LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

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LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA

EL ESTADO DE ZACATECAS

AMALIA D. GARCIA MEDINA, Gobernadora del Estado de Zacatecas, a sus habitantes hago saber: Que los DIPUTADOS SECRETARIOS de la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado, se han servido dirigirme el siguiente:

DECRETO # 150

LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, EN NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las tareas sustanciales del Poder Legislativo es contribuir a la generación de las condiciones propicias que faciliten el acceso a los servicios públicos colectivos, bajo la perspectiva de que una sociedad que se allega de los satisfactores que requiere, de manera oportuna y expedita, tiene el tiempo y la disponibilidad suficiente para alcanzar su desarrollo integral.

El proceso de modernización de la administración pública es continuo y requiere de su revisión constante a fin de que se establezcan las condiciones legales para que las actividades sociales se desenvuelvan con eficacia y eficiencia, reduciendo los trámites y abonando en la transparencia e información pública. La promoción de la presente Ley se da en un contexto de consenso y trabajo compartido entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado en el marco de los acuerdos de la Reforma del Estado que se impulsa en Zacatecas.

En esa perspectiva y tomando en cuenta que las obras públicas son el instrumento idóneo a través del cual el Gobierno permite a la sociedad alcanzar la modernidad en materia de infraestructura, posibilitándole obtener los bienes y servicios que solicita, en esta Ley se ha puesto especial énfasis en los mecanismos necesarios para garantizar el mejor resultado de la inversión pública, por lo que se fortalece la participación de todos los sectores sociales, en lo concerniente a la planeación, programación, ejecución, control y verificación.

Con el fin de ciudadanizar el proceso legislativo esta Ley es resultado de la participación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción , Delegación Zacatecas, así como de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros en el Estado, de las Dependencias Gubernamentales y los diferentes sectores sociales involucrados en la realización de la obra pública; participación altamente constructiva que enriqueció el contenido regulador de esta norma.

Se trata de una normatividad moderna, que refuerza de manera significativa los sistemas de transparencia, tanto en la licitación y adjudicación, como en la ejecución de la obra pública; en este sentido, recoge las obligaciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; garantiza la participación preferente de los constructores zacatecanos al establecer la figura de la licitación estatal; y, de igual manera, previene la licitación nacional o internacional cuando las especificaciones de la obra pública así lo ameriten. Contiene, por tanto, las disposiciones generales que a través de su reglamentación abonarán a una mejor adjudicación y ejecución de la obra pública, garantizando el mayor beneficio para el Estado y la población.

El Pleno de esta Asamblea, al analizar y aprobar la Ley ha tomado en cuenta la política estatal que en materia de atención y equiparación de oportunidades se ha establecido a favor de las personas con discapacidad, principios que se han recogido en la Ley Estatal para la Integración al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad, recientemente promulgada. En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos, constituyendo así el reconocimiento de que para alcanzar el desarrollo nacional es menester la participación igualitaria de todos los mexicanos; por esta razón, reconocer el derecho al desarrollo integral de las personas con discapacidad, constituye un elemento fundamental de justicia. Por ello, se ha incluido en este cuerpo normativo, una disposición que prevé que en los procedimientos de licitación en donde resulte que dos o más proposiciones son solventes por satisfacer los requisitos solicitados por la

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convocante, el contrato se adjudicará a favor del contratista que en su plantilla laboral permanente cuente con el mayor número de personas con discapacidad. Este hecho ratifica una voluntad política de inclusión y nos permitirá, por un lado, integrar a las tareas productivas a quienes se encuentran en condiciones de discapacidad; y por otro, incentivar a las empresas a la contratación de personal con discapacidades. De igual manera se ha incluido la garantía de seguridad y eliminación de barreras arquitectónicas a favor de las personas con discapacidad, condiciones que deben ofrecer los sitios y edificios públicos. Para ello, se establece la obligación a cargo de las dependencias, entidades y municipios que realicen obra pública, de que las edificaciones cumplan con las normas oficiales que sobre diseño, señalización, accesibilidad, evacuación, servicios sanitarios y otros de naturaleza análoga, se han emitido a favor del libre tránsito de las personas que presentan discapacidad. Con estas disposiciones, se permite que la inclusión social sea una verdadera política de Estado que esté presente en todos los ámbitos de la vida pública.

