PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL
Términos de referencia para la contratación de la consultoría
“Estudio Cuantitativo y Cualitativo de la Demanda y Carga de
Trabajo en Tribunales”
CONTRATO DE PRÉSTAMO N°2497/OC-CH PROYECTO CH-L1058
BANCO INTERAMERICANO DEL DESARROLLO
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I. Antecedentes Generales del Programa
La República de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han suscrito el contrato de préstamo 2497/OC-CH, para financiar la ejecución del Programa de Apoyo a la Reforma del Poder Judicial (PJUD).
El objetivo general del programa es Fortalecer la capacidad institucional del Poder
Judicial para el desarrollo de políticas judiciales de mediano y largo plazo que favorezcan su desarrollo institucional y que le permitan enfrentar adecuadamente la implementación de las reformas que se vienen introduciendo en el sector justicia del país, cuyo costo total es de USD 6.400.000, siendo financiado con USD 5.120.000
aportados por el BID y USD 1.280.000 como aporte local del Ministerio de Hacienda de Chile.
Para llevar a cabo dicho objetivo, se implementará acciones dirigidas a: i) Mejorar la capacidad de desarrollo institucional del PJUD, fortaleciendo las instancias de planificación estratégica, la participación de los distintos estamentos y la comunicación interna y externa; ii) mejorar la gestión de los recursos humanos mediante el desarrollo del personal y de la carrera de los jueces y funcionarios del PJUD, generando estímulos para el perfeccionamiento y el buen desempeño; y iii) mejorar la gestión jurisdiccional, fortaleciendo el funcionamiento de las Cortes de Apelaciones, alentando la mejora de la calidad de los servicios judiciales e implantando nuevos sistemas de gestión más orientados a los usuarios de los servicios. En esta misma línea de mejora de la gestión institucional, se fortalecerá la capacidad del PJUD para instalarse de forma activa, junto con otros organismos públicos o privados, en el debate nacional acerca de la futura reforma procesal civil, así como también se apoyará la evaluación, consolidación y eventual difusión de las innovaciones de gestión introducidas en los tribunales ya reformados en materia penal, laboral y de familia.
De acuerdo a lo anterior, el programa está estructurado los siguientes componentes: Componente 1: Desarrollo Institucional.
Componente 2: Gestión de recursos humanos. Componente 3: Gestión jurisdiccional.
3 Por este medio, la Corporación Administrativa del Poder Judicial como organismo ejecutor del programa, invita consultores nacionales a presentar expresiones de interés para la
“Estudio Cuantitativo y Cualitativo de la Demanda y Carga de Trabajo en Tribunales”.
De acuerdo a lo estipulado en Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-7), la selección de esta contratación se realizará según el método basada en la calidad y costo de los servicios (SBCC), en la que se tendrá en cuenta la calidad de la propuesta y el costo de los servicios; según el cual se prepararán términos de referencia, preparación de la estimación de costos y presupuesto, solicitará expresiones de interés e información sobre el perfil de la empresa consultora o consultor, preparación de una lista corta de consultores. A las empresas consultoras o consultores seleccionados se les invitará a presentar una propuesta técnica y otra de precio mediante una solicitud de propuesta, las que serán evaluadas técnicas y económicamente, se negociará y adjudicará el contrato con la empresa consultora o consultor que presente la mejor propuesta. (pág. 11)
II. Antecedentes Específicos y Justificación de la Contratación
El Programa de Apoyo a la Reforma Judicial para el Fortalecimiento de la Capacidad Institucional, durante el período 2011-2014, desarrollará una serie de consultorías relacionadas con las materias vinculadas al diseño y formulación del plan de desarrollo institucional para el fortalecimiento del gobierno judicial, iniciativa enmarcada en el componente 1.
Este componente parte de la constatación de que en la actualidad el PJ presenta diversas debilidades asociadas con su capacidad de elaborar de forma estratégica las políticas judiciales. En este sentido, el objetivo principal de este componente es apoyar la iniciativa emprendida por las máximas autoridades del PJ para iniciar, junto con los otros estamentos judiciales chilenos, una amplia reflexión acerca de los retos y desafíos estratégicos relacionados con el gobierno judicial y la definición de políticas judiciales. Para ello se ha considerado conveniente que este proceso de reflexión se articule en torno a la realización de un plan estratégico de mediano y largo plazo, con una amplia participación de todos los estamentos judiciales. Este plan, entre otros aspectos, deberá abordar: (i) mecanismos de apoyo a la gestión estratégica del PJ; (ii) mecanismos de apoyo y seguimiento de las decisiones de gobierno judicial en las que no interviene la CAPJ; (iii) fortalecimiento y desconcentración de las instancias de toma de decisiones; (iv) apoyo especializado y profesionalizado del Gobierno Judicial; (v) institucionalidad de la gestión
4 de la carrera judicial; y (vi) modelo de gestión de la auditoría y control de la gestión jurisdiccional.
