramanga. Correo electrónico: rocioarizabarajas@gmail.com Código ORCID: 0000-0003-4703-8607
2 Universidad Santo Tomás Bucaramanga. Correo electrónico: angievillamizzzar@gmail.com Código ORCID: 0000-0002-2891-4205
Introducción
En Colombia se ha buscado propiciar condiciones para un desarrollo soste-nible. Este propósito ha estado motivado por los acuerdos internacionales, que están basados en procurar condiciones favorables para un futuro mejor (García, 2011). Así, se han orientado las políticas del Estado hacia el mejoramiento de las dimensiones del desarrollo mediante sustanciales recursos fiscales que, en par-ticular en la dimensión ambiental, se hacen difíciles de evidenciar. Por ejemplo, aspectos como la eficiencia de la destinación presupuestal no es del todo clara, debido a que se carece de sistemas de información idóneos que permitan hacer seguimiento a la ejecución de la política ambiental. En consecuencia, desde un análisis crítico, como importante tema de reflexión, se estudia el proceso de con-trol interno (CI), como eje de aseguramiento del buen uso de recursos fiscales por la autoridad ambiental para viabilizar la sostenibilidad ambiental y así avanzar en un modelo sostenible de desarrollo.
De este modo, para llevar a cabo un estudio que permita reconocer el éxito de la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) se enfatizó sobre el CI en estas y, a su vez, en la identificación, cuantificación y destinación de los impuestos y tasas ambientales, para establecer así los aciertos o deficiencias en los procesos de control, como base para redireccionar los procedimientos como mecanismos de un control eficiente.
Se expone el deber ser del CI y uso de los recursos fiscales en la sostenibili-dad ambiental, que al confrontarlo con la realisostenibili-dad permita nuevos lineamientos para mejorar los procedimientos y herramientas para el CI, de manera que se logre avanzar en la sostenibilidad en el marco del desarrollo con la garantía de un buen uso de recursos financieros del Estado, asumiendo como caso el CI y gestión de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), con centro administrativo en Bucaramanga y operacio-nes en la provincia de Soto Norte del departamento de Santander.
Diseño Metodológico
• Referentes en torno al aseguramiento de la sostenibilidad con recursos fiscales en las autoridades ambientales.
• Análisis situacional sobre el control interno en la autoridad ambiental frente a la sostenibilidad CAR con énfasis en el AMB.
• Cómo asegurar la sostenibilidad ambiental con recursos fiscales, a manera de estrategia.
Referentes en el aseguramiento de la sostenibilidad con recursos
fiscales en la autoridad ambiental
La sostenibilidad y el desarrollo nacional
Cuando se habla de desarrollo se hace hincapié en la manera en que los seres hu-manos se adaptan a las condiciones del territorio, la región o, en general, del devenir de diversas situaciones (en cuanto a la idea de adaptación, múltiples han sido las formas de entenderla). Así, se consideraba la transformación de los bienes y recursos naturales como una práctica propia de la supervivencia, no obstante, actualmente, la transforma-ción y explotatransforma-ción de los medios naturales se lleva a cabo bajo una lógica de consumis-mo, de acumulación de bienes y de servicios. En esta lógica, prima el bien individual sobre el bien común, lo que ha conllevado que emerjan diferentes procesos abióticos producto de la contaminación, perjudicando el ambiente, tanto de seres humanos como de sus procesos económicos y sociales, al igual que el de todos los seres que habitan el planeta, disminuyendo con ello la calidad de vida (Gudynas, 2009).
En dicho contexto emerge el concepto de responsabilidad social como el principal eje de acción y de mitigación. Este se encuentra orientado a un modelo de sostenibi-lidad, en el que es necesario que toda consecuencia producto de la actividad humana tienda a ser evitada o corregida y se proporcione estabilidad entre lo económico, lo ambiental y lo social, sin que prime uno de estos. Y también, donde figure el cambio de actitudes como eje principal de acción en la conservación de los recursos de la natu-raleza y el ambiente para una responsable convivencia y se propicie el desarrollo de la nación (Mantilla, Cabeza y Vargas, 2015).
privados) en el manejo de conflictos, construcción y toma de decisiones, aceptando la responsabilidad social como una iniciativa de cambio (Brenner, 2010).
Las políticas de Estado para la sostenibilidad ambiental
Las actividades de la economía colombiana están demarcadas por la producción agropecuaria y por la explotación de minerales, debido a la naturaleza de estas prác-ticas, las afectaciones al medio ambiente por la explotación de los recursos naturales son considerables, lo que ha ayudado a los incrementos de la deforestación y la pér-dida de la biodiversidad del país. Esta crisis ambiental está demarcada por ciertos factores, como la falta de un sistema de control en torno al uso y acceso a los recursos naturales, la falta de inversión social y de acompañamiento estatal y la falta de infor-mación a la población sobre los procedimientos que se realizan (De Castro, Cruz y Ruiz, 2009; Giraldo, 2013).