Se trata de una Ley que simplifica los procedimientos de obra pública y pone especial énfasis en la garantía hacia la población de que las obras serán vigiladas y controladas de manera adecuada para garantizar su oportunidad y calidad, poniendo en primer lugar el mayor beneficio para la población. Hacemos énfasis en que todas las entidades públicas, desde luego incluyendo a los Ayuntamientos, que realicen o adjudiquen obra pública deberán ceñirse a las disposiciones contenidas en este nuevo ordenamiento, lo que dará certeza jurídica al prestador de servicios.

Se refuerzan las facultades de los Órganos de Control, a partir de la revisión de los proyectos que se encuentren en ejecución y de aquellos totalmente terminados, como una manera de fortalecer la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos.

Se establece la obligación de instituir el Padrón de Contratistas de Obra Pública, el cual otorgará la certificación respectiva y con el que se garantiza una selección óptima de la empresa y, por ende, la realización de un procedimiento de adjudicación confiable.

Se incluye un procedimiento arbitral para la resolución de posibles conflictos entre la entidad pública y el prestador del servicio, con lo que se abona a una resolución de conflictos de manera pronta y justa. Esta Ley consta de nueve títulos y veintiún capítulos. Las disposiciones generales, independientemente de señalar el objeto de la Ley , establecen elementos definitorios para la aplicación de este ordenamiento; indican las autoridades competentes en la interpretación de la Ley e incorporan conceptos y figuras jurídicas propias del ordenamiento, que son primordiales para la contratación de obra y servicios relacionados con la misma.

Se establecen las bases para regular la planeación, programación y ejecución de la obra pública, estableciendo que las dependencias y entidades deberán ajustarse a las prioridades previstas en sus planes y programas, adecuándose a sus presupuestos de egresos correspondientes y atendiendo desde luego a la normatividad en materia de prevención y contaminación al ambiente y de asentamientos humanos.

Se dispone que la licitación pública es la regla general para la contratación de obra pública con los particulares, quedando sujeta a disposiciones claras y precisas.

Las excepciones a la licitación pública pueden tomar tres formas: el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o la adjudicación directa, las cuales sólo operarán cuando se presenten circunstancias especiales, siempre y cuando así lo determine una resolución administrativa debidamente fundada y motivada.

En el mismo sentido, y como última excepción, los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, su suscripción, términos, modalidades, condiciones y ejecución de los mismos, regulados por esta ley, refrendan el compromiso legislativo con la seguridad jurídica al ser más específica la normatividad a ese efecto.

Es de advertirse que la administración directa de obras públicas y servicios, queda constreñida a realizarse si las dependencias o entidades poseen la capacidad técnica o los elementos necesarios para desarrollar los trabajos requeridos, entre otras características relevantes de esta contratación.

Se previenen los casos de infracción a la misma Ley por parte de los licitantes o contratistas, así como las sanciones a que se harán acreedores, cuya aplicación será de la competencia de la Contraloría Interna del Estado.

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Asimismo, con el firme propósito de dar transparencia y legalidad a los procedimientos de contratación y adjudicación de obra pública, se establece como derecho de los ciudadanos y de los contratantes el recurso de inconformidad, el cual puede ser interpuesto por la persona interesada ante el órgano de control que corresponda, por algún acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen la materia objeto de la Ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado, 14 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 86, párrafo 2, 88, 90 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del Pueblo es de Decretarse y se

DECRETA

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales CAPÍTULO I

Del Objeto y Definiciones

Artículo 1 . La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular la obra pública que se realice total o parcialmente con fondos públicos estatales o municipales, o a través de financiamiento privado, a cargo de quienes estén facultados legalmente para realizarla, a fin de asegurar las mejores condiciones de precio, tiempo, oportunidad, financiamiento y calidad al Estado y a los Municipios.

Artículo 2 . Para los efectos de esta ley, las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como de los servicios que se presten a éstas, serán realizadas por:

• I. El Gobierno del Estado de Zacatecas por conducto de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada o Desconcentrada;

• II. El Gobierno del Estado de Zacatecas por conducto de los Organismos de la Administración Pública Descentralizada;

• III. Los Ayuntamientos;

• IV. Las empresas de participación estatal en las que el Gobierno del Estado o los Ayuntamientos sean socios mayoritarios; y

• V. Los Fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado o los Ayuntamientos o cualquiera de las entidades a que se refiere las fracciones II y IV de presente artículo.