Dentro de este componente se prevén dos actividades adicionales: (i) dotar de una herramienta técnica para la generación de escenarios y simulación de los efectos de política judicial; y (ii) diseñar e implementar nuevos modelos de vinculación y relacionamiento internos, así como de comunicación externos, para posicionar la labor del Poder Judicial.
En la actualidad el Poder Judicial no dispone de una herramienta o modelo matemático estándar reconocido y aprobado para las diversas tipologías de Tribunales que permita, con la debida antelación, anticiparnos y prepararnos para variaciones importantes que se produzcan en la carga de trabajo y sus consecuentes efectos adversos en la gestión de causas, lo que en definitiva podría afectar el servicio brindado al usuario por los tribunales del país.
El desarrollo de estas herramientas de gestión permitirá adoptar medidas oportunas y eficaces para evitar situaciones críticas en la agenda, como las vividas por los Tribunales de Familia y algunos Tribunales del sistema penal (Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal).
Se hace indispensable entonces la generación de instrumentos adecuados para el mejoramiento y la medición de la gestión, así como para su cabal aprovechamiento, lo que supone la creación de los necesarios mecanismos de control para velar por su eficacia. Se debe generar mecanismos para recoger la información estadística que se recibe, para procesarla, uniformarla, asociarla y dejarla en situación de servir como herramienta para el desempeño de los tribunales.
III. Objetivos
1. Objetivo General
Generar un modelo que proporcione información relevante al Poder Judicial en su conjunto, como parte de su planificación y proyecciones, ya que influye en factores como el presupuesto, recursos humanos y la utilización de la infraestructura, entre otros.
5 Este modelo debe generarse a partir del estudio de variables como el ingreso de causas referido a cada competencia, haciendo distinción en cuanto a la materia y tipo de procedimiento, ya que se busca tener claridad de la realidad regional en cuanto a la composición de sus tipos de procesos y la proyección que se tenga de los mismos considerando factores migratorios, de desarrollo económico y otros que sean socialmente relevantes. Por ejemplo, la instalación de un centro comercial, lo que traerá consigo en una determinada comuna un posible aumento delictual y la proliferación de causas civiles y laborales.
2. Objetivos Específicos
a) Efectuar análisis de sensibilidad en relación a las variables que puedan incidir en la carga de trabajo de los tribunales
b) Generar un modelo o función de carga de trabajo que logre lo siguiente realizar proyecciones que permitan eficientar la toma de decisiones y acciones en el mediano y largo plazo.
IV. Productos Esperados
a) Determinar las variables externas que inciden en la carga de trabajo de los tribunales.
b) Modelo o función que permita proyectar a partir de las variables determinísticas, la carga de trabajo de las unidades judiciales.
c) Estudio cuantitativo y cualitativo de la carga de trabajo que enfrenta un tribunal una vez fallada la causa, o sea un estudio relativo a la carga de trabajo que implica dar cumplimiento a las resoluciones en las distintas materias que conocen los tribunales.
d) Estudio de las modificaciones legales actualmente en curso y de las demás reformas que fueren necesarias, con relación al impacto que podría producirse en la carga de trabajo del Poder Judicial.
V. Perfil de Consultores y Empresa
Dentro de la propuesta debe incluirse a los consultores que participarán directamente en la consultoría teniendo en consideración lo siguiente:
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Equipo Profesional requerido
El equipo de consultores destinados al proyecto, deberá considerar como mínimo, la siguiente conformación:
Nivel Cantidad Mínima de Profesionales
Jefe de Proyecto 1 Nivel Operativo 3
Respecto a la organización de la consultoría, ésta deberá incorporarse en el Anexo C. El número de profesionales será dimensionado por la empresa oferente en las diferentes etapas del proyecto
Experiencia de Consultores en proyectos de similares características
Nivel Cantidad Mínima de proyectos de similares características ejecutados
Experiencia mínima acumulada
Jefe de Proyecto 6 proyectos similares Experiencia mínima de 24 meses en dirección de proyectos y metodologías planteadas.
Nivel Operativo 3 proyectos similares Experiencia mínima de 12 meses sumando todos los proyectos.
Sólo serán evaluados y puntuables los proyectos de similares características y los profesionales que se designen como responsables en el proyecto. Es indispensable curriculum detallado de cada profesional, incluyendo fotocopia simple que acredite los grados académicos presentados.
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Formación de los profesionales
Nivel Título Profesional Área de Especialización o de Profundización de estudios
Jefe de Proyectos Profesional de las ciencias de la ingeniería, administrativas y/o sociales.
Doctor en temas relacionado con el ámbito de la consultoría.
Nivel Operativo Profesional de las ciencias de la ingeniería, administrativas y/o sociales.
Magíster o Maestría en temas relacionados con el ámbito de la consultoría.