Ahora, en apartes la Constitución Política de Colombia de 1991 asociados a la sostenibilidad (arts. 79, 80, 95), se establece la necesidad de mantener un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, con el fin de lograr una mejoría en las condiciones actuales para favorecer así un bienestar para los ciudadanos, en el que primen un ambiente sano y la participación comunitaria. Es así como surgen las políticas de Estado como eje de acción de la sostenibilidad en el que prima el bien común, independientemente de la ideología del gobierno de turno, donde se debe tener en cuenta el envejecimiento de la población, el déficit público, los diagnósticos e investigaciones en torno a las necesidades sociales y la inclusión de grupos vul-nerables (Asamblea Nacional Constituyente, 1991; De Castro, Cruz y Ruiz, 2009).
Igualmente, en el artículo 334 de la Constitución Política de 1991, se estipula que el Estado es el garante en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, en el que el gasto público social será prioritario (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).
Gestión y control de los recursos fiscales de política ambiental
Los recursos fiscales son agregados económicos y monetarios que se dan desde diferentes aportes de particulares para fines públicos. El recaudo es efectuado por parte del Estado y proviene de impuestos, derechos y aprovechamientos; el recaudo de impuestos es el mecanismo que otorga la mayor parte de los recursos fiscales de que dispone el Estado para su erogación. Los impuestos se componen, entre otros, del impuesto a la renta, impuesto sobre el valor añadido (IVA), impuestos antitécnicos e impuestos al patrimonio (García-Herrera, Torrejón, Alonso y Del Blanco, 2010).
una gestión de las finanzas públicas, basada en el equilibrio entre lo recaudado por impuestos y otros conceptos y los gastos gubernamentales (López, 2012).
Debido a la crisis ambiental y a los constantes desastres naturales que acontecen como producto de esta situación, se han implementado controles sobre los procesos de produccion y extracción, en los que se reconoce a la naturaleza como un recurso agotable. Por ende, es necesario que en la implementación de dicha política ambien-tal, figure un conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones para la pro-tección de la naturaleza y el ambiente, en el aseguramiento de condiciones de vida de manera generacional (Niño, 2017).
En Colombia se ha llevado a cabo una transformación en materia de instrumentos de política, del manejo institucional ambiental y de los activos y bienes naturales renovables, incorporando instrumentos económicos de política ambiental, en la que se estipula una serie de entidades gubernamentales que ejecutan y controlan las re-tribuciones fiscales en torno a las politicas ambientales.
Desde 1972 se establecen tasas de retribución, como política para financiar ac-ciones de la autoridad ambiental, estipuladas en el Código Nacional de Recursos Na-turales Renovables y de Protección al medio ambiente bajo el Decreto 2811 de 1974, que con la Ley 99 de 1993 toman vigencia; es obligatoria y debe ser recaudada por la utilización directa e indirecta de la atmósfera, agua y suelo, aplicada por contamina-ción causada dentro de los límites permisibles (Niño, 2017; Muñoz, 2002; Villegas, Castiblanco, Berrout y Vidal, 2006).
Continuando, es importante comprender la diferencia entre tasa e impuesto: la Corte Constitucional en la Sentencia C-465 de 1993, expresa que las tasas son aque-llos ingresos tributarios establecidos por el Estado, exigibles en el caso de que el particular decida utilizar un servicio público correspondiente al concepto de la tasa, por lo tanto, es la recuperación total o parcial de los costos que genera la prestación de un servicio, es una retribución equitativa por un gasto público que el Estado trata de compensar (Corte Constitucional, 1993; Villegas et al., 2006).
La ley también incorpora las tasas compensatorias y de uso, aprovechamiento fo-restal, sobretasa a los peajes, transferencias del sector eléctrico, además de imponer licencias, sanciones y permisos para el pago de gastos de protección y renovación del recurso y, además, establece la tasa contributiva fijada por la autoridad administrativa (CAR) (Correa, de la Ossa y Vallejo, 2007; Molina y Rivas, 2017; Vélez, 2005), así como la introducción en las últimas reformas tributarias de impuestos ambientales (impuesto al carbono e impuesto a las bolsas plásticas), descuentos y exenciones tributarias.
Las CAR como entes reguladores en Colombia
desde la Ley 99 de 1993 e incorporadas al Sistema Nacional Ambiental (SINA), el cual “responsabilizó directamente a las corporaciones de la gestión ambiental y, para trabajar de manera coordinada con las entidades territoriales en la ejecución de planes, programas y proyectos diseñados al respecto, comprometiéndose a hacer un seguimiento y control en cada región” (CAR, 2018).