Artículo 3 . Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, o dependencias y entidades con los Ayuntamientos, así como los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, aquellos en que participe alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal y Municipal y cuyo fin sea la ejecución de alguna obra pública, estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley.

Artículo 4 . Cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para ejecutarlos por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento.

Artículo 5 . No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para crear la infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan concesionados, en los términos de la legislación aplicable, cuando el concesionario las lleve a cabo.

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Artículo 6 . Los titulares de las dependencias y los demás órganos que se indican en las fracciones II, III, IV, y V del artículo 2 de la presente Ley, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, emitirán las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este ordenamiento.

Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento.

Sólo la ejecución es susceptible de realización por parte de terceros distintos a los entes públicos. Artículo 7 . Los poderes Legislativo y Judicial del Estado y los organismos constitucionales autónomos pueden realizar obra mediante los procedimientos establecidos en la presente Ley, sin perjuicio de solicitar su ejecución a la Secretaría.

Artículo 8 . En lo sucesivo se entiende por:

• I. Auditoría : La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas; • II. Código : El Código Urbano del Estado de Zacatecas; • III. Comités : Los Comités Consultivos de Obra Pública;

• IV. Contraloría : La dependencia encargada de la auditoría interna del Poder Ejecutivo Estatal y en el ámbito municipal, el órgano de control interno;

• V. Contratista : La persona que celebre contratos de obras públicas o de cualquier otro servicio que se relacione con obra pública;

• VI. Entes Públicos : Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y los Ayuntamientos, cuando realicen obras con recursos estatales y municipales;

• VII. Ley : La presente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas;

• VIII. Licitante : La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación o concurso desde el momento de adquisición de las bases;

• IX. Proyecto Ejecutivo : El proyecto completo aprobado y verificado por el Ente Público, para reducir riesgos de interferencias y modificaciones durante la ejecución de la obra pública, conforme a lo dispuesto por esta ley;

• X. Reglamento : El Reglamento de la presente Ley;

• XI. Reglamento de Construcción : El Reglamento de Construcción del Estado de Zacatecas; • XII. Secretaría : La Secretaría de Obras Públicas del Estado; y

• XIII. Sector : El agrupamiento definido de entidades que se realice a través de la dependencia que designe el Ejecutivo Estatal o el Ayuntamiento como coordinadora del sector respectivo.

Artículo 9 . Cualquier persona puede promover y presentar a consideración de la Secretaría , en todo tiempo, estudios, planes y programas para el desarrollo de proyectos de obra pública, con la información suficiente sobre su factibilidad, mediante los mecanismos que señale el reglamento de esta ley. Su recepción no generará derechos u obligaciones con la Secretaría.

Artículo 10 . Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por la Contraloría y, en su caso, por tribunales del orden común de la ciudad de Zacatecas.

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Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que determine la Contraloría mediante reglas de carácter general, ya sea mediante cláusula compromisoria incluida en el contrato o en convenio independiente.

Artículo 11 . Los actos, contratos y convenios que las dependencias, entidades y ayuntamientos realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente.

Artículo 12 . En lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que de ella se deriven, serán aplicables supletoriamente el Código Urbano, la Ley de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, el Código Civil y el de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas.

CAPÍTULO II

De la obra pública y los servicios relacionados con la misma Artículo 13 . Para los efectos de esta Ley, se considera obra pública:

• I. Todo trabajo que tenga por objeto construir, conservar, reparar, instalar, ampliar, remodelar, rehabilitar, restaurar, reconstruir o demoler bienes inmuebles destinados a un servicio público o al uso común, por su naturaleza o por disposición legal;

• II. La infraestructura y equipamiento para la prestación de servicios públicos;

• III. El mantenimiento y restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble destinado al servicio público, cuando implique modificación al propio inmueble;

• IV. Los proyectos integrales o llave en mano, que abarcan desde el diseño de la obra hasta su terminación total, incluyendo, cuando se requiera, la transferencia de tecnología;

• V. Los trabajos de infraestructura agropecuaria, mejoramiento del suelo, desmontes y similares;

• VI. La instalación, montaje, colocación, aplicación o remoción, incluidas las pruebas de operación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, cuando dichos bienes sean proporcionados por el ente público al contratista o cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten;

• VII. Las obras de irrigación, introducción, ampliación y mejoramiento de las redes de infraestructura básica para agua potable, drenaje, alcantarillado y electrificación, para la consolidación de los asentamientos humanos;

• VIII. Las obras para caminos, vialidad urbana, tráfico y transporte colectivo; • IX. Las obras que coadyuven a la conservación del medio ambiente;

• X. Las obras necesarias ante contingencias derivadas de caso fortuito o fuerza mayor; y • XI. Las obras de naturaleza análoga a las anteriores.