Los consultores deberán adjuntar los certificados que acrediten sus estudios de pregrado, postgrado y cursos de especialización, como respaldo a lo informado en el Anexo C. De lo contrario no se asignará puntaje.
Experiencia de la empresa en proyectos de similares características
Nivel Experiencia mínima de proyectos de similares características
ejecutados
Experiencia mínima acumulada
Empresa Consultora
10 proyectos similares Experiencia mínima de 60 meses sumados todos los proyectos realizados por la empresa.
La firma deberá adjuntar los certificados que acrediten su experiencia proyectos de similares características, como respaldo a lo informado en el Anexo D. De lo contrario no se asignará puntaje.
VI. Plazos de la Consultoría
La consultoría tiene una duración aproximada de 39 semanas, a contar de la fecha de suscripción del contrato.
VII. Valor Referencial
La consultoría tiene un valor referencial de USD 144.000, equivalentes aproximadamente a $69.120.000.
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VIII. Relación con el contratante
El consultor dependerá directa y administrativamente del Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa. El consultor coordinará sus actividades y entregará todos los informes parciales y finales a través de la Unidad Ejecutora, dirigidos a su Coordinador.
IX. Consideraciones al Trabajo del Consultor
El consultor deberá preparar los informes acordados con la contraparte técnica, como así también deberá hacer las modificaciones a éstos, de acuerdo a lo que observe la contraparte técnica designada para tal efecto.
El consultor deberá elaborar presentaciones con relación al grado de avance, informes y trabajo final, el que deberá exponer frente a quienes el Director Técnico determine. El consultor deberá entregar los documentos parciales y finales del proyecto, incluyendo la información de apoyo generada en cada etapa del proyecto (actas de reuniones, instrumentos de levantamiento, presentaciones, etc.) a través de medio magnético (CD) e impresiones.
Además de las actividades comprometidas para el desarrollo de los productos de los productos requeridos, el consultor deberá asistir a las reuniones de seguimiento y coordinación del proyecto acordados con la Unidad Ejecutora del Programa.
La consultoría se realizará en Chile, desarrollándose el proyecto preferentemente en la Región Metropolitana.
X. Conflictos de Interés
La política del Banco establece que los consultores y las empresas consultoras deben dar asesoramiento profesional, objetivo e imparcial, y que en todo momento deben otorgar máxima importancia a los intereses del contratante, sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y que, en la provisión de servicios de asesoría, prevengan conflictos con otros servicios que les sean asignados o con los intereses de las instituciones a las que pertenecen. No se contratará a consultores para servicios que puedan crear conflicto con sus obligaciones previas o vigentes con respecto a otros contratantes, o que puedan ponerles en situación de no poder prestar sus servicios en la forma que mejor convenga a los intereses del Prestatario. Sin que ello constituya
9 limitación al carácter general de lo expresado anteriormente, no se contratará a consultores en las circunstancias que se indican a continuación:
a) Conflicto entre servicios de consultoría y contratación de bienes, obras o servicios. Un consultor contratado en un proyecto por el Prestatario para suministrar bienes o ejecutar obras o prestar algún servicio, estará descalificada para prestar servicios de consultoría relacionados con tales bienes, obras o servicios del mismo proyecto. Ningún consultor contratado para prestar servicios de consultoría en la preparación o ejecución de un proyecto, podrá posteriormente suministrar bienes o ejecutar obras o prestar servicios que se generen como resultado de los servicios de consultoría para la preparación o ejecución del mismo proyecto. b) Conflicto entre los servicios de consultoría asignados: ninguno de los consultores
pueden ser contratados para proporcionar servicios que por su naturaleza puedan estar en conflicto con otros servicios que le hayan sido asignados.
Relaciones con el personal del Prestatario: Los consultores que tengan una relación de trabajo o de familia con algún miembro del personal del Prestatario (o con el personal de la entidad ejecutora del proyecto o con algún beneficiario del préstamo) que estén directa o indirectamente involucrados con cualquier parte de: i) la preparación de los TR del contrato; ii) el proceso de selección de dicho contrato; o iii) con la supervisión de dicho contrato, no pueden ser beneficiarios de la adjudicación del contrato, a menos que se resuelva, de manera aceptable para el Banco, el conflicto generado por estas relaciones, ya sea durante el proceso de selección o durante la ejecución del contrato
No podrán participar en esta Propuesta:
a) Personas que presten servicios al Estado como trabajadores dependientes o a honorarios o que sean funcionarios o empleados a honorarios de la CAPJ. Tampoco aquellas personas que tengan vínculo familiar hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, o patrimonial con funcionarios de la CAPJ, que haga presumir de falta de independencia o de imparcialidad al realizar el análisis de las propuestas, su adjudicación, la celebración del contrato, o al determinar los elementos, condiciones y términos del mismo.
b) Personas naturales que se encuentren en estado de notoria insolvencia o declaradas en quiebra.