Las CAR son entidades territoriales que se encargan de administrar los recursos renovables y del medio ambiente, igualmente tienden a establecer un ambiente ópti-mo para el desarrollo sostenible, conforme está establecido legalmente y según se ha expuesto por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo. Estas se caracterizan por estar constituidas geográficamente por un “mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía adminis-trativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica” (CAR, 2018).
Las CAR tienen una jurisdicción de 1.800.000 hectáreas, con una población de 7.300.000 de habitantes y están compuestas por la asamblea corporativa, que se en-carga de la dirección y está integrada por representantes legales de las entidades territoriales de su competencia. Estos eligen al consejo directivo, del cual escogen un revisor fiscal o auditor interno; dicho consejo directivo está conformado por los go-bernadores de los departamentos en los que haya jurisdicción de las CAR. También, el director general, que tiene una designación por periodo de tres años y ejerce su labor como representante legal de la corporación (Lacouture, 2006).
Dentro de las funciones de las CAR se tienen:
• Planificación Ambiental Regional: se realiza respecto a las prioridades de la región y al impacto que se genera en los contextos sociales, ambientales y económicos, dando prioridad a una gestión más coordinada, eficiente, transparente y participativa y en la cual se definen “instrumentos de seguimiento y evaluación de la gestión institucional y ambiental que permitirán establecer mediciones sobre su desarrollo” (Ministerio de Ambiente, 2019). • Educación ambiental: es pieza clave para la prevención de efectos ambientales
en los que se fortalezcan los procesos participativos y el afianzamiento de una cultura regional responsable de los procesos y del manejo de los recursos naturales, igualmente debe priorizar en sus acciones asesorar y brindar apoyo a las instituciones educativas de la región respecto a temas medio ambientales de la región (Lacouture, 2006).
• Gestión de la información ambiental: el Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC) es un instrumento que permite que el Estado reconozca los recursos naturales que posee la nación e igualmente se evidencie el crecimiento del país, esto con el fin de documentar la información de aspectos locales y regionales y del impacto que las actividades regionales han causado al medio ambiente, en el cual las CAR permite su cumplimiento mediante tres indicadores: indicadores del desarrollo sostenible, indicadores ambientales y los indicadores de gestión, en los que se evalúe el cumplimento de estas respecto a las metas nacionales (Lacouture, 2006).
Tasas e impuestos ambientales manejadas por las CAR:
Tasa retributiva por vertimientos puntuales al agua: Buscan mejorar la calidad del recurso hídrico, el cual se ha visto perjudicado por la recepción directa o in-directa de vertimientos puntuales, con ello invertir en los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Estas tasas se rigen por el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 2667 de 2012 y el artículo 2.2.9.7.1.1. del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 (Lacouture, 2006).
El recaudo de esta tasa tiene como destinación la creación de proyectos de inver-sión para la descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad del agua, al igual que el cubrimiento de gastos para la implementación y seguimiento de la tasa por parte de la autoridad ambiental competente, de la cual podrá utilizar hasta el 10% de los recursos recaudados de la tasa retributiva. Para lo anterior, las autoridades ambientales competentes deberán realizar la distribución en su presupuesto de ingre-sos y gastos a los que haya lugar para garantizar la destinación específica de la tasa (Correa, de la Ossa y Vallejo, 2007).
Tasa por utilización del agua: esta tasa es producto del cobro a los usuarios (per-sonas naturales o jurídicas) por el uso del agua de una fuente natural, en virtud de un beneplácito de aguas (Ministerio de Ambiente, 2019). Igualmente, tiene como objetivo la protección y renovación de los recursos hídricos y fue reglamentada por el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2.2.9.6.1.1. del Decreto Único Regla-mentario 1076 de 2015. La destinación de lo recaudado tiene como principal propósi-to: 1. elaborar un plan de ordenamiento y manejo de las cuencas hídricas; 2. realizar actividades de monitoreo, protección y recuperación del recurso hídrico en las dife-rentes cuencas identificadas en la geografía nacional (Ministerio de Ambiente, 2019; Muñoz, 2002).
Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable en Bosque Natural:
Esta tasa tiene como fin el manejo sostenible de los ecosistemas forestales y des-tinará los recaudos a la protección y renovación de los recursos naturales (Rodríguez y Ávila, 2014).
Transferencias del Sector Eléctrico (impuesto): este impuesto busca la protección del ambiente y la defensa de la cuenca hidrográfica, producto de la generación de energía hidroeléctrica y termoeléctrica. Está destinado a toda empresa generadora de energía hidroeléctrica o termoeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios. A su vez, está regulado por el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto Nacional 1933 de 1994, modificado transitoriamente por el Decreto Nacional 4629 de 2010, Modificado por el artículo 222, la Ley 1450 de 2011 y el artículo 2.2.9.2.1.1. Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 (Vélez, 2005).