Artículo 14 . Para los efectos de esta Ley, se consideran como prestación de servicios relacionados con las obras públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas los siguientes conceptos:

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• I. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública;

• II. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, arquitectónico, de diseño gráfico o artístico y de cualquier otra especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo, que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública;

• III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnica, geofísica, geotermia, meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito;

• IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico económica, ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones;

• V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y control de calidad; de laboratorio de geotécnica, de resistencia de materiales y radiografías industriales; de preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente;

• VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las materias que regula esta Ley;

• VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico-normativas, y estudios aplicables a las materias que regula esta Ley;

• VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de las instalaciones en un bien inmueble;

• IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología entre otros; y,

• X. Todos aquéllos de naturaleza análoga.

Artículo 15. La ejecución de obra pública con cargo total o parcial a fondos federales, estará sujeta a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de la Federación , salvo las excepciones previstas por las leyes y los convenios que al efecto se celebren.

De igual manera tratándose de obras públicas y servicios que con ella se relacionen, que se ejecuten con la participación de recursos estatales y municipales, se aplicará lo previsto por los convenios que para tal efecto se suscriban por el Estado y sus municipios, así como en la presente Ley.

En los convenios a que se refiere este artículo se establecerán los términos, condiciones y mecanismos para la adecuada coordinación, supervisión y control de las obras públicas y servicios relacionados, que deban realizar las dependencias y entidades estatales o municipales.

Artículo 16 . Cuando por las condiciones especiales de las obras públicas o de la prestación de los servicios se requiera la intervención de dos o más dependencias o entidades, o de dependencias y municipios, cada una de ellas será responsable de la ejecución de la parte de los trabajos que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeación y programación del conjunto.

Ninguna obra pública conjunta puede ejecutarse sin que previamente se celebren los convenios de coordinación respectivos.

Artículo 17 . El ente público encargado de la planeación y programación de la obra pública conjunta debe integrar los proyectos y elementos técnicos de cada una de las ejecutoras y coordinar los trabajos. Artículo 18 . Los entes públicos deben:

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• I. Formular y actualizar el inventario de los bienes utilizados en la ejecución de obra pública, que estén a su cuidado o sean de su propiedad;

• II. Llevar el catálogo y archivo de los estudios y proyectos que se realicen sobre la obra pública; • III. Remitir anualmente copia de lo anterior a la Secretaría ; y,

• IV. T ramitar los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, los derechos de vía y la expropiación de inmuebles, en su caso, previo a la ejecución de la obra pública .

Artículo 19 . La obra pública que se realice en instalaciones con acceso al público debe:

• I. Asegurar la accesibilidad, evacuación y libre tránsito sin barreras arquitectónicas para todas las personas; y,

• II. Cumplir con las normas de diseño y señalización emitidas sobre circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con discapacidad.

Los entes públicos deben incluir en sus proyectos de obra pública las especificaciones necesarias para el cumplimiento de la disposición contenida en este artículo.

Artículo 20 . El gasto para las obras públicas y prestación de servicios se sujetará, en su caso, a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos del Estado y los Municipios, así como a lo previsto en la Ley de Administración y Finanzas Públicas del Estado y demás disposiciones aplicables.

Artículo 21 . La Secretaría como cabeza de sector y la Contraloría , en el ámbito de sus respectivas competencias, son las autoridades facultadas para la interpretación de esta Ley para efectos administrativos.

La Contraloría dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de las dependencias, entidades y municipios.

Artículo 22 . Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Desarrollo Económico dictará las reglas que deban observar las dependencias, entidades y municipios, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas del Estado, especialmente de las micro, pequeñas y medianas.

Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Desarrollo Económico tomará en cuenta la opinión de las dependencias, entidades y municipios, así como de la Contraloría.

Artículo 23 . En materia de obras públicas y de prestación de servicios, los titulares de las dependencias, entidades y municipios serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades.

TÍTULO SEGUNDO

De la planeación, programación y presupuestación de la obra pública CAPÍTULO I

De la planeación de la obra pública

Artículo 24 . Los entes públicos deben remitir al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, por conducto de la dependencia coordinadora del sector al que pertenezcan o directamente, en su caso, sus

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planes, programas y presupuestos de obra pública, en los tiempos y forma que señale el Reglamento, a fin de verificar la eficiencia en la consecución de los objetivos y metas, y su congruencia con los planes de desarrollo, antes del treinta y uno de marzo de cada año.

Para la elaboración de los planes de obra pública podrán realizarse consultas públicas ciudadanas en los lugares beneficiados o afectados por la realización de la misma, a efecto de conocer las necesidades prioritarias de la población, mediante el procedimiento que establezca el Reglamento.

Artículo 25 . Para la planeación de la obra pública, los entes públicos deben considerar:

• I. Los objetivos, políticas, prioridades, estrategias y lineamientos establecidos en los planes de desarrollo y en los programas sectoriales y regionales derivados de los ámbitos federal, estatal y municipal;

• II. Las necesidades estatales, regionales y municipales;

• III. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos de egresos del estado y de los municipios;

• IV. La prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra pública; y • V. Lo dispuesto por la legislación en materia urbanística y de asentamientos humanos.

CAPÍTULO II

De la programación de la obra pública

Artículo 26 . Los programas de obra pública deben elaborarse anualmente por los entes públicos, con base en la planeación del desarrollo general, sectorial y los especiales de obra pública.

Pueden hacerse programas que abarquen más de un ejercicio presupuestal cuando por las características, complejidad y magnitud de la obra pública se requiera.

Artículo 27 . Las dependencias, entidades y los ayuntamientos, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, formularán sus programas anuales de obra pública y de servicios que se relacionen con ésta y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando:

• I. Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, ecológica y social de los trabajos;

• II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;

• III. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas; se debe incluir, cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, así como las acciones para poner aquéllas en servicio;

• IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la obra pública;

• V. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de trabajos o interrupción de servicios públicos;

• VI. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación;

• VII. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y terminación de los trabajos;

• VIII. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios;

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• IX. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra;

• X. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de la obra pública y servicios relacionados con la misma que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por administración directa, los costos de los recursos necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos;

• XI. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo; y • XII. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran.

Artículo 28 . Los entes públicos deben poner a disposición de los interesados, antes del treinta y uno de marzo de cada año, su programa anual de obra pública, con excepción de aquella información que por su naturaleza sea confidencial por disposición legal.

La información publicada no implica compromiso alguno para los entes públicos y el programa puede ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para el ente público correspondiente.

CAPÍTULO III

De la presupuestación de la obra pública

Artículo 29 . El presupuesto de cada obra pública debe elaborarse con base en el anteproyecto, los indicadores de costos vigentes, los tabuladores de precios unitarios vigentes y los aranceles de servicios profesionales o precios de obras similares vigentes; además, deberá considerar los costos derivados de la forma de pago.

Artículo 30 . Los presupuestos de obra pública deben incluir, en su caso, los costos correspondientes a:  I. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios necesarios;

 II. Los proyectos ejecutivos, arquitectónicos y de ingeniería necesarios;

 III. La adquisición de los predios y su la desafectación conforme a su régimen de propiedad;  IV. La obtención de las licencias, permisos y autorizaciones necesarias;

 V. La ejecución de la obra, que debe incluir:

a) El costo estimado de la obra pública por contrato o los costos de los recursos necesarios para realizar la obra por administración directa;

b) Las condiciones de suministro de materiales, maquinaria, equipos y accesorios; c) Los cargos para pruebas y funcionamiento;

d) Los cargos indirectos de los trabajos.

• VI. Las obras complementarias de infraestructura necesarias;

• VII. Las obras relativas a la preservación y mejoramiento de las condiciones ambientales; y

• VIII. Las demás previsiones que deban tomarse en consideración, según la naturaleza y características de la obra.

Artículo 31 . Los entes públicos debe elaborar un presupuesto por cada obra pública que se contrate, cuyo contenido será, en su caso, el siguiente:

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• II. El análisis de precios unitarios, conforme a las condiciones de: el proyecto, el lugar donde se realizará la obra, el plazo estipulado, el mercado de materiales, mano de obra y equipo acordes al proyecto, según los estudios de apoyo;

• III. El factor de indirectos de oficina central, de obra, financiamiento, utilidad y cargos adicionales vigentes y remunerativos; y,

• IV. El listado de los costos y volúmenes de insumos, materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Artículo 32 . Los entes públicos pueden realizar convenios con la Secretaría , para elaborar los presupuestos de obra pública, cuando no cuenten con la infraestructura técnica necesaria.