Respecto a la recaudación y distribución del impuesto se estipula que:
[…] el 6% de las ventas brutas de energía hidroeléctrica por generación propia del recaudo se transfiere el 3% a las CAR para que se destine a la Protección del medio ambiente para la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto. Del 4% de las ventas brutas de energía termoeléctrica por generación propia del recaudo se transfiere el 2.5% para la CAR, para protección ambiental del área donde está ubicada la planta. Del valor transferido, la CAR solamente podrá destinar hasta el 10% para gastos de funcionamiento (Viloria, 2010, p. 14).
Tasa Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre: esta tasa tiene como fin, en primer lugar, preservar la fauna salvaje de las regiones de Colombia, a través de ac-tividades de implementación y formulación de programas de conservación de la vida salvaje del país; igualmente del uso sostenible de las especies silvestres y, también, la repoblación de especies en vías de extinción; estas tasas se cobran a aquellas perso-nas que utilizan la fauna salvaje para el control, la subsistencia, de manera deportiva y la zoo cría, en las que se tienen en cuenta tanto el proceso sancionatorio como eje de control y mitigación, como el tipo de caza, la nacionalidad, las características de la especie, su nivel de amenaza, estado del hábitat y número de especímenes cazados, entre otros aspectos.
De igual manera, dicha tasa está regulada por el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 211, Ley 1450 de 2011, adicionado al Decreto Nacional 1272 de 2016 y Decreto 1076 de 2015 y es de aclarar que esta tasa no sustituye las restric-ciones nacionales sobre cuidado y protección de especies autóctonas de cada región (Ministerio de Ambiente, 2016; Muñoz, 2002).
Análisis situacional respecto al control interno - CI para
salvaguardar los recursos fiscales de sostenibilidad ambiental
Las empresas y organizaciones son sistemas abiertos que interactúan con el medio en el que se desenvuelven sus operaciones, en las que la oferta y la demanda se ve demarcada por las necesidades de la sociedad, donde los procesos y opera-ciones circunscriben ante la relación y la explotación de los recursos naturales; esta relación depende de la afectación que tenga en el medio ambiente, aunque el objetivo de la empresa radique en establecer una relación beneficiosa con el medio y con sus actividades, pero que “en ocasiones puede ser nociva y además conlleva una tendencia a informar de los aspectos favorables y obviar los desfavorables” (Castromán y Porto, 2005, p. 87).
No obstante, la sociedad cada vez es más rigurosa con los procedimientos que rea-lizan los sectores económicos del país y por esto exigen información clara y concisa sobre la gestión y explotación de los recursos naturales (Luna, 2017; Viloria, 2005).
De este modo, es el CI toma especial importancia, como un proceso de cumpli-miento que se lleva a cabo desde el consejo directivo, la administración u otro perso-nal de una organización o empresa y es
diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos relativos a la eficiencia y eficacia de las operaciones, a la confiabilidad de la información (financiera y no financiera) y al cumplimiento de leyes y regulaciones (Mantilla, 2018, p. 4).
El CI, como herramienta de gestión empresarial y organizacional, se estructuró partiendo de la necesidad de vigilar y verificar los objetivos propuestos, por lo tan-to, “el CI en las organizaciones surge como una necesidad para apoyar el logro de los objetivos fijados por la alta gerencia y se ha convertido en un factor de vital im-portancia para todo tipo de organización a nivel mundial” (Vásquez, 2016, p. 144). A continuación, en la figura 1 se presentan los objetivos que se persiguen en la gestión empresarial y organizacional, así como los objetivos que se persiguen con el control interno, como herramienta de función específica en el aseguramiento de información hacia el buen uso de recursos.
Figura 1. Objetivos de gestión empresarial y organizacional, y de control interno
Fuente: Adaptado de Eslava, 2013; Vásquez, 2016.
Tabla 1. Componentes del control interno
Ambiente
de control Hace referencia a esa cultura de conciencia por el control de sus empleados y de las actividades que desarrollan. Evaluación
de los riesgos Consiste en la identificación y análisis de los riesgos para determinar cómo se deben administrar. Actividades
de control Actividades basadas en las políticas y procedimientos de control, en las que se consideran diferentes factores específicos de la organización. Actividades de
información y comunicación
Son herramientas estratégicas para la gestión de empresas, con funciones de carácter estratégico y elementos de progreso y de eficacia en el marco de la vida
institucional. Actividades de
monitoreo y seguimiento comprobar la efectividad y eficacia del proceso de ejecución de dichos controles.Se realizan por medio de evaluaciones de procesos o de resultados, busca
Nota: Definiciones de los componentes del CI. Fuente: Adaptado de García, 2014; Vásquez, 2016.