Artículo 33 . Para la obra pública cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal, debe determinarse el presupuesto multianual y los relativos a cada ejercicio, según las etapas de ejecución establecidas en la planeación y programación correspondiente.

En la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes deben considerarse los costos que en su momento se encuentren vigentes, las previsiones necesarias para los ajustes de costos y los convenios que aseguren la continuidad de los trabajos.

El presupuesto actualizado es la base para solicitar la asignación de recursos de cada ejercicio presupuestal subsecuente.

La asignación presupuestal aprobada para cada contrato es la base para otorgar el anticipo, en su caso. TÍTULO TERCERO

Del padrón de contratistas de obra pública CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 34 . La Contraloría será la encargada de elaborar el padrón de contratistas del Gobierno del Estado y fijará los criterios y procedimientos para clasificar a las personas que soliciten su inscripción de acuerdo a su especialidad, lo anterior conforme a las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.

Artículo 35 . Será la Contraloría la que fije las políticas, lineamientos y requisitos que deberán cubrir los interesados para poder ser inscritos en el padrón de contratistas del Gobierno del Estado.

La Contraloría deberá resolver en un término improrrogable de 15 días hábiles sobre las solicitudes de inscripción al padrón de contratistas del Gobierno del Estado.

Artículo 36 . La Contraloría emitirá mensualmente el listado que integra el padrón de contratistas del Gobierno del Estado, con el fin de que las dependencias y entidades sólo celebren contratos con las personas físicas y morales inscritas en el padrón y cuyo registro se encuentre vigente.

Artículo 37 . Para efectos de los procedimientos de licitación, contratación, y ejecución de las obras la Contraloría sólo fungirá como órgano de control para la debida realización de los procedimientos conforme a lo establecido por la presente Ley.

TÍTULO CUARTO

De la realización de la obra pública CAPÍTULO I

Disposiciones generales

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Artículo 39 . El ente público que autorice el proyecto de realización de obra pública debe contar, en su caso, con los estudios, investigaciones y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución, terminados.

El ente público debe verificar previamente si en sus archivos o en los de algún otro ente público existen trabajos sobre la materia de que se trate que satisfagan los requerimientos. En su caso, pueden adecuarse, actualizarse o complementarse.

Artículo 40 . El Ejecutivo del Estado puede acordar la modalidad de contratación de obra pública y el gasto correspondiente, así como establecer los medios de control que estime pertinentes, cuando la obra se realice con fines de seguridad interior del Estado.

Debe darse cuenta a la Contraloría de la obra realizada para estos fines. Artículo 41 . Para la realización de obra pública se requiere que:

 I. La obra esté incluida en el presupuesto respectivo;

 II. Cuente con los estudios y proyectos ejecutivos de arquitectura e ingeniería verificados por el ente público, normas y especificaciones de construcción, presupuesto y programas que se requieran, en su caso;

 III. Cumpla con los trámites o gestiones complementarios de acuerdo con la legislación aplicable; y

 IV. Exista autorización de quien tenga a su cargo la disposición de los recursos financieros. Para el caso de proyectos integrales debe contarse con las especificaciones de arquitectura o ingeniería y los alcances que establezca el ente público.

Artículo 42 . Las dependencias, entidades y los ayuntamientos bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y prestación de servicios, mediante los procedimientos de contratación que a continuación se señalan:

 I. Licitación pública;

 II. Invitación restringida a cuando menos tres personas; o  III. Adjudicación directa.

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías; debiendo las dependencias, entidades y municipios proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Artículo 43 . Las dependencias pondrán a disposición pública, a través de los medios de difusión electrónica que establezcan, la información que obre en su base de datos correspondiente a las convocatorias y bases de las licitaciones y, en su caso, sus modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones y de visita a instalaciones, los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas, y los datos relevantes de los contratos adjudicados, sean por licitación, invitación restringida o adjudicación directa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

Artículo 44 . Los contratos de obras públicas y de servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.

Artículo 45 . El sobre a que hace referencia el artículo anterior, podrá entregarse, a elección del licitante, en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, o bien, si así lo establece la convocante, enviarlo a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que establezca la Contraloría.

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Artículo 46 . En el caso de que las proposiciones hayan sido presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Contraloría.

Artículo 47 . La Contraloría operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía.

Artículo 48 . En los procedimientos de contratación de obras públicas y de servicios, las dependencias, entidades y municipios optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del Estado y por la utilización de bienes o servicios propios de la región y de procedencia nacional.

CAPÍTULO II

De la licitación pública

Artículo 49 . Las licitaciones públicas podrán ser:

 I. Estatales, pudiendo participar en éstas cualquier persona física y/o moral legalmente constituida conforme a la legislación mexicana y con domicilio fiscal dentro del Estado;

 II. Nacionales, aquéllas en las que pueda participar cualquier persona física y/o moral legalmente constituida conforme a la legislación mexicana;

 III. Internacionales, cuando puedan participar personas de nacionalidad mexicana o extranjera, sin que sea necesario que los licitantes extranjeros estén inscritos en el Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado;

Las licitaciones internacionales únicamente procederán cuando:

 Sea obligatoria debido a los tratados internacionales o convenios celebrados con organismos crediticios nacionales o internacionales;

 Los contratistas nacionales no cuenten con la capacidad para la ejecución de la obra pública, previa investigación realizada por el ente público; o

 Se declare desierta una licitación nacional en primera convocatoria.

Artículo 50 . Las convocatorias podrán referirse a una o más obras públicas o servicios relacionados con las mismas y contendrán:

• I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante;

• II. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal, la experiencia y capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos;

• III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas;

Cuando las bases impliquen un costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de la reproducción de los documentos que se entreguen; los interesados podrán revisarlas previamente a su pago, el que será requisito para participar en la licitación.

Igualmente, los interesados podrán consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los medios de difusión electrónica que establezca la Contraloría.

• IV. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la visita al sitio de realización de los trabajos;

• V. El señalamiento expreso de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas;

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• VI. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos, así como, en su caso, la indicación de que podrán subcontratarse partes de los mismos;

• VII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos;

• VIII. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarán;

• IX. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 88 de esta Ley; y

• X. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos.

Artículo 51 . Las convocatorias se publicarán en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado o en un diario de circulación en la entidad, así como en el sistema compra-net.

Artículo 52 . Las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado por la convocante como en los medios de difusión electrónica que establezca la Contraloría , a partir del día en que se publique la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo

Las bases contendrán, como mínimo, lo siguiente

• I. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante • II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el licitante;

• III. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de la presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato;

• IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

• V. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será el español, aún tratándose de licitaciones internacionales;

• VI. La moneda en que deberán presentarse las proposiciones será en pesos mexicanos, aún tratándose de licitaciones internacionales;

• VII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas;

• VIII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, de conformidad con lo establecido por los artículos 60, 61 y 62 de esta Ley;

• IX. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición, normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables, en el caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el responsable del proyecto;

• X. Tratándose de prestación de servicios relacionados con obras públicas, los términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del servicio, las especificaciones generales y particulares, el producto esperado y la forma de presentación;

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• XI. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la convocante, debiendo acompañar los programas de suministro correspondientes;

• XII. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos;

• XIII. Datos sobre las garantías, porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan;

• XIV. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la que deberá llevarse a cabo dentro del periodo comprendido entre el tercer día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones;

• XV. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse;

• XVI. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos;

• XVII. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes;

• Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos, en su parte correspondiente, las condiciones de pago;

• XIX. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos, en su parte correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse; así como el catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición, que debe ser firmado por el responsable del proyecto; y, la relación de conceptos de trabajo más significativos, de los cuales se deberá presentar análisis y relación de los costos básicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en dichos análisis. En todos los casos se deberá prever que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y soportado, preferentemente, en las especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas, procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto;

• XX. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos de la presente Ley;

• XXI. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica. El que los licitantes opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación; y • XXII. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, deberán cumplir los interesados y que, de ninguna forma limitarán la libre participación de éstos. Para la participación, contratación o adjudicación en obras públicas o servicios, no se podrá exigir al particular requisitos distintos a los señalados por esta Ley. Sin embargo, no podrán participar las personas físicas o morales a que se refiere el artículo 88 de esta Ley.

Artículo 53 . El plazo para la presentación y apertura de proposiciones en las licitaciones internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo por existir razones justificadas del área solicitante de los trabajos, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, el titular del área responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.