Modelos y estructuras de control interno
permite que el auditor diseñe una guía en la que la planeación y ejecución funge como un medio para un fin, no un fin en sí mismo (Moreno, 2017).
Modelo Estándar de Control Interno (MECI): este modelo permite que entidades estatales (en este caso, organizaciones colombianas) estructuren el CI en torno a es-trategias de “gestión y evaluación, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimien-to de sus objetivos institucionales y la contribución de escumplimien-tos a los fines esenciales del Estado” (Cárdenas, 2012, p. 5). Este modelo se rige por los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión.
COCO (Criteria of Control): “proporciona un marco de referencia a través de 20 criterios generales, que el personal en toda la organización puede usar para diseñar, desarrollar, modificar o evaluar el control” (Rivas, 2011, p. 126). Estos elementos se agrupan en cuatro criterios: objetivos por cumplir o cumplidos; compromisos realiza-dos u obtenirealiza-dos; aptitud; evaluación y aprendizaje del proceso realizado (Rivas, 2011).
COBIT: “Este modelo es muy utilizado para controlar y dar seguridad informáti-ca a las tecnologías de la información; utiliza servicios y soportes relacionados con la administración, el aseguramiento, entrenamientos y asistencia técnica” (Salnave y Lizarazo, 2017, p. 93).
CADBURY: este modelo de CI se enfoca en la gestión y control de los objetivos que se direccionan hacia la efectividad, eficiencia y confiabilidad de las operaciones y reportes financieros (Salnave y Lizarazo, 2017).
TURNBULL (Internal Control Guidance for Directors on the Combined Co-de-UK): este modelo de control procura brindar soporte a las entidades públicas, res-pecto a la atención de exigencias sobre CI, en el cual es “ficha clave para la adminis-tración de riesgos y para el logro de los objetivos” (Salnave y Lizarazo, 2017, p. 93).
La auditoría ambiental como herramienta de control fiscal para la
sostenibilidad
La auditoría ambiental se ha implementado en Estados Unidos desde la década de 1960. Esto hizo parte de una reglamentación restrictiva a propósito de la utiliza-ción y explotautiliza-ción de la naturaleza de la región, con afectautiliza-ción ambiental (Marques y Marques, 2002). Lo cual se asocia con la sostenibilidad ambiental en el marco de la responsabilidad social de las organizaciones, siendo la protección ambiental y el desarrollo regional el fin.
La auditoría ambiental, como fundamentación, hace necesario generar procesos sos-tenibles y el CI; esto como eje de mitigación de los daños ya causados al medio ambiente y, por ende, a la sociedad a la que se dirigen las acciones por prevención, restauración y compensación de los impactos negativos (Escobar, 2009; Tamborino y González, 2018).
La contabilidad ambiental - CA como herramienta de auditoría y control
El desarrollo de una nación está ligado a las potencialidades y a los recursos par-ticulares de la región, donde el suelo brinda las materias primas para la producción en el que se hacen necesarias diferentes habilidades por parte de los pobladores y sec-tores económicos, en las que se pongan en práctica herramientas para salvaguardar los bienes y recursos naturales, al igual que la reparación y mitigación de los daños causados al ambiente.
Se requiere entonces que la contabilidad ambiental sea una herramienta de organización y control de información en la administración y aprovechamiento de recursos ambientales, permitiendo que la gestión ambiental logra los objetivos planteados en su política bajo parámetros y lineamientos de sostenibilidad y desarrollo de las regiones (Verjel y Mantilla, 2012, p. 73).
Es así, como la CA figura como la herramienta de control y organización de la valoración cualitativa y cuantitativa sobre la preexistencia y circulación de los re-cursos naturales y ambientales de la nación y que son explotados por las diferentes organizaciones y empresas, en las que se hacen necesarias la implementación de distintos métodos y técnicas (Mejía y Vargas, 2012) “cuyo propósito es mostrar los resultados reales sobre manejo de recursos económicos aplicados a la naturaleza de la conservación; información que facilita la toma de decisiones en acciones presentes y futuras” (Verjel y Mantilla, 2012, p.73), con el fin de mejorar la calidad de vida de los grupos poblacionales.
Análisis situacional del CI en la autoridad ambiental (CAR)
recomendó la revisión elaborada en el 2018 y publicada en el 2019 sobre la auditoría financiera independiente realizada a la CDMB.