Artículo 54 . Los entes públicos, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que:

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• I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación; y

• II. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso en el mismo periódico en que fue publicada la convocatoria, a fin de que los interesados concurran ante la propia dependencia o entidad para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas.

No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que a más tardar en el plazo señalado en este artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación.

Artículo 55 . Las modificaciones de que trata el artículo anterior en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, ni en la adición de otros distintos.

Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación.

Artículo 56 . La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá, la propuesta técnica y económica. La documentación distinta a las propuestas señaladas podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre.

Artículo 57 . Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. Artículo 58 . Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones y con la finalidad de facilitar los procedimientos de contratación, las convocantes podrán efectuar revisiones respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, y cerciorarse de su inscripción en el registro de contratistas de la convocante, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley. En ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases podrán presentar su documentación y proposiciones durante el propio acto.

Artículo 59 . El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente:

• I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá a su apertura y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria;

• II. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos de la dependencia o entidad presentes, rubricarán las partes de la propuestas técnicas presentadas que previamente haya determinado la convocante en las bases de licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente, debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas; • III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se deberán asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación;

• La convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas;

• IV. En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un

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licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos presentes rubricarán el catálogo de conceptos, en el que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitación;

Se señalarán lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. Y

• V. Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación.

Artículo 60 . Los entes públicos, para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar. Artículo 61 . Tratándose de obras públicas, la convocante deberá verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su evaluación.

Artículo 62 . Tratándose de prestación de servicios para obras públicas, la convocante deberá verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que el personal propuesto por el licitante cuente con la experiencia, capacidad y recursos necesarios para la realización de los trabajos solicitados; que los tabuladores de sueldos, la integración de las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al servicio ofertado.

Atendiendo a las características propias de cada servicio y siempre y cuando se demuestre su conveniencia se podrán utilizarán mecanismos de puntos y porcentajes para evaluar las propuestas, salvo en los casos de asesorías y consultorías donde invariablemente deberán utilizarse estos mecanismos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría.

Artículo 63 . No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las convocantes que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

Artículo 64. Efectuada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará, de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará, en igualdad de condiciones, a quien tenga en su plantilla laboral permanente, el mayor porcentaje de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la licitación de que se trate.

Artículo 65 . El ente público convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

Artículo 66 . En junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones se dará a conocer el fallo de la licitación, levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma.

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La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación.

En sustitución de esa junta, las dependencias y entidades podrán optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión. En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, las dependencias y entidades proporcionarán por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora.

Artículo 67 . Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá el recurso de inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos de la presente Ley.

Artículo 68 . Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios no fueren aceptables, y expedirán una segunda convocatoria.

Artículo 69 . Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelarla cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al propio ente público.

CAPÍTULO II

De las excepciones a la licitación pública

Artículo 70 . En los supuestos que prevé el artículo 72 de esta Ley, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.

La selección que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación para el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos.

Artículo 71 . En cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo siguiente se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar.

En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de la obra pública, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en el artículo anterior y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 72, fracción IV, de esta Ley. Artículo 72 . Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o prestación de servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación restringida o de adjudicación directa, cuando:

• I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;

• II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del estado como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, caso fortuito o fuerza mayor;

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• III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados;

• IV. Se realicen con la finalidad de garantizar la seguridad interior del Estado o se comprometa información de naturaleza confidencial para alguno de los poderes del Estado y Municipios;

• V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;

• VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos, la dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja y, en caso de negativa de este, a la persona que cuente con la capacidad técnica y financiera necesaria para ejecutar los trabajos, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento;

• VII. Se realice una licitación pública que haya sido declarada desierta;

• VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, rehabilitación, reparación y demolición de inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución;

• IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana marginada, y que la dependencia o entidad contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o morales; • X. Se trate de prestación servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física, siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico; y

• XI. Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago.

Artículo 73 . Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o prestación de servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de invitación a cuando menos tres personas o mediante adjudicación directa, cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos para el Estado del año fiscal correspondiente, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar comprendidos en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.

La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y prestación de servicios en cada ejercicio presupuestal.

Artículo 74 . En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, de manera indelegable y bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en el artículo anterior, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control.

Artículo 75 . El procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente:

• I. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno de control en la dependencia o entidad;

• II. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de análisis;

• III. En las bases se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, aquellos aspectos que correspondan señalados en el artículo 52 de esta Ley;

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