Teniendo en cuenta estos documentos en conjunto con la información suminis-trada en el Manual del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), se obtuvo la siguiente información: en la provincia de Soto, ejerce funciones de control y gestión la CDMB, con jurisdicción en 13 municipios de Santander (Bucaramanga, Florida-blanca. Piedecuesta, Rionegro, El Playón, California, Matanza, Charta, Tona, Girón, Suratá, Lebrija, Vetas). Su estructura orgánica se encarga de administrar y gestionar distintos procesos, como gestión del conocimiento ambiental, el ordenamiento y la planificación ambiental, la gestión integral de la oferta ambiental, la gestión del ries-go ambiental, la evaluación y control a la demanda ambiental y la cultura ciudadana en torno a temas ambientales (CDMB, 2015).
Figura 2. Estructura organizacional CDMB
Fuente: CDMB, 2015.
Coherente con el proceso misional y como parte de la gestión corporativa, la CDMB tiene como estructura de CI el modelo MECI, que se divide en dos módulos:
Planeación y gestión. De acuerdo con la metodología de PHVA (planear, hacer,
prácticas “de valor agregado que conduzcan a que el crecimiento sea sostenible am-biental, económica y social” (CDMB, 2018, p. 6).
La ejecución y medición de los indicadores se realiza con la retroalimentación que se efectúa periódicamente en la intranet del SIGC, respecto a la eficacia, eficien-cia y efectividad de los procesos desarrollados, que dan como resultado un cumpli-miento del 98,78% de las metas propuestas en el 2018 (CDMB, 2019). En las políticas de operación, la CDMB recopila las principales políticas de funcionamiento y opera-ción en una matriz en la que se tienen en cuenta los niveles de procesos y las líneas estratégicas (CDMB, 2019).
En relación con el talento humano, la CDMB propende la ejecución del plan ins-titucional de capacitación, que tiene como base el plan estratégico del Ser, Saber, Hacer, adoptado mediante Resolución 0680 del 2018. En cuanto a la administración del riesgo, igualmente la CDMB actualiza en el transcurso del 2018 la FODA insti-tucional mediante un taller con el fin de evidenciar riesgos en el proceso de gestión ambiental y de seguridad en el trabajo (CDMB, 2019; CDMB, 2018).
Evaluación y seguimiento. Para dar cumplimiento con la normatividad nacional
respecto a la transparencia de los procesos, la CDMB realiza informes pormenori-zados trimestrales en cuanto al CI de la entidad, al igual que el diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión (FURAG). El grupo de SIGC, en conjunto con la Oficina de CI, hacen un seguimiento permanente al desempeño institucional, e informes sobre los planes de acción en proporción a los registros de mejoramiento continuo, además de los reportes al Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI), en vigencia con el 2018. En lo que respecta a las auditorías internas, la CDMB fomenta las acciones de procesos de gestión documen-tal, cultura ambiendocumen-tal, gestión de las tecnologías de la información, gestión jurídica y las relaciones con las partes interesadas, en las que se ejecutan a través de las etapas de la planeación, ajuste de cronograma, ejecución, análisis, evaluación, seguimiento y evaluación pos-auditoría (CDMB, 2019).
Ta bl a 2 . Lí ne as e st ra té gi ca
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nd ic ad or es d e l a C D M B Lí ne as e st ra té gi cas In dic ad or es M et as 2 018 R es ul tad o Po rc en ta je d e l os R ec ur so s to ta les Fu en te s d el rec ur so Re cu rs o h íd ric o Po rc en ta je d e a va nc e e n l a f or m ul ac ió
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ju st e de l os P la ne s d e o rd en ac ió
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an ej o d e c ue nc as (P O M C A S) ; P la ne s d e m an ej o d e a cu ífe ro s ( PM A ) y Pl an es d e m an ej o d e m ic ro cu en ca s ( PM M ) 10 0% 10 0% 4. 6% C DM B Ta sa R et ri bu tiv a C on ve ni os A MB C ré di to In te rn o Po rc en ta je d e c ue rp os d e a gu a c on pl an es d e or de na m ie nt o d el r ec ur so h íd ric o ( PO R H ) a do pt ad os N. A . Po rc en ta je d e P la ne s d e s an ea m ie nt
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Con relación al Control Interno Contable, la información respecto a la evaluación de los procesos contables esta presentada en variables cuantitativas y cualitativas. Los resultados respecto a la evaluación cuantitativa registran una calificación de 4.85 de cinco (5) en la que se interpreta como Adecuado, en la que se resalta que los pro-cesos contables se han desarrolla de manera idónea y según lo que está establecido por la CGR, además de que hay plena tipificación en los procesos de identificación y clasificación de la documentación contable (figura 3).
Parte del proceso de auditoría y CI, como debilidades, la CGR resalta que la CDMB no cuenta con una herramienta idónea que permita medir de manera eficaz la evaluación del MECI, igualmente no hay un ajuste de los indicadores en el que se implementen el uso de herramientas útiles en relación con las desviaciones de tiempo y el uso exacto de los recursos asignados sobre proyectos de índole ambiental. Por eso profieren la necesidad de, en primera medida, fortalecer los controles asociados en torno al grupo financiero y a la cultura de autocontrol, estipulada en el MECI (CDMB, 2018; CDMB, 2019; CDMB, 2011 CDMB y CGR, 2018; CGR, 2019). Su-mado a lo anterior, no se han implementado sistemas de información que de manera georreferenciada evidencien los cambios en los activos y bienes ambientales, por lo cual muchos de los dineros destinados a gestión ambiental únicamente se evidencian como parte de la contabilidad financiera general.
En el Control Interno Financiero, con relación al diseño, efectividad, calidad y eficiencia de los controles presentó resultado con una calificación de 1,43, por lo cual se emite concepto Eficiente, en el que se resalta la inclusión de todos los pasivos, acti-vos y patrimonios. Todos los hechos económicos que sucedieron en el transcurso del año gravable corresponden a los estamentos plasmados en los estados financieros, valorándose razonablemente, según es expuesto en la Resolución 489 del 2017. Final-mente, y como resultado del proceso de CI y de desempeño institucional del MECI, se obtiene un índice de madurez de 73,6 (Satisfactorio), desglosado de la siguiente manera: a) Ambiente de control - 71; b) Gestión del riesgo 73,3; c) Actividades de control 73,7; d) Información y comunicación 74,3 y e) Actividades de monitoreo 68 (CDMB, 2019).
Aunque la información proporcionada por la CDMB y la CGR estipulan un CI idóneo para los procesos administrativos, respecto al control y a la auditoría ambien-tal la ejecución se basa en metas poco medibles debido a que las tasas y sobretasas se fijan respecto a proyecciones nacionales y regionales que no tienen en cuenta el costo ambiental que generan los daños provocados, en el que no se establece una relación directa con la magnitud de los daños ambientales, económicos y sociales, causados por la contaminación en el territorio (CDMB y CGR, 2018; CGR, 2019).
en relación con los activos naturales de la región, en el que existe una clara pérdida en los conceptos técnicos emitidos desde la autoridad ambiental hacia los solicitantes de las licencias y proyectos ambientales.
Dado que no hay herramientas procedimentales para realizar un control y ve-rificación de los procesos de contribución al daño al medio ambiente, las CAR, en especial la CDMB, no cuentan con un sistema contable ambiental georreferenciado, lo que conlleva que los resultados de la auditoría no reflejen la situación en relación con los flujos de dinero vinculado al manejo ambiental, y de esta manera visibilizar un mejor control y certeza de los aportes a la sostenibilidad ambiental.
Cómo asegurar la sostenibilidad ambiental con recursos fiscales (a
manera de estrategia)
Para asegurar que los procesos en relación con la sostenibilidad y los recursos financieros se ejecuten de manera idónea, y que además correspondan con la situa-ción actual del país y los fines en la constitusitua-ción de las CAR, es necesario, en primer lugar, tener en cuenta la fijación efectiva de tasas retributivas, compensatorias y de uso, para lo cual no deben basarse simplemente en el valor de reposición o recupe-ración del activo natural, sino igualmente en los efectos ambientales, en la relación, naturaleza-hombre, su economía y su hábitat (Mantilla, Verjel y López, 2005), en el que se propenda por la participación de los diferentes entes públicos y privados, así como de la comunidad; además, de manera complementaria, que haya coherencia con la asignación presupuestal de las tasas e impuesto que se asignan a las CAR, en el que el monto que se fija y propone tenga una destinación que corresponda para lo cual fue diseñado e implementado. Esto permite no solo el adecuado manejo de los recursos, sino que también da la oportunidad de crear proyectos idóneos acorde con las necesidades de la población y la comunidad, aportando a la verdadera sostenibi-lidad socioambiental.
En segundo lugar, teniendo en cuenta las recomendaciones y explicaciones del funcionario de la CGR, se diseñaron dos flujogramas como herramientas básicas para el CI a los procesos de licencias ambientales y al establecimiento del cobro y destinación del recaudo de las tasas retributivas, como parte presupuestal de los pro-gramas ambientales en el que se recalca la necesidad de controlar actividades especí-ficas de los procesos internos respecto a dichos procedimientos en la CDMB. Estas acciones son necesarias debido a que en las etapas de planificación de los programas ambientales se designan sobrecostos de los cuales no se evidencia la necesidad a la hora de ejecución de estos, igualmente hay riesgos en la emisión de los criterios y conceptos técnicos por parte de la CDMB.
administrativas de la corporación autónoma con el manejo de la contabilidad finan-ciera, es posible evidenciar falencias en los sistemas de información por inexistencia de herramientas de registro y valoración de las condiciones ambientales y los cam-bios que se generen en los proyectos objeto de las licencias y en las bases de cálculo de las tasas retributivas, por lo que en los respectivos diagramas de flujo se eviden-cian alertas en este aspecto con triángulos rojos, pues aunque la CDMB esté fiscali-zada por la CGR, esta situación es de riesgo alto para la pérdida de recursos fiscales y afectación de la sostenibilidad ambiental. En las siguientes figuras se observa los diagramas de flujo.
De acuerdo con el ente de control de las CAR –la CGR– si bien su responsabilidad es el buen manejo de los recursos fiscales de la nación, el no contar con una herra-mienta que permita revelar el asertivo cobro de las tasas y autorizaciones que afectan la naturaleza y el ambiente, impide una eficaz política de sostenibilidad, puesto que con la herramienta contable solo pueden evidenciar fuentes y usos de los dineros, mas no la justicia del cobro ni la eficacia y eficiencia de la destinación presupuestal en la conservación, mantenimiento y recuperación de los ecosistemas y la calidad ambiental.
De hecho, las corporaciones cuentan con un sistema de contabilidad financiera y manejo de presupuestos, así como banco de proyectos ambientales, pero no cuenta con un sistema de información contable ambiental que permita evidenciar las con-diciones ambientales y los cambios en la naturaleza y los efectos en la sociedad, la economía y la misma naturaleza, como indicadores de sostenibilidad ambiental.
En efecto, en los diagramas de flujo presentados en páginas anteriores, se resaltan con triángulos rojos las actividades de riesgo, que en particular en el otorgamiento de licencias ambientales y establecimiento de estrategias de recuperación no se tienen bases que revelen realidades ambientales, ni métodos de medición y de valoración de los cambios ambientales (cambio en la naturaleza y sus efectos) que se originen con el proyecto que obtiene la licencia, como tampoco se cuenta con instrumentos para hacer seguimiento a los efectos del proyecto que obtiene la licencia, como se observa en el flujo del proceso de otorgamiento de licencia.
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es para corregir el daño. De acuerdo con Mantilla (2005), el costo por contaminación hídrica se calcula con base en la alteración de la fuente que recibe el vertimiento y no solo por las características del agua vertida.
Figura 5. Vca= Cres+Cex
Nota: Fórmula para determinar el valor de la contaminación del agua.
Fuente: Adaptado de Mantilla, López y Verjel (2005, p. 78).
Esa situación obedece a la inexistencia de métodos apropiados de cálculo de las tasas y de una contabilidad ambiental que revele los efectos reales de la contaminación hídrica por los vertimientos de los actores sociales que los realizan. Por lo que en el diagrama de flujo se señalan las actividades de riesgo, por no disponer de métodos apropiados de valoración ambiental, ni un sistema de contabilidad ambiental georreferenciado.
Figura 6. Sistema de contabilidad ambiental
Nota: Esquema para la implementación de la contabilidad ambiental.
Fuente: Gómez y Mantilla (2018, p. 130).
físico de la gestión ambiental, con la verificación material de reposición, recupera-ción o conservarecupera-ción ambiental, por medio de indicadores medibles y valoraciones que aproximen la realidad ambiental, lo cual es esencial en la evaluación de la soste-nibilidad ambiental.
Conclusiones
Las CAR como autoridades ambientales se encargan de velar por la recuperación y mitigación de los daños causados al medio ambiente por parte de los sectores pro-ductivos, por ende, estas deben propender soportar su actuar en herramientas eficien-tes que midan el correcto resarcimiento de los daños y la gestión corporativa. Para dicha labor es decisivo contar con mecanismos como el de control interno, que debe salvaguardar aquellos recursos públicos asignados. Sin embargo, estas, al no contar con un sistema exacto de medición, tienden a generar datos inexactos sobre supues-tos que no valoran la realidad actual de los activos naturales de la región, creando procesos que no corresponden al costo ambiental que generan las actividades huma-nas y a que la asignación presupuestal para el resarcimiento de estas actividades no corresponda a lo que se le ha asignado por los organismos de control.
Por esto es improbable que los recursos fiscales que se designan a las CAR co-rrespondan a un monto que evidencie la relación directa que genera la magnitud de los daños causados al ambiente, ya que el país no cuenta con las herramientas meto-dológicas que midan exactamente una valoración que se aproxime a la realidad de la naturaleza, el ambiente y la asignación de recursos fiscales, para esto es necesario un sistema de contabilidad ambiental georreferenciada que revele los activos naturales, en el que se fijen cifras reales de las tasas e impuestos, en los que se pueda asignar el adecuado uso de estos recursos fiscales. Al no tener una fijación exacta, respecto al valor de las tasas y de la medición de los daños, es difícil saber el alcance de la CDMB en torno al CI y la auditoría por parte de la CGR para determinar la calidad de la gestión fiscal para la sostenibilidad.
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